TA CHO - Sentencia 27001-33-33-006-2024-00062-01 (20-10-2025)

Sentencia N/R 2da instancia Radicado No. 27001333300620240006201

MARÍA EUGENIA AGUALIMPIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA TERCERA DE DECISIÓN

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Quibdó, veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 156

RADICADO: 27001333300620240006201

DEMANDANTE: MARÍA EUGENIA AGUALIMPIA

DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES “COLPENSIONES”

MEDIO DE CONTROL:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

TEMA:

RELIQUIDACIÓN DE PENSION DE VEJEZ (ACUERDO 049 DE 1990)

MAGISTRADA PONENTE:

DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

Temas: RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE VEJEZ – Es procedente la a plicación del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990 para establecer una tasa de reemplazo del 90% cuando se cumplen los requisitos de edad y semanas exigidos en dicho régimen/ RÉGIMEN DE TRANSICIÓN – El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005 permiten conservar edad, tiempo y monto del

en dicho régimen/ RÉGIMEN DE TRANSICIÓN – El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005 permiten conservar edad, tiempo y monto del régimen anterior sí al 1° de abril de 1994 la afiliada tenía 35 o más años de edad o 15 o más años de servicios cotizados/ ACUMULACIÓN DE TIEMPOS – La Jurisprudencia constitucional admite sumar semanas cotizadas al ISS con tiempo laborado o cotizado a cajas y fondos de previ sión social del sector público, aun cuando no existan aportes directos al ISS antes de la Ley 100 de 1993/ APLICACIÓN DEL ACUERDO 049 DE 1990 – Procede frente a beneficiarios del régimen de transición que cumplen los requisitos de edad y semanas, aun cuand o no registren cotizaciones previas al ISS antes de la Ley 100 de 1993 – En el presente asunto, se acreditó que la demandante cumplía los requisitos y que este régimen resultaba más favorable que el aplicado inicialmente por el fondo de pensiones.

1. Procede la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 19 de agosto de 2025 , a través de la cual el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Quibdó concedió parcialmente las súplicas de la demanda.

2. La controversia versa sobre la nulidad del acto administrativo a través del cual Colpensiones reliquidó la pensión de vejez de la señora María Eugenia Agualimpia.

Como restablecimiento del derecho, se pretende la reliquidación pensional con inclusión de todo el tiempo de servicio prestado , de conformidad con el Acuerdo

Colpensiones reliquidó la pensión de vejez de la señora María Eugenia Agualimpia. Como restablecimiento del derecho, se pretende la reliquidación pensional con inclusión de todo el tiempo de servicio prestado , de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, regulado por el Decreto 758 del mismo año.

I. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

3. Mediante Sentencia de fecha 19 de agosto de 2025 , el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , resolvió, entre otros , (i) declarar no probadas las excepciones propuestas por la entidad demanda da, (ii) declarar la nulidad parcial de la Resolución No. SUB 98855 del 13 de abril de 2018, mediante la cual se reconoció una pensión de vejez a la señora María Eugenia Agualimpia,

(iii) ordenar a Colpensiones, a título de restablecimiento del derecho reliquidar laSentencia N/R 2da instancia Radicado No. 27001333300620240006201

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pensión de aquella, teniendo como base de liquidación lo establecido en el artículo 21 y 36 inciso 3 de la ley 100 del 1993, con tasa de reemplazo, correspondiente al 90%, a partir del 08 de abril de 2021 , (iv) Las sumas reconocidas deben ser

21 y 36 inciso 3 de la ley 100 del 1993, con tasa de reemplazo, correspondiente al 90%, a partir del 08 de abril de 2021 , (iv) Las sumas reconocidas deben ser indexadas conforme al artículo 187 del CPACA, (v) dar cumplimiento al fallo en los términos establecidos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y (vi) abstenerse de condenar en costas.

Pretensiones

4. La parte actora solicit ó que se inaplique el requisito de agotamiento de la vía gubernativa previsto en los artículos 63, 74, 76, 87 y 161-2º del CPACA, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución, teniendo en cuenta que al momento de presentar la demanda contaba con más de sesenta y nueve (69) años de edad. Asimismo, pretende que se declare la nulidad parcial de la Resolución No.

SUB 98855 del 13 de abril de 2018 , por la cual se reconoció su pensión de vejez con un valor de $ 1.197.380, calculada sobre un ingres o base de liquidación de $1.565.202 y una tasa de reemplazo del 7 6,50 %, efectiva desde el 1 de mayo de 2018.

5. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a Colpensiones reliquidar la pensión con un ingreso base de liquidación de $1.565.202 y una tasa de reemplazo del 90 %, lo que equivale a $1.408.682, efectiva desde el 1 de mayo de 2018 , conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 090 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, dado que cotizó un total de 1.915 semanas.

de 2018 , conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 090 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, dado que cotizó un total de 1.915 semanas. Finalmente, requiere que se condene a Colpensiones, o a la entidad que haga sus veces, al pago de las mesadas pensionales y adicionales reliquidadas desde el 1 de mayo del 2018, hasta el 31 de marzo del 2024 , con los reajustes legales y en adelante hasta la cancelación definitiva de la obligación, en aplicación del artículo 157-5º del CPACA, y que se exija el cumplimiento de los artículos 188, 192 y 1954º del mismo estatuto.

Hechos

6. En la demanda se relataron como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones, los que a continuación se sintetizan:

7. La señora María Eugenia Agualimpia nació el 2 de marzo de 1957. Expuso que, al 1 de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, contaba con más de 37 años de edad y más de 15 años de servicio, lo que considera la hace beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 -2º de la Ley 100 de 1993. Precisó que, según el número de semanas cotizadas durante 3 1 años, 9 meses y 8 días, equivalentes a 1.634 semanas y 11.438 días, le correspond e un porcentaje del 90% para la liquidación de su pensión de vejez, como tasa de reemplazo del ingreso base de cotización.

8. Adicionalmente, indicó que el último ingreso base de cotización de la

liquidación de su pensión de vejez, como tasa de reemplazo del ingreso base de cotización.

8. Adicionalmente, indicó que el último ingreso base de cotización de la demandante fue de $1.565.202, lo que multiplicado por la tasa de reemplazo del noventa por ciento (90%) arrojaba una pensión de $1.408.682, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, con efectos a partir del 1 de marzo de 2013. No obstante, la entidad fijó el valor de la prestación en $1.197.380, aplicando una tasa de reemplazo del 76,50%. Finalmente, se sostiene que la liquidación se realizó de manera errónea con fundamento en los artículos 18, 19, 21, 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, los artículos 9 y 10 de la Ley 797 de 2003, el artículo 1º del Decreto 1158Sentencia N/R 2da instancia

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de 1994, los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990 y la Circular Interna No. 01 de 2012 de Colpensiones.

Normas violadas y concepto de la violación

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de 1994, los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990 y la Circular Interna No. 01 de 2012 de Colpensiones.

Normas violadas y concepto de la violación

9. La parte actora invocó como normas violadas : los artículos 1, 2, 4, 13,25, 29, 46, 48, 53 y 230 de la Constitución Política; artículos 4 y 8 de la Ley 153 de 1887; artículos 11 inciso 1 y 36 numeral 2 de la Ley 100 de 1993; Ley 54 de 1962, artículo 260 numerales 1 y 2 del Decreto 2663 de 1950 y artículos 12,13 y 20 parágrafo 2° del Decreto 758 de 1990.

10. En el concepto de la violación manifestó: “(…) En el presente caso no existe discusión sobre la aplicación de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, respecto del régimen de transición, es decir, el Acuerdo 49 de 1990 (Decreto Nº 758 de 1990), dado que la demandante al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, en el nivel territorial, esto es, el 01 de abril de 1994, cumplía con las condiciones antes mencionadas, pues para la fecha CONTABA CON MÁS TREINTA Y SIETE (37) AÑOS

DE EDAD Y HABÍA COTIZADO MÁS DE QUINCE (15) AÑOS.

(…)

Contando como estructura fundamental de esta demanda, los hechos narrados, las omisiones relatadas, la normatividad de textura constitucional y legal, como también la abundante jurisprudencia aplicable al caso, con todo respeto, me permito formular

(…)

Contando como estructura fundamental de esta demanda, los hechos narrados, las omisiones relatadas, la normatividad de textura constitucional y legal, como también la abundante jurisprudencia aplicable al caso, con todo respeto, me permito formular el siguiente interrogante: ¿ESTABA FACULTADA LA ENTIDAD DEMANDADA PARA RECONOCER Y ORDENAR PAGARLE A MI MANDANTE LA PENSIÓN DE VEJEZ CON UN MENOR PORCENTAJE DE TASA DE REEMPLAZO? LA RESPUESTA ES NO, porque están integrados todos los requisitos necesarios para la consolidación del derecho en cabeza de la accionante, conforme a su prerrogativa pensional adquirida y la definición financiera descrita, al estar probado que, el acto administrativo dictado, continúa afectando la situación pensional de la demandante, pues a la fecha de presentación de la acción, se encuentra en idénticas condiciones de perjuicio patrimonial al de la fecha cuando adquirió la pensión. (…)”.

Contestación de la demanda

11. La entidad demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” al ejercer su derecho de defensa y/o contradicción solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, argumentando que no resulta aplicable el Acuerdo 049 de 1990 aprobado po r el Decreto 758 de la misma anualidad, en la medida en que la actora fue afiliada al Instituto de Seguros Sociales con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, concretamente el 1 de julio de 1995. En efecto, conforme a la jurisprudencia, para la aplicación del citado Acuerdo en virtud del régimen de transición era necesario encontrarse amparado por este antes de la entrada en vigor del sistema de

concretamente el 1 de julio de 1995. En efecto, conforme a la jurisprudencia, para la aplicación del citado Acuerdo en virtud del régimen de transición era necesario encontrarse amparado por este antes de la entrada en vigor del sistema de seguridad social. Adicionalmente, concluyó que al momento de reconocer la pensión de vejez de aquella se sumaron todos los tiempos cotizados con independencia de la caja y se aplicó el ingreso base de liquidación de acuerdo a la normatividad vigente.

12. En virtud de lo anterior , propuso las excepciones de inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, buena fe, presunción de legalidad de los actos administrativos, no configuración del derecho al pago de intereses moratorios ni indemnización moratoria, no configuración del derecho al pago del I.P.C., ni de indexación o reajuste alg uno, pago, carencia de causa para demandar,Sentencia N/R 2da instancia

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prescripción, compensación, no procedencia al pago de costas en instituciones administradoras de seguridad social del orden público y la genérica.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

13. Para fundamentar la decisión de conceder las pretensiones, el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Quibdó indicó que la demandante acreditó mediante los

Los fundamentos de la sentencia impugnada

13. Para fundamentar la decisión de conceder las pretensiones, el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Quibdó indicó que la demandante acreditó mediante los documentos aportados, que las 1.634 semanas correspondían a períodos efectivamente laborados y cotizados, lo que le permitió concluir que se cumplen los requisitos previstos en el régimen de transición y en el Acuerdo 049 de 1990. En relación con el ingreso base de liquidación, precisó que, de conformidad con la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, para los beneficiarios de dicho régimen debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, el promedio de los salarios cotizados durante los últimos 10 años actualizados por inflación, o el promedio de toda la vida la boral si este fuere superior y se hubieren cotizado al menos 1.250 semanas.

14. Manifestó que la tasa de reemplazo aplicada por Colpensiones fue del 76.50 %, lo cual desconoce lo establecido en la normativa especial y el principio de favorabilidad que amparaba a la actora en su condición de beneficiaria del régimen de transición. Por tal razón, declaró la nulidad parcial de la resolución mediante la cual se reconoció la pensión de vejez a la señora María Eugenia Agualimpia y ordenó a Colpensiones reliquidar la prestación aplicando una tasa de reemplazo del 90 %.

15. Finalmente, resaltó que la demanda fue radicada el 8 de abril de 2024, de manera que, atendiendo el fenómeno de la prescripción trienal, solo procede el

del 90 %.

15. Finalmente, resaltó que la demanda fue radicada el 8 de abril de 2024, de manera que, atendiendo el fenómeno de la prescripción trienal, solo procede el reconocimiento de las diferencias salariales derivadas de la reliquidación con una tasa de reemplazo del 90% a partir del 8 de abril de 2021 y hasta el cumplimiento de la presente providencia.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

16. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, argumentando que la parte demandante no tiene derecho a la reliquidación de la pensión de vejez. Sostuvo que, conforme a la jurisprudencia, el beneficio del régimen inmediatamente anterior al previsto por la Ley 100 de 1993, exigido por el artículo 36 de la misma , para proteger a ciertos sectores de trabajadores con expectativa pensional bajo las normas entonces vigentes, solo procede respecto de quienes se encont raban afiliados a alguno de los regímenes pensionales existentes antes de la entrada en vigor del nuevo sistema. En consecuencia, indicó que la afiliación posterior al 1º de abril de 1994 se entiende realizada al régimen elegido, ya fuera el de prima media con prestación definida o el de ahorro individual con solidaridad.

Actuaciones en segunda instancia

17. Mediante auto interlocutorio No. 299 del 22 de agosto de 2025, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia y se ordenaron las notificaciones de rigor.Sentencia N/R 2da instancia

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recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia y se ordenaron las notificaciones de rigor.Sentencia N/R 2da instancia Radicado No. 27001333300620240006201

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III. CONSIDERACIONES

18. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

Problema jurídico de instancia

19. De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 328 del Código General del Proceso, esta Sala deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la parte apelante, razón por la cual, el problema jurídico a resolver se circunscribe en determinar: si la señora MARÍA EUGENIA AGUALIMPIA tiene derecho a que la entidad demandada le reliquide su pensión de vejez teniendo en cuenta una tasa de reemplazo del noventa por ciento (90%), conforme lo regula el Acuerdo No. 090 de 1990, aprobado por el Decreto No. 758 de 1990, o sí, por el contrario, se encuentra probada alguna excepción que deba ser declarada de oficio y por tal razón, es procedente la revocatoria de la sentencia

de 1990, o sí, por el contrario, se encuentra probada alguna excepción que deba ser declarada de oficio y por tal razón, es procedente la revocatoria de la sentencia recurrida, para en su lugar, negar las suplicas de la demanda?.

Tesis de la Sala

20. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que concedió las súplicas de la demanda, pues las pruebas arrumadas al plenario dan cuenta que la señora María Eugenia Agualimpia cumple los requisitos para que su pensión de vejez hubiese sido reconocida conforme los parámetros establecidos en el acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, por tal razón, dicha prestación debió ser liquidada con una tasa de reemplazo del 90% , lo que impone su reliquidación en debida forma.

La Aplicación del Acuerdo 049 de 1990 respecto de quienes no se encontraban afiliados al instituto de seguros sociales a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones y la posibilidad de acumular tiempo de servicios laborados con entidades públicas

21. La Corte Constitucional frente al tema del reconocimiento de la pensión de vejez bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990 y la posibilidad de acumular tiempo de servicios laborado con entidades públicas y cotizados en Cajas o Fondos de Previsión Social, consideró que era necesario asumir una posición unificada, a efectos de evitar pronunciamientos contradictorios en las distintas jurisdicciones y en las Salas de Revisión de la Corporación.

22. En efecto, en la sentencia SU -769 de 2014 se estudió el caso de un afiliado a Colpensiones que no cumplió con el requisito de las 1000 semanas exigidas en el

en las Salas de Revisión de la Corporación.

22. En efecto, en la sentencia SU -769 de 2014 se estudió el caso de un afiliado a Colpensiones que no cumplió con el requisito de las 1000 semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990, por lo que se analizó si cumplía con el requisito de las 500 semanas dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad. En dicho asunto, el tiempo de servicio que se solicitaba tener en cuenta, fue trabajado en el sector público, específicamente, con entidades territoriales y con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. En esa oportunidad, la Sala Plena de la Corte concluyó que la interpretación que más se acompasaba con los principios de favorabilidad y pro homine, es la que “la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, permite acumular los tiempos cotizados a entidades públicas y a empleadores privados, para que aquellas personas que acrediten 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, accedan a la pensión de vejez”.Sentencia N/R 2da instancia

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23. Se hace claridad en la sentencia de unificación que es posible acumular los tiempos de servicios aportados a las Cajas o Fondos de Previsión Social, con las

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23. Se hace claridad en la sentencia de unificación que es posible acumular los tiempos de servicios aportados a las Cajas o Fondos de Previsión Social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, lo anterior, por cuanto la exclusividad en los aportes a dicha entidad, constituye un requisito no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.

24. Advirtió el precedente citado que impedir la acumulación del tiempo de servicios, constituye una circunstancia que puede limitar el goce efectivo del derecho a la seguridad social. De igual manera, determinó que el hecho que la entidad pública no hubiera realizado las respectivas cotizaciones o descuentos, no es una conducta que deba ser imputable al trabajador, más aún, cuando era ella quien asumía dicha carga prestacional, razón por la cual los periodos laborados y no cotizados con las entidades estatales se pueden contabilizar a efectos de cumplir el tiempo requerido por dicha normativa.

25. Se precisa que la Jurisprudencia Constitucional ha decantado que el Sistema General de Pensiones buscó crear un sistema integral de seguridad social que permitiera acumular semanas y tiempos de trabajo. Es así como el legislador hace énfasis en que las personas que se encuentran afiliadas al Sistema, realizan cotizaciones al mismo y no a una de las entidades administradoras que lo integran, argumento que ha tenido en cuenta la Corte Constitucional para ordenar el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas cuando se presentan cambios de afiliación y, por consiguiente, disponer en estos eventos, los respectivos traslados de aportes1.

26. De otra parte, se observa que el precedente de unificación ordenó el

cambios de afiliación y, por consiguiente, disponer en estos eventos, los respectivos traslados de aportes1.

26. De otra parte, se observa que el precedente de unificación ordenó el reconocimiento de la pensión de vejez con base en el Acuerdo 049 de 1990 a una persona que prestó sus servicios con un municipio, hasta el 30 de junio de 19952, sin que se evidencien cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales durante dicho periodo. Y es que los argumentos que sustentan la aplicación de tal norma se resumen en que: 1) es factible la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, a las personas que no contaban con cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales , con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pero sí vinculadas a algún otro régimen pensional, como quiera que dicha exigencia no se encuentra contemplada en el acuerdo, 2) los requisitos para acceder a los beneficios del Sistema General de Pensiones se acreditan ante el sistema y no ante las entidades que lo conforman, y 3) resulta válida la acumulación del tiempo laborado y no cotizado o cotizado a cajas y fondos de previsión social a efectos de aplicar el Acuerdo 049 de 1990, en sus dos supuestos, tanto para el requisito de 1000 semanas de cotizaciones en cualquier tiempo, así como para el cumplimiento de las 500 semanas dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad3.

27. Por último, cabe destacar que el ser beneficiario del régimen de transición permite la aplicación de las normas que se encontraban vigentes al momento de entrar a re gir la Ley 100 de 1993, de conformidad con el régimen al que se

27. Por último, cabe destacar que el ser beneficiario del régimen de transición permite la aplicación de las normas que se encontraban vigentes al momento de entrar a re gir la Ley 100 de 1993, de conformidad con el régimen al que se encontraban afiliados. Al respecto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, ha señalado que al estudiar cuáles serían las condiciones más favorables que se harían prevalecer frente a las exigencias de una nueva ley, en relación con el régimen de transición, si la persona no está vinculada a ningún régimen pensional, no existe una expectativa de derecho a pensionarse. “ Luego, por elementales razones de lógica jurídica, era necesario establecer el condicionamiento de estar afiliado a algún régimen pensional para efectos de ser acreedor al beneficio

1 T-760-2010. 2 Fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones en el sector público (artículo 151 de la Ley 100 de 1993). 3 SU-769-2014, (cita entre otras sentencias T-100-2012).Sentencia N/R 2da instancia Radicado No. 27001333300620240006201

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derivado del régimen de transición, consistente en poder pensionarse de conformidad con los requisitos y condiciones previstos para el régimen anterior. (resaltado fuera del texto)”.4 Es así como la condición para acceder al beneficio de

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derivado del régimen de transición, consistente en poder pensionarse de conformidad con los requisitos y condiciones previstos para el régimen anterior. (resaltado fuera del texto)”.4 Es así como la condición para acceder al beneficio de la transición, es estar afiliado a algún régimen pensional, lo que permite entonces la aplicación de los requisitos exigidos en el sistema pensional anterior, sin especificar, ni condicionar la escogencia de la norma, atendiendo a la entidad de seguridad social a la que se encontrará afiliado.

28. En conclusión: i) la acumulación de tiempo de servicios del sector público cotizado o no a cajas o fondos territoriales de previsión, debe tenerse en cuenta a efectos de aplicar el Acuerdo 049 de 1990, para quien, habiendo solicitado la pensión de vejez, pretende acreditar el cumplimiento de las 1000 semanas en cualquier tiempo o las 500 semanas dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad y ii) La condición para acceder al beneficio de la transición es estar afiliado a algún régimen pensional, lo que permite entonces la aplicación de los requisitos exigidos en el sistema pensional anterior, sin especificar, ni condicionar la escogencia de la norma, atendiendo a la entidad de seguridad social a la que se encontrara afiliado.

El análisis del caso concreto a partir de lo probado en el proceso

29. Conforme las pruebas válidamente aportadas al proceso, la Sala encuentra acreditadas las siguientes situaciones fácticas relevantes:

30. La señora María Eugenia Agualimpia nació el día 2 de marzo de 19575.

31. Mediante Resolución No. SUB 98855 del 13 de abril de 2018, la Administradora

acreditadas las siguientes situaciones fácticas relevantes:

30. La señora María Eugenia Agualimpia nació el día 2 de marzo de 19575.

31. Mediante Resolución No. SUB 98855 del 13 de abril de 2018, la Administradora Colombiana de Pensiones reconoció a favor de la actora una pensión de vejez en aplicación de la Ley 797 de 2003 , con un total de 11438 días cotizados correspondiente a 1.634 semanas y con una tasa de reemplazo del 7 6.50%, estableciendo de esa manera una mesada de $ 1.197.380, a partir del retiro definitivo del servicio, es decir 1 de mayo de 20186.

32. En el mencionado acto administrativo, la entidad demandada indicó que la actora prestó sus servicios en los periodos que a continuación se relacionan:

ENTIDAD EN LA QUE LABORÓ PERIODO

Contraloría Departamental del Chocó Entre el 14 de enero de 1981 hasta el 31 de diciembre de 1982 Emperatriz Arriaga de Chave Entre el 26 de octubre de 1984 al 1 de enero de 1987 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Entre el 27 de junio de 1990 al 30 de junio de 2009 y desde el 1 de agosto de 2009 al 28 de febrero de 2018

33. Ahora bien, descendiendo al caso bajo estudio, se advierte que la entidad demandada considera que la providencia recurrida debe ser revocada, por cuanto contrario a lo sostenido por el A quo, la señora María Eugenia Agualimpia no cumple con los requisitos establecidos en el acuerdo 049 y el artículo 20 del Decreto

4 C-596-1007.

contrario a lo sostenido por el A quo, la señora María Eugenia Agualimpia no cumple con los requisitos establecidos en el acuerdo 049 y el artículo 20 del Decreto

4 C-596-1007. 5 Según se extrae de la resolución N° SUB 98855 del 13 de abril de 2018 6 Visible a índice 2 del expediente electrónico del proceso en la plataforma SAMAI -Primera Instancia, archivo denominado “3INCORPORAEXPED_02ANEXODEMANDA202463(.pdf) NroActua 2 ”Sentencia N/R 2da instancia Radicado No. 27001333300620240006201

MARÍA EUGENIA AGUALIMPIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Palacio de Justicia (Quibdó) – Oficina 414 des05tadmcho@cendoj.ramajudicial.gov.co

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758 de 1990, para que se le reliquide su pensión de vejez con una tasa de remplazo del 90%.

34. Conforme la valoración probatoria efectuada en este asunto, se advierte que, la señora María Eugenia Agualimpia a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, esto es, el 1º de abril de 1994 contaba con 35 años de edad, requisito exigido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende, se hizo beneficiaria del régimen de transición.

35. En ese contexto, conserva, en principio, la posibilidad que le sean aplicables, a efectos de pensionarse por vejez, la edad, el tiempo de servicios y el monto de la

régimen de transición.

35. En ese contexto, conserva, en principio, la posibilidad que le sean aplicables, a efectos de pensionarse por vejez, la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión, de conformidad con el régimen anterior al cual se encuentra afiliada.

36. El Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso la vigencia del régimen de transición hasta el 31 de julio de 2010, el cual podía extenderse hasta el año 2014 siempre y cuando se contara con 750 semanas cotizadas a su entrada en vigor.