TA HUI - Sentencia 41001-23-33-000-2021-00062-00 (21-10-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M.P. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEMANDANTE

JORGE ENRIQUE SALGADO

BOBADILLA

DEMANDADO

PROCURADURÍA GENERAL DE LA

NACIÓN

DECISIÓN SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA RADICACIÓN 41001233300020210006200

APROBADO EN SALA ACTA DE LA FECHA

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes, siendo competente en razón a la naturaleza del asunto y por el lugar de ocurrencia de los hechos y no observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en el presente medio de control.

ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA Y SUBSANACIÓN1

Jorge Enrique Salgado Bobadilla, a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la Nación – Procuraduría General de la Nación, pretendiendo que se declare la nulidad de la Resolución No. 005 del 19 de marzo de 2019, proferida por la Procuraduría Regional del Huila, mediante el cual en primera instancia impuso sanción disciplinaria de 10 S .M.L.M.V al 27 de octubre de 2014 e

1 Archivo 0002Demanda expediente OneDrive 002Demanda.pdf y 007SubsanaDemanda.pdfTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2 Nulidad y Restablecimiento del derecho

1 Archivo 0002Demanda expediente OneDrive 002Demanda.pdf y 007SubsanaDemanda.pdfTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2 Nulidad y Restablecimiento del derecho

Demandante: Jorge Enrique Salgado Bobadilla Demandado: Procuraduría General de la Nación Rad. 41 001 23 33 000 2021-00062-00

inhabilidad para ejercer empleos públicos, función pública prest ar servicios a cargo del Estado y contratar con este por dos (2) años, así como la nulidad del fallo confirmatorio de segunda instancia proferido el 20 de junio de 2019 por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal.

Como consecuencia d e lo anterior, pretende se ordene el pago de los perjuicios materiales y morales ocasionados con la inclusión en el sistema de información de registro de sanciones e inhabilidades, teniendo en cuenta que no pudo contratar desde el 31 de julio de 2019, fecha de inclusión en la mencionada plataforma.

1.2. Refiere los siguientes HECHOS:

• Que suscribió el contrato No. 041 del 25 de octubre de 2011 con la E.S.E Juan Ramón Núñez Palacios de la Argentina (Huila) que tenía por objeto la consultoría, interventoría técnica, administrativa y contable de las obras construcción y adecuación de infraestructura física primera fase de la E.S.E. Juan Ramón Núñez Palacios del Municipio de la Argentina – Huila.

• Que el 17 de julio de 2014, la S ubdirectora de Control del Departamento Nacional de Planeación - DNP - Mónica Isabel Posso del Castillo-, radicó

E.S.E. Juan Ramón Núñez Palacios del Municipio de la Argentina – Huila.

• Que el 17 de julio de 2014, la S ubdirectora de Control del Departamento Nacional de Planeación - DNP - Mónica Isabel Posso del Castillo-, radicó ante la Procuraduría Regional de Huila oficio en el que se informa presuntas irregularidades en el contrato No. 040 de 2011, aduciendo que se ejecutaron obras estando el contrato suspendido, evidenciando falta de seguimiento y control por parte del supervisor o interventor, además refirió falta de cumplimiento de la norma NRS-2010.

• Que el 11 de abril de 2016, la Procuraduría Provincial de Garzón d io apertura a una investigació n disciplinaria en su contra, en su calidad de interventor del contrato No. 040 – 2011, imputándole la falta de seguimiento y control del referido contrato, de una parte: i) por permitir la ejecución de obras durante el mes de enero de 2012 y el 24 de juni o de 2013 en la E.S.E. Juan Ramón Núñez Palacios de la Argentina (Huila), estando suspendido el contrato; y de otra, ii) por permitir la instalación de tubería sanitaria en una viga de concreto reforzado, lo que afecta el comportamiento de la estructura, situación detectada en visita técnica del Departamento Nacional de Planeación, cuyo informe técnico destacó la vulneración de las normas de resistencia NSR-2010.

• Que los cargos formulados se sustentan, entre otras pruebas, en el oficio 20164460656971 del 17 de agosto de 2016 , suscrito por la SubdirecciónTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3

Nulidad y Restablecimiento del derecho

• Que los cargos formulados se sustentan, entre otras pruebas, en el oficio 20164460656971 del 17 de agosto de 2016 , suscrito por la SubdirecciónTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3

Nulidad y Restablecimiento del derecho

Demandante: Jorge Enrique Salgado Bobadilla Demandado: Procuraduría General de la Nación Rad. 41 001 23 33 000 2021-00062-00

de Control del Departamento Nacional de Planeación, en donde se informa que el 24 de junio de 2013 se realizó visita de evaluación técnica a las obras del contrato No. 040 de 2011 y en el informe de apoyo y asesoría técnica de fecha 14 de noviembre de 2017, en el que , frente al cumplimiento de las normas de resistencia NSR -2010, señala que no fue posible verificar la instalación de la tubería traspasando una viga estructural debido a que toda la edificación tiene colocado el cielo raso en dry wall, en todas las áreas, sin embargo, según fotografía contenida en el informe técnico del interventor CONSORCIO LOZANO MANRIQUE 2011 de mayo de 2013 que comprende el periodo de l 9 de abril a l 7 de mayo de 2013, que la tubería sanitaria de color amarilla está localizada prácticamente en el nudo estructural donde confluyen vigas principales y la columna principal, afectando o alterando la resistencia nominal de la estructura.

• Que en el proceso disciplinario rindió declaración juramentada el señor YOALVETH LOZANO LOSADA, representante legal del Consorcio Lozano Manrique 2011, quien se refirió a los planos del Hospital que fueron entregados en medio físico y magnético , sugiriendo la rea lización de

YOALVETH LOZANO LOSADA, representante legal del Consorcio Lozano Manrique 2011, quien se refirió a los planos del Hospital que fueron entregados en medio físico y magnético , sugiriendo la rea lización de ajustes en la parte arquitectónica, lo que hizo el consorcio, sin modificar la parte estructural y la viabilidad y aprobación del proyecto fue obtenido el 21 de junio de 2012.

• El 11 de octubre de 2018, la Procuraduría Provincial de Garzón prof irió decisión de primera instancia en la que se resolvió sancionar a Jorge Enrique Salgado Bobadilla , solo por el segundo cargo, debido a que el primer cargo fue desvirtuado por atipicidad.

• En virtud del recurso de apelación, la Procuraduría Regional del Huila, en segunda instancia, declaró la nulidad del fallo de primera instancia por falta de competencia y, en consecuencia, asumió el conocimiento de las diligencias profiriendo Resolución No. 005 del 19 de marzo de 2019, en la que se desestimó el primer cargo, y por el segundo, impuso al disciplinado sanción de 10 salarios mínimos mensuales del año 2014 e inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este por dos años.

• Una vez notificada di cha decisión, interpuso recurso de apelación fundamentado en la indebida valoración probatoria, pues el informe técnico fue presentado por un profesional en arquitectura que no cumple con los requisitos de lo estipulado en la ley 400 de 1997.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4

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Demandante: Jorge Enrique Salgado Bobadilla

con los requisitos de lo estipulado en la ley 400 de 1997.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4 Nulidad y Restablecimiento del derecho

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• El 20 de juni o de 2019, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal confirmó el fallo de primera instancia, decisión que fue notificada personalmente al disciplinado el 31 de julio de 2019.

• Refiere que d esde el 31 de julio de 2019 se incluyó en el Si stema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades de la Procuraduría General de la Nación, lo que ha impedido realizar contratos con entidades del sector público, fuente principal de los ingresos laborales del ingeniero

Jorge Enrique Salgado Bobadilla.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

Invoca como fundamentos de derecho vulnerados los establecidos en la Constitución Política de Colombia artículo 1, 2, 4, 5, 6, 21, 29, 58, 74, 90, 228; CPACA artículos 138,162,163, i64,165,166, ss; artículos 28,42 y 43, 73, 92, 94 y siguientes Ley 734 de 2002.

Aduce que las decisiones impugnadas se encuentran viciadas de nulidad por violación al debido proceso y falsa motivación, por cuanto se soportan en un informe técnico que carece de los requisitos, que además no obra en el proceso disciplinario prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de

por violación al debido proceso y falsa motivación, por cuanto se soportan en un informe técnico que carece de los requisitos, que además no obra en el proceso disciplinario prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado y que la valoración de los elementos probatorios recaudados no se ajusta a la sana cr ítica. Que las decisiones fueron acomodadas y amañadas con el afán de responsabilizar lo disciplinariamente, comoquiera que el informe técnico que sustenta dichas decisiones no fue contundente al demostrar la trasgresión de la norma de sismo resistencia NSR 2010, ni se realizaron las pruebas pertinentes de esfuerzo de la viga, para demostrar realmente se afectó la estructura de la construcción y así determinar la tipicidad de las conductas endilgadas.

Considera además que no es suficiente que el servidor público falt e a sus deberes funcionales para que exista la falta disciplinara, en tanto que es necesario que la actuación conlleve una verdadera afectación de la función pública encomendada al disciplinado, lo que significa que si la ilicitud no fue sustancial no es posible declarar la responsabilidad disciplinaria.

Señala que en el presente caso, desde la imputación de los dos cargos, no se apoyaron en las normas técnicas de construcción y menos en la norma NSR2010 que sirvió de fundamento para tales cargos, y es tanto así que tal normativa, estudiada a fondo también permite embeber y pasar tubería a través de vigas, lo cual no genera afectación a la resistencia estructural y así se justifica en el capítulo C.6 de tal norma que parametriza el uso de dichos pasos o embebidos,TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5

cual no genera afectación a la resistencia estructural y así se justifica en el capítulo C.6 de tal norma que parametriza el uso de dichos pasos o embebidos,TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5 Nulidad y Restablecimiento del derecho

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además que el diámetro de la tubería de 4" equivale a 10 centímetros y si las dimensiones de las vigas son de 40 x 30 y de 30 x 30 centímetros, el diámetro de la tubería no excede el equivalente a 1/3 de ninguna viga construida.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2

La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones , por cuanto esa entidad actuó de conformidad con la normatividad vigente y en el marco de su misionalidad y funciones, especialmente las que le atribuye el Decreto 262 de 2000.

Solicita, además, que se declaren probadas las siguientes excepciones:

• “Caducidad”: señala que a partir de la notificación del fallo de segunda instancia el día 31 de julio de 2019, debe contabilizarse el término para presentar la demanda y que como el mismo fenecía el 2 de diciembre de 2019, y en este caso, la audiencia de conciliación se declaró fallida el 24 de enero de 2020 y la demanda radicada el 20 de febrero de ese mismo año, se produjo la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento que era de 4 meses contados desde esa fecha inicial.

de enero de 2020 y la demanda radicada el 20 de febrero de ese mismo año, se produjo la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento que era de 4 meses contados desde esa fecha inicial.

• “Inexistencia del derecho pretendido”, en razón a el análisis realizado del caso, no hubo actuación irregular alguna y ante la clara sustentación de que no le asiste razón al mismo respecto a los cargos señalados.

• “Innominada o Genérica”, a fin que se declare cualquier otra excepción de fondo que se encuentre probada.

3. TRÁMITE

La demanda fue presentada el día 20 de febrero de 2020 (anexo 001 expediente digital), correspondiéndole por reparto al Juzgado Noveno Administrativo, despacho judicial que mediante providencia del 1º de julio de 2020 (folio 137 a 139 anexo 001), remitió el proceso a este Tribunal por falta de competencia funcional, siendo inadmitida por auto calendado 10 de julio de esa misma anualidad (fl. Anexo 004) y luego, admitida mediante providencia del 2 de agosto de 2021 (anexo 009).

2 Anexo 015 expediente digitalTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6 Nulidad y Restablecimiento del derecho

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En providencia del 5 de a bril de 2022, se resolvi ó la excepción previa de caducidad formulada por Procuraduría General de la Nación , declarándola no probada, y mediante auto del 17 de agosto de 2022 se fijó fecha para realizar

En providencia del 5 de a bril de 2022, se resolvi ó la excepción previa de caducidad formulada por Procuraduría General de la Nación , declarándola no probada, y mediante auto del 17 de agosto de 2022 se fijó fecha para realizar audiencia inicial el 15 de septiembre de 2022.

4. AUDIENCIA INICIAL3 Y DE PRUEBAS

El 15 de septiembre de 2022 se realizó audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA., en la cual se fijó el litigio y se decretaron las pruebas solicitadas por las partes, las cuales fueron incorporadas y practicadas en la diligencia de que trata el artículo 181 ibidem celebrada el 25 de enero de 20234 y en la cual se prescindió del testimonio del señor Yoalveth Lozano Losada ante su inasistencia.

Seguidamente, se prescindió de la realización de la audiencia prevista en el artículo 182 del CPACA, y se concedió el término de 10 días a los sujetos procesales para alegar de conclusión por escrito.

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante y demandada guardaron silencio según constancia secretarial visible en el índice 41 del expediente electrónico.

6. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO5

Una vez analizado el material probatorio obrante en el proceso, el representante del Ministerio Público concluye que no hay lugar a anular los actos acusados, por cuanto que no se probó desconocimiento alguno al debido proceso del demandante en la actuación disciplinaria, no se aportó prueba que permita evidenciar que los fallos demandados realizaron alguna valoración probatoria

acusados, por cuanto que no se probó desconocimiento alguno al debido proceso del demandante en la actuación disciplinaria, no se aportó prueba que permita evidenciar que los fallos demandados realizaron alguna valoración probatoria inadecuada, y porque las solas manifestaciones contenidas en la demanda y sin sustento probatorio técnico no logran desvirtuar las razones jurídicas y técnicas tenidas en cuenta en los fundamentos de los fallos demandados.

3 Índice 30 4 Índice 37 5 Índice 40TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 7 Nulidad y Restablecimiento del derecho

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Igualmente, que no se probó que las consideraciones del fallo demandado estuvieren equivocadas y que el investigado si hubiese cumplido sus obligaciones cabalmente, que las decisiones disciplinarias tienen fundamentos técnicos suficientes para dem ostrar que la forma en que fue entregada la obra fue en condiciones contrarias a los cánones que rigen la construcción en Colombia y sus correspondientes normas de sismo resistencia, finalmente no se probó existencia y monto de los perjuicios reclamado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

Esta Sala es competente para conocer del presente asunto, por así disponerlo el numeral 23 del Art. 152 de la Ley 1437 de 2011.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De acuerdo a lo establecido en desarrollo de la audiencia inicial,

disponerlo el numeral 23 del Art. 152 de la Ley 1437 de 2011.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De acuerdo a lo establecido en desarrollo de la audiencia inicial, corresponde a la Sala determinar: ¿Se encuentran viciados de nulidad por falsa motivación y violación del debido proceso la Resolución No. 005 del 19 de marzo de 2019 y el fallo confirmatorio de segunda instancia proferidos el 20 de junio de 2019 por la Procuraduría General de la Nación , mediante los cuales se impuso sanción disciplinaria de 10 SMLMV e inhabilidad para ejercer empleos públicos, función pública prestar servicios a cargo del Estado y contratar con este por dos (2) años, al demandante Jorge Enrique Salgado Bobadilla?

3. TESIS DE LA SALA

Se negarán las pretensiones, comoquiera que no se desvirtuó la presunción de legalidad de las decisiones disciplinarias, en tanto que el demandante no aportó prueba suficiente que indique que en el proceso disciplinario en el que resultó sancionado, no se le respetaron las garantías procesales y probatorias para ejercer su derecho de defensa y contradicción.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 8 Nulidad y Restablecimiento del derecho

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Se advierte que la autoridad disciplinaria realizó un análisis de las distintas pruebas, las cuales en efecto permiten concluir que la conducta endilgada que fue cuestionada, sí se configuró, y que contrario a lo expuesto por el demandante, el

Se advierte que la autoridad disciplinaria realizó un análisis de las distintas pruebas, las cuales en efecto permiten concluir que la conducta endilgada que fue cuestionada, sí se configuró, y que contrario a lo expuesto por el demandante, el material probatorio aportado al expediente fue analizado en debida forma, bajo los principios de la sana cr ítica, el cual demuestra que se reúnen los elementos necesarios que llevaron a la autoridad competente a sancionarlo.

4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE

La Ley 734 de 2002 modificada por la Ley 1474 de 2011(vigente para la época de los hechos), norma con la cual se sustentó la investigación y posterior sanción disciplinaria al demandante Salgado Bobadilla, describe las conductas tipificadas como faltas disciplina rias, y es aplicable a las personas que desempeñan funciones de interventoría al considerarse que son delegados de la entidad contratante, y cuya función principal está encaminada a ejercer el control y vigilancia en los contratos estatales.

En materia disciplinaria, la responsabilidad implica el análisis de tres (3) diversos elementos, a saber, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, los cuales, por el diseño y estructura del derecho disciplinario, adquieren connotaciones especiales diferentes a las decantadas en otras manifestaciones del Ius Puniendi del Estado6

En el presente caso, la norma vigente para la época de la falta y del trámite del proceso disciplinario, era la Ley 734 de 2002, la cual, respecto a los elementos que componen la r esponsabilidad disciplinaria, precisó la tipicidad, la

En el presente caso, la norma vigente para la época de la falta y del trámite del proceso disciplinario, era la Ley 734 de 2002, la cual, respecto a los elementos que componen la r esponsabilidad disciplinaria, precisó la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad de la siguiente manera:

(i) En cuanto a la tipicidad, el artículo 42 de la Ley 734 de 2002 establece una clasificación de faltas en gravísimas, graves y leves. Así, para determinar si la falta es grave o leve señala unos criterios (Artículo 43), mientras que para establecer si la falta es gravísima, por las connotaciones que ella implica, hace remisión a un listado que las consagra taxativamente (artículo 48). Por ende, pa ra determinar si una falta es gravísima, debe revisarse la conducta del investigado para establecer si encaja dentro de alguna de las taxativamente señaladas en la norma disciplinaria.

6 Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección B. sentencia de 16 de abril de 2015. Radi cación número: 11001-03-25-000-2012-00352-00(1353-12). Consejera ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9 Nulidad y Restablecimiento del derecho

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(ii) La antijuridicidad es descrita como la ilicitud sustancial, que se tra duce en una afectación del deber funcional, sin justificación alguna (Art. 5),

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(ii) La antijuridicidad es descrita como la ilicitud sustancial, que se tra duce en una afectación del deber funcional, sin justificación alguna (Art. 5), motivo por el cual, el sujeto disciplinable solo se excusaría cuando su conducta no sea antijurídica, a saber, en la medida en que la ilicitud no sea sustancial o tenga una justificación válida para haberla cometido.7

(iii) Respecto a la culpabilidad, se tiene que como está proscrita la responsabilidad objetiva8, solo puede entenderse que hay responsabilidad a título de dolo y culpa grave o gravísima9.

Recientemente el Consejo de Estado10 ha precisado que la actuación disciplinaria se caracteriza porque comprende una función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia, econo mía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la función pública. De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido proceso y a la defensa cobran significativa importancia.

Asimismo, el Consejo de Estado respecto al alcance del control jurisdiccional de esta clase de actos y al existir diversas posturas, en el año 2016 unificó su jurisprudencia, en el sentido de que deb ía ejercerse un «control judicial integral » por cuanto “(…) la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un

unificó su jurisprudencia, en el sentido de que deb ía ejercerse un «control judicial integral » por cuanto “(…) la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales11”, fijando además las siguientes reglas:

1. La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial» respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria.

1. La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo.

1. La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial.

7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. sentencia de 2 de mayo de 2013. Expediente No. 1100103-25-000-2010-00149-00(1085-2010). Consejero ponente: Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren 8 Artículo 13 9 Artículos 44, Parágrafo 10 Consejo de Estado, Sección Segunda C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez sentencia del 22 de mayo de 2025 11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp. 1210-11. C.P. William Hernández Gómez.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10 Nulidad y Restablecimiento del derecho

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1. La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marc o que impone la Constitución y la ley.

1. Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza.

1. El juez de lo contencioso administrativo no solo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos.

1. El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria.

1. El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tut ela judicial efectiva.

Lo anterior implica que el juez de lo contencioso administrativo, respecto de las causales de nulidad, está facultado para examinar causales conexas con los derechos fundamentales, en virtud de la primacía del derecho sustancial, en aras de privilegiar la tutela judicial efectiva.

En esa línea, dado que corresponde hacer un control integral de las decisiones disciplinarias, es claro que e l análisis debe hacerse a la luz de las garantías procedimentales y sustanciales que deben prevalecer en este tipo de procesos y respecto a las primeras, se resalta que tienen que ver con que se lleve a cabo la actuación d isciplinaria respetando las normas, etapas, impulso y términos correspondientes, pues así lo establece el artículo 29 de la C.P.; y en

a cabo la actuación d isciplinaria respetando las normas, etapas, impulso y términos correspondientes, pues así lo establece el artículo 29 de la C.P.; y en cuanto a las garantías sustanciales, como lo ha indicado el Consejo de Estado 12 guardan relación con legalidad de la sanción impuesta y los medios probatorios, el juez natural; la favorabilidad y ultraactividad de la ley, la presunción de inocencia; la proscripción de la responsabilidad objetiva, la defensa material y técnica, la publicidad y celeridad y la contradicción y pr ohibición de doble enjuiciamiento

4.1. Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso

El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al

12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsecciòn “B”; sentencia del 6 de octubre de 2016. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; radicación 11001-03-25-000-2012-00681-00 (2362-2012).TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11 Nulidad y Restablecimiento del derecho

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acto que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada juicio.

Atendiendo a lo anterior, bajo esta causal de nulidad se examinan elementos formales y sustanciales en la formación del acto administrativo que

acto que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada juicio.

Atendiendo a lo anterior, bajo esta causal de nulidad se examinan elementos formales y sustanciales en la formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el artículo 29 constitucional. Su respeto tiene que ver, entonces, con la concreción de por lo menos estos elementos: (i) que la actuación se adelante por el competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y controvertir pruebas; (iv) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida forma y (vi) que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas.

La Corte Constitucional la sentencia T-076 de 2018, señaló que, tanto de las providencias judiciales, como de los actos administrativos, puede predicarse la vulneración sustancial del derecho al debido proceso, la cual se materializa en los distintos defectos identificados por la jurisprudencia constitucional.

«“Defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa que profiere el acto objeto de reproche constitucional carecía absolutamente de competencia para expedirlo (…).

Defecto procedimental absoluto, el cual se predica de la actuación administrativa, cuando ha sido tramitada completamente al margen del procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico (…).

Defecto fáctico, que se demuestra cuando la autoridad administrativa ha adoptado la

cuando ha sido tramitada completamente al margen del procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico (…).

Defecto fáctico, que se demuestra cuando la autoridad administrativa ha adoptado la decisión bajo el absoluto desconocimiento de los hechos demostrados dentro de la actuación. (…)

Defecto material o sustantivo, el cual concurre cuando la autoridad administrativa profiere el acto a partir de la aplicación de normas inexistentes, inconstitucionales, declaradas ilegales por la jurisdicción contenciosa o abi ertamente inaplicables para el caso concreto. La jurisprudencia también ha contemplado que la interpretación irrazonable de las reglas jurídicas es una causal de estructuración de defecto sustantivo, evento en el que se exige una radical oposición entre la comprensión comúnmente aceptada del precepto y su aplicación por parte de la autoridad administrativa, situación que encuadra en lo que la doctrina define como interpretación contra legem.

Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se pr edica cuando la a