TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2020-00067-01 (26-11-2025)

Sentencia R/D 2da instancia Radicado No. 27001333300320200006701

MALLIVIS MORENO MARTINEZ

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Quibdó, veintiseis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 164

RADICADO: 27001333300320200006701

DEMANDANTE: MALLIVIS MORENO MARTINEZ

DEMANDADO: MUNICIPIO DE QUIBDÓ-SECRETARÍA

DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

TEMA: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

POR LESIÓN A ESTUDIANTE EN LAS

INSTALACIONES DE UN PLANTEL

EDUCATIVO

MAGISTRADA PONENTE:

DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

Temas: REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL – Conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado, no se exige identidad literal entre los textos, sino coherencia en el objeto de la controversia para entender agotado el requisito previsto en el artículo 161 del CPACA - En el Sub-lite, aunque se advierten diferencias en las cuantías y algunos beneficiarios de la solicitud de conciliación y la demanda, ambas coinciden en su propósito esencial de obtener la reparación integral del daño ocasionado a la víctima directa ( menor) y su familia/ VALORACIÓN DE

diferencias en las cuantías y algunos beneficiarios de la solicitud de conciliación y la demanda, ambas coinciden en su propósito esencial de obtener la reparación integral del daño ocasionado a la víctima directa ( menor) y su familia/ VALORACIÓN DE PRUEBAS APORTADAS EXTEMPORÁNEAMENTE –La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que las pruebas presentadas por fuera de las etapas procesales previstas en el artículo 212 del CPACA no pue den ser valoradas. No obstante, de manera excepcional, se ha admitido que quienes no acrediten parentesco mediante el registro civil pueden ser reconocidos como terceros damnificados y recibir indemnización, siempre que demuestren, por otros medios de conv icción, la existencia de una relación afectiva con la víctima y el perjuicio efectivamente sufrido/ DICTAMEN PERICIAL – No constituye prueba indispensable para la determinación del daño ni de la cuantía indemnizatoria cuando existen otros medios de convicción suficientesConforme la jurisprudencia del Consejo de Estado la ausencia de dictamen pericial no impide establecer la existencia ni la magnitud del daño, siempre que obren en el expediente otros elementos de prueba idóneos/PERJUICIO MORAL – En aplicación de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014 , la cuantificación del daño moral derivado de lesiones personales debe realizarse atendiendo a la entidad y consecuencias de la afectación.

1. Procede la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada Municipio de Quibdó-Secretaría de Educación Municipal contra la sentencia No. 099 del 8 de

1. Procede la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada Municipio de Quibdó-Secretaría de Educación Municipal contra la sentencia No. 099 del 8 de agosto de 2025 , a través de la cual el Juzgado Noveno Administrativo Oral de Quibdó concedió parcialmente las suplicas de la demanda.

2. La controversia se centra en la declaratoria de responsabilidad del Estado, derivada de la presunta falla del servicio atribuida al Municipio de Quibdó – Secretaría de Educación Municipal por la omisión de adoptar y ejecutar las medidas necesarias de supervisión, custodia y aseguramiento de los estudi antes dentro de la Institución Educativa Isaac Rodríguez Martínez, lo que dio lugar a que ocurriera el accidente que causó la amputación de dos dedos de la mano izquierdaSentencia R/D 2da instancia

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del menor Wilson David Palacios Moreno y la consecuente afectación de su núcleo familiar.

I. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

3. Mediante Sentencia del 8 de agosto de 2025, el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Quibdó resolvió, entre otros, (i) declarar administrativa y

I. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

3. Mediante Sentencia del 8 de agosto de 2025, el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Quibdó resolvió, entre otros, (i) declarar administrativa y patrimonialmente responsable al MUNICIPIO DE QUIBDÓ-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL por los perjuicios morales ocasionados a WILSON DAVID PALACIOS MORENO, MALLIVIS MORENO MARTINEZ, MARIA JOSÉ CUBILLOS MORENO Y JUAN JOSÉ CUBILLOS MORENO, (ii) condenar al pago de perjuicios morales a favor de los dem andantes, (iii) ordenar y exhortar medidas de no repetición, (iv) negar las demás súplicas de la demanda, (v) condenar en costas a la entidad demandada y (vi) ordenar el cumplimiento del fallo de conformidad con lo ordenado en los artículos 192,194 y 195 del CPACA

Pretensiones

4. La parte actora solicit ó que se declare administrativa y extracontractualmente responsable al Municipio de Quibdó-Secretaría de Educación Municipal de Quibdó por los perjuicios ocasionados a los demandantes, derivados del daño sufrido por el menor de edad Wilson David Palacios Moreno, quien perdió dos dedos de su mano izquierda.

5. Asimismo, solicitó que dichas entidades sean condenadas al pago de las sumas correspondientes por concepto de perjuicios materiales y morales ocasionados con el accidente. En cuanto al lucro cesante, se argumentó que el menor de 10 años al momento de los hechos tenía como aspiración ser miembro de la Policía Nacional de Colombia, propósito que no podrá cumplir debido a la pérdida parcial de su

el accidente. En cuanto al lucro cesante, se argumentó que el menor de 10 años al momento de los hechos tenía como aspiración ser miembro de la Policía Nacional de Colombia, propósito que no podrá cumplir debido a la pérdida parcial de su mano izquierda. En atención a los criterios establecidos por el Consejo de Estado para la indemnización de menores de edad, se sol icita pidió una compensación equivalente a 10 años de salario mínimo mensual legal vigente, lo que representa un valor aproximado de $105.000.000.

6. Además, se requi rió el reconocimiento individual de los siguientes valores: al menor Wilson David Palacios Moreno, en calidad de víctima directa, la suma de $55.000.000; a la señora Mallivis Moreno Martínez, en su condición de madre, $30.000.000 y a los señores María José Cu billos Moreno y Juan José Cubillos Moreno, en calidad de hermanos, $10.000.000 para cada uno, para un total de

$100.000.000.

7. En cuanto al daño moral, se solicitó el reconocimiento de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el menor Wilson David Palacios Moreno; 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la señora Mallivis Moreno Martínez; y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los señores María José Cubillos Moreno y Juan José Cubillos Moreno, para un to tal de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes

8. Por todo lo anterior, la parte actora solicit ó que se condene al Municipio de Quibdó-Secretaría de Educación Municipal de Quibdó al pago de la indemnización integral de los perjuicios ocasionados, por un monto total de $348.434.800.Sentencia R/D 2da instancia

Quibdó-Secretaría de Educación Municipal de Quibdó al pago de la indemnización integral de los perjuicios ocasionados, por un monto total de $348.434.800.Sentencia R/D 2da instancia Radicado No. 27001333300320200006701

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Hechos

9. En la demanda se relataron como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones, los que a continuación se sintetizan:

10. El 12 de julio de 2019, en horas de la tarde el menor Wilson David Palacios Moreno se encontraba en la Institución Educativa Isaac Rodríguez Martínez, donde cursaba sus estudios. Mientras tomaba los alimentos en el restaurante escolar, sintió la necesidad de ir al baño y, al dirigirse hacia allí, otro estudiante cerró la puerta sin percatarse de su presencia, causándole la amputación de 2 dedos de la mano izquierda, que es utilizada para la escritura.

11. Tras el accidente, varios docentes trasladaron al menor al hospital, pero no fue posible reimplantarle los dedos, por lo que quedó mutilado. El 15 de julio de 2019, la madre de Wilson David Palacios Moreno acudió ante la aseguradora Equidad Seguros S.A. con el fin de solicitar la indemnización correspondiente; sin embargo, esta manifestó que no respondería porque aquel no se encon traba asegurado al momento del accidente.

la madre de Wilson David Palacios Moreno acudió ante la aseguradora Equidad Seguros S.A. con el fin de solicitar la indemnización correspondiente; sin embargo, esta manifestó que no respondería porque aquel no se encon traba asegurado al momento del accidente.

12. Según se indica, en el mes de enero de 2019, durante la matrícula, la madre del menor, Mallivis Moreno Martínez, había pagado la suma de $7.000 para asegurar a su hijo contra cualquier daño o accidente dentro de la institución educativa. No obstante, la aseguradora informó que el estudiante fue asegurado tres días después del accidente, razón por la cual el seguro no cubrió el siniestro.

13. El 22 de julio de 2019, se realizó una reunión en la Secretaría de Ed ucación Municipal de Quibdó, en la que participaron el Secretario de Educación, el rector de la institución, varios docentes, la abogada de la Secretaría y los abogados del menor. En dicha oportunidad, el Secretario de Educación y el rector reconocieron el daño y manifestaron que debía ser indemnizado, comprometiéndose además a brindar apoyo psicológico. Sin embargo, ello no ha ocurrido.

14. La parte actora afirmó que existe un nexo causal entre la Secretaría de Educación Municipal de Quibdó y el daño suf rido por el menor, puesto que la Institución Educativa Isaac Rodríguez Martínez no cumplió con su deber de asegurar oportunamente al estudiante, a pesar de que su madre había efectuado el pago correspondiente, mientras que los demás estudiantes sí estaban asegurados.

15. Finalmente, se indicó que el caso constituye un daño especial, ya que el menor

asegurar oportunamente al estudiante, a pesar de que su madre había efectuado el pago correspondiente, mientras que los demás estudiantes sí estaban asegurados.

15. Finalmente, se indicó que el caso constituye un daño especial, ya que el menor no estaba obligado a soportar las consecuencias de un accidente causado por una puerta de hierro, elemento que representaba un peligro para los estudiantes. Por tanto, se evidencia una falla en el s ervicio, omisión y negligencia atribuible a la Secretaría de Educación Municipal de Quibdó. Se concluye que, como consecuencia de los hechos, el menor abandonó la institución educativa por vergüenza y no ha recibido apoyo psicosocial ni acompañamiento por parte de dicha entidad, pese a tener conocimiento de su situación.

Fundamentos de derecho

16. En sustento de sus pretensiones, la parte actora invocó como fundamentos de derecho los artículos 2,6,11 y 90 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 140 del CPACA.Sentencia R/D 2da instancia

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Contestación de la demanda

17. La entidad demandada MUNICIPIO DE QUIBDÓ -SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL al ejercer su derecho de defensa y/o contradicción ,

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Contestación de la demanda

17. La entidad demandada MUNICIPIO DE QUIBDÓ -SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL al ejercer su derecho de defensa y/o contradicción , manifestó que el accidente ocurrido el 12 de julio de 2019 no se originó en una omisión o acción que le fuera imputable. En consecuencia, pidió ser exonerada de toda responsabilidad, señalando que el accidente del menor José David Palacios Moreno fue producto de un hecho meramente accidental.

18. Asimismo, indicó que, de acuerdo con los documentos obrantes en el expediente, no se encuentra acreditado el parentesco entre el niño José David Palacios Moreno y los demandantes que comparecen al proceso en calidad de víctimas indirectas. En ese sentido, sostuvo que la parte actora incumplió con la carga procesal de demostrar dicho parentesco.

19. Por último, precisó que, si bien en la demanda se afirmó que el proyecto de vida del menor de convertirse en miembro de la Policía Nacional podría verse frustrado, tal aspiración constituye una mera expectativa cuya concreción resulta incierta.

Ello, en la medida en que, desde la fecha del accidente hasta el eventual cumplimiento de los requisitos para ingresar y aprobar el proceso de formación correspondiente, no es posible prever con certeza su realización. En virtud de lo anterior, solicitó que dicha pretensión se negara.

20. Con fundamento en esos argumentos, propuso las excepciones de hecho de un tercero, falta de legitimación en la causa por activa e inexistencia de acreditación de los daños reclamados lucro cesante.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

tercero, falta de legitimación en la causa por activa e inexistencia de acreditación de los daños reclamados lucro cesante.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

21. Para sustentar la decisión de conceder parcialmente las pretensiones, el Juzgado Noveno Administrativo Oral de Quibdó sostuvo que se comprobó que el menor resultó lesionado dentro del plantel educativo, en horario escolar, sin la intervención oportuna de d ocentes o personal de vigilancia. Aunque la entidad demandada cuestionó el lugar exacto del accidente, el A Quo consideró que no se desvirtuó su ocurrencia dentro del colegio, conforme al relato de los hechos, la atención en salud brindada una IPS local, así como la narrativa coherente y persistente en el proceso. Indicó además que la omisión en la afiliación del menor al seguro escolar constituye una manifestación concreta de falla del servicio, al privarlo de una protección básica prevista por el ordenam iento jurídico. Esta omisión, junto con la falta de supervisión efectiva y la inexistencia de protocolos de reacción inmediata ante accidentes, refuerza la imputación del daño a la administración.

22. En consecuencia, concluyó que el plantel educativo debía garantizar la custodia, supervisión y acompañamiento permanente de los menores dentro de sus instalaciones, así como el cumplimiento de los deberes legales relacionados con su protección integral. La ausencia de medidas suficientes para evitar incidentes y la omisión en la contratación del seguro obligatorio configuraron una transgresión al deber de protección, por lo cual el daño resultó imputable a la administración. Por ello, declaró administrativa y patrimonialmen te responsable al Municipio de

omisión en la contratación del seguro obligatorio configuraron una transgresión al deber de protección, por lo cual el daño resultó imputable a la administración. Por ello, declaró administrativa y patrimonialmen te responsable al Municipio de Quibdó, al demostrarse la existencia de una falla del servicio por omisión de deberes normativos constitucionales, que generó el daño antijurídico consistente en las lesiones sufridas por el menor Wilson David Palacios Moreno.Sentencia R/D 2da instancia Radicado No. 27001333300320200006701

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II. EL RECURSO DE APELACIÓN

23. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, argumentando que en el proceso no obra calificación de la Junta de Invalidez que determine el porcentaje de la lesión, tal como lo señaló el A Quo en la parte consi derativa de la decisión. Frente a este punto, precisó que el Juez puede fijar la cuantía del perjuicio atendiendo la gravedad y permanencia del daño sufrido, sin que pueda equipararse la pérdida de dos falanges con la amputación de dos piernas o la muerte, cuya valoración en los perjuicios morales suele fijarse en 100 salarios mínimos para la víctima directa y 50 para los consanguíneos.

de dos piernas o la muerte, cuya valoración en los perjuicios morales suele fijarse en 100 salarios mínimos para la víctima directa y 50 para los consanguíneos.

24. Sostuvo la parte apelante que su inconformidad se circunscribe a la cuantía fijada para tasar el daño derivado de la pérdida de las falanges del menor Wilson David Palacios Moreno. Indicó que no existe prueba técnica que establezca el porcentaje de lesión o secuelas, aunque reconoce que, conforme a la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, la tasación del daño moral no se sujeta a una tarifa legal, sino a la valoración de la aflicción sufrida. En ese sentido, destaca la valoración psicológica del ICBF, que, si bien da cuenta de la afectación emocional del menor, también resalta su capacidad de resiliencia y el hecho de que la lesión no limita sus actividades cotidianas.

25. Adujo que no se practicaron pruebas testimoniales que permitieran profundizar en la congoja del menor o de su madre, y que el único soporte de la afectación moral es el informe psicológico mencionado. Por tanto, considera que no se demostró un grado de angustia que justifique la tasación de 100 y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes reconocidos por el A Quo. En aplicación del artículo 167 del Código General del Proceso, afirma que la carga probatoria correspondía a la parte actora, la cual no cumplió en debida forma. En consecuencia, solicitó que la tasación del perjuicio moral se ajuste a los parámetros fijados en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 (expediente 32988),

consecuencia, solicitó que la tasación del perjuicio moral se ajuste a los parámetros fijados en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 (expediente 32988), esto es, 10 salarios mínimos para la víctima directa y 5 para los demás beneficiarios.

26. Del mismo modo, manifestó que no se acreditó el agotamiento del requisito de procedibilidad, en tanto las pretensiones consignadas en la conciliación prejudicial difieren de las presentadas en la demanda, lo que configura un incumplimiento del numeral 1 del artículo 161 del CPACA. Indicó que no pueden existir diferencias sustanciales entre las pretensiones conciliadas y las demandadas, salvo la existencia de prueba sobreviniente, que no se presentó en el caso. Destaca, además, la disparidad entre los valores reclamados en ambos escenarios: mientras en la conciliación se solicitó por lucro cesante la suma de $700.000.000, en la demanda se reclamaron $55.000.000, lo que desvirtúa la seriedad del juramento estimatorio y vulnera el principio de seguridad jurídica.

27. Así mismo, enfatiza que las pruebas deben ser aportadas dentro de las etapas procesales correspondientes, esto es, con la presentación de la demanda o en la contestación, y que no puede valorarse el registro civil del menor Wilson David Palacios Moreno, aportado por el apo derado de la parte actora en los alegatos de conclusión, por haberse vencido el término probatorio. Afirmó que la omisión en la presentación oportuna de dicho documento impide acreditar el parentesco entre el menor y los demás demandantes, por lo que no pr ocede su reconocimiento como beneficiarios de la indemnización.

presentación oportuna de dicho documento impide acreditar el parentesco entre el menor y los demás demandantes, por lo que no pr ocede su reconocimiento como beneficiarios de la indemnización.

28. Por último , exp uso que el Municipio de Quibdó, al contestar la demanda, presentó llamamiento en garantía. No obstante, mediante auto del 23 de noviembreSentencia R/D 2da instancia

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de 2023, este fue rechazado. Posteriormente, a solicitud del A quo, se incorporaron documentos relativos al señor Eduardo E. Halaby Rengifo, quien se desempeñaba como rector encargado de la Institución Educativa Isaac Rodríguez Martínez. Pese a ello, no se efectuó pronunciamiento alguno respecto a su responsabilidad o ausencia de ella frente a las lesiones sufridas por el menor Wilson David Palacios Moreno.

Actuaciones en segunda instancia

29. Mediante auto interlocutorio No. 334 del 14 de octubre de 2025, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia de primera instancia y se ordenaron las notificaciones de rigor.

III. CONSIDERACIONES

30. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir

III. CONSIDERACIONES

30. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

Problema jurídico de instancia

31. De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 328 del Código General del Proceso, esta Sala deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la parte apelante, razón por la cual, el problema jurídico

a resolver se circunscribe en determinar:

1. Si la demanda de reparación directa cumplió con el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, o si existió una modificación sustancial entre las pretensiones conciliadas y las planteadas en la demanda que hiciera improcedente su admisión?.

1. Si el A quo valoró indebidamente pruebas allegadas de manera extemporánea, en especial, el registro civil del menor Wilson David Palacios Moreno, utilizado para acreditar el vínculo de consanguinidad entre los demandantes?.

1. Si la tasación de los perjuicios morales reconocidos a favor de los demandantes se efectuó conforme a los parámetros fijados por la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, o sí, por el contrario, el A quo desconoció tales lineamientos al fundamentar su decisión en criterios no vinculantes?.

1. Si el Juez de primera instancia omitió pronunciarse sobre la prueba documental aportada por el Municipio de Quibdó relacionada con la vinculación del rector de la institución educativa donde ocurrieron los hechos, pese a su relevancia para la determinación de la responsabilidad administrativa?.

Tesis de la Sala

aportada por el Municipio de Quibdó relacionada con la vinculación del rector de la institución educativa donde ocurrieron los hechos, pese a su relevancia para la determinación de la responsabilidad administrativa?.

Tesis de la Sala

32. La Sala modificará el numeral segundo de la decisión de primera instancia, que concedió parcialmente las súplicas de la demanda. Ello al considerar necesario ajustar la tasación de los perjuicios morales reconocidos a los demandantes, de conformidad con los parámetros establecidos en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de fecha 28 de agosto de 2014 y atendiendo la va loración probatoria efectuada en este asunto.Sentencia R/D 2da instancia

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33. Asimismo, la Sala revocará la condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia por cuanto no se advierte su causación.

El análisis del caso concreto

34. Previo a abordar el estudio de los cargos formulados por la entidad demandada en el recurso de apelación, la Sala estima necesario precisar que en el presente asunto no es objeto de controversia la declaratoria de responsabilidad del Estado por las lesione s sufridas por el menor Wilson David Palacios Moreno cuando se encontraba al interior de un plantel educativo del Municipio de Quibdó, pues la

asunto no es objeto de controversia la declaratoria de responsabilidad del Estado por las lesione s sufridas por el menor Wilson David Palacios Moreno cuando se encontraba al interior de un plantel educativo del Municipio de Quibdó, pues la parte apelante no cuestionó los fundamentos fácticos ni jurídicos que le permitieron al A quo arribar a la conclu sión de atribuir tal hecho a una falla del servicio de la Administración en cabeza del citado ente territorial.

35. Por el contrario, el recurso se circunscribe a aspectos de orden procesal y de valoración probatoria, dirigidos a controvertir: (i) las inconsistencias entre las pretensiones presentadas en la conciliación prejudicial y las formuladas en la demanda; (ii) la indebida valoración de las pruebas aportadas de manera extemporánea; (iii) la tasación de los perjuicios morales reconocidos en la sentencia, por estimarse que desconoció los parámetros fijados en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de fecha 28 de agosto de 2014; y (iv) la omisión de pronunciamiento respecto de la prueba documental aportada relativa a la vinculación del rector de la institución educativa donde ocurrieron los hechos.

36. En ese orden de ideas, frente al primer reproche del apelante —esto es, las presuntas inconsistencias evidenciadas entre las pretensiones formuladas en la solicitud de conciliación prejudicial y las planteadas en la demanda —, la entidad recurrente sost uvo que no se cumplió adecuadamente con el requisito de procedibilidad del medio de control de reparación directa, tod a vez que las pretensiones de la demanda difieren de aquellas presentadas en la etapa prejudicial. Afirmó que dicha variación vulnera lo previsto en el numeral 1 del

procedibilidad del medio de control de reparación directa, tod a vez que las pretensiones de la demanda difieren de aquellas presentadas en la etapa prejudicial. Afirmó que dicha variación vulnera lo previsto en el numeral 1 del artículo 161 del CPACA y por ende, conlleva a la ineptitud de la demanda por falta de agot amiento del requisito de procedibilidad. Agreg ó que las pretensiones sometidas a consideración del Ministerio Público deben coincidir con las de la demanda, salvo que existan pruebas sobrevinientes —circunstancia que, según refirió, no se presentó en el pr esente asunto —. Finalmente, adu jo que tal modificación afecta la seguridad jurídica, desvirtúa el propósito de la conciliación y que, además, el A Quo omitió pronunciarse sobre este aspecto.

37. Al respecto, debe precisarse que revisada la solicitud de conciliación extrajudicial radicada el 9 de agosto de 2019, se advierte que la parte actora solicitó

entre otros, lo siguiente1:

"PRIMERO: Solicito a la secretaria de educación municipal de Quibdó, a que pague la cuantía de la pretensión en razón de los perjuicio s INMATERIALES, MATERIALES Y MORALES, para la señora Mallivis Moreno y su familia, los cuales son víctimas del daño causado.

SEGUNDO: que la Secretaría de Educación Municipal de Quibdó, pague a mi poderdante los valores aquí descritos, los cuales se declaran bajo JURAMENTO ESTIMATORIO, de acuerdo a lo ordenado por el artículo 206 del código general del proceso (LEY 1564 DEL 2012) la tasación razonable es la siguiente:

poderdante los valores aquí descritos, los cuales se declaran bajo JURAMENTO ESTIMATORIO, de acuerdo a lo ordenado por el artículo 206 del código general del proceso (LEY 1564 DEL 2012) la tasación razonable es la siguiente:

1 Visible a índice 30 del expediente electrónico del proceso en la plataforma SAMAI -Primera Instancia, páginas 86-88Sentencia R/D 2da instancia Radicado No. 27001333300320200006701

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LUCRO CESANTE: está comprendido por los din eros que dejara de recibir el niño Wilson David Palacios Moreno, el cual al momento del accidente tenía 10 años de edad. El niño Wilson David Palacios Moreno, tenía como aspiraciones una vez terminara el bachillerato ser miembro de la policía nacional de Colombia. Pero desafortunadamente ya no podrá ser parte de la policía nacional por que le hacen falta dos dedos de la mano izquierda que es con la cual el menor Wilson hace sus actividades. Este niño una vez, adquiera la mayoría de edad es decir a los 18 añ os de edad, se presentaría muy posiblemente a la escuela de policía para poder ser patrullero. Siendo el niño Wilson David, un patrullero de la policía nacional, se ganaría un sueldo mensual de 1.600.000 mil pesos. Al año el niño Wilson David, se ganaría l a suma de 19.200.000 de peso. Recordemos que el promedio de vida esta hasta

Wilson David, un patrullero de la policía nacional, se ganaría un sueldo mensual de 1.600.000 mil pesos. Al año el niño Wilson David, se ganaría l a suma de 19.200.000 de peso. Recordemos que el promedio de vida esta hasta los 75 años de edad. Por lo tanto, el niño Wilson David, desde sus 18 años de edad hasta los 75 años de edad, se pudo haber ganado un salario mensual de 1.600.000 de pesos, el cual sería por 57 años prestando servicio como patrullero de la policía nacional. Sumando este 1.600.000 de pesos