TA HUI - Sentencia 41001-33-33-009-2025-00134-01 (04-07-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M. P.: Dr. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, cuatro (4) de julio de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL ACCIÓN DE TUTELA ACCIONANTE YINA MAIRELI CRUZ MOSQUERA como agente oficiosa de la señora ADIELA

MOSQUERA DE CRUZ

ACCIONANDOS FAMISANAR EPS y Otros

DECISIÓN SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN 41001333300920250013401

APROBADO EN SALA ACTA DE LA FECHA

ASUNTO

Procede la Sala a resolver la impugnación instaurada por la accionada Caja de Compensación Familiar -CAFAMcontra el fallo proferido el 3 de junio de 2025, por el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva, mediante el cual se ampararon los derechos fundamentales a la salud, vida digna y a la seguridad social de la señora Adiela Mosquera de Cruz.

1. LA ACCIÓN1

Yina Maireli Cruz Mosquera, actuando como agente oficiosa de su señora madre Adiela Mosquera de Cruz, instauró acción de tutela en contra de Famisanar EPS, la Secretaría de Salud del Departamento del Huila y la Superintendencia de Salud , en la que solicitó protección de los derechos fundamentales a la salud, a la vida, la vida digna, petición y la seguridad social, presuntamente vu lnerados por las accionad as al no entregarle los medicamentos ordenados por el médico tratante y la falta de asignación de

fundamentales a la salud, a la vida, la vida digna, petición y la seguridad social, presuntamente vu lnerados por las accionad as al no entregarle los medicamentos ordenados por el médico tratante y la falta de asignación de fecha para la cirugía plástica y reconstructiva, cirugía de ligadura y escisión de safena interna.

1 Índice 004 documento 02 expediente de primera instancia – Samai. DemandaTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2

ACCIÒN DE TUTELA ACCIONANTE: YINA MAIRELI CRUZ MOSQUERAAGENTE OFICIOSA DE ADIELA MOSQUERA DE CRUZ

ACCIONADO: FAMISANAR EPS y Otros RAD. 41001333300920250013401

Pretende lo siguiente:

PRIMERO: Como consecuencia del anterior amparo, ordenar a la empresa promotora de salud FAMISANAR E.P.S, en un término máximo de 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela autorice los procedimientos, servicios y productos oportunos que requiera la s eñora ADIELA MOSQUERA DE CRUZ , para el tratamiento integral de la enfermedad que padece y por lo anterior, solicito la protección de los derechos a la vida, salud, seguridad social y petición, en consecuencia, se ordene a FAMISANAR E.P.S que asigne y reali ce fecha lo más pronto posible la asignación de cirugías CIRUGÍA PLÁSTICA Y

RECONSTRUCTIVA, CIRUGÍA DE LIGADURA Y ESCISIÓN DE SAFENA

INTERNA, ENTREGA DE MEDICAMENTO ACIDO HIALURONICO 2.5 G/100G

pronto posible la asignación de cirugías CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, CIRUGÍA DE LIGADURA Y ESCISIÓN DE SAFENA INTERNA, ENTREGA DE MEDICAMENTO ACIDO HIALURONICO 2.5 G/100G + DICLOFENACO SODICO GEL TOPICO 3 G/100G TUBO POR 30G .así mis mo autorice los procedimientos, servicios, medicamentos y productos que requiera la señora ADIELA MOSQUERA DE CRUZ , para el tratamiento integral de la enfermedad que padece.

SEGUNDO: se ordene a la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD para que a través de la misionalidad que les corresponde intervengan diligentemente en el proceso adminsitrativo de autorización y asignación de la fecha de cita en la especialidad de medicina física y rehabilitación que requiero de acuerdo a mi condición de salud”.

Lo anterior se sustenta en los siguientes hechos relevantes:

• Que actualmente la señora Adiela Mosquera de Cruz, cuenta con 70 años de edad, está afiliad a a la EPS Famisanar bajo el régimen subsidiado y presenta diversas patologías de alta complejidad , entre las que se destacan un tumor maligno de piel , queratosis actínica , insuficiencia venosa e hipertensión arterial, condiciones que requieren intervenciones quirúrgicas especializadas y la prestación de un tratamiento médico integral y oportuno para preservar su salud y garantizarle una vida digna.

• Señala que, como parte del manejo clínico, los médicos tratantes ordenaron Cirugía plástica y reconstructiva Cir ugía de ligadura y

integral y oportuno para preservar su salud y garantizarle una vida digna.

• Señala que, como parte del manejo clínico, los médicos tratantes ordenaron Cirugía plástica y reconstructiva Cir ugía de ligadura y escisión de safena interna y el medicamento Ácido hialurónico 2.5 g/100 g y diclofenaco sódico gel tópico 3 g/100 g.

• Que, a pesar de las reiteradas gestiones realizadas, la EPS no ha autorizado ni programado las intervenciones quirúrgicas, ni ha efectuado la entrega de los medicamentos prescritos . Como consecuencia de esta omisión, las órdenes médicas han perdido vigencia , obligando a la paciente a reiniciar el proceso médico desde la consulta general , generando una clara interrupción en su proceso de rehabilitación.

• Agrega que han transcurrido más de seis meses desde la primera orden quirúrgica, sin que se haya garantizado el acceso a los procedimientos, loTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3

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cual ha conllevado un deterioro progresivo en la condición de salud de la paciente.

• Indica que no cuenta con los recursos económicos necesarios para costear el tratamiento de forma particular y se encuentra clasificada en el Sisbén nivel 2 , circunstancia que refuerza su estado de vulnerabilidad y necesidad de especial protección constitucional.

• Finalmente, advierte que la conducta omisiva de la EPS Famisanar ha

nivel 2 , circunstancia que refuerza su estado de vulnerabilidad y necesidad de especial protección constitucional.

• Finalmente, advierte que la conducta omisiva de la EPS Famisanar ha implicado la imposición de barreras administrativas injustificadas , desconociendo su deber de garantizar de forma oportuna, continua y eficaz el derecho fundamental a la salud.

2. CONTESTACIÓN E INFORMES

2.1 DEPARTAMENTO DEL HUILA2

Se opone a la prosperidad de la acción , precisando que no tiene competencia directa en la prestación de los servicios de salud reclamados en la presente acción de tutela, ya que la señora Adiela Mosquera se encuentra afiliada al régimen subsidiado a través de la EPS Famisanar, entidad que es la responsable de garantizar la atención en salud de sus afiliados conforme a la normatividad vigente.

Expone que a partir del 1º de enero de 2020, la financiación de servicios y tecnologías no cubiertos por la UPC (No PBS) corresponde a la Nación, a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) , conforme al artículo 231 de la Ley 1955 de 2019 . Por tanto, las EPS deben gestionar estos servicios mediante la plataforma MIPRES, siendo también responsables del seguimiento y la gestión integral del tratamiento.

Aclara que no ha recibido solicitud formal alguna por parte de la accionante, su familia ni la EPS, relacionada con los procedimientos o medicamentos reclamados en tutela. En consecuencia, no ha tenido oportunidad de intervenir, por lo que no puede atribuírsele omisión alguna ni se configura legitimación en la causa por pasiva.

medicamentos reclamados en tutela. En consecuencia, no ha tenido oportunidad de intervenir, por lo que no puede atribuírsele omisión alguna ni se configura legitimación en la causa por pasiva.

2 Índice 008 documento 08 Samai primera instancia .ContestaDepartamentoTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4

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Además, advierte que una eventual condena contra esta entidad sin haber sido parte activa del trámite administrativo constituiría una violación al debido proceso, ya que el juez de tutela no puede pronunciarse sobre solicitu des no formuladas ante la administración.

Finalmente, solicita ser exonerada de cualquier responsabilidad , al estimar que los servicios solicitados (cirugías y medicamentos) corresponden exclusivamente a la EPS Famisanar , la cual debe asumir su obligación de garantizar la atención oportuna, continua y de calidad.

3.2. FAMISANAR EPS3

Se opone a la tutela, pues ha realizado gestiones para atender los requerimientos de salud de la señora Adiela Mosquera de Cruz, incluyendo el direccionamiento y solicitud de programación con la IPS Mediláser, quedando pendiente la confirmación del agendamiento.

Sostiene que no ha negado deliberadamente el acceso a los servicios médicos, por lo cual considera improcedente que se le ordene otorgar un “tratamiento integral” en los términos solicitados, ya que este tipo de órdenes

Sostiene que no ha negado deliberadamente el acceso a los servicios médicos, por lo cual considera improcedente que se le ordene otorgar un “tratamiento integral” en los términos solicitados, ya que este tipo de órdenes son indeterminadas, generales y a futuro, lo que vulnera principios de seguridad jurídica y sostenibilidad del sistema.

Argumenta que el tratamiento integral no puede otorgarse sin que se configuren los requisitos jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional y recuerda que tanto la UPC como el presupuesto máximo tienen una destinación específica, por lo que no pueden usarse para cubrir servicios excluidos por la normatividad vigente (Ley 1751 de 2015 y Resolución 2718 de 2024).

Enfatiza que no ha existido vulneración ni amenaza a derechos fundamentales por parte de la EPS, y que la acción de tutela no procede frente a conductas legítimas , conforme al artículo 45 del Decreto 2591 de 1991. Además, señala que su actuación ha sido ajustada a la ley y su rol como aseguradora dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Solicita se declare la improcedencia de la acción de tutela , en tanto no hay omisión atribuible a Famisanar, y que las decisiones judiciales deben respetar los límites presupuestales, técnicos y normativos que rigen el sistema de salud.

3 Índice 009 documento 008 expediente de primera instancia – Samai ContestaFamisanarTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5

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3.3. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD4

Se opone a las pretensiones de la acción , pues no existe un nexo causal entre la presunta vulneración de derechos fundamentales alegados y las funciones que desempeña la entidad. Argumenta que no ha tenido participación en los hechos materia del amparo constitucional , ni ha desplegado acción u omisión alguna que configure una amenaza o afectación directa a los derechos invocados.

Sostiene que su rol se limita a ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre los agentes del Sistema de Seguridad Social en Salud, pero no tiene competencia en la prestación directa de servicios médicos, ni actúa como superior jerárquico de las EPS. Por tanto, la responsabilidad de garantizar los servicios médicos recae únicamente en la EPS Famisanar , como aseguradora del régimen subsidiado.

Resalta que la acción de tutela debe dirigir se contra quienes tengan legitimación en la causa por pasiva , es decir, contra quienes tengan la responsabilidad de prestar los servicios solicitados, lo cual no se configura en este caso frente a la Superintendencia.

No obstante, reitera el deber de las EPS de garantizar el acceso oportuno, eficiente y continuo a los servicios de salud, y recuerda la jurisprudencia constitucional que prohíbe que los usuarios enfrenten barreras administrativas o dilaciones injustificadas, especialmente en casos de patologí as graves como

eficiente y continuo a los servicios de salud, y recuerda la jurisprudencia constitucional que prohíbe que los usuarios enfrenten barreras administrativas o dilaciones injustificadas, especialmente en casos de patologí as graves como el cáncer, declarado por ley como de interés prioritario en salud pública y sujeto a tratamiento integral sin interrupciones.

En virtud a lo que alega en su defensa, solicita se declare la inexistencia de nexo causal entre la entidad y los hechos de la tutela, reconocer su falta de legitimación y disponer su desvinculación del proceso.

3.4. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR -CAFAM-5

Se opone a las pretensiones de la tutela, argumentando que no es una EPS ni tiene responsabilidad en la autorización, dirección o garantía de los servicios médicos reclamados, funciones que corresponden exclusivamente al asegurador, en este caso Famisanar EPS.

4 Índice 010 documento 013 expediente de primera instancia – Samai ContestaSupersalud 5 Índice 014 expediente digital primera instancia Samai ConstestaCafamTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6

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Explicó que su función se limita a prestar servicios médicos en calidad de IPS, conforme a los contratos establecidos por la EPS. En ese sentido, no le compete autorizar procedimientos, emitir órdenes médicas ni resolver controversias entre usuarios y aseguradoras.

Explicó que su función se limita a prestar servicios médicos en calidad de IPS, conforme a los contratos establecidos por la EPS. En ese sentido, no le compete autorizar procedimientos, emitir órdenes médicas ni resolver controversias entre usuarios y aseguradoras.

Respecto a los medicamentos solicitados en la acción de tutela , señaló que actualmente existe desabastecimiento en sus puntos de dispensación institucional, debido a dificultades de suministro por parte de los laboratorios proveedores. Aclaró que, si bien realiza esfuerzos para gestionar su entrega, la responsabilidad última sobre la disponibilidad y entrega recae en la EPS, quien debe garantizar el acceso efectivo a los tratamientos formulados.

En consecuencia, sostiene que no ha incurrido en vulneración alguna de derechos fundamentales y, por tanto, no debe ser vinculada como parte responsable en el proceso.

3.5. CLÍNICA MEDILÁSER6

En su calidad de vinculada, se opone a la prosperidad de las pretensiones, manifestando que no ha incurrido en ninguna omisión o conducta que haya vulnerado los derechos fundamentales de la señora Adiela Mosquera de Cruz.

Indicó que, tras revisar la historia clínica de la paciente, se constató que ha sido atendida en sus instalaciones y frente a la cirugía requerida, que no se han impuesto barreras administrativas . Explicó que la programación del procedimiento dependía de factores logísticos, tales como la disponibilidad del especialista, el suministro de los insumos médicos necesarios y el espacio en las salas de cirugía.

Aclaró que el procedimiento ya fue programado para el 10 de junio de 2025 a las 13:00 horas, con el especialista Dr. Héctor Conrado Jiménez, en la

las salas de cirugía.

Aclaró que el procedimiento ya fue programado para el 10 de junio de 2025 a las 13:00 horas, con el especialista Dr. Héctor Conrado Jiménez, en la sede Centro. Por tanto, afirma que el objeto de la tutela ha sido superado.

Por último, y para el efecto ante señalado, invocó jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la carencia actual de objeto por hecho superado , solicitando al despacho judicial que se le desvincule del proceso, toda vez que no existe actuación negligente ni se configuró vulneración alguna de derechos por parte de la institución.

6 Índice 015 documento 021 expediente digital primera instancia ContestaciónMedilaserTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 7

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3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA7

El Juzgado Noveno Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 3 de junio de 2025, resolvió amparar los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social de la señora Adiela Mosquera de Cruz y dispuso:

“(…) Segundo: ORDENAR al representante legal y/o Gerente Zonal TolimaHuila de la EPS FAMISANAR SAS y al representante legal de CAFAM (si media contrato vigente con la EPS) que en el plazo de los DOS (2) DÍAS siguientes a la notificación del presente fallo (si aún no lo hubiere hecho) entreguen los medicamentos “ÁCIDO

de la EPS FAMISANAR SAS y al representante legal de CAFAM (si media contrato vigente con la EPS) que en el plazo de los DOS (2) DÍAS siguientes a la notificación del presente fallo (si aún no lo hubiere hecho) entreguen los medicamentos “ÁCIDO HIALURONICO 2.5 G/100G + DICLOFENACO SODICO GEL TOPICO 3 G/100G TUBO POR 30G”, conforme a la fórmula expedida el 13 de marzo de 2025 y teniendo en cuenta los copagos ya realizados, advirtiendo además a las accionadas el deber que les asiste de comunicar el cumplimiento de esta orden al Despacho, so pena del trámite establecido en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: EXHORTAR a Famisanar EPS y a la Clínica Mediláser S.A.S (mientras formen parte de la red de prestadores de la EPS) a que prosigan los trámites encaminados a que tengan lugar la cirugía de ligadura y escisión de safena interna, y la cirugía plástica y reconstructiva.

Cuarto: NEGAR las demás pretensiones de la solicitud de amparo. (…)”

Para llegar a la anterior decisión, luego de relacionar lo probado, el juez encontró que ya se ordenaron los procedimientos quirúrgicos y medicamentos, y que, si bien algunas gestiones ya se iniciaron, los servicios no se han prestado de manera efectiva, pues no se ha suministrado el medicamento ácido hialurónico + diclofenaco sódico, formulado desde el 13 de marzo de 2025, sin justificación válida para su retraso.

Concluyó que ello constituye una vulneración de los derechos

hialurónico + diclofenaco sódico, formulado desde el 13 de marzo de 2025, sin justificación válida para su retraso.

Concluyó que ello constituye una vulneración de los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social, por parte de Famisanar EPS y CAFAM, quienes tienen la responsabilidad directa de garantizar el acceso a dichos servicios.

Advierte que, a unque ya existe programación para una de las cirugías (ligadura y escisión de safena interna) y se desplegaron gestiones administrativas para la cirugía plástica y reconstructiva, aclaró que la sola programación futura no desvirtúa la violación de derechos, pues el retardo afecta el proceso de rehabilitación y constituye una barrera en el acceso oportuno al servicio.

Sobre el tratamiento integral solicitado, expuso que no es procedente ordenarlo de manera general e indefinida, en tanto no se acreditó una negativa

7 Índice 016 expediente de primera instancia – Samai Sentencia.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 8

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específica ni se adjuntó evidencia médica suficiente para sustentar su necesidad inmediata. Además, recordó que dicho tipo de órdenes deben estar delimitadas por prescripción médica concreta.

Respecto a la Secretaría de Salud del Huila y la Superintendencia Nacional de Salud, encontró que no tienen legitimación en la causa por pasiva,

por prescripción médica concreta.

Respecto a la Secretaría de Salud del Huila y la Superintendencia Nacional de Salud, encontró que no tienen legitimación en la causa por pasiva, pues no se les atribuye acción u omisión directa relacionada con los hechos de la tutela, motivo por el cual fueron desvinculadas del trámite.

Por último, frente al derecho de petición alegado por la accionante, indicó que, al revisar el expediente, se advierte que no se aportó ningún documento o constancia que acredite la formulación de una solicitud, queja o reclamo dirigida a la Superintendenc ia Nacional de Salud o a la Secretaría de Salud Departamental del Huila, ni se evidencia de que dichas entidades hubieran omitido pronunciarse frente a una solicitud concreta y legítima, por lo que decidió negar esta pretensión.

4. LA IMPUGNACIÓN

La Caja de Compensación Familiar -CAFAM-8 recurre tal decisión en cuanto se le ordena suministrar el medicamento “ácido hialurónico 2.5 g/100 g + diclofenaco sódico gel tópico 3 g/100 g” a la señora Adiela Mosquera de Cruz, toda vez que su función como IPS se limi ta a la dispensación de medicamentos previamente autorizados y direccionados por la EPS . Reitera que no es una EPS ni tiene competencia para autorizar, financiar o garantizar servicios médicos, pues solo actúa como operador de salud dentro de su red habilitada.

Asimismo, informa que el medicamento ordenado ya fue entregado satisfactoriamente, según los soportes adjuntos, conforme a la disponibilidad de inventario y en coordinación con la EPS. Que, con ello, ha cumplido con su

habilitada.

Asimismo, informa que el medicamento ordenado ya fue entregado satisfactoriamente, según los soportes adjuntos, conforme a la disponibilidad de inventario y en coordinación con la EPS. Que, con ello, ha cumplido con su deber en lo que le corresponde , por lo que no se justifica su inclusión como parte responsable en la tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

Esta Sala es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación presentada, conforme lo establece el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 153 del C.P.A.C.A.

8 Índice 019 documento 23 expediente digital de primera instancia Samai ImpugnaciónTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9

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2. PROBLEMA JURÍDICO

Como el a quo accedió parcialmente a las pretensiones y la Caja de Compensación Familiar interpuso recurso de impugnación, le corresponde a la Sala determinar ¿si debe revocarse o confirmarse la decisión de primera instancia, en lo relacionado con la orden dada a la recurrente para la entrega del medicamento prescrito a la accionante, al haber acreditado que ya realizó tal entrega?

3. TESIS DE LA SALA

Se confirmará la sentencia que accedió al amparo constitucional

del medicamento prescrito a la accionante, al haber acreditado que ya realizó tal entrega?

3. TESIS DE LA SALA

Se confirmará la sentencia que accedió al amparo constitucional solicitado por la señora Adiela Mosquera de Cruz, a través de su agente oficiosa Yina Maireli Cruz Mosquera, por cuanto la acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia necesarios para ello y porque si bien, en el transcurso del trámite de la acción, la impugnante suministró el medicamento solicitado en la tutela, ello se dio como consecuencia de la presentación de la tutela y por ende, esa actuación no impone su desvinculación.

Sin embargo, se aclarará q ue la Caja de Compensación FamiliarCAFAMno es la responsable directa de autorizar ni garantizar el suministro de los servicios y medicamentos reclamados, ya que su participación se limita al suministro o entrega de los mismos conforme a las autorizaciones y direccionamientos que realice la EPS Famisanar, a quien le corresponde la gestión integral del aseguramiento en salud.

4. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

4.1 Legitimación en la causa

El inciso primero del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario. Igualmente, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentalesTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10

y sumario. Igualmente, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentalesTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10

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podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

En este caso, está acreditada la legitimación en la causa por activa, pues instaura la presente acción constitucional Yina Maireli Cruz Mosquera9, como agente oficiosa de su señora madre Adiela Mosquera de Cruz.

La legitimación por pasiva , se encuentra igualmente acreditada en las entidades accionadas, por ser estas las involucradas en la prestación del servicio de salud que se endilga no prestado y consecuencialmente violatorio de los derechos invocados por la accionante.

4.2 Inmediatez

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es un mecanismo de protección “ inmediata” de derechos fundamentales y si bien no existe un término constitucional y legal dentro del cual los ciudadanos deben interponer esta acción, también lo es que ello no implica que la solicitud de amparo pueda presentarse en cualquier tiempo, puesto que se “desvirtuaría el propósito mismo de la tutela, el cual es permitir una protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales”10.

de amparo pueda presentarse en cualquier tiempo, puesto que se “desvirtuaría el propósito mismo de la tutela, el cual es permitir una protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales”10.

En tales términos, según la jurisprudencia constitucional, el requisito de inmediatez exige que la acción de tutela sea pres entada en un “término razonable”11 respecto de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales.

Al respecto, al no existir un término definido, la Corte Constitucional ha señalado que el principio de inmediatez se debe estudiar y analizar a partir de tres reglas12. En primer lugar, se debe tener en cuenta que se está en presencia de un mandato que busca proteger la seguridad jurídica y garantizar la protección de los derechos de terceros, que pue dan verse afectados por la interposición de la acción de tutela dentro de un tiempo que no es razonable ; en segundo lugar, el análisis de la inmediatez debe hacerse a partir del concepto de razonabilidad, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso concreto y, en tercer lugar, es preciso tener en cuenta el concepto de “plazo razonable”, el cual, respecto de la acción de tutela, tiene que ajustarse a la característica de

9 Índice 004 documento 02 del expediente digital Samai primera instancia 10 Corte Constitucional, sentencia T-307 de 2017. 11 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999. 12 Corte Constitucional, sentencia SU-108 de 2018.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11

ACCIÒN DE TUTELA

11 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999. 12 Corte Constitucional, sentencia SU-108 de 2018.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11

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constituir un medio judicial que otorga una respuesta urgente e inmediata ante la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.

Ahora bien, en el presente caso, la accionante, actuando como agente oficiosa de su madre, solicita la protección de los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social , frente a la omisión en la entrega de medicamentos y la no programación oportuna de procedimientos quirúrgicos, ordenados desde marzo de 2025. A pesar de las múltiples gestiones realizadas, Famisanar EPS y la IPS Cafam no garantizaron de manera efectiva el acceso al tratamiento médico requerido , lo cual motivó la presentación de esta acción de tutela.

En ese contexto, se observa que la acción fue radicada el 20 de mayo de 2025, es decir, dentro de un plazo razonable y proporcional al momento en que se mat erializó la afectación de los derechos fundamentales, razón por la cual se encuentra acreditado el requisito de inmediatez, conforme lo ha exigido reiteradamente la jurisprudencia constitucional.13.

4.3 Subsidiaridad.

Este requisito se encuentra en los artículos 86 de la Constitución Política, el cual dispone que la acción de tutela tiene -carácter subsidiario-, y el 6°

4.3 Subsidiaridad.

Este requisito se encuentra en los artículos 86 de la Constitución Política, el cual dispone que la acción de tutela tiene -carácter subsidiario-, y el 6° numeral 1° del Decreto 2591 de 1991, que previó que la acción de tutela es excepcional y complementaria a los demás medios de defensa ju dicial. En virtud de ello, la acción de tutela solo procede en dos supuestos excepcionales: i) cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, caso en el cual la tutela procede como mecanismo de protección definitivo y, ii) cuando interpone la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable, supuesto en el que procede como mecanismo transitorio y para lo cual, la protección se extiende hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario.

En cuanto al perjuicio irremediable, la jurisprudencia constitucional ha señalado que debe reunir los siguientes requisitos para que se torne procedente la acción de tutela: i) que se trate de un hecho cierto e inminente; ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes; iii) que la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y finalmente iv) que las actuaciones de protección han de ser impostergables.

13 Índice 003 Primera Instancia Samai ActaReparto.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 12

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