TA CUN - 99-1367-(05-02-2001)

REAJUSTE PENSIONAL LEY 6/92 -Aplicación en el ámbito territorial cm

clj TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO AD TEATVO DE DAARCA

SECCION SEGUNDA DCCO c1

Bogotá, D.C., Febrero cinco (5) de Dos Mil uno (2.001), uoio' O E. ¡

RELA1URIA

Magistrado Ponente : D. ILVAR MELSONAREVALO PERICO La demandante de la referencia, mediante su apoderado judicial, acude ante éste Tribunal, en ejercicio de la Acción de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL [DERECHO, contra la entidad indicada también en la referencia, dando lugar a la controversia que se resuelve en ésta providencia.

I. ACTO ACUSADO Y PRETENSIONES 10c. La demandante acusa el Oficio Número 0015774 del 29 de septiembre de 1998, originario de la Gerencia del Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital, por el cual se le negó el reconocimié'nto del reajuste pensional ordenado en la Ley 61 de 1992 y su DR 2108 del mismo año. 2.- Como consecuencia de la nulidad anterior, el Fondo de Ahorro y ViviendaFAVIDI-, debe reconocer y pagar a la demandante, los reajustes a su pensión en los porcentajes establecidos en el artículo 1 del Decreto 2108 de 1992. 3. - Que, así mismo, se ordene la revisión de los reajustes posteriores que se han efectuado a la pensión de la actora. 4.-Que se ordene a la demandada, efectúe los ajustes de valor conforme al índice de precios al consumidor que registre el DANE, tal como lo prevé el art. 178 del C.C.A.

han efectuado a la pensión de la actora. 4.-Que se ordene a la demandada, efectúe los ajustes de valor conforme al índice de precios al consumidor que registre el DANE, tal como lo prevé el art. 178 del C.C.A. 5.- Que se dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 176 y 177 del C.C.A. HECHOS Los hechos en que se apoyan las anteriores declaraciones y condenas que pide la actora y que aparecen en folio 14-15 del expediente, los resumimos así:TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 2

SECCION SEGUNDA-SUBSECCION "C" Exp .No. 99-1 367

Actor: MELBA FALIA ARIAS DE RICCO

1. Mediante Resolución No. 0068 del 16 de Enero de 1989, se reconoció y ordenó pagar a la actora una pensión de jubilación en cuantía de $57'975,99 , a partir del 1 de septiembre de 1985 conforme al régimen especial vigente para los funcionarios del Magisterio. 2 La demandante mediante petición formulada ante el Despacho del Gerente de Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital, solicito el reconocimiento del reajuste pensional ordenado en la Ley 6 de 1992 y su Decreto 2108. 3.- Mediante acto administrativo del 29 de septiembre de 1998, la Gerencia de Favidi, negó el reconocimiento, el cual fue notificado mediante correo. í. DIS POSíC ~O NES 'flOLAAS Y La demandante señala como transgredidas las siguientes disposiciones normativas : Artículos 4, 13, 25, 53 y 58 de la Constitución Nacional ; Artículo 116

í. DIS POSíC ~O NES 'flOLAAS Y La demandante señala como transgredidas las siguientes disposiciones normativas : Artículos 4, 13, 25, 53 y 58 de la Constitución Nacional ; Artículo 116 Ley 6 de 1945; Decreto No. 2108 de 1992 Artículo 1; Ley 153 de 1887, Artículo 40. expediente.

V. P A RTE DEMA N DADA La parte demandada, dio respuesta al libelo dentro del término otorgado con tal fin, a través de apoderado que en su escrito visible a folios 39 a 51 del expediente, manifestó oponerse a todas y cada una de las Pretensiones y Condenas solicitadas por la parte actora en la demanda.

En su escrito propuso como exceptivos los de Falta de Agotamiento de la Vía Gubernativa, Indebida integración del contradictorio y la Ilegitimidad en la causa por la parte pasiva. La apoderada de la parte Demandante, presentó alegatos de conclusiónTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 3

SECCION SEGUNDA-SUBSECCION "C"

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Actor: MELBA FALIA ARIAS DE RICCO es un establecimiento Público descentralizado con personería Jurídica, en consecuencia es el ente que puede ser demandado, y no el Fondo de Pensiones Públicas de Santafé de Bogotá, puesto que éste es una cuenta y carece de personería Jurídica, y en cuanto a la indebida integración del contradictorio, dice que al considerar el apoderado de la demandada que debe ser llamado al Ministerio de Educación Nacional, esta cometiendo un error, ya que Da actora no es un docente

personería Jurídica, y en cuanto a la indebida integración del contradictorio, dice que al considerar el apoderado de la demandada que debe ser llamado al Ministerio de Educación Nacional, esta cometiendo un error, ya que Da actora no es un docente nacionalizado, y en segundo lugar, en caso de dichos docentes, el Ministerio en éste caso lo que hace es girarle a Favidi los recursos necesarios para el pago del reajuste pensionaD, pues es este último el que tiene la competencia para decidir tal reconocimiento pensionaD. El Apoderado de la parte demandada guardo silencio en esta oportunidad procesal. La Procuradora Primera Judicial no emitió su concepto. Surtido el trámite correspondiente a la instancia y no observándose causal alguna de nulidad que invalide Do actuado, Da Sala procede a decidir, previas las siguientes Vi CONSIDERACIONES Pretende la parte actora se declare la nulidad del oficio Número 0015774 del 29 de septiembre de 1998, originario de la Gerencia del Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital, por Da cual se De negó el reconocimiento del reajuste pensionaD ordenado en Da Ley 61 de 1992 y su DR 2108 del mismo año, por considerar que al proferirlo , la administración incurrió en una de las causales de anulación del mismo cual es, Da Violación directa de Da ley. Previo a cualquier pronunciamiento de fondo, y toda vez que Da parte accionada presentó dentro del término de ley como medios exceptivos los de Falta de Agotamiento de la Vía Gubernativa, Indebida integración del contradictorio y la Ilegitimidad en la causa por Da parte pasiva, considera pertinente Da Sala referirse a

accionada presentó dentro del término de ley como medios exceptivos los de Falta de Agotamiento de la Vía Gubernativa, Indebida integración del contradictorio y la Ilegitimidad en la causa por Da parte pasiva, considera pertinente Da Sala referirse a ellos en los siguientes términos:TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 4

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Actor: MELBA FALIA ARIAS DE RICCO de Aoeme© de la Viia Gubairnativa. Considera el ente accionado que esta excepción se presenta en la medida en que , la parte actora acudió a ésta jurisdicción, sin darle la oportunidad al ente accionado para revocar, modificar, o aclarar las resoluciones o actos administrativos que emitió, pues la omisión indicada por la parte accionante el no habérsete señalado los recursos que procedían , no sirve para subsanar la falta de un presupuesto procesal indispensable para darle curso a la acción impetrada. Conforme los argumentos expuestos, no está llamada a prosperar la excepción propuesta. Veamos: Atendiendo el texto del acto acusado, se tiene que, la administración no dio la oportunidad de interponer los recursos procedentes, de ahí que, mal podría pretender aducir a una Inepta Demanda por dejar de cumplir el presupuesto procesal de la acción exigido en el artículo 135 del C.C,A,, de agotar previamente la vía gubernativa con la interposición del recurso procedente , pues , al no indicársele al demandante que recurso procedía, el actor no estaba obligado a interponer recurso alguno. En estas circunstancias se tiene que, para el momento de la presentación de

gubernativa con la interposición del recurso procedente , pues , al no indicársele al demandante que recurso procedía, el actor no estaba obligado a interponer recurso alguno. En estas circunstancias se tiene que, para el momento de la presentación de la demanda la parte actora actuó correctamente, ajustada a la realidad del momento, al formular las pretensiones de la demanda La excepción no prospera.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 5

SECCION SEGUNDA-SUBSECCION "C"

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Actor: MELBA FALIA ARIAS DE RICCO Cabe señalar que mediante el Decreto 349 de 29 de junio de 1995, e Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá declaró insolvente a Da Caja de Previsión Social del Distrito, y determiné que a partir del 10 de enero de 1996 sería sustituida por el

Fondo de Pensiones Públicas de Santafé de Bogotá D.C, en el pago de las pensiones. Mediante el Decreto 350 de 1995 (art. 11) , se creó el Fondo de Pensiones Públicas de Santafé de Bogotá D.C. como una cuenta especial sin personería jurídica, adscrita a la Secretaria de Hacienda Distrital, cuyos recursos se administrarán mediante encargo fiduciario, determinando que sustituiría en el pago de las pensiones a la Caja de Previsión Social del Distrito. Posteriormente se expidió el Decreto 716 de 1996 mediante el cual el Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, modificó y adicioné el Decreto 350 de 1995 y en su artículo 3 previó que, además de Das funciones previstas en el Acuerdo 02 de

Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, modificó y adicioné el Decreto 350 de 1995 y en su artículo 3 previó que, además de Das funciones previstas en el Acuerdo 02 de 1977, el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrftal tendría, entre otras, al tenor del numeral 2, Da de efectuar el pago de las mesadas pensionales y los reajustes de las pensiones al sustituir a la Caja de Previsión Social del Distrito Capital en liquidación - y, al tenor del numeral 13, la de asumir la representación legal ante los organismos judiciales en los procesos derivados del ejercicio de las funciones asignadas al Fondo de Pensiones Públicas de Santafé de Bogotá. A su vez el numeral 14 del artículo 31 ibídem determinó que FAVIDI tendría a su cargo todas aquellas actividades que implicaran Da operación y funcionamiento del Fondo de Pensiones Públicas de Santafé de Bogotá D.C. Siendo claro entonces que , no es del caso vincular al proceso la entidad solicitada por la accionada y al no serlo , la excepción propuesta no está llamada a prosperar. En cuanto a que se debía haber vinculado al Ministerio de Educación Nacional, se ha de indicar: Encuentra la Corporación, que no existe mérito para haber vinculado al Ministerio de Educación Nacional, en el proceso de Da referencia como parteTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 6

SECCION SEGUNDA-SUBSECCION C" Exp .No. 99-1 367

Actor: MELBA FALIA ARIAS DE RICCO demandada, máxime cuando, la entidad demandada y vinculada legalmente al proceso, tiene personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,

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Actor: MELBA FALIA ARIAS DE RICCO demandada, máxime cuando, la entidad demandada y vinculada legalmente al proceso, tiene personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, para comparecer ante la justicia contenciosa administrativa y por consiguiente, para responder patrimonmente en el evento que sea vencida en la litis.

Junto a lo expuesto, ha de estarse a lo atrás referido, con lo cual queda sin sustento alguno el dicho del ente accionado. De otro lado, se tiene que, el problema Jurídico central tiene relación con determinar si la hoy demandante , tiene derecho al ajuste pensional establecido en el Artículo 116 de la ley 6a de 1992 y su Decreto Reglamentario 2108 del mismo año. El cargo por Violación Blirecla de ie Ley, lo hace consistir la libelista en que los reajustes solicitados están consagrados en el artículo 116 de la Ley 6 de 1992, el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, por considerarlo violatorio del Principio de Unidad de Materia, consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política, pero que de la sentencia a que se hizo referencia no se puede deducir, que los organismos encargados del pago de las pensiones puedan dejar de aplicar aquellos incrementos pensionales que se causaron, ya que el derecho al reajuste es una situación jurídica consolidada. Igualmente se refiera a que en el caso en examen, los incrementos pensionales ordenado por la Ley 6 de 1992 y su Decreto Reglamentario, no habíanTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 7

SECCION SEGUNDA-SUBSECCION "C"

pensionales ordenado por la Ley 6 de 1992 y su Decreto Reglamentario, no habíanTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 7

SECCION SEGUNDA-SUBSECCION "C" Exp No. 99-1 367

Actor: MELBA FALIA ARIAS DE RICCO sido cancelado a los docentes pensionados antes de 1989, por la indebida interpretación que de las mencionadas normas ha hecho la Oficina Jurídica de Favidi.

Así mismo, alude al hecho que, una vez decretada la inconstitucionalidad y en consecuencia la inaplicación de la expresión "del orden nacional" contenida en el artículo 11 del Decreto 2108 de 1992, resulta innecesario demostrar que el derecho al reajuste pensional no puede ser bajo ningún punto de vista un derecho que sólo beneficie a un sector de los pensionados. Agrega además que, es evidente que la actora en su condición misma de pensionada, a más de haber cumplido con los requisitos estipulados en una norma abstracta - Decreto 2108 de 1992- ( haber sido pensionada con anterioridad al 1 de enero de 1989 y que sus mesadas pensionales presentan diferencias con los aumentos de salario teniendo en cuenta que sólo a partir de la expedición de la ley 71 de 1988 todas las pensiones se reajustaron de oficio en el mismo porcentaje en que se incrementa el salario mínimo mensual ), adquirió el derecho al reajuste que establece la Ley 6 de 1992. Por último, hace alusión a que en virtud del principio de la ultractividad de la Ley, es posible que en determinados casos, siga operando la legislación anterior, pese a haber perdido su vigencia, concluyendo la apoderada de la parte

Por último, hace alusión a que en virtud del principio de la ultractividad de la Ley, es posible que en determinados casos, siga operando la legislación anterior, pese a haber perdido su vigencia, concluyendo la apoderada de la parte actora que en tales condiciones, huelga concluir la supervivencia de la Ley 6 de 1992, artículo 116, aún después de la declaratoria de inexequibilidad producida en sentencia C-531 de noviembre 20 de 1995; que las pensiones de jubilación del sector público del orden nacional reconocidas con anterioridad al 1 de enero de 1989 que presenten diferencias con los aumentos de salarios, serán reajustadas a partir del 1 de enero de 1993, 1994 y 1995, entonces el entender el artículo 116 de la Ley 6a de 1992 como trata de aplicarlo la entidad demandada, es excluir a los pensionados de cualquier otro sector como son los pensionados del orden departamental, municipal y Distrital, además de ponerlos en indefensión, pues el legislador que es competente para fijar el régimen prestacional ya legisló sólo para el sector nacional. Antes de realizar cualquier otro pronunciamiento debe la Sala, aclarar que mediante anteriores providencias en casos similares al aquí estudiado se había pronunciado negando las súplicas de la demanda, no obstante y ante el diferenteTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 8

SECCION SEGUN DA-SU BSECCION "C" Exp .No. 99-1 367

Actor: MELBA FALIA ARIAS DE RICCO criterio expuesto por el H. Consejo de Estado, el cual se acoge, es del caso variar la jurisprudencia como a continuación se hace.

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Actor: MELBA FALIA ARIAS DE RICCO criterio expuesto por el H. Consejo de Estado, el cual se acoge, es del caso variar la jurisprudencia como a continuación se hace.

Del acto acusado se desprende que la actora elevó una petición solicitando el reconocimiento del reajuste pensional ordenado en la Ley 6 de 1992 y su Decreto reglamentario 2108 del mismo año. Dicha petición fue debidamente resuelta a través del oficio No 0015774 del 29 de septiembre de 1998, (Folio 8-11 de¡ exp.), que constituye el acto administrativo acusado, proferido por el Gerente del Fondo de Ahorro y viviendaFAVIDI-, en donde se manifiesta que: "En atención al Derecho de petición, radica(sic) el día 25 del presente, relacionado con el reajuste pensional de que trata la Ley 61 de 1992 y su Decreto reglamentario 2108 del mismo año, y en representación de las personas que se relacionan a continuación me permito manifestarle que la administración no ha variado su punto de vista respecto al mencionado reajuste, por ese motivo reitero y hago énfasis sobre los siguientes puntos 1.-El artículo 116 de la ley de 1992, fue declarado inexequible , no por los motivos alegados de "igualdad", sino porque la norma violó el artículo 158 de la CN, que establece la regla de la "Unidad de Materia", al tratar sobre reajuste de pensiones , en una ley de carácter tributario. 2.-No encontrándose vigente el artículo 1165 en cita , tampoco lo está su Decreto Reglamentario 2108 de 1992.

al tratar sobre reajuste de pensiones , en una ley de carácter tributario. 2.-No encontrándose vigente el artículo 1165 en cita , tampoco lo está su Decreto Reglamentario 2108 de 1992. 3.-El artículo 116 de la ley 6a de 1992 no se puede extender a los pensionados de las entidades territoriales , por no ser los destinatarios de las normas. 4.-El Fondo de Ahorro y vivienda Distrital FAIDI, ni otra entidad pública u oficial , puede modificar una disposición legal , para extender sus alcances, fundándose en el principio constitucional de la "igualdad". Estas consideraciones y las contenidas en comunicaciones anteriores me llevan a expresarle que no es posible atender positivamente sus peticiones. Solicita la accionante se ordene el reajuste de la pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 6 de 1992 y su Decreto Reglamentario 2108 deI mismo año, por lo tanto, se requiere entrar a estudiar dentro del sub-júdice la normatividad referida. La Ley 6 de junio 30 de 1992, por medio de la cual se expiden normas en materia tributaria, en su artículo 116 consagró: "ARTICULO 116Ajuste a pensiones del sector público nacional. "Para compensar las diferencias de los aumentos de salarios y de lasTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 9

SECCION SEGUNDA-SUBSECCION "C" Exp No. 99-1 367

Actor: MELBA FALIA ARIAS DE RICCO pensiones de jubilación del sector público nacional, efectuados con anterioridad al año 1989, el gobierno nacional dispondrá gradualmente

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Actor: MELBA FALIA ARIAS DE RICCO pensiones de jubilación del sector público nacional, efectuados con anterioridad al año 1989, el gobierno nacional dispondrá gradualmente el reajuste de dichas pensiones, siempre que se hayan reconocido con anterioridad al 1 de enero de 1989.

Los reajustes ordenados en este artículo comenzarán a regir a partir de la fecha dispuesta en el decreto reglamentario correspondiente, y no producirán efecto retroactivo". La anterior ley fue reglamentada por el Decreto 2108 de diciembre 29 de 1992 en cuyo artículo lo se ordena: "Las pensiones de jubilación del sector público del orden nacional reconocidas con anterioridad al lo de enero de 1989 que presenten diferencia con los aumentos de salarios serán reajustadas a partir del lo de enero de 1993, 1994 y 1995 as':..", para el período de causación del derecho a la pensión transcurrido entre 1982 a 1988 se reajustará en un 14% distribuido en un 7% para el año de 1993 y el otro 7% para 1994. A la parte actora se le reconoció una pensión mensual vitalicia de jubilación, mediante la resolución No 0068 del 16 de enero de 1989 a partir del 1 de septiembre de 1985(Fl.25-27 del Cuaderno de antecedentes).; resolución ésta que fue modificada por la Resolución No. 1077 del 28 de abril de 1997 (Folio 2-8 ibídem.), en el sentido de reconocer y ordenar pagar a su favor una pensión mensual vitalicia de jubilación en cuantía de $437.577,00, a partir del 11 de enero de 1993.

en el sentido de reconocer y ordenar pagar a su favor una pensión mensual vitalicia de jubilación en cuantía de $437.577,00, a partir del 11 de enero de 1993. El artículo 116 de la Ley 6 de 1992, fue declarado inexequible por la H. Corte Constitucional, a través de la providencia C-531 de noviembre 20 de 1995, Magistrado Ponente Doctor ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, por violar el principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 de la Constitución. El fallo en cita, en cuanto a los efectos de la inexequibilidad dispuso: • .La Corte ha señalado que es a ella a quien corresponde fijar los efectos de sus sentencias, a fin de garantizar la integridad y supremacía de la Constitución. En este caso, esta Corporación considera que, en virtud de los principios de buena fe (CP art 83) y protección de los derechos adquiridos (CP art 58), la declaración de inexequibilidad de la parte resolutiva de esta sentencia sólo tendrá efectos hacia el futuro y se hará efectiva a partir de la notificación del presente fallo. Esto significa, en particular que la presente declaratoria de inexequibilidad no implica que las entidades de previsión social o los organismos encargados del pago de las pensiones puedan dejar de aplicar aquellos incrementos pensionates que fueron ordenados por la norma declarada inexequible y por el Decreto 2108 de 1992, pero queTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 10

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Actor: MELBA FALIA ARIAS DE RICCO no habían sido efectivamente realizados al momento de notificarse esta

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Actor: MELBA FALIA ARIAS DE RICCO no habían sido efectivamente realizados al momento de notificarse esta sentencia, por la ineficiencia de esas mismas entidades, o de las instancias judiciales en caso de controversia. En efecto, de un lado, el derecho de estos pensionados al reajuste es ya una situación jurídica consolidada, que goza entonces de protección constitucional (CP art 58). Mal podría entonces invocarse una decisión de esta Corte, que busca garantizar la integridad de la Constitución, para desconocer un derecho que goza de protección constitucional. De otro lado, en virtud del principio de efectividad de ¡os derechos (CP art 21) y eficacia y celeridad de la función pública (GP art 209), la ineficiencia de las autoridades no puede ser una razón válida para desconocer los derechos de los particulares. Nótese en efecto que tanto el artículo 116 de la Ley 6a de 1992 como el Decreto 2108 de 1992 ordenaban una nivelación oficiosa de aquellas pensiones reconocidas antes de 1989 que presentaran diferencias con los aumentos de salarios, por lo cual sería discriminatorio impedir, con base en esta sentencia de inexequibilidad, que se haga efectivo el incremento a aquellos pensionados que tengan derecho a ello".

En consecuencia, el artículo 116 de la Ley 61 de 1992 tuvo vigencia desde el momento de su expedición hasta el 20 de noviembre de 1995 fecha en la cual fue declarado inexequible, pero surtió sus efectos para quienes adquirieron el derecho durante su vigencia. La sentencia de constitucionalidad transcrita en la parte pertinente

cual fue declarado inexequible, pero surtió sus efectos para quienes adquirieron el derecho durante su vigencia. La sentencia de constitucionalidad transcrita en la parte pertinente define que los reajustes pensionales establecidos en la Ley 6a de 1992 y su decreto reglamentario, constituyen un derecho adquirido, así no se haya reconocido por la autoridad administrativa respectiva. Dicha normatividad regula un reajuste pensional para el sector oficial M orden nacional, dicha artículo es claro al afirmar que el reajuste que se debe reconocer es aplicable a las pensiones de jubilación del sector oficial y no se queda allí solamente, agrega también que debe ser del orden nacional. Posteriormente, el H. Consejo de Estado al estudiar la constitucionalidad del decreto mientras estuvo vigente, a efecto de resolver sobre la legalidad del Decreto 2108 de 1992 frente al artículo 13 de la Constitución Política, a través de providencia de diciembre 11 de 1997, expediente 15723, Magistrada Ponente Doctora DOLLY PEDRAZA DE ARENAS, decidió declarar nula la expresión "del orden nacional", al considerarla contraria al principio de Igualdad, de conformidad con los siguientes razonamientos:TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 11

SECCION SEGUNDA-SUB5ECCION "C" Exp No. 99-1 367

Actor: MELBA FALIA ARIAS DE RICCO "Ahora bien, el asunto a dilucidar en el caso sub-¡¡te, es si los pensionados de la Empresa demandada tiene derecho al reajuste ordenado por el Decreto 2108 de 29 de diciembre de 1992.

El Decreto 2108 fue expedido en desarrollo de las facultades conferidas

pensionados de la Empresa demandada tiene derecho al reajuste ordenado por el Decreto 2108 de 29 de diciembre de 1992. El Decreto 2108 fue expedido en desarrollo de las facultades conferidas al ejecutivo por el artículo 116 de la Ley 6 de 1992. El artículo 116 de la Ley 6 de 1992 fue acusado en acción de inconstitucionalidad en cuanto limitó el ajuste de pensiones al sector público nacional, por ser violatorio de los artículo 13 y 239 a 245 de la Constitución. Sin embargo, la Corte Constitucional en ejercicio del control integral de constitucionalidad de la ley, declaró inexequible la totalidad del artículo en sentencia C-531 de 20 de noviembre de 1995 por violar el principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 de la Constitución. En cuanto a los efectos de la inexequibilidad la Corte dijo: ( ... ) Para juzgar el acto acusado, la Sala entonces se encuentra ante la siguientes situación: el art. 116 de la Ley 6 de 1992 rigió desde su expedición hasta el 20 de noviembre de 1995 fecha en que fue retirada del ordenamiento jurídico, pero sigue teniendo efectos para quienes adquirieron el derecho bajo su vigencia. El decreto 2108 de 1992, expedido en desarrollo del art. 116 de la Ley 61 corre igual suerte, es decir, rigió desde su expedición hasta la fecha de inexequibilidad del precepto que le dio origen y extiende sus efectos aún después para quienes bajo su amparo adquirieron el derecho. Debe por tanto la Sala examinar la constitucionalidad del decreto mientras estuvo vigente, a efecto de resolver en este caso concreto la legalidad del acto administrativo sometido a su juzgamiento, examen

quienes bajo su amparo adquirieron el derecho. Debe por tanto la Sala examinar la constitucionalidad del decreto mientras estuvo vigente, a efecto de resolver en este caso concreto la legalidad del acto administrativo sometido a su juzgamiento, examen que frente al art. 13 de la Carta omitió la Corte ante el vicio de falta de unidad de materia. En el proceso de inconstitucionalidad surtido ante la Corte Constitucional, el agente del Ministerio Público solicitó la inexequibilidad del precepto en la parte acusada. Sobre su vista fiscal la sentencia reseña: (...) Coincide la Sala con el punto de vista del señor agente del Ministerio Público, pues como es sabido, la nivelación que hizo el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2108 de 1992 obedeció a una justa pretensión del sector de los jubilados, cuyos aumentos decretados con anterioridad al 11 de enero de 1989 (antes de los aumentos decretados por virtud de la ley 71 de 1988), presentaban diferencias con los aumentos de salarios; el gobierno niveló dichas pensiones en los porcentajes allí expresados, para ser pagaderos a partir del 11 de enero de 1993 hasta culminar en 1994 para los pensionados de 1981 y anteriores y en 1995 para los pensionados entre 1982 hasta 1988, y precisó que estos reajustes pensionales son compatibles con los incrementos decretados por el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 71 de 1988. Si como se dejó indicado en el recuento de los antecedentes, la entidad demandada en el acto acusado manifiesta que a los pensionados de la empresa les fue aplicado lo previsto en la Ley 4a de 1976, sobre

Si como se dejó indicado en el recuento de los antecedentes, la entidad demandada en el acto acusado manifiesta que a los pensionados de la empresa les fue aplicado lo previsto en la Ley 4a de 1976, sobre aumento de pensiones, lo que indica que tuvieron diferencias con los aumentos salariales, no hay razón para que la preceptiva del decreto 2108 de 1992 no les aplique, pues estarían en las mismas condiciones de los pensionados del orden nacional que se beneficiaron con el reajuste. Hacer tal discriminación con los pensionados de la empresa demandada, que se encuentran bajo los mismos supuestos del artículo 10 del decreto 2108 de 1992, atentaría contra el artículo 13 de la Carta Política, toda vez que no se estaría tratando en igual forma a las partes que se encuentren en iguales situaciones.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 12

SECCION SEGUNDA-SUBSECCION 'C' Exp .No. 99-1367

Actor: MELBA FALIA ARIAS DE RICCO En este orden, la Sala en acatamiento al principio fundamental consagrado en el artículo 40 de la Constitución que ordena que "en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales", habrá de declarar la inaplicación en este caso concreto de la expresión "del orden nacional" contenida en el art 10 del decreto 2108 de 1992 por su contrariedad con el art. 13 de la Carta, cuya aplicación es preferente.

En consecuencia, el acto acusado es nulo al prescribir que los ajustes de que trata el decreto 2108 de 1992 no son aplicables a los

contrariedad con el art. 13 de la Carta, cuya aplicación es preferente. En consecuencia, el acto acusado es nulo al prescribir que los ajustes de que trata el decreto 2108 de 1992 no son aplicables a los pensionados de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Debe sí la Sala, en aras de la claridad, señalar que la aplicación del citado decreto debe hacerse en los precisos términos y condiciones que consagra su texto: es decir a las pensiones de jubilación reconocidas con anterioridad al 10 de enero de 1989 aue oresenten diferencias con los aumentos de salario, lo cual deberá determinarse en cada caso concreto (se destaca)". De la jurisprudencia referida se desprende, que aquellos empleados ya sean del orden nacional o distrital, que adquirieron el derecho a los reajustes pensionales durante el periodo que estuvo vigente lo dispuesto en la Ley 6 de 1992 y el decreto reglamentario 2108 del