TA HUI - Sentencia 410013333001-2014-00072-01 (28-10-2025)

Tribunal Administrativo de Huila

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Detalles

Título
TA HUI - Sentencia 410013333001-2014-00072-01 (28-10-2025)
Autor
Tribunal Administrativo de Huila
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Cuarta

Neiva, veintiocho de octubre de dos mil veinticinco.

DEMANDANTE: ADRIÁN TOVAR ZAMBRANO

DEMANDADO: INPEC MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO RADICACIÓN: 41 001 33 33 001-2014-00072-01

PROVIDENCIA: SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

MAG. PONENTE: RAMIRO APONTE PINO

ACTA: 091

I. EL ASUNTO.

Resuelve la sala el recurso de apelación instaurado por la parte actora contra la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva el 19 de octubre de 2020; la cual, denegó las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES.

1. La demanda.

El señor Adrián Tovar Zambrano promueve el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante Inpec), en procura de que se declare la nulidad de la resolución 002038 del 16 de julio de 2013; a través de la cual, se declaró insubsistente su nombramiento como director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva.

A título de restablecimiento del derecho, depreca el reintegro al mismo empleo y el pago indexado de todos los emolumentos salariales y prestacionales dejados de percibir.

Así mismo, solicita condenar a la demandada al pago de costas.

2. Fundamentación fáctica.

empleo y el pago indexado de todos los emolumentos salariales y prestacionales dejados de percibir.

Así mismo, solicita condenar a la demandada al pago de costas.

2. Fundamentación fáctica.

Sustenta las pretensiones en los siguientes argumentos de orden fáctico:

a. Se graduó como administrador de empresas de la Universidad Surcolombiana el 15 de mayo de 1998, y en 2008 realizó un diplomado en gerencia de la administración penitenciaria y carcelaria.Adrián Tovar Zambrano vs. Inpec 41 001 33 33 001-2014-00072-01 2

b. Por conducto de la resolución 06742 del 9 de junio de 2008, fue nombrado por el Inpec director d e la cárcel de Yopal; donde laboró hasta el 21 de abril de 2009.

c. Mediante la resolución 003720 del 23 de abril de 2009, fue nombrado director de la cárcel de Neiva.

d. Durante 2011 y 2012 recibió una calificación superior a 90 puntos en el desempeño laboral, y en el mes de noviembre de la última anualidad fue objeto de un “reconocimiento de incentivos” por la Ministra de Justicia.

e. A través de la resolución 001547 del 6 de junio de 2013, fue condecorado con la “orden de servicios distinguidos, primera categoría, primera vez”.

f. Por conducto de la resolución 002038 del 16 de julio de 2013, el Inpec declaró insubsistente su nombramiento como director de la cárcel de Neiva (un mes después de la condecoración). Como fundamento, se esgrime la

f. Por conducto de la resolución 002038 del 16 de julio de 2013, el Inpec declaró insubsistente su nombramiento como director de la cárcel de Neiva (un mes después de la condecoración). Como fundamento, se esgrime la facultad discrecional consagrada en el literal a) del artículo 49 del Decreto 407 de 1994 y en el artículo 8º del Decreto 4151 del 3 de noviembre de 2011.

g. Dicho acto fue comunicado al demandante por correo electrónico el 19 de julio siguiente.

h. El 17 de julio de 2013 , el Inpec encargó de la dirección de la cárcel de Neiva al señor Carlos Alirio Perico Vargas, quien solo tenía experiencia en guardia.

  1. La insubsistencia se originó por la persecución adelantada por un grupo de sindicalistas de la cárcel de Neiva , quienes pretendían cogobernar y abusar de sus prerrogativas.

Con ese propósito, instauraron una queja malintencionada en la dirección nacional del Inpec, relacionada con un permiso excepcional otorgado al interno Héctor William Rojas Durán (quien gozaba de detención domiciliaria y le concedieron la libertad por ejecución condicional de la pena).

j. El 22 de julio de 2013 se difundió en los medios de comunicación la noticia de que el señor Adrián Tovar Z ambrano fue destituido por corrupto al conceder dicho permiso.

k. El 26 de julio de 2013, se dispuso la apertura de una investigación preliminar disciplinaria (expediente 1207-2013).Adrián Tovar Zambrano vs. Inpec 41 001 33 33 001-2014-00072-01 3

preliminar disciplinaria (expediente 1207-2013).Adrián Tovar Zambrano vs. Inpec 41 001 33 33 001-2014-00072-01 3

3. Fundamentación legal.

Como sustento de las pretensiones, invoca los artículos 137 y 138 del Cpaca y 90 de la Constitución Política.

Seguidamente, plantea las siguientes causales de nulidad:

a. Desviación de poder.

Apoyándose en un precedente del Consejo de Estado, considera que el Inpec abusó de la facultad discrecional con sagrada en el literal a) del artículo 49 del Decreto 407 de 1994 y en el artículo 8º del Decreto 4151 del 3 de noviembre de 2011; porque so pretexto de mejorar el servicio (lo cual no es cierto, porque su remplazo carecía de una adecuada experiencia administrativa), la verdadera intención era sancionarlo (sin formula de juicio, y sin poder ejercer el derecho de defensa). Y no es explicable, que fuera desvinculado, a pesar de su buen rendimiento y las condecoraciones que recibió. Al analizar un asunto similar, el precedente contencioso administrativo así se pronunció: “Lo anterior corresponde claramente a una desviación de poder, que la Constitución y la ley le atribuyen al nominador, en cuanto considera que efectivamente se t omó una decisión administrativa excediendo los límites fijados; es así como el artículo 36 del C.C.A., al referirse a las decisiones discrecionales, prevé: “en la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discreciona l, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le

contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discreciona l, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa. ”, lo que significa que se exige de la autoridad nominadora mesura en las decisiones que adopte, con miras a evitar la arbitrariedad en su ejercicio. A juicio de la Sala, las circunstancias que rodearon la insubsistencia (hechos ocurridos el 9 de octubre de 1994) constituyen indicio serio de que lo verdaderamente pretendido por el Director del INPEC no fue el mejoramiento del servicio sino sancio nar al demandante por los hechos que dieron lugar a la presunta fuga de unos presos, en especial del señor Bayron de Jesús Velasquez Arenas, quien “gozaba de beneficio administrativo de 72 horas” porque había obtenido permiso por la Dirección General de Prisiones (INPEC), mediante resolución No. 1446 del 17 de mayo de 1994 como lo acreditó el oficio No. 3429 del 18 de octubre de 1996 (fls. 127128).” b. Violación de las normas en que debería fundarse el acto administrativo.

El proceder irregular de la accionada desconoció los artículos 6 ª (debido proceso), 9 º (presunción de inocencia), 13 (proscripción de la responsabilidad objetiva), 17 ( derecho a la defensa) y 19 (deber de motivación) de la Ley 734 de 2002.

Si pretendía n reprocharle la infracción d e normas, debieron iniciar un proceso disciplinario y suspenderlo mientras se adelantaba la investigación,Adrián Tovar Zambrano vs. Inpec 41 001 33 33 001-2014-00072-01 4

proceso disciplinario y suspenderlo mientras se adelantaba la investigación,Adrián Tovar Zambrano vs. Inpec 41 001 33 33 001-2014-00072-01 4

pero no utilizar una facultad distinta (insubsistencia por razones del servicio).

4. La oposición.

Luego de referi rse a cada uno de los hechos, el apoderado del Inpec se opone a la prosperidad de las pretensiones; argumentando que los artículos 10 y 12 del Decreto 407 de 1994 1, establece que el cargo que desempeñaba el demand ante es de libre nombramiento y remoción (director de establecimiento carcelario), y que no gozaba de ningún fuero de estabilidad (no desempeñaba un cargo de carrera administrativa).

Aclara que el acto enjuiciado se expidió en ejercicio de las facultades conferidas en el literal a) del artículo 49 2, ibídem, y en el numera 4º del artículo 48 del Decreto 1890 de 1999 3, de suerte que se trata de una motivación de carácter legal y objetiva.

Las cualidades y el buen desempeño laboral no le conferían al actor un fuero de estabilidad ni impedían que otra persona pudiera desempeñar el mismo cargo; destacando que ello es algo que se espera de todo servidor público.

El Consejo de Estado 4 considera “…que por la sola circunstancia de que un empleado desempeñe sus funciones en forma idónea, competente, responsable y haya observado buena conducta ello no obliga a la administración a mantenerlo en el servicio indefinidamente… La hipótesis contraria, conllevaría a que se configurara un fuero de

empleado desempeñe sus funciones en forma idónea, competente, responsable y haya observado buena conducta ello no obliga a la administración a mantenerlo en el servicio indefinidamente… La hipótesis contraria, conllevaría a que se configurara un fuero de estabilidad especial que es extraño en funcionarios de libre nombramiento y remoción. Dicha forma de desempeño en el ejercicio de un cargo corresponde a la obligación que tiene todo empleado público de cumplir con la Constitución y la Ley desde el momento en que lo ejerzo”.

1 Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

2 ARTÍCULO 49. CAUSALES DE RETIRO. Son causales de retiro para los empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, las siguientes:

a) Declaración de insubsistencia del nombramiento…”.

3 ARTÍCULO 48. Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Funciones. El Director General es agente del Presidente de la República, de su libre nombramiento y remoción, y responsable de la seguridad penitenciaria y carcelaria, y de la administración de los centros de reclusión.

Corresponde al Director General, además de lo establecido en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, las siguientes funciones:

(…)

4. Nombrar, dar posesión y remover al personal del Instituto a su cargo, así como expedir los actos administrativos que requiera el manejo de este personal. Para el ejercicio de las facultades de remoción de que trata el artículo 65 del Decreto 407 de 1994 el director obtendrá el concepto previo de una junta asesora conformada por el secretario general de la entidad, el jefe de la oficina jurídica, el jefe de la

de que trata el artículo 65 del Decreto 407 de 1994 el director obtendrá el concepto previo de una junta asesora conformada por el secretario general de la entidad, el jefe de la oficina jurídica, el jefe de la división de recursos humanos y el jefe del comando superior del Cuerpo de Custodia y Vigilancia …”. 4 Rad. 1999-04699.Adrián Tovar Zambrano vs. Inpec 41 001 33 33 001-2014-00072-01 5

De igual manera, esa colegiatura5 considera que los actos que declaran la insubsistencia de un empleado de libre nombramiento y remoción, por ser consecuencia de la aplicación de la facultad discrecional (mejoramiento del servicio), no requieren de motivación explícita.

5. La audiencia inicial.

La audiencia inicial se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2016. En la misma el a quo fijó el litigio y decretó las pruebas solicitadas por las partes.

6. Audiencia de pruebas y alegatos de conclusión.

En la audiencia realizada el 15 de agosto de 2017 se incorporaron las pruebas documentales decretadas y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, quienes manifestaron lo siguiente:

a. Parte demandante.

Reiteró los argumentos esbozados en la demanda.

b. Parte demandada.

Insiste en los argumentos planteados en al descorrer el traslado de la demanda.

c. Ministerio Público.

No rindió concepto.

7. El fallo impugnado.

El 31 de enero de 2020 , el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva negó

demanda.

c. Ministerio Público.

No rindió concepto.

7. El fallo impugnado.

El 31 de enero de 2020 , el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante (fijó por concepto de agencias en derecho el equivalente a 1 smlmv).

Como sustento, adujo que no se demostró que el acto de insubsistencia se profirió para sancionar al demandante o que su remplazante no cumpliera los requisitos. Por lo tanto, no se configuró la alegada desviación de poder.

Teniendo en cuenta que el director de establecimiento carcelario es un empleo de libre remoción (por ser de dirección, confianza y manejo ), la desvinculación del mismo “es procedente en forma inmotivada, sin procedimientos o condiciones, y este acto administrativo goza de presunción de legalidad”. Presunción que puede ser desvirtuada por la parte interesada (carga de la prueba).

5 Cfr. sentencia del 8 de julio de 1999. Rad. 25-99.Adrián Tovar Zambrano vs. Inpec 41 001 33 33 001-2014-00072-01 6

En e fecto, el H. Consejo de Estado considera que el ejercicio de dicha potestad se debe encaminar al mejoramiento del servicio: “Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en manifestar que las facultades discrecionales no son omnímo das, sino que tienen que estar encaminadas a la buena prestación del servicio público, por lo cual cabe estudiar el vicio de ilegalidad del acto de mandado

la jurisprudencia de esta Corporación en manifestar que las facultades discrecionales no son omnímo das, sino que tienen que estar encaminadas a la buena prestación del servicio público, por lo cual cabe estudiar el vicio de ilegalidad del acto de mandado frente al cargo del uso indebido que hace el nominador de tal potestad. Así mismo, ha insistido la jurisprudencia que cuando se trate de ca rgos que implican una especial responsabilidad y dignidad, como era el caso de la demandante, las exigencias para ejercer la potestad discrecional se tornan más amplias…”6.

Aclara que la desvinculación se fundamentó en las facultades establecidas en el literal a) del artículo 49 del Decreto 407 de 1994 y en el numeral 6 del artículo 8 del Decreto 4151 de 2011 (normas replicadas en la comunicación del 16 de julio de 2013); que regulan la declaratoria de insubsistencia del nombramiento como causal de retiro y la facultad de nominar a los empleados de dicha entidad.

Teniendo en cuenta la naturaleza del cargo que desempeñaba el actor, para su desvinculación no se requería expedir un acto administrativo expresamente motivado , porque se presume que es para mejorar el servicio, y en el sub lite no se demostró la desviación de poder alegada (finalidad sancionatoria de la desvinculación), “…toda vez que si bien es cierto el señor Adrián Tovar en efecto fue condecorado el 6 de junio de 2013 y la declaratoria de insubsistencia del nombramiento fue producida el 16 de julio de 2013, también es cierto que la compulsa de copias que efectuara el Juz gado Penal se llevó a cabo el 14

de insubsistencia del nombramiento fue producida el 16 de julio de 2013, también es cierto que la compulsa de copias que efectuara el Juz gado Penal se llevó a cabo el 14 de junio de 2013 ante la Procuraduría General de la Nación y solo existe constancia de que la oficina de control interno disciplinario del INPEC tuvo conocimiento de esos hechos hasta el 22 de julio de 2013, según se desprende del reporte de e-mail obrante a folio 3 del cuaderno de pruebas 1, es decir, en días posteriores a la emisión del acto administrativo demandado”.

Estima que no se le debe otorgar ningún valor probatorio a la nota de prensa publicada en el medio de co municación “opanoticias.com”, titulada “Destituyen director de la Cárcel de Neiva por otorgar permiso a recluso fuera del país”, porque de acuerdo con el precedente del Consejo de Estado, las notas de prensa dan cuenta de una determinada noticia, pero no brindan certeza de su contenido.

Aunque en gracia de discusión se aceptara que la desvinculación se originó por el otorgamiento irregular de un permio a un recluso, el Consejo de Estado aclaró que la actuación disciplinaria y la facultad discrecional son instituciones jurídicas autónomas e independientes, “…pues la atribución discrecional permite al nominador escoger a sus colaboradores y prescindir de estos, por razones del buen servicio, al paso que la actuación disciplinaria tiene por naturaleza la vigilancia de la conducta de los servidores públicos; independientemente que pueda coincidir en constituir causales de retiro o desvinculación del servicio”.

por razones del buen servicio, al paso que la actuación disciplinaria tiene por naturaleza la vigilancia de la conducta de los servidores públicos; independientemente que pueda coincidir en constituir causales de retiro o desvinculación del servicio”.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2017. Exp. 150012331000-2009-00058-01 (3822-15) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.Adrián Tovar Zambrano vs. Inpec 41 001 33 33 001-2014-00072-01 7

Por ese motivo, el trámite de una investigación disciplinaria no confiere un fuero de estabilidad que impida e jercer la facultad discrecional de insubsistencia.

Tampoco se demostró que el demandante fuera víctima de una conspiración por parte algunos sindicalistas, porque en los oficios suscritos por algunos empleados solo informan algunas situaciones ocurridas en el taller de mecán ica que generaban problemas de seguridad; amén de proponer soluciones para superar esa problemática.

De otro lado, el manual de funciones contenido en la resolución 001778 del 24 de junio 20137, establece que para desempeñar el cargo de director de establecimiento de reclusión, código 0195, clase iv ; se exige “Título profesional en: Administración Pública , Administración Financiera, Administración de Empresas, Administración Policial, Administración de Negocios, Ciencias Políticas, Ciencias Militares, Derecho, Economía, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Psicología, Trabajo Social, Administración Agropecuaria, Administración Ambiental…” . Título de especialización en áreas afines con las funciones a desempeñar y

Ciencias Militares, Derecho, Economía, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Psicología, Trabajo Social, Administración Agropecuaria, Administración Ambiental…” . Título de especialización en áreas afines con las funciones a desempeñar y 24 meses de experiencia profesional relacionada.

Al revisar la hoja de vida del señor Carlos Alirio Perico Vargas (nombrado en reemplazo del demandante), “…se advierte que éste ve nía vinculado con la entidad en carrera administrativa desde el 17 de diciembre de 1991, desempeñándose para el momento del nombramiento como Te niente de Prisiones grado 16 y que ostentaba el título profesional en derecho y especializaciones en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Colombia y en Gerencia en Salud Ocupacional de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, de lo cual se desprende que éste sí cumplía con los requisitos mínimos exigidos para el cargo. Además contaba también con variada capacitación adicional en gerencia penit enciaria (f. 16 c. pruebas 3), nuevas técnicas penitenciarias (f. 27 c. pruebas 3), nuevas tendencias del derecho: medio ambiente (f. 28 c. pruebas 3), t écnicas de actualización (fls. 29 y 31 c. pruebas 3), ordenamiento t erritorial (f. 30 c. pruebas 3)” . Amén de que también recibió felicitaciones de sus superiores y obtuvo buenos resultados en sus evaluaciones.

Es cierto que el demandante fue un buen empleado ( bien calificado al evaluar su desempeño y fue condecorado ); sin embargo, no se puede catalogar como un servidor excepcional o que no tuviera aspectos por mejorar; porque en una de las evaluaciones recibió una observación por

evaluar su desempeño y fue condecorado ); sin embargo, no se puede catalogar como un servidor excepcional o que no tuviera aspectos por mejorar; porque en una de las evaluaciones recibió una observación por recurrentes quejas de ma ltrato a internos, fallas en la seguridad (al presentarse dos fugas) e incumplimiento en la información.

Incluso, de acuerdo con el precedente contencioso administrativo 8, la excelencia y el buen desempeño no coartan la posibilidad de ejercer la facultad discrecional frente los cargos de libre nombramiento y remoción

7https://www.inpec.gov.co/documents/20143/67285/RESOLUCION+1778+DE+24+DE+JUNIO+DE+201 3.pdf/d1a5d8d8-1d7b-0c44-a00f-9023b965ea51

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de marzo de 2006. Exp. 680012315000-2000-02605-01 (7009-05) C.P. Jaime Moreno García.Adrián Tovar Zambrano vs. Inpec 41 001 33 33 001-2014-00072-01 8

(no configura un fuero de estabilidad) ; como quiera q ue pueden existir otras razones que ameriten el relevo . Insistiendo que desempeñar correctamente las funciones es un deber de todo servidor público.

Tampoco se configura violación de las normas en que debería fundarse el acto administrativo (artículos 9, 13, 17 y 19 de la Ley 734 de 2002 ); recordando que la insubsistencia no fue consecuencia de un proceso disciplinario. Incluso, el que se inició por esos hechos culminó con auto de archivo.

recordando que la insubsistencia no fue consecuencia de un proceso disciplinario. Incluso, el que se inició por esos hechos culminó con auto de archivo.

Finalmente, condenó en costas al demandante , atendiendo el criterio objetivo valorativo.

8. La impugnación.

Inconforme, el demandante interpuso el recurso de apelación, planteando los siguientes cargos:

a. Con la demanda no pretende generar los efectos de una exoneración disciplinaria, ni alegar una especie de prejudicialidad ; como pareciera entenderlo equivocadamente el a quo; sino ambientar el contexto en que se produjo la desvinculación.

b. Acepta que el proceso disciplinario no le otorga estabilidad a los servidores de libre nombramiento y remoción . Por ese motivo se puede declarar la insubsistencia por razones del buen servicio.

c. Extraña que el a quo no valorara las pruebas en su conjunto, que no aplicara las reglas de la sana crítica y que no analizara los indicios que acreditan la configuración de la desviación de poder.

d. La desvinculación tuvo una finalidad sancionatoria y no el mejoramiento del servicio; amparándose en el otorgamiento de un p ermiso presuntamente irregular a u interno.

Aserto, que se puede corroborar con los siguientes indicios:

-No es razonable que fuera condecorado con el “distintivo de servicios distinguidos Coronel Bernardo Echeverry Ossa, primera categoría, primera vez”, y a los pocos días fuera desvinculado por razones del servicio.

-Una nota de prensa da cuenta que la desvinculación se produjo por el

distinguidos Coronel Bernardo Echeverry Ossa, primera categoría, primera vez”, y a los pocos días fuera desvinculado por razones del servicio.

-Una nota de prensa da cuenta que la desvinculación se produjo por el otorgamiento de dicho permiso (prueba a la que el a quo no le dio ningún valor).

-El 26 de julio de 2013 (pocos días después de la insubsistencia), se inició un proceso disciplinario en su contra , con base en una queja anónima,Adrián Tovar Zambrano vs. Inpec 41 001 33 33 001-2014-00072-01 9

producto de una persecución laboral (así consta en el auto 00118 del 18 de junio de 2015).

e. La fecha de la queja anónima deja sin fundamento el recuento cronológico de la sentencia; de acuerdo con el cual, el proceso disciplinario fue posterior y no fue conocido por la dirección del Inpec.

f. Queda claro, que la facultad discrecional no se utilizó para mejorar el servicio, sino para sancionarlo sin fórmula de juicio; pues no le permitieron ejercer el derecho de defensa.

En todo caso, fue absuelto en el proceso disciplinario, porque su actuación se encontraba plenamente justificada.

g. En un caso análogo, el Consejo de Estado concluyó que se configuró la desviación de poder9.

h. El actuar “atropellado” del Inpec vulneró los artículos 6º (debido proceso), 9º (presunción de inocencia), 13 (proscripción de la responsabilidad objetiva), 17 (derecho a la defensa) y 19 (deber de motivación) de la Ley 734 de 2002.

9º (presunción de inocencia), 13 (proscripción de la responsabilidad objetiva), 17 (derecho a la defensa) y 19 (deber de motivación) de la Ley 734 de 2002.

  1. Si el Inpec pretendía reprocharle la infracción de determinadas normas, debía iniciar un proceso disciplinario y suspenderlo mientras se adelantaba la investigación; pero no declarar la insubsistencia por razones del servicio.

9. Alegaciones de conclusión en segunda instancia.

a. Parte actora.

Reiteró los argumentos esbozados en el recurso de apelación.

b. Parte demandada.

Insiste en los planteamientos esbozados al contestar la demanda.

c. Concepto del Ministerio Público.

No rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES.

1. La competencia.

De acuerdo con las preceptivas consagradas en el artículo 153 del C paca, esta corporación es competente para resolver la impugnación instaurada

9 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, Sentencia del 1º de octubre de 2009, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, Rad. No. 25000-23-25-000-1995-37401-01(6389-059).Adrián Tovar Zambrano vs. Inpec 41 001 33 33 001-2014-00072-01 10

contra el fallo de primera instancia; amén de que no se advierten falencias sustanciales o adjetivas que invaliden la actuación.

En razón a que el fallo solo fue impugnado por la parte demandante; al tenor de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso 10,

sustanciales o adjetivas que invaliden la actuación.

En razón a que el fallo solo fue impugnado por la parte demandante; al tenor de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso 10, sólo se abordará el análisis de los argumentos esbozados en el escrito contentivo del recurso.

2. El problema jurídico.

El asunto sub examine se contrae a establecer si se debe revocar el fallo de primera instancia, porque el acto enjuiciado vulneró el marco normativo superior y se expidió con desviación de poder.

En particular, precisar: i) si al declarar la insubsistencia del nombramiento del actor, el Inpec ejerció arbitrariamente la facultad de libre nombramiento y remoción, ii) si antes de adoptar esa determinación se debía iniciar una investigación disciplinaria (incluyendo la suspensión del cargo), y iii) si las pruebas fueron valoradas en debida forma.

3. Lo probado.

En sub lite se encuentra acreditado lo siguiente:

a. A través de la resolución 003720 del 23 de abril de 2009, el demandante fue designado director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Neiva (código 0195, clase iv), y al día siguiente tomó posesión del cargo.

b. En la “evaluación de desempeño para prima técnica nivel directivo”, realizada en los periodos 21/02/2011-21/02/2012 y 21/02/2012 -31/10/2012, obtuvo puntajes totales de 90 y 92.10, respectivamente.

c. El 25 de abril de 2013, varios empleados del establecimiento penitenciario

puntajes totales de 90 y 92.10, respectivamente.

c. El 25 de abril de 2013, varios empleados del establecimiento penitenciario de Neiva le solicitaron al demandante el cierre del “taller de mecánica”, por problemas de seguridad. Dicha solicitud fue reiterada el 16 de mayo de 2013.

10Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.Adrián Tovar Zambrano vs. Inpec 41 001 33 33 001-2014-00072-01 11

d. El 2 de junio de 2013, el actor puso en conocimiento del director regional central del Inpec un presunto acoso laboral ejercido en su contra por algunos funcionarios de la prisión:

“Por primera vez en cinco años de vida laboral dentro del INPEC, acudo de manera suplicante a ser escuchado, pues como director del EPCMS DE NEIVA, he venido realizando

funcionarios de la prisión:

“Por primera vez en cinco años de vida laboral dentro del INPEC, acudo de manera suplicante a ser escuchado, pues como director del EPCMS DE NEIVA, he venido realizando de la mejor manera y de forma ética y moral cada una de mis funciones, destacando la buena labor en una calificación de 9.2 por parte de la dirección regional y siendo premiado el año anterior por el ministerio de justicia por igual resultado; calificaciones que tienen un más valor, pues se debe tener en cuenta la cantidad de dificultades por las que atraviesa el sistema carcelario.

Sin embargo quiero manifestar a su honorable despacho que una vez llegaron a este establecimiento a desempeñar sus funciones como nuevos cuadros de mando; los señores inspectores; GIOVANNY RODRIGUEZ SUAREZ, CARLOS ANDRES BLANQUICETT SUAREZ, JOSE NORBEY RAMIREZ SANCHEZ, el Señor Teniente MILTON ALEXIS CASTRO RUIZ. Con estrategia maquiavélica vienen conspirando en mi contra, siendo atacado sistemáticamente con denuncias, quejas, comentarios despectivos, amenazas personales, humillaciones públicas, y utilizando todo tipo tácticas de intimidación por parte de los funcionarios en mención, sintiéndome intimidado laboralmente y generándome dificultades en el mismo trabajo con mis superiores, comprometiendo mi estabilidad emocional y laboral, así mismo mi tranquilidad e integridad física.

Esta conducta abusiva y consciente la vienen realizando en acciones repetidas e irrazonables dirigidas día a día, con informes a la Dirección General y otras instancias, siendo poco éticas y amañadas, así como solicitudes deliberadas solicitando soluciones a

Esta con

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