TA HUI - Sentencia 410013333001-2025-00004-01 (18-02-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M. P.: Dr. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, dieciocho (18) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE CRISTIAN JULIÁN CUY MARTÍNEZ

ACCIONANDO NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL

DECISIÓN SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN 410013333001-2025-00004-01

APROBADO EN SALA ACTA DE LA FECHA

ASUNTO

Procede la Sala a resolver la impugnación instaurada por la parte accionada, contra el fallo proferido el 24 de enero de 2025 por el Juzgado Primero Administrativo de Neiva, mediante el cual accedió al amparo constitucional.

1. LA ACCIÓN1

Cristian Julián Cuy Martínez , actuando en nombre propio , instauró acción de tutela solicitando que se ampare su derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por la NaciónMinisterio de Educación Nacional, al no haber resuelto su solicitud de convalidación de título en postgrado.

Sustenta lo anterior en los siguientes HECHOS:

 Que el 6 de noviembre de 2024, a través de la plataforma virtual del Ministerio de Educación Nacional, presentó solicitud de convalidación de su título de Máster Universitario en “Didáctica de la Física y la Química en Educación Secundaria y Bachillerato ”, cursado en la Universidad Internacional de La Rioja , la que fue radicada con el indicativo No. 2024EE313850.

Química en Educación Secundaria y Bachillerato ”, cursado en la Universidad Internacional de La Rioja , la que fue radicada con el indicativo No. 2024EE313850.

1 Documento a índice No. 4 del expediente electrónico de primera instancia – Samai.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2

ACCIÒN DE TUTELA

ACCIONANTE: CRISTIAN JULIÁN CUY MARTÍNEZ ACCIONADO: NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL RAD. 410013333001-2025-00004-01

 Y, que pese a señalar el artículo 13 de la Resolución No. 1010687 del 09 de octubre de 2019, que el Ministerio accionado tiene sesenta (60) días calendario para expedir el acto administrativo de convalidación del título, a la fecha de la presentación de la acción pública habían transcurrido 67 días, sin que se hubiera emitido respuesta alguna.

2. LA CONTESTACIÓN

La NaciónMinisterio de Educación Nacional, guardó silencio.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA2

El Juzgado Primero Administrativo de Neiva, mediante sentencia proferida el 24 de enero de 2025 , resolvió tutelar el derecho de petición y ordenarle a la Subdirección de Aseguramiento de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional , que emitiera y notificara u na decisión de fondo y congruente , sobre la solicitud p resentada por el accionante el 6 de noviembre de 2024.

Para llegar a la anterior conclusión, argumentó que, como el 6 de noviembre de 2024, a través de la plataforma virtual del Ministerio de

fondo y congruente , sobre la solicitud p resentada por el accionante el 6 de noviembre de 2024.

Para llegar a la anterior conclusión, argumentó que, como el 6 de noviembre de 2024, a través de la plataforma virtual del Ministerio de Educación Nacional, el actor había presentado solicitud de convalidación de su título, la parte accionada tenía como plazo el término de 60 días calendario para contestar, conforme al artículo 13 de la Resolución N o. 010687 del 09 de octubre de 2019, los cuales vencieron el 7 de enero de 2025; por lo que, como a la fecha de presentación de la acción -14 de enero de 2025 -, la entidad accionada no había expedido el acto administrativo respectivo, era flagrante la vulneración el derecho fundamental de petición.

4. IMPUGNACIÓN3

La Nación – Ministerio de Educación Nacional impugna la anterior decisión, pues la Subdirección de Aseguramiento de Calidad para la Educación

2 Documento a índice No. 8 del expediente electrónico de primera instancia – Samai. 3 Documento a índice No. 14 del expediente electrónico de primera instancia – Samai.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3

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Superior, mediante la Resolución 000320 DE 22 ENE 2025, resolvió de fondo el recurso impetrado por el accionante sobre la convalidación de un título, acto administrativo el cual fue debidamente notificado en la mentada fecha, a través

Superior, mediante la Resolución 000320 DE 22 ENE 2025, resolvió de fondo el recurso impetrado por el accionante sobre la convalidación de un título, acto administrativo el cual fue debidamente notificado en la mentada fecha, a través del acta de notificación electrónica con fecha del 22 de enero de 2025, al correo electrónico crijulcuymar@gmail.com.

Ante tal circunstancia, solicita se revoque el fallo y se decrete la carencia actual de objeto por hecho superado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

Esta Sala es competente para conocer en segunda instancia la impugnación presentada, conforme lo establece el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 153 del CPACA.

2. PROBLEMA JURÍDICO

Como el a quo accedió al amparo constitucional solicitado y la accionada NaciónMinisterio de Educación Nacional impugna tal decisión aduciendo que ya dio respuesta de fondo a la solicitud impetrada por el accionante , la Sala deberá resolver si ¿procede revocar la sentencia de primera, al constatares que la entidad accionada, antes de dictarse sentencia de primera instancia, dio respuesta a la petición elevada por el accionante y si en ese supuesto, se configura un hecho superado?

3. TESIS DE LA SALA

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia , al considerar que no existe carencia de objeto por hecho superado, toda vez que fue necesaria la intervención del juez constitucional para que la accionada procediera a realizar tal trámite administrativo correspondiente.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4

no existe carencia de objeto por hecho superado, toda vez que fue necesaria la intervención del juez constitucional para que la accionada procediera a realizar tal trámite administrativo correspondiente.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4

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Para resolver lo anterior, esta Corporación se ocupará de los siguientes temas: (i) la acreditación de los requisitos de procedencia; (ii) el derecho fundamental de petición ; (iii) el debido proceso administrativo: (iv) el hecho superado; y, (v) el caso concreto.

4. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

4.1 Legitimación en la causa

El inciso primero del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario. Igualmente, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

En este caso, está acreditada la legitimación en la causa por activa, pues instaura la presente acción constitucional Cristian Julián Cuy Martínez , en

no esté en condiciones de promover su propia defensa.

En este caso, está acreditada la legitimación en la causa por activa, pues instaura la presente acción constitucional Cristian Julián Cuy Martínez , en nombre propio; quien alega vulneración a su derecho fundamental de petición.

Respecto de la legitimación por pasiva, el artículo 86 del Constitución Política establece que la tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o, excepcionalmente, por el actuar de los particulares.

En esta oportunidad, la acción se presenta contra la Nacíón - Ministerio de Educación Nacional , al señalarse que es la entidad que presuntamente vulneró el derecho fundamental deprecado por el actor, máxime, cuando dicho extremo procesal se encuentra en estado de indefensión frente a la s entidades administrativas, porque son estas últimas las encargada del trámite administrativo para la determinación de la convalidación de títulos académicos (Ley 1955 de 2019), por lo que tal requisito se encuentra materializado.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5

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4.2. Subsidiaridad

El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela es el mecanismo para reclamar la protección de los derechos fundamentales cuando estos se encuentren amenazados o violados por la omisión o acción de las autoridades públicas o de los particulares y no existan mecanismos judiciales

mecanismo para reclamar la protección de los derechos fundamentales cuando estos se encuentren amenazados o violados por la omisión o acción de las autoridades públicas o de los particulares y no existan mecanismos judiciales que resulten efectivos para la protección de esos derechos fundamentales, a no ser que se demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio. Esto tiene como finalidad impedir que este mecanismo, que es excepcional, se convierta en principal.

En este caso, es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice, el recurso de amparo es el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho al debido proceso en materia administrativa, si se tiene en cuenta que en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo, comoquiera que lo que se persigue en sí no es el derecho sujeto, sino el cumplimiento del trámite administrativo.

Entonces, el derecho fundamental al debido proceso debe ser celosamente observado en la totalidad de las actuaciones administrativas, máxime, en las tienen origen en la ciudadanía a través del ejercicio del derecho de petición cuando su finalidad es una garantía prestacional, comoquiera que, de él, se desprenden otra seria de derechos constitucionales4.

Y, en tal medida, como en este caso no se pretende la declarato ria de un derecho, sino, llanamente, la garantía de una actuación de la administración, no existe otro medio cuya finalidad permita tal eventualidad, lo que conduce a tener por satisfecho este requisito.

4.3 La inmediatez

Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela

existe otro medio cuya finalidad permita tal eventualidad, lo que conduce a tener por satisfecho este requisito.

4.3 La inmediatez

Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela se puede interponer “ en todo momento ” y, por ende, en principio, no tiene término de caducidad. Sin embargo, dada la naturaleza de ser un mecanismo para la “protección inmediata” de los derechos fundamentales, bien se puede concluir que su finalidad es dar una solución de carácter urgente a las situaciones que puedan generar una vulneración o amenaza a derechos fundamentales y en ese orden, debe entenderse que este requisito de la inmediatez en la interposición de una acción de tutela, siempre debe analizarse teniendo en cuenta las específicas circunstancias del caso, a fin de determinar

4 Corte Constitucional, sentencia T234 de 2022.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6

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si fue razonable o no el plazo entre el momento en que se interpuso la petición y el que se generó la acción u omisión que vulneró los derechos fundamentales del accionante.

Al respecto, la Corte Constitucional 5 ha precisado que la protección de los derechos fundamentales, vía acción constitucional, debe invocarse en un plazo razonable y oportuno contado entre la ocurrencia del hecho generador de la transgresión y la interposición del amparo. Lo anterior, en procura del

los derechos fundamentales, vía acción constitucional, debe invocarse en un plazo razonable y oportuno contado entre la ocurrencia del hecho generador de la transgresión y la interposición del amparo. Lo anterior, en procura del principio de seguridad jurídica y de la preservación de la naturaleza propia de la acción de amparo; sin embargo, aclara que de manera excepcional será procedente, aun cuando no haya sido promovida de manera inmediata en algunos casos.

En este caso, se observa que se cumplió con este requisito, ya que, la presunta afectación del derecho fundamental de petición invocado por el accionante, si bien se origina desde el 6 de noviembre de 2024, se ha mantenido en el tiempo, conforme a lo narrado en el escrito de tutela, al no haberse resuelto la misma; por lo que debe concluirse que la vulneración alegada tiene vocación de actualidad, lo que conduce a la necesidad de la intervención del juez constitucional.

5. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLES

5.1 Del derecho fundamental de petición

La Constitución Política establece en el artículo 23 que: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”.

Este derecho se considera fundamental y puede ser entendido, de un lado, como la facultad de formular una petición respetuosa ante las autoridades, y del otro, el derecho a recibir de ellas una respuesta rápida y de fondo.

La Corte constitucional ha concluido que la respuesta al derecho de petición debe cumplir con ciertas condiciones: (i) oportunidad 6; (ii) debe

otro, el derecho a recibir de ellas una respuesta rápida y de fondo.

La Corte constitucional ha concluido que la respuesta al derecho de petición debe cumplir con ciertas condiciones: (i) oportunidad 6; (ii) debe

5 Corte Constitucional, sentencia SU-108 de 2018. 6 Sobre la oportunidad, por regla general, se aplica lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo que establece que en el caso de peticiones de carácter particular la Administración tiene un plazo de 15 días para responder, salvo que por la naturaleza del asunto se requiera un tiempo mayor para resolver, caso en el cual la Administración tiene la carga de informar al peticionario de ntro del término de los 15 días, cuánto le tomará resolver el asunto y el plazo que necesita para hacerlo.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 7

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resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado7; y (iii) ser puesta en conocimiento del peticionario 8, so pena de incurrir en la violación de este derecho fundamental.

El incumplimiento de alguno de los requisitos mencionados conlleva a la vulneración del derecho de petición, pues impide al ciudadano obtener respuesta efectiva y de fondo9.

La Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se reguló el derecho fundamental de petición y se sustituyó el Título II y artículos 13 a 33 de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011, establece en el artículo 13 lo siguiente:

fundamental de petición y se sustituyó el Título II y artículos 13 a 33 de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011, establece en el artículo 13 lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación”.

En cuanto a los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones y su ampliación en el evento de no poderse responder en dicho término, indica el artículo 14:

“Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince días siguientes a su recepción.

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado r espuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado r espuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

7 En la sentencia T400 de 2008 respecto a la necesidad de una respuesta de fondo, la Corte reiteró que “[l]a respuesta de la Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia respuestas evasivas, o la simple afirmación de que el asunto se encuentra en revisión o en trámite”. 8 Corte Constitucional, Sentencia T-332/15 9 Ib.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 8

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Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la Ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta,

plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la Ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”

Tal derecho implica no solamente la posibilidad de manifestar una inquietud ante la administración, sino que esta conlleva nec esariamente el derecho a obtener y a exigir una respuesta clara y definitiva sobre esa inquietud, por lo que contiene necesariamente el deber correlativo de la administración o del particular en su caso, de contestar la petición del ciudadano dentro de un término razonable.

Sin embargo, el derecho a reclamar en esta forma, no impone a las autoridades la obligación de resolver positivamente las inquietudes del solicitante, ya que el contenido del pronunciamiento se sujetará a lo que legalmente corresponda, siendo claro que la eficacia de este derecho y lo esencial, es la posibilidad que tiene cualquier persona de obtener una respuesta real y concreta a su inquietud. Por consiguiente, la respuesta que la administración o el particular otorgue siempre debe ser de “fondo, clara, precisa y oportuna”, haciendo que dicha contestación se convierta en un elemento esencial del derecho de petición.

Respecto a la notificación de la respuesta a las peticiones, debe recordarse lo que la Corte Constitucional 10, ha indicado lo siguiente: “el derecho de petición solo se satisface cuando la persona que elevó la solicitud conoce la respuesta del mismo, por lo que corresponde a la entidad ante la cual se eleva la solicitud notificar la respuesta al interesado … Dicha notificación, señaló la entidad, debe ser efectiva, es decir,

petición solo se satisface cuando la persona que elevó la solicitud conoce la respuesta del mismo, por lo que corresponde a la entidad ante la cual se eleva la solicitud notificar la respuesta al interesado … Dicha notificación, señaló la entidad, debe ser efectiva, es decir, real y verdadera y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante. En este sentido, el ente ante el cual se dirige el derecho de petición debe velar porque la forma en q ue se surta aquella sea cierta y seria, de tal manera que logre siempre una constancia de ello, la cual, a su vez, constituye la prueba sobre la comunicación, como núcleo esencial del derecho de petición.”.

5.2 Debido proceso administrativo

La Constitución Política consagra el debido proceso como derecho fundamental en su artículo número 29. A partir del contenido de esta norma superior, la Corte Constitucional ha precisado que es “el derecho que tienen las partes de hacer uso del conjunto de facultades y garantías que el ordenamiento jurídico les otorga, para efecto de hacer valer sus derechos sustanciales, dentro de un procedimiento judicial o administrativo” 11. Al mismo tiempo, esta garantía

10 Sentencia T-149 del 2013. 11 Sentencia T-531 de 2019.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9

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fundamental constituye un límite al ejercicio del poder público en el Estado de Derecho.

Así entonces, la garantía del debido proceso implica que para resolver el

RAD. 410013333001-2025-00004-01

fundamental constituye un límite al ejercicio del poder público en el Estado de Derecho.

Así entonces, la garantía del debido proceso implica que para resolver el alcance de los derechos de los ciudadanos deben observarse “las leyes preexistentes” y “la plenitud de las formas propias de cada juicio” . En estos términos, jurisprudencialmente se ha definido el debido proceso administrativo como el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, “materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autorid ad administrativa”12. En el mismo sentido, se ha indicado que el principio de legalidad en la actuación administrativa es una manifestación del debido proceso administrativo en tanto “protege a los ciudadanos de decisiones arbitrarias que se aparten de la voluntad del legislador democráticamente elegido”13.

Por lo tanto, dicho principio y derecho adquiere especial relevancia en actuaciones administrativas relacionadas con el reconocimiento de prestaciones sociales atendiendo que estas constituyen medios par a, a su vez, materializar otros derechos como la seguridad social, el mínimo vital y la vida en condiciones dignas y, por ende, constituye una garantía sustancial y procedimental para los asociados.

5.3 De la carencia de objeto por hecho superado

Como en este caso la parte accionada alude y solicita que se declare el hecho superado por carencia actual de objeto , se recuerda que la Corte Constitucional sostiene que cuando en el trámite de una acción de tutela se logra comprobar que la vulneración o amenaza a un derecho fundamental ha cesado, el juez constitucional debe declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, siempre que se den los siguientes supuestos:

comprobar que la vulneración o amenaza a un derecho fundamental ha cesado, el juez constitucional debe declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, siempre que se den los siguientes supuestos:

“El artículo 26 del Decreto 2591 reglamenta la figura del hecho superado así:

“Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

En e l mismo sentido, la Corte Constitucional en abundante jurisprudencia 14, ha explicado que la carencia actual de objeto por hecho superado, se origina cuando desaparece la afectación al derecho fundamental invocado. Así, por ejemplo, en la Sentencia T -570 de 1992, la Corte señaló que si bien la acción de tutela es el mecanismo eficaz para la protección de los derechos fundamentales cuando éstos

12 Corte Constitucional, Sentencias C-980 de 2010, T-796 de 2006 y T-051 de 2016. 13 Corte Constitucional, sentencias T-188 de 2013 y T-735 de 2015. 14 Al respecto se pueden consultar entre otras: T-267/08, T-576/08, T-091/09.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10

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resulten amenazados o vulnerados, si la perturbación que dio origen a la acción

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resulten amenazados o vulnerados, si la perturbación que dio origen a la acción desaparece o es superada, entonces, el peticionario carece de interés jurídico ya que dejan de existir el sentido y objeto del amparo, razón por la cual habrá de declararse la carencia actual de objeto por hecho superado. De manera Clara la Corte ha señalado:

“La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho constitucional fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la per sona que se considera afectada se dirige ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de la cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiere el juez caería en el vacío”15.

(…) Esto significa que la acción de tutela pretende evitar la vulneración de derechos fundamentales y su eficacia está atada a la posibilidad de que el juez constitucional profiera órdenes que conduzcan a evitar la vulneración inminente o irreparable de los derechos fundamentales. Al desaparecer el hecho que presuntamente conculca los derechos de un ciudadano carece de sentido que el juez constitucional profiera órdenes que no conducen a la protección de los derechos de los ciudadano s. Así, cuando el hecho vulnerador desaparece se extingue el objeto actual del

los derechos de un ciudadano carece de sentido que el juez constitucional profiera órdenes que no conducen a la protección de los derechos de los ciudadano s. Así, cuando el hecho vulnerador desaparece se extingue el objeto actual del pronunciamiento, haciendo inocuo un fallo de fondo del juez constitucional”. 16

Sin embargo, al verificar la configuración de tal circunstancia en el trámite de la segunda instancia, será necesario seguir lo señalado por el Consejo de Estado17, en el sentido de confirmar lo decidido sin declarar probado el hecho superado:

“En el presente caso, es claro que no nos encontramos frente a lo que la Jurisprudencia Constitucional ha denominado hecho superado, pues aun cuando ya cesó la vulneración, no se puede señalar que la orden de amparo carezca de objeto, todo lo contrario, co mo estuvo ajustada a derecho, lo que corresponde es confirmarla e incluso, prevenir a la autoridad para que en adelante se abstenga de dicha conducta, es decir, de la necesidad de que medie una orden de un Juez para garantizar el derecho fundamental de petición de los ciudadanos.

En otras palabras, no es que resulte innecesario decretar orden de amparo -que es el efecto práctico del hecho superadosino que debe confirmarse en todas sus partes la que ya se decretó, por cuanto, además, sirvió para la protección cabal del derecho reclamado.

Distinto sería si, por ejemplo, el Tribunal no hubiese concedido el amparo y aun así las entidades hubiesen contestado los derechos de petición elevados por la parte actora, ya que en esta instancia sí habría lugar a dec larar el hecho superado, por cuanto, efectivamente se constató que se violó el derecho, pero es inane decretar

las entidades hubiesen contestado los derechos de petición elevados por la parte actora, ya que en esta instancia sí habría lugar a dec larar el hecho superado, por cuanto, efectivamente se constató que se violó el derecho, pero es inane decretar orden alguna, en atención a que la situación de vulneración ya fue superada. Se insiste entonces en que el evento del hecho superado está previst o para aquellos casos en los que el Juez Constitucional, en cualquiera de las instancias, advierte que

15 Sentencia T-570 de 1992. 16 Sentencia T927 de 2013. MP: Mauricio González Cuervo. 17 Consejo de Estado, sentencia del 12 de mayo de 2016, C.P. María Elizabeth García González. Rad. 6800123-33-000-2016-00173-01.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11

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el hecho vulnerador desapareció y, por tanto, resulta innecesario impartir orden alguna encaminada a superar una situación que ya fue finiquitada, pero s i la intervención del Juez sirvió para la cesación de la vulneración y estuvo ajustada a derecho, corresponde confirmarla.” (Subraya esta Sala)

5. CASO CONCRETO

Cristian Julián Cuy Martínez solicitó la protección de su derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por la NaciónMinisterio de Educación Nacional, al no haber resuelto su solicitud de convalidación de título en postg