TA HUI - Sentencia 41001-23-33-000-2022-00174-00 (03-06-2025)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO N° 41001-23-33-000-20222-00174-00

Demandante: Mónica Villany Rodríguez; Demandado: Contraloría General de la República

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, tres (3) de junio de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I Ó N N º 5

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: MÓNICA VILLANY RODRÍGUEZ

DEMANDADO: CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA EXPEDIENTE: 41001-23-33-000-2022-00174-00

SENTENCIA: Nº TAH005-25-05-106

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Profiere la Sala sentencia anticipada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora M ónica Villany Rodríguez contra la Contraloría General de la República, de conformidad con el numeral 1º, literales b) y c) del artículo 182A del C.P.A.C.A., adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.

I. ANTECEDENTES

Demanda

La señora Mónica Villany Rodríguez , interpuso demanda1 de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se le declaró como responsable fiscal,

I. ANTECEDENTES

Demanda

La señora Mónica Villany Rodríguez , interpuso demanda1 de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se le declaró como responsable fiscal, dentro del proceso de responsabilidad fiscal Nº 2018-00759, adelantado por la Contraloría General de la República , y se condene al restablecimiento de sus derechos, así:

1.1. Declaraciones y condenas:

Solicitó la declaratoria de nulidad de los siguientes actos administrativos:

1 Documento 1, expediente electrónico.2

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Demandante: Mónica Villany Rodríguez; Demandado: Contraloría General de la República - Fallo con responsabilidad fiscal Nº 013 del 29 de noviembre de 2021. - Auto N° 082 del 23 de febrero de 2022, por medio del cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión. - Auto N° URF2-0363 del 28 de marzo de 2022, a través del cual se resolvió el recurso de apelación contra el fallo Nº 013 del 29 de noviembre de

2021.

Todos ellos, proferidos por la Contraloría General de la República e n curso del proceso de responsabilidad fiscal Nº 2018-00759.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento, solicitó se ordene la exclusión de la demandante del registro de responsables fiscales, y el reembolso indexado de los dineros pagados por la señora Mónica Villany o su

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento, solicitó se ordene la exclusión de la demandante del registro de responsables fiscales, y el reembolso indexado de los dineros pagados por la señora Mónica Villany o su aseguradora, con ocasión al fallo con responsabilidad fiscal.

Igualmente, que se condene a la demandada al pago indexado (i) de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales; (ii) de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes como perjuicios por afectación del buen nombre o good will; y (iii) a la suma de cien (100) salarios míni mos legales mensuales vigentes a título de pérdida de oportunidad, derivada de la inhabilidad general para contratar con entidades públicas.

Finalmente, se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

1.2. Hechos:

En providencia del 9 de mayo de 2024 2, a través de la cual se fijó el litigio, se tuvieron probados los siguientes hechos, en atención a que fueron aceptados por la entidad demandada en su escrito de contestación:

Mediante Auto N° 447 del 31 de agosto de 2018, la Gerencia Departamental Colegiada del Huila inició Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal N° 201800759, vinculando a la señora Mónica Villany Rodríguez, en calidad de Gerente de la E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro del municipio de Villavieja.

Lo anterior, respecto del proceso de construcción de la E.S.E. en dicha municipalidad, así como la no terminación y puesta en funcionamiento de lo

de la E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro del municipio de Villavieja.

Lo anterior, respecto del proceso de construcción de la E.S.E. en dicha municipalidad, así como la no terminación y puesta en funcionamiento de lo construido; toda vez que se suscribió el Contrato de Obra N° 001 de 2012, entre la E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja y el señor William René Ariza

2 Documento 28, ibídem.3

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Demandante: Mónica Villany Rodríguez; Demandado: Contraloría General de la República Mateus, con el objeto de construir “a todo costo la primera fase (emergencias) de la edificación de la E.S.E. […]” , por valor de $493.169.280, el cual se encuentra liquidado.

Sin embargo, al visitar la obra y verificar las documentales relacionadas con ello, se comprobó que, pese a que el proyecto se formuló en el año 2012 y se ejecutó entre 2012 y 2013; luego de cuatro (4) años y medio, el edificio no había sido puesto en funcionamiento.

A través del Auto N° 196 del 29 de julio de 2020, se imputó responsabilidad fiscal a la señora Mónica Villany Rodríguez; y el 29 de diciembre de 2021, se dictó el Fallo con Responsabilidad Fiscal N° 13 , en el que s e determinó como daño la ejecución de una obra que se encuentra en estado de abandono y deterioro progresivo, sin cumplir funcionalidad alguna, y no contar con acceso

dictó el Fallo con Responsabilidad Fiscal N° 13 , en el que s e determinó como daño la ejecución de una obra que se encuentra en estado de abandono y deterioro progresivo, sin cumplir funcionalidad alguna, y no contar con acceso a servicios públicos básicos como energía eléctrica, acueducto y alcantarillado; pese a estar totalmente construida la plata física. Daño que se cuantificó en $493.168.409.

Sobre la conducta, se calificó a título de culpa grave, por su actuar omisivo y negligente respecto de sus funciones; careciendo de los conocimientos básicos para el ejercicio del cargo para el cual se posesionó, u omitiendo ponerlos en práctica. Y e l nexo causal, se concretó en que, con la conducta de la demandante, se desprotegieron los intereses económicos del Estado.

El fallo con responsabilidad fue objeto de los recursos de reposición y apelación, controvirtiendo –entre otros aspectos – (i) que la entidad afectada no era el municipio de Villavieja sino la Nación, debido al origen de los recursos; (ii) el análisis de los recursos invertidos en el proyecto constructivo, (iii) y el papel de los gerentes de las entidades descentralizadas en él.

En Auto N° 082 del 23 de febrero de 2022 se negó “la nulidad interpuesta” (sic), confirmando la decisión y concediendo la alzada; en virtud de la cual, se ratificó en su totalidad el fallo con responsabilidad fiscal.

Finalmente, se discute que l a sanción económica y la inhabilidad general para contratar con el Estado o acceder a cargos públicos, impuestas a la demandante, son arbitrarias e injustas; por dictarse contra quien actuó como simple ejecutora del

Finalmente, se discute que l a sanción económica y la inhabilidad general para contratar con el Estado o acceder a cargos públicos, impuestas a la demandante, son arbitrarias e injustas; por dictarse contra quien actuó como simple ejecutora del proyecto, sin disponer del sistema de regalías.4

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Demandante: Mónica Villany Rodríguez; Demandado: Contraloría General de la República 1.3. Concepto de violación y alegatos de conclusión:

La demanda 3 expuso que conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional4 y el Consejo de Estado 5, la responsabilidad fiscal se configura ante la irregularidad en el manejo o administración de dineros o bienes públicos, y su declaratoria req uiere plena prueba de haber obrado con dolo o culpa grave; viéndose obligado el responsable a reparar el daño causado, el cual debe ser cierto, especial, anormal y cuantificable.

Destacó, que también se requiere la existencia de una lesión al patrimonio público; presupuesto en el que debe examinarse si a pesar de la gestión fiscal irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio.

Planteó, que los aludidos elementos no se configuraron o no se acreditaron en el presente caso, pues la entidad estructuró la responsabilidad objetivamente, sin que ello esté permitido por el ordenamiento jurídico, por ser la responsabilidad fiscal de naturaleza subjetiva.

Adujo que, incluso asumiendo la existencia de un daño causado por dolo o culpa

sin que ello esté permitido por el ordenamiento jurídico, por ser la responsabilidad fiscal de naturaleza subjetiva.

Adujo que, incluso asumiendo la existencia de un daño causado por dolo o culpa grave de la demandante, no se configuró la relación de causalidad; pues no se acreditó que su actuar fuese determinante para la producción del daño.

Indicó, que el trámite administrativo desconoció los artículos 45 y 46 de la Ley 610 de 2000, porque operó l a prescripción de la acción de responsabilidad fiscal, en la medida que el auto de imputación no fue dictado dentro de los tres (3) meses –prorrogables por dos (2) más– siguientes a la apertura del proceso; añadiendo que “al proferirse fallo de apertura de l proceso, se ha evitado la ocurrencia de la caducidad de la acción, siempre que se hubiere proferido dentro del término de los cinco años, contados desde la ocurrencia del hecho dañino”.

Con base en lo anterior, formuló los siguientes cargos y causales de nulidad:

1. Infracción a las normas en que debía fundarse, e “infracción de norma superior”, considerando vulnerados los artículos 2, 6, 23, 83, 84, 85 y 209 de la Constitución Política ; los artículos 3, 5, 6, 9, 16, 45 y 46 de la Ley 610 de 2000 ; “y demás normas complementarias y concordantes […] también a la normatividad internacional aprobada por el Estado”. Y que, con las decisiones adoptadas se “inaplicó las normas en virtud de las cuales se tenía que sustraer de continuar tramitando el proceso fiscal”.

3 Páginas 7 a 12, ibídem.

con las decisiones adoptadas se “inaplicó las normas en virtud de las cuales se tenía que sustraer de continuar tramitando el proceso fiscal”.

3 Páginas 7 a 12, ibídem. 4 Refiriéndose a la sentencia SU-620 de 1996. 5 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 3 de octubre de 1995. Consejero Ponente:

Javier Henao Hidron. Radicación: 732.5

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2. Desviación de poder, porque el cuestionado proceso de responsabilidad fiscal “no persiguió los fines estatales en sintonía con las normas constitucionales vulneradas”, pues la demandada decidió llevar hasta el final el trámite fiscal, pese a las irregularidades advertidas en su curso.

3. Falsa motivación, al haberse desconocido las normas “que determinan de manera imperativa cual tenía que ser la decisión definitiva, a favor de mi mandante”; aunado a que las razones y motivos expuestos en los actos acusados, no se compadecen con la realidad jurídica, fáctica ni probatoria.

4. Expedición irregular, toda vez que la Contraloría General de la República había perdido competencia para tramitar el proceso; reiterando que la entidad contaba con el término de tres (3) meses, prorrogables por dos (2) meses más para disponer el archivo del proceso o dictar auto de imputación, traspasando dichos términos y vulnerando el derecho al

entidad contaba con el término de tres (3) meses, prorrogables por dos (2) meses más para disponer el archivo del proceso o dictar auto de imputación, traspasando dichos términos y vulnerando el derecho al debido proceso de la hoy demandante.

Al alegar de conclusión6, la parte actora manifestó concretamente que los actos acusados eran contrarios al ordenamiento jurídico por las siguientes razones:

• Los recursos que financiaron la obra en cuestión provienen del presupuesto nacional y no del territorial, por lo que la entidad afectada no es el municipio de Villavieja.

• El informe de auditoría que fundamentó la actuación fiscal no especifica el ente territorial afectado; pero se vincula a las Gerentes de las E.S.E., que no son entidades territoriales, sino descentralizadas especiales.

• No se analiza el proyecto inscrito y viabilizado, como tampoco el papel de la Gerente de la E.S.E. para invertir recursos de regalías.

• El informe de auditoría destaca la falta de inversiones y actuaciones que permitan tener acceso a la funcionalidad de la ob ra (v ías, servicios públicos, etc.). Sin embargo, ello no era competencia de la demandante sino del municipio de Villavieja; pues aquella solo podía insistir al Municipio y al Departamento del Huila para lo pertinente.

• Las E.S.E. no tienen competencia par a disponer de recursos para la ejecución y culminación de obras de infraestructura en el sector salud.

6 Documento 36, expediente electrónico.6

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6 Documento 36, expediente electrónico.6

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Demandante: Mónica Villany Rodríguez; Demandado: Contraloría General de la República

• Los motivos de declaratoria de responsabilidad fiscal invocados por la Contraloría General de la República, suponen una carga extraordinaria para la demandante y una violación a los principios de la responsabilidad fiscal, por encontrarse acreditada la ejecución de la obra a cabalidad y sin sobre costos, según los diseños entregados por la ESE Departamental y las Secretarías de Salud del Huila y de Villavieja; sin que la funcionalidad de la obra dependa de la contratación adelantada.

• Los entes territoriales son quienes tienen obligaciones legales frente a la dotación de servicios públicos domiciliarios y construcción de vías.

• Las sanciones e inhabilidade s impuestas son abiertamente injustas y arbitrarias, porque la demandante actuó como simple ejecutora del proyecto; sin ser responsable de dirigir y ordenar la ejecución de las obras.

• El comportamiento de la señora Mónica Villany no configuró ninguno de los elementos previstos en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000.

Por lo demás, reiteró lo relativo a la estructuración de una responsabilidad objetiva, a la carencia probatoria y la configuración de las causales de nulidad invocadas.

Contestación de la Demanda y Alegatos de Conclusión

Al contestar la demanda 7, la apoderada de la Contraloría General de la República puso de presente que, en desarrollo del proyecto BPIN

invocadas.

Contestación de la Demanda y Alegatos de Conclusión

Al contestar la demanda 7, la apoderada de la Contraloría General de la República puso de presente que, en desarrollo del proyecto BPIN 20110418720019 denominado “Construcción primera fase (emergencias) ESE Hospital del Perpetuo Socorro del Municipio de Villavieja Departamento del Huila”, se suscribió el Contrato de Obra N° 001 del 26 de julio de 2012, entre la ESE Hospital del Perpetuo Socorro –representada legalmente por la hoy demandante– y el señor William René Ariza Mateus; con el objeto de “constru[ir] a todo costo la primera fase (emergencias) de la edificación de la ESE […]”, por valor de $493.169.280; el cual fue liquidado el 2 de octubre de 2013.

Igualmente, que respecto de esa obra se celebró el Contrato de Int erventoría N° 001 del 29 de marzo de 2012, con la Empresa Cooperativa Serviasociados La Unión, por valor de $29.450.000; también liquidado.

7 Documento 22, ibídem.7

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Demandante: Mónica Villany Rodríguez; Demandado: Contraloría General de la República Relató que, no obstante, siete (7) después el edificio no había sido puesto en funcionamiento. Pues, pese a que se construyó la estructura en concreto, mampostería, cubierta y acabados; no se dotó a la construcción de los servicios

Relató que, no obstante, siete (7) después el edificio no había sido puesto en funcionamiento. Pues, pese a que se construyó la estructura en concreto, mampostería, cubierta y acabados; no se dotó a la construcción de los servicios de energía, acueducto y alcantarillado; tampoco se dejó acceso vehicular – siendo el área de urgencias y de residuos hospitalarios–, solo peatonal, y la zona aledaña se encuentra llena de maleza y sin ningún tipo de mantenimiento. Es decir, que la obra se efectuó sin planeación, por no contar con lo necesario para su funcionamiento.

Señaló que, por lo anterior y con base en el hallazgo fiscal N° 2018IE0047327 del 21 de junio de 2018 – auditoría de cumplimiento N° 8-2018, se dio apertura al proceso de responsabilidad fiscal N° 2018 -0759, teniendo como entidad afectada a la E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro del Municipio de Villavieja; el cual terminó con los administrativos acusados.

Informó, que la decisión de la Contraloría Departamental del Huila se fundamentó en los informes técnicos rendidos por un ingeniero adscrito a su planta de personal, quien estableció la falta de funcionalidad de la obra; por lo que el fallo de responsabilidad precisó que la génesis de la situación fueron los estudios previos –sobre la conveniencia y oportunidad– suscritos el 29 de junio de 2012 por la entonces Gerente y representante legal del Hospital, la señora Mónica Villany Rodríguez.

Recalcó, que la finalidad del proyecto constructivo era “garantizar la prestación de los servicios de salud [pues] en la actualidad el Municipio de Villavieja carece

Mónica Villany Rodríguez.

Recalcó, que la finalidad del proyecto constructivo era “garantizar la prestación de los servicios de salud [pues] en la actualidad el Municipio de Villavieja carece de un hospital con un área de urgencias adecuado, por ende, es necesario la construcción de la misma con una estructura que cumpla con los requerimientos mínimos”. Sin embargo, ello no se había cumplido, pues la obra no prestaba el servicio para el que fue proyectada.

En ese sentido, sostuvo que el fallo fue preciso en cuanto al daño imputable, en análisis de culpabilidad y el nexo causal, esgrimiendo, sobre el segundo de los elementos, que la demandante “tenía a su cargo la dirección y toma de decisiones en materia administrativa y financ iera y por supuesto contract ual”; en virtud de lo cual suscribió los estudios previos y los contratos, recibió la obra y liquidó los contratos, de modo que no quedaba duda sobre su gestión por manejo y disposición de los recursos de la ESE “que hoy se encuentran en estado de abandono y sin prestar ningún beneficio a la comunidad”; y en cuanto al nexo causal, que “sin la gestión fiscal de la señora MÓNICA VILLANY RODRÍGUEZ y su equívoca toma de decisiones, no se hubiere materializado el daño”.8

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Demandante: Mónica Villany Rodríguez; Demandado: Contraloría General de la República Añadió, que los cargos de nulidad de la d emanda se limitaron a referir las

Demandante: Mónica Villany Rodríguez; Demandado: Contraloría General de la República Añadió, que los cargos de nulidad de la d emanda se limitaron a referir las normas violadas, sin desarrollar los motivos por los que los actos serían ilegales.

Con todo, defendió que la conducta desplegada por la accionante encajaba dentro de los presupuestos de la Ley 610 de 2000; y que al haberse calificado y sustentado probatoriamente su conducta como gravemente culposa , se descartaba la alegada responsabilidad objetiva.

Refirió no estar estructurada la desviación de poder, en la medida que la demanda no precisa cuáles serían las irregularidade s en las que se habría incurrido; como tampoco la defensa de la señora Mónica Villany fue clara en referirse a la existencia de un eximente de responsabilidad, o configuración de la caducidad o la prescripción en el pr oceso de responsabilidad fiscal; motiv o último por el cual, además, la Contraloría General de la República no habría perdido la competencia que se aduce.

En sus alegaciones finales 8, la entidad demandada ratificó los anteriores argumentos.

Ministerio Público

La agente del Ministerio Público no conceptuó en el presente asunto9.

Trámite Procesal

La demanda10 fue admitida el 13 de abril de 2023 11. Una vez surtida su notificación12, traslado13 y contestación, mediante auto del 4 de abril de 202414 fue resuelta negativamente la excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales.

Luego, e n virtud de la reforma introducida al Código de Procedimiento

fue resuelta negativamente la excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales.

Luego, e n virtud de la reforma introducida al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a través de la Ley 2080 de 2021, en auto del 9 de mayo de 202415 se prescindió de la audiencia inicial con el objetivo de dictar sentencia anticipada, fijando el litigio de conformidad con los literales b) y d) del artículo 182A del C.P.A.C.A.

8 Documento 35, ibídem. 9 Documento 37, ibídem. 10 Interpuesta el 7 de octubre de 2022, de conformidad con la trazabilidad del envío del correo electrónico contentivo de la demanda, visible en el documento 8 del expediente electrónico. 11 Documento 14, ibídem. 12 Documento 17, ibídem. 13 Documentos 19 y 24, ibídem. 14 Documento 25, ibídem. 15 Documento 28, ibídem.9

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Demandante: Mónica Villany Rodríguez; Demandado: Contraloría General de la República Finalmente, el 23 de mayo siguiente16, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir su concepto.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

El Tribunal Administrativo del Huila es competente por el factor funcional y territorial para proferir sentencia de mérito en este caso , en virtud de lo consagrado en el numeral 2 del artículo 152 y numeral 3 del artículo 155, ambos

Competencia

El Tribunal Administrativo del Huila es competente por el factor funcional y territorial para proferir sentencia de mérito en este caso , en virtud de lo consagrado en el numeral 2 del artículo 152 y numeral 3 del artículo 155, ambos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 2080 de 2021.

Estudio Previo de C aducidad del Medio de C ontrol de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

La caducidad, como fenómeno jurídico, ha sido definida por el Consejo de Estado como el vencimiento del término previsto en la ley para acudir ante los jueces a demandar, “límite que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar ante las autoridades competentes” 17, configurándose cuando expira dicho término.

Así, conforme al numeral 2 del artículo 164 del C.P.A.C.A., por regla general, el término para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo cuya nulidad se prete nda, so pena de perder la oportunidad de acceder a la administración de justicia y hacer efectivos sus derechos.

En caso objeto de estudio, la actuación administrativa terminó con el Auto N° URF2-0363 del 28 de marzo de 2022 18, a través del cual se resolvi ó el recurso de apelación contra el fallo con responsabilidad fiscal Nº 013 del 29 de noviembre de 202119; acto administrativo aquel notificado por estado el 30 de marzo de 202220.

de apelación contra el fallo con responsabilidad fiscal Nº 013 del 29 de noviembre de 202119; acto administrativo aquel notificado por estado el 30 de marzo de 202220.

16 Documento 32, ibídem. 17 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de noviembre de 2018. Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Luque. Radicación: 25000 -23-26-000-201400029-01 (58452); entre otras. 18 Documento 5, expediente electrónico. 19 Documento 3, ibídem. 20 Archivo “226_estado 040 – Huila de 30 de marzo de 2022”, visible a documento 21 de expediente electrónico.10

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Demandante: Mónica Villany Rodríguez; Demandado: Contraloría General de la República Así, la contabilización del término perentorio de caducidad del medio de control inició el 31 de marzo de 2022, feneciendo –en principio – el 31 de julio del mismo año. No obstante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009, compil ado en el artículo 2.2.4.3.1.1.3 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial que ocurrió el 29 de julio de 202221, el plazo de los cuatro (4) meses para presentar la demanda fue suspendido cuando habían transcurrido tres (3)

extrajudicial que ocurrió el 29 de julio de 202221, el plazo de los cuatro (4) meses para presentar la demanda fue suspendido cuando habían transcurrido tres (3) meses y veintiocho (28) días de haberse efectuado la notificación; reanudándose el 6 de octubre de 2022 , con la expedición de la constancia de conciliación fallida22; y toda vez que la demanda se presentó el 7 de octubre 202223, se hizo de manera oportuna, puesto que los cuatro (4) meses vencían hasta el día 9 del mismo mes y año.

En conclusión, no se advierte la configuración de la caducidad en el ejercicio del presente medio de control.

Asunto Previo

Sea lo primero anotar que, en al alegar de conclusión , la parte actora trajo a colación argumentos de defensa relacionados con el informe de auditoría que fundamentó la actuación fiscal, en cuanto a (i) la especificidad de la entidad afectada, (ii) el anál isis del proyecto inscrito y viabilizado, (iii) y el rol de la Gerente de la E.S.E. para invertir recursos de regalías; como también (iv) la falta de competencia de la ESE para adecuar la funcionalidad de la obra y (v) disponer de recursos para la ejecució n y culminación de obras de infraestructura en el sector salud; (vi) el hecho de que la declaratoria de responsabilidad fiscal suponga una carga extraordinaria para la demandante, por encontrarse acreditada la ejecución de la obra a cabalidad; y (vii) la obligación de los entes territoriales frente a la dotación de servicios públicos domiciliarios y construcción de vías.

Para la Sala, se trata de la inclusión de nuevos motivos de inconformidad

territoriales frente a la dotación de servicios públicos domiciliarios y construcción de vías.

Para la Sala, se trata de la inclusión de nuevos motivos de inconformidad respecto de los actos acusados, que no fueron planteados desde la demanda; de modo que no pueden ser objeto de análisis en esta instancia.

Ello es así, porque, de acuerdo con el reiterado criterio del Consejo de Estado, el principio de justicia rogada que rige la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo requiere “al interesado la carga de exponer los argumentos que sustentan su pretensión de nulidad en la demanda y le impide proponer nuevos

21 Páginas 18 a 20 de documento 1, expediente electrónico. 22 Ibídem. 23 Documento 8, expediente electrónico.11

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Demandante: Mónica Villany Rodríguez; Demandado: Contraloría General de la República cargos de nulidad durante el trámite judicial”24, refiriéndose específicamente a nuevos argumentos planteados en la etapa de alegaciones.

Lo anterior, en concordancia con el principio de congruencia de la sentencia, establecido por el artículo 281 del C.G.P., en virtud del cual, “los argumentos a desatar por la autoridad judicial deban ser congruentes con los propuestos desde el escrito petitorio inicial, respecto de los cuales se le debió garantizar a la contraparte el derecho de defensa y contradicción ”25;lo que, a su vez, se traduce en un “deber de todo operador judicial, que exige, tajantemente, que la

desde el escrito petitorio inicial, respecto de los cuales se le debió garantizar a la contraparte el derecho de defensa y contradicción ”25;lo que, a su vez, se traduce en un “deber de todo operador judicial, que exige, tajantemente, que la sentencia deba estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda”26.

En ese sentido, para desatar el fondo del asunto, esta Corporación se circunscribirá específicamente a los planteamientos tanto fácticos y jurídicos de la demanda; pues no es viable examinar los argumentos adicionales expuestos por la parte actora en el escrito de alegaciones de conclusión.

Problema Jurídico

Con fundamento en la fijación del litigio efectuada en providencia del 9 de mayo de 2024 27, el presente asunto se centra en determinar sí debe declararse la nulidad del Fallo con Responsabilidad Fiscal N° 013 de 29 de diciembre de 2021, y de los autos N° 082 del 23 de febrero de 2022 y N° URF-0363 del 28 de marzo de 2022, a través de los cuales se declaró a la señora Mónica Villany Rodríguez como responsable fiscal; por presunta infracción a las normas en que debían fundarse los actos, desviación del poder, falsa motivación y expedición irregular, conforme a los argumentos desarrollados en la demanda.

En caso afirmativo, se deberá establecerse si hay lugar a (i) ordenar la exclusión de la demandante del registro de responsables fiscales, (ii) condenar a la Contraloría General