TA HUI - Sentencia 41001-33-33-003-2022-00290-01 (27-05-2025)

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Magistrado: Enrique Dussán Cabrera Neiva Veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante Carmen Lina Perdomo Ramírez Demandado ESE Hospital El Rosario de Campoalegre Radicación 41001333300320220029001 Rad. Interna.

Asunto SENTENCIA Número: 082

Acta de Sala N° 035 De la fecha.

1. ANTECEDENTES.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia del 28 de junio de 2024 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva , que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

2. LA DEMANDA1

2.1 Pretensiones.

La parte actora, mediante apoderada pretende que se declare la nulidad de los oficios de fecha cuatro (04) de enero del 2022 emanado de la E.S.E Hospital El Rosario de Campoalegre y de su complementación de fecha veintitrés (23) de marzo del 2022, que negaron la existencia de la relación laboral desde el 7 de mayo de 2012 hasta el 31 de enero de 2020, desempeñando la labor de auxiliar de facturación.

A título de restablecimiento del derecho solicitó se declare la existencia de una relac ión de carácter laboral entre la señora Carmen Lina Perdomo Ramírez y la E.S.E Hospital El Rosario d e Campoalegre , durante el periodo comprendido entre 7 de mayo de 2012 hasta el 31

de una relac ión de carácter laboral entre la señora Carmen Lina Perdomo Ramírez y la E.S.E Hospital El Rosario d e Campoalegre , durante el periodo comprendido entre 7 de mayo de 2012 hasta el 31 de enero de 2020, lapso en el cual laboró prestando sus servicios personales como auxiliar de facturaci ón en forma personal, bajo la continuada subordinación y dependencia de la entidad demandada, a pesar de su vinculación mediante contratos de prestación de servicios.

Asimismo, que s e condene al pago de los aportes a pensión no cancelados en el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2003, como también a la devolución de los aportes por concepto de seguridad social en la porción que le corresponde al empleador entre el periodo comprendido del 7 de mayo de 2012 y 31 de enero de 2020, en salud y pensión.

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Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Demandante: Carmen Lina Perdomo Ramírez Demandado: ESE Hospital del Rosario de Campoalegre Radicación: 41001333300320220029001

También que se ordene la devolución del dinero por concepto de estampillas procultura y pro deporte del periodo del 7 de mayo de 2012 al 31 de enero de 2020; valores que fueron exigidos por su empleador para encubrir la verdadera relación laboral. Igualmente, la devolución de los dineros que fueron descontados por concepto de retención de impuesto de industria y comercio, valor que asciende a la suma de

para encubrir la verdadera relación laboral. Igualmente, la devolución de los dineros que fueron descontados por concepto de retención de impuesto de industria y comercio, valor que asciende a la suma de $414.500. Además, que se reconozca y pague la indemnización y sanción moratoria, y se dé aplicación a los artículos 192 y 195 del Cpaca.

2.2 Los hechos.

Como elementos facticos, sostuvo que laboró como auxiliar de facturación en la E.S.E. Hospital El Rosario de Campoalegre, en el lapso comprendido entre el 7 de mayo del año 2012, al 31 de enero del año 2020, a través de la suscripción de contratos de prestación de servicios; vinculación que se realizó mediante la Cooperativa de trabajo asociado Unidos en Salud Unisalud, la cooperativa integral Cooinservicios, y la empresa de servicios temporales Manpower de Colombia LTDA.

Expuso que los sucesivos e ininterrumpidos contratos de prestación de servicios suscritos tenían como común denominador: objetos contractuales idénticos, funciones idénticas, forma de pago idéntica, y el mismo emolumento a lo largo de sus más siete años de servicios, precisándose que para el pago la demandante debía soportar que cancelaba la seguridad social integral como independiente (Salud, Pensión y riesgos laborales).

Expuso que la relación laboral con la E .S.E, no so lo fue continua e ininterrumpida sino subordinada, subordinación que se plasma en los mismos contratos de prestación de servicios suscritos, por el objeto contractual idéntico, por la misma naturaleza de las funciones encomendadas que son propias del objeto misional de la entidad.

mismos contratos de prestación de servicios suscritos, por el objeto contractual idéntico, por la misma naturaleza de las funciones encomendadas que son propias del objeto misional de la entidad.

Advirtió que la jornada laboral era la señalada por la entidad, así como sus funciones las cuales debía desarrollar con equipos e implementos de oficina suministrados por la E.S.E.

2.3. Normas vulneradas y concepto de violación

Citó como normas trasgredidas los artículos 1, 2, 6, 11, 12, 13, 25, 29, 125, 209 y 277 y; artículos 22, 23 y 24 del Código Sustantivo Del Trabajo; el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (artículo 32 de la Ley 80 de 1993); el Decreto 3135 de 1968; laTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 3 de 31

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Ley 4 de 1990 (artículo 8°); el Decreto Ley 2400 de 1968; el Decreto Ley 1042 de 1978 y el Decreto 1045 de 1978.

Como concepto de violación, se manifestó “el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalid ades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales”, consagrado en el artículo 53 de la Constitución, y junto a ello se relacionaron las sentencias C -154 de

la primacía de la realidad sobre las formalid ades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales”, consagrado en el artículo 53 de la Constitución, y junto a ello se relacionaron las sentencias C -154 de 1997, C-386 de 2000 y C-614 de 2009 de la Corte Constitucional.

Además, conforme al pronunciamiento de la Sala Plena del Consejo de Estado, bajo el Radicado 0039 -01(IJ) de fecha 18 de noviembre de 2003, establece que, si se demuestra la existencia de subordinación en una relación contractual, dicho contrato debe considerarse como un contrato de trabajo, y no como un contrato de prestación de servicios.

Afirmó que cumplió a cabalidad con las ordenes e instrucciones y los horarios, asignados e impartidos, entre las que se evidencia el cumplimiento de horarios determinados, la labor de auxilia r de facturación, que, como su mismo nombre lo indica es una labor subordinada y en virtud de esa actividad recibía una remuneración de carácter mensual, agregándose que esa labor la ejerció de manera continua e ininterrumpida y aun sin contrato de prestación de servicios.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2

A través de apoderado, la E.S.E. Hospital del Rosario de Campoalegre Huila se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que no hay lugar para su prosperidad.

Propuso las excepciones de:

1. Inexistencia sobre el desconocimiento del principio de primacía de la realidad sobre las formas : luego de explicar el régimen jurídico de las E.S.E., de los contratos de prestación de servicios en las entidades estatales , del principio de la fue fe contractual, de la prestación de un servicio en las

primacía de la realidad sobre las formas : luego de explicar el régimen jurídico de las E.S.E., de los contratos de prestación de servicios en las entidades estatales , del principio de la fue fe contractual, de la prestación de un servicio en las instalaciones o con bienes de la entidad y un horario plenamente convenido, la prestación de un servicio de forma continua e ininterrumpida no general relación laboral, señaló que:

“Que mi Representada vinculó a la señora a la Demandante, mediante orden orden de prestación de servicios de apoyo al servicio de auxiliar administrativa en el área de facturación de la E.S.E., en absoluta independencia en sus conocimientos, experiencia y sin subordinación por

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parte del contratante, propias de una obvia organización institucional, con amplio margen de discrecionalidad para desarrollar las tareas, delimitado únicamente por el plazo del contrato y la realización de las labores contratadas.

La Actora no desarrolló el objeto de la orden o contrato condicionado bajo las órdenes de subordinación (propias de una relación legal y reglamentaria) de la E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE – HUILA salvo la supervisión de las labores propias de cualquier organización, como una figura propia de la naturaleza de estos contratos de apoyo a la gestión, como quiera que se insiste, ésta contaba

CAMPOALEGRE – HUILA salvo la supervisión de las labores propias de cualquier organización, como una figura propia de la naturaleza de estos contratos de apoyo a la gestión, como quiera que se insiste, ésta contaba con total autonomía, independencia y discrecionalidad en su ejecución.

En las mismas ordenes de Prestación de Servici os suscritos con la Demandante, se estableció que el contratista no contrae vínculo de carácter laboral con la Entidad que represento, como quiera que el contratista actuaría por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estaría sometido a subordinació n laboral, salvo en la responsabilidad contractual, de un negocio jurídico contractual bilateral.

De otro lado, es claro que la prestación de servicios por parte del Demandante, en una Institución Hospitalaria, resulta apenas natural que se esté sujeto a estas actividades, en aras de atender la demanda según las necesidades que tenga la Institución, por lo que es perfectamente viable que las Entidades Estatales, con el fin de cumplir con la misión institucional, suplan la falta de personal con aquellas per sonas que se contratan para apoyar su gestión institucional a través de órdenes o contratos de prestación de servicios, sin que ello genere, necesariamente una relación o vínculo laboral.

A su vez, es claro que el Actor confunde el ingrediente de la subordinación o dependencia con la coordinación, con la E.S.E HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE – HUILA, por el contrario, lo que el Demandante está desconociendo es “SU AUTONOMÍA DE VOLUNTAD” (libre o exenta de vicios) y el “PRINCIPIO DE BUENA FE

CONTRACTUAL”

ROSARIO DE CAMPOALEGRE – HUILA, por el contrario, lo que el Demandante está desconociendo es “SU AUTONOMÍA DE VOLUNTAD” (libre o exenta de vicios) y el “PRINCIPIO DE BUENA FE

CONTRACTUAL”

Referente al elemento “Salario”, se debe precisar, que en los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, se pactaron Honorarios por la prestación del servicio, de manera autónoma, motivo por el cual, el Demandante con el pleno cono cimiento del vínculo contractual y sus alcances, efectuó los pagos a la seguridad social en salud de acuerdo a las normas legales vigentes; pagos que no se pueden entender como salario, el cual está claramente explicado en el artículo 3 y el parágrafo del artículo 12 de la Ley 4ª de 1992, que es la Ley marco sobre el salario y las asignaciones salariales, así como sobre el régimen prestacional (Art. 150 numeral 19 literal e) de la C.P.)

pues debe distinguirse que el salario se predica de la categoría de empleado público, y en este caso corresponden a la contraprestación de los servicios que con autonomía fueron prestados por la Demandante.”TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 5 de 31

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1. Presunción de legalida d: argumentó que el acto administrativo fue emitido por un funcionario con competencia legal, siguiendo el debido proceso y ajustándose a las normas constitucionales y legales aplicables.

1. Presunción de legalida d: argumentó que el acto administrativo fue emitido por un funcionario con competencia legal, siguiendo el debido proceso y ajustándose a las normas constitucionales y legales aplicables.

1. Cobro de lo no debido : Sostuvo que la demandante está exigiendo el pago de acreencias laborales que no se causaron legalmente, ya que su relación con la entidad demandada se dio mediante un contrato de prestación de servicios. Arguyendo que este contrato se caracterizó por la independencia del contratista, sin subordinación ni vínculo laboral, condiciones esenciales para generar derechos laborales.

Por tanto, no existiría fundamento legal que sustente las reclamaciones económicas presentadas en la demanda, lo que lleva a negar su reconocimiento y pago

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3.

El Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, en sentencia proferida el 28 de junio de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo que se expone a continuación.

Hizo un recuento de la normatividad que regula lo relacionado con el contrato realidad, subrayando el carácter excepcional de la modalidad de contratación de prestación de servicios.

Consideró que se deben aplicar las siguientes reglas establecidas en la sentencia de unificación SUJ -025-CE-S2-2021, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 9 de septiembre de 20 21, dentro del proceso radicado bajo el No. 05001-23-33-000-20130114301 (1317-2016), las cuales fijas las reglas en las relaciones laborales encubiertas.

dentro del proceso radicado bajo el No. 05001-23-33-000-20130114301 (1317-2016), las cuales fijas las reglas en las relaciones laborales encubiertas.

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de l a Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia. (ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del

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siguiente, como término de la no s olución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente. (iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la S eguridad Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal.

sistema de la S eguridad Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal.

Decisión que fue aclarada por el Consejo de Es tado en providencia de 11 de noviembre de 2021 Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

Afirmó que, al analizar la primacía de la realidad sobre las formalidades, y si se acreditaron los elementos constitutivos del vínculo laboral, esto es: (i ) la prestación personal del servicio; (ii) la subordinación o dependencia; (iii) el pago de una remuneración por la labor prestada y, (iv) la vocación de permanencia en el ejercicio de la función desempeñada, se evidencia como primera medida que la accion ante desempeñó funciones como auxiliar de facturación para la E.S.E demandada, de manera ininterrumpida desde el 7 de mayo de 2012 y el 20 de enero de 2020; y que aunque existen pocas interrupciones de pocos días, o de un mes calendario(diciembre de 2013, abril de 2019), esta circunstancia no genera solución de continuidad, conforme lo ha sostenido el precedente jurisprudencial.

De igual forma, de los contratos de prestación de servicios suscritos por las partes que fueron aportados al expediente, se encuentra claramente demostrado: (i) la prestación personal continúa y permanente de los servicios por parte de la actora, que consistía en la prestación de servicios profesionales como auxiliar de facturación, (ii) el pago de una remuneración por los servicios prestados, según comprobantes de

servicios por parte de la actora, que consistía en la prestación de servicios profesionales como auxiliar de facturación, (ii) el pago de una remuneración por los servicios prestados, según comprobantes de egresos de los años 2012 a 2020, emitidos por la E.S.E, presentaciones de las cuentas de cobro o documentos equivalentes, que igualmente se avizoran junto con los contratos u OPS71, y declaraciones de los testigos Wilton Carvajal Lugo, Delia Yiseth Montenegro Trujillo, Carlos Mauricio Trujillo Patiño.

Advirtió que frente al elemento de subordinación se evidencia que pese a vincularse como auxiliar de facturación mediante contratos de prestación de servicios celebrados bajo los principios de la Ley 80 de 1993, la ejecución de su actividad necesariamente implicó la prestación de sus servicios de manera directa y sin independencia en el cumplimiento de su labor, pues requerían de su presencia en lasTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 7 de 31

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instalaciones del centro de salud, según se desprende del objeto de los contratos.

Además que prestaba sus servicios como auxiliar de facturación en el mencionado ente conforme los turnos asignados y que se le controlaba el cumplimiento de estos, a través de la jefe inmediata, como lo señalaron los testigos, debiendo ceñirse a los turnos conforme le eran señalados u ordenados, y en caso de no poder asistir, debían cubrirse

el cumplimiento de estos, a través de la jefe inmediata, como lo señalaron los testigos, debiendo ceñirse a los turnos conforme le eran señalados u ordenados, y en caso de no poder asistir, debían cubrirse el turno con otro compañero, como igualmente lo depuso el testigo Wilton Carvajal Lugo, quien además sostuvo qu e también recibían órdenes del gerente, y que debían asistir a las capacitaciones impartidas por el ente hospitalario lo cual fue fijado como obligación de manera textual en algunos contratos, como se desprende del numeral 9 de la cláusula séptima del Contrato No. 376 de 2012, y del numeral 23 de la cláusula séptima del Contrato No. 023 de 20127.

Indicó que la ejecución del objeto contractual no se hizo de manera independiente y autónoma como corresponde a una relación de carácter contractual soportada en la autonomía de la voluntad, sino que se trató de una relación en la que la labor asignada se cumplió bajo los condicionamientos fijados por la misma entidad, de acuerdo con las necesidades del servicio, asimilando dicha rel ación a una de carácter laboral; por lo que le es aplicable la primacía de la realidad sobre las formalidades.

En relación con la prescripción de los derechos, se tiene que la accionante prestó sus servicios en la entidad demandada hasta el 31 de enero de 2020, lo que significa -que de acuerdo con las reglas fijadas en la sentencia de unificaciónque debía solicitar el reconocimiento de sus prestaciones dentro de los 3 años siguientes a la terminación del vínculo, como en efecto ocurrió, por cuanto la reclamación administrativa fue presentada el 15 de diciembre de 2021, es decir en

sus prestaciones dentro de los 3 años siguientes a la terminación del vínculo, como en efecto ocurrió, por cuanto la reclamación administrativa fue presentada el 15 de diciembre de 2021, es decir en el presente asunto no se materializó tal fenómeno prescriptivo.

Sobre las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, consideró que la E.S.E. deberá determinar mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por la contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión sólo en el porcentaje que les corresponde, esto por cuanto de acuerdo con la regla “i v” de la sentencia de unificación las reclamaciones de los aportes son imprescriptibles.

En lo referente a los aportes a pensión que reclama por el período del 1 de julio al 30 de septiembre de 2003, indicó que de acuerdo a la certificación allegada la en tidad demandada le corresponde pagar losTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 8 de 31

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aportes al fondo correspondiente por los meses de julio, agosto y septiembre de 2003. Asimismo, que no procede la devolución de lo pagado por aportes al sistema de seguridad social en salud, en virtud a la regla tercera de unificación del Consejo de Estado que indica.

Finalmente resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR no probada las excepciones de inexistencia sobre el

pagado por aportes al sistema de seguridad social en salud, en virtud a la regla tercera de unificación del Consejo de Estado que indica.

Finalmente resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR no probada las excepciones de inexistencia sobre el desconocimiento de primacía de la realidad sobre las formas; de los contratos de prestación de servicios en las entidades de orden estatal; del principio de buena fe contractual; de la prestación de un servicio en las instalaciones o con bienes de la entidad pública y un honorario previamente convenido; prestación de un servicio de forma continua e ininterrumpi da no genera una relación laboral; presunción de legalidad; cobro de lo no debido, formuladas por la ESE Hospital El Rosario de Campoalegre.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio adiado el 04 de enero del 202278 y de su complementación de fecha 17 de marzo79 emitidos por la ESE Hospital El Rosario de Campoalegre.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho:

a) DECLARAR la existencia de la relación laboral entre CARMEN LINA PERDOMO RAMÍREZ, identificada con C.C. No. 36.087.989 de Neiva y la ESE HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE, con ocasión de los contratos y órdenes de prestación de servicios suscritos entre el 7 de mayo de 2012 y el 31 de enero de 2020 para fungir como auxiliar de facturación en dicha institución.

b) CONDENAR a la ESE HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE, a liquidar y cancelar a favor de CARMEN LINA PERDOMO RAMÍREZ las sumas que por concepto de prestaciones sociales devengaran entre el 7 de mayo de

b) CONDENAR a la ESE HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE, a liquidar y cancelar a favor de CARMEN LINA PERDOMO RAMÍREZ las sumas que por concepto de prestaciones sociales devengaran entre el 7 de mayo de 2012 y el 31 de enero de 2020 los empleados públicos vinculados a dicha entidad mediante “relación legal y reglamentaria”; correspondientes a los periodos efectivamente laborados, en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral y tomando como base para la liquidación el valor pactado en los contratos, y el consecuente cómputo de ese tiempo para efectos pensionales, para lo cual la entidad hará las correspondientes cotizaciones. De la suma a pagar la entidad deberá realizar los correspondientes descuentos de ley que correspondan a la demandante.

Para lo anterior, la accionante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora.

CUARTO: CONDENAR a la ESE HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE, a liquidar y cancelar a favor de CARMEN LINA PERDOMO RAMÍREZ las sumas que por concepto de aportes para pensión le corresponden como empleador, por los meses de julio, agosto y septiembre de 2003, depositando dichas sumas en el fondo de pensiones de la accionante, quien deberá asumir el porcentaje de lo que le corresponde.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda”.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 9 de 31

quien deberá asumir el porcentaje de lo que le corresponde.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda”.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 9 de 31

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Demandante: Carmen Lina Perdomo Ramírez Demandado: ESE Hospital del Rosario de Campoalegre Radicación: 41001333300320220029001

5. RECURSO DE APELACIÓN

5.1 Parte Demandante4

El apoderado de la parte demandada manifestando que el reconocimiento de la relación laboral realizado por el Juez Tercero Administrativo de Oralidad de Neiva constituye una decisión acertada, en tanto reconoce la verdadera naturaleza de la relación sostenida entre las partes; sin embargo consideró que no garantizó un restablecimiento integral de los derechos laborales, generando un trato desigual frente a la justicia ordinaria laboral, lo cual vulnera principios constitucionales de igualdad y equidad.

Afirmó que, si bien no se solicita que se les reconozca el carácter de empleados públicos, si debe ser reconocida la integridad de los derechos de los trabajadores regidos por el Código Sustantivo del Trabajo

La diferencia en el tratamiento de los restablecimientos y sanciones dependiendo si el empleador es particular o público, no tiene un fundamento justo, y no es acorde con el mandato constitucional y tampoco con los convenios i nternacionales de protección al trabajo aprobados por Colombia.

Diferenciación que hace que no se le reconozca la sanción moratoria por el no pago de las cesantías, la indemnización por el no pago de las

tampoco con los convenios i nternacionales de protección al trabajo aprobados por Colombia.

Diferenciación que hace que no se le reconozca la sanción moratoria por el no pago de las cesantías, la indemnización por el no pago de las prestaciones sociales o la devolución de los dineros pagados por concepto de retención de impuesto de industria y comercio y estampillas pro cultura y pro deporte, estos últimos que fueron cancelados para contribuir con la apariencia, con el encubrimiento.

Advirtió que el restablecimiento solicitado, debe incluir que se manifieste de manera clara, que, ante la acreditación de las cotizaciones a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, por parte de la señora Carmen Lina Perdomo Ramírez, la E.S.E., reintegre a la demandante el porcentaje que le incumbía como empleadora.

Reiteró que los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales nunca se han perjudicado porque la señora Carmen Lina Perdomo Ramírez, cotizaba sobre el salario mínimo y asumía la integralidad del pago por este concepto, por ello, no se está frente a una evasión al sistema o del derecho a la seguridad social en materia pensional, sino ante un pago, que si el encubrimiento no se hubiera presentado hubiera asumido el empleador, es decir la E.S.E, adicional

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al pago de la ARL, que de conformidad con la normatividad es asumido en su integralidad por el empleador.

Afirmó que demostró las condiciones de trabajo de la señora Carmen Lina Perdomo Ramírez, y que ella laboraba semanalmente 56 horas, sin vacaciones, tra bajaba sin fines de semana de descanso, es por estas condiciones de trabajo, que no debe haber un trato discriminatorio, según se trate de si el empleador el privado o público

Por lo expuesto solicitó se modifique la sentencia y se accedan a la totalidad de las pretensiones de la demanda, en un reconocimiento a lo que significa el trabajo digno y decente.

5.2 Parte Demandada5.

Argumentó, que se desconoció la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado Rad.: 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719), la cual estableció las facultades que tiene las entidades estatales para suscribir contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, dada la precariedad de la planta de personal de cada entidad para cumplir sus fines institucionales

Afirmó que en el presente caso se dieron las condiciones exigidas para hacer uso de las facultades de suscribir contratos de prestación de servicios.

Frente a la inexistencia de subordinación señaló que se desconoció que en el presente caso el contrati sta cumplió e l objeto contractual dentro de las instalaciones de la entidad, con los bienes de misma, y que

servicios.

Frente a la inexistencia de subordinación señaló que se desconoció que en el presente caso el contrati sta cumplió e l objeto contractual dentro de las instalaciones de la entidad, con los bienes de misma, y que previamente pactó un turno y horario, es decir que nunca hubo subordinación, elemento fundamental de una relación laboral.

Finalmente consideró que, en el an