TA HUI - Sentencia 41001-23-33-000-2019-00290-00 (21-10-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, octubre veintiuno (21) de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADO PONENTE : JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO RADICACIÓN : 41001-23-33-000-2019-00290-00

DEMANDANTE : ALDO DARRIN HERNÁNDEZ GARCÍA

DEMANDADO : UGPP MEDIO CONTROL : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SENTENCIA No. : 20-10-216-25/NRD-112-1-9

ACTA No. : 95 DE LA FECHA

1. TEMA.

Se profiere la sentencia que decide la primera instancia.

2. POSICIÓN DE LA DEMANDANTE (f. 1 a 35 c. físico).

2.1. El señor Aldo Darrin Hernández García promueve el presente medio de control en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, pretendiendo: i) que se declare la nulidad de la liquidación oficial No. RDO-2017-03205 del 12 de septiembre de 2017 y la resolución RDC-2018-00957 del 31 de agosto de 2018 donde resuelve el recurso de reconsideración, por medio de las cuales la demandada le liquida el pago de aportes al sistema de seguridad social y le impone sanciones por omisión e inexactitud y, ii) en subsidio, que se efectúen las correcciones pertinentes, ajustando las sumas a pagar con base en el ingreso base de cotización (IBC) realmente devengado mes a mes durante el año 2014.

inexactitud y, ii) en subsidio, que se efectúen las correcciones pertinentes, ajustando las sumas a pagar con base en el ingreso base de cotización (IBC) realmente devengado mes a mes durante el año 2014.

2.2. En el sustento fáctico señala que la entidad demandada expidió el requerimiento para declarar y/o corregir No. RCD-2016-01929 del 28 de noviembre de 2016, en donde indicó que tras la revisión de la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2014, el demandante habría incurrido en omisiones e inexactitudes en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral durante los periodos comprendidos entre enero y diciembre de dicho año.

Agrega que al mencionado requerimiento dio respuesta oportunamente por escrito presentado el 15 de febrero de 2017, conforme al artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 sin embargo, la demandada emite la l iquidación oficial No. RDO-2017-03205Radicación: 41001-23-33-000-2019-00290-00 2

Demandante: Aldo Darrin Hernández García

Demandado: UGPP

del 12 de septiembre de 2017 donde le impone el pago de $51’650.300 por aportes en salud y pensión omitidos en la vigencia 2014, así como una sanción por omisión de $112’728.000 y otra sanción por inexactitud de $30’990.180.

Inconforme con esta decisión, el demandante interpone el recurso de reconsideración el 9 de noviembre de 2017 el cual es admitido por auto No. ADC2017-01258 del 12 de diciembre de 2017 y finalmente, la entidad emite la resolución

Inconforme con esta decisión, el demandante interpone el recurso de reconsideración el 9 de noviembre de 2017 el cual es admitido por auto No. ADC2017-01258 del 12 de diciembre de 2017 y finalmente, la entidad emite la resolución No. RDC-2018-00957 del 31 de agosto de 2018 resolviendo el citado recurso en el sentido de modificar parcialmente la liquidación oficial fijando en $28’939.700 los aportes, $67 ’306.800 la sanción por omisión y en $17’363.820 la sanción por inexactitud.

2.3. En las normas violadas cita: los artículos 2, 6 y 29 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011.

2.4. En el concepto de la violación expone los siguientes cargos:

2.4.1. Primer cargo: expedición de los actos administrativos con infracción de las normas en que deberían fundarse y falsa motivación.

Sostiene que la demandada expidió los actos administrativos sancionatorios vulnerando la Constitución Política, la ley y los principios rectores del procedimiento administrativo previstos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 —debido proceso, legalidad, proporcionalidad y buena f e—, por desconocimiento d el marco jurídico vigente al aplicar retroactivamente disposiciones que no se encontraban en vigor para el año 2014.

En efecto, para el año fiscalizado no existía reglamentación sobre el sistema de presunción de ingresos aplicable a los rentistas de capital y trabajadores por cuenta propia, distintos de los contratistas de prestación de servicios , para ello, s e apoya

En efecto, para el año fiscalizado no existía reglamentación sobre el sistema de presunción de ingresos aplicable a los rentistas de capital y trabajadores por cuenta propia, distintos de los contratistas de prestación de servicios , para ello, s e apoya en el concepto No. 164487 de 2014 del Ministerio del Trabajo en el que precisa que el gobierno nacional no había expedido norma que reglamentara la Ley 1122 de 2007 a efectos de definir la presunción de ingresos , para determinar la base de cotización para los rentistas de capital o independientes , sin contrato de servicios , por tanto, la demandada carecía de sustento normativo para establecer el IBC sobre los ingresos percibidos en la aludida vigencia fiscal.Radicación: 41001-23-33-000-2019-00290-00 3

Demandante: Aldo Darrin Hernández García

Demandado: UGPP

Cita los artículos 204 de la Ley 100 de 1993, 18 de la Ley 1122 de 2007 y 135 de la Ley 1753 de 2015, este último creador del sistema de presunción de ingresos, el que estima no es aplicable a la anualidad fiscalizada (2014) , porque su aplicación retroactiva vulnera los artículos 338 y 363 de la Constitución Política y apoya su tesis en las sentencias C-785 de 2012, C-430 de 2009, C-527 de 1996 y C -006 de 1998 de la Corte Constitucional, que reafirman la irretroactividad de la ley tributaria y la imposibilidad de aplicar retroactivamente cargas más gravosas al contribuyente.

Por último , denuncia que la demandada prorrateó indebidamente los ingresos anuales de $513’734.000 en doce meses iguales, sin tener en cuenta las pruebas y

imposibilidad de aplicar retroactivamente cargas más gravosas al contribuyente.

Por último , denuncia que la demandada prorrateó indebidamente los ingresos anuales de $513’734.000 en doce meses iguales, sin tener en cuenta las pruebas y argumentos del demandante, por lo cual no existe base que soporte la distribución mensual aducida por la entidad, desconociendo la realidad económica y probatoria del aportante , aspecto s que en su sentir vicia n de falsa motivación los actos demandados.

2.4.2. Segundo cargo: indebida conformación del IBC y falsa motivación.

Expone que l a entidad presumió que el demandante percibió ingresos mensuales constantes según su declaración de renta de 2014 que reporta un to tal de $513’734.000 los cuales prorratea en doce meses sin considerar los costos y gastos reales de la actividad económica, lo que generó una base gravable artificialmente elevada y contraria a la realidad contable del obligado.

Agrega que las certificaciones contables y balances mensuales reflejan que su actividad —venta al por menor de artículos de papelería— presentaba fluctuaciones naturales en las ventas, con mayores ingresos en meses de alta demanda (enero y febrero) y menores en otros períodos y como la contabilidad fue llevada conforme a los artículos 48 y 49 del Código de Comercio, respaldada con comprobantes internos y externos, acreditan fielmente su situación económica.

Explica que los registros se realizaron mediante máquina registradora POS, mecanismo autorizado por el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, el Decreto 1165 de 1996 y la Resolución 3878 de 1996, entonces, las tirillas que emite tal sistema

Explica que los registros se realizaron mediante máquina registradora POS, mecanismo autorizado por el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, el Decreto 1165 de 1996 y la Resolución 3878 de 1996, entonces, las tirillas que emite tal sistema constituyen soporte válido de operaciones comerciales.

Argumenta que el cálculo efectuado por la demandada es contrario al ordenamiento superior, al no aplicar correctamente el límite legal del IBC, que según laRadicación: 41001-23-33-000-2019-00290-00 4

Demandante: Aldo Darrin Hernández García

Demandado: UGPP

jurisprudencia y la reglamentación aplicable, es del 40% de la utilidad neta después de descontar las expensas necesarias para la actividad, sin exceder de 25 smlm, más sin embargo, la entidad desconoció que los meses con pérdidas suprimen l a obligación de aportar y al proceder en contra de dicha realidad, se le vulneraron los derechos al debido proceso administrativo y a la seguridad jurídica, al apartarse por completo del principio de realidad económica y de la regla establecida en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 que introdujo desde esa fecha un sistema presuntivo para trabajadores independientes, no aplicable retroactivamente al año 2014.

Sustenta que la declaración de renta de 2014 ya se encontraba en firme conforme al artículo 714 del Estatuto Tributario cuando fue valorada por la UGPP, desatendiendo los rubros de costos y gastos operacionales por $482 ’803.800 debidamente contabilizados y soportados con facturas, recibos y comprobantes de egreso, cuya omisión produjo una sobrestimación del ingreso neto y una

desatendiendo los rubros de costos y gastos operacionales por $482 ’803.800 debidamente contabilizados y soportados con facturas, recibos y comprobantes de egreso, cuya omisión produjo una sobrestimación del ingreso neto y una determinación irrazonable del IBC ; entre ellos están los gastos de arrendamiento, servicios públicos, nómina, transporte, costos financieros y pagos a contratistas, todos inherentes a la actividad comercial.

Enfatiza que la declaración de renta tiene efectos exclusivos en materia tributaria, según el artículo 596 del Estatuto Tributario y no puede usarse como fundamento directo para liquidar aportes parafiscales, dado que el cálculo de contribuciones al sistema de seguridad social se realiza sobre los ingresos efectivamente percibidos , en consecuencia, la demandada desbordó sus facultades, vulnerando los principios de legalidad, proporcionalidad y buena fe, configurando un vicio de nulidad por falsa motivación en los actos administrativos demandados.

Finalmente, solicita que el despacho declare la nulidad de las decisiones impugnadas, ordenando el replanteamiento del IBC conforme a la renta líquida real de 2014 ($30.929.736) con la respectiva depuración de costos y deducciones de modo que los aportes s e liquiden correctamente y se restablezcan los derechos patrimoniales del contribuyente, que resume así:

Año Mes Ingreso depurado IBC Aporte Aporte pagado salud Aporte pagado pensión Valor pagado aportes Ajuste aporte adeudado

Año Mes Ingreso depurado IBC Aporte Aporte pagado salud Aporte pagado pensión Valor pagado aportes Ajuste aporte adeudado 2014 Ene. $ 2.981.453 $ 2.981.453 $ 879.529 $ 155.400 $ 198.900 $ 354.300 $ 525.229 2014 Feb. $ 4.670.555 $ 4.670.555 $ 1.377.814 $ 279.300 $ 357.600 $ 636.900 $ 740.914Radicación: 41001-23-33-000-2019-00290-00 5

Demandante: Aldo Darrin Hernández García

Demandado: UGPP

2.4.3. Tercer cargo: falsa motivación.

Refiere que la entidad no verificó correctamente el tipo de labor independiente, pese a que cumple los requisitos del artículo 329 del Estatuto Tributario y del Decreto 3032 de 2013 para ser considerado trabajador por cuenta propia, categoría que exige calcular los aportes al sistema de seguridad social-SGSS con base en la utilidad neta, es decir, descontando costos y gastos y también desatendió el renglón 50 de la declaración de renta correspondiente a los costos y deducciones, los cuales no constituyen ingresos efectivamente percibidos ni incrementan el patrimonio, por lo que no pueden integrar la base de cotización.

Añade que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 no faculta a la UGPP para presumir ingresos ni establece metodología para hacerlo, de modo que su actuación carece de fundamento legal , por tanto, se aplica el precedente de la Sección Cuarta del

ingresos ni establece metodología para hacerlo, de modo que su actuación carece de fundamento legal , por tanto, se aplica el precedente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia del 15 de marzo de 2012 (rad. 16660), donde precisa que hay falsa motivación cuando la administración basa su decisión en hechos inexistentes o ignora los que sí están demostrados y que habrían llevado a una conclusión distinta, al mismo tiempo que la Corte Constitucional en sentencia SU-917 de 2010 sostuvo que la motivación es garantía del debido proceso y expresión del Estado de derecho, al permitir al administrado conocer las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión.

Año Mes Ingreso depurado IBC Aporte Aporte pagado salud Aporte pagado pensión Valor pagado aportes Ajuste aporte adeudado 2014 Mar. $ 3.618.326 $ 3.618.326 $ 1.067.406 $ 296.700 $ 379.800 $ 676.500 $ 390.906 2014 Abr. $ 2.080.436 $ 2.080.436 $ 592.924 $ 156.600 $ 200.500 $ 357.100 $ 235.824 2014 May. $ 1.954.079 $ 1.954.079 $ 556.913 $ 156.400 $ 200.100 $ 356.500 $ 200.413 2014 Jun. $ 2.155.419 $ 2.155.419 $ 614.294 $ 146.400 $ 187.400 $ 333.800 $ 280.494

2014 Jul. $ 1.804.588 $ 1.804.588 $ 514.308 $ 144.100 $ 184.400 $ 328.500 $ 185.808 2014 Ago. $ 1.478.280 $ 1.478.280 $ 421.310 $ 159.200 $ 203.800 $ 363.000 $ 58.310 2014 Sep. $ 1.866.531 $ 1.866.531 $ 531.961 $ 152.400 $ 195.100 $ 347.500 $ 184.461 2014 Oct. $ 1.899.784 $ 1.899.784 $ 540.938 $ 151.438 $ 194.500 $ 345.600 $ 195.338 2014 Nov. $ 2.035.731 $ 2.035.731 $ 580.183 $ 168.600 $ 190.100 $ 358.800 $ 221.383 2014 Dic. $ 4.384.554 $ 4.384.554 $ 1.293.443 $ 120.400 $ 154.000 $ 274.300 $ 1.019.143 Total $ 30.929.736 $ 8.971.524 $ 2.067.400 $ 2.646.300 $ 4.713.700 $ 4.257.824Radicación: 41001-23-33-000-2019-00290-00 6

Demandante: Aldo Darrin Hernández García

Demandado: UGPP

2.4.4. Cuarto cargo: incorrecto cálculo de la sanción por omisión.

Aduce que la demandada incurrió en error al calcular la sanción de omisión y determinar el monto de los aportes a los subsistemas de pensión y fondo de solidaridad pensional de forma uniforme para los doce periodos del año 2014, sin considerar los ingresos reales mensualizados, ni los gastos asociados a la actividad

determinar el monto de los aportes a los subsistemas de pensión y fondo de solidaridad pensional de forma uniforme para los doce periodos del año 2014, sin considerar los ingresos reales mensualizados, ni los gastos asociados a la actividad económica del contribuyente, agravando injustificadamente su situación económica.

Asimismo, la demandada adicionó de manera arbitraria un mes a cada periodo fiscalizado para aumentar el monto de la sanción, ignorando que conforme al artículo 4 del Decreto 1670 de 2007, como trabajador independiente, por los últimos dos dígitos de su documento de identificación (47), podía efectuar sus aportes hasta el séptimo día hábil del mes siguiente, por tanto, la sanción debía calcularse a partir de la fecha efectiva de vencimiento y no incluir un mes adicional.

Indica que de acuerdo con el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016, la sanción por omisión debe computarse desde el mes siguiente al vencimiento del plazo para declarar o pagar, por lo que tratándose del período enero de 2014, solo a partir de febrero del mismo año podía iniciar el cómputo , empero, la entidad extendió el cálculo desde enero de 2014 hasta septiembre de 2017 (fecha de la liquidación oficial RDO-2017-03205) contabilizando indebidamente 42 meses, cuando el período correcto correspondía a 41 meses, vulnerando así los principios de legalidad y proporcionalidad sancionatoria.

2.5. En el alegato conclusivo itera los argumentos expuestos en la demanda (archivo 6 OneDrive).

3. POSICIÓN DE LA DEMANDADA (f. 131 a 149 exp. físico).

2.5. En el alegato conclusivo itera los argumentos expuestos en la demanda (archivo 6 OneDrive).

3. POSICIÓN DE LA DEMANDADA (f. 131 a 149 exp. físico).

3.1. La demandada admite los hechos referidos en la demanda y se opone a las pretensiones considerando que los actos administrativos fueron expedidos en ejercicio legítimo de sus funciones legales y están amparados por la presunción de legalidad, sobre todo , cuando la actuación administrativa estuvo sujeta a la normativa vigente, en la cual se pudo comprobar que el aportante omitió los pagos al sistema de protección social durante el año 2014, sin que lo haya desvirtuado, asimismo, rechaza la pretensión de cotejo y corrección del IBC por ser vaga y carente de sustento fáctico.Radicación: 41001-23-33-000-2019-00290-00 7

Demandante: Aldo Darrin Hernández García

Demandado: UGPP

3.2. En los fundamentos de defensa , sostiene que el artículo 48 de la Constitución Política consagra la seguridad social como un derecho irrenunciable y un servicio público obligatorio, desarrollado mediante la Ley 100 de 1993 bajo los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad e integralidad y que según la Corte Constitucional (sentencias C -124 de 2004, C -655 de 2003 y C -504 de 2014), este sistema implica un esfuerzo colectivo que garantiza la sostenibilidad y equidad mediante la contribución de todos, aunado a que la Ley 789 de 2002 define el sistema de protección social como el conjunto de políticas públicas orientadas a

sistema implica un esfuerzo colectivo que garantiza la sostenibilidad y equidad mediante la contribución de todos, aunado a que la Ley 789 de 2002 define el sistema de protección social como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida, financiado con contribuciones parafiscales destinadas a salud, pensión, trabajo y bienestar general de los ciudadanos.

Aduce que desde su creación legal en el Decreto Ley 169 de 2008 y con el fin de garantizar el cumplimiento en la declaración, liquidación y pago oportuno de las contribuciones al sistema de la protección social, la Corte Constitucional en sentencia C-376 de 2008 ha destacado su papel en la lucha contra la evasión y elusión de aportes, a lo que se agrega que conforme a los artículos 178 a 180 de la Ley 1607 de 2012 y al Estatuto Tributario , debe ejercer funciones de fiscalización, cobro y estandarización, actuando como entidad articuladora del sistema para asegurar su sostenibilidad, eficiencia y control integral.

3.3. Se opone a los cargos en los siguientes términos:

3.3.1. Se opone a los cargos primero y segundo (nulidad por infracción de normas superiores y conformación indebida del IBC – falsa motivación), argumentando que los actos administrativos fueron expedidos con competencia según los artículos 156 de la Ley 1151 de 2007, 1 -9-b del Decreto Ley 169 de 2008 y 178 de la Ley 1607 de 2012 que le atribuyen la facultad para fiscalizar, determinar y cobrar las contribuciones parafiscales del sistema de protección social y según el 178-parágrafo 2°, puede iniciar acciones sancionatorias dentro de los cinco años siguientes al hecho

de 2012 que le atribuyen la facultad para fiscalizar, determinar y cobrar las contribuciones parafiscales del sistema de protección social y según el 178-parágrafo 2°, puede iniciar acciones sancionatorias dentro de los cinco años siguientes al hecho sancionable.

En ese sentido, precisa que la omisión en afiliación o vinculación, prevista en el artículo 1° del Decreto 3033 de 2013 (compilado en el Decreto 1068 de 2015), configura incumplimiento frente a los subsistemas de salud y pensión , asimismo, invoca el artículo 50 de la Ley 1739 de 2014 por el cual se halla autorizada paraRadicación: 41001-23-33-000-2019-00290-00 8

Demandante: Aldo Darrin Hernández García

Demandado: UGPP

imponer sanciones por omisión, inexactitud y no envío de información , lo cual constituye un marco legal suficiente para la actuación administrativa promovida frente al demandante.

De otro lado, afirma que el marco legal aplica do al demandante se encontraba vigente en el 2014 y claramente definía la obligación de los trabajadores independientes de cotizar sobre ingresos reales, conforme a los artículos 15, 19, 157 y 204 de la Ley 100 de 1993 modificados por la Ley 797 de 2003 y reglamentados en los Decretos 806 de 1998 y 510 de 2003, al mismo tiempo que la jurisprudencia constitucional (sentencias C -1089 de 2003 y C -578 de 2009) han definido que el trabajador independiente es quien desarrolla su actividad con autonomía y capacidad de pago, reiterando la obligatoriedad de su afiliación al sistema de seguridad social integral.

trabajador independiente es quien desarrolla su actividad con autonomía y capacidad de pago, reiterando la obligatoriedad de su afiliación al sistema de seguridad social integral.

Sostiene que el IBC se calcula con base en los ingresos efectivamente percibidos, descontando únicamente los costos que acrediten causalidad, necesidad y proporcionalidad (artículo 107 del Estatuto Tributario) y pasa a explicar que con base en la declaración de renta del actor del 2004 se establece un ingreso total de $513’734.000 el cual se prorratea en doce meses, deduciendo únicamente los costos probados de $368’682.957 pues los demás costos fueron rechazados por no cumplir requisitos de soporte idóneo o estar fuera del período fiscalizado (2014), argumentos que apoya en jurisprudencia del Consejo de Estado (sentencias del 28 de junio de 2010, 25 de septiembre de 2008, 28 de febrero de 2013 y 22 de septiembre de 2016), que restringe la libertad probatoria y exige facturación válida para acreditar costos deducibles.

Finalmente, señala que la carga probatoria recae en el aportante conforme al artículo 167 del CGP y al artículo 742 del E.T., debiendo probar los hechos que sustenten su pretensión, por lo cual, como el actor no logra acreditar con pruebas suficientes ni certificaciones contables válidas, se debe mantener la liquidación oficial ya que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 donde se prevé un 40% de presunción de ingreso, n o resulta aplicable por tratarse de una norma posterior a los hechos fiscalizados (año 2014), por tanto, insiste en el incumplimiento del demandante de

ingreso, n o resulta aplicable por tratarse de una norma posterior a los hechos fiscalizados (año 2014), por tanto, insiste en el incumplimiento del demandante de su obligación de cotizar sobre los ingresos efectivamente percibidos, lo que en esencia dio sustento a la decisión administrativa atacadaRadicación: 41001-23-33-000-2019-00290-00 9

Demandante: Aldo Darrin Hernández García

Demandado: UGPP

3.3.2. Sobre el cargo tercero por falsa motivación, la demandada se opone a su prosperidad pues la jurisprudencia del Consejo de Estado en sentencias del 27 de septiembre de 2001 (Rad. 1913-2000) y del 16 de septiembre de 2010 (Rad. 16772) señalan que la falsa motivación ocurre cuando los motivos expuestos en el acto administrativo no corresponden a la realidad o se tergiversan, afectando el elemento causal del acto , lo que no ocurre en este caso , porque los actos demandados se fundamentaron en hechos ciertos, pruebas verificables y normas aplicables , por ejemplo, parte de la información del demandante fue tomada de la DIAN, la PILA y demás documentos aportados, demostrando sin duda la omisión del aportante de cotizar al sistema de seguridad social como trabajador independiente.

En síntesis, los actos administrativos demandados contienen una motivación completa y estructurada que abarca antecedentes, marco legal, fundamentos de derecho, análisis probatorio y parte resolutiva , contexto en el que fueron resueltas las objeciones del aportante, por tanto, no existe contradicción entre los hechos y la motivación de los actos, ni desviación de poder o error determinante, por lo que el

derecho, análisis probatorio y parte resolutiva , contexto en el que fueron resueltas las objeciones del aportante, por tanto, no existe contradicción entre los hechos y la motivación de los actos, ni desviación de poder o error determinante, por lo que el cargo de falsa motivación no puede prosperar1.

3.3.3. Acerca del cargo cuarto (incorrecto cálculo de la sanción por omisión), sostiene que el cálculo fue efectuado conforme al artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 donde le otorgan la facultad de imponer sanciones por omisión e inexactitud en el pago de aportes al sistema de protección social, el cual establece que cuando el aportante no se afilie o no pague los aportes en el plazo legal, debe asumir una sanción mensual o fracción de mes según el número de empleados o, del 12% si es independiente, la cual se aumenta si existe requerimiento o liquidación oficial.

Así, en la resolución que desata el recurso de reconsideración, se precisaron las sanciones recalculadas aplicando estrictamente la disposición citada, diferenciando entre sanción por inexactitud y por omisión : la sanción por inexactitud es del equivalente al 60% de la diferencia entre lo declarado y lo debido ($17’363.820), mientras que la sanción por omisión se obtuvo a partir del retardo en meses de cada período a cotizar hasta la fecha de la liquidación oficial (de 1 a 42 meses), y el límite legal del 200% del aporte omitido por cada período ($67’306.800).

1 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 27 de septiembre de 2001, Rad. 25000-23-25legal del 200% del aporte omitido por cada período ($67’306.800).

1 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 27 de septiembre de 2001, Rad. 25000-23-25000-1997-4005-01 [1913-2000]), y 16 de septiembre de 2010, Rad. 25000 -23-27-000-2005-0027901 [16772]).Radicación: 41001-23-33-000-2019-00290-00 10

Demandante: Aldo Darrin Hernández García

Demandado: UGPP

Así establece la sanción por omisión:

Periodo Valor Omisión (COP) % Sanción No. Meses de Retardo Valor Sanción Calculada (COP) Tope sanción 200% de la omisión (COP) 2014-1 354.300 10% 42 1’488.060 708.600 2014-2 3’494.000 10% 41 14’325.400 6’988.000 2014-3 4’697.000 10% 40 18’788.000 9’394.000 2014-4 4’697.000 10% 39 18’318.300 9’394.000 2014-5 3’464.100 10% 38 13’163.580 6’928.200 2014-6 333.800 10% 37 1’235.060 667.600 2014-7 409.900 10% 36 1’475.640 819.800 2014-8 4’697.000 10% 35 16’439.500 9’394.000 2014-9 4’697.000 10% 34 15’969.800 9’394.000

2014-8 4’697.000 10% 35 16’439.500 9’394.000 2014-9 4’697.000 10% 34 15’969.800 9’394.000 2014-10 4’697.000 10% 33 15’500.100 9’394.000 2014-11 338.800 10% 32 1’084.160 677.600 2014-12 1’773.500 10% 31 5’497.850 3’547.000 Total general 33’653.400 — — 123’285.450 67’306.800

De esta forma, la entidad concluye que los cálculos se efectuaron sobre los períodos efectivamente omitidos, sin adicionar meses como afirma la parte actora , en consecuencia, la sanción aplicada se ajusta a la norma y no vulnera disposiciones legales, de ahí que el cargo resulte infundado.

3.4. En el alegato conclusivo (archivo 5 OneDrive) itera los argumentos defensivos de la contestación de la demanda, enfatizando que si bien el actor aportó en el proceso de fiscalización pruebas sobre costos y gastos, solo se aceptaron aquellos que cumplían los requisitos del artículo 107 del E.T., por ello se le tuvieron en cuenta los costos acreditados que ascendieron a $368’682.957 y los demás fueron rechazados por incumplir los artículos 107 y 771 -2 Id, en concordancia con los artículos 617 y 618 Ib, sin que la posición de la administración haya sido desvirtuada por el demandante.

Por último, adiciona que el actor tenía capacidad económica y estaba obligado a afiliarse y cotizar al S SGSS conforme a la Ley 100 de 1993 y los principios de

por el demandante.

Por último, adiciona que el actor tenía capacidad económica y estaba obligado a afiliarse y cotizar al S SGSS conforme a la Ley 100 de 1993 y los principios de universalidad y solidaridad, citando jurisprudencia del Consejo de Estado queRadicación: 41001-23-33-000-2019-00290-00 11

Demandante: Aldo Darrin Hernández García

Demandado: UGPP

reafirma la obligatoriedad de cotización para trabajadores independientes, rentistas y propietarios de empresas2.

4. EL MINISTERIO PÚBLICO.

No presenta concepto ni interviene a lo largo del proceso (f. 159 c. físico, y archivo 7 OneDrive).

5. CONSIDERACIONES.

5.1. Competencia, legitimación y validez.

El Tribunal es competente para resolver el presente caso , de conformidad con los artículos 152-3, 156-7 y 157 del CPACA y procede a ello, por cuanto no se avizoran circunstancias que invaliden lo actuado, además , las partes están legitimadas en causa, dado que el demandante cuestiona los actos administrativos demandados donde se imparte liquidación oficial de los aportes a seguridad social del año 2014 y se le imponen sanciones por omisión e inexactitud, cuya legalidad a su vez es defendida por la demandada, por eso el interés en que se resuelva la posición de ambas partes.

5.2. Problema jurídico.

Se plantea en la audiencia inicial que corresponde al Tribunal resolver el siguiente problema jurídico:

Hay lugar a declarar la nulidad de la liquidación oficial de revisión No. RDO-20175.2. Problema jurídico.

Se plantea en la audiencia inicial que corresponde al Tribunal resolver el siguiente problema jurídico:

Hay lugar a declarar la nulidad de la liquidación oficial de revisión No. RDO-201703205 del 12 de septiembre de 2017 y la resolución No. RDC-2018-00957 del 31 de agosto de 2018 donde la UGPP impuso al señor Aldo Darrin Hernández García , la obligación de pagar los aportes omitidos al sistema de seguridad social integral correspondientes al año 2014 y se le sancionó por omisión e inexactitud, por incurrir dichos actos en los vicios de nulidad aducidos en los cargos planteados en la demanda

2 Consejo de Estado (Rad. 11001 -03-27-000-2017-00037-00(23379), ponente: Milton Chaves García, 1° de agosto de 2019).Radicación: 41001-23-33-000-2019-00290-00 12

Demandante: Aldo Darrin Hernández García

Demandado: UGPP

La tesis del Tribunal es que deben anularse parcialmente los actos administrativos demandados, por cuanto la UGPP , si bien actuó dentro de su competencia legal y con fundamento en las Leyes 100 de 1993, 797 de 2003, 1151 de 2007 y 1438 de 2011, erróneamente determinó el ingreso base de cotización (IBC) del actor mediante un prorrateo mensual o división anual de los ingresos en doce meses, desconociendo los costos y gastos efec