TA HUI - Sentencia 41001-33-33-002-2025-00066-01 (22-04-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M.P. Dr. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, veintidós (22) de abril de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN -PROINMAT.

ACCIONANDOS DIAN -NEIVA

DECISIÓN SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN 41001333300220250006601

APROBADO EN SALA ACTA DE LA FECHA

ASUNTO

Procede la Sala a resolver la impugnación instaurada por la parte accionante contra el fallo proferido el 14 de marzo de 2025, por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva y mediante el cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. LA ACCIÓN1

La COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACI ÓN -PROINMAT, por intermedio de su representante legal , instaura acción de tutela solicitando que se ampare su derecho fundamental al debido proceso , presuntamente vulnerado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA y que previo el trámite legal que corresponda, se ordene:

“Primero: TUTELAR a favor de la COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN - PROINMAT, con NIT. 813.012.494 -6, el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO (artículo 29 de la Constitución Política).

“Primero: TUTELAR a favor de la COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN - PROINMAT, con NIT. 813.012.494 -6, el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO (artículo 29 de la Constitución Política).

Segundo: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - SUBDIRECCIÓN

1 Índice 003 expediente electrónico de primera instancia – Samai.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2

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DE RECURSOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA, representada por el señor LUIS EDUARDO LLINAS CHICA y/o la señora SONIA XIMENA ROJAS ARDILA o quien haga sus veces, que en el improrrogable término de cuarenta y ocho (48) horas, o en el que su señoría tenga a bien señalar, siguientes a la notificación del fallo, proceda a notificar en debida forma el AUTO ADMISORIO N°. cod. 106 000879 dictado el 22 de enero de 2024, en el expediente 202081690100015071.”

Lo anterior se sustenta en los siguientes HECHOS:

• Señala que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, a través de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva, inició un proceso de fiscalización tributaria en contra de la Cooperativa de Servicios y Comercialización – PROINMAT, correspondiente al año

través de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva, inició un proceso de fiscalización tributaria en contra de la Cooperativa de Servicios y Comercialización – PROINMAT, correspondiente al año gravable 2019. Dentro del trámite, se profirió requerimiento ordinario de información, el cual fue atendido oportunamente por la entidad contribuyente.

• Que p osteriormente, mediante Resolución No. 2024013050000003 de fecha 22 de enero de 2024, la DIAN profirió una liquidación oficial de revisión que modificó la declaración del impuesto sobre la renta presentada por la cooperativa y que c ontra dicha decisión, la representante legal de la entidad interpuso recurso de reconsideración el 20 de marzo de 2024.

• Que la autoridad tributaria, a través del Auto Admisorio No. Cod. 106 000879 de fecha 18 de abril de 2024, admitió el recurso mencionado, el cual no fue notificada en debida form a al correo electrónico

pro.inmat@hotmail.com, registrado en el RUT - ni en la dirección física consignada en dicho registro.

• Advierte, que, en atención a ello, esa cooperativa elevó solicitud a la DIAN requiriendo pruebas que acreditaran la efectiva notificación del acto, sin que se allegara copia del acuse de recibo ni evidencia de entrega conforme a lo dispuesto en los artículos 563 y 566 -1 del Estatuto Tributario. Como respuesta, la DIAN remitió un simple pantallazo del supuesto envío del auto, sin acompañar prueba que diera cuenta del acceso real o recepción por parte del destinatario.

• Que solo hasta el día 27 de enero de 2025 la Cooperativa tuvo

supuesto envío del auto, sin acompañar prueba que diera cuenta del acceso real o recepción por parte del destinatario.

• Que solo hasta el día 27 de enero de 2025 la Cooperativa tuvo conocimiento material del Auto Admisorio No. 106 000879, situación que motivó la interposición de la presente acción constituciona l, pues considera que se ha desconocido su derecho fundamental al debidoTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3

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proceso, al habérsele privado del conocimiento oportuno del acto administrativo mediante el cual se tramitó su recurso de reconsideración.

2. CONTESTACIÓN2

La DIAN solicita declarar improcedente la acción de tutela, pues no le ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso a la accionante. Sostuvo que el auto admisorio del recurso de reconsideración, identificado con el número 106-000879 del 18 de abril de 2024, fue notificado electrónicamente el 22 de abril de 2024 al correo registrado en el RUT de la cooperativa accionante (pro.inmat@hotmail.com), en cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Tributario y la Resolución 038 de 2020.

Igualmente, señaló que la parte accionante contaba con medios judiciales ordinarios, como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para controvertir el acto administrativo, y que, por ende, la tutela no cumplía el requisito de subsidiariedad.

Señaló los lineamientos y normas internas relacionadas con el proceso

para controvertir el acto administrativo, y que, por ende, la tutela no cumplía el requisito de subsidiariedad.

Señaló los lineamientos y normas internas relacionadas con el proceso de notificación, destacando que la notificación electrónica se entiende surtida en la fecha de envío del acto al correo informado por el administrado en el RUT. Insistió en que no se acreditó un perjuicio irremediable que justificara la procedencia excepcional del amparo constitucional.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 14 de marzo de 2025, declaró improcedente la aludida acción de tutela al considerar que la DIAN no había conculcado el derecho fundamental al debido proceso. Sostuvo que el Auto No. 106-000879 del 18 de abril de 2024, mediante el cual se admitió el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión correspondiente al año gravable 2019 , fue notificado debidamente y por ende, no existió ninguna irregularidad constitucional en ese trámite fiscal.

Al abordar el fondo del asunto, identificó que el núcleo del problema jurídico radicaba en establecer si, efectivamente, la notificación del auto se

2 Índices 006 -007expediente electrónico de primera instancia – Samai. 3 Índice 008 expediente electrónico de primera instancia – Samai.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4

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realizó conforme a la normativa vigente y si, ante una posible irregularidad, era procedente acudir a la acción de tutela como mecanismo de protección.

En su análisis, el juez concluyó que el asunto debía resolverse bajo el principio de subsidiariedad, toda vez que la accionante dispone de un medio de defensa judicial idóneo y eficaz, como lo es el medio de co ntrol de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del CPACA. En ese sentido, recalcó que la acción de tutela no está diseñada para sustituir las instancias ordinarias de defensa judicial ni para revivir términos vencidos por la inactividad del administrado.

Asimismo, el fallo dejó en claro que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la procedencia excepcional de la tutela, ni se probó que la cooperativa accionante fuera sujeto de especial protecc ión constitucional.

Finalmente, aunque la parte actora alegó una indebida notificación del auto admisorio, el despacho consideró que, de accederse a sus pretensiones, se estaría dejando sin efectos actuaciones ya concluidas dentro del procedimiento administrativo, lo cual corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa y no al juez constitucional. En consecuencia, al verificar que el mecanismo judicial ordinario era idóneo y que no concurría ninguna causal de procedencia excepcional de la acción d e tutela, el juzgado decidió declarar su

y no al juez constitucional. En consecuencia, al verificar que el mecanismo judicial ordinario era idóneo y que no concurría ninguna causal de procedencia excepcional de la acción d e tutela, el juzgado decidió declarar su improcedencia.

4. LA IMPUGNACIÓN4

Inconforme con la decisión adoptada, la parte accionante interpone recurso de impugnación, cuestionando la interpretación del despacho de primera instancia respecto a la subsidiariedad y procedencia del mecanismo de tutela. Alegó que el objetivo de la acción no era controvertir la legalidad del acto administrativo, sino solicitar la protección inmediata del derecho al debido proceso, por cuanto la Subdirección de Recursos Jurídicos de la DIAN no notificó en debida forma el Auto Admisorio No. 106-000879 del 18 de abril de 2024.

Sostuvo que dicha notificación no se realizó conforme a los artículos 563 a 569 del Estatuto Tributario, ni a las normas reglamentarias sobre notificación electrónica, como la Resolución 000038 de 2020 y el Decreto 2245 de 2011.

4 Índice 0010 expediente electrónico de primera instancia – Samai.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5

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Afirmó que el acto nunca fue recibido por la Cooperativa y que la omisión en su notificación lo tornaba ineficaz e inoponible, aunque no ilegal, impidiendo así ejercer adecuadamente el derecho de defensa.

Afirmó que el acto nunca fue recibido por la Cooperativa y que la omisión en su notificación lo tornaba ineficaz e inoponible, aunque no ilegal, impidiendo así ejercer adecuadamente el derecho de defensa.

Además, argumentó que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no era idóneo en este caso, debido a la dilación y complejidad del proceso contencioso-administrativo, lo cual podría generar un perjuicio irremediable para la entidad, afectando su estabilidad financiera y la continuidad de su objeto social.

Apoyó su tesis en jurisprudencia del Consejo de Estado que reconoce la notificación como un elemento esencial del debido proceso, y reiteró que el juez constitucional debe intervenir cuando se desconozca el principio de publicidad de los actos administrativos, como ocurrió en este caso.

Por todo lo anterior, solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia y que, en su lugar, se tutele el derecho fundamental al debido proceso de la Cooperativa, ordenando a la DIAN notificar de manera legal y efectiva el mencionado auto admisorio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

Esta Sala del Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación presentada, conforme lo establece el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 153 del C.P.A.C.A.

2. PROBLEMA JURÍDICO

Como el a quo declaró la improcedencia d el amparo constitucional solicitado y la accionante interpuso recurso de impugnación, le corresponde a la Sala determinar ¿si la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIANComo el a quo declaró la improcedencia d el amparo constitucional solicitado y la accionante interpuso recurso de impugnación, le corresponde a la Sala determinar ¿si la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIANSubdirección de Recursos Jurídicos Seccional Neiva -, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la Cooperativa de Servicios y Comercialización -PROINMAT-, en la actuación administrativa de fiscalización surtida por la accionada en contra de la accionante?TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6

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3. TESIS DE LA SALA

La Sala revocará la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, en tanto se advierte que, contrario a lo sostenido por el a quo, la acción de tutela sí resulta procedente, toda vez que está encaminada a controvertir una actuación administrati va de trámite, respecto de la cual no existe un medio de defensa judicial ordinario que sea idóneo y eficaz para remediar de forma oportuna la eventual afectación de los derechos fundamentales invocada por la parte accionante.

Sin embargo, al no evidenciarse la vulneración efectiva del derecho fundamental del debido proceso , que amerite su amparo constitucional , lo ajustado a derecho es negar la acción interpuesta.

4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLES

4.1. Legitimación en la causa

ajustado a derecho es negar la acción interpuesta.

4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLES

4.1. Legitimación en la causa

El inciso primero del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario. Igualmente, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

En este caso, está acreditada la legitimación en la causa por activa, pues instaura la presente acción constitucional la señora Olga Oxiris Rodríguez Borbón, quien es la representante legal de la Cooperativa de Servicios y Comercialización - PROINMAT, afectada por la supuesta vulneración a su derecho fundamental al debido proceso.

Respecto de la legitimación por pasiva, el artículo 86 del Constitución Política establece que la tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de la s autoridades públicas o, excepcionalmente, por el actuar de los particulares.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 7

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En esta oportunidad, la acción se promovió contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica -Seccional Neiva-, entidad pública a la que se le endilga la violación del derecho fundamental al debido proceso , al no haber notificado en debida forma el auto admisorio del recurso de reconsideración interpuesto por la Cooperativa -PROINMAT-; por lo tanto, se considera que tal sujeto procesal está legitimada por pasiva para intervenir en este trámite constitucional.

4.2. Subsidiaridad

El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela es el mecanismo para reclamar la protección de los derechos fundamentales cuando estos se encuentren amenazados o violados por la omisión o acción de las autoridades públicas y no existan mecanismos judiciales que resulten efectivos para la protección de esos derechos fundamentales, a no ser que se demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio. Esto tiene como finalidad impedir que este mecanismo, que es excepcional, se convierta en principal.

En este caso, la parte actora p retende que se le proteja el derecho fundamental al debido proceso y que se ordene a la DIAN que proceda a notificar en debida forma el auto admisorio del recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de Revisión Nro. 2024013050000003 del 22 de enero de 2024.

notificar en debida forma el auto admisorio del recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de Revisión Nro. 2024013050000003 del 22 de enero de 2024.

Como se advierte , la pretensión constitucional y excepcional si bien se dirige en contra de un a actuación administrativa , es claro que se refiere a un acto de mero trámite -auto de admisión del recurso de reconsideración-, y el inconformismo gravita en su falta o indebida notificación, por lo que , en principio, no se cuenta con un medio de control ordinario, idóneo y eficaz con el que pueda ejercer la tutelante una defensa plena, pues dicho acto no es controlable por la jurisdicción contenciosa -acto que no pone fin a la actuación administrativa-, ello a voces del artículo 43 del CPACA. Por ello, se considera superado el requisito de subsidiariedad.

4.3. La inmediatez

Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela se puede interponer “ en todo momento ” y, por ende, en principio, no tiene término de caducidad. Sin embargo, dada la naturaleza de ser un mecanismo para la “protección inmediata” de los derechos fundamentales, bien se puedeTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 8

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concluir que su finalidad es dar una solución de carácter urgente a las situaciones que puedan generar una vulneración o amenaza a derechos fundamentales y en ese orden, debe entenderse que este requisito de la

concluir que su finalidad es dar una solución de carácter urgente a las situaciones que puedan generar una vulneración o amenaza a derechos fundamentales y en ese orden, debe entenderse que este requisito de la inmediatez en la interposición de una acción de tutela, siempre debe analizarse teniendo en cuenta las específicas circunstancias del caso, a fin de determinar si fue razonable o no el plazo entre el momento en que se interpuso la petición y el que se generó la acción u omisión que vulneró los derechos fundamentales del accionante.

Al respecto, la Corte Constitucional 5 ha precisado que la protección de los derechos fundamentales, vía acción constitucional, debe invocarse en un plazo razonable y oportuno contado entre la ocurrencia del hecho generador de la transgresión y la interposición del amparo. Lo anterior, en procu ra del principio de seguridad jurídica y de la preservación de la naturaleza propia de la acción de amparo; sin embargo, aclara que de manera excepcional será procedente, aun cuando no haya sido promovida de manera inmediata en algunos casos.

En este caso, se observa que se cumple con este requisito, pues la presunta afectación del derecho invocado por la accionante, se origina una vez es conocida la resolución del recurso de reconsideración el día 22 de enero de 2025, y la tutela es presentada el 28 de febrero siguiente; siendo claro que, entre esa data y la radicación de la presente acción, no han transcurrido más de 6 meses, lo que hace viable la intervención del juez constitucional.

4.4. Del debido proceso, el principio de publicidad y la notificación de las actuaciones procesales

esa data y la radicación de la presente acción, no han transcurrido más de 6 meses, lo que hace viable la intervención del juez constitucional.

4.4. Del debido proceso, el principio de publicidad y la notificación de las actuaciones procesales

Conforme al artículo 29 de la Constitución Política, el derecho al debido proceso se extiende a todas las actuaciones judiciales y administrativas, lo que impone a todas las autoridades la obligación de respetar las formas propias de cada procedimiento , garantizando los derechos fundamentales a la defensa, contradicción, información y respuesta oportuna.

Entre los principios que estructuran este derecho fundame ntal se encuentra el de publicidad6, previsto en el artículo 209 Superior, el cual obliga

5 Corte Constitucional sentencia SU-108 de 2018. 6 "...El Estado de derecho se funda, entre otros principios, en el de la publicidad, el cual supone el conocimiento de los actos de los órganos y autoridades estatales, en consecuencia, implica para ellos desplegar una actividad efectiva para alcanzar dicho propósito; dado que, la certeza y seguridad jurídica exigen que las personas puedan conocer, no sólo la existencia y vigilancia de los mandatos dictados por dichos órganos y autoridades estatales, sino, en especial, del contenido de las decisiones por ellos adoptados, para lo cual, la publicación se instituye en presupuesto básico de su vigencia y oponibilidad, mediante los instrumentos creados con tal fin...". (Sentencia C-957 de 1999. M.P. Álvaro Tafur Galvis).TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9

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a las autoridades administrativas a dar a conocer sus decisiones a los interesados, especialmente cuando estas afectan sus derechos u obligaciones. Esta exigencia se materializa mediante la notificación válida, oportuna y efectiva de los actos administrativos.

La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en reconocer que la notificación no es una mera formalidad, sino una garantía sustancial del debido proceso. Su omisión vicia de ineficacia y oponibilidad los actos administrativos frente a quienes no tuvieron conocimiento efectivo de los mismos, impidiéndoles ejercer sus derechos de defensa.

La notificación de las actuaciones administrativas no puede ser entendida como una simple formalidad procesal carente de efectos sustanciales. Por el contrario, constituye un presupuesto esencial para que los actos administrativos adquieran eficacia jurídica y resulten oponibles a los administrados. En este sentido, solo cuando el afectado tiene conocimiento cierto del acto, mediante una notificación conforme a derecho, puede afirmarse que dicho acto produce efectos legales frente a él.

La jurisprudencia y el marco normativo vigente, particularmente el artículo 67 del CPACA, establece los mecanismos principales y supletorios de notificación de actos administrativos, como lo es la personal, por medio de correo electrónico y en estrados. También se prevén la publicación en medios de comunicación o la demostración de cono cimiento del acto por parte del afectado, pero estos solo aplican cuando la notificación personal no es posible

correo electrónico y en estrados. También se prevén la publicación en medios de comunicación o la demostración de cono cimiento del acto por parte del afectado, pero estos solo aplican cuando la notificación personal no es posible y deben respetar estrictamente el principio de publicidad.

Asimismo, el artículo 72 del mismo estatuto prevé que se presume notificado quien realice actos que evidencien conocimiento del contenido del acto administrativo. Sin embargo, esa presunción no puede sustentarse simplemente en el envío unilateral del acto por parte de la administ ración, sin prueba del recibo o conocimiento efectivo por parte del administrado. Tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, el ejercicio del poder público debe respetar los principios de legalidad, publicidad y debido proceso, y cualquier omisión en la notificación puede implicar una restricción ilegítima al derecho de defensa.

5. CASO CONCRETOTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10

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Olga Oxiris Rodríguez Borbón, actuando como representante legal de la Cooperativa de Servicios y Comercialización -PROINMAT-, instauró acción de tutela en contra de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales - Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica – Seccional Neiva-, en la cual solicita que se ampare su derecho fundamental al debido proceso, pues tal entidad no le ha notificado en debida forma el auto que admitió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial

Seccional Neiva-, en la cual solicita que se ampare su derecho fundamental al debido proceso, pues tal entidad no le ha notificado en debida forma el auto que admitió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 2024013050000003 , esto es, el Auto Admisorio No. 106000879 del 18 de abril de 2024.

El a quo determinó que la tutela era improcedente , pues consideró que no se cumplía el requisito de subsidiariedad ni se configuraba un perjuicio irremediable. Además, sostuvo que existía un medio de defensa judicial ordinario -el medio de control de nulidad y restablecimiento del derechoy que, en consecuencia, no procedía la tutela como mecanismo sustitutivo.

La parte actora impugna tal decisión, indicando que la acción de tutela no buscaba controvertir la legalidad del acto administrativo, sino proteger su derecho fundamental al debido proceso, vulnerado por la falta de notificación efectiva del Auto Admisorio No. 106-000879 del 18 de abril de 2024. Sostuvo que la notificación no se realizó conforme a la normatividad vigente, lo que hizo el acto inoponible e impidió ejercer el derecho de defensa. Además, señaló que el medio de control contencioso no era idóneo ni eficaz, dada su duración y las posibles afectaciones económicas, lo que configuraría un perjuicio irremediable.

En este orden y para resolver sobre tal aspecto , la Sala encuentra acreditado lo siguiente:

• Requerimiento ordinario de información expedido por la DIAN (índice 003 f. 26-29 demanda y anexos Expediente electrónico primera instancia Samai).

En este orden y para resolver sobre tal aspecto , la Sala encuentra acreditado lo siguiente:

• Requerimiento ordinario de información expedido por la DIAN (índice 003 f. 26-29 demanda y anexos Expediente electrónico primera instancia Samai).

• Respuesta a requerimiento (índice 003 f. 31 -32 demanda y anexos Expediente electrónico primera instancia Samai).

• Pantallazo de correo enviado a la DIAN, en la que se le solicita las pruebas que demuestren la legal notificación del auto admisorio de la interposición del recurso de revisión (índice 003 f. 34-36 demanda y anexos Expediente electrónico primera instancia Samai).

• Copia del auto admisorio del recurso de reconsideración interpuesto (índice 003 f. 37 -38 demanda y anexos Expediente electrónico primera instancia Samai).TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11

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• Certificado de notificaci ón electrónica (índice 003 f. 39 demanda y anexos Expediente electrónico primera instancia Samai).

• Certificado de acto administrativo (índice 003 f. 40 demanda y anexos Expediente electrónico primera instancia Samai).

• Copia de la resolución 512 del 22 de enero de 2025, por medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración (índice 003 f. 42 -65 demanda y anexos Expediente electrónico primera instancia Samai).

• Constancia de la notificación electrónica del auto admisorio del recurso

se resuelve un recurso de reconsideración (índice 003 f. 42 -65 demanda y anexos Expediente electrónico primera instancia Samai).

• Constancia de la notificación electrónica del auto admisorio del recurso de rec onsideración, enviado a la Cooperativa de Servicios y Comercialización -PROINMAT- (índice 003 f. 074 demanda y anexos Expediente electrónico primera instancia Samai).

Así entonces, luego del recuento probatorio antes citado, es importante resaltar la normativa que regula la notificación de los actos expedidos en la actuación administrativa tributaria (Estatuto Tributario), la cual nos enseña lo siguiente:

“ARTÍCULO 563. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES. La notificación de las actuaciones de la Administración Tributaria deberá efectuarse a la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según el caso, o mediante formato oficial de cambio de dire cción; la antigua dirección continuará siendo válida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada.

Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante no hubiere informado una dirección a la Administración de Impuestos, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la Administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria.

Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor, o declarante, por ninguno de los medios señalados en el inciso anterior, los actos de la Administración le serán notificados por medio de la

Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor, o declarante, por ninguno de los medios señalados en el inciso anterior, los actos de la Administración le serán notificados por medio de la publicación en el portal de la web de la DIAN, que deberá incluir mecanismos de búsqueda por número identificación personal. Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor y/o declarante informe a la