TA HUI - Sentencia 41001-23-33-000-2020-00850-00 (01-04-2025)

República de Colombia Rama Judicial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Segunda de Decisión M.P. Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Neiva – Huila, primero (01) de abril de dos mil veinticinco (2025).

ASUNTO : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE : ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.

DEMANDADA : SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS PROVIDENCIA : SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA RADICACIÓN : 41 001 23 33 000 2020 00850 00

Aprobado en sesión de la fecha. Acta N° 023.

ASUNTO

Profiere la Sala sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, agotadas las etapas procesales correspondientes, siendo competente para ello en razón a la naturaleza del asunto y el lugar donde ocurrieron los hechos y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado.

1. LA DEMANDA

1.1. Las Pretensiones

El apoderado judicial de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. , concreta las pretensiones contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios , de la siguiente manera solicitando la nulidad de:

“PRIMERO. Por las causales invocadas en el concepto de la violación, declarar la nulidad de los actos administrativos denominados: Resolución No.

de la siguiente manera solicitando la nulidad de:

“PRIMERO. Por las causales invocadas en el concepto de la violación, declarar la nulidad de los actos administrativos denominados: Resolución No. SSPD 20192400004385 del 27 de febrero de 2019, proferida por la Superintendencia Delegada de Energía y Gas Com bustible de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por la cual la Superservicios impuso una multa de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($1.656.232.000) a la empresa ELECTIRIFCADORA DEL HUILA S.A. E.S.P., y resolución SSPD -20202400004045 del 11 de febrero de 2020, por la cual resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la primera resolución y la confirma en su integridad, la cual quedó ejecutoriada el 12 de marzo de 2020.

SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho violado a mi mandante,Tribunal Contencioso Administrativo del Huila Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. vs. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Rad. 410012333000 2020 00850 00 – Sancionatorio 2 como consecuencia de la anterior declaración, ordenar a la entidad demandada devolver a mi representada el valor de la multa impuesta, esto es, $1.656.232.000, pagados por mi mandante en su i ntegridad, debidamente indexado dicho valor, desde la fecha de pago hasta su devolución.

TERCERO. Se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en derecho dentro de la presente actuación judicial.

1.2. Los Hechos

indexado dicho valor, desde la fecha de pago hasta su devolución.

TERCERO. Se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en derecho dentro de la presente actuación judicial.

1.2. Los Hechos

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, por intermedio de la Dirección de Investigaciones para Energía y Gas Combustible, inició la investigación administrativa 2017240350600004E contra la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., mediante providencia No. 20172400259471 del 7 de abril de 2017, en la que se formularon los siguientes cargos:

"2.1. CARGO PRIMERO: ELECTROHUILA incurrió en una falla en la prestación del servicio público del servicio de energía eléctrica al no cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 11.2.6.3 del Anexo General de la Resolución CREG -097 de 2008, necesarios para dar aplicación al Esquema de Incentivos y Compensaciones de la resolución CREG-097 del 2008".

"2.2. CARGO SEGUNDO: ELECTROHUILA presuntamente incumplió el artículo 136 de la Ley 142 de 1994 y el numeral 6.3.4 de la Resolución CREG 070 de 1998. Lo anterior se debe a que varios circuitos administrados por ELECTROHUILA en el Sistema de Distribución Local (SDL) presuntamente superaron los límites máximos admisibles de los indicadores DES - FES para el año 2015 у 2016".

"2.3. CARGO TERCERO: ELECTROHUILA presuntamente incumplido (sic) el

superaron los límites máximos admisibles de los indicadores DES - FES para el año 2015 у 2016".

"2.3. CARGO TERCERO: ELECTROHUILA presuntamente incumplido (sic) el capítulo 13 de la Resolución SSPD 2012400008055 de 2010, modificada por la Resolución 20121300017645 de 2012 y numeral 9.5 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, al no reportar información del formato 19 "Información de Acc identes de Origen Eléctrico" del cuarto trimestre de 2016 en el SUI".

Mediante Resolución SSPD-20192400004385 del 27 de febrero de 2019, el Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible consideró probados los anteriores cargos por infracciones administrativas y dispuso imponer sanción de multa por cada uno de ellos así:

• Por el primer cargo : La suma de $784.189.847, equivalente a 947 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

• Por el segundo cargo: La suma de $855.479.833, equivalentes a 1033 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

• Por el tercer cargo: La suma de $16.562.320, equivalentes a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Contra el acto administrativo antes descrito se interpuso recurso deTribunal Contencioso Administrativo del Huila Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. vs. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Rad. 410012333000 2020 00850 00 – Sancionatorio 3 reposición el cual fue resuelto por la Superintendente de Servicios Públicos

Rad. 410012333000 2020 00850 00 – Sancionatorio 3 reposición el cual fue resuelto por la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios mediante Resolución SSPD-20202400004045 del 11 de febrero de 2020, acto administrativo mediante el cual confirma en su integridad la resolución de multa.

De acuerdo con la constancia que expidió el funcionario notificador de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, el acto recurrido adquirió firmeza el 12 de marzo de 2020.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

Artículos 1, 2, 29, 189 numeral 22, 209, 365 a 370 de la Constitución Política. Artículos 79, 80, 81 y 136 de la Ley 142 de 1994. Artículos 3 numeral 1º, artículo 47 a 50 de la Ley 1437 de 2011. Numeral 11.2.6.3 del Anexo General de la Resolución CREG-097 de 2008, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Numeral 6.3.4 de la Resolución CREG -070 de 1998, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Previo a señalar los vicios de nulidad de los actos demandados y el concepto de la violación de las normas que configuran cada uno de ellos, empezó haciendo unas precisiones genéricas sobre la responsabilidad por infracciones administrativas de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios , indicando que p or virtud de los artículos 365 y siguientes de la Constitución Política , le corresponde al Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos en todos los habitantes del

públicos domiciliarios , indicando que p or virtud de los artículos 365 y siguientes de la Constitución Política , le corresponde al Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos en todos los habitantes del territorio nacional; el artículo 189 numeral 22 ibídem atribuye al presidente de la República el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos. El presidente para cumplir con esa función cuenta con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, organismo adscrito al Departamento Nacional de Planeación y entidad que cuenta con personería, patrimonio propio y autonomía administrativa. El control básico del presidente de la República en la Superintendencia es de tutela que se concreta en la posibilidad de nombrar al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

Como dicha función debe hacerse conforme a la ley, se tiene que las facultades de inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos que ejerce la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, está regulada en la Ley 142 de 1994 en lo sustantivo, mientras que en lo procedimental, debe atenerse al procedimiento administrativo sancionador previsto en la Ley 1437 de 2011 como quiera que la Ley 142 de 1994 no regula un procedimiento especial respecto de la facultad sancionatoria administrativa de la Superintendencia en mención.

Que, la Ley 142 de 1994, en los artículos 79 a 81, atribuye a la Superservicios facultades para vigilar y controlar el cumplimiento de leyes o actosTribunal Contencioso Administrativo del Huila Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. vs. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

facultades para vigilar y controlar el cumplimiento de leyes o actosTribunal Contencioso Administrativo del Huila Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. vs. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Rad. 410012333000 2020 00850 00 – Sancionatorio 4 administrativos a los que están sujetos quienes presten servicio s públicos y le otorga la función de imponer sanciones a quienes violen las normas a que deben estar sujetas en los términos del artículo 81 de la misma ley artículo 43 de la Ley 143 de 1994.

En el campo de la responsabilidad por infracciones administrat ivas de las empresas prestadoras de servicios públicos la tipicidad e ilicitud constituyen sus elementos determinantes. Así, el artículo 81 de la Ley 142 de 1994 establece como supuesto de Infracción la violación de las normas a que están sujetas, según la naturaleza y gravedad de la falta se establecen las sanciones y criterios de graduación de estas, aclarando que al momento de la infracción por la que Electrohuila S.A. E.S.P., fue sancionada no se había introducido modificaciones mediante Ley 1955 de 2019, artículo 19 en cuanto al monto de la multa. De esta manera, existe un tipo de infracción genérico que debe ser complementado por normas que regulan los hechos concretos en cada caso, dentro de ellas las resoluciones que expide la Comisión de Regulación de Energía y Gas. El aspecto subjetivo está instituido frente a las personas naturales no para las personas jurídicas según puede leerse en el inciso final del numeral 7 del referido artículo 81. En lo que toca con los criterios de graduación de la mult a, estos vienen dispuestos en la

frente a las personas naturales no para las personas jurídicas según puede leerse en el inciso final del numeral 7 del referido artículo 81. En lo que toca con los criterios de graduación de la mult a, estos vienen dispuestos en la norma especial y por ello no se acude al artículo 50 del CPACA.

1. Primer Cargo:

✓ "2.1. CARGO PRIMERO: ELECTROHUILA incurrió en una falla en la prestación del servicio público del servicio de energía eléctrica al no cumplir c on los requisitos establecidos en el numeral 11.2.6.3 del Anexo General de la resolución CREG -097 de 2008, necesarios para dar aplicación al Esquema de Incentivos y Compensaciones de la resolución CREG-097 del 2008".

Considera que hubo omisión en la determinación de la infracción en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Vulneración del principio de congruencia. Vulneración de los artículos 3º numeral 1º, artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 29 Superior. Este aspecto fue planteado al formular el recurso de reposición y se considera que antes que haberse desvirtuado se hizo más patente, tal como pasa a demostrarlo, aspecto que tiene como referente normativo el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, que en lo pertinente dispone: "(...) Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere el caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que se señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investig ación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes."(...).

y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investig ación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes."(...).

Al respecto, por la riqueza conceptual sobre los elementos que componen la responsabilidad por infracciones administrativas, añade que constantemente citará apartes de la sentencia 1996 -00680 de octubre 22 de 2012, ConsejoTribunal Contencioso Administrativo del Huila Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. vs. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Rad. 410012333000 2020 00850 00 – Sancionatorio 5 de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección c, radicación 05001 -23-24-000-1996-0680-01 (207389), Magistrado Ponente Dr. Enrique Gil Botero.

Motivación del Cargo en las Diferentes Decisiones Administrativas:

✓ Providencia de pliego de cargos SSPD -20172400259471 del 07 de abril de 2017.

"En el caso objeto de estudio, LA INVESTIGADA presuntamente habría incurrido en la violación del numeral 11.2. 6.3 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008 y por ende del artículo 136 de la ley 142 de 1.994, toda vez que han transcurrido más de 6 años y 11 meses de la entrada en vigencia de esta última resolución, y aún no ha cumplido con actuación administrativa anterior, por parte de la SSPD. A partir de allí y. concretamente, del análisis de reincidencia que debe hacerse para la implementación de todos los requisitos previstos en el numeral 11.2.6.3 del Anexo General de la

administrativa anterior, por parte de la SSPD. A partir de allí y. concretamente, del análisis de reincidencia que debe hacerse para la implementación de todos los requisitos previstos en el numeral 11.2.6.3 del Anexo General de la resolución CREG 097 DE 2008, necesario para dar aplicación al Esquema de Incentivos Compensaciones" (Página 4 providencia).

✓ Resolución SSPD-20192400004385 del 27 de febrero de 2019, por la cual se impone multa de $784.189.847, respecto de este cargo.

"Así las cosas, al realizar un análisis de los supuestos que deben cumplirse para que se configure la Cosa Juzgada, lo cierto es que en el presente caso estamos frente al fenómeno de la cosa juzgada parcial, pues si bien existe identidad jurídica de parte y de causa, no existe identidad de objeto, toda vez que la presente actuación administrativa sancionatoria versa sobre el incumplimiento de LA INVESTIGADA desde el 24 julio de 2013 hasta el 7 de abril de 2017, mientras que la infracción cometida el 6 de abril de y 2010 al 23 de julio de 2013, fue previamente sancionada por este Despacho. En suma, no existe vulneración al principio "non bis in idem" ya que el incumplimiento de LA INVESTIGADA al numeral 11.2.6.3 del Capítulo 11 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008 se mantuvo en el tiempo, lo cual motivó el inicio de una nueva investigación administrativa sancionatoria respecto de los hechos ocurridos desde el 24 de julio de 2013 al 1 de octubre de 2018, momento éste en el que según consta en el expediente, ELECTROHUILA

inicio de una nueva investigación administrativa sancionatoria respecto de los hechos ocurridos desde el 24 de julio de 2013 al 1 de octubre de 2018, momento éste en el que según consta en el expediente, ELECTROHUILA ingresó efectivamente al Esquema de Incentivos y Compensaciones. (...)". (Página 9 de la resolución de sanción).

✓ Resolución SSPD-20202400004045 del 11 de febrero de 2020, por la cual se confirma la multa.

"De hecho, en ejercicio de sus garantías de defensa y contradicción (escrito de descargos), Elecrohuila puso de presente que ya había sido sancionada por la misma reprochada conducta en efectos de dosificar y determinar el monto de la sanción a imponer, se acotó la prolongación en el tiempo de la infracción a un periodo inferior al que inicialmente se había planteado en formulación del cargo. Para ser más claros, el marco temporal establecido en la formulación del CARGO PRIMERO (6 de abril de 2010 -7 de abril de 2017), aun cuando resulta ser mayor, lo cierto es que: (i) se garantizaron los derechos de defensa y contradicción frente a todo el periodo inicial de investigación; la sanción se impuso finalmente por un límite temporal menor (24 de julio de 2013-7 de abril de 2017). Quiere ello decir que ELECTROHUILA pudo ejercer su defensa frente a todo el periodo cuestionado y prueba de ello es que obtuvoTribunal Contencioso Administrativo del Huila Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. vs. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Rad. 410012333000 2020 00850 00 – Sancionatorio 6

Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. vs. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Rad. 410012333000 2020 00850 00 – Sancionatorio 6 una sanción acotada a la temporalidad de la infracción cuestionada en el marco de la presente actuación." (Página 33 de la resolución del recurso de reposición).

Al respecto, el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, reza con nitidez que los hechos que originan los cargos deben ser precisos y claros. La transcripción antes realizada deja en evidencia que, una vez Electrohuila presentó descargos, los hechos a investigar fueron variados por la Superservicios al proferir la decisión de fondo - ante argumentos sólidos de defensa, aspecto que claramente vulnera el derecho de defensa y audiencia, por tanto, lejos de desvirtuar los argumentos de de fensa, éstos resultaron probados por lo que se desvirtúa el cargo (se vulnera los artículos 3 -1 del CPACA y 29 de la Constitución Política).

Cuando se formula el cargo (el 7 de abril de 2017), en uno de los considerandos se sostiene que han transcurrido 6 años y 11 meses de la entrada en vigencia de la Resolución 097 de 2008, luego se estima que ese es el tiempo de la infracción.

Electrohuila en los descargos sostiene que la conducta ya fue investigada , por lo que se incurre en la prohibición de doble incriminación por el mismo hecho, seguidamente la Superintendencia expide la resolución sancionatoria (del 27 de febrero de 2019) y allí tiene co mo periodo investigado el

por lo que se incurre en la prohibición de doble incriminación por el mismo hecho, seguidamente la Superintendencia expide la resolución sancionatoria (del 27 de febrero de 2019) y allí tiene co mo periodo investigado el comprendido del 24 de julio de 2013 al 7 de abril de 2017 , pero en el párrafo sigu iente de esa misma decisión sostuvo que se "inició una nueva investigación administrativa sancionatoria respecto de los hechos ocurridos desde el 24 de julio de 2013 al 1 de octubre de 2018", con lo que claramente se modifica el pliego de cargos, pues no es explicable que unos cargos formulados el 7 de abril de 2017 puedan comprender hechos futuros (hasta el 1 de octubre de 2018). Aquí necesariamente debía retrotraerse la actuación a la etapa de formulación de cargos, ajustando la actuación como lo permite el artículo 41 del CPACA, de manera que se le permitiera a Electrohuila defenderse de la nueva imputación.

Debatido este tema en sede de recursos administrativos, la Superservicios, el 11 de febrero de 2020, confirma la decisión ilegal que se pide anular, volviendo a variar los hechos que comprendía la investigación al disponer que lo se refería a hechos ocurri dos entre el 24 de julio de 2013 y 7 de abril de 2017, en una clara violación del debido proceso y derecho de defensa, ilegalidad que de manera tozuda no admitió la SSPD. Todo comportamiento se debe ubicar en coordenadas de tiempo modo y lugar, de tal mane ra que éstos no pueden estar cambiando de acuerdo al avance de la actuación administrativa sancionatoria salvo que se hagan las modificaciones del pliego

se debe ubicar en coordenadas de tiempo modo y lugar, de tal mane ra que éstos no pueden estar cambiando de acuerdo al avance de la actuación administrativa sancionatoria salvo que se hagan las modificaciones del pliego de cargos y se permita el ejercicio del derecho de defensa (solicitar, controvertir y aportar pruebas, esgrimir nuevos argumentos) frente a la nueva realidad fáctica planteada, sin que sea viable pasar a la etapa procesal siguiente hasta tanto no se defina definitivamente ese aspecto en formaTribunal Contencioso Administrativo del Huila Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. vs. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Rad. 410012333000 2020 00850 00 – Sancionatorio 7 precisa y clara. En este caso, la Superintendencia podía haber s eguido el camino normativo previsto en el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, pero no lo hizo y de plano vulneró el derecho de audiencia y defensa de Electrohuila, lo que no puede ser superado con la mera manifestación de que la entidad sancionada pudo int ervenir en las etapas procesales subsiguientes a la formulación del cargo, pues ello equivale a suprimir o pretermitir la etapa de descargos frente a una nueva imputación.

Inexistencia de infracción por atipicidad. No hubo falla en el servicio. Inexigibilidad de la Resolución CREG 097 de 2008 en el aparte 11.2.6.3 del anexo general -Calidad en el Servicio de Distribución en el SDL. Vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, artículo 3 -1 del CPACA y numeral 11.2.6.3 del anexo general de la Resolución CREG-97 DE 2008.

Vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, artículo 3 -1 del CPACA y numeral 11.2.6.3 del anexo general de la Resolución CREG-97 DE 2008.

• No hubo falla en el servicio

En el caso puntual se ha imputado como cargo a Electrohuila S.A. E.S.P., como prestador del servicio público de energía eléctrica, que ha incurrido en falla en la prestación del servicio al no cumpl ir con los requisitos establecidos en el numeral 11.2.6.3 del Anexo General de la Resolución CREG-97 de 2008, necesario para dar aplicación al esquema de incentivos y compensaciones regulado en dicha resolución.

Esa falla en la prestación del servicio de energía se concreta en que Electrohuila disponía de 18 meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la Resolución CREG-97 de 2008, para cumplir con los requisitos previstos en el numeral 11.2.6.3., de dic ha resolución, circunstancia que es valorada por la misma normativa como "el incumplimiento de la regulación de la calidad del servicio". No obstante la claridad de esa norma, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios , imputó el comportamient o de falla en la prestación del servicio de energía eléctrica que es definido por el artículo 136 de la Ley 142 de 1994 como el incumplimiento en la prestación cont inua de un servicio de buena calidad, al efecto se cita en el folio 34 de la resolución que resolvió el recurso de reposición que, el artículo 6 de la Ley 143 de 1994 donde define el principio de calidad como el cumplimiento de los requisitos técnicos que se establezcan para él y que el principio de continuidad implica

que resolvió el recurso de reposición que, el artículo 6 de la Ley 143 de 1994 donde define el principio de calidad como el cumplimiento de los requisitos técnicos que se establezcan para él y que el principio de continuidad implica la prestación del servicio aun en casos de quiebra, liquidación, intervención, sustitución o terminación de contratos de las empresas responsables del mismo, sin interrupciones diferentes a las programadas por razones técnicas, fuerza mayor, caso fortuito, o por las sanciones impues tas al usuario por el incumplimiento de sus obligaciones.

Al respecto, para Electrohuila es claro que no resulta ser coincidente el incumplimiento en la regulación de la calidad del servicio (que es lo que dispone el numeral 11.2.6.3 de la Resolución CREG-97 DE 2008), con una falla en la prestación del servicio, que es justamente lo que se imputa en elTribunal Contencioso Administrativo del Huila Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. vs. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Rad. 410012333000 2020 00850 00 – Sancionatorio 8 segundo cargo (se trata de una doble incriminación por los mismos hechos), al decir:

2. Segundo Cargo:

✓ 2.2. CARGO SEGUNDO: ELECTROHUILA presuntamente incumplió el artículo 136 de la Ley 142 de 1994 y el numeral 6.3.4 de la resolución CREG 070 de 1998. Lo anterior se debe a que varios circuitos administrados por ELECTROHUILA en el Sistema de Distribución Local (SDL) presuntamente superaron los límites máximos admisibles de los indicadores DES - FES para el año 2015 y 2016".

varios circuitos administrados por ELECTROHUILA en el Sistema de Distribución Local (SDL) presuntamente superaron los límites máximos admisibles de los indicadores DES - FES para el año 2015 y 2016".

Sobre el componente del principio de tipicidad (legalidad) denominado lex certa, que se considera violado por la SSPD, al sancionar por el cargo (primero por el que se sanciona a Electrohuila) que se analiza y por tanto se evidencia la atipicidad, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido: “De la exigencia de "lex certa" s e desprende un mandato dirigido al operador administrativo de forma tal que la determinación de la infracción y la posibilidad de sancionar se encuentra supeditada a una labor que evite que la decisión asumida no sea vaga e imprecisa, de allí que deba: "(. ..); Que los hechos sean por éste calificados jurídicamente: quien aplica la norma debe llevar a cabo un trabajo de adecuación en el que se demuestre que el comportamiento adelantado se enmarca en aquello que se encuentra descrito en la norma (método de su bsunción); (...)". (Sentencia 1996-00680 de octubre 22 de 2012, Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección c, radicación 05001-23-24-000-1996-0680-01 (207389), Magistrado Ponente Dr. Enrique Gil Botero).

No se ha cumplido con tal requisito por lo siguiente:

➤ El tipo de infracción genérico establecido en la parte inicial del artículo 81 de la ley 142 de 1994, dispones: "ARTÍCULO 81. SANCIONES. La Superintendencia

No se ha cumplido con tal requisito por lo siguiente:

➤ El tipo de infracción genérico establecido en la parte inicial del artículo 81 de la ley 142 de 1994, dispones: "ARTÍCULO 81. SANCIONES. La Superintendencia de servicios públicos domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las normas a las que deben estar sujetas, (...) , es decir, ha de remitirse a la norma regulatoria en concreto para establecer si el comportamiento adelantado se enmarca en aquello que se encuentra allí descrito.

➤ La parte pertinente del numeral 11.2.6.3 del anexo de la resolución CREG97 de 2008, que complementa el mencionado tipo de infracción, dispone: "Sin perjuicio de lo anterior, el OR contará con un plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Resolución, para cumplir con estos requisitos. De no ser así, se considerará que el OR está incumpliendo la regulación de calidad del servicio." , es decir, la misma norma califica el alcance de la infracción por el incumplimiento del término allí previsto, para la aplicación del esquema de incentivos y compensaciones regulado en la misma, como el mero incumplimiento de la regulación de laTribunal Contencioso Administrativo del Huila Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. vs. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Rad. 410012333000 2020 00850 00 – Sancionatorio 9 calidad del servicio, que no equivale a una falla en el servicio, puesto que esta normativa aún no era aplicable a Electrohuila para hacer la medición de calidad en la prestación del servicio de energ ía precisamente porque aún no

9 calidad del servicio, que no equivale a una falla en el servicio, puesto que esta normativa aún no era aplicable a Electrohuila para hacer la medición de calidad en la prestación del servicio de energ ía precisamente porque aún no había cumplido con los requisitos exigidos en dicho numeral. Y es que sólo puede ser una falla en el servicio aquello que permita evidenciar que el servicio de energía prestado, en el tiempo de la presunta infracción, vulneró los principios de calidad y de continuidad, lo que no es factible valorar por la no adopción del sistema de incentivos y compensaciones a que se ha hecho mención, cuando claramente la calidad del servicio de energía eléctrica prestado por Electrohuila, pare ese momento, era medido o controlado con las normas contenidas en la Resolución CREG-70 de 1998 hasta octubre de 2018, pues es en este momento que se acoge la Resolución CREG 097 de 2008 por parte de Electrohuila al cumplir los requisitos para su adopción.

➤ Como Electrohuila en el año 2017 , no había cumplido con los requisitos exigidos en la Resolución CREG-097 de 2008, no le era aplicable el esquema de Incentivos y Compensaciones allí regulado, pero esto no quiere decir que quedaba sin control alguno en esa materia (de calidad del servicio), en la medida que la parte final del numeral 11.2.6.3 del anexo general de esa resolución dispone: "Mientras el OR comienza a aplicar el Esquema de Incentivos y/o Compensaciones deberá continuar aplicando la regulació n de calidad del servicio establecido en la Resolución CREG 070 de 1998 у demás resoluciones que la modifican, complementan o sustituyen.", esto es, las normas aplicables a

y/o Compensaciones deberá continuar aplicando la regulació n de calidad del servicio establecido en la Resolución CREG 070 de 1998 у demás resoluciones que la modifican, complementan o sustituyen.", esto es, las normas aplicables a Electrohuila como operador de red (OR), para el año 2017, eran las previstas en la Resolución CREG - 070 de 1998, cuya violación - ahí sí puede determinar una falla en el servicio, que fue lo que hizo la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios , al formular el segundo cargo. Tiene importancia suma esta situación, como quiera q ue fue ese aspecto el que le sirvió a la Superintendencia como fundamento para calificar la falta de grave e imponer una abultada sanción d