TA HUI - Sentencia 41001-33-33-008-2023-00138-01 (08-07-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

M.P. Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Neiva, ocho (08) de julio de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: ADRIANA SOFÍA FAJARDO SANTOS Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL RADICACIÓN: 41001-33-33-008-2023-00138-01

PROVIDENCIA: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Aprobado en sesión de la fecha. Acta N° 041.

1. OBJETO A DECIDIR.

En virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, procede la Sala a dictar sentencia y decidir de fondo el recurso de apelación interpuesto por la parte d emandada contra la sentencia del 12 de noviembre de 2024 , proferida por el Juzgado 401 Administrativo Transitorio de Neiva, mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

2. LA DEMANDA.1

2.1. De las pretensiones.

ADRIANA SOFÍA FAJ ARDO SANTOS, SANDRA MILENA MUÑOZ

TORRES, JENNIFER OIDOR MEJÍA, EDGAR OSPINA MONTOYA, EDGAR

MAURICIO MEDINA RAMÍREZ, C HRISTIAN MEDINA ROJAS, SANDRA

PATRICIA QUINTERO ANDRADE, VERÓNICA E STHER PÉREZ

TORRES, JENNIFER OIDOR MEJÍA, EDGAR OSPINA MONTOYA, EDGAR

MAURICIO MEDINA RAMÍREZ, C HRISTIAN MEDINA ROJAS, SANDRA

PATRICIA QUINTERO ANDRADE, VERÓNICA E STHER PÉREZ CAMACHO, VIVIANA COR TÉS CACHAYA, PAOLA AN DREA GUZMÁN CORTÉS y VIVIAN LORENA BARRIOS ATAHUALPA, promueven el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, con el fin de que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones N° DESAJENR 17-3064 del 31 de octubre de 2017, DESAJNER 17-3294 del 6 de diciembre de 2017 y RH-4468 del 10 de junio de 2022 ; a través de los cuales se negó a los

1 Índice 002, Samai 1ª instanciaTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

DEMANDANTE: ADRIANA SOFÍA FAJARDO SANTOS Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL RADICACIÓN: 41001-33-33-008-2023-00138-01

2

demandantes el reconocimiento y pago de las diferencias salariales entre el cargo de “Abogado Asesor Grado 23” y el de “Abogado Asesor” sin grado.

La demandante VIVIAN LORENA BARRIOS ATAHUALPA, también pretende que se declare la existencia y nulidad del acto administrativo ficto negativo generado con la falta de decisión del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° DESAJNER 17-3064 del 31 de octubre de 2017.

que se declare la existencia y nulidad del acto administrativo ficto negativo generado con la falta de decisión del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° DESAJNER 17-3064 del 31 de octubre de 2017.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitan se ordene reconocer que, el cargo de abogado asesor que desempeñaron los actores, no ostenta ninguna denominación o grado diferente al de “abogad o asesor del tribunal judicial” y se reconozcan y paguen las diferencias salariales y prestacionales existentes entre lo pagado por el desempeño del cargo de abog ado asesor grado 23 y el salario fijado para el cargo de abogad o asesor de Tribunal Judicial, durante el tiempo en que cada uno de los demandantes ha desempeñado el aludido cargo en el Tribunal Administrativo del Huila, y en adelante, para quienes aún se encuentren en dicha circunstancia.

Finalmente, solicitan que las sumas obtenidas sean indexadas, se efectúe el pago de los intereses moratorios y se condene en costas a la parte demandada.

2.2. De los hechos.

Los demandantes han estado vinculados al servicio de la Rama J udicial y han desempeñado el cargo de abogado asesor, durante los siguientes periodos:

DEMANDANTE FECHA INICIAL FECHA FINAL

Adriana Sofía Fajardo Santos 17 de febrero de 2012 31 de julio de 2014 6 de agosto de 2014 31 de agosto de 2014 3 de febrero de 2015 3 de noviembre de 2015 4 de noviembre de 2015 30 de noviembre de 2015

2014 6 de agosto de 2014 31 de agosto de 2014 3 de febrero de 2015 3 de noviembre de 2015 4 de noviembre de 2015 30 de noviembre de 2015

Sandra Milena Muñoz Torres 26 de julio de 2012 24 de julio de 2014 28 de julio de 2014 31 de julio de 2014 11 de agosto de 2014 31 de octubre de 2015 6 de noviembre de 2015 30 de noviembre de 2015

Jennifer Oidor Mejía 25 de junio de 2015 6 de julio de 2015 14 de enero de 2016 16 de mayo de 2016 19 de mayo de 2016 17 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018 19 de mayo de 2020 21 de mayo de 2020 31 de enero de 2021 1 de enero de 2022 15 de mayo de 2022 18 de mayo de 2022 30 de junio de 2022 A partir del 1 de julio de 2022, se certifica el cargo de Profesional Especializado Grado 23

Edgar Ospina Montoya 5 de marzo de 2012 31 de diciembre de 2014 30 de enero de 2015 11 de enero de 2018 Edgar Mauricio Medina Ramírez 12 de febrero de 2014 31 de julio de 2014 Christian Medina Rojas 21 de julio de 2015 31 de octubre de 2015 4 de noviembre de 2015 10 de diciembre de

2015TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

DEMANDANTE: ADRIANA SOFÍA FAJARDO SANTOS Y OTROS

2015 4 de noviembre de 2015 10 de diciembre de

2015TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

DEMANDANTE: ADRIANA SOFÍA FAJARDO SANTOS Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL RADICACIÓN: 41001-33-33-008-2023-00138-01

3

Sandra Patricia Quintero Andrade 1 de marzo de 2012 30 de septiembre de 2014 Verónica Esther Pérez Camacho 1 de octubre de 2014 31 de octubre de 2014 2 de febrero de 2015 30 de septiembre de 2018 Viviana Cortés Cachaya

3 de marzo de 2010 9 de febrero de 2014 1 de febrero de 2016 17 de abril de 2016 20 de abril de 2016 19 de abril de 2018 23 de abril de 2018 22 de abril de 2020 24 de abril de 2020 23 de abril de 2022 24 de abril de 2022 30 de junio de 2022 A partir del 1 de julio de 2022, se certifica el cargo de Profesional Especializado Grado 23

Paola Andrea Guzmán Cortés 9 de marzo de 2016 31 de marzo de 2016 3 de mayo de 2016 2 de mayo de 2018 4 de mayo de 2016 27 de abril de 2020 29 de abril de 2020 27 de abril de 2022 29 de abril de 2022 30 de junio de 2022 A partir del 1 de julio de 2022, se certifica el cargo de Profesional Especializado Grado 23

2020 29 de abril de 2020 27 de abril de 2022 29 de abril de 2022 30 de junio de 2022 A partir del 1 de julio de 2022, se certifica el cargo de Profesional Especializado Grado 23

Vivian Lorena Barrios Atahualpa 1 de diciembre de 2015 1 de marzo de 2022 4 de marzo de 2022 30 de junio de 2022 A partir del 1 de julio de 2022, se certifica el cargo de Profesional Especializado Grado 23

Mediante los Acuerdos N° PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 y PCSJA2011650 del 28 de octubre de 2020, el Consejo superior de la Judicatura creó el cargo de “Abogado Asesor Grado 23” para los despachos de magistrado del Tribunal Administrativo del Huila.

El 31 de octubre de 2017 los accionantes solicitaron a la Ra ma Judicial la reliquidación retroactiva de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo denominado “Abogado Asesor Gr ado 23” y el cargo “Abogado Asesor” sin grado, petición que fue negada a través de la Resolución N° 3064 del 31 de octubre de 2017.

Contra la negativa los accionantes interpusieron los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron desatados negativamente a través de las Resoluciones N° DESAJNER-173294 del 6 de diciembre de 2017 y RH-4468 del 10 de junio de 2022, respectivamente.

La Resolución N° RH-4468 del 10 de junio de 2022 omitió resolver la apelación

N° DESAJNER-173294 del 6 de diciembre de 2017 y RH-4468 del 10 de junio de 2022, respectivamente.

La Resolución N° RH-4468 del 10 de junio de 2022 omitió resolver la apelación incoada por la señora Vivian Lorena Barrios Atahualpa, quien alega la configuración de un silencio administrativo negativo, en los términos del artículo 86 del C.P.A.C.A.

2.3 Normas Violadas y Concepto de la Violación.

Considera la accionante que la NACIÓN – RAMA JUDICIAL al expedir los actos administrativos impugnados y negar el reconocimiento y pago de las diferencias salariales entre el cargo de Abogado Asesor Grado 23 y el Abogado Asesor sin grado, incurrido en falsa motivación, por las razones que pasan a exponerse:

Según el literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución de 1991,TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

DEMANDANTE: ADRIANA SOFÍA FAJARDO SANTOS Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL RADICACIÓN: 41001-33-33-008-2023-00138-01

4

corresponde al Congreso establecer el régimen salarial de los empleados públicos y en desarrollo de esta función, expidió la Ley 4ª de 1992, la cual establece que el Gobierno Nacional debe fijar el régimen salarial y prestacional de, entre otros, los empleados de la Rama Judicial.

En cumplimiento de lo anterior, el Gobierno expidió el Decreto 57 de 1993, que regula los sueldos de los servidores de la Rama Judicial.

prestacional de, entre otros, los empleados de la Rama Judicial.

En cumplimiento de lo anterior, el Gobierno expidió el Decreto 57 de 1993, que regula los sueldos de los servidores de la Rama Judicial.

Posteriormente, en el marco del Plan Nacional de Descongestión, fue expedido el Decreto 1039 de 2011, por medio del cual estableció que el cargo de Abogado Asesor tendría una remuneración mensual de $5.140.170, mientras que los cargos no específicamente señalados serían remunerados conforme al Grado 23, con un salario de $3.845.934. El Decreto 874 de 2012 fijó el salario del Abogado Asesor en $5.397.179, y el Decreto 1024 de 2013 lo actualizó a $5.582.842, mientras que el salario del Grado 23 se fijó en $4.177.147.

De este desarrollo normativo es evidente que el Gobierno ha cumplido con su competencia legal y constitucional de fijar la escala salarial, estableciendo claramente los montos para los cargos específicos y dejando la escala residual únicamente para empleos no expresamente enlistados.

Pese a lo anterior, e n el marco del Plan Nacional de Descongestión, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PSAA12-9204 del 1 de febrero de 2012, creando en los tribunales los cargos de Abogado Asesor y asignándoles el grado 23 , constituyendo una extralimitación de funciones y una transgresión al ordenamiento legal y constitucional, pues, aunque tenía la competencia para crear los cargos, no tenía la facultad de determinar su remuneración, la cual corresponde

extralimitación de funciones y una transgresión al ordenamiento legal y constitucional, pues, aunque tenía la competencia para crear los cargos, no tenía la facultad de determinar su remuneración, la cual corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional, según el artículo 150 de la Constitución y la Ley 4ª de 1992.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura aplicó indebidamente una remuneración res idual, desconociendo que el cargo de Abogado Asesor ya había sido definido expresamente por el Ejecutivo con una escala salarial específica desde el Decreto 57 de 1993, y más recientemente en el Decreto 1039 de 2011 , ocasionando que los demandantes recibie ran un salario inferior al que legalmente les correspondía, generando una afectación directa en sus derechos laborales.

2.4 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2

La Nación - Rama Judicial - DEAJ, actuando por intermedio de apoderado judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que al demandante se les ha venido pagando sus salarios y demás emolumentos

2 Índice 018, Samai 1ra instanciaTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

DEMANDANTE: ADRIANA SOFÍA FAJARDO SANTOS Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL RADICACIÓN: 41001-33-33-008-2023-00138-01

5

de conformidad con la normatividad aplicable y a los cargos desempeñados en la Rama Judicial.

Que en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 150 constitucional, el legislativo expidió la Ley 4 de 1992, o ley macro, por medio de la cual, señaló

en la Rama Judicial.

Que en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 150 constitucional, el legislativo expidió la Ley 4 de 1992, o ley macro, por medio de la cual, señaló las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional, de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales.

Que con la expedición del Decreto 383 de 2013 se creó la bonificación judicial, y por expreso mandato legal se dispuso que constituirá factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, resaltando que los máximos órganos de cierre en lo Constitucional y de lo Contencioso Administrativo, han ratificado la potestad que tiene el legislador, por mandato constitucional, de disponer que determinados conceptos salariales se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor público, es decir, que cierta parte del salario no constituya factor para liquidar algunos conceptos salariales, sin que ello implique omisión o incorrecto desarrollo de los deberes.

Reitera que la bonificación establecida en los Decretos 383 de 2013 y 384 y decretos reglamentarios de estos, no tiene carácter salarial, en consecuencia, dicho porcentaje no constituye factor salarial para la liquidación y pago de las prestaciones sociales a que hace alusión al demandante.

Concluye manifestando que el demandante no desvirtu ó la presunción de legalidad de los actos administrativos cuya nulidad se depre ca en la

prestaciones sociales a que hace alusión al demandante.

Concluye manifestando que el demandante no desvirtu ó la presunción de legalidad de los actos administrativos cuya nulidad se depre ca en la demanda, por cuanto estos se profirieron de acuerdo a la normatividad que les sirvió de sustento, esto es, el Decreto 383 de 2013 que creo la bonificación judicial para los servidores de la Rama Judicial como factor salarial únicamente para la base de cotización del sistema General de Pensiones y el sistema general de Seguridad Social en Salud, e igualmente qu e no es de inaplicación del decreto 383 de 2013, por cuanto el demandante ni siquiera menciono precepto constitucional vulnerado por el citado acto.

3. La Sentencia de Primera Instancia3

El Juzgado 401 Administrativo Transitorio de Neiva en sentencia proferida el 12 de noviembre de 2024, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, así:

“PRIMERO. – DECLARAR no probadas las excepciones denominadas i) inexistencia de la obligación, ii) falta de causa para demandar, iii) cobro de lo no debido, e iv) innominada, por las razones señaladas; conforme a lo

3 3 Índice 0040, Samai 1ra instanciaTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

DEMANDANTE: ADRIANA SOFÍA FAJARDO SANTOS Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL RADICACIÓN: 41001-33-33-008-2023-00138-01

6

expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. – DECLARAR probada de oficio la excepción de prescripción

RADICACIÓN: 41001-33-33-008-2023-00138-01

6

expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. – DECLARAR probada de oficio la excepción de prescripción extintiva del derecho en cuanto a los demandantes: Adriana Sofía Fajardo Santos, Sandra Milena Muñoz Torres, Edgar Ospina Montoya, Edgar Mauricio Medina Ramírez, Christian Medina Rojas, Sandra Patricia Quintero Andrade y Verónica Esther Pérez Camacho; salvo por los aportes a pensión, cuyo carácter es imprescriptible e irrenunciable.

TERCERO. – DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal respecto de las diferencias salariales y prestacionales causadas con anterioridad al 24 de febrero de 2020 frente a las demandantes Jennifer Oidor Mejía, Viviana Cortés Cachaya, Paola Andrea Guzmán Cortés y Vivian Lorena Barrios Atahualpa salvo por las diferencias en aportes pensionales, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO. – INAPLICAR de manera oficiosa, por inconstitucional e ilegal la expresión “Grado 23” a la que se hace referencia el Acuerdo PSAA15 -10402 de 2015, que incluyó de forma permanente el empleo de “Abogado Asesor grado 23” en la planta de cargos de los Tribunales Administrativos; así como el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022, frente a las demandantes Jennifer Oidor Mejía, Viviana Cortés Cachaya, Paola Andrea Guzmán Cortés y Vivian Lorena Barrios Atahualpa, de acuerdo con los motivos de esta providencia.

QUINTO. – DECLARAR la existencia del acto ficto negativo derivado del

Mejía, Viviana Cortés Cachaya, Paola Andrea Guzmán Cortés y Vivian Lorena Barrios Atahualpa, de acuerdo con los motivos de esta providencia.

QUINTO. – DECLARAR la existencia del acto ficto negativo derivado del silencio administrativo generado con la falta de resolución al recurso de apelación incoado por la señora Vivian Lorena Barrios Atahualpa el 15 de noviembre de 2017 contra la Resolución N° DESAJNER 17 -3064 del 31 de octubre de 2017; en los términos del artículo 86 de la Ley 1437 de 2011.

SEXTO. – DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución N° DESAJNER 17 -3064 del 31 de octubre de 2017, la Resolución N° DESAJNER 17 -3294 del 6 de diciembre de 2017 y la Resolución N° RH -4468 del 10 de junio de 2022, así como del acto administrativo ficto de que trata el ordinal anterior; de acuerdo con lo esbozado en la parte motiva de esta sentencia.

SÉPTIMO. – En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, SE

ORDENA a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL-DEAJ-:

a) Reconocer y pagar a favor de las señoras JENNIFER OIDOR MEJÍA, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.075.211.585, VIVIANA CORTÉS CACHAYA, identificada con cédula de ciudadanía N° 52.969.530, PAOLA ANDREA GUZMÁN CORTÉS, identificada con cédula de ciuda danía N° 1.075.225.182, y VIVIAN LORENA BARRIOS ATAHUALPA, identificada con

ANDREA GUZMÁN CORTÉS, identificada con cédula de ciuda danía N° 1.075.225.182, y VIVIAN LORENA BARRIOS ATAHUALPA, identificada con cédula de ciudadanía N°1.075.225.522, las diferencias de sueldo que corresponde al cargo de “Abogado Asesor Grado 23” de Tribunal Administrativo, consagrado en el Acuerdo PSAA15 -10402 de 2015, desde el 24 de junio de 2015 (en el caso de Jennifer Oidor Mejía), 3 de marzo de 2010 (frente a Viviana Cortés Cachaya), 9 de marzo de 2016 (respecto de Paola Andrea Guzmán Cortés) y 1 de diciembre de 2015 (para el caso de Vivian Lorena Barrios Atahualpa); pero con efectos fiscales a partir del 24 de febrero de 2020 (por prescripción trienal) y durante el tiempo en que por razón del cargo le asista el derecho a cada una de ellas.

Así mismo, deberá reliquidar y pagar de las prestaciones social es que haya devengado, con base en el salario que por Ley le corresponda al cargo de “Abogado Asesor” de Tribunal Judicial, en el mismo periodo, esto es, desde elTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

DEMANDANTE: ADRIANA SOFÍA FAJARDO SANTOS Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL RADICACIÓN: 41001-33-33-008-2023-00138-01

7

24 de junio de 2015 (en el caso de Jennifer Oidor Mejía), 3 de marzo de 2010 (frente a Vivian a Cortés Cachaya), 9 de marzo de 2016 (respecto de Paola

7

24 de junio de 2015 (en el caso de Jennifer Oidor Mejía), 3 de marzo de 2010 (frente a Vivian a Cortés Cachaya), 9 de marzo de 2016 (respecto de Paola Andrea Guzmán Cortés) y 1 de diciembre de 2015 (para el caso de Vivian Lorena Barrios Atahualpa); pero con efectos fiscales a partir del 24 de febrero de 2020 (por prescripción trienal) y durante el tiempo en que por razón del cargo le asista el derecho a cada una de ellas.

b. Reconocer y pagar en el respectivo fondo de pensión, las diferencias en los aportes pensionales que se generen con ocasión a la reliquidación salarial y prestacional, para cada uno de los demandantes durante el tiempo que por razón del cargo les asista derecho, deberán ser canceladas por la Rama Judicial, al fondo pensional correspondiente; y, de las sumas que resulten a favor de cada uno de los demandantes, igualmente, deberán realizarse los descuentos para el mismo efecto.

Lo anterior, en razón a que dichos aportes son irrenunciables e imprescriptibles, durante los lapsos que a continuación se relaciona para cada uno de los actores:

Las sumas resultantes de esta condena serán ajustadas en su valor de conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA, aplicando para ello la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO. – NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO. – NO CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada, de acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.” (…).

OCTAVO. – NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO. – NO CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada, de acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.” (…).

Indicó que mediante el Acuerdo No. PSAA15 -10402 de octubre 29 de 2015, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se creó con carácter permanente, para cada uno de los despachos de magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, un cargo de “Abogado Asesor grado 23”.

Que en el plenario quedó acreditado que los demandantes desempeñaron dicho cargo durante diferentes periodos en el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, y, que, en dichos lapsos, percibieron su salario de conformidad con la escala prevista para el “grado 23”, lo cual, implicó que recibieran una remuneración inferior a la asignada para el cargo de “Abogado Asesor” nominado del Tribunal.

Se concluyó que, con base en el marco normativo vigente y la regla fijada enTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

DEMANDANTE: ADRIANA SOFÍA FAJARDO SANTOS Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL RADICACIÓN: 41001-33-33-008-2023-00138-01

8

la sentencia de unificación del 2 de noviembre de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura car ecía de competencia para asignar grados, códigos o cualquier tipo de remuneración distinta al cargo de “abogado asesor” de Tribunal. Esto, por cuanto dicho cargo ya estaba contemplado en los decretos

de la Judicatura car ecía de competencia para asignar grados, códigos o cualquier tipo de remuneración distinta al cargo de “abogado asesor” de Tribunal. Esto, por cuanto dicho cargo ya estaba contemplado en los decretos expedidos por el Presidente de la República en virtud de las facultades conferidas por la Ley 4ª de 1992.

No se evidenció ninguna prueba o argumento por parte del Consejo Superior de la Judicatura que justificara la creación del cargo de “Abogado Asesor grado 23” bajo condiciones diferentes al ya existente “Ab ogado Asesor” nominado, pues no se señalaron requisitos, funciones o responsabilidades diferenciadas en las normas internas de la entidad.

Se advirtió que los funcionarios que ostentan el cargo de abogado asesor grado 23 en los Tribunales cumplen las mism as funciones y reúnen los mismos requisitos que el cargo ya nominado, razón por la cual no existe una justificación objetiva que permita modificar el nivel salarial ni la denominación del cargo.

A partir de los efectos de la sentencia de unificación menci onada, consideró procedente inaplicar de forma oficiosa, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, la denominación “Grado 23” contenida en el artículo 88 del Acuerdo PSAA15 -10402 de 2015, mediante el cual se incluyó de manera permanente en la plant a de los Tribunales Administrativos el empleo de “Abogado Asesor grado 23” y al quedar desvirtuada la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, ordenó declaró su nulidad.

Del mismo modo, declaró la existencia y nulidad del acto fict o generado por

“Abogado Asesor grado 23” y al quedar desvirtuada la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, ordenó declaró su nulidad.

Del mismo modo, declaró la existencia y nulidad del acto fict o generado por el silencio administrativo negativo, derivado de la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto por la señora Vivian Lorena Barrios Atahualpa el 15 de noviembre de 2017 contra la Resolución N.° DESAJNER 17 -3064 del 31 de octubre d e 2017, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1437 de 2011.

Asimismo, concluyó que debía inaplicarse por inconstitucionalidad el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022, el cual estableció:

“Artículo 1°: Se determina que el cargo de Abogado Asesor grado 23 pasará a denominarse Profesional Especializado grado 23, conservando sus requisitos y escala salarial, sin afectar los derechos salariales y prestacionales.

Artículo 2°: Se ordena comunicar el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Administración Ju dicial y a las direcciones seccionales de administración judicial.

Artículo 3°: El acuerdo entrará en vigencia el 1° de julio de 2022 y deroga las disposiciones que le sean contrarias”.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

DEMANDANTE: ADRIANA SOFÍA FAJARDO SANTOS Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL RADICACIÓN: 41001-33-33-008-2023-00138-01

9

Lo anterior, por cuanto en la sentencia de unificación referida, se examinó

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL RADICACIÓN: 41001-33-33-008-2023-00138-01

9

Lo anterior, por cuanto en la sentencia de unificación referida, se examinó dicho acuerdo y se declaró su inaplicación por inconstitucionalidad, por cuanto la entidad demandada no acreditó cuál era la irregularidad que se pretendía corregir con su expedición , especialmente cuando reconoció que no existía diferencia alguna entre los cargos de abogado asesor grado 23 y profesional especializado grado 23.

Conforme a lo anterior, el juzgado se pronunci ó oficiosamente respecto de los efectos y la inaplicación del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022, dado que en el proceso se demostró un hecho modificativo del derecho sustancial, en los términos del artículo 281 del Código General del Proceso.

Ello, teniendo en cuenta que, de las certificaciones de servicios obrantes en el expediente, se advierte que las demandantes Jennifer Oidor Mejía, Viviana Cortés Cachaya, Paola Andrea Guzmán Cortés y Vivian Lorena Barrios Atahualpa han estado vinculadas como profesional especializado grado 23 desde el 1 de julio de 2022, continuando bajo dicha circunstancia –al menos– hasta el momento en que se expidió la respectiva certificación.

Finalmente, declaró probada de oficio la excepción de prescripción extintiva del derecho respecto a los demandante Adriana Sofía Fajardo Santos, Sandra Milena Muñoz Torres, Edgar Ospina Montoya, Edgar Mauricio Medina Ramírez, Christian Medina Rojas, Sandra Patricia Quintero Andrade y Verónica Esther Pérez Camacho, y de otra, DECLARAR probada la

Sandra Milena Muñoz Torres, Edgar Ospina Montoya, Edgar Mauricio Medina Ramírez, Christian Medina Rojas, Sandra Patricia Quintero Andrade y Verónica Esther Pérez Camacho, y de otra, DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal respecto de las diferencias salariales y prestacionales causadas con anterioridad al 24 de febrero de 2020 frente a las demandantes Jennifer Oidor Mejía, Viviana Cortés Cachaya, Paola Andrea Guzmán Cortés y Vivian Lorena Barrios Atahualpa.

5. El Recurso de Apelación.

5.1 La parte demandante

Manifestó respeto por el fallo proferido por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva, pero no compartió sus fundamentos jurídicos.

Indicó que el a quo citó los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, según los cuales las acreencias laborales prescriben en tres años contados desde la fecha en que la oblig ación es exigible, sin atender que el reclamo escrito interrumpe la prescripción por un lapso igual.

Precisó que el 29 de septiembre de 2017 los demandantes presentaron ante la Dirección Seccional Ejecutiva de Administración Judicial una reclamación escrita que suspendió el término de prescripción respecto de las diferencias salariales y prestacionales solicitadas. Posteriormente, la Dirección Seccional respondió mediante la Resolución N.º DESAJNER 17-3064 del 31 de octubreTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

DEMANDANTE: ADRIANA SOFÍA FAJARDO SANTOS Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

DEMANDANTE: ADRIANA SOFÍA FAJARDO SANTOS Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL RADICACIÓN: 41001-33-33-008-2023-00138-01

10

de 2017, negando el reconocimiento solicitado. Contra esta decisión se interpuso recurso de reposición, el cual también fue negado med iante la Resolución N.º DESAJNER 17-3294 del 6 de diciembre de 2017, decisión que fue aclarada en la Resolución N.º DESAJNER 18 -1575 del 13 de febrero de 2018.

Que, tras un retraso de casi cinco meses, el expediente fue remitido a la Dirección Ejecutiva N acional para resolver la apelación subsidiaria y s olo hasta el 10 de junio de 2022, esta entidad resolvió la apelación mediante la Resolución N.º RH-4468, confirmando la negativa inicial.

Considera que, contrario a lo expresado por el a quo, los demandantes no actuaron de manera pasiva, pues fue la entidad demandada la que incurrió en dilaciones injustificadas al no emitir oportunamente un pronunciamiento de fondo y, por tanto, no era exigible a los accionantes presentar la demanda antes de cumpli rse los tres años de prescripción, ya que no existía un acto definitivo que pudiera ser objeto de control judicial.

Que la declaratoria de prescripción, en este contexto, se calificó como un castigo injusto para quienes actuaron con diligencia, ya que, en la mayoría de los casos, al momento de formular la reclamación administrativa, no se acercaban al término prescriptivo y la mayoría continuaba desempeñándose en el cargo de abogado asesor.

los casos, al momento de formular la reclamación administrativa, no se acercaban al término prescriptivo y la mayoría continuaba desempeñándose en el cargo de abogado asesor.

Expresó su desacuerdo frente al criterio del despacho según el cu al, al no encontrarse algunos demandantes vinculados a la entidad al momento de la formulación de la demanda, las prestaciones reclamadas perdían su carácter periódico y que