TA HUI - Sentencia 41001-23-33-000-2023-00035-00 (12-08-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M.P. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, doce (12) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL NULIDAD SIMPLE

DEMANDANTE IVÁN FERNANDO VARGAS NIVIA

DEMANDADO MUNICIPIO DE ALTAMIRA

DECISIÓN SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA RADICACIÓN 41001233300020230003500

APROBADO EN SALA ACTA DE LA FECHA

ASUNTO

Una vez concluidas las etapas procesales pertinentes y observado que no existe ningún hecho que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia anticipada en primera instancia, al tenor del numeral 3 del artículo 182A del C.P.A.C.A., adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.

ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA1

Iván Fernando Vargas Nivia, en ejercicio del medio de control de nulidad demanda al Municipio de Altamira – Concejo Municipal de Altamira-, para que previa citación se declare la nulidad de los artículos 209 a 214 -7 del Acuerdo No. 027 de 2015 “por medio del cual se actualiza y se adopta el código de rentas, la normatividad sustantiva tributaria, el procedimiento tributario y el régimen sanc ionatorio tributario para el municipio de Altamira del departamento del Huila” , modificado por el Acuerdo 019 de del 30 de

1 Documento 1 -Índice 3 expediente electrónico de primera instancia - samaiTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2

Medio de Control: Nulidad simple

departamento del Huila” , modificado por el Acuerdo 019 de del 30 de

1 Documento 1 -Índice 3 expediente electrónico de primera instancia - samaiTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

Demandado: Municipio de Altamira - Huila Rad. 41001233300020230003500

noviembre de 2020, expedido por el concejo municipal de Altamira – Huila, por haberse expedido por infracción a las normas en que debería fundarse.

1.1. Lo anterior lo sustenta en los siguientes HECHOS:

• Sostiene que el impuesto de alumbrado público tuvo origen en la Ley 97 de 1913, que autorizó al Distrito Capital de Bogotá para establecer un impuesto “sobre el servicio de alumbrado público”, organizar su cobro y darle el destino más conveniente para atender los servicios municipales; facultad extendida por la Ley 84 de 1915 a las demás entidades territoriales del orden municipal. Que luego, la Ley 1753 de 2015 sustituyó dicho tributo po r una contribución especial con destinación específica; norma que fue luego declarada inexequible por la Corte

Constitucional.

• Que posteriormente, la Ley 1819 de 2016 derogó tácitamente las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, consagrando un nuevo impuesto de alumbrado público con la definición de sus elementos esenciales de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado; cuyo artículo 353 ejusdem, contempló un término perentorio de un (1) año para que los municipios incorporaran en su ordenamiento tributar io el nuevo impuesto de

jurisprudencia del Consejo de Estado; cuyo artículo 353 ejusdem, contempló un término perentorio de un (1) año para que los municipios incorporaran en su ordenamiento tributar io el nuevo impuesto de alumbrado público, el 349, estableció que el Gobierno Nacional tendría seis (6) meses para reglamentar los criterios técnicos a tener en cuenta en la determinación del impuesto de alumbrado público y el artículo 351 estableció límit es para la determinación del valor del impuesto a recaudar. En virtud de ello, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 943 de 2018, en cuyo artículo 9° estableció los criterios técnicos para la determinación del impuesto de alumbrado público con el fin de evitar abusos en su cobro.

• Que el municipio de Altamira no acató el término del régimen de transición establecido en el artículo 353 de la Ley 1819 de 2016 y solo hasta el mes de septiembre de 2020 , a través de su Secretaría de Planeación e Infraestructura realizó el Estudio Técnico de Referencia para estipular los costos y cantidades estimados en cada uno de los conceptos y componentes integradores del servicio alumbrado público , el cual fue publica do en la página web , en el que se establecen importantes criterios que, como se demostrará, fueron desatendidos por el Concejo Municipal en la regulación del impuesto, verbigracia el contemplado en el literal B) “Valor del Impuesto a Facturar” del Capítulo 8 “Costos Desglosados para las Diferentes Actividades del Servicio deTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

Demandado: Municipio de Altamira - Huila

8 “Costos Desglosados para las Diferentes Actividades del Servicio deTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

Demandado: Municipio de Altamira - Huila Rad. 41001233300020230003500

Alumbrado Público” (página 41), en lo referente a la tarifa asignada a las empresas de servicios públicos domiciliarios que se fijó en tres (3) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigent es (SMMLV) o el previsto en el numeral 9.2 “Clasificación de los Usuarios del Servicio de Alumbrado Público” del capítulo 9 “Criterios Técnicos para la Determinación del Impuesto de Alumbrado Público” (página 49) que establece un límite al recaudo de impue sto mensual en la suma de $50.000.000, el cual ya se encuentra excedido.

• Que, con base en ese Estudio Técnico de Referencia, como lo reconoce el propio Acuerdo No. 027 de 2015 en el artículo 212, modificado por el Acuerdo 019 de 2020, el Concejo de Altami ra hizo la incorporación de este nuevo impuesto de alumbrado público en ese ente territorial, también de forma extemporánea, pues ello ocurrió casi cuatro (4) años después de promulgada la Ley 1819 de 2016.

• El citado Acuerdo No. 027 de 2015, modificado po r el Acuerdo 019 de 2020, establece en el capítulo XVI el Impuesto de Alumbrado Público y su regulación, desarrollando en los artículos 209 al 214 -7 la definición, ámbito de aplicación, principios rectores, hecho generador, sujeto activo,

2020, establece en el capítulo XVI el Impuesto de Alumbrado Público y su regulación, desarrollando en los artículos 209 al 214 -7 la definición, ámbito de aplicación, principios rectores, hecho generador, sujeto activo, sujeto pasivo, ba se gravable, tarifas, causación, exclusiones, ajustes, y mecanismo de recaudo.

• En el parágrafo 4 del artículo 213 del Acuerdo No. 027 de 2015, modificado por el Acuerdo 019 de 2020, se indica que las empresas de Servicios Público Domiciliarios, mixtas o p rivadas, diferentes a la del Municipio, que posean predios, servidumbres o establecimientos, que presten sus servicios como tal, en cualquier modalidad en el Municipio de Altamira (Huila) y utilicen cualquier parte de la jurisdicción del Municipio para poder desarrollar su actividad económica y/o de servicio en cualquier parte de la jurisdicción del Municipio, se gravarán mensualmente con cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo cual es flagrante oposición a principios constitucionales como el de la capacidad contributiva, lo señalado en el Estudio Técnico de Referencia en lo referente a la tarifa aplicable a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios e incluso lo previsto en el mismo Acuerdo en lo referente a uno de los elementos del tributo al establecer una tarifa que desconoce la base gravable fijada, cual es el valor de la energía eléctrica consumida, desvirtuando así mismo el principio de certeza incluido en el mismo Acuerdo como principio rector del tributo.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

certeza incluido en el mismo Acuerdo como principio rector del tributo.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

Demandado: Municipio de Altamira - Huila Rad. 41001233300020230003500

1.2. Normas violadas y concepto de violación

Argumenta que las normas demandadas , se encuentran viciadas de nulidad por infracción a las normas en que deberían fundarse, pues contravienen los artículos 287 y 313 de la Constitución Política, 24.1 de la Ley 142 de 1994, 349 y siguiente de la Ley 1819 de 2016, así como el Decreto 943 de 2018; al considerar que el Concejo Municipal de Altamira, por las siguientes razones:

• Inobservancia al plazo establecido en el artículo 353 de la Ley 1819 de 2016 para la ado pción del Impuesto de Alumbrado Público en los ordenamientos tributarios de los municipios.

Refiere que dicha norma constituye el marco vigente para ese tributo, en la cual se estableció que “los acuerdos que se adecuen a lo previsto en la presente Ley mantendrán su vigencia, salvo aquellos que deben ser modificados, lo que deberá surtirse en un término máximo de un año”.

Indicó que, en ese plazo –hasta el 29 de diciembre de 2017 – debía adoptarse la reforma de los estatutos tributarios municipales, so pena de (i) que los acuerdos municipales perdieran vigencia y (ii) los Concejos Municipales perdieran la facultad de incorporar el impuesto como fuente de financiación del servicio de alumbrado público. Sin embargo, en el caso de Altamira, ello ocurrió

los acuerdos municipales perdieran vigencia y (ii) los Concejos Municipales perdieran la facultad de incorporar el impuesto como fuente de financiación del servicio de alumbrado público. Sin embargo, en el caso de Altamira, ello ocurrió tres (3) años después de vencido el plazo conferido por la Ley; de modo que el Concejo Municipal carecía de competencia para regular y cobrar el impuesto de alumbrado público.

• Inobservancia del artículo 24.1 de la Ley 142 de 1994.

Conforme al régimen de servicios públicos domiciliarios – Ley 142 de 1994, no es posible “gravar a las empresas de servicios públicos con tasas, contribuciones o impuestos que sean aplicables a los demás contribuyentes que cumplan funciones industriales o comerciales”

Sobre el particular, citó al Consejo de Estado 2 para plantear que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios solo están sujetas a los gravámenes territoriales establecidos en leyes preexistentes a la entrada en vigencia de la Ley 142 de 1994. No o bstante, el municipio de Altamira gravó las aludidas empresas con el impuesto de alumbrado público previsto en la Ley 1819 de 2006, a las cuales fijó una tarifa diferencial y negativa,

2 Refiriéndose a: Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 3 de diciembre de 2001. Consejera Ponente:

Ligia López Díaz. Expediente: 12539TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

Demandado: Municipio de Altamira - Huila Rad. 41001233300020230003500

significativamente superior a la de los contribuyentes que desarrollan

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

Demandado: Municipio de Altamira - Huila Rad. 41001233300020230003500

significativamente superior a la de los contribuyentes que desarrollan actividades industriales y comerciales.

Añadió, que en sentencia de unificación del 6 de noviembre de 20193, el Consejo de Estado se refirió a las condiciones que debían ser tenidas en cuenta por los municipios para la determinación de los sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público; sin enunciar allí a las empresas de servicios públicos domiciliarios.

• Violación del artículo 351 de la Ley 1819 de 2016 por desconocimiento del estudio técnico para la fijación de la tarifa a empresas de servicios públicos domiciliarios

La norma transcrita es clara en señalar que el monto del impuesto que se puede cobrar es el resultado de la estimación de los costos estimados de prestación en cada componente del servicio que arroje el estudio técnico de referencia, es decir, que el Municipio no puede recaudar por concepto del Impuesto Alumbrado Público más allá de lo que se establezca en el citado estudio. Pues bien, el estudio técnico de referencia realizado por el Municipio de Altamira (Huila) en septiembre de 2020 c ontempla las tarifas que se deben cobrar para la recuperación de los costos, y además establece que el valor recaudado por concepto de este impuesto no podrá en ningún caso exceder los 50 millones de pesos mensuales.

El mencionado estudio establece que la tarifa del impuesto para las empresas de servicios públicos domiciliarios es de tres (3) salarios mínimos

recaudado por concepto de este impuesto no podrá en ningún caso exceder los 50 millones de pesos mensuales.

El mencionado estudio establece que la tarifa del impuesto para las empresas de servicios públicos domiciliarios es de tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero inexplicablemente el Acuerdo Municipal 019 de 2020, modificatorio del Acuerdo 027 de 2015, adopta en el parágrafo cuarto del artículo 213 una tarifa para este tipo de empresas de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, con lo cual se estaría excediendo el monto fijado en el Estudio Técnico de Referencia y por ende, transgrediendo el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016.

• Violación al principio de certeza en la adopción del tributo.

Señala que el acto demandado se incurrió en contradicción al señalar lo siguiente:

3 Concejo de Estado en Sentencia de Unificación del 6 de noviembre de 2019 (Exp. 23103)TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

Demandado: Municipio de Altamira - Huila Rad. 41001233300020230003500

• Que l a norma define el hecho generador como el beneficio por la prestación del servicio alumb rado público, lo que acorde con la jurisprudencia del Concejo de Estado significa ser usuario potencial del servicio bajo el entendido que se trata de una persona que hace parte de una colectividad que reside en determinada jurisdicción. No obstante, cuando la norma define la tarifa para el caso de las empresas de servicios públicos domiciliarios deja de lado el hecho generador y establece la

una colectividad que reside en determinada jurisdicción. No obstante, cuando la norma define la tarifa para el caso de las empresas de servicios públicos domiciliarios deja de lado el hecho generador y establece la misma de manera objetiva en consideración simplemente a su objeto social, vulnerando además nuevamente la prohibició n de trato discriminatorio que establece el numeral 1 de artículo 24 de la Ley 142 de 1994.

Así las cosas, bajo el entendido que una empresa de servicios públicos domiciliarios no sea usuario potencial del servicio de alumbrado público y no ostente la condición de sujeto pasivo por no desarrollar el hecho generador de tributo, estaría en todo caso obligada a pagar el impuesto por la forma en la que se encuentra establecida la tarifa, y de hecho sabemos que la administración tributaria del Municipio de Altamira lo ha venido cobrando sin reserva alguna.

• La base gravable del impuesto alumbrado público, según lo establece el Acuerdo 027 de 2015, modificado por el Acuerdo 019 de 2020, está determinada bajo tres criterios, a saber: (i) el valor de la energía eléctrica consumida; (ii) el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial y (iii) en el caso del autoconsumo el valor de la cantidad de energía mensual consumida.

A pesar de la claridad con la que se encuentra redactada la base gravable, la tarifa aplicable a ciertos contribuyentes, entre ellos , las empresas de servicios públicos domiciliarios, se encuentra fijada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que implica una incongruencia entre la norma en el mismo Acuerdo, pues no tiene justificación que mientras la base gravable está determinada bajo los tres criterios mencionados, a

servicios públicos domiciliarios, se encuentra fijada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que implica una incongruencia entre la norma en el mismo Acuerdo, pues no tiene justificación que mientras la base gravable está determinada bajo los tres criterios mencionados, a ciertos contribuyentes se les imponga una tarifa que no guarda ningún tipo de relación con los mismos.

Concluye que la regulación del impuesto en el Acuerdo 027 de 2015, modificado por el Acuerdo 019 de 2020, es ambigua y llama a equ ívoco a los contribuyentes. Tal es el caso de las empresas de servicios públicos domiciliarios, quienes se ven conminados al pago del tributo a pesar de no estar demostrada su capacidad contributiva en relación con los ingresos percibidosTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 7

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

Demandado: Municipio de Altamira - Huila Rad. 41001233300020230003500

en esa jurisdicción, e incluso de no desarrollar el hecho generador habida consideración que no cumplen con la condición de ser usuarios potenciales del servicio.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA4

El municipio de Altamira se opone a las pretensiones así:

Frente al primer cargo : señala que la entidad tenía competencia para regular y cobrar el impuesto de alumbrado público por lo que se modificó el Acuerdo 027 de 2015. El legi slador no consagró ninguna pérdida de competencia por el hecho de realizar modificaciones en un plazo determinado.

No resulta lógico , pues no podría prestar el servicio de alumbrado pues si se pierde competencia se quedaría sin fuente de financiamiento par a cubrir los

competencia por el hecho de realizar modificaciones en un plazo determinado. No resulta lógico , pues no podría prestar el servicio de alumbrado pues si se pierde competencia se quedaría sin fuente de financiamiento par a cubrir los gastos del servicio público de alumbrado público.

Frente al segundo cargo : resulta menos comprensible que se mencione que las empresas de servicios públicos domiciliarios , pues sin lugar a du da, algunas empresas, como la ELECTRIFICADORA DEL HUILA, deben contribuir con la carga tributaria atendiendo al servicio que se le presta de alumbrado público, para lo cual citó como referencia la Sentencia de Unificación 2019-CESUJ-4-009 del 6 de noviembre de 2019, Exp. 23103, C.P. Milton Chávez

García.

Frente al tercer y cuarto cargo : el accionante indica que una tarifa se estableció en el estudio técnico y otra en el acuerdo municipal para las empresas de s ervicios públicos domiciliarios, y al respecto, señala que, s i bien no fue allegado el estudio técnico para confrontarlo es importante mencionar que en la discusión de los acuerdos, los ajustes a los diferentes estudios son viables y se dan atendiendo al debate que se maneja en el concejo municipal.

En lo referente al principio de certeza en la ado pción del tributo señala que no es cierta, pues la norma no es ambigua, dado que contiene los elementos esenciales del impuesto tal como lo señala la sentencia de unificación que se menciona en el segundo cargo.

4 Índice 26TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 8

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

Demandado: Municipio de Altamira - Huila

menciona en el segundo cargo.

4 Índice 26TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 8

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

Demandado: Municipio de Altamira - Huila Rad. 41001233300020230003500

Como excepción de mérito propone la denominada como Indemnidad del Acto Administrativos Acusado , al considerar que, el actor no prueba la vulneración de normas superiores en el trámite de la expedición de los actos administrativos acusados dado que los actos administrativos atacados se expidieron acorde con la normatividad vigente.

3. TRÁMITE DE SENTENCIA ANTICIPADA.

Mediante providencia del 04 de febrero de 2025, el despacho dispuso el trámite de la sentencia anticipada previsto en el artículo 182A del CPACA, para lo cual se pronunció sobre las pruebas aportadas y solicitadas por las partes, fijó el litigio y ordenó dar traslado para alegar de conclusión.

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Los sujetos procesales y el representante del Ministerio Público guardaron silencio, según constancia secretarial visible en el índice 49 del expediente electrónico.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

Esta Sala es competente por el factor funcional y territorial para proferir sentencia de primera instancia, en virtud de lo consag rado en el artículo 152 y del artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Se precisa que la Ley no les otorgó a los concejos municipales personería

sentencia de primera instancia, en virtud de lo consag rado en el artículo 152 y del artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Se precisa que la Ley no les otorgó a los concejos municipales personería jurídica y, por ende, no tienen capacidad para ser parte o intervenir directamente en procesos judiciales o administrativos y deben hacerlo por intermedio del respectivo ente territorial.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

Demandado: Municipio de Altamira - Huila Rad. 41001233300020230003500

2. PROBLEMA JURÍDICO

La Sala debe definir si ¿los artículos 209 a 214-7 del Acuerdo No. 027 de 2015, por medio del cual se actualiza y se adopta el código de rentas, la normatividad sustantiva tributaria, el procedimiento tributario y el régimen sancionatorio tributario para el municipio de Altamira del departamen to del Huila,” modificado por el Acuerdo 019 del 30 de noviembre de 2020, expedido por el Concejo Municipal de Altamira, se encuentra n afectados de nulidad al infringir las normas en que deberían fundarse?

3. TESIS DE LA SALA

La Sala declarará probada la excepción de “indemnidad del acto administrativo acusado”, propuesta por la entidad demandada y negará las pretensiones, pues no se desvirtuó la presunción de legalidad de las normas demandadas, en tanto que no se probó que lo reglamentado en los artículos 209

administrativo acusado”, propuesta por la entidad demandada y negará las pretensiones, pues no se desvirtuó la presunción de legalidad de las normas demandadas, en tanto que no se probó que lo reglamentado en los artículos 209 a 214-7 del Acuerdo No. 027 de 2015, modificado por el Acuerdo 019 del 30 de noviembre de 2 020, expedidos por el Concejo Municipal de Altamira – Huila, se hayan proferido con infracción a la constitución y la Ley, esto es, que hubiere desconocido lo previsto en los artículos 287 y 313 de la Constitución Política, 24.1 de la Ley 142 de 1994, 349 y siguiente de la Ley 1819 de 2016, así como el Decreto 943 de 2018.

4. ACTO DEMANDADO

Artículos 209 a 214-7 del Acuerdo No. 027 de 03 de diciembre de 2015 “por medio del cual se actualiza y se adopta el código de rentas, la normatividad sustantiva tribut aria, el procedimiento tributario y el régimen sancionatorio tributario para el municipio de Altamira del Departamento del Huila”:TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

Demandado: Municipio de Altamira - Huila Rad. 41001233300020230003500

Normatividad que fue modificada por el Acuerdo No. 019 del 30 de noviembre de 2020 en el siguiente tenor:TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

Demandado: Municipio de Altamira - Huila

noviembre de 2020 en el siguiente tenor:TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

Demandado: Municipio de Altamira - Huila

Rad. 41001233300020230003500TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 12

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

Demandado: Municipio de Altamira - Huila

Rad. 41001233300020230003500TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 13

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

Demandado: Municipio de Altamira - Huila

Rad. 41001233300020230003500TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 14

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

Demandado: Municipio de Altamira - Huila

Rad. 41001233300020230003500TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 15

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

Demandado: Municipio de Altamira - Huila

Rad. 41001233300020230003500TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 16

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

Demandado: Municipio de Altamira - Huila Rad. 41001233300020230003500

5. MARCO NORMATIVOY JURISPRUDENCIAL APLICABLES

5.1. Principio de legalidad y articulación de fuentes en materia tributaria:

En materia tributaria, el principio de legalidad implica que solo la Ley

5. MARCO NORMATIVOY JURISPRUDENCIAL APLICABLES

5.1. Principio de legalidad y articulación de fuentes en materia tributaria:

En materia tributaria, el principio de legalidad implica que solo la Ley puede imponer gravámenes, limitaciones o restricciones a las personas, de ahí que las reglamentaciones no pueden ser fuente autónoma de obligaciones tributarias, sin perjuicio de las facultades de regulación que la Constitución o la Ley asignen a determinadas autoridades.

Como parte de las manifestaciones de este principio, se ha distinguido entre (i) la cláusula general de competencia del legislador, traducida en que el Congreso es el órgano con la facultad genérica de desarrollar la constitución, y en que para el ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno es necesario una previa regulación básica o materialidad legislativa por parte del Congreso; y (ii) la llamada reserva de Ley, que se presenta cuando por expresa disposición constitucional, el desarrollo de determinada materia atañe exclusivamente al legislador.

Con base en ello, la Corte Constitucional ha señalado que la existencia del principio de legalidad no impone al legislador la obligación de regular hasta el detalle todas las materias, pues “cuando la regulación de determinada materia corresponda primariamente al Legislador, en virtud de la cláusula general de competencia, ‘... la Ley no tiene que desarrollar integralmente la materia, pues puede delimitar el t ema y permitir su concreción por medio de reglamentos administrativos”, dado que el principio de legalidad se expresa también en el sistema de articulación de fuentes formales del derecho:

“Del principio de legalidad en sentido general se desprende la consecuencia de que

administrativos”, dado que el principio de legalidad se expresa también en el sistema de articulación de fuentes formales del derecho:

“Del principio de legalidad en sentido general se desprende la consecuencia de que no puede el reglamento ser fuente autónoma de obligaciones, limitaciones o gravámenes, pero si es posible, en términos amplios, una concreción administrativa de los elementos centrales que hayan sido previamente definidos en la Ley, lo que constituye una exigencia técnica para su debida ejecución.

Así, por ejemplo, en materia tributaria, como se precisará más adelante, no está dentro del ámbito de reserva estricta del principio de legalidad de los tributos la regulación de las obligaciones formales necesarias para hacer efectiva la obligación tributaria principal. Así, no obstante que corresponde a la Ley establecer la base de esas obligaciones formales en materia tributaria, cabe, con criterio amplio, la regulación administrativa de las mismas, dentro de los parámetros que hayan sido fijados en la Ley en materias tales como el recaudo o los deberes de información.

A su vez, las materias que se encuentran dentro del ámbito de una específica reserva de Ley no pueden ser objeto de remisión al reglamento, puesto que corresponde alTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 17

Medio de Control: Nulidad simple

Demandante: Iván Fernando Vargas Nivia

Demandado: Municipio de Altamira - Huila Rad. 41001233300020230003500

legislador la regulación clara y expresa de las materias reservadas” (subrayado fuera de texto).

De lo anterior se desprende que, aunque atañe al legislador regular directamente el núcleo de determinada materia, la especificación o concreción

legislador la regulación clara y expresa de las materias reservadas” (subrayado fuera de texto).

De lo anterior se desprende que, aunque atañe al legislador regular directamente el núcleo de determinada materia, la especificación o concreción de ciertos supuestos puede dejarse a manos de la reglamentación administrativa dentro de los parámetros que previamente hubiere fijado la Ley; dentro de los criterios que pueden ser determinados por la administración, por lo que la Corte Constitucional alude a los denominados “conceptos jurídicos indeterminados, que son “susceptibles de concreción por la autoridad administrativa con un cierto margen de apreciación”.

De este modo, “son posibles las expresas remisiones a la Administración, particularmente cuando por la naturaleza de la materia no es posible que la especificación del concepto contenido en la Ley, no obstante que indispensable para la cumplida ejecución de la misma, se cumpla por el propio legislador” . Es decir, que, si el detalle del concepto no es dado por el legislador, es viable la remisión a la definición de la administración.

En materia tributaria, existe una reserva especial de ley derivada de los artículos 150 -12 y 338 de la Constitución Política, en virtud de la cual corresponde al Congreso “establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales” ; y a las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, determinar los elementos esenciales de los tributos, a saber, “los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos”.

No obstante, la Corte Constitucional ha precisado que no toda

sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos”.

No obstante, la Corte Constitucional ha precisado que no toda ambigüedad, indeterminación o dificultad en la interpretación de la Ley crea un impuesto o conduce a su inconstitucionalidad, puesto que para ello “es necesario que el alcance de la Ley no pueda ser determinado de acuerdo con las reglas generales de interpretación de la Ley”. En ese sentido:

“[…] no sie