TA HUI - Sentencia 41001-33-33-001-2025-00135-01 (24-07-2025)

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Magistrado ponente: ENRIQUE DUSSÁN CABRERA Neiva Veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Acción Tutela Demandante Edinson Becerra Medina Demandado Ejército Nacional – Dirección de Personal Derechos invocado Salud, Ius Variandi, Trabajo en condiciones dignas, y debido proceso Radicación 41 001 33 33 001 2025 00135 01 Asunto SENTENCIA No. S-115 Acta de Sala N°. 048 De la fecha.

1. OBJETO.

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la entidad accionada, contra la sentencia de fecha 13 de junio de 2025 , proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Neiva, que tuteló los derechos fundamentales invocados.

2. DE LA SOLICITUD DE TUTELA1 .

Edinson Becerra Medina manifiesta que está vinculado con e l Ejército Nacional desde hace 22 años, actualmente ostenta el grado de Sargento Viceprimero , r econocido por su desempeño y conducta ejemplar.

Manifiesta que en el año 2021 el actor contrajo Covid-19 que le generó diferentes secuelas por lo que inició tratamiento médico interdisciplinario, y después fue diagnosticado con patologías severas como hipertensión arterial, tinnitus, vértigos periféricos, posible enfermedad de Méni ére, falla respiratoria severa, infartos cerebr ales, lesiones cerebrales, pérdida del equilibrio y de la conciencia, así como un estado clínico avanzado de ansiedad y depresión.

enfermedad de Méni ére, falla respiratoria severa, infartos cerebr ales, lesiones cerebrales, pérdida del equilibrio y de la conciencia, así como un estado clínico avanzado de ansiedad y depresión.

Expone que el 22 de febrero de 2024 el accionante fue citado por el Comando de la Quinta División del Ejército Nacional para presentarse en Ibagué con el fin de verificar su situación médica en relación con procesos de Junta Médica y evaluación de su aptitud psicofísica. Señala que la diligencia fue atendida por el Brigadier General Samuel Salinas Valencia, quien luego de escuc har sobre el estado de salud del actor, pronunció expresiones ofensivas y degradantes, lo amenazó con trasladarlo a F udra 12, una unidad de combate, desconociendo su historial médico y las restricciones emitidas por especialistas.

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Acción : Tutela

Demandante : Edinson Becerra Medina Demandado : Ejército Nacional Radicación : 41 001 33 33 001 2025 00135 01

Sostiene que el 3 de febrero de 2025 el Comando Personal del Ejército Nacional notificó al suboficial que había sido incluido en el proyecto de traslados del primer semestre del 2025, por lo que debía actualizar su información en los sistemas SIATH, FOVID y FIMED, y el 17 de febrero de 2025 el actor solicitó a la oficina de talento humano de su unidad, se considerara su estado de salud al momento de decidir un eventual

información en los sistemas SIATH, FOVID y FIMED, y el 17 de febrero de 2025 el actor solicitó a la oficina de talento humano de su unidad, se considerara su estado de salud al momento de decidir un eventual traslado, pues su condición médica era crítica y requería trata miento continuo y especializado, y de efectuarse e l traslado que este se realizara en el municipio de Socorro, Santander, o algunas de las unidades militares ubicadas en Bucaramanga, conde además de contar con la red hospitalaria necesaria para tratar sus múltiples afecciones, allí también reside su red de apoyo familiar.

Indica que el 19 de mayo de 2015 el actor recibió notificación electrónica de la Orden Administrativa de Personal No. 1645 que dispuso su traslado a la Fuerza de Despliegue Rápido No. 12 (Fudra 12), ubicada en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá . Tal unidad es táctica con misión operacional, desplegada en zonas de alto riesgo y confrontación armada directa, cuya labor exige rendimiento físico extremo, adaptabilidad al combate y exposición constante a situaciones de peligro.

Advierte que al c onocer que la amenaza proferida por el Brigadier General Samuel Salinas Valencia se cumplió, el accionante procedió a denunciarlo formalmente por abuso de autoridad ante el Comando del Ejército Nacional, radicado 2025115000803202, y ante la Procuraduría General de la Nación, radicado E-2025-249613.

Señala que la decisión de trasladar al actor a la Fudra 12 fue adoptada sin tener en cuenta su condición médica ni las múltiples restricciones

General de la Nación, radicado E-2025-249613.

Señala que la decisión de trasladar al actor a la Fudra 12 fue adoptada sin tener en cuenta su condición médica ni las múltiples restricciones funcionales emitidas por especialistas , pues según consta en el concepto de salud ocupacional del 16 de abril de 2015, el actor presenta limitación funcional ventilatoria como secuela de enfermedad post COVID, t iene cambios en la memoria y en la respuesta neurológica (según valoración por neurología), m uestra inestabilidad del oído interno, generando alto riesgo de caídas (según otorrinolaringología) , padece gonalgia crónica bila teral (dolor en ambas rodillas), t iene trastorno mixto de ansiedad y depresión, con recomendación de no portar armas de manera per manente (según psiquiatría, conc epto No. 249206 del 25 -04-2024), f ue diagnosticado con hipertensión arterial esencial controlada, r equiriendo manejo farmacológico, pr esenta limitación para el ejercicio físico, según pruebas de esfuerzo (posible origen vascular, obesidad o apnea del sueño).TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 3 de 22

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Demandante : Edinson Becerra Medina Demandado : Ejército Nacional Radicación : 41 001 33 33 001 2025 00135 01

Indica que este concepto señala que el paciente no puede realizar actividades laborales que involucren esfuerzo físico significativo, y sugiere continuidad en controles por psiquiatría, neurología y rehabilitación neuropsicológica.

Indica que este concepto señala que el paciente no puede realizar actividades laborales que involucren esfuerzo físico significativo, y sugiere continuidad en controles por psiquiatría, neurología y rehabilitación neuropsicológica.

Resalta que la Fudra 12 es una unidad táctica con misión netamente operacional, desplegada en zonas de alto riesgo y confrontación armada directa, cuya labor exige un rendimiento físico extremo, adaptabilidad al combate y exposición constante a situaciones de peligro. Afirma que el actor cuenta con conceptos médicos laborales expedidos por Sanidad Militar que evidencian las secuelas y patologías que padece el actor.

Solicita se amparen sus derechos fundamentales a la salud , al trabajo en condiciones dignas y justas, al debido proceso administrativo, a la estabilidad laboral reforzada, y al límite al uso del ius variandi en condiciones de vulnerabilidad, y se ordene al Ejército Nacional dejar sin efecto la Orden Administrativa de Personal No. 1645 del 19 de mayo de 2025, mediante la cual se dispuso el traslado del señor Edinson Becerra Medina a la Fuerza de Despliegue Rápido No. 12 (FUDRA 12) ubicada en SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETA, y trasladar al actor a una unidad milit ar ubicada en una ciudad principal, preferiblemente en la ciudad de Bucaramanga o en el municipio de Socorro, Santander, donde pueda desempeñar funciones de carácter administrativo, compatibles con su estado de salud.

3. TRÁMITE DE LA TUTELA2.

Mediante providencia de fecha 4 de junio de 2025, se admite la acción

donde pueda desempeñar funciones de carácter administrativo, compatibles con su estado de salud.

3. TRÁMITE DE LA TUTELA2.

Mediante providencia de fecha 4 de junio de 2025, se admite la acción constitucional contra el Ejército Nacional-Dirección de Personal.

4. RESPUESTAS DEL EJÉRCITO NACIONAL.3

El Ejército Nacional, a través de la Dirección de Personal (DIPER), solicita se declare la improcedencia del amparo solicitado , argumentando que el traslado cuestionado fue adoptado conforme a la normativa vigente, dentro del marco del régimen especial de carrera militar, y sin que se haya configurado vulneración alguna de derechos fundamentales.

Sostiene que el traslado del suboficial fue dispuesto mediante la Orden Administrativa de Personal No. 1845 del 19 de mayo de 2025 , en ejercicio de la facultad discrecional conferida por el artículo 82 del Decreto Ley 1790 de 2000, modificado por la Ley 1104 de 2006, la cual

2 índice 00006 samai primera instancia. 3 Índice 00008, samai primera instancia.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 4 de 22

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establece que los traslados son actos administrativos de obligatorio cumplimiento, no susceptibles de recurso alguno, y que corresponden a la autoridad militar competente, en este caso el Comando de Personal del Ejército Nacional.

Enfatiza que el traslado no constituye una sanción ni una medida

cumplimiento, no susceptibles de recurso alguno, y que corresponden a la autoridad militar competente, en este caso el Comando de Personal del Ejército Nacional.

Enfatiza que el traslado no constituye una sanción ni una medida disciplinaria, sino una decisión administrativa adoptada en el marco del sistema de rotación del personal militar , el cual busca garantizar la operatividad institucional, la equidad en la asignación de funciones y el cumplimiento de los fines constitucionales de la Fuerza Pública.

Indica que el actor omitió a gotar los canales institucionales previstos para la reconsideración del traslado por razones de salud o situación familiar, pues no presentó su solicitud dentro de los plazos establecidos ni ante las instancias competentes, como lo son la Dirección de Familia y Bienestar, el Comité de Traslados o la Sección de Medicina Laboral.

Argumenta que, aunque el accionante elevó una solicitud ant e su unidad, esta no fue tramitada conforme al protocolo institucional, quedando archivada sin ser remitida a las instancias superiores, lo que impidió que su caso fuera valorado dentro del Comité de Traslados del semestre correspondiente, lo cual, según l a entidad, no puede ser imputado a la administración.

Aduce que no se ha acreditado una afectación grave, directa e inminente a los derecho s fundamentales del suboficial, pues el accionante puede continuar con sus tratamientos médicos en el Establecimiento de Sanidad Militar BAS 12 en Florencia, Caquetá, o mediante la red externa contratada, aclarando que el sistema de salud militar está descentralizado y que los servicios médicos no están restringidos a una ciudad específica.

Indica que l a entidad recono ce que el accionante presenta algunas

mediante la red externa contratada, aclarando que el sistema de salud militar está descentralizado y que los servicios médicos no están restringidos a una ciudad específica.

Indica que l a entidad recono ce que el accionante presenta algunas afecciones de salud, pero que estas no lo inhabilitan para el servicio ni justifican su permanencia en una unidad específica, y que el actor puede ser asignado a funciones administrativas dentro de la unidad de destino, sin que ello implique riesgo operativo.

Argumenta que el traslado fue adoptado conforme a los procedimientos establecidos, con base en criterios objetivos como el tiempo de permanencia en la unidad anterior, la especialidad del suboficial y las necesidades del servicio.

Afirma que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir actos administrativos como los traslados, existiendo para ello el medio de control d e nulidad y restablecimiento del derecho anteTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 5 de 22

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la jurisdicción contencioso -administrativa, y que s olo procede la tutela de manera excepcional cuando se acredita un perjuicio irremediable, lo cual, a juicio de la entidad, no se configura en el presente caso.

Cita múltiples precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional (T-175 de 2016, T-060 de 2015, entre otras), en los que se ha reiterado que el ius variandi en el ámbito militar goza de un margen de

Cita múltiples precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional (T-175 de 2016, T-060 de 2015, entre otras), en los que se ha reiterado que el ius variandi en el ámbito militar goza de un margen de discrecionalidad más amplio, dada la naturaleza del servicio, y que la tutela solo procede cuando se demuestra una afectación desproporcionada e injustificada a derechos fundamentales.

Sostiene que la reubicación laboral por razones médicas no implica que el militar deba perman ecer en su lugar de residencia, pues el actor puede ser asignado a cualquier unidad del país, siempre que se respeten sus condiciones de salud y se le asignen funciones compatibles, e insist e en que la reubicación no es sinónimo de “permanencia en casa”.

Señala que el accionante no ha gestionado adecuadamente su situación médica ante las autorid ades competentes, toda vez que n o ha diligenciado la ficha médica ni ha solicitado formalmente la Junta Médico-Laboral para definir su aptitud psicofísica. Resalta que la DIPER sostiene que la administración ha dispuesto los medios necesarios para ello, pero que corresponde al suboficial activar los procedimientos.

Finalmente solicita se declare improcedente la acción de tutela por existir otra vía judicial, desestimando las pretensiones del accionante, toda vez que la Dirección de Personal , no ha conculcado derecho alguno y no existe razón fáctica ni jurídica que demuestre la vulneración de derechos fundamentales como lo manifiesta el accionante.

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.4

El Juzgado Primero Administrativo de Neiva en sentencia proferida el

de derechos fundamentales como lo manifiesta el accionante.

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.4

El Juzgado Primero Administrativo de Neiva en sentencia proferida el 13 de junio de 2025, decide amparar los derechos fundamentales a la salud, al trabajo en condiciones dignas, al Ius Variandi y al debido proceso administrativo del actor, y ordenar a la Dirección de Personal del Ejército Nacional que en el término de 5 días siguientes a la notificación de esa providencia, “deje sin efectos la OAP 1645 en lo que al accionante se refiere únicamente, y proceda a reconsiderar la decisión de traslado del actor EDINSON BECERRA MEDINA a la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA12, para lo cual deberá tener en cu enta toda la información aportada conforme los hechos de la demanda. En igual sentido, deberá motivar debidamente el acto administrativo, a efectos que pueda realizarse control posterior a través del

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Demandante : Edinson Becerra Medina Demandado : Ejército Nacional Radicación : 41 001 33 33 001 2025 00135 01

mecanismo administrativo o judicial respectivo.” , y negó las demás pretensiones de la acción de tutela.

En relación con el requisito de subsidiaridad, cita la sentencia T-468 de 2020 concluyendo que a pesar de que el accionante puede contar con otros medios de defensa, los mismos resultan ineficaces debido al grado de afectación de sus derechos fundamentales, ya que someterlo a un

2020 concluyendo que a pesar de que el accionante puede contar con otros medios de defensa, los mismos resultan ineficaces debido al grado de afectación de sus derechos fundamentales, ya que someterlo a un proceso ordinario para decidir sobre la protección de su salud e integridad personal con ocasión de su traslado de base militar se considera excesivo por parte de esta judicatura, m áxime, cuando el actor ha aportado documentación que acredita padecimientos en su salud, lo que conlleva a que la presente acción se considere presentada para prevenir un perjuicio irremediable.

Hace un análisis del límite al ius variandi para el traslado d e miembros de la fuerza pública con base en la sentencia T-363 de 2022 y T-192 de 2024, y conforme a lo probado en la presente tutela considera que la decisión de traslado del accionante no se encuentra debidamente sustentada en sus antecedentes de salud.

Argumenta que “Así, en la orden administrativa de personal 1645 no aparece referencia o análisis alguno sobre las condiciones físicas informadas por el sargento actor, a pesar de haber sido puestas en conocimiento de los superiores respectivos en oportunidad, pues se probó que se aportó copia de la historia clínica respectiva. Aunado a ello, el propio comandante del Batallón de SPC N° 9 Cacica Gaitana manifestó tales circunstancias en el oficio del 20 de febrero de 2025. Esto, en cumplimiento de la propia circular del 29 de enero de 2025 (ver numeral 3.5.1 de la presente decisión).

3.5.14. La dirección de personal al contestar la demanda adjuntó concepto favorable

cumplimiento de la propia circular del 29 de enero de 2025 (ver numeral 3.5.1 de la presente decisión).

3.5.14. La dirección de personal al contestar la demanda adjuntó concepto favorable de traslado para cualquier unidad que le garantice segundo nivel de atención; sin embargo, dicho concepto es de fecha posterior a la orden, lo que confirma que no se tuvo en cuenta el estado de salud del accionante para efectos de su traslado. Tampoco se allegó el documento contentivo de la orden de traslado.

3.5.15. Conforme lo anterior, de cu mplirse el traslado del actor a la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA-12 sin analizarse su actual estado de salud pondría en riesgo su vida y su integridad personal, máxime cuando existe concepto médico de la dirección de sanidad de la accionada del 16 de abril de 2025, en el que se sugiere continuar controles por psiquiatría, no portar armas y restricción para todos los ejercicios (ver numeral 3.5.10 de esta providencia). Tampoco se conocen las razones sobre las cuales se decidió el traslado a dicha fuerza, pues la decisión carece de motivación. En consecuencia, de materializarse la orden, se vulnerarían los derechos fundamentales a la salud, al trabajo en condiciones dignas, al Ius Variandi y al debido proceso administrativo del accionante.”

Indica que no puede accederse a la pretensión de traslado del accionante a una unidad militar ubicada en una ciudad principal, preferiblemente en la ciudad de Bucaramanga o en Socorro, Santander,TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 7 de 22

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Demandante : Edinson Becerra Medina

preferiblemente en la ciudad de Bucaramanga o en Socorro, Santander,TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 7 de 22

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pues ello corresponde a la esfera discrecional del EJÉRCITO NACIONAL, y es te está en capacidad de decidir nuevamente y de fondo.

6. IMPUGNACIÓN DE LA ENTIDAD ACCIONADA5La Dirección de Personal del Ejército Nacional impugna la decisión solicitando se revoque el fallo de primera instancia y se declare improcedente la acción de tutela.

En primer lugar, señala que la tutela fue dirigida solo contra la Dirección de Personal sin vincular a la unidad de destino, Fudra 12.

Argumenta que el traslado del accionante fue ordenado hacia la unidad militar Fuerza de Despliegue Rápido No. 12 FUDRA 12, ubicada en San Vicente del Caguán del Caquetá, la cual cuenta con un dispensario médico con personal sanitario durante las 24 horas del día, además que en dicho municipio también se encuentra el hospital central, y aduce que el act or está usando su salud para excusarse del traslado que es rotatorio para todo el personal militar cada 2 años para el personal de arma y de 3 años para el personal administrativo de la Fuerza.

Sostiene que el actor aduce afectaciones a su salud argumenta ndo antecedes médicos derivados del contagio por Covi-19 en el año 2021, así como múltiples patologías posteriores como disnea, alteraciones

Sostiene que el actor aduce afectaciones a su salud argumenta ndo antecedes médicos derivados del contagio por Covi-19 en el año 2021, así como múltiples patologías posteriores como disnea, alteraciones pulmonares, hipertensión arterial, tinnitus y vértigos y ansiedad y depresión, sin embargo no se aportaron pruebas médicas actuales que demuestren un riesgo cierto e inminente de deterioro de su salud derivado del traslado, la unidad militar de destino cuenta con asistencia médica permanente y en caso necesario, puede canalizar atención especializada, además que no se especificó qué especialistas son requeridos ni se adjuntaron remisiones médicas recientes que sustenten la necesidad de permanecer en una ciudad principal.

Señala que no se evidencia que el traslado implique una amenaza a su salud que configure un perjuicio irremediable, ni se ha demostrado que se le esté negando tratamiento médico oportuno y adecuado.

Expone que el sistema militar en Colombia está regulado por un régimen especial, con normas, decretos y leyes que regulan procedimientos como los traslados del personal, atendiendo a razones de orden público, defensa nacional y disciplina militar, como se establece en el Código Disciplinario Militar y en la Ley 1861 de 2017. Estos procedimientos están sujetos a regulación administrativa, y las decisiones sobre

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traslados son discrecionales dentro del marco legal, salvo que afecten derechos fundamentales de manera grave e irremediable.

Resalta que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y excepcional que solo procede cuando no existan otros medios de defensa judiciales efectivos o cuando estos no sean suficientes para evitar un perjuicio irremediable, y en casos de traslado laboral, la tutela es procedente si existe una vulneración de derechos fundamentales, y se pruebe un perjuicio inminente, grave e irremediable, es decir, que no pueda ser reparado medi ante otros medios judiciales, y que s e haya agotado o no existan otros mecanismos judiciales para la protección del derecho, requisitos que afirma no se cumplen en este caso pues el traslado respecto el derecho al debido proceso administrado, no se configuró ninguna actuación arbitraria ni se privó al accionante de mecanismos de defensa o impugnación

Insiste en que el actor no probó el perjuicio irremediable que amerite una protección, inmediata, urgente e impostergable, el cual conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional debe ser inminente, las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes, se requiere que este sea grave, y la urgencia y la gravedad determinan que la acción sea impostergable.

Para finalizar indica que no se cumplen los requisitos de inmediatez, subsidiaridad y perjuicio irremediable , por lo que la acción de tutela resulta improcedente.

que la acción sea impostergable.

Para finalizar indica que no se cumplen los requisitos de inmediatez, subsidiaridad y perjuicio irremediable , por lo que la acción de tutela resulta improcedente.

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

7.1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Corporación es Competente para conocer de la impugnación de la acción de tutela instaurada por el Ejército Nacional – Dirección de Personal.

7.2. Asunto jurídico a resolver.

Corresponde determinar si la orden de traslado emitida por la entidad demandada no vulnera los derechos fundamentales del accionante al ajustarse a las normas propias del régimen militar y contar la unidad militar a la que fue trasladado con todos los servicios médicos para atender su situación de salud, y en consecuencia debe revocarse el fallo de primera instancia.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 9 de 22

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Previo a lo anterior, debe analizarse si, como lo dice la entidad impugnante, la acción de tutela no es procedente en este caso por no haberse demostrado el perjuicio irremediable, y si debía vincularse a la unidad militar Fuerza de Despliegue Rápido No. 1 2 – Fudra 12, como accionada en la presente acción de tutela.

haberse demostrado el perjuicio irremediable, y si debía vincularse a la unidad militar Fuerza de Despliegue Rápido No. 1 2 – Fudra 12, como accionada en la presente acción de tutela.

7.3. De la vinculación como accionada de la Unidad Militar Fuerza de Despliegue Rápido No. 12 – Fudra 12.

En la impugnación la Dirección de Personal del Ejército Nacional hizo mención a que no se vinculó como accionada a la Unidad Militar Fuerza de Despliegue Rápido No. 12 – Fudra 12, indicando que la Dirección de Personal fue la que explicó el proceso legal y reglado de traslado del personal militar.

La Sala advierte que si bien la entidad accionada hace alusión a la vinculación de la unidad a donde fue trasladado el actor, su vinculación no resulta necesaria en el presente asunto pues es el acto del traslado en sí mismo en donde el actor finca la vu lneración de sus derechos fundamentales al no haberse tenido en cuenta su especial situación de salud para decidir la unidad militar a la que se efectuaría el traslado, decisión que adoptó directamente la Dirección de Personal del Ejército Nacional y en la que en nada participó la Unidad Militar Fuerza de Despliegue Rápido No. 12 – Fudra 12 del municipio de San Vicente del Caguan, Departamento del Caquetá, máxime si se tiene en cuenta que no se discuten las condiciones de prestación de salud en dicha Unidad, sino las limitaciones de salud que padece el actor para ejercer determinadas labores dentro de las Fuerzas Militares.

no se discuten las condiciones de prestación de salud en dicha Unidad, sino las limitaciones de salud que padece el actor para ejercer determinadas labores dentro de las Fuerzas Militares.

7.4. Procedencia de la acción de tutela cuando se pretende el traslado de un servidor público.

La Corte Constitucional 6 ha establecid o como regla general que la acción de tutela no es procedente cuando existen otros medios de defensa judiciales para reclamar su protección, y que excepcionalmente procederá cuando se busque evitar la consumación de un perjuicio irremediable, criterio tamb ién regulado en el numeral 1º del artículo 6 del decreto 2591 de 1991.

En tratándose de actos administrativos, la acción de tutela no es procedente para controvertir dichos actos, pues para ello existe otro medio de defensa judicial, como es la vía contencioso administrativa, a menos que este no sea un mecanismo adecuado, eficaz e idóneo para proteger los derechos fundamentales del accionante, y esto se presenta “cuando: i) se busca impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable que vulnera

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o amenaza derechos fundamentales o, ii) “el objeto de análisis del juez ordinario de una orden de traslado no verifica la vulneración de derechos fundamentales sino la legalidad de la orden”»7. En ese sentido, ha indicado que el acto administrativo, por

o amenaza derechos fundamentales o, ii) “el objeto de análisis del juez ordinario de una orden de traslado no verifica la vulneración de derechos fundamentales sino la legalidad de la orden”»7. En ese sentido, ha indicado que el acto administrativo, por medio del cual se ordena el traslado de un servidor, vulnera o amenaza derechos fundamentales cuando la decisión «(i) sea ostensiblemente arbitrari[a], en el sentido que haya sido adoptad[a] sin consultar en forma adecuada y coherente las circunstancias particulares del trabajador, e implique una desmejora de sus condiciones de trabajo; y (ii) afecte de una forma clara, grave y directa los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar»8.”9

Ahora, la Corte Constitucional señala que esta afectación se concreta en los siguientes supuestos “a) la decisión sobre [el] traslado laboral genera serios problemas de salud, especialmente porque en la localidad de destino no existan las condiciones para brindar el cuidado médico requerido; b) la decisión sobre [el] traslado pone en peligro la vida o la integridad del servidor o de su familia; c) las condiciones de salud de los familiares del trabajador pueden incidir, dada su gravedad e implicaciones, en la decisión acerca de la procedencia del traslado; [y] d) la ruptura del núcleo familiar va más allá de la mera separación transitoria y de la razonabilidad de la carga que se impone con el traslado” 10. Y señaló que esta evaluación inicial no constituye un pronunciamiento de fondo, sino que se trata de una fase analítica para «determinar si se cumplen los requisitos de procedencia para que la tutela sea analizada de fondo”11.

evaluación inicial no constituye un pronunciamiento de fondo, sino que se trata de una fase analítica para «determinar si se cumplen los requisitos de procedencia para que la tutela sea analizada de fondo”11.

En reciente sentencia de tutela 12, la Corte Constitucional resume las reglas jurisprudenciales para considerar que la acción de tutela es procedente para cuestionar los casos de reubicación de funcionarios cuando existan si tuaciones excepcionales que amenacen de forma grave los derechos del trabajador o de su núcleo familia, en el siguiente cuadro:

7 Sentencia T-468 de 2020. 8 Sentencias T-796 de 2005, T-210 de 2014, T-682 de 2014, T-528 de 2017, T-468 de 2020 y T-252 de 2021. 9 Sentencia T-36