TA HUI - Sentencia 41001-33-33-003-2023-00038-02 (18-11-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I Ó N No. 5

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: EDWIN SAMUEL RAMÍREZ LOSADA DEMANDADO: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (H) EXPEDIENTE: 41001-33-33-003-2023-00038-02

SENTENCIA: No. TAH005-25-11-243

TEMA: PRIMA DE SERVICIOS

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto p or la parte demandante contra la sentencia proferida el 9 de mayo de 2025 por el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva; mediante la cual, negó las súplicas de la demanda.

Lo anterior, en ejercicio de la facultad conferida a esta Jurisdicción por el artículo 18 de la Ley 446 de 19981, en concordancia con la Ley 270 de 19962 –modificado por el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024 –, y en atención a la naturaleza social del asunto objeto de litigio.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda. 3

El señor Edwin Samuel Ramírez Losada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso demanda contra municipio de Campoalegre (H) , conforme a las pretensiones y hechos que se señalan a continuación:

El señor Edwin Samuel Ramírez Losada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso demanda contra municipio de Campoalegre (H) , conforme a las pretensiones y hechos que se señalan a continuación:

1 “Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo or den en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia an ticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su impor tancia jurídica y trascendencia social. (…)” 2 “[…] Sin sujeción al orden cronológico de turnos, las salas de la Corte Suprema de Justicia, las salas, secciones o subsecciones del Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, los Tribunales Superiores de Distritos Judiciales deberán tramitar y fal lar preferentemente los procesos en los siguie ntes casos: […] Los mismos despachos previstos en el inciso segundo del presente artículo podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de las decisiones de fondo. Para tal efecto, fijará perió dicamente los temas de agrupación de los procesos y señalará, mediante aviso, las fechas en las que se asumirá el respectivo estudio. Así mismo, deberá dar prelación a aquellos procesos en que debe dar aplicación al precedente vinculante” 3 Índice 1 y 8, SAMAI2

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

prelación a aquellos procesos en que debe dar aplicación al precedente vinculante” 3 Índice 1 y 8, SAMAI2 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 41001-33-33-003-2023-00038-02 Edwin Samuel Ramírez Losada Vs Municipio de Campoalegre (H). 1.1. Pretensiones.

Procura que se declare la nulidad del oficio de fecha 18 de agosto de 2022, por el cual se deniega “el pago del saldo pendiente de prima de servicios vigencias 2021 y 2022”.

A título de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene el reconocimiento y pago del saldo adeudado de la prima de servicios de las vigencias 2021 ($1.464.036) y 2022 ($1.501.742), equivalente a 15 días de salario por cada anualidad, junto con los intereses moratorios causados y se condene en costas a la demandada.

1.2. Hechos

Sostuvo que, el 30 de junio de 2020 se posesionó como inspector de policía del municipio de Campoalegre (H), “3ª a 6ª categoría”, nivel técnico, código 303, grado 14, cargo para el cual fue nombrado mediante la Resolución No. 080 del 10 de marzo de 2020.

Refiere que, a los empleado s del municipio de Campoalegre (H) se les viene reconociendo la prima de servicios equivalente a 30 días de servicios, en virtud del Acuerdo 028 de 2018, incluyendo los que tomaron posesión en enero de 2019, como ocurre con la comisaria de familia y jefe d e justicia, Yenizar del Carmen Bueno Salom.

del Acuerdo 028 de 2018, incluyendo los que tomaron posesión en enero de 2019, como ocurre con la comisaria de familia y jefe d e justicia, Yenizar del Carmen Bueno Salom.

Advierte que, en la negociación colectiva del 6 de mayo de 2021, el municipio de Campoalegre (H) y el sindicato SINTRAMUCAH acordaron el pago de la prima de servicios en un 100% (30 días de salario) para todos l os servidores de la administración.

El 10 de junio de 2021, el municipio canceló a algunos empleados la prima de servicios equivalente a 30 días de salario, salvo al demandante a quien reconoció por dicho emolumento 15 días de salario, quedando un saldo de $1.464.036 que a la fecha de la demanda no ha sido cancelado.

El 27 de agosto de 2021, el municipio en cumplimiento de las negociaciones antes aludidas, emitió la Resolución No. 480, “por la cual se fijan las condiciones para los empleados públicos de la alcaldía municipal de Campoalegre mediante acuerdo colectivo del 6 de mayo de 2021”.3 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 41001-33-33-003-2023-00038-02 Edwin Samuel Ramírez Losada Vs Municipio de Campoalegre (H). En junio de 2022, la administración municipal canceló a sus empleados la suma de 30 días de salario por concepto de prima de servicios, sin que al señor Ramírez hubiera pagado el 100% de dicha prestación, pues solo le reconoció 15 días de salario, quedando pendiente un saldo de $1.501.742.

de 30 días de salario por concepto de prima de servicios, sin que al señor Ramírez hubiera pagado el 100% de dicha prestación, pues solo le reconoció 15 días de salario, quedando pendiente un saldo de $1.501.742.

El 8 de julio de 2022, solicitó el pago de los saldos pendientes por concepto de prima de servicio de los años 2021 y 2022, lo c ual fue denegado mediante oficio del 18 de agosto de 2022 que fue notificado el 19 de agosto siguiente, sin proceder recurso alguno en contra de dicha decisión.

El 31 de agosto de 2022, el sindicato SINTRAMUCAH en reunión de seguimiento a los acuerdos sindicales, dejó constancia del incumplimiento de lo pactado.

1.3. Normas violadas y Concepto de violación

Constitución Política: artículos 13 y 25.

Ley 1437 de 2011: artículo 138. Decreto 1042 de 1978: artículo 42.

Arguye que, el acto acusado desconoció las normas en que debía fundarse, pues al denegar al demandante el reconocimiento y pago de la totalidad de la prima de servicios de las vigencias 2021 y 2022, transgredió el principio de la igualdad y estableció una diferenciación que “ carece de valides (Sic), pues no se trata de empleados públicos pertenecientes a entidades públicas diferentes, sino a una misma entidad pública de carácter territorial, estableciéndose como único criterio diferenciador al parecer, la fecha de ingreso a la misma, establecien do entonces una discriminación, sobre los factores salariales, que no están contemplados en ninguna norma.”

misma entidad pública de carácter territorial, estableciéndose como único criterio diferenciador al parecer, la fecha de ingreso a la misma, establecien do entonces una discriminación, sobre los factores salariales, que no están contemplados en ninguna norma.”

Agrega que, no es aceptable el trato diferencial en el pago de la prima de servicios, pues “las prestaciones sociales no emergen por criterios part iculares y concretos, sino por aspectos generales en relación con todos los trabajadores o un grupo considerable de ellos”.

2. Contestación de la demanda.4

La mandataria judicial se opone a las pretensiones de la demanda y frente a los hechos, refiere que r esultan ciertos los relacionados con la vinculación del demandante a la entidad, las negociaciones entre el ente territorial y el

4 Índice 19, SAMAI4 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 41001-33-33-003-2023-00038-02 Edwin Samuel Ramírez Losada Vs Municipio de Campoalegre (H). sindicato, la expedición del acto acusado y el monto en que le fue reconocida la prima de servicios al actor, advirtiendo que no es cierto que se adeuden sumas por dicha prestación al demandante, pues el Acuerdo 0 28 de 2018 previó que, los funcionarios vinculados con posterioridad al año 2018 se les reconocerá la prima de servicios equivalente en 15 días de salario (como le fue r econocida al demandante).

Adiciona que, no es cierto que en el acuerdo sindical del 6 de mayo de 2021 se hubiera estipulado que la prima de servicios correspondía a 30 días de salario y

demandante).

Adiciona que, no es cierto que en el acuerdo sindical del 6 de mayo de 2021 se hubiera estipulado que la prima de servicios correspondía a 30 días de salario y que de todas maneras, la entrada en vigencia de la negociación colectiva quedó sujeta a que el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva , dentro del medio de control de nulidad con radicado 41001333300920200015300 , promovido en contra de los artículos 17 y 18 del Acuerdo 017 de 2016, 16 y 17 del Acuerdo 028 de 2018, resolvie ra las medidas cautelares solicitadas, lo cual no ha ocurrido.

Propuso las siguientes excepciones:

• Ineptitud de la demanda por falta de exposición de las normas violadas y concepto de su violación: en la demanda no se invocó causal de nulidad alguna en contra del acto acusado, por lo que no se invocó fundamento f áctico ni jurídico para realizar el control de legalidad promovido y ello impide el ejercicio del derecho de defensa por parte de la entidad.

• Indebida escogencia del medio de control: aduce que , al no invocarse causal alguna de nulidad dejó de atacarse la validez de la decisión adoptada, razón por la no debió acudirse a la nulidad y restablecimiento del derecho, trayendo procedente referente a la procedencia de la reparación directa frente a perjuicios causados por un acto administrativo.

• Cumplimiento de la jerarquía normativa de la ley frente a los acuerdos: a los empleados territoriales se les aplica el Decreto 1042 de 1978, el cual prevé la prima de servicios equivalente a 15 días de salario, lo cual fue adoptado en el

• Cumplimiento de la jerarquía normativa de la ley frente a los acuerdos: a los empleados territoriales se les aplica el Decreto 1042 de 1978, el cual prevé la prima de servicios equivalente a 15 días de salario, lo cual fue adoptado en el Acuerdo 028 de 2018 y por ello, los empleados vinculados con posterioridad al año 2018 se les paga dicho emolumento en la cuantía indicada (como ocurre con el demandante) y a los vinculados con anterioridad, le será apli cable la prima que venían percibiendo cualquiera sea su denominación.

Lo anterior permite concluir que, por un lado, al momento de expedición de la Resolución 480 del 27 de agosto de 2021 (Adopción del Acuerdo) ya se había5 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 41001-33-33-003-2023-00038-02 Edwin Samuel Ramírez Losada Vs Municipio de Campoalegre (H). realizado el pago de la prima d e servicios de la vigencia 2021 en aplicación al marco normativo antes expuesto y, por otro lado, los efectos del acuerdo sindical serían exigibles con posterioridad al 27 de agosto de 2021, esto es, para la vigencia 2022 y en ningún caso para la vigencia 2021, pues no se fijaron efectos retroactivos sobre este ítem.

Insiste en que, sobre la liquidación y pago de 30 días de salario por concepto de prima de servicios a los funcionarios del municipio de Campoalegre, cursa medio de control de nulidad que no ha sido resuelto por la jurisdicción administrativa.

• Cobro de lo no debido: al demandante no le asiste derecho la prima de

prima de servicios a los funcionarios del municipio de Campoalegre, cursa medio de control de nulidad que no ha sido resuelto por la jurisdicción administrativa.

• Cobro de lo no debido: al demandante no le asiste derecho la prima de servicios en la cuantía en que lo solicita, por lo que realiza un cobro indebido.

• Buena fe de la administración municipal de C ampoalegre: el ente territorial actuó en forma honesta y con el fin de mantener el orden justo.

• Genérica: la que encuentre probada el fallador.

3. La sentencia apelada.5

El 9 de mayo de 2025 , el a quo declaró probadas las excepciones denominadas cumplimiento de la jerarquía normativa de la ley, cobro de lo no debido y buena fe de la administración de Campoalegre (resolutivo 1º), consecuentemente negó las pretensiones de la demanda (resolutivo 2º) , sin condenar en costas (resolutivo 3º).

Para adoptar l a anterior decisión , trajo el marco normativo y jurisprudencial referente a la competencia para fijar el régimen salarial de los empleados territoriales, la prima de servicios y los acuerdos sindicales, evidenciando en el caso en concreto que desde el acto legislativo 01 de 1968 , la facultad para fijar escalaras salariales no puede conferirse a las corporaciones edilicias y que el artículo 16 del Acuerdo municipal No. 028 del 10 de diciembre de 2018, dispuso que la prima de servicios se reconocía conforme a l Decreto 1042 de 1978, esto es, equivalente a 15 días de salario.

Señaló que, si bien se acreditó que a la señora Yenizer del Carmen Bueno Salom

que la prima de servicios se reconocía conforme a l Decreto 1042 de 1978, esto es, equivalente a 15 días de salario.

Señaló que, si bien se acreditó que a la señora Yenizer del Carmen Bueno Salom le fue reconocida la prima de servicios en un monto correspondiente a 30 días de salario, conforme a los preceptos normativos y jurisprudenciales que rigen la materia, “es claro que dicha actuación administrativa estuvo viciada”, resaltando que, no se puede en aplicación del principio de la igualdad, desconocer otros

5 Índice 53 SAMAI6 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 41001-33-33-003-2023-00038-02 Edwin Samuel Ramírez Losada Vs Municipio de Campoalegre (H). principios como la legalidad del cual se encue ntra revestido el acto acusado y por ello, las pretensiones no están llamadas a prosperar.

4. La apelación.6

La parte demandante apeló y sustentó el recurso, solicitando que se revoque el fallo y se acceda a las pretensiones de la demanda , agregando que “se paguen los saldos que se hayan constituido por concepto de primas de servicio del mes de junio, durante el trámite procesal, es decir año 2023 , 2024 y los años que se causen”, para ello luego de efectuar un recuento de los medios de convicción obrantes en el plenario, señaló que el a quo incurrió en “error de hecho en la valoración probatoria”, pues se centró en los acuerdos sindicales y la Resolución No. 480 de 2021 que consideró opuestas a la ley, restando importancia a la

valoración probatoria”, pues se centró en los acuerdos sindicales y la Resolución No. 480 de 2021 que consideró opuestas a la ley, restando importancia a la vigencia del Acuerdo 028 de 2018 y lo que “declaró Yenizer del Carmen Bueno Salom”, con lo cual se pone en evidencia la discriminación existente respecto de algunos empleados del municipio de Campoalegre.

Arguye que, si bien en materia prestacional los concejos no cuentan con competencia alguna, en el presente asunto el Acuerdo 028 de 2018 mantiene su presunción de legalidad y se debe aplicar en igualdad de condiciones para todos los empleados vinculados con posterioridad al mismo 7, reconociéndose a su favor 30 días de salario por concepto de prima de servicios y por ello , el acto acusado desconoce las normas en que debía fundarse y adolece de falsa motivación.

Advierte que, también yerra el juez de primera instancia al considerar contrario a la Constitución “el acuerdo sindical elevado a resolución por parte de la administración Municipal pues el mismo se da en virtud de negociación para dar aplicación al acuerdo 028 de 2018, razón por la cual el mismo cuenta con presunción de legalidad y hasta que la jurisdicción contencioso-administrativa no declare, la nulidad del acuerdo este continua vigente ”, por lo que no es dable concluir que, el reconocimiento de la prima de servicios efectuado a Yenizer del Carmen Bueno Salom estuvo viciado

5. Trámite de segunda instancia.

El 23 de oct ubre de 2025 se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante8 y el 30 de octubre siguiente, el Secretario de esta

6 Índice 55 SAMAI

5. Trámite de segunda instancia.

El 23 de oct ubre de 2025 se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante8 y el 30 de octubre siguiente, el Secretario de esta

6 Índice 55 SAMAI 7 Con apoyo en la sentencia del Consejo de Estado del del 15 de diciembre de 2011 dentro del Rad. N° 68001 -23-15-0002001-02652-02 (1076-11) 8 Índice 5, expediente SAMAI.7 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 41001-33-33-003-2023-00038-02 Edwin Samuel Ramírez Losada Vs Municipio de Campoalegre (H). Corporación ingresó el expediente al despacho para proferir decisión de segundo grado9.

5.1. Alegatos de conclusión.

Ninguna de las partes se pronunció con relación al recurso de apelación; y el Ministerio Público, no emitió concepto10.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad a las facultades otorgadas por el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para conocer del presente asunto. Ahora, en virtud del artículo 328 del CGP (aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA), la Sala abordará exclusivamente los argumentos formulados por la parte demandante en el escrito de alzada.

2. Cuestión preliminares:

2.1. Caducidad del medio de control.

La demanda fue instaurada dentro de los 4 meses que exige el literal d), numeral 2º del artículo 164 del CPACA, en la medida que entre el 19 de agosto de 2022

2.1. Caducidad del medio de control.

La demanda fue instaurada dentro de los 4 meses que exige el literal d), numeral 2º del artículo 164 del CPACA, en la medida que entre el 19 de agosto de 2022 (fecha en que se notificó el ofi cio del 18 de agosto de 2022 11) y el 1º de febrero de 2023 (fecha en que se instauró la demanda 12) transcurrieron 5 meses y 1 2 días, que se convierten finalmente en 3 meses y 2 8 días luego de descontarle al primero, el lapso durante el cual se surtió el trám ite prejudicial ( 1 mes y 14 días13).

2.2. Variación de las pretensiones en el recurso de apelación de la parte actora.

La parte actora en el recurso de apelación, persigue el reconocimiento y pago del saldo adeudado por concepto de prima de servicios de las vigencias 2021, 2022, 2023, 2024 y “los años que se causen”.

Como primera medida, advierte el Tribunal que se produjo la variación de las pretensiones al perseguirse en esta instancia el pago del saldo adeudado por

9 Índice 10, expediente SAMAI. 10 Id 11 F 27 índice 3 SAMAI 12 F 1 documento 1_ED_DEMANDA(.pdf) índice 3 SAMAI 13 F 42 Id8 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 41001-33-33-003-2023-00038-02 Edwin Samuel Ramírez Losada Vs Municipio de Campoalegre (H). prima de servicio para loa años 2023 y 2024 y “los años que se causen” , sin que

Edwin Samuel Ramírez Losada Vs Municipio de Campoalegre (H). prima de servicio para loa años 2023 y 2024 y “los años que se causen” , sin que resulte admisible para la Corporación, proceder al análisis de dicha pretensión, por las siguientes razones:

De un lado, el procedimiento ordinario contencioso administrativo está gobernado por los principios co nstitucionales y del derecho procesal (artículo 103 del CPACA), siendo uno de estos últimos el de preclusión, sobre el cual se establecen las diversas etapas que han de cumplirse en los diferentes procesos, así como la oportunidad en que cada una de ellas debe llevarse a cabo, trascurrida la cual no pueden retrotraerse14. En ese sentido, la preclusión se basa en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal.

En ilación de lo anterior, se tiene que el artículo 173 del CPACA estableció que la parte actora puede modificar, adicionar o aclarar la demanda hasta el vencimiento de los 10 días siguientes al traslado de la demanda, por una sola vez y que su reforma podrá referirse a las partes, pretensiones, hechos o pruebas, sin que pueda sustituir la t otalidad de personas demandantes o demandadas ni todas las pretensiones de la demanda y dicha oportunidad discurrió sin que se hiciera uso de la misma por la parte actora, tal como lo indica la constancia secretarial del 12 de mayo de 2023 de vencimiento en silencio del término antes señalado15.

Así pues, no le está permitido a las partes utilizar el recurso de apelación como plataforma para incoar nuevas pretensiones o exponer argumentos diferentes a los consignados en la demanda, pues la finalidad de dich a actuación no es otra

Así pues, no le está permitido a las partes utilizar el recurso de apelación como plataforma para incoar nuevas pretensiones o exponer argumentos diferentes a los consignados en la demanda, pues la finalidad de dich a actuación no es otra que la indicada en el artículo 320 del CGP, esto es, verificar los reparos que tiene contra la sentencia de primera instancia y constituye así el marco dentro del cual el juez de segunda instancia debe pronunciarse16.

En segundo térm ino, desconoce los principios y derechos fundamentales del debido proceso y defensa de la parte demandada, lo que automáticamente genera un desequilibrio procesal y ello cercena la posibilidad de defensa de la parte pasiva, como quiera que l a demanda que l a parte actora radicó, pretende el pago de los saldos adeudados por prima de servicios de los años 2021 y 2022 , luego, contraría los anteriores principios, extender tal pretensión a los saldos adeudados de los años 2023, 2024 y siguientes, lo cual no fue p lanteado en la

14 Corte Constitucional, Auto 232/01. 15 Índice 44 SAMAI 16 Consejo de Estado Sección Cuarta, sentencia de mayo 17 de 2018, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, Rad. 25000 -23-24000-2010-00642-02(20718)9 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 41001-33-33-003-2023-00038-02 Edwin Samuel Ramírez Losada Vs Municipio de Campoalegre (H). reclamación administrativa ni en la conciliación extrajudicial celebrada para promover el presente medio de control17.

Edwin Samuel Ramírez Losada Vs Municipio de Campoalegre (H). reclamación administrativa ni en la conciliación extrajudicial celebrada para promover el presente medio de control17.

En esa medida, el Tribunal no abordará el análisis del pago de lo adeudado por prima de servicios para los años 2023, 2024 y siguientes, concentrándose en los años 2021 y 2022.

3. Problema Jurídico.

El problema jurídico se contrae en determinar, si el demandante es acreedor del reconocimiento y pago de 30 días de salario por concepto de prima de servicios de los años 2021 y 2022, en los cuales se desempeñó como Inspector de Policía, categoría 3ª a 6ª , código 303, grado 1 4, nivel técnico, del municipio de Campoalegre (H).

4. De la competencia para establecer el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos territoriales.

El artículo 150 - 19 de la Constitución Política, estableció que corresponde al Congreso dictar las normas que contengan los criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para de definir el régimen prestacional de los empleados públicos, obsérvese:

"ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (...)

19. Dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

(...)

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos , de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.

f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

(...)

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos , de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.

f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. Estas funcio nes en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en la Corporaciones públicas territoriales, y éstas no podrán arrogárselas.”

Por su parte, el artículo 313 -6 Constitucional estableció, entre otras funciones de los concejos, determinar la remuneración de los distintos empleos:

“6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías

17 F 27 y 41 documento 1_ED_DEMANDA(.pdf), índice 3 SAMAI10 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 41001-33-33-003-2023-00038-02 Edwin Samuel Ramírez Losada Vs Municipio de Campoalegre (H). de empleos ; crear, a iniciativa del alcalde, estab lecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.”

Así mismo, el numeral 7° del artículo 315 de la Constitución Política establece dentro de las funciones de los alcaldes la de crear, s uprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes enfatizando en la prohibición de crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.

emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes enfatizando en la prohibición de crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.

A su vez, la Ley 4ª de 1992 señaló los principios a los que debe someterse el gobierno al fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo no solo a los servidores del orden nac ional sino a los territoriales, previendo en su artículo 10 que todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo la ley y los decretos del Gobierno Nacional, “carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos”, disponiendo adicionalmente en su artículo 12 lo siguiente:

“ARTÍCULO 12.- El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional , con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad.

PARÁGRAFO. - El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional.”

La anterior di sposición fue declarada condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C -315 de 1995, en el sentido de considerar que, de acuerdo con la competencia compartida entre autoridades nacionales y locales, el ejecutivo solo puede estab lecer los límites máximos salariales a que estarían sujetos los empleados públicos territoriales, obsérvese:

"Desde luego, la competencia del Congreso y la correlativa del Gobierno, no puede en modo alguno suprimir o viciar las facultades específicas que la Constitución ha

estarían sujetos los empleados públicos territoriales, obsérvese:

"Desde luego, la competencia del Congreso y la correlativa del Gobierno, no puede en modo alguno suprimir o viciar las facultades específicas que la Constitución ha concedido a las autoridades locales y que se recogen en las normas citadas. La determinación de un límite máximo salarial, de suyo general, si bien incide en el ejercicio de las facultades de las autoridades territoriales, no las cercena ni las torna inocuas. Ni el Congreso ni el Gobierno sustituyen a las autoridades territoriales en su tarea de establecer las correspondientes escalas salariales y concretar los emolumentos de sus empleados. Dentro del límite máximo, las autoridades locale s ejercen libremente sus competencias." (Subrayado del Tribunal)11 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 41001-33-33-003-2023-00038-02 Edwin Samuel Ramírez Losada Vs Municipio de Campoalegre (H). Adicionalmente, estableció la Corte Constitucional en la sentencia C -402 de 2013, que la determinación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos territoriales, responde a una “fórmula de amortización entre el principio de Estado unitario y el grado de autonomía que la Constitución Política reconoce a las entidades locales”, en virtud de lo cual el Gobierno Nacional fija los criterios generales a los cuales se someten las autoridades territoriales para la determinación de los salarios de sus empleados:

“13. Como se explicó en el fundamento jurídico 4.1., el primer problema jurídico que debe resolverse por parte de la Corte consiste en determinar si del literal e) del artíc ulo

determinación de los salarios de sus empleados:

“13. Como se explicó en el fundamento jurídico 4.1., el primer problema jurídico que debe resolverse por parte de la Corte consiste en determinar si del literal e) del artíc ulo 150-19 C.P. se deriva un mandato superior consistente en que el régimen salarial de los servidores públicos, tanto del orden nacional como territorial, debe ser adoptado en su integridad por el Gobierno, sin que ninguna otra autoridad pueda abrogarse e sa facultad.

Para la Corte, el precedente analizado demuestra que esta conclusión se basa en una lectura apenas gramatical de la norma constitucional, desarticulada de otros preceptos cuya interpretación sistemática fundamenta la fórmula de armonización entre el Estado unitario y el grado de autonomía de las entidades territoriales, aplicable a la determinación del régimen salarial de los servidores adscritos a dichos entes locales.

En efecto, se ha explicado en esta sentencia que la determinación del régimen salarial de los servidores públicos del orden territorial responde a una fórmula de armonizació