TA HUI - Sentencia 41001-33-33-002-2025-00130-01 (27-06-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

ACCIÓN DE TUTELA No. 41001-33-33-002-2025-00130-01

Accionante: Jorge Eliécer Heredia Gutiérrez

Accionado: Colpensiones

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I ÓN No. 5

REFERENCIA: TUTELA

ACCIONANTE: JORGE ELIÉCER HEREDIA GUTIÉRREZ

ACCIONADO: COLPENSIONES

VINCULADO: JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE

INVALIDEZ DEL HUILA EXPEDIENTE: 41001-33-33-002-2025-00130-01

SENTENCIA: TAH005-25-06-125

MAGISTRADO PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, contra la sentencia de tutela , proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva el 29 de mayo de 2025, que amparó los derechos fundame ntales al debido proceso y seguridad social del señor Jorge Eliécer Heredia Gutiérrez.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda1

El señor Jorge Eliécer Heredia Gutiérrez, por intermedio de apoderada judicial, interpuso acción de tutela en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, por la presunta vulneración de sus derechos

1. Demanda1

El señor Jorge Eliécer Heredia Gutiérrez, por intermedio de apoderada judicial, interpuso acción de tutela en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social e igualdad ; solicitó se ordene a Colpensione s pagar los honorarios ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, junto con el comprobante de pago y a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila remitir el expediente del actor ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, a efectos de que se surta la apelación

1 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 4.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionado: Colpensiones 2 interpuesta contra el dictamen No. 07202500487, expedido el 29 de abril de 2025, en el cual se le determinó una pérdida del 52.19%, expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila.

1.1. Hechos2

Manifiesta la apoderada del accionante, que e l señor Jorge Eliécer Heredia Gutiérrez presenta múltiples patologías “…HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES

MELLITUS TIPO 2, ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 2, NEUROPATÍA

DIABÉTICA, MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA MIEMB RO INFERIOR

IZQUIERDO, ASOCIADO A LINFEDEMA CRÓNICO, HIPOTIROIDISMO, DOLOR

DIABÉTICA, MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA MIEMB RO INFERIOR IZQUIERDO, ASOCIADO A LINFEDEMA CRÓNICO, HIPOTIROIDISMO, DOLOR CRÓNICO DE CARACTERÍSTICAS MIXTA Y DISFUNCIÓN VISUAL…”, que afectan de manera significativa su estado de salud.

En razón a ello, señaló que, el actor inició el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral ante la Junta Regional de Calificación de Invalide z del Huila, la cual, expidió dictamen No. 07202500487 de fecha 29 de abril de 2025, determinándole al actor una pérdida d e capacidad laboral del 52.19%, con fecha de estru cturación del 28 de agosto de 2024 . Decisión, recurrida por la apoderada del accionante el 5 de mayo de 2025, mediante recurso de apelación, solicitando su remisión a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

Así mismo, solicitó a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila procediera a requerir a la Administradora Colombi ana de Pensiones – Colpensiones, para que, efectuara el pago de los honorarios de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, conforme lo previsto en el Decreto 019 de 2012.

Por consiguiente, considera que es de suma importancia que Colpensiones realice el pago de honorarios ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, para que continúe con el trámite pertinente y se determine si tiene derecho al reconocimiento pensional, y, como quiera que a la fecha no se ha realizado dicho pago, considera se le están vulnerando al actor los derechos fundamentales incoados en el escrito de tutela.

reconocimiento pensional, y, como quiera que a la fecha no se ha realizado dicho pago, considera se le están vulnerando al actor los derechos fundamentales incoados en el escrito de tutela.

2. Contestación a la tutela.

2 Ibídem, Pág. 2-4.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionado: Colpensiones

3 2.1. Colpensiones3

La Directora de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, precisó que, al verificar la base de datos de la entidad, evidenció que el accionante fue calificado mediante dictamen N° 07202500487 del 29 de abril de 202 5, por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, determinándole una pérdida de capacidad laboral del 52.19%, con fecha de estructuración 28 de agosto de 2024, por lo que se encuentran realizando las validaciones correspondientes pa ra determinar la procedencia de la inconformidad , advirtiendo que la accionada ha obrado de forma responsable, sin que exista la vulneración de los derechos fundamentales incoados en la tutela.

Solicitó, se declare improcedente la acción de tutela, al considerar que, el mecanismo constitucional invocado desnaturaliza su finalidad subsidiaria y residual, toda vez que el actor no ha acudido a los procedimientos judiciales ordinarios establecidos para la protección de los derechos que alega vulnerados.

Reiteró que , no se ha demostrado vulneración alguna de derechos

residual, toda vez que el actor no ha acudido a los procedimientos judiciales ordinarios establecidos para la protección de los derechos que alega vulnerados.

Reiteró que , no se ha demostrado vulneración alguna de derechos fundamentales del accionante, ni la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la procedencia del amparo constitucional.

2.2. Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila4

Manifestó que , el señor Jorge Eliécer Heredia Gutiérrez cuenta con una calificación de pérdida de capacidad laboral , contenida en el dictamen identificado con el radicado No. 07202500487, el cual, fue objeto de recurso de apelación, debidamente remitido y notificado a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones al correo electrónico institucional coordinacionjuntas@gestarinnovacion.com el día 21 de mayo de 2025, y que la acciona confirmó su recepción mediante acuse de recibido.

3. Decisión de Primera Instancia5

El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva , mediante sentencia del 29 de mayo de 2025, tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y

3 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 7. 4 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 13. 5 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 14.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionante: Jorge Eliécer Heredia Gutiérrez

Accionado: Colpensiones 4 seguridad social del señor Jorge Eliécer Heredia Gutiérrez; y ordenó a la

Accionante: Jorge Eliécer Heredia Gutiérrez

Accionado: Colpensiones 4 seguridad social del señor Jorge Eliécer Heredia Gutiérrez; y ordenó a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones que, si no lo ha hecho aún, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia, sufrague los honorarios que le correspon de cancelar a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, para que ante dicho organismo se surta y decida la apelación que el actor promovió contra el dictamen No. 07202500487 del 29 de abril de 2025 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila.

4. Impugnación6

Encontrándose en término, la Directora de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones presentó escrito de impugnación, solicitó se revoque la decisión proferida en primera instancia y en su lugar, se declare improcedente la presente acción constitucional, en el entendido que, existen procedimientos administrativos y judiciales dispuestos para tal fin, y no reclamar lo pretendido por v ía de tutela. Máxime que, no se configuró la existencia de un perjuicio irremediable.

De igual forma, advirtió que conforme a la información allegada por la Dirección de Medicina Laboral (oficio No. 2025_10271259 del 20 de mayo de 2025) ante Colpensiones, no se evidencia solicitud de pago de honorarios ante la Ju nta Nacional de Calificación de Invalidez , por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, tampoco, notificación formal del recurso de

Colpensiones, no se evidencia solicitud de pago de honorarios ante la Ju nta Nacional de Calificación de Invalidez , por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, tampoco, notificación formal del recurso de apelación interpuesto por la accionante cont ra el dictamen No. 07202500487 del 29 de abril de 2025, emitido por dicha junta.

Señaló que el accionante no demostró la existencia de un perjuicio irremediable que habilitara la procedencia excepcional del amparo constitucional . Enfatiza que la sola condición de sujeto de especial protección (persona mayor o en condición de salud compleja) no basta para que la tutela proceda, si no se demuestra afectación al mínimo vital, a la dignidad humana, o imposibilidad de acudir a la vía ordinaria.

De igual manera, precisó que el trámite de pago de ho norarios a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez exige la recepción previa de la factura electrónica, para proceder con el desembolso correspondiente.

6 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 17.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación presentada por Colpensiones contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva 29 de mayo de 2025, de

1. Competencia

El Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación presentada por Colpensiones contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva 29 de mayo de 2025, de acuerdo con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 153 del C.P.A.C.A.

2. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala establecer en primer lugar, si resulta procedente la acción de tutela instaurada por el señor Jorge Eliécer Heredia Gutiérrez, y en caso de serlo, se analizará si la decisión adoptada por el a quo de amparar los derechos fundamentales al debido proceso y seguridad social del señor Jorge Eliécer Heredia Gutiérrez debe ser confirmada , o si hay lugar a revocar la decisión, teniendo en cuenta los argumentos de la impugnación.

Para resolver el problema jurídico planteado, esta Corporación se ocupará de los siguientes temas: (i) Legitimación en la causa por activa, ii) Legitimación en la causa por pasiva, iii) Inmediatez, iv) Procedencia y subsidiaridad de la acción de tutela, v) Derecho Fundamental al Debido Proceso, vi) Trámite de calificación de invalidez, vii) Pago de los honorarios de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y viii) Caso concreto.

3. Legitimación en la causa.

A pesar del carácter informal que reviste la acción de tutela 7, derivado de su excepcionalidad, la legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva, es un requisito para su procedencia, pues se hace necesario “reconocer la

A pesar del carácter informal que reviste la acción de tutela 7, derivado de su excepcionalidad, la legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva, es un requisito para su procedencia, pues se hace necesario “reconocer la persona a quien la Constitución y la ley faculta para invocar la acción y la persona respecto de la cual se puede reclamar un derecho”8.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

7 Artículo 14. Decreto 2591 de 1991. 8 Corte Constitucional. Sentencia T-1009 de 2012. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionado: Colpensiones 6 “La jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que aunque la acción de tutela está regida por el principio de informalidad, ello no es impedimento para que se encuentre cobijado por el derecho al debido proceso (C.P. art. 29), de manera que en su trámite, se deben satisfacer ciertos presupuestos básicos, como son, entre otros, la capacidad de las partes.

En este sentido, la legitimación en la causa es “un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable”9.

Según la jurisprudencia de esta Corporación, este requisito procesal se satisface “con la correcta identificación de las personas o autoridades

razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable”9.

Según la jurisprudencia de esta Corporación, este requisito procesal se satisface “con la correcta identificación de las personas o autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados, destacando a la vez que su adecuada integración persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía, permitirles establecer el grado de responsab ilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia de la controversia constitucional”[10]

Con el cumplimiento de este requisito procesal, se busca entre otras cosas, evitar que se profieran sentencias desestimatorias con base en argumentos formales o de ritualidad exclusiva, que como es obvio resultan perjudiciales para el demandante, e igualmente, que se adopten decisiones inhibitorias las cuales se encuentran proscritas en sede de amparo constitucional por expreso mandato del parágrafo único del a rtículo 29 del Decreto 2591 de 1991.”

3.1 Legitimación en la causa por activa.

Se encuentra legitimad o en la causa por activa el señor Jorge Eliécer Heredia Gutiérrez, quien manifestó por intermedio de apoderada judicial, haber sido valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, la cual , mediante dictamen No. 07202500487 de fecha 29 de abril de 2025 11, le determinó una calificación de pérdida de capacidad laboral del 52.19%, enfermedad de origen común y fecha de estructuración del 28 de agosto de

2024. Decisión, recurrida por el actor el 5 de mayo de 2025.

determinó una calificación de pérdida de capacidad laboral del 52.19%, enfermedad de origen común y fecha de estructuración del 28 de agosto de

2024. Decisión, recurrida por el actor el 5 de mayo de 2025.

9 T-568 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo. 10 Auto 257 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 11 Índice 4, Expediente digital Samai, Primera Instancia, Pág. 30-43.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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7 En consecuencia, alega que, ante la falta de omisión por parte de Colpensiones para efectuar el pago de honorarios ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, se interrumpió el proceso de su calificación , vulnerándose así sus derechos fundamentales incoados en la presente acción constitucional.

Aunado a ello, la tutela fue interpuesta por la abogada Yenny Costanza Botello Duque, en representación del señor Jorge Eliécer Heredia Gutiérrez, quien está legitimada en la causa para impetrar la presente acción de tutela, pues cumplió con los presupuestos establecidos en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, es decir, reposa en el plenario el memorial poder12 debidamente conferido por el accionante, que lo faculta para actuar en el proceso.

3.2 Legitimación en la causa por pasiva.

En ese sentido, se tiene que la Administradora Colombiana de PensionesColpensiones, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden

3.2 Legitimación en la causa por pasiva.

En ese sentido, se tiene que la Administradora Colombiana de PensionesColpensiones, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de la Protección Social (artículo 155 de la Ley 1151 de 2007), está legitimada por pasiva para actuar, por ser la entidad ante la cual, el accionante solicitó el pago de honorarios ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

A su vez, la Junta Regional de Calificación de Invalidez, se encuentran legitimada en la causa de hecho, debido a su capacidad par a hacer parte del trámite constitucional; pues fue quien profirió el dictamen No. 07202500487 de fecha 29 de abril de 202513, el cual fue apelado por el actor.

4. Inmediatez de la acción de tutela

La Corte Constitucional, ha establecido que el principio de inmediatez dispone que la acción de tutela debe impetrarse en un plazo razonable, al respecto , se trae a colación la Sentencia T-160 de 2021, a través de la cual se estableció:

“…Para definir el plazo razonable, se considera el tiempo transcurrido entre e l momento en el que se produjo la vulneración o amenaza a un derecho fundamental y la interposición de la acción. De manera que no se vea afectada la

12 Índice 4, Expediente digital Samai, Primera Instancia, Pág. 24-26 13 Índice 4, Expediente digital Samai, Primera Instancia, Pág. 30-43.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

12 Índice 4, Expediente digital Samai, Primera Instancia, Pág. 24-26 13 Índice 4, Expediente digital Samai, Primera Instancia, Pág. 30-43.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionado: Colpensiones 8 naturaleza propia de la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata y urgente de derechos fund amentales. De allí, que le corresponda al juez constitucional verificar el cumplimiento del principio de inmediatez…”.

Así las cosas , el hecho por el cual el accionante considera que se le están vulnerando sus derechos fundamentales, acaeció por no haber obtenido por parte de Colpensiones el pago de los honorarios ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Y como quiera que, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, profirió dictamen No. 07202500487 de fecha 29 de abril de 202514, el cual, fue objeto de recurso de apelación, considera la Sala que el tiempo transcurrido entre la data y la interposición de la tutela (15/05/2025)15, es razonable, por lo que se cumple con el requisito de inmediatez.

5. Precisiones jurídicas

5.1 Procedencia y subsidiaridad de la acción de tutela

• Procedencia general de la acción de tutela

La acción de tutela es el mecanismo constitucional instituido para lograr la efectiva protección de los derechos fundamentales cuando quiera que ellos resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad

• Procedencia general de la acción de tutela

La acción de tutela es el mecanismo constitucional instituido para lograr la efectiva protección de los derechos fundamentales cuando quiera que ellos resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o por los particulares en los casos previstos en la Ley, por lo tanto, de existir un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental, si no hay conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado, este mecanismo constitucional resulta improcedente16.

Así, permitir que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipotéticas, y que no se hayan concretado en el mundo material y jurídico, resultaría violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acción , ya que atentaría contra el principio de la seguridad jurídica17.

Aunado a ello, desde su consagración constitucional se otorgó a este mecanismo, el carácter de residual y subsidiario , reiterado en el desarrollo de

14 Índice 4, Expediente digital Samai, Primera Instancia, Pág. 30-43. 15 Expediente digital Samai, Primera instancia, índice 4.

16 Sentencia T130 de 2014, M.P. LUIS GUILLERMO GUTIERREZ PÉREZ.

17 Ibidem.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionante: Jorge Eliécer Heredia Gutiérrez

Accionado: Colpensiones 9 la norma por el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 6, numeral 1.

Accionante: Jorge Eliécer Heredia Gutiérrez

Accionado: Colpensiones 9 la norma por el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 6, numeral 1.

Sobre la procedencia del amparo, la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia18, ha desarrollado de manera rigurosa el tema de la subsidiariedad, estableciendo en principio, que debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El accionante dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales, 2. El accionante acude directamente a la acción de tutela a pesar de existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3. El proceso o asunto se encuentra en trámite.

Las anteriores causales, específicamente las dos últimas, tienen su excepción cuando los mecanismos no resultan idóneos para proteger el derecho fundamental presuntamente vulnerado y/o no son expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Frente a las excepciones de la regla gene ral de improcedencia de la acción de tutela, la Corte Constitucional, en sentencia T-122 de 2015, dispuso:

“6.3.4. Entonces, la primera de las excepciones a la regla general de improcedencia se concibe cuando a pesar de existir otros medios ordinarios de defensa, la acción de amparo se promueve como mecanismo transitorio, siempre y cuando el demandante demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable [artículo 86 de la Constitución Política], en cuyo caso la orden de

defensa, la acción de amparo se promueve como mecanismo transitorio, siempre y cuando el demandante demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable [artículo 86 de la Constitución Política], en cuyo caso la orden de protección tendrá efectos temporales sólo hasta el momento en que la autoridad judicial competente decida en forma definitiva el conflicto planteado. Dicho perjuicio, a partir de los lineamientos de la jurisprudencia constitucional, debe reunir los siguientes elementos: ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; ser urgente, lo que significa que implique la adopción de medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; ser impostergable, es decir, se debe acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario para la protección de los derechos fundamentales.

6.3.5. La segunda de las excepciones, permite acudir a la acción de tutela aun existiendo un medio judicial ordinario para dirimir el asunto, siempre que éste resulte ineficaz para hacer cesar la amenaza o la vulneración a los derechos

18 Ver entre otras la sentencia T011 de 2007.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionado: Colpensiones 10 fundamentales, teniendo en cuenta las circunstancias en q ue se encuentra el

Accionante: Jorge Eliécer Heredia Gutiérrez

Accionado: Colpensiones 10 fundamentales, teniendo en cuenta las circunstancias en q ue se encuentra el solicitante [ numeral 1º, del artículo 6º, del Decreto 2591 de 1991 ]19. En este caso, la tutela procede como mecanismo principal y definitivo de defensa, ante la imposibilidad material de solicitar una protección real y cierta por otra vía 20.

Se concluye entonces, que la acción de tutela es procedente cuando existiendo otros mecanismos judiciales ordinarios de defensa: 1. Se promueva como mecanismo transitorio y el demandante demuestre la existencia de un perjuicio irremediable y 2. Cuando el mecanismo judicial ordinario no resulte idóneo para la protección de los derechos del demandante.

• Subsidiaridad de la acción de tutela.

La Corte Constitucional frente a la protección de los derechos fundamentales que pudieran verse amenazados o vulne rados por actos emitidos por la administración, por regla general ha considerado que la acción de tutela no es el mecanismo pertinente, sino que la competencia se encuentra radicada en la jurisdicción contenciosa administrativa.

Sin embargo, también ha señalado que la anterior regla puede ser inaplicada, se trae a colación Sentencia T-044/18, la cual indicó:

“…en efecto, la definición inmediata sobre el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del actor se muestra que una medida urgente, puesto que de la misma depende la procedencia de la pensión de invalidez. Esta circunstancia, sumada a las condiciones de salud del accionante, así como su situación de discapacidad,

laboral del actor se muestra que una medida urgente, puesto que de la misma depende la procedencia de la pensión de invalidez. Esta circunstancia, sumada a las condiciones de salud del accionante, así como su situación de discapacidad, exige un procedimiento judicial expedito para la protección de los derechos fundamentales del actor, en el presente caso el debido proceso administrativo.

A este respecto, la jurisprudencia co nstitucional ha considerado que la tutela puede desplazar a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho , ante la incidencia del tiempo sobre los derechos fundamentales , pues mientras que el juez administrativo se pronuncia sobre la legalidad de los actos supuestamente transgresores de las garantías fundamentales del accionante, la falta de protección efectiva y oportuna sobre el ejercicio de los derechos podría conllevar su afectación.

19 Decreto 2591 de 1991, artículo 8º. Ver Sentencia T-083 del 4 de febrero de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 20 Ver Sentencia T-1022 del 10 de diciembre de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionante: Jorge Eliécer Heredia Gutiérrez

Accionado: Colpensiones

11 Lo anterior ocurre por alguna de las siguientes circunstancias: (i) porque la prolongación del procedimiento contencioso afectaría desproporcionadamente el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o; (ii) porque para el momento en que el juez contencioso adopte una decisión, el ejercicio pleno del derecho fundamental vulnerado no puede restablecerse, y esta situación solo puede ser resarcida económicamente.

o; (ii) porque para el momento en que el juez contencioso adopte una decisión, el ejercicio pleno del derecho fundamental vulnerado no puede restablecerse, y esta situación solo puede ser resarcida económicamente.

Al respecto y conforme al material probatorio obrante en el proceso, se tiene acreditado que el accionante cuenta con 57 años de e dad21, que según dictamen No. 07202500487 de fecha 29 de abril de 2025 22, proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez , el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del actor, es de 52.19%, fecha de estructuración del 28 de agosto de 202 4, enfermedad de origen común, que presenta los siguientes diagnósticos:

“…

…”; dictamen apelado por el accionante, sin que a la fecha se haya realizado valoración por la Junta Nacional de Calificación de invalidez, pues arguyó la parte actora que, no se han consignado por parte de Colpensiones los honorarios para la práctica del experticio.

Conforme a lo expuesto, es claro que según las enfermedades físicas del accionante, requiere definir concretamente su pérdida de capacidad laboral, a fin de que pueda determinar si le asiste derecho o no al reconocimiento de la pensión de invalidez, por lo que no resultan idóneos los medios ordinarios de defensa judicial, pues al contar el señor Jorge Eliécer Heredia Gutiérrez con dichas patologías, se convierte en un sujeto de especial protección constitucional, lo que conlleva a establecer que efectivamente se encuentra en

21 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 4, Pág. 27.

dichas patologías, se convierte en un sujeto de especial protección constitucional, lo que conlleva a establecer que efectivamente se encuentra en

21 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 4, Pág. 27. 22 Índice 4, Expediente digital Samai, Primera Instancia, Pág. 30-43.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionado: Colpensiones 12 riesgo de sufrir un perjuicio irremediable al no definirse su porcentaje de pérdida de capacidad laboral por parte de la Junta Nacional de Califica ción de Invalidez; y la espera de un p roceso ordinario laboral, podría agravar su situación de salud, resultando procedente la acción de tutela.

6. Derecho fundamental al debido proceso.

El artículo 29 de la Constitución Política, consagra el derecho fundamental al debido proceso, disposición según la cual este “se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas”. Esta garantía constitucional ha sido entendida como el deber de las autoridades, tanto judiciales como administrativas, de respetar el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción y ha sido definida por la Corte Constitucional en sentencias C -035 de 2014 y T - 404 de 2014 como “un principio inherente al Estado de Derecho que posee una estructura compleja y se compone por un plexo de garantías que operan como defensa de la autonomía y libertad del ciudadano, límites al ejercicio del poder