TA HUI - Sentencia 41001-33-33-009-2024-00205-01 (30-09-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, treinta (30) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

SALA DE DECISIÓN N° 5

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: SANDRA ROCÍO HERNÁNDEZ ÁVILA

DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN –

FOMAG Y DEPARTAMENTO DEL HUILA EXPEDIENTE: 41001-33-33-009-2024-00205-01

SENTENCIA: TAH 005-25-09-217

TEMA: SANCIÓN MORATORIA

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Resuelve la Sala el recurso de apel ación interpuesto por la apoderada de la parte demandante, y, La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, contra la sentencia del 20 de marzo de 2025, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva; a través de la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

Lo anterior, en ejercicio de la facultad conferida a esta Jurisdicción por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 1, en concordancia con la Ley 270 de 1996 2, y en atención a la naturaleza social del asunto objeto de litigio.

1“Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentenci as exactamente en el mismo orden en que hayan

a la naturaleza social del asunto objeto de litigio.

1“Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentenci as exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. (…)” 2Artículo 63A. Del orden y prelación de turnos. “(…) Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Cons titucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio.”2 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-009-2024-00205-01

Demandante: Sandra Rocío Hernández, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y otro

I. ANTECEDENTES

1. Demanda.3

Demandante: Sandra Rocío Hernández, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y otro

I. ANTECEDENTES

1. Demanda.3

La señora SANDRA ROCÍO HERNÁNDEZ ÁVILA, por intermedio de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso demanda contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG, el Departamento del Huila y la Fiduprevisora S.A. , conforme a las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que se señalan a continuación:

1.1. Pretensiones.

Que se declare la nulidad del acto ficto que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006; generado por la omisión de respuesta a la petición formulada el 30 de julio de 2020.

A título de restablecimiento del derecho, pretendió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006, conforme al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

Finalmente, solicita que las sumas reconocidas sean i ndexadas; y que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos consagrados en el artículo 192 del CPACA y se condene en costas.

1.2. Hechos.

Afirmó que, en su condición de docente oficial, el 19 de junio de 2019 solicitó a las entidades demandadas el reconocimiento y pago de sus cesantías, petición que

CPACA y se condene en costas.

1.2. Hechos.

Afirmó que, en su condición de docente oficial, el 19 de junio de 2019 solicitó a las entidades demandadas el reconocimiento y pago de sus cesantías, petición que fue resuelta favorablemente a través de la Resolución No. 4813 del 3 de julio de 2019; cuyos dineros fueron cancelados el 18 de marzo de 2020.

Luego, el 30 de julio de 2020 , solicitó a las entidades dem andadas el reconocimiento y pago de la sanción moratoria. Petición que no fue resuelta por la entidad, configurándose el acto ficto negativo.

1.3. Normas violadas:

Ley 91 de 1989: artículos 5 y 15.

3 Documento 001Demanda.pdf, Onedrive3 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-009-2024-00205-01

Demandante: Sandra Rocío Hernández, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y otro Ley 244 de 1995: artículos 1 y 2.

Ley 1071 de 2006: artículos 4 y 5. Ley 1955 de 2019: artículo 57.

En síntesis, s ostuvo que el acto enjuiciado vulnera las normas superiores en que debía fundarse, pues a la demandante no se le reconoció ni pagó la indemnización por mora en el pago de sus cesantías, pese a que las entidades están obligadas a ello al tenor de lo dispuesto en la Ley 244 de 1995 (modificada por la Ley 1071 de

por mora en el pago de sus cesantías, pese a que las entidades están obligadas a ello al tenor de lo dispuesto en la Ley 244 de 1995 (modificada por la Ley 1071 de 2006); con lo cual, también, se trasgreden las garantías mínimas laborales establecidas en el artículo 53 de la Constitución Política.

Añadió, que con la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, será responsabilidad de las entidades territoriales los eventos en que la mora se produzca por su falta de diligencia al resolver la solicitud de cesantías.

2. Contestación de la Demanda

2.1. Ministerio de Educación Nacional–FOMAG:4

La mandataria judicial del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG se opuso a las pretensiones de la demanda, en el entendido que, conforme al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 no es la entidad res ponsable de la sanción moratoria, pues no se pueden destinar recursos del FOMAG para el pago de indemnizaciones administrativas y judiciales, siendo el llamado a responder el ente territorial.

Con base en esos argumentos, planteó las excepciones denominadas:

a.- prescripción: la solicitud de pago de las cesantías se efectuó el 19 de junio de 2019 y la obligación de pagar la sanción moratoria se generó desde el 2 de octubre de 2019, no obstante, solo hasta el 30 de julio de 2020 se realizó la reclamación administrativa y el 2 de julio de 2024 se radicó el medio de control, cuando ya habían operado 3 años desde la reclamación y por ello, operó la prescripción.

administrativa y el 2 de julio de 2024 se radicó el medio de control, cuando ya habían operado 3 años desde la reclamación y por ello, operó la prescripción.

b.- Debido a la inexistencia de moratorio, con corte a 31 de diciembre de 2019, debe operar la d esvinculación del proceso de las entidades que represente: la sanción moratoria causada desde el 1º de enero de 2020 corre a cargo del ente territorial, conforme al artículo 57 de la ley 1955 de 2019, habiendo cancelada la entidad ala

4 Índice 11 SAMAI4 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-009-2024-00205-01

Demandante: Sandra Rocío Hernández, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y otro demandante la mora ca usada con anterioridad a la aludida fecha por valor de

$7’999.785.

c.- Inexistencia actual de la obligación en cabeza de las entidades que represento; ausencia actual de objeto litigioso; cobro de lo no debido: con iguales argumentos a los expuestos en el literal anterior.

d.- Falta de legitimación por pasiva: aduciendo que, conforme a lo señalado en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 la mora debe asumirla el departamento del Huila.

e.- Compensación – deducción de pagos: “de cualquier suma que result e probada en el proceso a favor de la demandante y que haya sido pagada por mi representada”.

f.- Improcedencia de la indexación de la sanción moratoria: aduce que la indexación

e.- Compensación – deducción de pagos: “de cualquier suma que result e probada en el proceso a favor de la demandante y que haya sido pagada por mi representada”.

f.- Improcedencia de la indexación de la sanción moratoria: aduce que la indexación del artículo 187 del CPACA no es aplicable al presente asunto, tal como concl uyó el Consejo de Estado en la sentencia de unificación antes citada.

2.2. Departamento del Huila5:

El ente territorial se opuso a las pretensiones de la demanda, aceptando como ciertos la mayoría de los hechos, advirtiendo que atendió oportunamente la solicitud de reconocimiento de cesantías de la demandante y remitió a la fiduciaria el acto administrativo para el pago, sin que hubiera operado el silencio administrativo frente a la petición de pago de la sanción moratoria, dado que atendió dicha solici tud con el oficio No. HHUI20 20ER0170940 del 30 de julio de 2020.

Con apoyo a lo anterior, formuló como excepciones:

a.-Inexistencia de la obligación de reconocer las pretensiones: la actuación del ente territorial se orienta únicamente a recibir y trami tar el reconocimiento de la prestación, para lo cual proyecta el acto administrativo para que sea aprobado por el FOMAG y su vocera, procediendo a efectuar el pago el aludido fondo, estando demostrado que el departamento del Huila en el subjudice cumplió l os términos del Decreto 2831 de 2005, por lo que de existir mora no resulta imputable al mismo.

5 Índice 12 SAMAI5

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

del Decreto 2831 de 2005, por lo que de existir mora no resulta imputable al mismo.

5 Índice 12 SAMAI5 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-009-2024-00205-01

Demandante: Sandra Rocío Hernández, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y otro

b.- Buena fe exculpatoria de mora: toda vez que, para la época del reconocimiento de las cesantías había sido declarado el estado de excepción por el COVID -19, por ello la tardanza en el pago de dicha prestación no le resulta imputable.

c.- Compartibilidad de la sanción moratoria: en el hipotético caso de no declararse probada la exceptiva de inexistencia de la obligación, solicitó “se considere por separado las competencias de cada una de las entidades demandadas en este trámite administrativo, así como los extremos de la sanción para cada una”.

d.- Condena con cargo a títulos de tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: en caso de condena, la misma debe asumirse con títulos de tesorería emitidos por el Ministerio de Hacienda (art. 57 Ley 1955 de 2019).

e.- Prescripción extintiva: el 1º de octubre de 2019 se empezó a generar la mora en el pago de las cesantías, también inició a correr el té rmino para que el extremo activo exigiera el pago de dicha prestación, lo cual ocurrió el 30 de julio de 2020, extendiéndose el té rmino de 3 años para presentar la conciliación hasta el 30 de

activo exigiera el pago de dicha prestación, lo cual ocurrió el 30 de julio de 2020, extendiéndose el té rmino de 3 años para presentar la conciliación hasta el 30 de julio de 2023, sin embargo, la solicitud conciliatoria se presentó el 16 de abril de 2024, cuando ya había operado el fenómeno prescriptivo.

3. Sentencia Apelada6

En sentencia del 20 de marzo de 2025 , el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del departa mento del Huila (resolutivo 1º) y la nulidad del acto ficto demandado (resolutivo 2º), condenando a la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG a pagar a la demandante la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías del 3 de octubre de 2019 al 17 de marzo de 2020 (167 días) (resolutivo 3º), denegando las demás pretensiones (resolutivo 5º ) y sin condenar en costas (resolutivo 6º).

Para el efecto, expuso que a pesar que la demandante solicitó el auxilio de cesantía el 19 de junio de 2019, siendo re conocido a través de la Resolución N° 4813 del 3 de julio de 2019 –acto expedido en tiempo –, el cual se notificó personalmente y quedó ejecutoriado el 15 de julio de 2019 . Por tanto, debían computarse 45 días para pagar contados a partir de la fecha antedi cha, los cuales fenecían el 2 de octubre de 2019; sin embargo, la prestación fue cancelada el 18 de marzo de 2020,

para pagar contados a partir de la fecha antedi cha, los cuales fenecían el 2 de octubre de 2019; sin embargo, la prestación fue cancelada el 18 de marzo de 2020, por lo que se había causado una mora entre el 3 de octubre de 2019 y el 17 de

6 Índice 19 Id6 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-009-2024-00205-01

Demandante: Sandra Rocío Hernández, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y otro marzo de 2020, esto es, por 167 días.

Señaló que, debido a la actuación oportuna del departamento del Huila, la condena debía ser asumida por la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG; pues “el ente territorial accionado no tuvo injerencia en que los plazos concedidos a las entidades para el pago de las cesantías se sobrepasaran”.

De otro lado, negó la indexación de la sanción moratoria, indicando que no es posible su actualización mientras se causa diariamente, pero sí es posible su ajuste desde la fecha en que cesa la mora y queda ejecutoriada la sentencia que la reconoce.

Finalmente, no condenó en costas a la parte vencida teniendo en cuenta que no obra prueba de la causación de erogaciones que justificaran su imposición.

4. La Apelación.

4.1. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG7:

Inconforme con la decisión anterior, el Fomag, mediante apoderado judicial, trajo a

4. La Apelación.

4.1. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG7:

Inconforme con la decisión anterior, el Fomag, mediante apoderado judicial, trajo a colación el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, a efectos de señalar que, existe una prohibición legal de condenas con cargo al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, por sanción mor a generada en la vigencia 2020, pues a partir de dicha anualidad corre con cargo den ente territorial.

Al respecto sostiene que, no es posible para su representada utilizar sus propios recursos para pa gar condena alguna derivada del pago tardío de las cesantías, como quiera que, la norma en cita prohíbe expresamente la utilización de aquellos recursos para el pago de indemnizaciones económicas.

Señaló que, en el presente asunto la solicitud de cesantí as se elevó el 19 de junio de 2019 y el acto que reconoció dicha prestación es del 3 de julio de 2019, habiéndose puesto a disposición los dineros por dicho concepto el 18 de marzo de 2020, por lo que se causaron 167 días de mora, de los cuales 90 días cor responden al FOMAG (que corrieron hasta el 31 de diciembre de 2019) y fueron cancelados a la docente por parte de la entidad el 13 de junio de 2023 (por valor de $7’999.785).

7 Índice 22 SAMAI7 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-009-2024-00205-01

7 Índice 22 SAMAI7 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-009-2024-00205-01

Demandante: Sandra Rocío Hernández, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y otro Por último, indicó que, al ser la sanción moratoria una penalidad de carácter económico no hay lugar a su indexación, solicitando no se le condene en constas en segunda instancia.

En virtud de lo anterior, solicitó revocar el fallo de primera instancia, en su lugar condenar “únicamente a los días de mora generados y a la entidad que corresponda”.

4.2. Parte demandante8:

Luego de reiterar los argumentos expuestos en el líbelo introductorio, puso de presente las hipótesis sobre la materia planteadas por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, pa ra finalmente precisar que, tanto el Departamento del Huila, como el Fomag son las llamadas a cancelar la sanción moratoria a su prohijado, pues, de un lado, teniendo en cuenta que la solicitud del reconocimiento de la cesantía se realizó el 19 de junio de 2019, el plazo legal de que disponía el ente territorial para expedir y notificar el acto administrativo feneció el 12 de julio de 2019 , no obstante, la Resolución que accedió a la prestación fue notificada hasta el 15 de julio de 2019 , excediendo el término estipulado; y, por otra parte, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales

accedió a la prestación fue notificada hasta el 15 de julio de 2019 , excediendo el término estipulado; y, por otra parte, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, una vez vencidos los términos de ejecutoria del acto, contaba con 45 días hábiles para cancelar la cesantías, esto es, hasta el 18 de septiembre de 2019, sin embargo, el mentado pago se efectuó solo hasta el 18 de marzo de 2020, “por lo que transcurrieron más de 183 días de mora contados a partir de los 70 días hábiles que tenían las entidades para reconocer y cancelar la cesantía hasta el momento en que se efectuó el pago”.

5. Trámite de Segunda Instancia

El 17 de septiembre de 2025, se admitió el recurso de apelación9 presentado por la apoderada de la parte demandante, y, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magister io – FOMAG; y, el 25 de septiembre de 2025, el Secretario de esta Corporación en armonía a lo consagrado en el artículo 247 -5º del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021), pasó el expediente al despacho para proferir decisión de segundo grado.

5.1. Alegatos de conclusión

8 Índice 24 SAMAI 9 Índice 005 del expediente electrónico de segunda instancia, SAMAI.8 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-009-2024-00205-01

Demandante: Sandra Rocío Hernández, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-009-2024-00205-01

Demandante: Sandra Rocío Hernández, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y otro Ninguna de las partes se pronunció con relación a los recursos de apelación; y el Ministerio Público, no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad a las facultades otorgadas por el artícu lo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para conocer del presente asunto y en virtud del artículo 328 del C.G.P., aplicable por remi sión del artículo 306 del C.P.A.C.A., la Sala abordará exclusivamente los argumentos formulados por la parte demandante, y el Fomag, en sus escritos de apelación.

2. Problema Jurídico

El problema jurídico se contrae en determinar a cuál de las entidades demandadas le es imputable la sanción por el retardo en el pago de las cesantías parciales del demandante (porque se causó con posterioridad al año 2019); y, si el cómputo efectuado por la a quo se ajustó a lo consagrado en el artículo 5º de la Ley 1071 de

2006. En caso afirmativo, si la decisión adoptada por el a quo se ajustó a lo consagrado en dicha d isposición normativa; o sí, por el contrario, hay lugar a modificar la sentencia impugnada.

Analizado lo anterior, deberá establecerse si ha operado el fenómeno de la prescripción extintiva del derecho.

3. Estructura de la decisión y análisis del caso

modificar la sentencia impugnada.

Analizado lo anterior, deberá establecerse si ha operado el fenómeno de la prescripción extintiva del derecho.

3. Estructura de la decisión y análisis del caso

Para resolver el problema en cuestión, el Tribunal realizará el análisis jurídico del asunto, para luego abordar el caso concreto, incluyéndose allí el estudio crítico de las pruebas en que se fundamenta la decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del C.P.A.C.A.

3.1. Análisis normativo y jurisprudencial:

3.1.1. Sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías:

Debe señalarse que las cesantías del personal docente se encuentran reguladas por la Ley 91 de 1989, que en el numeral 3 del artículo 15, dispuso:

“3.- Cesantías:9 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-009-2024-00205-01

Demandante: Sandra Rocío Hernández, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y otro

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de ene ro de 1990 y

el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de ene ro de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continu arán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.”

Es decir, que a los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, se les conservaría el sistema de retroactividad, por el cual se recono ce un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado sobre el último salario devengado, mientras que a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1º de enero de 1990, se les ap licaría un sistema anualizado de cesantías sin retroactividad, con reconocimiento de intereses.

Sin embargo, tal distinción no hace inaplicables a los docentes oficiales las normas

1º de enero de 1990, se les ap licaría un sistema anualizado de cesantías sin retroactividad, con reconocimiento de intereses.

Sin embargo, tal distinción no hace inaplicables a los docentes oficiales las normas que regulan el procedimiento de reconocimiento de dicha prestación, que pa ra todos los empleados públicos fue previsto en la Ley 244 de 1995 10, modificada por la Ley 1071 de 200611, por cuanto tales normas al establecer un término perentorio para la liquidación y pago de las cesantías definitivas y parciales, así como al consagrar una sanción si ese término se incumple, lo que buscaron fue que la administración expidiera la resolución correspondiente en forma expedita y que el pago se hiciera de manera oportuna para evitar favorecimientos indebidos y perjuicios a los servidores del Estado, empleados públicos o trabajadores oficiales.

10 Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones. 11 Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.10 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-009-2024-00205-01

Demandante: Sandra Rocío Hernández, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y otro Nótese que la Ley 91 de 198912 regula el sistema para la liquidación de cesantías de

Demandante: Sandra Rocío Hernández, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y otro Nótese que la Ley 91 de 198912 regula el sistema para la liquidación de cesantías de los docentes, es decir, el retroactivo y el anualizado, tema distinto al regulado por la Ley 1071 de 2006, cuyo propó sito está claramente señalado desde el mismo título de la ley y el artículo 1º que señala su objeto, tal como se explicó en precedencia.

Resulta claro entonces que la teleología de esta normatividad no fue señalar la forma de liquidar las cesantías o el régimen aplicable a los diferentes servidores del Estado, sino que hace alusión a un procedimiento unificado para todos, inclusive para trabajadores oficiales y servidores de regímenes especiales. No de otro modo se explica el contenido del artículo 2º de l a Ley 1071 de 2006, que señala como destinatarios de dicha ley a:

“(…) los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicar á a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.”

Luego e ntonces, si la Ley 1071 de 2006 se refirió a todos los trabajadores y empleados del Estado, y ésta norma es posterior a la Ley 91 de 1989, no puede decirse que el procedimiento y sanciones allí previstas no resultan aplicables a los

empleados del Estado, y ésta norma es posterior a la Ley 91 de 1989, no puede decirse que el procedimiento y sanciones allí previstas no resultan aplicables a los docentes, pues no puede desconocerse su calidad de servidores del Estado, además, no existe una razón lógica para interpretar que esta reglamentación quiso discriminar justificadamente al sector de los docentes.

La anterior discusión fue definida por la Sección Segunda del Cons ejo de Estado a través de la Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2018 13, en la cual se sentaron distintas reglas para efectos del reconocimiento de la sanción moratoria, en virtud de lo dispuesto en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, concluyendo que los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales 14, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la

12 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de Unificación del 18 de J ulio de 2018,

Radicación Número: 73001 -23-33-000-2014-00580-01(4961-15) Ce -Suj2-012-18, Actor: Jorge Luis Ospina C ardona, Demandado: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento Del Tolima, Consejera Ponente: Sand ra Lisset Ibarra Vélez. 14 Definición utilizada en el Decreto Ley 3135 de 1968, para significar a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales.11

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Demandante: Sandra Rocío Hernández, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y otro

implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través de la ley.

En ese orden de id eas, a los docentes le asiste derecho al pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006. El artículo 2 de la Ley 244 de 1995 establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 2o. <Artículo subrogado por el artículo 5o. de la Ley 1071 de

2006. El nuevo texto es el siguiente:> La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firm e el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta

un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firm e el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario p