TA HUI - Sentencia 41001-23-33-000-2025-00229-00 (23-10-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Segunda de Decisión M.P. Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Neiva – Huila, veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

ACCIÓN : TUTELA

ACCIONANTE : VÍCTOR MANUEL ROBLES CRUZ

ACCIONADO : JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE NEIVA RADICADO : 41 001 23 33 000 2025 00229 00

ASUNTO : SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Aprobado en Sala de la fecha/Acta N° 080.

1. ASUNTO.

Se decide en primera instancia la acción de tutela presentada por VÍCTOR MANUEL ROBLES CRUZ en procura del amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia y celeridad procesal , presuntamente vulnerados por el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE NEIVA , en el proceso de reparación directa con radicado 2023-00233-00.

2. DEMANDA.

2.1. PETICIÓN.

Se solicita por el accionante el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia y celeridad procesal, presuntamente vulnerados por el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE NEIVA, en desarrollo del proceso de reparación directa con radicado 2023-00233-00, solicitando:

procesal, presuntamente vulnerados por el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE NEIVA, en desarrollo del proceso de reparación directa con radicado 2023-00233-00, solicitando:

“a. Responder de fondo las dos solicitudes de impulso procesal pendientes, dentro de un plazo no mayor a tres (3) días hábiles.

b. Dar impulso urgente al proceso No. 20 23-00233-00, decretando el dictamen pericial médico solicitado y removiendo la curadora ad litem si persiste su inactividad.2

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Accionante: Víctor Manuel Robles Cruz.

Accionado: Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.

c. Abstenerse de futuras dilaciones y garantizar la celeridad procesal.”

2.2. HECHOS.

Expone el accionante ser parte demandante en el proceso de reparación directa No. 2023 -00233-00, que se tramita ante el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva, relacionado con daños derivados de la prestación defectuosa de servicios de salud por parte de e ntidades públicas lo que ha generado perjuicios irreparables en su salud y condición de discapacidad.

Que ha elevado dos solicitudes formales de impulso procesal ante el despacho el 18 y el 24 de septiembre de 2025, decretar pruebas periciales urgentes (dictamen médico ante la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, con cargo a Nueva EPS) y remover obstáculos como

despacho el 18 y el 24 de septiembre de 2025, decretar pruebas periciales urgentes (dictamen médico ante la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, con cargo a Nueva EPS) y remover obstáculos como el abandono de funciones por la curadora ad litem designad a, sin que haya recibido respuesta alguna por parte del juzgado.

Que, pese a sus limitaciones por discapacidad, ha intentado contactar al juzgado mediante correos, llamadas y visitas personales, sin obtener avances, prolongándose el proceso y ocasionándol e perjuicios económicos, de salud y morales.

Por último, precisa que el proceso se encuentra estancado, vulnerando su derecho a una justicia pronta y eficaz.

3. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE TUTELA.

Mediante auto de fecha 9 de octubre de 2025 se avocó el conocimiento de la presente acción de tutela y ordenó requerir al Juez Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Neiva , para que rindiera un informe sobre los hechos que dieron origen a la presente acción, otorgándose para ello un término de dos (2) días.

Así mismo, se dispuso oficiar al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Neiva para que sirviera compartir el expediente digital del proceso de reparación directa con radicado 2023 -00233-00, instaurado por el señor Víctor Manuel Robles Cruz.

Finalmente, mediante auto calendado 17 de octubre de 2025 , se resolvió decretar como medida provisional la suspensión de la orden de archivo del expediente de reparación directa, dada mediante auto del 9 de octubre de

Finalmente, mediante auto calendado 17 de octubre de 2025 , se resolvió decretar como medida provisional la suspensión de la orden de archivo del expediente de reparación directa, dada mediante auto del 9 de octubre de 2025 por el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva, mientras se toma una decisión de fondo en el presente asunto.3

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Accionante: Víctor Manuel Robles Cruz.

Accionado: Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.

4. CONTESTACIÓN. (Fl. 12 SAMAI)

El Juez Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, mediante oficio No. J9A-0304 del 14 de octubre de 2025 rindió el informe solicitado en auto que admitió la acción de tutela, solicitando la negativa del amparo pretendido por el actor, manifestando que ha obrado con la debida diligencia y no ha vulnerado los derechos del accionante.

Acto seguido, sostiene que las peticiones radicadas por el accionante el 19 y el 24 de septiembre de 2025 fueron atendidas de modo oportuno mediante auto del 9 de octubre de 2025, notificado el 10 del mismo mes y año.

De otra parte, indica que ha tramitado de manera oportuna y en debida forma el amparo de pobreza a favor del señor Víctor Manuel Robles Cruz, así como, los requerimientos realizados en torno al mismo.

Finalmente, con relación al proceso cuyo impulso procesal solicita el accionante, precisó las siguientes actuaciones:

el amparo de pobreza a favor del señor Víctor Manuel Robles Cruz, así como, los requerimientos realizados en torno al mismo.

Finalmente, con relación al proceso cuyo impulso procesal solicita el accionante, precisó las siguientes actuaciones:

• El 14 de agosto de 2023, con acta de reparto N° 1511, le fue asignado como medio de control de reparación directa el escrito instaurado por el señor Víctor Manuel Robles Cruz en nombre propio y de su familia contra la Nación - Ministerio de Justicia, Rama Judicial y Medicina Legal de Neiva - Huila.

• El 13 de octubre de 2023, se profiere auto inadmitiendo la demanda, y se concede al actor 10 días para subsanar los defectos advertidos, so pena del rechazo de la misma.

• Que, contra la anterior decisión, se interpuso recurso en el cual se indicó que acudió con la demanda en causa propia “Pues ningún letrado quiso tomar mi proceso” y solicitó que se le concediera amparo de pobreza el cual había referido en las pretensiones de la demanda, y a su vez informó que presenta estado de discapacidad por cuanto no puede caminar, no habla, y no escucha.

• Recurso que fue resuelto por auto del 31 de mayo de 2024, confirmando el auto inadmisorio de la demanda y a su vez resolvió negar el amparo de pobreza pretendido por el señor Robles Cruz.

• El 26 de julio de 2024, se dictó auto que rechazó la demanda por no subsanar los defectos advertidos y ordenando el archivo del expediente. - Que mediante fallo de tutela proferido el 8 de agosto de 2024 proferido

• El 26 de julio de 2024, se dictó auto que rechazó la demanda por no subsanar los defectos advertidos y ordenando el archivo del expediente. - Que mediante fallo de tutela proferido el 8 de agosto de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo del Huila dentro del expediente de tutela tramitado bajo el radicado N° 41 001 23 33 000 2024 00257 00, interpuesto por el señor Víctor Manuel Robles C ruz contra el Juzgado Noveno4

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Accionante: Víctor Manuel Robles Cruz.

Accionado: Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.

Administrativo de Neiva, se dispuso lo siguiente:

“(…) PRIMERO: AMPARAR los derechos al debido proceso, acceso a administración de justicia e igualdad del señor VÍCTOR MANUEL ROBLES CRUZ que fueron vulnerados por el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO

DE NEIVA.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS todo lo actuado en el medio de control de reparación directa con radicado 41001333300920230023300 a partir del auto de octubre 13 de 2023.

TERCERO: ORDENAR al juez titular del JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DE NEIVA que dentro de los dos (2) días s iguientes a la notificación de esta decisión, proceda a resolver la solicitud de amparo de pobreza realizada por el señor Víctor Manuel Robles Cruz, realizando un estudio detallado de las condiciones descritas por él y solo para él aplicando

notificación de esta decisión, proceda a resolver la solicitud de amparo de pobreza realizada por el señor Víctor Manuel Robles Cruz, realizando un estudio detallado de las condiciones descritas por él y solo para él aplicando para eso un tr atamiento diferencial positivo al tratarse de una persona de especial protección constitucional. (...)” (resaltado y subrayados ajenos al texto).

• Que, en cumplimiento del fallo de tutela, por providencia del 12 de agosto de 2024 resolvió conceder amparo de pobreza al señor Víctor Manuel Robles Cruz y ordenó que por la Secretaría del Juzgado se oficie a la Defensoría del Pueblo Regional Huila para que designe un defensor público del área de derecho administrativo que asuma representación en el trámite extrajudicial como en el judicial del señor Robles Cruz en el eventual proceso que se pretende instaurar.

• Que el 2 de septiembre de 2024 la Defensoría del Pueblo Regional Huila dio respuesta al oficio J9A0437 del 28 de agosto de 2024 informó que no le corresponde asumir la representación de los amparados pobres en materia de lo contencioso administrativo, que tienen un componente puramente oneroso.

• Que, en atención a la respuesta de la Defensoría, el 3 de septiembre de 2024 se expide auto mediante el cual se designó a la abogada Jenny Peña Gaitán como abogada del señor Víctor Manuel Robles Cruz.

• Que por oficio J9A0442 del 3 de septiembre de 2024, solicitó además a la Oficina Judicial - Reparto de la DESAJ Neiva - Huila la compensación por cambio de grupo de Reparación directa a Amparo de pobreza, la cual tuvo

• Que por oficio J9A0442 del 3 de septiembre de 2024, solicitó además a la Oficina Judicial - Reparto de la DESAJ Neiva - Huila la compensación por cambio de grupo de Reparación directa a Amparo de pobreza, la cual tuvo lugar con acta por novedad con secuencia 1812 del 4 de septiembre de 2024.

• Que el 5 de septiembre de 2024 la Dra. Jenny Peña expresó que no aceptaba la designación realizada y aportó los soportes de su negativa. En consecuencia, por auto del 6 de septiembre de 2024, se designó a la abogada Lid Marisol Barrera Cardozo como curadora ad litem del señor Víctor Manuel Robles Cuz, siendo comunicada dicha decisión a esa profesional del derecho5

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Accionante: Víctor Manuel Robles Cruz.

Accionado: Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.

por oficio J9A0454 del 9 de septiembre de 2024.

• El 19 de septiembre de 2024, la abogada Lid Marisol Barrera allegó escrito expresando que no aceptaba la designación realizada, procediendo el despacho por auto d el 27 de septiembre de 2024, a indicarle que e l plazo para manifestar su no aceptación a la designación había vencido en silencio el 16 de septiembre de 2024, por lo que “(…) ya no es procedente que desatienda la designación hecha por este Despacho, pues en tal caso podría llegar a incurrir en sanciones disciplinarias. (…)”

el 16 de septiembre de 2024, por lo que “(…) ya no es procedente que desatienda la designación hecha por este Despacho, pues en tal caso podría llegar a incurrir en sanciones disciplinarias. (…)”

• En contra de la anterior decisión, l a abogada Barrera Cardozo interpuso en recurso de reposición y solicitó se designara otro abogado , procediendo el despacho por auto del 4 de abril de 2025, a rechazar po r extemporáneo el mismo, y requirió nuevamente a la abogada para que “(…) proceda de forma INMEDIATA a adelantar las actuaciones encaminadas a verificar la procedencia de la demanda a impetrar por el señor Víctor Manuel

Robles Cruz. (…)”

• Que, respecto del a nterior auto, la abogada designada e l 10 de abril de 2025, solicitó su aclaración e informó que se comunicó con el señor Robles Cruz, quien a su juicio necesita que se designe un abogado perito en responsabilidad médica.

• Por último, el 4 de julio de 2025 se expide auto por medio del cual se resolvió la aclaración solicitada y se requirió a la a la abogada Lid Marisol Barrera C. a que procediera de forma INMEDIATA a adelantar las actuaciones encaminadas a constatar la procedencia de la demanda a impetrar po r el señor Víctor Manuel, so pena de incurrir en sanciones disciplinarias, decisión que fue notificada por estado el 7 de julio de 2025.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

5.1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

5.1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el Decreto No. 1382 de 2000, y el inciso 2° numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, esta Corporación es competente para conocer de la acción de tutela instaurada , dado que los hechos que la motivan ocurrieron en jurisdicción de los jueces administrativos de Neiva y por ser este Tribunal el superior funcional.

5.2. Derechos fundamentales invocados.

Se demanda la protección de los derechos al debido proceso, acceso efectivo6

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Accionante: Víctor Manuel Robles Cruz.

Accionado: Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.

a la administración de justicia y celeridad procesal por considerar el accionante que no ha obtenido una respuesta de fondo a sus peticiones radicadas el 18 y 24 de septiembre de 2025.

Adicionalmente, del escrito de tutela, se evidencia una posible afectación del derecho fundamental de petición.

5.3. Asunto jurídico a resolver.

Corresponde determinar a la Sala si el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE NEIVA , vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, petición, acceso efectivo a la

5.3. Asunto jurídico a resolver.

Corresponde determinar a la Sala si el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE NEIVA , vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, petición, acceso efectivo a la administración de justicia y celeridad procesal del accionante VÍCTO R MANUEL ROBLES CRUZ , por la ausencia de respuesta a las peticiones radicadas el 19 y 24 de septiembre de 2025 y por la falta de impuso procesal al proceso, frente a la inactividad de la curadora ad litem que le fuera designada para verificar la procedencia de la demanda de reparación directa que desea presentar el señor Robles Cruz.

5.4. Legitimación por activa.

El señor VÍCTOR MANUEL ROBLES CRUZ, está legitimado para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales, quien conforme al artículo 86 de la Constitución Política, solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia y celeridad procesal presuntamente conculcado la parte accionada.

5.5. Legitimación por pasiva.

Con respecto a quién va dirigida la acción de tutela, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 expresa que: “ se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental (…)”.

De otro lado, la Corte Constitucional en la Sentencia T - 416 de 1997 explicó en qué consiste la legitimación en la causa por pasiva así: “ La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige

en qué consiste la legitimación en la causa por pasiva así: “ La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material”

En consecuencia, por ser el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Neiva ante quien le fue repartida la demanda de reparación directa instaurada a nombre propio por el señor Víctor Manuel Robles Cruz , y a su vez, por ser quien reconoció el amparo de pobreza que le permitió la designación de un curador ad litem, para la adecuación de la demanda y7

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Accionante: Víctor Manuel Robles Cruz.

Accionado: Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.

representación del accionante, por tanto, se encuentra legitimado por pasiva en la presente acción.

5.6. Inmediatez.

El accionante cumple con la aplicación al principio de inmediatez, ya que las acciones por el desplegadas para solicitar la protección de sus derechos fundamentales, fueron realizadas en unos términos razonables, para la interposición de la presente acción de tutela, como quiera que las actuaciones procesales a partir de las cuales considera se vulner aron sus derechos, devienen de la ausencia de respuesta a sus peticiones de impulso procesal y demás, radicadas en el mes de septiembre del presente año.

5.7. De la Subsidiariedad de la acción de tutela.

La acción de tutela es un mecanismo de defensa constitucional preferente y

demás, radicadas en el mes de septiembre del presente año.

5.7. De la Subsidiariedad de la acción de tutela.

La acción de tutela es un mecanismo de defensa constitucional preferente y sumario, consagrado por el artículo 86 de la Constitución Política, para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en cualquier momento y lugar, la protección inmediata de su s derechos fundamentales cuando quiera que estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares que presten un servicio público y respecto de los cuales el afectado se encuentre en circunstancias d e subordinación o indefensión.

Acción que resulta procedente siempre y cuando no exista otro medio judicial de defensa para lograr la satisfacción o reparación del derecho coartado o puesto en peligro, de tal manera que no ha sido instituida para suplanta r los procedimientos ordinarios ni para invadir la órbita de competencia de otras jurisdicciones.

A pesar de lo anterior, la misma norma constitucional se encarga de establecer las excepciones aplicables a la regla de la subsidiariedad, pues, aunque exist an otros mecanismos de defensa, será posible impetrar la presente acción cuando con ella se busque evitar un perjuicio irremediable, o cuandoquiera que el mecanismo alternativo no goce de la suficiente eficacia e idoneidad para proteger el contenido concre to de los derechos fundamentales invocados1.

En tal sentido, el artículo 6º numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de improcedencia de la tutela: “[c] uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo

En tal sentido, el artículo 6º numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de improcedencia de la tutela: “[c] uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos mecanismos será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo

1 Artículo 6 el Decreto 2591 de 19918

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Accionante: Víctor Manuel Robles Cruz.

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las circunstancias en que se encuentre el solicitante.”.

En este sentido, el carácter supletorio del mecanismo de tutela conduce a que solo tenga lugar cuando dentro de los diversos medios que pueda tener el accionante no existe alguno que sea idóneo para prot eger objetivamente el derecho que se alegue vulnerado o amenazado.

En el presente asunto no se advierte que exista otro mecanismo de defensa judicial para el demandante, quien, dada su condición de discapacidad, lo convierte en un sujeto de especial protección constitucional.

5.7. De La carencia actual de objeto.

Cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser y, por tanto, cualquier orden del juez respecto de lo solicitado en la demanda no surtiría ningún efecto2. La Corte Constitucional ha definido tal situación como “carencia actual de objeto”.

tanto, cualquier orden del juez respecto de lo solicitado en la demanda no surtiría ningún efecto2. La Corte Constitucional ha definido tal situación como “carencia actual de objeto”.

La Corte Constitucional sostuvo que la terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto se presenta cuando la vulneración del derecho fundamental desaparece o se materializa en el trascurso de la solicitud, por lo que resulta inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir alguna orden en aras de salvaguardar las garantías constitucio nales transgredidas. Además, ha señalado que esta figura jurídica puede proceder en tres supuestos: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente. Al respecto, ha dicho:

“(…) La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparece r el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción (…)3” (Destacado por la Sala)

En relación con los referidos tres supuestos el Consejo de Estado, ha

se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción (…)3” (Destacado por la Sala)

En relación con los referidos tres supuestos el Consejo de Estado, ha precisado4:

(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley

2 CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A, sentencia del siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-06975-00(AC) Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico. 3 Sentencia SU-225 de 2013 y T-317 de 2005. 4 Ver sentencia de 13 de diciembre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2018-04225-00.9

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2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.

(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la interposición de la acción. Sobre el particular, ha señalado el Tribunal Constitucional: “[l]a segunda de las figu ras referenciadas [daño consumado],

fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la interposición de la acción. Sobre el particular, ha señalado el Tribunal Constitucional: “[l]a segunda de las figu ras referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius -fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto”.5

(iii) La situación sobreviniente , caso en el cual la vulneración de los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la tutela, con ocasión del obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad demandada.

En este orden, es claro que cuando se satisface lo solicitado en la acción, se está ante un hecho superado y lo que el juez de tutela debe hacer es declarar la carencia actual de objeto en el asunto que se le presente a su conocimiento6.

5.8. Caso concreto.

5.8.1. Del Derecho Fundamental de Petición.

La Constitución Política establece en el artículo 23: “ Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución ”. De lo cual se desprende que, el derecho fundamen tal de petición puede ser entendido desde dos perspectivas, por un lado, desde la facultad de la persona de formular una petición respetuosa ante las autoridades, y por el otro, el derecho a recibir de ellas una respuesta rápida y de fondo.

desde dos perspectivas, por un lado, desde la facultad de la persona de formular una petición respetuosa ante las autoridades, y por el otro, el derecho a recibir de ellas una respuesta rápida y de fondo.

Por su parte l a Ley 1755 del 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos allí señalados, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

En tal sentido, en su artículo 14 establece:

5 Corte Constitucional, sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 6 CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN QUINTA, sentencia del dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-07379-00 (AC) Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio.10

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Accionante: Víctor Manuel Robles Cruz.

Accionado: Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.” (Negrilla y Subraya de la Sala)

Sobre el alcance de este derecho y su ejercicio la Corte Constitucional mediante la sentencia T -612 de 2012 estableció que el núcleo esencial del derecho de petición reside en los siguientes requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo

mediante la sentencia T -612 de 2012 estableció que el núcleo esencial del derecho de petición reside en los siguientes requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado y 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario, los cuales en caso de incumplirse conlleva la vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

5.8.2. Debido proceso administrativo.

El debido proceso es un derecho constitucional fundamental, regulado en el Artículo 29 Superior, aplicable a toda clase de actuaciones administrativas y judiciales, en procura de que los habitantes del territorio nacional puedan acceder a mecanismos justos, que permitan cumplir con los fines esenciales del Estado, entre ellos, la convivencia pacífica, la cual cobra gran relevancia en materia de tránsito de legislación.

Este derecho fundamental, para quienes tengan a su cargo el desarrollo de un proceso judicial o administrativo, implica la obligación de mantenerse al tanto de las modificaciones al marco jurídico que regula sus funciones, pues de lo contrario, su conducta puede acarrear la ejecución de actividades que no les han sido asign