TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2019-00063-01 (28-08-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Quibdó, veintiocho (28) de Agosto de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 122

RADICADO: 27001333300320190006301

DEMANDANTE: VICTOR HUGO FERNANDEZ TORO

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –

EJÉRCITO NACIONAL

MEDIO DE CONTROL:

TEMA:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL

DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO (EFECTOS DEL FALLO

DE TUTELA)

MAGISTRADA PONENTE:

DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

Temas: ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO – Reintegro provisional de soldado profesional retirado por pérdida de aptitud psicofísica – Se le advirtió al accionante la obligación de presentar demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en un plazo de cuatro (4) meses contados desde la notificación del fallo / EFECTOS DEL FALLO DE TUTELA – Cesan automáticamente si no se ejerce el medio de control en el término procesal especial – La notificación a tener en cuenta para tales efectos, fue la realizada el 19 de junio de 2018, según certificación judicial obrante en el plenario/ SUSPENSIÓN DE LA CADUCIDAD – La solicitud de conciliación extemporánea no tiene efectos suspensivos – No se acreditó

tener en cuenta para tales efectos, fue la realizada el 19 de junio de 2018, según certificación judicial obrante en el plenario/ SUSPENSIÓN DE LA CADUCIDAD – La solicitud de conciliación extemporánea no tiene efectos suspensivos – No se acreditó actuación o trámite oportuno que interrumpiera el término CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Se configuró aquel fenómeno por no haberse presentado solicitud de conciliación dentro del plazo legal – La petición fu e radicada cuando ya había vencido el término especial de caducidad.

1. Procede la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia No. 41 del 29 de marzo de 2022, a través de la cual el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Quibdó, negó las súplicas de la demanda.

2. La controversia versa sobre la nulidad del acto administrativo contenido en la orden Administrativa de Personal No. 1333 de fecha 4 de abril de 2018, a través de la cual se retiró del servicio activo al demandante y a título de restablecimiento del derecho, sobre el reintegro de aquel al servicio activo del Ejército Nacional, el pago de las devoluciones de alimentos dejados de percibir desde la fecha del retiro del mismo, el reconocimiento y pago a su favor de los perjuicios materiales y los perjuicios morales a su núcleo familiar.

I. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

3. Mediante Sentencia de fecha 29 de marzo de 2022 , el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, resolvió, entre otros: (i) declarar

I. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

3. Mediante Sentencia de fecha 29 de marzo de 2022 , el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, resolvió, entre otros: (i) declarar probada la excepción de legalidad normativa del acto impugnado propuesta por la entidad demandada, (ii) negar las súplicas de la demanda y (iii) no condenar en costas.Sentencia N Y R 2da instancia

Radicado No. 27001333300320190006301

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Pretensiones

4. En la demanda se pretende la inaplicación, por excepción de inconstitucionalidad del artículo 10 del Decreto 1793 de 2000, por desconocer la capacidad laboral del señor Víctor Hugo Fernández Toro y su posibilidad de reubicación dentro del Ejército Nacional. Además, se solicita la nulidad del acto administrativo No. 1333 del 4 de abril de 2018, mediante el cual se ordenó su retiro del servicio activo.

5. Como efecto de dicha nulidad, se reclama el reintegro al servicio, el pago de las devoluciones de alimentos correspondientes a los meses en que estuvo fuera del servicio, la indemnización por perjuicios materiales que se acrediten en el proceso, el reconocimiento de perjuicios morales en favor del demandante, su cónyuge y su

devoluciones de alimentos correspondientes a los meses en que estuvo fuera del servicio, la indemnización por perjuicios materiales que se acrediten en el proceso, el reconocimiento de perjuicios morales en favor del demandante, su cónyuge y su hijo menor, por un valor de veinte (20) SMLMV para cada uno.

6. Finalmente, se solicita el pago de agencias en derecho conforme a tarifa aprobada bajo cuota litis, la actualización de las condenas conforme al artí culo 187 del CPACA, la condena en costas según el artículo 188 ibidem, y el cumplimiento de la sentencia conforme a los artículos 192 y siguientes del mismo código.

Hechos

7. En la demanda se relataron como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones, los que a continuación se sintetizan:

8. En el escrito de demanda se indicó que el señor Víctor Hugo Fernández Toro se vinculó al Ejército Nacional como Soldado Profesional el 30 de agosto de 2004. El 17 de julio de 2012, durante el desarrollo de una operación militar aquel sufrió un accidente que le ocasionó graves lesiones, entre ellas un golpe en la cabeza y en la espalda, afectaciones en los oídos y pérdida de conciencia, lo cual motivó la necesidad de tratamiento psiquiátrico.

9. Posteriormente, el 9 de octubre de 2014, durante un patrullaje, el actor sufrió un segundo accidente que derivó en un desgarro del menisco derecho y la ruptura del ligamento cruzado anterior. Como consecuencia de dichas lesiones, el 11 de septiembre de 2015, la Junta Médica Laboral determinó una discapacidad laboral

un segundo accidente que derivó en un desgarro del menisco derecho y la ruptura del ligamento cruzado anterior. Como consecuencia de dichas lesiones, el 11 de septiembre de 2015, la Junta Médica Laboral determinó una discapacidad laboral equivalente al 27.10 % y lo declaró no apto para continuar en la actividad militar, sin recomendación de reubicación.

10. A pesar de esta calificación, en la demanda se señal ó que el señor Fernández Toro continuó ejerciendo sus funciones hasta el momento en que fue notificado de su retiro. Asimismo, refirió que, el 17 de noviembre de 2017, un informe psiquiátrico concluyó que se encontraba en buenas condiciones generales y asintomático. No obstante, el 4 de abril de 2018, mediante el Acto Administrativo No. 1333, fue retirado del servicio activo por disminución de capacidad psicofísica, con fundamento en lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1793 de 2000.

11. En virtud de dicha decisión, el señor Fernández Toro interpuso una acción de tutela que fue resuelta a su favor mediante sentencia No. 025 proferid a por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Quibdó y en cumplimiento de lo ordenado en la referida providencia judicial, el Ejército Nacional procedió a su reintegro y al pago de los salarios dejados de percibir. No obstante, aquel advirtió que aún persiste un saldo pendiente que corresponde a las devoluciones por concepto de alimentos descontados entre los meses de abril a julio de 2018.Sentencia N Y R 2da instancia

Radicado No. 27001333300320190006301

VICTOR HUGO FERNANDEZ TORO

alimentos descontados entre los meses de abril a julio de 2018.Sentencia N Y R 2da instancia Radicado No. 27001333300320190006301

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Normas violadas y concepto de la violación

12. En sustento de sus pretensiones, la parte actora invocó como norma violada la

Constitución Política de Colombia.

13. En el concepto de la violación manifestó: “(…) El Ejército Nacional vulneró al señor VÍCTOR HUGO FERNÁNDEZ TORO, su derecho a la igualdad material, y la protección constitucional especial que merece como persona en situación de discapacidad, ya que una vez le fue dictaminada la reducción de su capacidad laboral, fue retirado y no reubicado en una actividad que estuviera en capacidad de desempeñar en el Ejército.

(…)

La motivación del acto aquí demandado se circunscribe únicamente a señalar que el retiro se origina a razón de la disminución de su capacidad laboral, motivación ésta que en realidad ameritaba, desde el enfoque de los principios de necesidad proporcionalidad, cuando el militar siguió desempeñando sus labores inherentes a los cargos asignados y aun así podían adoptarse medidas con un menor costo de sacrificio de los derechos del implicado como por ejemplo, una reubicación en otra área o dependencia.

(…)

los cargos asignados y aun así podían adoptarse medidas con un menor costo de sacrificio de los derechos del implicado como por ejemplo, una reubicación en otra área o dependencia.

(…)

Finalmente, existe per juicio inminente, materializado al retirar de la institución al actor por disminución de la capacidad laboral y sin realizar un análisis del verdadero estado de salud del señor FERNÁNDEZ TORO, pudiendo capacitarlo para que desarrollara otra actividad distinta a la militar, ya que al estar discapacitado gozaba de estabilidad laboral reforzada. (…)”.

Contestación de la demanda

14. La entidad demandada NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA -EJÉRCITO NACIONAL al ejercer su derecho de defensa y/o contradicción solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda. Para ello, argumentó que el acto administrativo demandado se encuentra ajustado a derecho, en la medida en que, según el acta proferida por el Tribun al Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, se determinó que el señor Víctor Hugo Fernández Toro no era apto para la actividad militar. En consecuencia, el hecho de que un funcionario presente una excelente hoja de vida, cumpla con sus deberes y ob serve buena conducta, no le otorga fuero de estabilidad en el empleo. Por tanto, ello no limita ni el poder de libre remoción ni la facultad del Comando del Ejército Nacional.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

15. Para sustentar la decisión de negar las pretensiones , el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Quibdó, se fundamentó en que las pruebas aportadas al plenario, no dan cuenta, que la entidad demandada incurrió en causal de nulidad

15. Para sustentar la decisión de negar las pretensiones , el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Quibdó, se fundamentó en que las pruebas aportadas al plenario, no dan cuenta, que la entidad demandada incurrió en causal de nulidad al expedir el acto administrativo cuestionado, dado que, ya se había n tomado medidas administrativas para proteger la salud y la estabilidad laboral del actor, pero estas resultaron insuficientes debido a la persistencia de sus problemas de salud al punto que, en 2015, se le diagnosticó una disminución de su cap acidad laboral del 24,64%, condición que persistió durante todo el año 2018.

16. Asimismo, determinó, que en ningún momento desconoció la especial protección que deben recibir los miembros del Ejército Nacional con algún gradoSentencia N Y R 2da instancia

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de discapacidad psicofísica. Sin embargo, aclaró que la estabilidad laboral no es un derecho absoluto, sino que está sujet o a la comprobación de la capacidad del servidor público para realizar otras funciones, como administrativas, de instrucción o de docencia, capacidad que no fue v alidada ni por la Junta Médica Laboral ni por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, por el contrario, establecieron que la patología psiquiátrica del afectado le impedía continuar en la institución.

Laboral ni por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, por el contrario, establecieron que la patología psiquiátrica del afectado le impedía continuar en la institución.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

17. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, argumentando que se presentaron errores tanto procesales como sustanciales. En cuanto a los aspectos formales, cuestionó la omisión del A quo frente a la solicitud de amparo de pobreza formulada con el fin de obtener el cambio de institución médica para la valoración médico-legal del demandante, lo que impidió la práctica de una prueba determinante para establecer su capacidad psicofísica. Asimismo, indicó que sus alegatos de conclusión fueron enviados oportunamente por correo electrónico, pero no fueron tenidos en cuenta por aquel Juez.

18. En el plano sustancial, el recurrente sostuvo que la decisión apelada no aplicó de manera integral el régimen jurídico relativo a las juntas médicas en el contexto militar y que la valoración probatoria fue incompleta, al basarse exclusivamente en el concepto de la junta y el tribunal médico sin considerar las limitaciones económicas del demandante. Finalmente, argumentó que el retiro del servicio vulneró derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, el trabajo y la estabilidad laboral reforzada, por lo que solicitó la revocatoria de la sentencia, el reintegro definitivo del actor y el reconocimiento de los perjuicios derivados.

Actuaciones en segunda instancia

19. Mediante auto Interlocutorio No. 481 de fecha 13 de septiembre de 2022 , se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia y se ordenaron las notificaciones de rigor.

19. Mediante auto Interlocutorio No. 481 de fecha 13 de septiembre de 2022 , se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia y se ordenaron las notificaciones de rigor.

III. CONSIDERACIONES

20. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impi dan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

Problema jurídico de instancia

21. De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 328 del Código General del Proceso, esta Sala deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la parte apelante. En ese contexto, el problema jurídico consiste en establecer la legalidad o no del acto administrativo contenido en la orden Administrativa de Personal No. 1333 de fecha 4 de abril de 2018 a través de la cual la entidad demandada, Ejercito Nacional, retiró del servicio al señor Víctor

Hugo Fernández Toro.

22. Asimismo, se debe establecer si, como consecuencia de la nulidad del citado acto administrativo, procede el restablecimiento del derecho solicitado en la demanda, lo que implicaría ordenarle a la entidad demandada reintegrar al servicio al demandante y condenarla al pago d e prestaciones sociales y perjuicios reclamados o si, por el contrario, se encuentra probada alguna excepción que laSentencia N Y R 2da instancia

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Sala pueda declarar de oficio, que justifique confirmar, modificar o revocar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Tesis de la Sala

23. La Sala revocará la sentencia de primera instancia, y en su lugar , declarará probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto. Ello por cuanto en el plenario se acreditó que la solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada una vez vencido el término de cuatro (4) meses contados desde la notificación del fallo de tutela que amparó transitoriamente los derecho s fundaméntales del demandante . En consecuencia, dicha solicitud no produjo efectos suspensivos ni interrumpió el término de caducidad.

La caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

24. La caducidad es entendida como aquel fenómeno procesal que tiene por objeto consolidar situaciones jurídicas, que de lo contrario permanecerían indeterminadas en el tiempo; acontece cuando ha vencido el plazo consagrado por la ley para instaurar algún tipo de acción o medio de control, es decir, es una sanción de carácter legal por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, para quien ha dejado vencer los términos preclusivos que el ordenamiento prevé para

la ley para instaurar algún tipo de acción o medio de control, es decir, es una sanción de carácter legal por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, para quien ha dejado vencer los términos preclusivos que el ordenamiento prevé para acudir a la administración de justicia.

25. Sobre el particular, la doctrina con fundamento en la jurisprudencia enseña lo

siguiente:

"Ha sostenido en forma reiterada el Consejo de Estado que la caducidad cuando aparezca clara, desde un principio deberá decretarse en el primer auto que se dicte de ntro del proceso, por razones de economía procesal y de seriedad, ya que no tiene sentido que las partes se sometan a un debate costoso y de larga duración para terminar con una declaración de tal naturaleza1(…)”.

26. También ha sido clara la posición del Consejo de Estado para definir la caducidad como un aspecto procesal que hace parte de los presupuestos procesales y debido a ello, como un elemento habilitante del rechazo de la demanda, cuando ella aparezca establecida. Al respecto señaló dicha Corporación, lo siguiente:

“(…) El criterio mayoritario de la Sala sobre la naturaleza de las normas relativas a la caducidad de la acción, ahora se orienta a que las mismas son de carácter procesal; lo anterior al punto de que, precisamente, el aspecto de la caducidad debe examinarse dentro de los “presupuestos procesales” e incluso en caso de verificar su ocurrencia, desde antes del inicio del proceso, se impone el rechazo de la demanda, de plano2 (…)”.

27. Ahora bien, el literal d) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011,

incluso en caso de verificar su ocurrencia, desde antes del inicio del proceso, se impone el rechazo de la demanda, de plano2 (…)”.

27. Ahora bien, el literal d) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, establece que en tratándose del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda debe ser presentada dentro de los cuatro meses siguientes a la publicac ión, notificación, comunicación o ejecución del acto administrativo definitivo, según sea el caso.

1 Carlos Betancur Jaramillo, Derecho Procesal Administrativo, cuarta edición, Pág. 156. 2 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCION TERCERA – Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ - Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil seis (2006) – Radicación número: 76001-23-31-000-199603097-01(16541) - Actor: JAVIER ALONSO QUIJANO ALOMIA - Demandado: DEPARTAMENTO DEL VALLE -Referencia: CONTRACTUALAPELACION SENTENCIA.Sentencia N Y R 2da instancia Radicado No. 27001333300320190006301

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28. De igual manera, de conformidad con el artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.),

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28. De igual manera, de conformidad con el artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), cuando los asuntos sean conciliables se requiere para acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, agot ar el requisito de procedibilidad consistente en agotar el procedimiento de conciliación extrajudicial.

29. La Ley 640 del 2001, en sus artículos 20 y 21 establece que la solicitud de conciliación suspende el término de caducidad hasta que se logre el acu erdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado, si así lo ordena la Ley, o hasta que se expidan las constancias previstas en el artículo 2° de la ley en comento, o hasta que se cumpla el plazo de tres (3) meses, después de presentada la solicitud, sin que se celebre la audiencia, lo que ocurra primero.

30. A su turno, el artículo 3° del Decreto 1716 de 20093, reglamentario del artículo 13 de la ley 1285 de ese mismo año estableció que la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, en los siguientes casos:

“a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2° de la Ley 640 de 2001, o c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero.

En caso de que el acuerdo conciliatorio sea impro bado por el juez o

2001, o c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero.

En caso de que el acuerdo conciliatorio sea impro bado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia correspondiente. La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada.

Parágrafo único. Las partes por mutuo acuerdo podrán prorrogar el término de tres (3) meses consagrados para el trámite conciliatorio extrajudicial, pero en dicho lapso no operará la suspensión del término de caducida d o prescripción”.

31. En virtud de lo expuesto, concluye la Sala, que una vez se cumple el término de caducidad se cierra la posibilidad de demandar el acto administrativo particular y/o general ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, bajo la respectiva cuerda procesal. Asimismo, cabe precisar que la caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

La acción de tutela como mecanismo transitorio y su influencia en el término de caducidad del medio de control ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa

32. La acción de tutela fue concebida como un instrumento eficaz mediante el cual cualquier persona puede obtener la protección inmediata de sus derechos

de caducidad del medio de control ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa

32. La acción de tutela fue concebida como un instrumento eficaz mediante el cual cualquier persona puede obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resultan afectados por actos u omisiones de autoridades públicas o, en ciertas situaciones, de particulares. No obstante, esta herramienta posee un carácter subsidiario y excepcional, ya que no está destinada a reemplazar los procedimientos judiciales ordinarios establecidos por el legislador

3 Norma vigente para la época de los hechos.Sentencia N Y R 2da instancia Radicado No. 27001333300320190006301

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para la resolución definitiva de controversias jurídic as que son competencia del juez natural.

33. En este contexto, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la tutela no será procedente si existen otros mecanismos judiciales disponibles, salvo que se utilice de manera transitoria para evitar un perjuicio irreparable. La evaluación sobre la existencia y eficacia de dichos medios debe realizarse con base en las circunstancias particulares del solicitante.

34. De igual manera, el artículo 8 del citado decreto contempla la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio para impedir un daño grave e inminente, aun

en las circunstancias particulares del solicitante.

34. De igual manera, el artículo 8 del citado decreto contempla la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio para impedir un daño grave e inminente, aun cuando exista un recurso judicial ordinario. En tal caso, el juez debe indicar expresamente en su decisión que la protección otorgada tendrá vigencia solo por el tiempo que tome la autoridad judicial competente en resolver de fondo el asunto.

Esta disposición también establece que el interesado deberá presentar la acción judicial ordinaria dentro de los cuatro (4) meses siguientes al fallo de tutela; de lo contrario, cesarán los efectos de la medida transitoria. Además, se permite ejercer la tutela junto con acciones como la de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando se pretenda suspender temporalmente los efectos de un acto administrativo cuya legalidad está en discusión.

35. A partir de estas disposiciones, se concluye que la tutela utilizada de manera transitoria constituye un mecanismo preventivo para evitar un daño irreparable.

Esta se caracteriza por: i) la existencia de un medio judicial ordinario para resolver el conflicto; ii) el juez constitucional pueda otorgar una medida de protección provisional; iii) dicha medida esté condicionada a que se inicie el proceso ordinario en un plazo de cuatro (4) meses desde la senten cia de tutela; y iv) permite su ejercicio conjunto con el medio de control de nulidad y otros medios previstos en el CPACA, con el propósito de suspender los efectos del acto administrativo mientras se define su legalidad.

36. Frente al impacto que tiene esta figura constitucional en los términos de caducidad de los medios judiciales previstos en el Código de Procedimiento

CPACA, con el propósito de suspender los efectos del acto administrativo mientras se define su legalidad.

36. Frente al impacto que tiene esta figura constitucional en los términos de caducidad de los medios judiciales previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado ha

expuesto dos interpretaciones4:

1. Que el plazo de cuatro (4) meses previsto en la norma constituye un término especial de caducidad.

1. Que la presentación de la tutela suspende el término de caducidad del medio judicial ordinario, por lo que el interesado debe interponer lo dentro del tiempo restante una vez proferido el fallo constitucional5.

37. Para resolver el caso bajo estudio, la Sala acoge la primera tesis, considerando que el término de los cuatro (4) meses previsto s en la norma constituye un plazo procesal especial asociado a la protección transitoria de los derechos fundamentales. En este sentido, el Consejo de Estado ha sostenido que la acción de tutela como mecanismo transitorio no reemplaza los procesos ordinario s ni a las autoridades competentes para decidir de fondo, por lo que era necesario que el legislador estableciera un término específico para garantizar la seguridad jurídica y evitar que la protección concedida perdiera efectividad, incluso cuando aquel

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Rafael Francisco Suarez Vargas, Sentencia del 16 de abril de 2020, Radicación No. 05001-23-31-000-2010-00418-02(2255-15) 5 Al respecto, esta tesis ha sido sostenía en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta. Autos del 30 de

del 16 de abril de 2020, Radicación No. 05001-23-31-000-2010-00418-02(2255-15) 5 Al respecto, esta tesis ha sido sostenía en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta. Autos del 30 de octubre de 2014, en el proceso bajo el radicado 2013 -00147-02, con ponencia de la Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, y del 9 de marzo de 2016, bajo el radicado 2016-00036-00, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio.Sentencia N Y R 2da instancia Radicado No. 27001333300320190006301

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mecanismo constitucional se hubiera interpuesto dentro del plazo de caducidad del medio ordinario. Así, este término especial busca asegurar el acceso efectivo a la justicia y evitar que el derecho protegido provisionalmente quede indefinidamente en suspenso6.

38. Dicha tesis ha sido reiterada por la misma Corporación7, así8:

“(…) De igual modo, por la naturaleza de los derechos que se persigue proteger, la norma también habilitó al juez de tutela, para que en situaciones excepcionales impartiera una medida de protección con efectos temporales, mientras el juez natural decide de manera definitiva el asunto.

(…)

En ese sentido, la norma es diáfana en señalar que el término de los

situaciones excepcionales impartiera una medida de protección con efectos temporales, mientras el juez natural decide de manera definitiva el asunto.

(…)

En ese sentido, la norma es diáfana en señalar que el término de los cuatro (4) meses con los que cuenta el tutelante para acudir a la respectiva jurisdicción a ejercer la correspondiente acción es a partir del fallo, so pena que cesen los efectos del amparo transitorio concedido a través del aludido mecanismo constitucional.

Por ello, cuando el inciso 3 del artículo 8º del Decreto 2591 de 1991 establece que concedida la tutela como mecanismo transitorio la acción correspondiente debe ejercerse en un «un término máximo de cuatro meses», se de