TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2020-00227-01 (29-09-2025)

Medio de control de Reparación Directa Radicado número: 27001333300320200022701 Y 27001333300120210001401

Demandante: Franklin Córdoba Santos y Otros Demandados: Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación

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RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

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Quibdó, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA No.0125/

RADICADO: ACUMULADO

27001333300320200022701 27001333300120210001401

DEMANDANTE: FRANKLIN CORDOBA SANTOS Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓNRAMA JUDICIAL y la FISCALIA

GENERAL DE LA NACIÓN

MEDIO DE CONTROL:

REPARACIÓN DIRECTA

TEMA:

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

MAGISTRADA PONENTE (E)1: DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

Temas: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Procedencia de la reparación condicionada a que la detención sea arbitraria o desproporcionada – No basta la absolución para estructurar responsabilidad estatal / TÍTULO DE IMPUTACIÓN – En el marco de la Ley 906 de 2004, la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida de

para estructurar responsabilidad estatal / TÍTULO DE IMPUTACIÓN – En el marco de la Ley 906 de 2004, la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento excluye la falla del servicio / DAÑO ANTIJURÍDICO – La privación de la libertad debe ser jurídicamente inadmisible para ser indemnizable – Se exige que el afectado no esté en el deber jurídico de soportarla, que afecte un interés jurídicamente tutelado y que el perjuicio sea cierto – En el caso, aunque se acreditó la duración de la medida, no se configuró su antijuridicidad / ELEMENTOS PROBATORIOS – No se allegó al proceso el audio de la audiencia preliminar, ni el acta completa de dicha diligencia en la que el Juez con funciones de control de garantías decidió imponer la referida medida por lo tanto, no es dable determinar si el Juez con funcion es de control de garantías incurrió en falencias fácticas o jurídicas en dicho momento, y así establecer si las razones que lo motivaron, fueron válidas, proporcionadas, ajustadas a derecho.

1. Procede la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Nación - Rama Judicial contra la sentencia No. 128 del 11 de septiembre de 2023 , a través de la cual el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó concedió parcialmente las súplicas de la demanda.

2. La controversia versa sobre la responsabilidad extracontractual del Estado, en cabeza de la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por la privación injusta de la libertad d el señor Franklin Có rdoba Santos , como consecuencia de una medida de

2. La controversia versa sobre la responsabilidad extracontractual del Estado, en cabeza de la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por la privación injusta de la libertad d el señor Franklin Có rdoba Santos , como consecuencia de una medida de aseguramiento que se prolongó por más de tres años, por el delito de concusión.

I. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

3. Mediante Sentencia de fecha 11 de septiembre de 2023 , el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , resolvió, entre otros , (i) declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Fiscalía General de la Nación, (ii) declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Rama

1 Mediante oficio No. CE -PRESIDENCIA-OFI-INT-2025-3348 del 30 de julio de 2025 el Presidente del Consejo de Estado comunicó que dicha Corporación en sesión celebrada el 29 del mismo mes y año, había encargado a la suscrita Magistrada de las funciones del Despacho 001 del Tribunal Administrativo del Chocó, hasta tanto se provea el cargo en forma provisional y/o definitiva.Medio de control de Reparación Directa Radicado número: 27001333300320200022701 Y 27001333300120210001401

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Judicial por los perjuicios morales causados a los demandantes con ocasión a la privación injusta de la libertad del señor Franklin Córdoba Santos, (iii) condenar a la Nación - Rama Judicial a pagar perjuicios morales a la v íctima directa, cónyuge, hija, padres, hermanos, abuelas, tíos, sobrinos y primos de la víctima directa. Condenar a dicha entidad por perjuicio material en la modalidad de daño emergente el valor de $70.000.000 , (iv) condenar en costas a favor de la parte actora, (v) negar las demás suplicas de la demanda, (vi) ordenar que la entidad demandada de aplicación a lo dispuesto en el artículo 192 y 195 del C.P.A.C.A. y (vii) ordenar la devolución a favor de la parte demandan te el remanente de los gastos del proceso, si hay lugar a ello.

EXPEDIENTE RADICADO N° 27001333300320200022701

Pretensiones

4. En el presente asunto los demandantes pretenden que se declare administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, por los daños y perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad del señor Franklin Córdoba Santos, quien permaneció recluido en el Establecimiento Penitenc iario de Mediana Seguridad y Carcelario de Quibdó, conocido

y perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad del señor Franklin Córdoba Santos, quien permaneció recluido en el Establecimiento Penitenc iario de Mediana Seguridad y Carcelario de Quibdó, conocido como cárcel Anayancy, desde el 1° de abril de 2014 hasta el 21 de julio de 2019, fecha en la que obtuvo la libertad por vencimiento de términos.

5. Como consecuencia de dicha declaratoria, se solicita la indemnización de los siguientes

perjuicios:

6. En primer lugar, los perjuicios morales subjetivos ocasionados tanto a la víctima directa como a su núcleo familiar y parientes cercanos. Se estima en la suma de ochocientos noventa mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (890.000 s.m.l.m.v.),

así:

 100 SMLMV: Franklin Córdoba Santos, en calidad de víctima directa; Karol Sofía Córdoba Chaverra, en calidad de hija; Samia Chaverra Córdoba, en calidad de esposa, en calidad de madre, y Franklin Córdoba Mena, en calidad de padre.

 50 SMLMV: Henrry Córdoba Santos , Yair Córdoba Santos, Luz Nellys Córdoba Santos, Yurley Córdoba Santos y Yarlin Cecilia Córdoba Santos, en calidad de hermanos; Luz Didamia Mena Quejada, en calidad de tía materna, y Carmen Rubiela Córdoba Mena, en calidad de abuela paterna.

 35 SMLMV: Algela Ofil Quejada, Emerenciana Córdoba Mena, Doris Córdoba Mena

Rubiela Córdoba Mena, en calidad de abuela paterna.

 35 SMLMV: Algela Ofil Quejada, Emerenciana Córdoba Mena, Doris Córdoba Mena y Favia del Carmen Córdoba Mena, en calidad de tías maternas, y Emerenciana Córdoba Mena, en calidad de tías paterna.

7. En segundo lugar, se solicitan perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, correspondientes a los pagos efectuados por el señor Franklin Córdoba Santos en el marco de su defensa penal. Estos comprenden los honorarios cancelados a los abogados José Israel Martínez Lemos por $30.000.000 y Amador Valderrama Copete por $40.000.000. Así mismo, se incluyen los honorarios pactados con el profesional que interpuso la presente demanda de reparación directa, a quien se abonó la suma de $15.000.000 como parte del 30% convenido sobre el resultado del proceso. Se adicionan los gastos asumidos por acciones constitucionales de petición y tutela, estimados en cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

8. En cuanto al perjuicio por vida de relación y alteración de las condiciones de existencia, se expone que el señor Franklin Córdoba Santos y su familia padecieron elMedio de control de Reparación Directa Radicado número: 27001333300320200022701 Y

27001333300120210001401

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estigma social generado por la detención, lo que produjo rechazo, marginación y un grave impacto en sus vínculos sociales y afectivos. El presente perjuicio se estima en la suma de ochocientos noventa mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (890.000 s.m.l.m.v.), de la siguiente manera:

• 100 SMLMV: Franklin Córdoba Santos, en calidad de víctima directa; Karol Sofía Córdoba Chaverra, en calidad de hija; Samia Chaverra Córdoba, en calidad de esposa y Franklin Córdoba Mena, en calidad de padre.

• 50 SMLMV: Henrry Córdoba Santos, Yair Córdoba Santos, Luz Nellys Córdoba Santos, Yurley Córdoba Santos, Yarlin Cecilia Córdoba Santos, en calidad de hermanos; Carmen Rubiela Córdoba Mena, en calidad de abuela paterna y Luz Didamia Mena Quejada, en calidad de tía paterna.

• 35 SMLMV: Algela Ofil Quejada, Doris Córdoba Mena, Favia del Carmen Córdoba Mena, en calidad de tías materna y Emerenciana Córdoba Mena, en calidad de tía paterna.

9. Finalmente, se pide que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos

Mena, en calidad de tías materna y Emerenciana Córdoba Mena, en calidad de tía paterna.

9. Finalmente, se pide que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en los artículos 195 numeral 4, 189 numeral 7 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Hechos

10. En la demanda se relataron como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones, los que a continuación se sintetizan:

11. El señor Franklin Córdoba Mena fue capturado el 1° de abril de 2014 y al día siguiente se legalizó la captura, se formuló imputación y se le impuso medida de aseguramiento intramural por el presunto delito de concusión. La defensa se opuso a las decisiones adoptadas al considerar que no existía flagrancia ni pruebas que justificaran la medida, razón por la cual la privación de la libertad resultaba arbitraria.

12. Posteriormente, el 26 de mayo de 2014 la Fiscalía radicó escrito de acusación, celebrándose la audiencia correspondiente el 5 de noviembre de ese mismo año y, seguidamente, el 1° de diciembre se llevó a cabo la audiencia preparatoria. El juicio oral fue programado para el 7 de diciembre de 2018, pero antes de su inicio la Fiscalía solicitó declarar la falta de competencia del despacho, con fundamento en un pronunciamiento de la Corte Suprema, manifestando que los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública debían ser conocidos por la jurisdicción penal militar.

13. En atención a ello, mediante Auto Interlocutorio No. 040 del 7 de diciembre de 2018, el

la Corte Suprema, manifestando que los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública debían ser conocidos por la jurisdicción penal militar.

13. En atención a ello, mediante Auto Interlocutorio No. 040 del 7 de diciembre de 2018, el juez de conocimiento se declaró incompetente y ordenó remitir lo actuado al Juzgado Penal Militar de Quibdó, el cual recibió el expediente el 11 de diciembre del mismo año.

Posteriormente, mediante Resolución No. 045 del 11 de enero de 2019, el Juzgado 165 de Instrucción Penal Militar decidió abstenerse de abrir investigación y dispuso el archivo de las diligencias por falta de pruebas, decisión que fue notificada el 15 de enero de 2019.

14. Como consecuencia de la medida impuesta, el señor Córdoba Mena estuvo privado de la libertad en el centro penitenciario Anayancy de Quibdó desde el 1° de abril de 2014 hasta el 21 de julio de 2018, es decir, por un periodo de 4 años, 2 meses y 21 días, lo cual se plantea como una privación injusta de la libertad.Medio de control de Reparación Directa Radicado número: 27001333300320200022701 Y

27001333300120210001401

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EXPEDIENTE RADICADO N° 27001333300120210001401

Pretensiones

15. En el presente asunto los demandantes pretenden que se declare administrativamente responsable a la Nación, a través de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial, por los daños y perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad del señor Franklin Córdoba Santos, quien permaneció recluido en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Quibdó, cono cido como cárcel Anayancy, desde el 1 de abril de 2014 hasta el 21 de julio de 2019, fecha en que obtuvo la libertad por vencimiento de términos.

16. Como consecuencia de dicha declaratoria, se solicita la indemnización de los siguientes

perjuicios:

17. En primer lugar, los perjuicios morales subjetivos ocasionados tanto a la víctima directa como a su núcleo familiar y parientes cercanos. Se estima en la suma de mil ciento quince salarios mínimos mensuales legales vigentes (1.115 s.l.m.v.), así:

• 100 SMLMV: Enna Santos Quejada, en calidad de madre.

• 25 SMLMV: Kendy Johana García Córdoba y Denny Yeleisa García Córdoba, en calidad de sobrinos; Manuel Quejada Santos, Yarlinton Córdoba Palacios, Jacson

• 25 SMLMV: Kendy Johana García Córdoba y Denny Yeleisa García Córdoba, en calidad de sobrinos; Manuel Quejada Santos, Yarlinton Córdoba Palacios, Jacson

Córdoba Palacios, Jhon Antonio Córdoba Ramírez, Jhon A lexander Córdoba Córdoba, Jhoney Mena Córdoba, Yair Mena Quejada, Elvin Ibargüen Quejada, Yeider Alexander Mena Quejada,Carlos Andrés Mena Quejada, Nilza Rubiela Quejada Córdoba, Ana María Córdoba Córdoba, María Leonor Córdoba Mena, Doris Yohana Mosquera C órdoba, Yassira Córdoba Córdoba, Yorleidy Mena Córdoba, Doris María Mena Córdoba, Carmen Rubiela Mena Córdoba, José Ángel Mena Córdoba, Zuanny Córdoba Mena, Norlin Zulay Córdoba Mena, Yenifer Mena Santos, Nelis Jhoana Mena Santos, Mirian Belén Chaverra San tos, Ángela Ofir Quejada Santos, Keliza Ibargüen Quejada, Yarlin Ibargüen Quejada, Esteban Ibargüen Quejada, Yesica Ibargüen Quejada, Heydy Mena Quejada, Ángela Ofir Mena Quejada, Jeydy Jhoana Mena y Letty Lorena Orejuela Mena, en calidad de primos; Ramona Córdoba Mena y Ángela Ofir Mena Quejada, en calidad de tías.

• 35 SMLMV: Santiago Palacios Córdoba, Frailer Smith Córdoba Valencia y Samuel Mosquera Córdoba, en calidad de sobrinos; Luz Cecilia Santos Quejada, en calidad de tía.

• 35 SMLMV: Santiago Palacios Córdoba, Frailer Smith Córdoba Valencia y Samuel Mosquera Córdoba, en calidad de sobrinos; Luz Cecilia Santos Quejada, en calidad de tía.

18. En segundo lugar, se s olicitan perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, correspondientes a los pagos efectuados por el señor Franklin Córdoba Santos en el marco de su defensa penal. Estos comprenden los honorarios cancelados a los abogados José Israel Martínez Lemos por $30.000.000 y Amador Valderrama Copete por $40.000.000. Así mismo, se incluyen los honorarios pactados con el profesional que interpuso la presente demanda de reparación directa, a quien se abonó la suma de $15.000.000 como parte del 30% convenido sobre el resultado del proceso.

19. En total, los daños materiales se estiman en $70.000.000 por concepto de honorarios ya cancelados, más $622.170.000 correspondientes al 30% de lo que deberá cubrirse por el proceso, lo que arroja un valor total de $692.170.000.

20. En cuanto al perjuicio por vida de relación y alteración de las condiciones de existencia, se expone que el señor Franklin Córdoba Santos y su familia padecieron el estigma social generado por la detención, lo que produjo rechazo, marginación y un graveMedio de control de Reparación Directa Radicado número: 27001333300320200022701 Y

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impacto en sus vínculos sociales y afectivos. El presente perjuicio se estima en la suma de 1.115 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de la siguiente manera:

• 100 SMLMV: Enna Santos Quejada, en calidad de madre.

• 25 SMLMV: Kendy Johana García Córdoba, Denny Yeleisa García Córdoba y Yenir Mena Santos, en calidad de sobrinos; Jhorleidy García Córdoba, Nilza Rubiela Quejada Córdoba, Ana María Córdoba Córdoba, María Leonor Córdoba Mena, Doris

Yohana Mosquera Córdoba, Yassira C órdoba Córdoba, Yorleidy Mena Córdoba, Doris María Mena Córdoba, Carmen Rubiela Mena Córdoba, Zuanny Córdoba Mena, Norlin Zulay Córdoba Mena, Ángela Ofir Quejada Santos, Heydy Mena Quejada, Jeydy Jhoana Mena, Letty Lorena Orejuela Mena, Mirian Belén Chaverra Santos y Nelis Jhoana Mena Santos, Manuel Quejada Santos, Jarlinton Córdoba Palacios, Jacson Córdoba Palacios, Jhon Antonio Córdoba Ramírez, Jhon

Santos y Nelis Jhoana Mena Santos, Manuel Quejada Santos, Jarlinton Córdoba Palacios, Jacson Córdoba Palacios, Jhon Antonio Córdoba Ramírez, Jhon Alexander Córdoba Córdoba, Jhoney Mena Córdoba, José Ángel Mena Córdoba, Yair Mena Quejada, Elvin Ibargüen Quejada, Yeider Alexander Mena Quejada, Carlos Andrés Mena Quejada y Esteban Ibargüen Quejada, en calidad de primos; Keliza Ibargüen Quejada, Yarlin Ibargüen Quejada y Yesica Ibargüen Quejada, en calidad de primos; Ramona Córdoba Mena y Ángela Ofir Mena Quejada, en calidad de tías.

• 35 SMLMV: Santiago Palacios Córdoba, Frailer Smith Córdoba Valencia y Samuel Mosquera Córdoba, en calidad de sobrinos; Luz Cecilia Santos Quejada, en calidad de tía.

Hechos

21. En la demanda se relataron como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones, los que a continuación se sintetizan:

22. El señor Franklin Córdoba Mena fue capturado el 1 de abril de 2014 y al día siguiente se legalizó la captura, se formuló imputación y se le impuso medida de aseguramiento intramural por el presunto delito de concusión. La defensa se opuso al considerar que no existía flagrancia ni pruebas que justificaran la medida, razón por la cual la privación de la libertad resultaba arbitraria. Posteriormente, el 26 de mayo de 2014 la Fiscalía radicó escrito de acusación, celebrándose la audiencia correspondiente el 5 de noviembre de ese mismo

libertad resultaba arbitraria. Posteriormente, el 26 de mayo de 2014 la Fiscalía radicó escrito de acusación, celebrándose la audiencia correspondiente el 5 de noviembre de ese mismo año y, seguidamente, el 1 de diciembre se llevó a cabo la audiencia preparatoria. El juicio oral fue programado para el 7 de diciembre de 2018, pe ro antes de su inicio la Fiscalía solicitó declarar la incompetencia del despacho, con fundamento en un pronunciamiento de la Corte Suprema que señaló que los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública debían ser conocidos por la jurisdicción penal militar.

23. En atención a ello, mediante Auto Interlocutorio No. 040 del 7 de diciembre de 2018, el juez de conocimiento se declaró incompetente y ordenó remitir lo actuado al Juzgado Penal Militar de Quibdó, el cual recibió el expediente el 11 de diciembre del mismo año.

Posteriormente, mediante Resolución No. 045 del 11 de enero de 2019, el Juzgado 165 de Instrucción Penal Militar decidió abstenerse de abrir investigación y dispuso l archivo de las diligencias por falta de pruebas, decisión que fue notificada el 15 de enero de 2019. Como consecuencia, el señor Córdoba Mena estuvo privado de la libertad en el centro penitenciario Anayancy de Quibdó desde el 1 de abril de 2014 hasta el 21 de julio de 2018, es decir, por un periodo de 4 años, 2 meses y 21 días, lo cual se plantea como una privación injusta de la libertad.Medio de control de Reparación Directa Radicado número: 27001333300320200022701 Y 27001333300120210001401

injusta de la libertad.Medio de control de Reparación Directa Radicado número: 27001333300320200022701 Y 27001333300120210001401

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Contestación de la demanda

24. La entidad demandada NACIÓN – RAMA JUDICIAL al ejercer su derecho de defensa y contradicción, sostuvo que, de acuerdo con las pruebas documentales aportadas, se observa que el Juzgado 001 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías impartió legalidad a la captura e impuso medida de aseguramiento, con fundamento en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmen te obtenida que exhibió la Fiscalía, en audiencia preliminar.

25. Asimismo, indicó que, satisfechos los requisitos del artículo 308, la detención preventiva procede en los casos en que la pena prevista es igual o superior a cuatro (4) años. Por tal razón, conforme al delito imputado, en ese momento procesal se cumplían los requisitos para imponer la medida, de modo que su adopción se ajustaba a lo establecido en las normas vigentes para la época de los hechos.

26. En virtud de lo anterior, dicha entidad propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia del nexo causal, culpa exclusiva de la víctima o hecho de

normas vigentes para la época de los hechos.

26. En virtud de lo anterior, dicha entidad propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia del nexo causal, culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero e innominada

27. Por su parte, la entidad demandada FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, contestó la demanda oponiéndose a las súplicas de esta, argumentando que la conducta del señor Franklin Córdoba Santos resultaba reprochable y, por tanto, requería investigación penal, dado que con su actuar vulneró preceptos jurídicos, especialmente los contenidos en el ordenamiento penal. En consecuencia, precisó que le correspondía cumplir con el deber de realizar la investigación penal, a fin de evitar que el delito consumado quedara impune.

28. Considera que el actuar de la Fiscalía estuvo ajustado a derecho y fue conforme a las obligaciones y funciones establecidas en el artículo 250 de la Carta Política, así como a las disposiciones legales aplicables, entre ellas, el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, y a las normas sustanciales y procedimentales penales vigentes para la época de los hechos. Además, indicó que en este caso se debe declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que, la decisión de imponer una medida de aseguramiento es una facultad jurisdiccional atribuida a los jueces de control de garantía.

29. Adicionalmente, propuso las excepciones de ausencia del daño antijuridico e imputabilidad de este a la fiscalía general de la nación, inexistencia del nexo de causalidad, cumplimiento de un deber legal, culpa exclusiva de la víctima y genérica.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

imputabilidad de este a la fiscalía general de la nación, inexistencia del nexo de causalidad, cumplimiento de un deber legal, culpa exclusiva de la víctima y genérica.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

30. El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó fundamentó la decisión de conceder parcialmente las pretensiones de la demanda argumentando que la privación de la libertad del señor FRANKLIN CÓRDOBA SANTOS, derivada de un proceso penal posteriormente remitido a la Justicia Penal Militar, resultó injusta, pues el Juzgado 165 de Instrucción Penal Militar ordenó abstenerse de aperturar investigación penal al considerar atípica la conducta por ausencia de elementos objetivos del tipo penal. En ese orden, indicó que el procesado recuperó su libertad por vencimiento de términos antes de la decisión absolutoria, por lo que dicha privación no era jurídicamente exigible para él ni para sus familiares.

31. Asimismo, indicó que la captura del señor Córdoba Santos se realizó en flagrancia por agentes de la SIJIN y que, dada la excepcionalidad de la situación, correspondía un control judicial más riguroso, tal como lo exige la ley y ha señalado la Corte Supre ma de Justicia respecto de los capturados en flagrancia.Medio de control de Reparación Directa Radicado número: 27001333300320200022701 Y

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32. Finalmente, precisó que, según el auto No. 045 -2018 del Juzgado 165 de Instrucción Penal Militar, la Fiscalía no logró demostrar que los patrulleros hayan exigido dinero al señor Henry Alberto Rodríguez Quiroz; además, las imágenes de las cámaras de vigila ncia no evidenciaban con claridad los hechos y las declaraciones de la víctima carecían de validez debido al vicio de su consentimiento. Por lo tanto, concluyó que el actor estuvo privado injustamente de su libertad en establecimiento penitenciario y carcelario por un término de 3 años, 3 meses, y 20 días.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

33. La parte demandada Nación – Rama Judicial, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, argumentando que el hecho de que exista una sentencia absolutoria o, como ocurrió en el presente caso, que se archivara la diligencia bajo la competencia de la Justicia Penal Militar, no implica que la medida de aseguramiento decretada por el juez de control de garantías haya sido injusta, ilegal o desproporc ionada.

En este sentido, la desvinculación penal o la absolución definitiva del acusado no son, por sí solas, suficientes para establecer la responsabilidad del Estado.

decretada por el juez de control de garantías haya sido injusta, ilegal o desproporc ionada. En este sentido, la desvinculación penal o la absolución definitiva del acusado no son, por sí solas, suficientes para establecer la responsabilidad del Estado.

34. Asimismo, sostuvo que el juzgador de primera instancia no realizó un estudio profundo sobre la entidad a la que pertenecen los agentes del Estado que supuestamente ocasionaron el daño, desconociendo la estructura de la Fiscalía General de la Nación, de la cual dependen los servidores de la Sijín, quienes, según las declaraciones del denunciante en el proceso penal, presuntamente lo habrían persuadido para realizar la falsa denuncia, por lo que, a su juicio, se configura en este caso la falta de legitimación en la causa por pasiva. Añadió que las actuaciones desplegadas fueron proporcionales y ajustadas a derecho, y que el fallo de primera instancia desconoce el alcance funcional de los jueces de control de garantías.

35. También cuestionó la condena en costas impuesta en la sentencia apelada, solicitando su revocatoria. Alegó que no se demostró la existencia de mala fe o temeridad por parte del funcionario, conforme a lo establecido en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Actuaciones en segunda instancia

36. Mediante auto interlocutorio No. 0712 del 5 de agosto de 2024, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada-Nación Rama Judicial contra la sentencia de primera instancia y se ordenaron las notificaciones de rigor.

37. Posteriormente, el Ministerio Público presentó su concepto sobre el fondo del asunto de

la siguiente manera:

apelación interpuesto por la parte demandada-Nación Rama Judicial contra la sentencia de primera instancia y se ordenaron las notificaciones de rigor.

37. Posteriormente, el Ministerio Público presentó su concepto sobre el fondo del asunto de

la siguiente manera:

“(…) Otras posturas aducen que no basta con acreditar simplemente la existencia de la p rivación de la libertad y de la ausencia de una condena, para obtener la reparación de perjuicios, sino que se requiere de un análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención, para predicar si realmente se está f rente o no al denominado daño antijurídico, siendo esta última sobre la que se inclina la jurisprudencia actualmente.

(…)

Aterrizando en el caso que nos ocupa tenemos someramente y sin mayores elementos de juicio, que la medida de aseguramiento se solicitó y se impuso fundamentada en la denuncia interpuesta en contra del señor FRANKLIN CORDOBA SANTOS, por la presunta co