TA HUI - Sentencia 410013333002-2025-00151-01 (01-08-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Segunda de Decisión M.P. Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Neiva, primero (01) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL: TUTELA

ACCIONANTE: LEIDY LORENA LOSADA MOSQUERA

ACCIONADO: DIAN RADICACIÓN: 410013333002–2025–00151–01

PROVIDENCIA: SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Aprobado en Sala de la fecha/Acta N° 050.

1. OBJETO.

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte por la parte accionante en contra del fallo de tutela de primera instancia proferido el 24 de junio de 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, que negó el amparo constitucional.

2. HECHOS.

La señora LEIDY LORENA LOSADA MOSQUERA solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, igualdad, fuero sindical, mínimo vital, “protección estabilidad laboral reforzada” y debido proceso, a fin de que se ordene a la Dirección de I mpuestos y Aduanas Nacionales (DIAN en adelante) que la reubique en un cargo vacante al interior de la entidad o del sector administrativo al que este pertenece y para el que cumpla con los requisitos para su desempeño, garantizando la acción afirmativa de que trata el parágrafo 3 del artículo 1º del Decreto 498 de 2020.

Indica que f ue nombrada en provisionalidad mediante Resolución 7065 de

requisitos para su desempeño, garantizando la acción afirmativa de que trata el parágrafo 3 del artículo 1º del Decreto 498 de 2020.

Indica que f ue nombrada en provisionalidad mediante Resolución 7065 de 2016, tomó posesión del cargo en la DIAN Seccional Neiva, y tiene tres hijos menores de edad , uno de los cuales (naci do prematuramente en 2019) presenta problemas graves de salud.

Precisa que, e n el marco de la convocatoria 2497 de 2022, la C omisión Nacional del Servicio Civil conformó lista de elegibles para proveer cargos en2

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la DIAN, entre ellos el de facilitador III, código 103, código OPEC 198343 que ella ocupaba.

En marzo de 2024, fue requerida para acreditar si tenía condiciones de protección especial, y en mayo de ese año informó sobre la enfermedad respiratoria de su hijo, quien presenta diagnóstico de neumoní a no especificada y necesidad de inmunización con otras combinaciones de enfermedades infecciosas, recalcando la necesidad del empleo para garantizar la seguridad social de su hijo y su núcleo familiar, ya que su esposo no tiene una estabilidad laboral per manente y en los tiempos en que labora su ingreso no supera el salario mínimo mensual, por lo que los gastos de sostenimiento de su hogar en más del 50% dependen de su salario como servidora de la DIAN, sumado a que tiene a su cargo los pagos que debe hacer mensualmente por concepto de obligaciones crediticias, servicios

sostenimiento de su hogar en más del 50% dependen de su salario como servidora de la DIAN, sumado a que tiene a su cargo los pagos que debe hacer mensualmente por concepto de obligaciones crediticias, servicios públicos domiciliarios, arriendo y escolaridad de sus hijos.

Afirmó hacer parte de la junta directiva del sindicato SINEDIAN desde diciembre de 2024, amparada por fuero sindical y que, pese a que solicitó su reconocimiento no obtuvo respuesta, pues dentro de la parametrización d el sistema KACTUS de la DIAN no permite registrar dicha condición.

Señala que, pese a lo anterior, fue desvinculada mediante Resolución 012617 del 23 de diciembre de 2024, la cual le fue notificada en enero de 2025.

La accionante interpuso recurso de reposición informando además sobre su diagnóstico de lipedema estadio 3, enfermedad de alto costo por ser huérfana o rara, según la Resolución No. 023 de 2023 del Ministerio de Salud, la cual le genera síntomas físicos severos y requiere tratamiento integral. Asimismo, su hijo se encuentra en agendamiento para cita con infectologia.

Indica que s u recurso fue rechazado mediante Resolución 003405 del 4 de abril de 2025 sin considerar sus argumentos, confirmando su desvinculación y sin respetar lo dispuesto en el Decreto 498 de 2020.

Afirmó que el 16 de mayo de 2025 se confirmó el diagnóstico de lipedema sin manejo grado 2/3 piel de naranja, edema en miembros inferiores con cúmulos de grasa en sus miembros los mismos y en los brazos, por lo que adujo

manejo grado 2/3 piel de naranja, edema en miembros inferiores con cúmulos de grasa en sus miembros los mismos y en los brazos, por lo que adujo requerir manejo multidisciplinario, nutrición, fisioterapia y cirugía plástica y, a pesar de haber sido remitida a las especialidades de cirugía plástica, vascular, endocrinología, medicina física y rehabilitación, nutrición dietética y especializada para pacientes con lipedema, no ha sido posible acceder a tales servicios porque la IPS que la atiende no cuenta con citas y/o agenda disponible, siendo valorada en la actualid ad por la especialidad de Cirugía plástica, donde se le dio cita de control para el mes de agosto, continuando por el momento con medicación para el manejo del colesterol y glicemia y resaltó que de no recibir dicho tratamiento se puede desencadenar un3

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linfedema y su salud podría verse aún más perjudicada, ya que el lipedema es una enfermedad congénita crónica y progresiva del tejido conectivo que genera un gran deterioro en la calidad de vida.

Añadió que el 21 de mayo hogaño fue notificada electrónicament e del oficio No. .13.202.201.198, en donde se le informó que debido a la posesión de quien fue nombrado en propiedad en el cargo, su vinculación en el mismo iría hasta el 17 de junio de 2025, lo cual le generó afectaciones emocionales, diagnosticándosele trastorno de ansiedad y del sueño.

quien fue nombrado en propiedad en el cargo, su vinculación en el mismo iría hasta el 17 de junio de 2025, lo cual le generó afectaciones emocionales, diagnosticándosele trastorno de ansiedad y del sueño.

Concluyó señalando que es tecnóloga del SENA, cursa séptimo semestre de Administración de Empresas y tiene 18 años de experiencia laboral, de los cuales ocho los ha desempeñado en la DIAN con evaluaciones sobresalientes.

Con base en lo expuesto, pretende se tutelen los derechos fundamentales al TRABAJO, IGUALDAD, FUERO SINDICAL, MINIMO VITAL, PROTECCIÓN ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, DEBIDO PROCESO y se ORDENE a la DIAN su reubicación en un cargo vacante en la entidad o en el sector administrativo siempre que se cumpla con los requisitos para su desempeño, con el fin de asegurar los derechos fundamentales de esta empleada pública, y garantizar una acción afirmativa de acuerdo con el Decreto 498 de 2020, en su artículo 1 parágrafo 3.

3. CONTESTACIÓN DE LA TUTELA

3.1 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

La DIAN explicó que, una vez finalizada la convocatoria 2497 de 2022 y en firme la Resolución 11752 de 2024, se procedió a nombrar en período de prueba a los elegibles para el cargo de Facilitador III, código 103, grado 3, conforme al Decreto Ley 927 de 2023. En consecuencia, mediante Resolución 012617 del 23 de diciembre de 2024, se nombró a la señora Leidy Lorena Herrera en el cargo que ocupaba en provisionalidad la accionante, lo

conforme al Decreto Ley 927 de 2023. En consecuencia, mediante Resolución 012617 del 23 de diciembre de 2024, se nombró a la señora Leidy Lorena Herrera en el cargo que ocupaba en provisionalidad la accionante, lo cual implicó su retiro, conforme al artículo 137 de dicho decreto. La accionante recurrió esta decisión, pero su recurso fue resuelto desfavorablemente mediante la Resolución 003405 del 4 de abril de 2025.

La entidad alegó que el proceso se adelantó en cumplimiento del artículo 125 constitucional, en desarrollo de un concurso público de méritos adelantado por la CNSC, cuya finalidad era la provisión definitiva de vacantes, prevaleciendo así los principios de mérito e igualdad. Afirmó que el nombramiento en provisionalidad es una forma de vinculación transitoria, con estabilidad intermedia, y cesa legítimamente cuando se provee el cargo por mérito, según lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional.4

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No obstante, precisó que el 21 de marzo de 2024 solicitó a los funcionarios provisionales, incluida la accionante, que acreditaran condiciones que dieran lugar a estabilidad laboral reforzada, conforme al Decreto 1083 de 2015, como ser madre o padre cabeza de familia, pre -pensionado, persona con discapacidad, en embarazo, o con enfermedad catastrófica. La accionante solo aportó una fórmula médica de su hijo, sin acreditar debidamente alguna de estas condiciones, razón por la cual no fue considerada beneficiaria de las

discapacidad, en embarazo, o con enfermedad catastrófica. La accionante solo aportó una fórmula médica de su hijo, sin acreditar debidamente alguna de estas condiciones, razón por la cual no fue considerada beneficiaria de las acciones afirmativas adoptadas mediante la Resolución 011710 del 5 de diciembre de 2024.

Al analizar el recurso de reposición, la DIAN consideró que la accionante convive con su esposo, quien trabaja, por lo que no se acreditó su condición de madre cabeza de familia. En cuanto al fuero sindical, señaló que este protege contra represalias por actividades sindicales, pero no es oponible frente a una causal legal de retiro como lo es la provisión en propiedad del cargo por concurso, conforme al artículo 146-2 del Decreto 927 de 2023 y la sentencia C-033/21.

Frente a la alegación de afectación al mínimo vital, argumentó que este derecho no puede desnaturalizar el régimen de carrera administrativa ni conferir estabilidad indefinida a los provisionales, por lo que debe prevalecer el mérito sobre los intereses particulares.

Agregó que el escrito del 1° de abril de 2025, presentado por la accionante como complemento al recurso de reposición, fue extemporáneo, pues el término legal vencía el 22 de enero de 2025. En cuanto a la enfermedad que padece la actora (lipodistrofia/lipedema), sostuvo que no es una enfermedad catastrófica ni le impide desempeñar sus funciones, siendo su tratamiento enfocado en mejorar su calidad de vida, sin que se afecte su capacidad laboral.

Finalmente, señaló que, entre los 121 recursos de reposición recibidos por

catastrófica ni le impide desempeñar sus funciones, siendo su tratamiento enfocado en mejorar su calidad de vida, sin que se afecte su capacidad laboral.

Finalmente, señaló que, entre los 121 recursos de reposición recibidos por desvinculación, se priorizó a quienes sí acreditaron condiciones de protección, otorgándoseles vacantes disponibles. En el caso de la accionante, no se pudo aplicar acción afirmativa por falta de acreditación y ausencia de vacantes. Por tanto, concluyó que su retiro fue legítimo y conforme a derecho, sin que se vulneraran sus derechos fundamentales, lo que hace improcedente la acción de tutela.

3.2 Leidy Lorena Herrera

Guardó silencio pese a haber sido notificado en debida forma.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva con sentencia del 24 de junio de 2025 resolvió negar las pretensiones de la tutela.5

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Indicó que la tutela promovida resulta improcedente por no cumplir con el principio de subsidiariedad, ya que la accionante dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual es idóneo y eficaz para discutir la legalidad de los actos administrativos que motivaron su desvinculación.

Resaltó que l a Corte Constitucional ha reiterado que la tutela no puede reemplazar los mecanismos ordinarios ni ser usada como instancia adicional,

discutir la legalidad de los actos administrativos que motivaron su desvinculación.

Resaltó que l a Corte Constitucional ha reiterado que la tutela no puede reemplazar los mecanismos ordinarios ni ser usada como instancia adicional, salvo cuando se demuestre un perjuicio irremediable o se trate de sujetos de especial protección constitucional y en el caso concreto, no se acreditan tales condiciones.

Precisó que la actora busca controvertir los argumentos de la DIAN frente a la Resolución que ordenó su desvinculación, decisión derivada del nombramiento en periodo de prueba de una persona que superó el concurso de méritos, asunto que es de índole legal y no constitucional.

Señaló que se evidencia en el escrito de tutela que la accionante reconoce la existencia de otros mecanismos judiciales y admite que la legalidad de las resoluciones debe discutirse ante la jurisdicción contencioso administrat iva. Incluso solicita mantener su vínculo hasta que se interponga la demanda correspondiente y se decidan medidas cautelares.

La jurisprudencia ha establecido que la tutela no es el medio idóneo para controvertir actos administrativos debido a la existenc ia de recursos, la presunción de legalidad y los mecanismos judiciales para obtener medidas provisionales. La Ley 1437 de 2011 y su reforma mediante la Ley 2080 de 2021 prevén estas garantías.

Por otro lado, indicó que no se advierte un perjuicio irremedi able, pues la desvinculación no implica desprotección en salud (existe período de protección laboral) ni ausencia total de ingresos, ya que el esposo de la actora

Por otro lado, indicó que no se advierte un perjuicio irremedi able, pues la desvinculación no implica desprotección en salud (existe período de protección laboral) ni ausencia total de ingresos, ya que el esposo de la actora labora. En consecuencia, no se configura la urgencia ni gravedad exigidas para proceder por vía de tutela.

Finalmente, precisó que, aú n si se admitiera la procedencia de la tutela, el despacho considera que no hay vulneración de derechos fundamentales , pues está acreditado que:

a) La desvinculación no fue arbitraria, sino consecuencia de la provisión en propiedad del cargo, en cumplimiento del concurso de méritos. La actora tenía una vinculación provisional, por lo que su estabilidad era relativa.

b) El fuero sindical no impide la provisión del cargo a través del mérito. El nombramiento en carrera prevalece sobre la estabilidad derivada del fuero.6

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c) La DIAN cumplió con el procedimiento previsto en el Decreto 1083 de 2015, solicitando a los servidores provisionales acreditar situaciones de protección. La actora no aportó información suficien te. Aunque afirma haber cargado historia clínica en el sistema Kactus, no se evidencia mención expresa a la condición de salud de su hijo. Además, la norma protege al servidor, no a sus familiares.

d) La enfermedad alegada (Lipedema estadio 3) no fue reconocida por la EPS

condición de salud de su hijo. Además, la norma protege al servidor, no a sus familiares.

d) La enfermedad alegada (Lipedema estadio 3) no fue reconocida por la EPS como patología huérfana; el diagnóstico registrado es “edema no especificado”, y los exámenes no confirmaron linfedema.

e) No se probó la condición de madre cabeza de hogar, ya que convive con su pareja, quien trabaja y aporta al sostenimiento del hogar.

f) No se demostró trato desigual hacia otros funcionarios en provisionalidad con fuero sindical. El artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015 (modificado por el Decreto 498 de 2020) establece que el fuero sindical es el último orden de protección, por lo que es el primero expuesto a la desvinculación.

La demandante no acreditó que a otros servidores de la DIAN vinculados en provisionalidad y más específicamente aquellos que contaran con fuero sindical, la entidad les hubiese aplicado alguna acción afirmativa, luego no puede concluirse que se haya desconocido el derecho a la igualdad, máxime cuando el mismo artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 498 de 2020, establece una escala u orden de protección en el que el último eslabón corresponde al f uero sindical, queriendo decir con ello que tal condición cede ante los restantes niveles de protección, siendo aquél nivel el que está expuesto de manera primera a la desvinculación.

Concluyó que, en el evento en que se considerase que la tutela resultara

queriendo decir con ello que tal condición cede ante los restantes niveles de protección, siendo aquél nivel el que está expuesto de manera primera a la desvinculación.

Concluyó que, en el evento en que se considerase que la tutela resultara procedente, no se avistaría la vulneración iusfundamental invocada en la tutela y, por ende, se negaría el amparo pretendido.

Asimismo, precisó que lo anterior no desliga a la DIAN de su deber de aplicar, en la medida de las posibilidades, medidas o acciones afirmativas para con quienes estaban en provisionalidad y fueron desvinculados con ocasión del nombramiento en propiedad, como es el caso de la accionante, conforme a lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia T-063/22, como puede ser, verbigracia, su nueva vinculación de manera provisional en cargos de la misma jerarquía o equivalencia del que se venía ocupando cuando se presenten vacantes transitorias o definitivas.

6. IMPUGNACIÓN.7

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Precisa que no comparte el fallo de tutela de primera instancia, por medio del cual se consideró imp rocedente la solicitud de amparo por la existencia de otro medio de defensa judicial, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que la Corte Constitucional ha sostenido que esta regla no es absoluta, y que la tutela sí procede cuando se demuestra la existencia de un perjuicio irremediable o cuando el medio ordinario no es eficaz ni oportuno.

del derecho, toda vez que la Corte Constitucional ha sostenido que esta regla no es absoluta, y que la tutela sí procede cuando se demuestra la existencia de un perjuicio irremediable o cuando el medio ordinario no es eficaz ni oportuno.

Considera que e n el presente caso, la desvinculación laboral, sin ninguna valoración previa de la estabilidad reforzada ni de sus condiciones personales, no solo la priva del sustento, sino que impide continuar con sus tratamientos médicos esenciales y pone en riesgo la salud y estabilidad de sus hijos, lo cual configura un perjuicio irremediable, situaciones que justifican la intervención inmediata del juez constitucional, en virtud de la subsidiariedad de la tutela y el principio de protección a la persona en situación de vulnerabilidad.

Precisa que el Decreto 498 de 2020, en desarrollo del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, establece que antes de retirar a un empleado provisional que se encuentre en condición de vulnerabilidad (madre o padre cabeza de familia, personas con enfermedades catas tróficas, discapacidad, fuero sindical, o pre -pensionados), la administración debe verificar su situación y aplicar acciones afirmativas, entre ellas la reubicación en cargos equivalentes vacantes para los cuales el funcionario cumpla requisitos.

Que, p ese a que la accionante acredit ó su pertenencia a varias de estas categorías de especial protección, la DIAN no adop tó ninguna medida en su favor y se limitó a revisar arbitrariamente solo tres cargos vacantes, pese a que ella cumple requisitos para al menos doce, omisión que configura una clara vulneración al principio de igualdad material y al deber estatal de

favor y se limitó a revisar arbitrariamente solo tres cargos vacantes, pese a que ella cumple requisitos para al menos doce, omisión que configura una clara vulneración al principio de igualdad material y al deber estatal de proteger prioritariamente a quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta.

Aclara que la norma no exige que la reubicación se dé únicam ente en el mismo cargo, ni restringe la acción afirmativa a vacantes dentro de la misma dependencia, sino que e l deber de la administración es amplio e implica explorar todas las posibilidades dentro de la entidad o el sector administrativo correspondiente.

Reitera que la accionante fue designada como dirigente sindical desde diciembre de 2024, circunstancia que le otorga fuero sindical conforme al artículo 39 de la Constitución Política, el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 118 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y los convenios internacionales de la OIT que integran el bloque de constitucionalidad (Convenios 87 y 98). No obstante, l a DIAN desconoció dicha protección al desvincularla sin solicitar autorizació n judicial previa y8

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aunque el artículo 147 del Decreto 927 de 2023 contempla ciertas excepciones al procedimiento judicial, ninguna de ellas resulta aplicable a este caso.

La omisión de este requisito convierte la desvinculación en una actuación nula de p leno derecho, y constituye una vulneración directa al derecho de

excepciones al procedimiento judicial, ninguna de ellas resulta aplicable a este caso.

La omisión de este requisito convierte la desvinculación en una actuación nula de p leno derecho, y constituye una vulneración directa al derecho de asociación sindical y a la estabilidad reforzada que de él se deriva.

Por otro lado, señala que obran en el expediente múltiples pruebas médicas que demuestran que padece lipedema estadio 3, una enfermedad huérfana de carácter degenerativo que compromete su movilidad y salud integral , condición esta que activa el principio de estabilidad laboral reforzada por razones de salud, desarrollado ampliamente por la jurisprudencia constitucional. Pese a ello, el juez de primera instancia no valoró la gravedad del diagnóstico ni las implicaciones que la pérdida del empleo tiene sobre la salud física, mental y económica de la accionante.

De igual forma se ignoró que la accionante tiene tres hijos de los cuales uno requiere atención médica especializada , que tiene a cargo su afiliación en salud y además es responsable del 50% de los gastos de su hogar.

La accionante solicita, con base en los argumentos expuestos, que se revoque el fallo de primera insta ncia y se amparen sus derechos fundamentales al trabajo, salud, mínimo vital, debido proceso, igualdad, protección reforzada por condición de salud y maternidad, y libertad sindical, vulnerados por la omisión de la DIAN de aplicar el marco normativo vigent e en materia de estabilidad laboral reforzada y acciones afirmativas.

7. CONSIDERACIONES

7.1. Asunto Jurídico por resolver:

¿Debe confirmarse la decisión de primera instancia que declaró

en materia de estabilidad laboral reforzada y acciones afirmativas.

7. CONSIDERACIONES

7.1. Asunto Jurídico por resolver:

¿Debe confirmarse la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, o, por el contrario, se encuentra acreditada la existencia de un perjuicio irremediable que habilita la procedencia del amparo constitucional, en cuyo caso correspondería determinar si la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— vulneró los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, al mínimo vital, al debido proceso, al fuero sindical y a la estabilidad laboral reforzada de la accionante, al desvincularla del cargo que venía ocupando con ocasión de la provisión del mismo por parte de un concursante en lista de elegibles?

7.2. Competencia.

De conformidad a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 1º del Decreto 333 de 2021, la Sala es competente para conocer y decidir el asunto, toda vez9

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que los hechos que originaron la demanda y constituyen la presunta violación al derecho fundamental invocado, tuvieron ocurrencia dentro del ámbito jurídico respecto del cual esta Sala ejerce su jurisdicción.

7.3.- De la acción de tutela

De conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela constituye un mecanismo

7.3.- De la acción de tutela

De conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela constituye un mecanismo judicial preferente y sumario diseñado para garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando esto s se vean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública, o de manera excepcional, por un particular. Esta acción posee un carácter eminentemente residual y subsidiario, lo que significa que su procedencia está condicionada a circunstancias de excepcionalidad.

En ese sentido, la tutela solo resulta procedente en dos hipótesis: (i) cuando el afectado carece de otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales, o (ii) cuando, a pesar de existir dicho me dio, este no es idóneo o eficaz para brindar una protección oportuna, integral y adecuada, de acuerdo con las particularidades del caso concreto. Así mismo, se admite como mecanismo transitorio cuando se interpone para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

En desarrollo de estos principios, es deber del juez constitucional, en cada caso, verificar de manera preliminar: (i) la efectiva acreditación de la legitimación para hacer parte del proceso por quienes en él se encuentran inmiscuidos, ya sea de quien incoa la tutela (accionante - legitimación por activa-) o de quien se predica la presunta vulneración ius -fundamental (el accionado – legitimación por pasiva-); la inmediatez con que se acudió a este excepcional mecanismo de protección; (iii) q ue se trate de un asunto de

activa-) o de quien se predica la presunta vulneración ius -fundamental (el accionado – legitimación por pasiva-); la inmediatez con que se acudió a este excepcional mecanismo de protección; (iii) q ue se trate de un asunto de trascendencia constitucional, esto es, que esté de por medio la vulneración de un interés de raigambre constitucional; y (iv) la inexistencia de mecanismos ordinarios de protección (subsidiariedad).

7.4 La Legitimación en la causa.

En el caso objeto de análisis, el requisito de la legitimación en la causa por activa se cumple pues la tutela fue interpuesta por LEIDY LORENA LOSADA MOSQUERA, para solicitar la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, al mínimo vital, al debido proceso, al fuero sindical y a la estabilidad laboral reforzada de la accionante ante la desvinculación del cargo que venía ocupando en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con ocasión de la provisión del mismo por parte de un concursante en lista de elegibles, sin haberse implementado previamente medidas positivas ante las diferentes circunstancias de estabilidad laboral reforzada en las que se encuentra.10

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En cuanto a las entidades accionadas, se tiene que el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental, o de los particulares en los casos en que disponga el

2591 de 1991 establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental, o de los particulares en los casos en que disponga el legislador, así en el presente asunto se entiende cumplida la legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la tutela fue dirigida contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entidad respecto de la cual se afirma incurrió en las acciones que presuntamente conculc aron los derechos fundamentales de la accionante cuya protección se pretende.

7.5 La inmediatez

Respecto al requisito –inmediatezha precisado la Corte Constitucional que no se trata de un término de caducidad, más bien es una exigencia que sigue la nat uraleza de esta acción prevista para la protección inminente de derechos, finalidad que perdería sentido si transcurre mucho tiempo desde que surge el hecho o acto vulneratorio1

La Sala considera que también se encuentra cumplido este requisito, toda vez que la conducta que dio lugar a la presunta vulneración de los derechos fundamentales en el caso que nos ocupa se generó con ocasión de la expedición de la Resolución No. 003405 del 4 de abril de 2025 mediante el cual se resolvieron los recursos por ella interpuestos contra la Resolución No.012617 del 23 de diciembre de 2024, por medio de la cual se efectuó el nombramiento en su cargo de la persona que superó el concurso de méritos, mientras que la interposición de la presente acción constitucional fue el 9 de junio de 2025, es decir que transcurrieron menos de dos meses entre la Resolución en comento, su comunicación y el uso del amparo judicial, por lo que se entiende que se obró en un término razonable.

junio de 2025, es decir que transcurrieron menos de dos meses entre la Resolución en comento, su comunicación y el uso del amparo judicial, por lo que se entiende que se obró en un término razonable.

7.6 Requisito de subsidiariedad

La acción de tutela resulta procedente siempre y cuando no exista otro medio judicial de defensa para lograr la satisfacción o reparación del derecho coartado o puesto en peligro, de tal manera que no ha sido instituida para suplantar los procedimientos ordinarios ni para invadir la órbita de competencia de otras juris