TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2021-00225-01 (24-06-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia No. 86

RADICACIÓN 27001333300320210022501

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: CLEOFE ISABEL MOSQUERA CORDOBA

DEMANDADO:

MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

REFERENCIA:

APELACIÓN SENTENCIA

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA.

Decide la Sala el recurso de apelación in terpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la Sentencia No. 114 del 18 de marzo de 2024 , proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , dentro del proceso promovido por la señora CLEOFE ISABEL MOSQUERA CORDOBA , contra el MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO , a través de la cual se accedió a las súplicas de la demanda.

1. SITUACIÓN FÁCTICA.

La parte demandante expone como hechos los siguientes:

“PRIMERO: Que mediante Decreto No 006 del día 04 de enero de 2016, la señora CLEOFE ISABEL MOSQUERA CORDOBA, mayor de edad identificada con la cedula de ciudadanía No 26.274.810 de Quibdó, fue nombrada en el cargo de Gestora Cultural Código 367 Grado 004 del municipio Cantón del San Pablo, del cual tomó posesión acta de N° 005 el día 04 de

No 26.274.810 de Quibdó, fue nombrada en el cargo de Gestora Cultural Código 367 Grado 004 del municipio Cantón del San Pablo, del cual tomó posesión acta de N° 005 el día 04 de enero de 2016.

SEGUNDO: Que mediante Decreto No 0041 del día 01 de abril de 2019, la señora CLEOFE ISABEL MOSQUERA CORDOBA, mayor de edad identificada con la cedula de ciudadanía No 26.274.810 de Quibdó, fue nombrada en el cargo técnico administrativoGestora Cultural Código 367 Grado 004 adscrito a la secretaria de inclusión social del municipio Cantón del San Pablo, del cual tomó posesión el día 01 de abril del año 2019.

TERCERO: Que una vez se posesionó el nuevo Alcalde municipal del Cantón del San Pablo, lo primero que hizo fue hacer una reunión con las personas que no lo habían apoyado, a los cuales les dijo que renunciaran o los echaba; varios de ellos renunciaron; pero mi cl iente y otros no lo hicieron, por lo que se inició un acoso laboral por parte del Alcalde y otros funcionarios de la administración en contra de mi cliente y otros funcionarios de manera verbal y por las redes sociales.

CUARTO: Que ante esta situación de acoso laboral los afectados entre ellos mi clienta, formularon queja por acoso laboral ante la Procuraduría Regional del Chocó y la Defensoría del Pueblo, entidades que no tomaron ninguna medida para proteger a los afectados, pues laRADICACIÓN: 27001333300320210022501

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DEMANDANTE: CLEOFE ISABEL MOSQUERA CORDOBA

DEMANDADO: MUNICIPIO CANTON DE SAN PABLO

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Procuraduría remitió la queja al Comité de Convivencia Laboral del Municipio Cantón del San Pablo, el cual no existe.

QUINTO: Que por último la administración Municipal del Cantón del San Pablo, mediante resolución No 0195 del 12 de mayo de 2021, rev ocó de manera directa el nombramiento de mi poderdante como Gestora Cultural, bajo argumentos falsos; entre ellos que no cumplía con el horario laboral establecido por la entidad y la falta de formación para encarar situaciones que requiere la entidad.

SEXTO: Que contra el precitado acto administrativo el día 21 de mayo del año 2021, se interpuso recurso de reposición por parte de mi representada y solo hasta el día 03 de agosto del año 2021 se pronunció la administración municipal del cantón de san pablo confirmado la Resolución No 0195 del 12 de mayo del año 2021 mediante la cual se declaró insubsistente a mi representada del cargo que venía desempeñando.

SEPTIMO: Que el último salario devengado por mi cliente, fue la suma de un millón cuatro cientos ochenta y siete mil trescientos catorce pesos mc/te ($1.487.314).

OCTAVO: Que el día 06 de septiembre del año 2021 se llevó a cabo audiencia de conciliación

cientos ochenta y siete mil trescientos catorce pesos mc/te ($1.487.314).

OCTAVO: Que el día 06 de septiembre del año 2021 se llevó a cabo audiencia de conciliación prejudicial en la cual no se llegó a un acuerdo conciliatorio y con ello se agotó el requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción administrativa”.

2. PRETENSIONES.

Teniendo en cuenta los supuestos facticos, la parte actora solicita:

“PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No 0195 del 12 de mayo de 2021), notificada personalmente el dia 12 de mayo de 2021. mediante la cual, de manera ilegal se declaró insubsistente el nombramiento de mi cliente en el cargo de Gestora Cultural de dicho municipio.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene el reintegro de la demandante y el consecuente reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir por la demandante hasta que se produzca el reintegro. Valores q ue se deben actualizar al momento del pago.

TERCERA: Que se les condene en costa y a agencias en derecho a la parte demandada”.

3. TRÁMITE PROCESAL.

La demanda fue admitida por el juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante auto interlocutorio N° 1394 del 12 de octubre de 2021 y se ordenó notificar a las partes y al señor Agente del Ministerio Publico, como en derecho corresponde.

La entidad demandada MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO , contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma, sustentado en las siguientes

consideraciones:

corresponde.

La entidad demandada MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO , contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma, sustentado en las siguientes

consideraciones:

“(…) Su señoría ante las normatividades, que regula las Causales de retiro del servidor, contempladas en la Ley 909 de 2004 y Decreto único Reglamentario 1083 de 2015, y los incumplimientos a las labores y manual de Funciones de la Alcaldía del CANTON DE SAN PABLO, a través de la señora, CLEOFE ISABEL MOSQUERA CORDOBA, estas fueron suficientes para decretarle la insubsistencia del cargo, ya que primó el interés general ante el particular de la Administración Pública, de mejorar la prestación del servicio, designando una funcionaria con el cual se lograra más compromiso con la Administración y los servicios que se prestan a la comunidad, debido al bajo desempeño que había tenido la seño ra, CLEOFE ISABEL MOSQUERA CORDOBA, por ello su señoría dicho Acto de insubsistencia no estáRADICACIÓN: 27001333300320210022501

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soportado en FALSA MOT IVACIÓN, ACOSO LABORAL, VIOLACIÓ N AL DEBIDO

PROCESO. (…)”

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soportado en FALSA MOT IVACIÓN, ACOSO LABORAL, VIOLACIÓ N AL DEBIDO

PROCESO. (…)”

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

La sentencia No. 114 del 18 de marzo de 2024 , proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, accedió a las súplicas de la demanda.

Para tomar esa decisión, el a quo argumentó:

“(…) Al analizar la hoja de vida de la señora CLEOFE ISABEL MOSQUERA CORDOBA, encuentra el Despacho que, contrario a lo manifestado en el acto administrativo demandado, el actor sí cumplía con los requisitos establecidos en el manual de funciones de la entidad territorial demandada para ejercer el cargo de Técnico Administrativo, Código 367, Grado 003 adscrito a la Secretaria de Inclusión Social del Municipio de el Cantón de San Pablo, pues el demandante es Bachiller académico desde 1998 (fol. 48) y contaba con una experiencia laboral mayor a 12 meses, puesto que conforme a la certificación del Secretario General y de Gobierno el señor Víctor Palacios Copete, desempeño el cargo de Gestora Cultural desde el 4 de enero de 2016 hasta el 1 de octubre de 2018. (fol. 55) Según se extrae del acto administrativo acusado, la entidad demandada decidió retir ar del servicio a la señora CLEOFE ISABEL MOSQUERA CORDOBA, bajo tres razones: la primera los múltiples inconvenientes que ha presentado la funcionaria para el normal cumplimiento de las funciones asignados, segundo, el cual refleja la falta de formación para encarar situaciones

los múltiples inconvenientes que ha presentado la funcionaria para el normal cumplimiento de las funciones asignados, segundo, el cual refleja la falta de formación para encarar situaciones que requiere la entidad y tercero porque no cuenta con el suficiente compromiso para encarar situaciones administrativas. Luego es claro, que la decisión de la Administración Municipal de declarar insubsistente el nombramiento de l a señora CLEOFE ISABEL MOSQUERA CORDOBA como Técnica administrativa Gestora Cultural, Código 367, Grado 003 adscrito a la Secretaria de Inclusión Social, está viciada de nulidad por falsa motivación, pues se reitera, la parte actora cumplía con el lleno de los requisitos para desempeñar el cargo de Gestora Cultural, para el que había sido nombrado en el año 2019. En ese orden de ideas, y por haber quedado desvirtuada la presunción de legalidad de que gozaba el acto administrativo demandado, el Despacho se relevará de efectuar el estudio de las demás pretensiones de nulidad planteados en la demanda. Así las cosas, se declarará la nulidad de la resolución No. 0195 del 12 de mayo de 2021, que declaró insubsistente el nombramiento de la señora CLEOFE ISABEL MO SQUERA CORDOBA como técnica Administrativa -Gestora Cultural, código 367, grado 003, adscrita a la Secretaria de inclusión social. Como consecuencia de la nulidad del acto administrativo demandado y que se declarará en la parte resolutiva de esta providencia, se ordenará el reintegro de la señora CLEOFE ISABEL MOSQUERA CORDOBA sin solución de continuidad y en las mismas condiciones que se

la parte resolutiva de esta providencia, se ordenará el reintegro de la señora CLEOFE ISABEL MOSQUERA CORDOBA sin solución de continuidad y en las mismas condiciones que se encontraba al momento del retiro, esto es, en provisionalidad, al cargo que ocupaba o a otro igual o de superior categor ía, el cual, de conformidad con lo previsto en el Parágrafo Transitorio del artículo 8º del Decreto 1227 de 2005, no podrá exceder de seis (6) meses, con la posibilidad de prórroga en los términos señalados en la misma disposición; siempre que el mismo no haya sido provisto mediante concurso o suprimido, o el servidor no haya llegado a la edad de retiro forzoso.. (…)”.

Y luego resolvió:

“PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad de la Resolución N° 0195 del 12 de mayo del 2021, que declaró insubsistente el nombramiento provisional de la señora CLEOFE ISABEL MOSQUERA CORDOBA en el cargo de técnica Administrativa, código 367, grado 003,RADICACIÓN: 27001333300320210022501

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adscrita a la Secretaria de inclusión social del MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

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adscrita a la Secretaria de inclusión social del MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNESE al MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO , reintegrar a la señora CLEOFE ISABEL MOSQUERA COR DOBA, identificado con la C.C. No. 26.274.810, sin solución de continuidad para todos los efectos legales y en condición de provisionalidad, al mismo cargo que ocupaba al momento del retiro del servicio o a uno similar o equivalente, siempre y cuando el me ncionado empleo se encuentre vacante, por no haberse provisto mediante el sistema de concurso de méritos, o

haya sido provisto con personal de carrera en virtud de traslado u otra situación administrativa o no haya sido suprimido de la planta de cargos de la entidad y atendiendo las precisiones efectuadas en la parte motiva de este proveído TERCERO: CONDÉNASE al MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO , a pagarle a la señora CLEOFE ISABEL MOSQUERA CORDOBA, identificado con la C.C. No. 26.274.810, a título de indemnización los sueldos, prestaciones sociales, emolumentos y demás haberes dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, éste haya recibido y lo correspondiente a los aportes a seguridad social, sin que la suma a cancelar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de

recibido y lo correspondiente a los aportes a seguridad social, sin que la suma a cancelar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario, conforme lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: Sin costas.

QUINTO: La entidad demandada dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 192 y 195 del C.P.A.C.A. Para su cumplimiento, expídase copia auténtica de la sentencia, con constancia de ejecutoria a las partes; conforme a lo dispuesto en los artículos 192 y siguientes del C.P.A.C.A., artículos 114 y 115 del C.G.P y artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de

1995.

SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase a la parte interesada los excedentes de los gastos ordinarios del proceso si a ello hubiere lugar, termínese el proceso, cancélese su radicación y archívese el expediente, previo las anotaciones de rigor”.

5. RECURSOS DE APELACIÓN.

Dentro del término legal, la parte demandada interpuso recurso de apelación, manifestando su inconformidad con la decisión adoptada en primera instancia, en la que se accedió a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, argumenta que, conforme a lo señalado en la parte motiva de la Resolución No. 0195 del 12 de mayo de 2021, se decidió retirar del servicio a la señora Cleofe Isabel Mosquera Córdoba con base en tres razones: (i) los múltiples inconvenientes presentados por la funcionaria para el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas, (ii) la falta de formación para afrontar situaciones que requiere la entidad, y (iii) la carencia de

con base en tres razones: (i) los múltiples inconvenientes presentados por la funcionaria para el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas, (ii) la falta de formación para afrontar situaciones que requiere la entidad, y (iii) la carencia de compromiso suficiente para abordar situaciones administrativas.

Adicionalmente, aduce que, al realizar el análisis de estas razones, el A Quo se limitó a efectuar una comparación entre el manual de competencias laborales y la hoja de vida de la actora, concluyendo que la decisión contenida en el acto administrativo demandado estaba viciada de nulidad. En criterio d e la parte apelante, este enfoque desvió el análisis del problema, pues en el acto administrativo no se afirmó que la funcionaria no cumpliera con los requisitos para ejercer el cargo, sino que carecía de la destreza necesaria para un desempeño laboral efi ciente. En ese sentido, sostiene que la decisión de la administración respondió al propósito de mejorar el servicio, por tanto, solicita se revoque la decisión de primera instancia y se nieguen las pretensi9ones de la demanda.RADICACIÓN: 27001333300320210022501

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6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

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6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Con auto interlocutorio N°1026 del 10 de julio de 2024, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, en contra de la sentencia N° 114 del 18 de marzo de 2024, y se ordena notificar al Ministerio Público y a las partes procesales, conforme al artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

7. CONSIDERACIONES

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear lo siguiente:

8. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es competente el Tribunal Administrativo de Chocó para resolver el recurso de alzada interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de primera instancia, proferid a por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó.

9. CUESTIÓN PREVIA.

Precisado lo anterior, pasa la Sala, a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, recordando, los límites que impone la

Precisado lo anterior, pasa la Sala, a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, recordando, los límites que impone la apelación al juez de segunda instancia, en tanto el ad quem solo está autorizado para pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos puntualmente al fallo, sin que pueda inmiscuirse en tópicos que no fueron debatidos por el recurrente, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado2.

Así las cosas, para esta Sala, es claro que el límite al juez de segunda instancia está circunscrito a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al juez de segunda instancia estudiar asuntos de la providencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda. ”

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS

ALBERTO ZAMB RANO BARRERA ; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-0000801(39160), Actor: Ana Gregoria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Referencia: Acción de Reparación Directa.

-Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCÓN; sentencia de julio de 2016, Radicación número: 17001-23-31-000-2002-01526-01(37533), Actor: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, Referencia: Acción de Reparación Directa.

-Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA ; sentencia de 14 de juli o de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-0216701(41482), Actor: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Referencia: Acción De Reparación Directa.RADICACIÓN: 27001333300320210022501

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(en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado3, al indicar:

“Con todo, la presencia en el caso de derechos fundamentales y de principios axiales del orden constitucional que pueden resultar afectados por la medida controlada exige a este Juez ocuparse también del cargo de desconocimiento de normas superiores, planteado por el demandante en el escrito introductorio del proceso, pero no estudiado por el a quo ni señalado por el apelante único dentro de sus razones de disconformidad. Aun cuando ello supone apartarse de los límites que de forma tradicional enmarcan la competencia del fallador de segunda instancia, habitualmente restringida a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por quien impugna, tal concepción de la intervención del ad quem resulta i naplicable en el presente caso. Por la relevancia jurídico constitucional del debate que se surte, limitar el estudio del sub-lite al solo planteamiento de la apelación para centrarse exclusivamente en el estudio de la competencia del Concejo Distrital par a expedir el acto demandado comprometería la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución. Por lo tanto, es una opción que, aunque legítima en la mayoría de los casos, en la presente resulta incompatible con la eficacia y supremacía constitucional. En últimas, “el texto constitucional ha de hacerse valer y prevalece sobre la preservación de normas de rango inferior. La función de la Constitución

eficacia y supremacía constitucional. En últimas, “el texto constitucional ha de hacerse valer y prevalece sobre la preservación de normas de rango inferior. La función de la Constitución como determinante del contenido de las leyes o de cualquier otra norma jurídica, impone la consecuencia lógica de que la legislación ordinaria u otra norma jurídica de carácter general no puede de manera alguna modificar los preceptos constitucionales, pues la defensa de la Constitución resulta más importante que aquellas que no tienen la misma categoría”4.

Con base en este razonamiento la Corte Constitucional declaró exequible de forma condicionada el numeral 4.º del artículo 137 del CCA, que exige como requisito para la presentación de las demandas de nulidad ante esta jurisdicción la formulación del concep to de la violación de la legalidad por el acto atacado, pese a tratarse de un derecho político reconocido a todo ciudadano. Ciertamente, en la sentencia C-197 de 1999 dicha Corporación resolvió “[d]declarar exequible el aparte demandado del numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la dem anda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución”.

Por considerar que se trata de un principio aplicable mutatis mutandi al caso bajo revisión en aras de asegurar la eficacia y supremacía de la Constitución, la Sala entiende que, pese a no

4 de la Constitución”.

Por considerar que se trata de un principio aplicable mutatis mutandi al caso bajo revisión en aras de asegurar la eficacia y supremacía de la Constitución, la Sala entiende que, pese a no haber sido planteado en la impugnación del apelante único, corresponde estudiar el cargo de desconocimiento de normas superiores expuesto por el actor en su demanda. Máxime cuando, como se verá líneas abajo, el razonamiento del Tribunal con respecto a la falta de competencia del Concejo Distrital fue equivocado, lo que arroja como resultado que al caerse

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 -23-24-000-2007-90177-01, Actor: Alexander Méndez Mendoza, Demandado: Concejo De Bogotá D.C, Referencia: Medio de con trol de Nulidad simple

Y ver sentencia de unificación:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Consejero Ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH, San Antonio, Tolima, sentencia del 6 abril de 2018, Radicación Núm ero: 05001 -23-31-000-2001-0306801(46005), Actor: Darío de Jesús Santamaría Lora y otros, demandado: Nación -Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Referencia: acción de reparación directa - sentencia de unificación.

De igual forma, mirar sentencias de la Corte Suprema de Justicia;

Referencia: acción de reparación directa - sentencia de unificación.

De igual forma, mirar sentencias de la Corte Suprema de Justicia;

Sentencia del 31 de marzo de 2022, SC 482-2022, Radicación N.° 11001-31-03-018-2010-00212-01; Magistrado Ponente Álvaro Fernando García Restrepo. Sentencia del 13 de julio de 2020, SC 2222-2020, Radicación N.° 11001-31-10-002-2010-01409-01; Magistrado Ponente Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

4 Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1995.RADICACIÓN: 27001333300320210022501

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el fundamento del fallo de primera instancia el cargo de vulneración de normas superiores quedaría sin ser estudiado; situación contraria al derecho de tutela judicial efectiva consagrado por el artículo 229 de la C onstitución y a la efectividad del derecho político a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley, proclamado por el artículo 40.6 de la Carta. La reversión del fundamento del único cargo examinado por el a quo comporta, entonces, para la Sala, la obligación de estudiar el reproche que no fue analizado por el fallo apelado”.

40.6 de la Carta. La reversión del fundamento del único cargo examinado por el a quo comporta, entonces, para la Sala, la obligación de estudiar el reproche que no fue analizado por el fallo apelado”.

Por lo anterior, esta Sala se permite precisar que del escrito de apelación, ni del estudio sistemático del expediente se evidencia, que en el sub examine se esté en presencia de la nueva regla de excepción a los límites de la segunda instancia, para revocar o modificar las providencias de primera instancia, es decir, en este caso, la Sala no advierte ningún tipo de violación a los derechos fundamentales de las partes, por el contrario, en el trámite de este proceso, se han respetado las reglas propias del juicio (derecho de defensa y contradicción) incluso se le ha dado a las parte la oportunidad de recurrir; por lo que esta Sala tan solo estudiará los reproches que de manera puntual realizó la parte demanda da a la sentencia de primera instancia, de todas formas, si la Sala estima necesario realizar algún pronunciamiento en aras de efectivizar los derechos fundamentales del proceso, lo hará.

10. PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde a la Sala determinar la legalidad o no de la Resolución No. 0195 del 12 de mayo de 2021 por medio del cual el Municipio de El Cantón del San Pablo declaró insubsistente a la señora Ceofle Isabel Mosquera Córdoba del cargo de Técnico Administrativa código 367, Grado 03 del área funcional de Gestión cultural.

También deberá establecerse, si como consecuencia de la nulidad deprecada y a título de restablecimiento del derecho, debe ordenársele al Municipio de El Cantón de San Pablo el

Administrativa código 367, Grado 03 del área funcional de Gestión cultural.

También deberá establecerse, si como consecuencia de la nulidad deprecada y a título de restablecimiento del derecho, debe ordenársele al Municipio de El Cantón de San Pablo el reintegro de la señora Ceofle Isabel Mosquera Córdoba y el pago de los salarios y prestaciones sociales causadas y dejadas de percibir desde su retiro hasta cuando se produzca su reintegro tal y como lo dispuso el a quo , o si por el contrario los actos administrativos demandados se encuentran ajustados a derecho y por ello, deben negarse las súplicas de la demanda?.

En el presente asunto, la Sala abordará el análisis de caso de la siguiente manera: i) Marco normativo aplicable a la carrera administrativa y al régimen de los nombramientos en provisionalidad; ii) Motivación de los actos administrativos que disponen la desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad; iii) causales de nulidad de los actos administrativos; y iv) análisis del caso concreto.

11. EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y

AL RÉGIMEN DE LOS NOMBRAMIENTOS EN PROVISIONALIDAD

La Constitución Política en su artículo 125 dispuso la naturaleza de los empleos públicos y su forma de provisión, así:

«ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la

carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre n