TA HUI - Sentencia 41001-33-33-007-2025-00241-01 (29-10-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M. P.: Dr. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE SALVADOR DUSSAN MEDINA

ACCIONADAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Y

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

DECISIÓN SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN 41001333300720250024101

APROBADO EN SALA ACTA DE LA FECHA

ASUNTO

Procede la Sala a resolver la impugnación instaurada por la accionante contra de la sentencia del 22 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, mediante el cual decidió no tutelar los derechos fundamentales invocados.

ANTECEDENTES

1. LA ACCIÓN1

Salvador Dussán Medina, por medio de apoderado , presentó acción de tutela en contra del Banco Agrario de Colombia S.A. y la aseguradora Positiva Compañía de Seguros S.A., por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la “vida en condiciones dignas, mínimo vital, movilidad, dignidad humana, salud y debido proceso”; en la que solicita que se ordene al Banco Agrario, como tomador del “Seguro de Vida – Deudores”, realizar la gestión necesaria para hacer efectiva la póliza de seguro de vida adquirida para garantizar una obligación hipotecaria con esa entidad bancaria.

Banco Agrario, como tomador del “Seguro de Vida – Deudores”, realizar la gestión necesaria para hacer efectiva la póliza de seguro de vida adquirida para garantizar una obligación hipotecaria con esa entidad bancaria.

1 Índice 003 documento 3 expediente de primera instancia – Samai. Documento No 3. DemandaTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2

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Lo anterior lo sustenta en los siguientes hechos:

 Que actualmente tiene 79 años2, vive en la vereda Peñas Blancas, zona rural de la ciudad de Neiva y que es propietario del predio denominado Lote No . 5. con folio de matr ícula No 200-177060, sobre el cual constituyó hipoteca abierta sin límite de cuantía a favor del Banco Agrario de Colombia S.A. como respaldo de las obligaciones No s. 725039050239753, por valor de $85.714.280 y 725039050287702, por valor de $100.000.000; siendo desembolsadas dichas sumas de dinero el 31 de marzo de 2015 y 10 de agosto de 2016, respectivamente, los cuales fueron garantizados con un seguro de vida -DEUDORES BANCASEGUROSy en que se pactó que pagaría en un periodo de 8 y 6 años, en igual número de cuotas semestrales.

 Resalta que, dentro de los trámites para la aprobación y toma de los

BANCASEGUROSy en que se pactó que pagaría en un periodo de 8 y 6 años, en igual número de cuotas semestrales.

 Resalta que, dentro de los trámites para la aprobación y toma de los créditos, diligenció el formulario “seguro de vida deudores” y que en este se le hicieron preguntas genéricas y preestablecidas, sin indagar de fondo la edad que tenía para la fecha, ni su estado de salud ni demás datos en particular.

 Que pagó cumplidamente las cuotas correspondientes a la obligación 725039050239753 el 30 de septiembre de 2015, 31 de marzo de 2016, 30 de septiembre de 2016 y 31 de marzo de 2017 y las de la obligación 725039050287702 por valor de $100.000.000, el 10 de febrero de 2017 y 10 de agosto de 2017.

 Que, al momento de l desembolso de la obligación No . 725039050239753 tenía 68 años y 10 meses, y de la No . 725039050287702, 69 años y 3 meses de edad.

 Que, en los años 2018 y 2019 como consecuencia de múltiples quebrantos de salud, le fue imposible cumplir con el pago de sus obligaciones, lo que desencadenó en el incumplimiento de las mismas, trayendo consigo la constitución en mora y el inicio de proceso ejecutivo hipotecario en su contra, el cual se adelanta en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva con número de radicado No. 2019 -00038-00, librándose mandamiento ejecutivo de pago a favor del Banco Agrario de Colombia S.A. y cuenta con sentencia, liquidación de l crédito, se

del Circuito de Neiva con número de radicado No. 2019 -00038-00, librándose mandamiento ejecutivo de pago a favor del Banco Agrario de Colombia S.A. y cuenta con sentencia, liquidación de l crédito, se embargó y secuestró el inmueble y por ello, afirma, que se halla en inminente riesgo de perderlo.

2 Según cédula de ciudadanía nació el 22 de mayo de 1946. Ver pág. 3 Documentos anexos con la demanda.

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 Que el 24 de junio de 2024 el Ministerio de Salud y Protección Social lo certificó una deficiencia para laborar de más del 70% , el cual es suficiente para solicitar hacer efectiva la póliza de seguro de vida, lo cual solicitó al Banco Agrario el 12 de agosto de 2024, basado en sus actuales condiciones de salud.

 El 5 de septiembre de 2024 el Banco le responde que debe allegar la historia clínica completa de los años 2019 a 2024 y el concepto médico emitido por especialista tratante, donde informe pron óstico y estado actual de salud. De igual forma se le indicó que hasta que la compañía de seguros no se pronuncie de manera favorable con el pago de los créditos, no es posible expedir los respectivos paz y salvos.

actual de salud. De igual forma se le indicó que hasta que la compañía de seguros no se pronuncie de manera favorable con el pago de los créditos, no es posible expedir los respectivos paz y salvos.

 Que el 12 de diciembre de 2024 la Compañía de Seguros Positiva S.A. responde la petición de afectación de póliza, indicando qu e decidió objetar la reclamación absteniéndose de reconocer cualquier valor a título de indemnización , comoquiera que a esa fecha tenía más de 78 años, lo cual considera totalmente violatorio de sus derechos fundamentales, tal como lo refieren las sentencias de tutela de la Corte Constitucional que protegen a los deudores frente a las prácticas abusivas de las aseguradoras en los seguros de vida deudores por violación al principio de buena fe contractual y un abuso.

 Finalmente, que el 5 de septiembre de 2025 el Banco Agrario de Colombia allega la respuesta a la petición del 17 de agosto de 2025, por medio del oficio No. 2025008728, en la cual le indican que e se Banco ha cumplido con su deber de trasladar el requerimiento a la aseguradora, y que conforme a lo ya indicado , negó la afectación de la póliza “ vida deudores”, por lo cual lo instan a que se acerque a las instalaciones del Banco para que le brinden indicaciones de la actualidad de sus obligaciones.

2. CONTESTACIÓN DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS

2.1 Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva3

3 Índice 06 del Expediente electrónico de primera instancia - Samai. Link Expediente Hipotecario Rad. 2019

2.1 Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva3

3 Índice 06 del Expediente electrónico de primera instancia - Samai. Link Expediente Hipotecario Rad. 2019 00038 00TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4

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EL pasado 17 de septiembre de 2025 allega link del proceso ejecutivo hipotecario propuesto por Banco Agrario de Colombia S.A. contra Salvador Dussán Medina, con número de radicado 41001310300220190003800.

2.2. Positiva Compañía de Seguros S.A.4

Se opuso a las pretensiones de la acción, argumentando que no ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante , pues su actuación se enmarca en los términos y condiciones del contrato de seguro vigente. Señaló que el Banco Agrario, como tomador de la póliza de vida grupo deudores No. 3400004718, presentó reclamación para hacer efectiva la cobertura por incapacidad total y permanente derivada del estado de salud del accionante , pero que, tras el análisis técnico realizado po r sus profesionales, se concluyó que el asegurado supera la edad máxima de permanencia establecida para dicha cobertura, la cual es de 75 años y 364 días.

Indicó que objetó la reclamación el 12 de diciembre de 2024 , mediante comunicación SAL -2024-01-0051137, decisión debidamente notificada al

cobertura, la cual es de 75 años y 364 días.

Indicó que objetó la reclamación el 12 de diciembre de 2024 , mediante comunicación SAL -2024-01-0051137, decisión debidamente notificada al Banco Agrario y precisa que la negativa no obedece a una conducta arbitraria, sino al cumplimiento estricto del condicionado contractual que fija límites de edad como requisito esencial de cobertura. En consecuencia, sostuvo que no existe vulneración de derechos fundamentales y que, conforme a la jurisprudencia constitucional, particularmente la Sentencia T -341 de 2005, la ausencia de una afectación real o amenaza concreta de tal es derechos conduce a la improcedencia del amparo por configurarse una carencia actual de objeto.

2.3. Banco Agrario de Colombia S.A.

Se opone a las pretensiones, comoquiera que ha cumplido con todas las actuaciones pertinentes respecto de la póliza de seguro del señor Salvador Dussán Medina. Que en cada oportunidad ha informado al accionante que la póliza fue activada, pero la reclamación fue objetada por Positiva Compañía de Seguros S.A., decisión que fue posteriormente confirmada tras la solicitud de reconsideración elevada por el propio Banco. Precisó que, ante la nueva solicitud del señor Dussán en esta acción de tutela, el Banco remitió nuevamente a la aseguradora el auto admisorio y el escrito de tutela, solicitando la reconsideración de la objeci ón y el reconocimiento del pago de las obligaciones, demostrando así su diligencia en la gestión.

4 Índice 007 expediente de primera instancia – Samai. Documento 09. Contestación PositivaTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5

obligaciones, demostrando así su diligencia en la gestión.

4 Índice 007 expediente de primera instancia – Samai. Documento 09. Contestación PositivaTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5

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Aclaró que, conforme al artículo 1077 del Código de Comercio, la definición sobre la procedencia del siniestro y la cobertura del seguro corresponde exclusivamente a la aseguradora, quien evalúa la documentación y determina la existencia y cuantía del evento asegurado. En tal sentido , la entidad financiera actúa únicamente como tomador y beneficiario hasta por el saldo insoluto de la deuda, sin facultades para decidir sobre la reclamación. Por ende, al haber tramitado oportunamente las solicitudes y remitido los documentos correspondientes, no puede atribuírsele responsabilidad por la negativa de cobertura, toda vez que su papel se limita a la gestión administrativa y no a la determinación del reconocimiento del amparo.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA5

El a quo negó el amparo solicitado y declaró configurada la carencia actual de objeto, pues no se acreditó vulneración alguna de derechos fundamentales por parte de las accionadas, en tanto que ambas entidades se ajustaron al marco contractual y legal aplicable. Destacó que el Banco Agrario cumplió con las gestiones que le correspondían al solicitar en tres oportunidades la activación de la póliza de vida grupo deudores No. 3400004718, la cual fue

ajustaron al marco contractual y legal aplicable. Destacó que el Banco Agrario cumplió con las gestiones que le correspondían al solicitar en tres oportunidades la activación de la póliza de vida grupo deudores No. 3400004718, la cual fue objetada por la aseguradora con fundamento en que el accionante superaba la edad máxima de permanencia establecida en el contrato (75 años y 364 días), conforme a los artículos 1054 y 1077 del Código de Comercio que atribuyen a la aseguradora la competencia exclusiva para decidir sobre la procedencia de la reclamación, situación que no fue desvirtuada por el accionante.

Advirtió que ni el accionante ni la aseguradora allegaron copia de la póliza al expediente, pero sí se evidenció que el señor Salvador Dussán Medina tenía 68 y 69 años al momento de los desembolsos de los créditos, sin afirmar en ningún momento que desconociera las condiciones del contrato o que hubiera existido omisión en la informac ión suministrada. En ese contexto, consideró que la inconformidad del accionante se limita a una discrepancia frente a una cláusula contractual válidamente pactada, mas no a una actuación irregular de las entidades demandadas.

Con base en lo anterior, determinó que el accionante no tenía derecho al pago solicitado, pues incumplía uno de los requisitos esenciales de la póliza -la edad máxima permitida -, lo que impide acceder al amparo constitucional. En apoyo de esta conclusión citó la sentencia T -591 de 20 17 de la Corte Constitucional, en la cual se reconoció que, aunque la tutela puede ser

5 Índice 09 expediente digital de primera instancia SamaiTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6

Constitucional, en la cual se reconoció que, aunque la tutela puede ser

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procedente excepcionalmente en estos casos, no es posible ordenar el pago de una cobertura cuando no se cumplen las condiciones contractuales.

3. LA IMPUGNACIÓN6.

El accionante interpone recurso de impugnación y solicita que se acceda a lo pedido en la tutela. Para ello , cita apartes de la decisión del a quo precisando que, se centra en supuestos, a pe sar de que la parte accionada (aseguradora) no aportó la Póliza de Vida “Grupo Deudores”, omitiendo así su carga de la prueba en la presunta vulneración de derechos fundamentales.

Centra su inconformidad en que en ningún momento se le explicó o se le hizo saber que la póliza de seguro de vida deud ores tenía cobertura hasta que cumpliera la edad de 75 años.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

Esta Sala del Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación presentada, conforme lo establece el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 153 del C.P.A.C.A.

2. PROBLEMA JURÍDICO

Como el a quo negó el amparo constitucional reclamado y el accionante

2591 de 1991 y el artículo 153 del C.P.A.C.A.

2. PROBLEMA JURÍDICO

Como el a quo negó el amparo constitucional reclamado y el accionante interpuso recurso de impugnación, corresponde a la Sala determinar ¿Si el Banco Agrario de Colombia S.A . y/o Positiva Compañía de Seguros S.A. vulneraron los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital, a la dignidad humana y al debido proceso del señor Salvador Dussán Medina, al negar se a afectar la póliza de seguro de vida grupo deudores No. 3400004718, que amparó el pago de unos créditos concedidos por la entidad bancaria, los cuales fueron impagados en el año 2018 y 2019 y por ello, actualmente ejecutados ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva?

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3. TESIS DE LA SALA

La Sala revocará la sentencia de primera instancia y dispondrá en su lugar amparar transitoriamente los derechos fundamentales a la vivienda, al debido proceso y mínimo vital del accionante Salvador Dussán Medina, al verificarse la especial situación de de bilidad manifiesta en que se halla el accionante y la inminencia del perjuicio que enfrenta ante la posible pérdida del bien de su

proceso y mínimo vital del accionante Salvador Dussán Medina, al verificarse la especial situación de de bilidad manifiesta en que se halla el accionante y la inminencia del perjuicio que enfrenta ante la posible pérdida del bien de su propiedad, provocada por el Banco Agrario de Colombia y la sociedad Positiva Compañía de Seguros S.A., al incumplir sus deber es de debida diligencia e información, a pesar de conocer la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba por cuenta de su complejo estado de salud. En consecuencia, con el fin de evitar futuras amenazas o vulneraciones de estos derechos, prevendrá a dichas entidades para que, en lo sucesivo, en estricto acatamiento de lo previsto en el artículo 3 de la Ley 1328 de 2009, (i) brinden a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna, sobre sus obligaciones contractuales y (ii) les ofrezcan alternativas orientadas a proteger sus derechos y satisfacer sus necesidades, en especial cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional.

4. ROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

4.1 Legitimación en la causa

El inciso primero del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario. Igualmente, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de

y sumario. Igualmente, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

En este caso, está acreditada la legitimación en la causa por activa, pues instaura la presente acción constitucional el señor Salvador Dussan Medina por medio de apoderado judicial, 7 quien alega la vulneración de los derechos fundamentales a la vida , mínimo vital, dignidad humana y debido proceso al

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negársele por parte de Positiva Compañía de Seguros S.A. la cobertura de la póliza de seguro de vida grupo deudores No. 3400004718, bajo el argumento de que el asegurado superaba la edad máxima de permanencia establecida en el contrato. La legitimación en la causa por pasiva , se encuentra igualmente demostrada, pues se dirige contra el Banco Agrario de Colombia S.A. empresa industrial y comercial del Estado , al igual que Positiva Compañía de Seguros S.A., entidades a la s que se le s endilga la violación de los derechos fundamentales invocados, por ser la s autoridades que tienen a su cargo la

industrial y comercial del Estado , al igual que Positiva Compañía de Seguros S.A., entidades a la s que se le s endilga la violación de los derechos fundamentales invocados, por ser la s autoridades que tienen a su cargo la prestación del servicio que se requiere por parte del accionante.

4.2 Inmediatez

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es un mecanismo de protección “inmediata” de derechos fundamentales y si bien no existe un término constitucional y legal dentro del cual los ciudadanos deben interponer esta acción, también lo es que ello no implica que la solicitud de amparo pueda presentarse en cualquier tiempo, puesto que se “desvirtuaría el propósito mismo de la tutela, el cual es permitir una protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales”8.

En tales términos, según la jurisprudencia constitucional, el requisito de inmediatez exige que la acción de tutela sea presentada en un “término razonable” respecto de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales.

Al respecto, al no existir un término definido, la Corte Constitucional ha señalado que el principio de inmediatez se debe estudiar y analizar a partir de tres reglas9. En primer lugar, se debe tener en cuenta que se está en presencia de un mandato que busca proteger la seguridad jurídica y garantizar la protección de los derechos de terceros, que puedan verse afectados por la interposición de la acción de tutela dentro de un tiempo que no es razonable. En segundo lugar, el análisis de la inmediatez debe hacerse a partir del concepto de razonabilidad, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso concreto

interposición de la acción de tutela dentro de un tiempo que no es razonable. En segundo lugar, el análisis de la inmediatez debe hacerse a partir del concepto de razonabilidad, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso concreto y, en tercer lugar, es preciso tener en cuenta el concepto de “plazo razonable”, el cual, respecto de la acción de tutela, tiene que ajustarse a la característica de constituir un medio judicial que otorga una respuesta urgente e inmediata ante la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.

8 Corte Constitucional, sentencia T-307 de 2017. 9 Corte Constitucional, sentencia SU-108 de 2018.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9

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La Corte ha establecido que, aunque la acción de tutela no está sometida a un término de caducidad, sí de be ser interpuesta en un plazo razonable y proporcionado a partir del hecho generador de la vulneración, en el caso de las providencias judiciales, desde que quedó en firme. Debido a esto, ha considerado que un plazo de seis (6) meses podría resultar sufic iente para declarar la tutela improcedente y en otros eventos, un término de dos (2) años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela. En ese sentido se pueden ver, entre otras, las sentencias T -526 de 2005 y T -692 de 2006, T328 de 2010, y T-461 de 2019.

se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela. En ese sentido se pueden ver, entre otras, las sentencias T -526 de 2005 y T -692 de 2006, T328 de 2010, y T-461 de 2019.

Ahora bien, en el presente caso, la decisión de Positiva de Seguros S.A. de no afectar la póliza le fue comunicada al accionante en un primer momento el 12 de diciembre de 2024 , y luego, ante nueva solicitud, el 5 de septiembre de 2025, el Banco Agrario le indicó que la reclamación fue objetada de nuevo por la aseguradora al no cumplirse la condición de edad.

Según lo anterior, se cumpliría el requisito de la inmediatez para interponer la presente acción de tutela, como quiera que el plazo razonable para acudir al juez constitucional si bien data desde más de 6 meses, si se tiene en cuenta la primera fecha en el accionante solicitó la afectación de la póliza , también es que es necesario considerar las especiales circunstancias en que se halla el actor dada la cercanía temporal entre la presunta vulneración de los derechos y el uso de la tutela por parte del afectado. Por ende, se encuentra acreditado el requisito de inmediatez.

3.1 Subsidiaridad

Este requisito encuentra asidero en los artículos 86 de la Constitución, el cual dispone que la acción de tutela tiene -carácter subsidiario-, y 6° numeral 1° del Decreto 2591 de 1991, que indica que la acción de tutela es excepcional y complementaria a los demás medios de defensa judicial. En v irtud de lo establecido, el artículo 86 de la Constitución prescribe que la acción de tutela

1° del Decreto 2591 de 1991, que indica que la acción de tutela es excepcional y complementaria a los demás medios de defensa judicial. En v irtud de lo establecido, el artículo 86 de la Constitución prescribe que la acción de tutela solo procede en dos supuestos excepcionales: i) cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, caso en el cual la tutela procede como mecanismo de protección definitivo y, ii) cuando el afectado interpone la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable, supuesto en el que procede como mecanismo transitorio . En este último evento, la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario.

En cuanto al perjuicio irremediable, la jurisprudencia constitucional ha señalado que debe reunir los siguientes requisitos para que se torne procedenteTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10

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la acción de tutela: i) que se trate de un hecho cierto e inminente; ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes; iii) que la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y finalmente iv) que las actuaciones de protección han de ser impostergables.

Sobre el asunto que se examina, la Corte Constitucional ha señalado que, en principio, la acción de tutela no es procedente para hacer efectiva la cobertura de los seguros de vida grupo deudores, pues (i) se trata de un asunto

Sobre el asunto que se examina, la Corte Constitucional ha señalado que, en principio, la acción de tutela no es procedente para hacer efectiva la cobertura de los seguros de vida grupo deudores, pues (i) se trata de un asunto de naturaleza económica, y (ii) es una controversia contractual que cuenta con otros medios judiciales de solución. Específicamente, ha indicado que estos casos deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria civil mediante (i) los procesos verbal y verbal sumario (de acuerdo con la cuantía) en los términos del Código General del Proceso, (ii) el proceso ejecutivo en los casos descritos en el artículo 1053 del Código de Comercio, o (iii) la acción de protección al consumidor financiero que la Superintendencia Financiera tramita mediante el proceso verbal sumario, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le atribuye el artículo 57 de la Ley 1480 de 201110. Lo anterior, considerando que estos asuntos involucran aspectos probatorios y valorativos de carácter contractual que desbordan el ámbito de la tutela11.

No obstante, también ha sostenido que, de manera excepcional, la acción de tutela es procedente si, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, (i) los medios ordinarios de defensa no son eficaces ni idóneos para p roteger los derechos del accionante o (ii) se está ante a la ocurrencia de un perjuicio irremediable12. Lo primero, cuando la negativa a reconocer un siniestro como consecuencia de la ejecución de las obligaciones que emanan del contrato de seguro, trascienda la órbita eminentemente económica y tenga un efecto directo y específico en la vida digna, el mínimo vital o en otro derecho fundamental13.

consecuencia de la ejecución de las obligaciones que emanan del contrato de seguro, trascienda la órbita eminentemente económica y tenga un efecto directo y específico en la vida digna, el mínimo vital o en otro derecho fundamental13.

Algunos aspectos que el juez de tutela debe valorar al momento de verificar la procedencia de la acción de tutela en este tipo de asuntos fueron señalados en la Sentencia T -027 de 2022, con base en la Sentencia T -662 de 2013, que sintetizó que (i) “existe mayor probabilidad de vulnerar los derechos

10 Sentencias T-442 y T-570 de 2015, T-058 de 2016, T-027 de 2022. 11 La Sentencia T-058 de 2016 determinó la falta de subsidiariedad del amparo porque la discusión se centraba en un tema principalmente probatorio, referente a la existencia o no de mala fe en la declaratoria del estado de salud y en sus consecuencias, así como en el alcance de esa omisión frente a la ocurrencia del siniestro asegurado. Pese a declarar la improcedencia ordenó una reestructuración del crédito. 12 La Sentencia T -442 de 2015 determ inó la falta de subsidiariedad del amparo como mecanismo transitorio porque no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable, dado que no existía daño a los derechos del actor que pudiera considerarse como grave, ni que estuviera próximo a ocurrir ni tampoco que requiriera medidas urgentes o impostergables para prevenirlo. En igual sentido, la Sentencia T -094-de 2019 declaró el incumplimiento de este requisito porque el demandante solo demostró la forma en que le retenían, por nómina,

medidas urgentes o impostergables para prevenirlo. En igual sentido, la Sentencia T -094-de 2019 declaró el incumplimiento de este requisito porque el demandante solo demostró la forma en que le retenían, por nómina, el valor de l a obligación crediticia de su mesada pensional, pero no la manera en que esa deducción ponía en riesgo su capacidad para cumplir con sus necesidades básicas. 13 Sentencias T-557 de 2013.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11

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fundamentales cuando el interés del accionante no sea exclusivamente patrimonial”, como ocurre en el caso de los créditos hipotecarios obtenidos con el fin de adquirir una vivienda que, en muchos casos, no solo beneficia al deudor, sino también a su familia; (ii) “si la persona que solicita el amparo se encuentra en una con dición de discapacidad superior al 50%, […] existe un mayor riesgo de vulnerar sus derechos fundamentales ”. No obstante, esto último no siempre es suficiente para justificar la intervención del juez de tutela; por lo tanto, (iii) se debe verificar que quien solicita el amparo “carezca de los recursos económicos suficientes para sufragar sus gastos”. Finalmente, (iv) “el juez debe verificar otros aspectos como las obligaciones familiares, o del grupo familiar del afectado o la presencia de circunstancias adi cionales de vulnerabilidad en el peticionario ”,