TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2020-00140-01 (28-05-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veintiocho (28) mayo de dos mil veinticinco (2025).

Sentencia No. 67

RADICACIÓN NÚMERO: 27001333300320200014001

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: EDINSON CUERO RENTERIA Y OTROS

DEMANDADO:

NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA -EJÉRCITO

NACIONALPOLICÍA NACIONAL

REFERENCIA:

APELACIÓN SENTENCIA

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la Sentencia No. 20 del 29 de enero de 2024, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , dentro del proceso promovido por el señor EDINSON CUERO RENTERÍA Y OTROS, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONALPOLICÍA NACIONAL, a través de la cual se negaron las súplicas de la demanda.

1. SITUACIÓN FÁCTICA.

La parte demandante expone como hechos los siguientes:

“PRIMERO: El señor EDINSON CUERO RENTERÍA, mayor d e edad, oriundo de la ciudad de Buenaventura - Valle del Cauca, de profesión técnico de comunicaciones, ex compañero permanente de la señora YESENIA CAICEDO CUERO con la cual tiene dos hijas KEINI

SORAINY CAICEDO CUERO y BIANI CUERO CAICEDO.

de Buenaventura - Valle del Cauca, de profesión técnico de comunicaciones, ex compañero permanente de la señora YESENIA CAICEDO CUERO con la cual tiene dos hijas KEINI

SORAINY CAICEDO CUERO y BIANI CUERO CAICEDO.

SEGUNDO: El señor EDINSON CUERO RENTERÍA, ejercía su profesión de manera muy responsable, dado el caso: que siendo de la ciudad de Buenaventura Valle del C auca, realizaba trabajos en el Departamento del Chocó, como técnico en comunicaciones.

TERCERO: En razón a lo anterior, mi mandante ÉDINSON CUERO RENTERÍA fue contratado de manera verbal para realizar un trabajo de desinstalación de unas antenas satelitales de las fuerzas militares de Colombia en el corr egimiento de virindi ubicado en el municipio de Vigía del fuerte-Chocó.

CUARTO: Por lo cual, el día 02 de agosto de 2018, en las horas de la mañana (9:00 am) en la bahía del Sena del municipio de Quibdó, mi prohijado, junto a un civil y cuatro hombres de la fuerza pública (3 policías. 1 soldado). abordaron un viaje rumbo al corregimiento de virindi, con la finalidad de recoger unos elementos de campaña del ejército (unas cómodas, baños, y antenas satelitales).

CUARTO: Dicho viaje, cuenta mi prohijado, dur ó aproximadamente cuatro horas y medias

(SIC) vía fluvial para llegar a su destino, un a vez instalados en este corregimiento de virindi, junto a sus compañeros de viaje y trabajo, se dispusieron a la ejecución del mandato encomendado.

QUINTO: En horas de la tarde, mientras se dirigían de regreso a la ciudad de Quibdó por el

junto a sus compañeros de viaje y trabajo, se dispusieron a la ejecución del mandato encomendado.

QUINTO: En horas de la tarde, mientras se dirigían de regreso a la ciudad de Quibdó por el rio de Arquia en la vía fluvial virindi -Quibdó, fueron retenidos en contra de su voluntad deRADICACIÓN: 270013333003202000014001

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forma ilegal, por hombres armados que vestían prendas de uso privativo, los cuales, los obligaron a orillarse para hacerle una serie de cuestionamientos respecto a lo que llevaban en la lancha y lo que hacían por esa zona del D epartamento del Chocó. Estos al escuchar que eran miembros de la fuerza pública y que estaban en ejercicio de un compromiso laboral a nombre de la Policía Nacional, fueron llevados por el rio Beberá (Noticia que fue de gran impacto a nivel nacional e Internacional).

SEXTO: Mi prohijado narra, que luego de ser retenidos de forma arbitraria y bajo cohibición de su derecho fundamental de locomoción, fueron llevados a un lugar que describe él, como una casa de paja, donde uno de los encapuchados, les esboza que estaban secuestrados y que si se portaban bien les perdonarían la vida.

SEPTIMO: Pasando las horas de la de la materialización de este delito. Fuentes oficiales y

una casa de paja, donde uno de los encapuchados, les esboza que estaban secuestrados y que si se portaban bien les perdonarían la vida.

SEPTIMO: Pasando las horas de la de la materialización de este delito. Fuentes oficiales y verídicas indicaron en las primeras pesquisas, que los autores del plagio fue el frente CHE GUEVARA del ELN comandado por el alias SAMIR, estructuras adscritas al frente de guerra Occidental de la Guerrilla que opera en esta zona del departamento del Chocó.

OCTAVO: Según el reporte policial emitido. los funcionarios y civiles sometidos a secuestro eran lo s subtenientes WILBER RENTERIA y LUIS CARLOS TORRES , el patrullero YEMISON LEANDRO GÓMEZ, el soldado profesional JESÚS ALBERTO RAMÍREZ, y entre los civiles, como técnico en comunicaciones, los señores YILSON DELGADO MURILLO Y

EDINSON CUERO RENTERIA.

NOVENO: Por medio de un mensaje, a través de las plataformas digitales de las redes sociales. esta organización ilegal, el frente de guerra accidental del ELN, emite reporte informando que tenían en su poder y en retención a los cuatro integrantes de la fuerza pública y dos civiles.

DÉCIMO: Mi poderdante describe. que eran sometidos a largas caminatas todos los días por más de tres horas, con el objetivo estratégico de cambiar el asentamiento o lugar y no ser localizado por la fuerza pública que hacían presencia en esa zona selvática del departamento del Chocó.

DÉCIMO PRIMERO: De igual forma, manifiesta mi prohijado que durante el cautiverio sufrió una serie de crisis emocionales psicológicas, debido al estrés de convivir con el grupo armado,

del Chocó.

DÉCIMO PRIMERO: De igual forma, manifiesta mi prohijado que durante el cautiverio sufrió una serie de crisis emocionales psicológicas, debido al estrés de convivir con el grupo armado, de estar privado de s u libertad, de estar separado de su familia, de vivir en condiciones precarias, de no tener una adecuada alimentación, etc.

DÉCIMO SEGUNDO: Para el día 12 de septiembre de 2018, luego de estar 41 días en cautiverio, el defensor del pueblo de ese entonces, el doctor CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA, lideró una comisión humanitaria junto con el defensor regional del chocó LUIS MURILLO y delegados del episcopado colombiano y el comité internacional de la cruz roja , con la que regresaron a la libertad los miembros de la policía WILBER RENTERÍA, intendente: LUIS CARLOS TORRES, subintendente. YEMISON GÓMEZ CORREA patrullero; el soldado profesional JESÚS ALBERTO RAMÍREZ SILVA y los civiles, YILSON DELGADO MURILLO y ÉDISON CUERO RENTERIA. quienes fueron llevados a las instalaciones de la defensoría del pueblo sede Quibdó.

DECIMO TERCERO: Finalmente, es importante indicar que a raíz del secuestro sufrido por el señor ÉDISON CUERO RENTERIA , todos mis mandantes se han visto gravemente afectados, ya que hoy viven con miedo y con la zozobra de que en cualquier momento pueden ser objeto de un nuevo secuestro.

DÉCIMO CUARTO: El día 14 de abril de 2020, siendo las 9.30 am, se procedió en el despacho de la procuraduría 77 judicial para asuntos administrativo la ejecución audiencia extra judicial

ser objeto de un nuevo secuestro.

DÉCIMO CUARTO: El día 14 de abril de 2020, siendo las 9.30 am, se procedió en el despacho de la procuraduría 77 judicial para asuntos administrativo la ejecución audiencia extra judicial no presencial de la referencia, donde intervinieron los apoderados judiciales de LA NACIÓNMINISTERIOS DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA-EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA y yo como apoderado suscrito de la parte convocante, con el fin de llegar a un acuerdo, precio en donde los convocados no tuvieron ánimos de conciliar”.RADICACIÓN: 270013333003202000014001

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2. PRETENSIONES.

Teniendo en cuenta los supuestos facticos, la parte actora solicita:

“PRIMERA: Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALPOLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA -EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA de los daños y perjuicios ocasionados a cada uno de mis prohijados EDINSON CUERO RENTERÍA, YESENIA CAICEDO CUERO, KEINI SORAINY CAICEDO CUERO, y BIANI CUERO CAICEDO por los hechos acaecidos el día 2 de agosto

prohijados EDINSON CUERO RENTERÍA, YESENIA CAICEDO CUERO, KEINI SORAINY CAICEDO CUERO, y BIANI CUERO CAICEDO por los hechos acaecidos el día 2 de agosto de 2018, en el municipio de Atrato Chocó, dond e fue sujeto del delito secuestro, el señor

EDINSON CUERO RENTERÍA.

SEGUNDA: Condenar a la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA -EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA a pagar a cada uno de

los demandantes, las siguientes sumas de dinero:

Nombre Demandante Parentesco Perjuicio Moral Perjuicio Material Perjuicio por Daño a la vida de Relación

EDINSON

CUERO

RENTERIA

Afectado 150

S.M.L.V. $3.000.000 100 S.M.L.V.

YESENIA

CAICEDO

CUERO Compañera permanente 150

S.M.L.V.

100 S.M.L.V.

KEINI

SORAINY

CAICEDO CUERO Hija (crianza) 150

S.M.L.V.

100 S.M.L.V.

BIANI CUERO

CAICEDO

Hija 150

S.M.L.V.

100 S.M.L.V.

TERCERA: Se condene en costas al Demandado.

CUARTO: Se me reconozca personería para actuar”.

3. TRÁMITE PROCESAL.

La demanda fue admitida por el juzgado Cuarto Administrativo Oral del circuito de Quibdó,

CUARTO: Se me reconozca personería para actuar”.

3. TRÁMITE PROCESAL.

La demanda fue admitida por el juzgado Cuarto Administrativo Oral del circuito de Quibdó, mediante auto interlocutorio N° 632 del 7 de octubre de 2020 y se ordenó notificar a las partes y al señor Agente del Ministerio Público, como en derecho corresponde.

La entidad demandada NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONALPOLICÍA NACIONAL, contestó la demanda , oponiéndose a las pretensiones de la misma, sustentado en las siguientes consideraciones:

“(…) El actor no ha probado que el Ejército Nacional no contaba con presencia activa en la zona en donde se presentó el luctuoso hecho. Tampoco ha probado que era previsible para el Ejército Nacional que se presentara un hecho como el que nos ocupa. El demandante no aporta prueba que demuestre, que se había puesto en conocimiento de las Fuerzas Militares amenaza alguna, ni finalmente probó que el Ejército Nacional no desplegó todos los medios que tenía a su alcance para cumplir con su función constitucional. Esta falta de ausencia probatoria desvirtúa en toda medida una posible falla en la prestación del servicio, sea por acción u omisión.RADICACIÓN: 270013333003202000014001

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En el case sub examine se tiene que el daño alegado consiste en el secuestro de Edinson Cuero Rentería. No obstante, se observa que no existen pruebas para imputar el daño antijurídico a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, pues no hay evidencia de que se haya incurrido en falla del servicio por acción u omisión. En efecto, ninguna de las pruebas aportadas demuestra que los daños causados se hubiera n realizado con la intervención o complicidad de agentes del Estado, o que la víctima hubiera solicitado protección previa y no se le brindó, o que, a pesar de no mediar solicitud de protección, las autoridades tuvieran noticias de la realización de la incursión y no actuaron para neutralizarla, o que las circunstancias la hacían previsible y no se tomaron las medidas necesarias para contrarrestarla, por lo que entonces no se ha demostrado una falla en el servicio que permita endilgar el daño antijurídico a la parte demandada. (…) En el caso concreto, observa la defensa, que el daño fue perpetrado por grupos al margen de la ley y que no se presentó una falla en la prestación del servicio, lo que genera consecuencialmente, que no exista un nexo causal entre la actividad de la administración y el daño causado. (…)” En virtud de lo anterior, propuso la excepción de inexistencia de falla en la prestación del servicio, la actividad que desarrolla la fuerza pública es de medio y no de resultado,

daño causado. (…)” En virtud de lo anterior, propuso la excepción de inexistencia de falla en la prestación del servicio, la actividad que desarrolla la fuerza pública es de medio y no de resultado, inexistencia de nexo causal - insuficiencia probatoria, falta de causalidad - inexistencia de imputabilidad de la entidad demandada y hecho de un tercero.

La entidad demandada NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL , contestó la demanda , oponiéndose a las pretensiones de la misma, sustentado en las siguientes consideraciones:

“(…) Es irrefutable que el hecho dañoso fue causado por un tercero -Grupo al margen de la ley-, y la operación ilícita por este era de muy difícil previsión para l as autoridades en el momento de la ocurrencia, ya que no versan informes de inteligencia certeros, con ocasión de circunstancias de tiempo, modo y lugar. En este punto se enfatiza que es imposible para las fuerzas del Estado establecer en que momento y a q ué horas se iba a realizar este atentado o secuestro contra l os funcionarios y civiles subtenientes WILISER RENTERIA Y LUIS CARLOS TORRES el patrullero YEMINSON LEANDRO GOMEZ, el soldado Profesional JESÚS ALBERTO RAMIREZ y entre los civiles como técnico en comunicaciones, los señores YEISON DELGADO MURILLO Y É DINSON CUERO RENTERIA, por parte de los grupos al margen de le Ley ELN , ya que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Militares, tienen que cubrir el Territorio Nacional, haciendo la salvedad de q ue estas instituciones no son ni omnipotentes, omnipresentes, ni omniscientes.

margen de le Ley ELN , ya que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Militares, tienen que cubrir el Territorio Nacional, haciendo la salvedad de q ue estas instituciones no son ni omnipotentes, omnipresentes, ni omniscientes.

También se recalca que las obligaciones de la Policía Nacional son de medio y no de resultado, por lo cual no se encuentra objetivamente en la capacidad de garantizar objetivamente de la seguridad de cada uno de los ciudadanos colombianos.

En este orden de ideas no existe ninguna omisión, tal como lo plantea en la demanda la parte actora. Por qué el hecho fue irresistible e imprevisible por las autoridades policía nacional, además no existía informes de inteligencia que pudieran determinar e l hecho a presentar, igualmente los señores secuestrados antes mencionados no contaban con estudios de riesgos altos ni amenazas por parte de grupos delincuenciales al margen de la ley.

(…)

En consecuencia, para el caso objeto de litigio no se ha demostr ado la actividad de la administración pues mi prohijada Policía Nacional no tuvo conocimiento ni se evidencia la existencia de solicitud especial de protección, que decantara de manera previa los hechos en estudio de riesgo que permitiera actuar de una manera idónea.RADICACIÓN: 270013333003202000014001

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No puede en este evento admitirse que hubo una falla del servicio constituida por la omisión, pues si las autoridades no estaban enteradas de los peligros inminentes que se iban a presentar en ese municipio. Como se ha dicho en casos similares, no puede el Estado estar atento para proteger de manera absoluta a todos los habitantes en todos los rincones del territorio patrio.

En el caso de estudio, si los uniformados hubieran sabido ya sea por conocimiento propio, estaba en la obligación informar por escrito al Comandante Inmediato, y de exigir protección en concordancia con el apoyo policial respectivo. De esta manera si podría responsabilizar a los Policía Nacional por haber omitido su deber de protección a los mismos uniformados. Situación que no aplica en el caso concreto ya que estamos frente a un hecho TOTALMENTE

IRRESISTIBLE E IMPREVISIBLE.

No existe dentro del proceso prueba alguna al respecto. Por consiguiente, falta en este caso el fundamento objetivo que permita responsabiliz ar al Estado por haber omitido el cumplimiento de sus deberes, pues mal podría destinar agentes de seguridad para proteger a cada uno de los habitantes en todos los lugares del territorio. (…)”

En virtud de lo anterior, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva en cuanto al secuestro, hecho de un tercero y de la carga pública.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

La sentencia No. 20 del 29 de enero de 2024, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo

en cuanto al secuestro, hecho de un tercero y de la carga pública.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

La sentencia No. 20 del 29 de enero de 2024, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, negó las suplicas de la demanda.

Para tomar esa decisión, el a quo argumentó:

“(…) Para el despacho, no existe pruebas que acrediten una falla en el cumplimiento del deber de protección por parte de las entidades demandadas y que la actividad de la administración haya creado un riesgo en el demandante, o bien porque se haya acreditado que existió un desequilibrio en las cargas públicas, como consecuencia de un actuar legítimo de la administración. Igualmente, se debe indicar que el demandante manifestó que es técnico en comunicaciones y que fue contratado de manera verbal para realizar un trabajo de desinstalación de unas antenas satelitales de las fuerzas militares en el corregimiento de Virindí, ubicado en el Municipio del Vigía del Fuerte y que con ocasión a dicha actividad que estaba cumpliendo y como se encontraba en la embarcación con personal de la fuerza pública fue secuestrado; al respecto se debe indicar que de la lectura que se le hiciere a los hechos de la demanda y a la denuncia realizada en la Fiscalía se pudo determinar que los integrantes de la fuerza pública y del Ejército se encontraban vestidos de civil, es decir, no representaban un riesgo para el demandante. Aunado a lo anterior, se tiene que, en el trámite del proceso, no se pudo determinar que el señor Edinson Cuero Rentería hubiese sido contratado por el Ejército Nacional.

demandante. Aunado a lo anterior, se tiene que, en el trámite del proceso, no se pudo determinar que el señor Edinson Cuero Rentería hubiese sido contratado por el Ejército Nacional. En ese sentido, se debe precisar que el daño irrogado a los demandantes no es jurídicamente imputable a las entidades demandadas, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, pues es claro que los daños por cuya indemnización se reclama se produjeron como resultado de la actuación delincuencial y deliberada de sujetos desconocidos, lo cual se traduce en un acto malintenc ionado de un tercero y hace inviable, por supuesto, tener por probada la existencia de una falla en la prestación del servicio; no le queda otro camino al despacho que denegar las suplicas de la demanda”.RADICACIÓN: 270013333003202000014001

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Y luego resolvió:

“PRIMERO: Declárense probadas las excepciones denominadas hechos de un tercero; Falta de Legitimación en la causa por Pasiva, la Nación – Ministerio de Defensa -Policía Nacional, por las razones puestas en la parte masiva.

SEGUNDO: Declárense probadas las excepciones, denominadas Inexistencia de la Falla en la prestación del servicio; la actividad que desarrolla la fuerza pública es medio y no de

por las razones puestas en la parte masiva.

SEGUNDO: Declárense probadas las excepciones, denominadas Inexistencia de la Falla en la prestación del servicio; la actividad que desarrolla la fuerza pública es medio y no de resultado; Inexistencia de Nexo Causal; Insuficiencia probatoria; Falta de Causalidad; Inexistencia de Imputabilidad de la Entidad Demandada; Hecho de un tercero, por las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: Niéguense las pretensiones, por los motivos expuestos.

CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO: Ejecutoriado el presente proveído, expídanse copias auténticas de la sentencia, con constancia de ejecutoria a las partes y al Ministerio Público; conforme lo disponen los artículos 192 y 195 del CPACA.”.

5. RECURSO DE APELACIÓN.

Dentro del término legal establecido, la parte demandante interpuso recurso de apelación, manifestando su inconformidad con la decisión de primera instancia, en la cual fueron negadas las pretensiones de la demanda. En consecuencia, la apelación se fundamenta en que el juez de primera instancia desconoció un aspecto esencial del caso: que los responsables del secuestro del mandante no eran delincuentes comunes o inexpertos, sino integrantes armados del grupo al margen de la ley ELN, manifiesta que esta organización criminal, con una estructura consolidada y décadas de experiencia, posee conocimientos avanzados en tácticas de investigación, identificación, seguimiento y acorralamiento de víctimas. Por lo tanto, el hecho de que algunos militares se encontraran vestidos de civil no impedía que fueran identificados por el ELN, lo que, a su vez, representaba un riesgo significativo para el resto de

tanto, el hecho de que algunos militares se encontraran vestidos de civil no impedía que fueran identificados por el ELN, lo que, a su vez, representaba un riesgo significativo para el resto de los ocupantes de la embarcación.

Adicionalmente, argumentó que, con base en las pruebas decretadas y practicadas dentro del proceso, así como en lo expuesto en los alegatos finales, se evidencia con claridad la existencia de un nexo causal directo entre la omisión del deber legal y constitucional de los demandados consistente en garantizar la seguridad de las personas que se desplazaban el 2 de agosto de 2018 hacia el municipio de Virindí, corregimiento de Vigía del Fuerte, Chocó y el secuestro del demandante, perpetrado por el ELN y prolongado por más de 40 días. En virtud de la calidad de algunos pasajeros, particularmente integrantes de la fuerza pública, resultaba imperativo un despliegue de seguridad adecuado que proteg iera a todos los viajeros. Esta necesidad se hacía aún más apremiante considerando que la zona ha sido históricamente afectada por la violencia, hecho comprobable mediante diversos registros periodísticos y noticiosos de la región.

6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Con auto interlocutorio N°536 del 3 de mayo de 2024, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, en contra de la sentencia N° 20 del 29 de enero 2024 , y se ordena notificar al Ministerio Público y a las partes procesales , conforme al artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

7. CONSIDERACIONES:

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en

conforme al artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

7. CONSIDERACIONES:

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra la sentencia proferidaRADICACIÓN: 270013333003202000014001

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en primera instancia y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear lo siguiente:

8. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es competente el Tribunal Administrativo de Chocó para resolver el recurso de alzada interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia, proferi da por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó.

9. CUESTIÓN PREVIA.

Precisado lo anterior, pasa la Sala, a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó, recordando, los límites que impone la apelación al juez de segunda

de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó, recordando, los límites que impone la apelación al juez de segunda instancia, en tanto el ad quem solo está autorizado para pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos puntualmente al fallo, sin que pueda inmiscuirse en tópicos que no fueron debatidos por el recurrente, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado2.

Así las cosas, para esta Sala, es claro que el límite al juez de segunda instancia está circunscrito a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al juez de segunda instancia estudiar asuntos de la providencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución ), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado3, al indicar:

“Con todo, la presencia en el caso de derechos fundamentales y de princip ios axiales del orden constitucional que pueden resultar afectados por la medida controlada exige a este Juez ocuparse también del cargo de desconocimiento de normas superiores, planteado por el demandante en el escrito introductorio del proceso, pero no estudiado por el a quo ni señalado

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelacio nes de autos

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelacio nes de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.”

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Actor: Ana Gregoria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Referencia: Acción de Reparación Directa.

-Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCÓN ; sentencia de julio de 2016, Radicación número: 17001-23-31-000-2002-01526-01(37533), Actor: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, Referencia: Acción de Reparación Directa.

-Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO

ZAMBRANO BARRERA; sentencia de 14 de juli o de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Actor: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Referencia: Acción De Reparación Directa.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 -23-24-000-2007-90177-01, Actor: Alexander Méndez Mendoza, Demandado: Concejo De Bogotá D.C, Referencia: Medio de control de Nulidad simple

Y ver sentencia de unificación:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Consejero Ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH , San Antonio, Tolima, sentencia del 6 abril de 2018, Radicación Núm ero: 05001 -23-31-000-2001-03068-01(46005), Actor: Darío de Jesús Santamaría Lora y otros, demandado: Nación -Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Referencia: acción de reparación directa - sentencia de unificación.

De igual forma, mirar sentencias de la Corte Suprema de Justicia;

Sentencia del 31 de marzo de 2022, SC 482-2022, Radicación N.° 11001-31-03-018-2010-00212-01; Magistrado Ponente Álvaro Fernando García Restrepo.

Sentencia del 31 de marzo de 2022, SC 482-2022, Radicación N.° 11001-31-03-018-2010-00212-01; Magistrado Ponente Álvaro Fernando García Restrepo. Sentencia del 13 de julio de 2020, SC 2222-2020, Radicación N.° 11001-31-10-002-2010-01409-01; Magistrado Ponente Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.RADICACIÓN: 270013333003202000014001

ACCIÓN: RE