TA HUI - Sentencia 41001-33-33-003-2016-00474-01 (08-07-2025)

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Magistrado: Enrique Dussán Cabrera Neiva Ocho (8) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante Carlos Alexander Solano Durán Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Radicación 41001-33-33-003-2016-00474-01 Rad. Interna.

Asunto Sentencia Número: S-105

Acta de Sala N° 045 De la fecha.

1. ANTECEDENTES.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia del 29 de enero de 2021 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, que negó las pretensiones de la demanda.

2. LA DEMANDA1

2.1. Pretensiones.

La parte demandante, mediante apoderado pretende que se declare la nulidad de la Resolución No. 133 del 11 de mayo de 2016, mediante la cual fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional por la causal de “voluntad de la Dirección General”. Como consecuencia de dicha nulidad, pide su reintegro al cargo que ocupaba, con reconocimiento de la antigüedad y continuidad en el escalafón, así como el pago de todos los haberes dejados de percibir (salarios, primas, subsidios y prestaciones) desde la fecha del retiro hasta su eventual reintegro.

También solicitó que se le reconozca que no ha existido solución de continuidad en su servicio y que esto se registre en su hoja de vida. Como también la actualización de los valores a pagar conforme al índice

También solicitó que se le reconozca que no ha existido solución de continuidad en su servicio y que esto se registre en su hoja de vida. Como también la actualización de los valores a pagar conforme al índice de precios al consumidor, y que la sentencia sea cumplida conforme a lo dispuesto en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Los hechos.

Como elementos f ácticos, sostuvo que el demandante ingresó a la Policía Nacional en el año 2013, siendo dado de alta como alumno mediante la Resolución No. 02308 del 21 de junio de ese año, e incorporado al nivel ejecutivo con el grado de Patrullero.

1 Expediente digital Primera Instancia, One Drive, “C01Principal”; ver archivo “001CuadernoNo1.pdf”; páginas: 3 – 24 (demanda) y de la 90 – 104 (reforma de la demanda)TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 2 de 21

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Demandante: Carlos Alexander Solano Durán Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Radicación: 41001-33-33-003-2016-00474-01

Para el 17 de mayo de 2016, fecha de su retiro, se encontraba adscrito a la Policía Metropolitana de Neiva, desempeñándose como patrullero en el Grupo de Fuerza Disponible. El 11 de mayo de 2016, la Junta de Evaluación y Clasificación de Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes de dicha unidad recomendó su retiro, decisión que fue formalizada ese

en el Grupo de Fuerza Disponible. El 11 de mayo de 2016, la Junta de Evaluación y Clasificación de Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes de dicha unidad recomendó su retiro, decisión que fue formalizada ese mismo día mediante la Resolución No. 133, notificada personalmente el 17 de mayo. La Junta fundamentó su recomendación en informes que señalaban que el demandante había abandonado la escena de un accidente de tránsito en el que se vieron involucradas varias personas, lo cual fue interpretado como una conducta contraria a los principios institucionales de la Policía Nacional.

Indicó que n o existía en contra del señor Carlos Alexander Solano Durán, ninguna investigación penal ni disciplinaria vigente al momento de la decisión. Y que, como consecuencia del accidente, se encontraba herido y en estado de conmoción, razón por la cual se dirigió a un centro médico cercano, lo que fue erróneamente interpretado como una huida. Además, sostuvo que la Junta no valoró de forma integral su hoja de vida, en la que co nstan condecoraciones y felicitaciones, y que la decisión se basó en presunciones, presiones mediáticas y argumentos contradictorios.

Finalmente, que para la fecha del retiro devengaba un salario mensual de un millón ochocientos ochenta y nueve mil novecientos catorce pesos con cincuenta centavos ($1.889.914,50) M/CTE.

2.3. Normas vulneradas y concepto de violación

Citó como normas trasgredidas la Constitución Política de Colombia:

pesos con cincuenta centavos ($1.889.914,50) M/CTE.

2.3. Normas vulneradas y concepto de violación

Citó como normas trasgredidas la Constitución Política de Colombia: artículos 2, 4, 5, 6, 13, 15, 21, 25, 29, 53, 93, 121, 123, 209, 211, 218 y 222; Ley 1437 de 2011 (CPACA): artículos 44 y 138; Decreto Ley 1791 de 2000: artículos 55 (numeral 6) y 62; Ley 857 de 2003: artículos 1 y 4 parágrafo 1 y Decreto 1800 de 2000: artículos 2, 4, 6 y 49.

Como concepto de violación, sostuvo que el acto administrativo de retiro incurrió en tres vicios principales:

Desviación de poder: consideró q ue, aunque el acto fue expedido dentro de las competencias legales, su finalidad real no correspondió al interés general ni al mejoramiento del servicio, sino a presiones mediáticas y supuestos fácticos no verificados. Trajo a colación la Sentencia del 13 de septiembre de 1968, Anales XLIII, tomo LXXV, número 419 , del Consejo de Estado Consejo de Estado, Sección Segunda, para sustentar que el poder fue ejercido con fines distintos a los previstos por la ley.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 3 de 21

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Demandante: Carlos Alexander Solano Durán Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Radicación: 41001-33-33-003-2016-00474-01

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Demandante: Carlos Alexander Solano Durán Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Radicación: 41001-33-33-003-2016-00474-01

Falsa motivación: alegó que los motivos expresados en la resolución no eran ciertos ni reales, y que se maquillaron hechos para justificar el retiro del demandante, e indicó que su hoja de vida mostraba eficiencia y méritos, lo cual desvirtuaba la supuesta necesidad del retiro por razones del servicio , referenció las siguientes sentencias del Consejo de Estado: sentencia del 25 de febrero de 2009, Rad. 85001-23-31-0001997-00374-01 (15797), M.P. Myriam Guerrero de Escobar, Sección Tercera; sentencia del 8 de septiembre de 2005, Exp. 3644, M.P. Darío Quiñones, Sección Quinta y sentencia del 8 de mayo de 2003, Actor:

José Humberto Medina Donato, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, Sección Segunda, Subsección B.

Expedición irregular: afirmó que no se cumplieron las formalidades legales exigidas para la validez del acto administrativo, ya que la Junta de Evaluación no valoró integralmente la hoja de vida del funcionario ni aplicó criterios objetivos. Se citó doctrina y jurisprudencia sobre la necesidad de respetar los procedimientos establecidos por la ley para la formación válida de los actos administrativos , como lo indicó el Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de enero de 2011,

necesidad de respetar los procedimientos establecidos por la ley para la formación válida de los actos administrativos , como lo indicó el Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de enero de 2011, Rad. 11001-03-28-000-2010-00015-00, M.P. Mauricio Torres Cuervo.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2

A través de apoderado , la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, se opuso a todas las pretensiones formuladas por el señor Carlos Alexander Solano Durán, por lo que solicitó su denegación total. Reconoció como ciertos los hechos relacionados con el ingreso, permanencia y retiro del demandante, pero negó que existieran vicios de nulidad en la Resolución No. 133 del 11 de mayo de 2016. Afirmó que el acto fue expedido conforme a derecho, en ejercicio legítimo de la facultad discrecional prevista en los artículos 55 numeral 6 y 62 del Decreto Ley 1791 de 2000, y sustentado en la recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación.

Señaló que la conducta del señor Carlos Alexander Solano Durán en el accidente de tránsito del 9 de mayo de 2016, en el que fallecieron tres personas, afectó la confianza institucional y justificó su retiro por razones del servicio. Además, sostuvo que las condecoraciones y felicitaciones en la hoja de vida no generaban estabilidad ni impedían el uso de la facultad discrecional.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, la entidad defendió la legalidad del acto administrativo argumentando que el régimen de carrera de la Policía Nacional era de carácter especial, conforme al artículo 218 de la

uso de la facultad discrecional.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, la entidad defendió la legalidad del acto administrativo argumentando que el régimen de carrera de la Policía Nacional era de carácter especial, conforme al artículo 218 de la Constitución, y que la facultad de retiro por discrecionalidad respondía a la necesidad de preservar el buen servicio público.

2 Ibidem, páginas 119 – 130 y 152.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 4 de 21

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Demandante: Carlos Alexander Solano Durán Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Radicación: 41001-33-33-003-2016-00474-01

Indicó que el acto fue motivado con base en hechos ciertos y razones objetivas, cumpliendo con el estándar mínimo de motivación establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia SU -053 de 2015. Rechazó que se hubieran configurado las causales de desviación de poder, falsa motivación o expedición irregular, y citó jurisprudencia del Consejo de Estado para sustentar que el buen desempeño no otorgaba fuero de estabilidad.

Finalmente, advirtió que, en caso de prosperar la demanda, cualquier indemnización debía limitarse conforme a los criterios fijados en la Sentencia SU -556 de 2014, descontando ingresos percibidos por el demandante durante el tiempo de desvinculación , no p ropuso excepciones.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3.

El Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, en sentencia proferida el

demandante durante el tiempo de desvinculación , no p ropuso excepciones.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3.

El Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, en sentencia proferida el 29 de enero de 2021, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo que se expone a continuación.

Hizo un recuento de la normatividad aplicable al retiro de miembros de la Policía Nacional, en especial los artículos 54, 55 numeral 6 y 62 del Decreto Ley 1791 de 2000, que regulan la facultad discrecional de retiro por voluntad de la Dirección General. También citó la Sentencia SU-053 de 2015 de la Corte Constitucional, que establece el estándar mínimo de motivación para este tipo de actos.

Consideró que el retiro del señor Carlos Alexander Solano Durán se produjo con base en la recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación, la cual valoró su hoja de vida y su conducta en un accidente de tránsito ocurrido el 9 de mayo de 2016, en el que resultaron tres personas f allecidas y dos heridas. Según los informes, e ste abandonó el lugar de los hechos, lo que afectó la imagen institucional y la confianza en su conducta como miembro activo de la Policía Nacional.

El despacho concluyó que el acto administrativo fue expedido por autoridad competente, con fundamento legal y en cumplimiento del procedimiento establecido. En cuanto a la falsa motivación, indicó que el Consejo de Estado en providencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Barcenas. Sentencia del 13 de octubre del 2016, radicado:

el Consejo de Estado en providencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Barcenas. Sentencia del 13 de octubre del 2016, radicado: 25000-23-27-000-2009-00206-01/19456), y la Sección Cuarta.

Consejero Ponente: Hugo Femando Bastidas Barcenas. Sentencia del

3 Expediente digital Primera Instancia, One Drive, “C04Principal”; ver archivo “001CuadernoNo4.pdf”; páginas: 172 – 187.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 5 de 21

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Demandante: Carlos Alexander Solano Durán Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Radicación: 41001-33-33-003-2016-00474-01

28 de septiembre del 2016, radicado: 25000-23-27-000-2011-00392-01 (20197), ha sido claro al manifestar que:

"es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente" 14, "Por ende, cuando los hechos que tuvo en cuenta la Administración para adoptar la decisión no existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, se incurre en falsa motivación porque la realidad no concuerda con el

ende, cuando los hechos que tuvo en cuenta la Administración para adoptar la decisión no existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, se incurre en falsa motivación porque la realidad no concuerda con el escenario fáctico que la Administración supuso que existía al tomar la decisión"15. (negritas fuera del texto).

Igualmente, sostuvo que esta facultad discrecional no requiere ser motivada, pero siempre bajo el entendido de que la motivación radica en los fines del buen servicio.

Tampoco se acreditó desviación de poder, pues no se demostró que la decisión persiguiera un fin distinto al previsto por la ley.

Finalmente resolvió:

“(...) PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: En firme este proveído, procédase al archivo de las diligencias, previa anotación en el software de gestión judicial siglo XXI.(...)”

5. RECURSO DE APELACIÓN4

El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia proferida el 29 de enero de 2021, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. Pues sostuvo que el retiro del señor Carlos Alexander Solano Durán fue producto de una falsa motivación y de una desviación de poder, pues la decisión se basó en hechos no probados relacionados con el accidente de tránsito ocurrido el 9 de mayo de 2016.

Alegó que la administración interpretó de forma errónea y

decisión se basó en hechos no probados relacionados con el accidente de tránsito ocurrido el 9 de mayo de 2016.

Alegó que la administración interpretó de forma errónea y desproporcionada la conducta del demandante, asumiendo una responsabilidad objetiva prohibida en el ámbito penal y trasladándola indebidamente al escenario administrativo.

Señaló que la Junta de Evaluación no valoró integralmente la hoja de vida del demandante, quien había sido calificado en nivel “superior” en

4 Ibidem, ver archivo “002ApelaciónDemandante.pdf”.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 6 de 21

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su evaluación de desempeño, y que el retiro se sustentó en anotaciones menores y no en una afectación real al servicio.

Aunado a lo anterior, argumentó que el acto administrativo vulneró el debido proceso, el principio de legalidad y los artículos 55 y 63 del Decreto Ley 1791 de 2000, así como el Decreto 1800 de 2000, al utilizar indebidamente la facultad discrecional como mecanismo sancionatorio. Reiteró que no existía investigación penal ni prueba de que el demandante hubiera abandonado el lugar del accidente con intención de evadir responsabilidades, y que la decisión se basó en una interpretación subjetiva y mediática de los hechos.

Citó jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado

demandante hubiera abandonado el lugar del accidente con intención de evadir responsabilidades, y que la decisión se basó en una interpretación subjetiva y mediática de los hechos.

Citó jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado para sustentar que la discrecionalidad debe ejercerse con adecuación y proporcionalidad, y que en este caso no se cumplió con dichos principios.

Finalmente, solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y se accediera a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad del acto administrativo y ordenando el reintegro del señor Carlos Alexander Solano Durán, con el correspondiente restablecimiento de sus derechos

6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA.

Conforme lo regulado en el numera 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la ley 2080 de 2020, y dado que en el presente caso no es necesario decretar pruebas, no hubo lugar a correr traslado a las partes para alegar ni las partes presentaron escrito alguno al respecto.

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

7.1. Competencia.

Como el proceso es de competencia de los jueces administrativos en primera instancia de conformidad con el artículo 155 numeral 2 en concordancia con el 156 inciso 3 del CPACA, el Tribunal es competente para conocer la segunda instancia al así preverlo el artículo 153 ibídem y como quiera que se trata de la sentencia que decide el litigio planteado, esta es apelable de conformidad con el inciso primero del artículo 243 del CPACA5.

7.2. Problema jurídico.

y como quiera que se trata de la sentencia que decide el litigio planteado, esta es apelable de conformidad con el inciso primero del artículo 243 del CPACA5.

7.2. Problema jurídico.

5 Sin las modificaciones de la Ley 2080 de 2021 dado su régimen de vigencia.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 7 de 21

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Conforme la apelación de la parte actora y acorde a lo establecido en el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, debe determinarse si:

La Resolución No. 133 del 11 de mayo de 2016, mediante l a cual se retiró del servicio activo al señor Carlos Alexander Solano Durán por la causal de “voluntad de la Dirección General”, se encuentra viciad a por falsa motivación y desviación de poder, al no estar sustentado su retiro en razones objetivas, proporcionales y adecuadas al buen servicio, vulnerando con ello el debido proceso y el régimen legal aplicable por discrecional en la Policía Nacional.

En caso afirmativo, determinar si hay lugar a reconocer que no existió solución de continuidad en su servicio, que se realice el registro pertinente en su hoja de vida. Junto con la actualización de los valores a pagar conforme al índice de precios al consumidor.

Para resolver el problema jurídico, l a Sala desarrollará los siguientes

solución de continuidad en su servicio, que se realice el registro pertinente en su hoja de vida. Junto con la actualización de los valores a pagar conforme al índice de precios al consumidor.

Para resolver el problema jurídico, l a Sala desarrollará los siguientes aspectos: i) Marco normativo y jurisprudencial del retiro por voluntad del Gobierno, o de La Dirección General de la Policía Nacional; y ii) análisis del caso concreto.

7.2.1. Marco normativo y jurisprudencial del retiro por voluntad del Gobierno, o de La Dirección General de la Policía Nacional

El Decreto Ley 573 de 1995 reguló el retiro para los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional en su artículo 6 al indicó:

“(…) Artículo 75. Retiro. Es la situación en que por disposición del Gobierno Nacional para Oficiales a partir del grado de Coronel o por Resolución Ministerial para los demás grados, o de la Dirección General de la Policía Nacional para suboficiales, unos y otros, cesan en la obligación de prestar servicio, salvo en los casos de reincorporación, llamamiento especial al servicio o movilización.

El retiro de los oficiales deberá someterse al concepto previo de la Junta Asesora para la Policía Nacional, excepto cuando se trate de oficiales generales, inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, destitución, suspensión solicitada por la Justicia Ordinaria, que exceda de ciento ochenta (180) días y muerte.

Parágrafo. Los retiros de los oficiales por llamamiento a calificar servicios o por voluntad del Gobierno, se dispondrán en todos los casos por Decreto del Gobierno Nacional.(...)”

exceda de ciento ochenta (180) días y muerte.

Parágrafo. Los retiros de los oficiales por llamamiento a calificar servicios o por voluntad del Gobierno, se dispondrán en todos los casos por Decreto del Gobierno Nacional.(...)”

Con posterioridad, el Presidente de la República expidió el Decreto Ley 1791 de 2000, el cual desarrolló el retiro en la Policía Nacional, así:TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 8 de 21

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“(…) Artículo 54. Retiro. Es la situación por la cual el personal uniformado, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio.

El retiro de los oficiales se hará del nivel ejecutivo, y agentes, por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el Director General de la Policía Nacional.

Artículo 55. Causales de Retiro . El retiro se produce por las siguientes causales:

1. Por solicitud propia.

2. Por llamamiento a calificar servicios.

3. Por disminución de la capacidad sicofísica.

4. Por incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez.

5. Por destitución.

6. Por voluntad del Ministro de Defensa Nacional, o la Dirección General de la Policía Nacional por delegación, para el nivel ejecutivo, y los agentes.

7. Por no superar la escala de medición del Decreto de Evaluación del

Desempeño Policial.

8. Por incapacidad académica.

la Policía Nacional por delegación, para el nivel ejecutivo, y los agentes.

7. Por no superar la escala de medición del Decreto de Evaluación del

Desempeño Policial.

8. Por incapacidad académica.

9. Por desaparecimiento.

10. Por muerte.

(…)

Artículo 62. Retiro por voluntad del Gobierno, o de La Dirección General de la Policía Nacional. Por razones del servicio y en forma discrecional, la Dirección General de la Policía Nacional por delegación del Ministro de Defensa Nacional, para el nivel ejecutivo, y agentes podrán disponer el retiro del personal con cualquier tiempo de servicio, pre via recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación respectiva. (...)”

En virtud de lo anterior, mediante Decreto 1800 de 2000 por medio del cual se dictan normas para la evaluación del desempeño del personal uniformado de la Policía Nacional, estableci ó las clases de Juntas que se conforman en la institución, así:

“(…) ARTICULO 49. CLASES DE JUNTAS. Para efectos de Clasificación y Evaluación, se establecen las siguientes Juntas:

1. Para Oficiales

2. Para Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes.

PARAGRAFO. La integración, funcionamiento y sesiones de estas juntas, las determinará el Director General de la Policía Nacional. (…)”.

Ahora bien, el artículo 22 del Decreto 1791 de 2000 , por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional. le asignó a lasTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 9 de 21

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Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional. le asignó a lasTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 9 de 21

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Juntas de Evaluación y Clasificación de cada categoría, las siguientes funciones:

“(…) Artículo 22. Evaluación de la Trayectoria Profesional. La evaluación de la trayectoria profesional del personal, estará a cargo de las Juntas de Evaluación y Clasificación que para cada categoría integrará el Director General de la Policía Nacional.

Las Juntas tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Evaluar la trayectoria policial para ascenso.

2. Proponer al personal para ascenso.

3. Recomendar la continuidad o retiro en el servicio policial.

PARAGRAFO 1. Para el ascenso a Brigadier General, la evaluación de la trayectoria policial de los Coroneles estará a cargo de la Junta de Generales, integrada por los Generales en servicio activo de la Policía Nacional.

PARAGRAFO 2. El Director General de la Policía Nacional señalará las funciones y sesiones de la Junta de Generales, cuyas decisiones en todo caso se tomarán por mayoría de votos.”

Después, fue expedida la Ley 857 de 2003, por medio de la cual reguló el retiro de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, en los siguientes términos:

caso se tomarán por mayoría de votos.”

Después, fue expedida la Ley 857 de 2003, por medio de la cual reguló el retiro de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, en los siguientes términos:

“(…) Artículo 1º. Retiro. El retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, es la situación por la cual este personal, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio.

El retiro de los Oficiales se efectuará a través de decreto expedido por el Gobierno Nacional. El ejercicio de esta facultad, podrá ser delegada en el Ministro de Defensa Nacional hasta el grado de Teniente Coronel.

El retiro de los Suboficiales se efectuará a través de resolución expedida por el Director General de la Policía Nacional.

El retiro de los Oficiales deberá someterse al concepto previo de la junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, excepto cuando se trate de Oficiales Generales. La excepción opera igualmente en los demás grados, en los evento s de destitución, incapacidad absoluta y permanente, gran invalidez, cuando no supere la escala de medición del decreto de evaluación del desempeño y en caso de muerte.

Artículo 2º. Causales de retiro. Además de las causales contempladas en el Decreto-ley 1791 de 2000, el retiro para los Oficiales y los Suboficiales de la Policía Nacional, procederá en los siguientes eventos:

4. Por llamamiento a calificar servicios.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 10 de 21

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Policía Nacional, procederá en los siguientes eventos:

4. Por llamamiento a calificar servicios.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 10 de 21

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5. Por voluntad del Gobierno Nacional en el caso de los Oficiales, o del Director General de la Policía Nacional, en el caso de los Suboficiales.

6. Por incapacidad académica.

(...)

Artículo 4º. Retiro por voluntad del Gobierno o del Director General de la Policía Nacional. Por razones del servicio y en forma discrecional, el Gobierno Nacional para el caso de los Oficiales o el Director General de la Policía Nacional para el caso de los Suboficiales, podrán disponer el retiro de los mismos con cualquier tiempo de servicio, previa recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, cuando se trate de Oficiales, o de la Junta de Evaluación y Cla sificación respectiva, para los Suboficiales.

El ejercicio de las facultades a que se refiere el presente artículo podrá ser delegado en el Ministro de Defensa Nacional, para el caso de los Oficiales hasta el grado de Teniente Coronel y en los Directores de la Dirección General, Comandantes de Policía Metropolitana, de Departamentos de Policía y Directores de las Escuelas de Formación para el caso de los Suboficiales bajo su mando, observando el procedimiento que sobre el particular se señale en cuanto a composición y recomendaciones en el

Policía y Directores de las Escuelas de Formación para el caso de los Suboficiales bajo su mando, observando el procedimiento que sobre el particular se señale en cuanto a composición y recomendaciones en el evento de ta l delegación respecto de la Junta Asesora y de Evaluación y Clasificación de que trata el inciso anterior.

Parágrafo 1º. La facultad delegada en los Directores de la Dirección General, Comandantes de Policía Metropolitana, de Departamentos de Policía y Directores de las Escuelas de Formación a que se refiere el inciso anterior se aplicará para los casos de retiro del person al Nivel Ejecutivo y agentes bajo su mando, a que se refiere el artículo 62 del Decreto-ley 1791 de 2000.

Parágrafo 2º. Los funcionarios competentes serán responsables por la decisión que adopten de conformidad con la Constitución y la ley. (…)”.

El honorable Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección B, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez Bogotá D. C., en sentencia del 3 de febrero de 20226, planteó como problema jurídico:

“...determinar si el acto administrativo por medio del cual fue retirado del servicio activo al señor José Román Rojas Severiches se encuentra viciado de expedición irregular y falsa motivación, por cuanto, aparentemente, no se expresaron las