TA HUI - Sentencia 410013333003202500255-01 (15-12-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M. P.: Dr. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE FRAN ALECCIS HERNÁNDEZ DÍAZ

ACCIONANDOS DIRECCIÓN GENERAL DE LA

POLICÍA NACIONAL Y OTROS

DECISIÓN SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN 410013333003202500255-01

APROBADO EN SALA ACTA DE LA FECHA

ASUNTO

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo proferido el 4 de noviembre de 2025 por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, mediante el cual declaró la improcedencia del amparo constitucional solicitado.

1. LA ACCIÓN1

Fran Aleccis Hernández Díaz , actuando en nombre propio, instaura la presente acción de tutela solicitando que se ampare sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, derecho de petición, derecho a la salud --en conexidad con la vida y la dignidad humana--, derecho a la unidad familiar y al trabajo en condiciones dignas , presuntamente vulnerados por la Dirección General de la Policía Nacional, la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, el Comando de Policía Metropolitana de Neiva y la Dirección de Protección y Servicios Especiales MENEV, y que previo el trámite legal que corresponda, se ordene la suspensión inmediata de la ejecución de su traslado al Departamento del Cauca mientras se evalúa integralmente su estado de salud

Protección y Servicios Especiales MENEV, y que previo el trámite legal que corresponda, se ordene la suspensión inmediata de la ejecución de su traslado al Departamento del Cauca mientras se evalúa integralmente su estado de salud física y mental, así como su situación familiar, para evitar un perjuicio irremediable. Pide, además, que la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional valore de manera completa su caso y, en lugar de enviarlo al Cauca,

1 Índice 004 expediente electrónico de primera instancia – Samai.TutelaTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2

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autorice su reubicación en Yopal - Casanare, donde reside su hermana y único apoyo familiar, lo que permitiría proteger su estabilidad emocional, l aboral y personal.

Igualmente requiere que : i) la Institución responda de fondo las solicitudes de traslado por caso especial radicadas en los años 2021 y 2022, que aún no han sido contestadas ; ii) se garantice la continuidad de su tratamiento médico y psicológico mientras permanece en su actual lugar de trabajo , y, iii) la Policía Nacional se abstenga de tomar represalias por la interposición de la acción y que se exhorte a la Institución para que, dentro de sus competencias, garantice el respeto y protección de los derechos fundamentales de su personal.

Sustenta lo anterior en los siguientes HECHOS:

acción y que se exhorte a la Institución para que, dentro de sus competencias, garantice el respeto y protección de los derechos fundamentales de su personal.

Sustenta lo anterior en los siguientes HECHOS:

• Señala que es miembro activo de la Policía Nacional con varios años de servicio en la Institución y que actualmente ostenta el grado de Subintendente, situación que implica responsabilidades operativas y administrativas que requieren estabilidad laboral y emocional.

• Indica que mediante Orden Administrativa de Personal No. 25 -273 del 30 de septiembre de 2025, la Dirección de Talento Humano dispuso su traslado al Departamento del Cauca, decisión que no tuvo en cuenta su situación médica, psicológica ni su contexto familiar.

• Expone que entre los años 2021 y 2022 radicó varias solicitudes de traslado por caso especial, adjuntando soportes médicos y sociales que evidencian su necesidad de permanecer cerca de su único núcleo familiar en Yopal -Casanare; pero que tales peticiones no han recibido respuesta de fondo, vulnerando su derecho fundamental de petición.

• Afirma que actualmente se encuentra en tratamiento médico y psicológico, razón por la cual un traslado inmediato podría interrumpir su proceso terapéutico y generar un perjuicio irremediable para su salud y estabilidad emocional.

• Manifiesta que, pese a su situación personal y a las solicitudes previamente elevadas, el 30 de septiembre de 2025 la Institución insistió en ejecutar su traslado, sin valorar integralmente su condición física, mental y familiar.

• Indica que, al momento de interponer la acción de tutela, la Policía

previamente elevadas, el 30 de septiembre de 2025 la Institución insistió en ejecutar su traslado, sin valorar integralmente su condición física, mental y familiar.

• Indica que, al momento de interponer la acción de tutela, la Policía Nacional tampoco había valorado su caso de manera integral niTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3

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garantizado la continuidad de su tratamiento, persistiendo el riesgo de que se materializara el traslado sin consideración de sus circun stancias especiales.

2. CONTESTACIONES

2.1. Comando Metropolitano de Neiva -MENEV2

Se opuso a la prosperidad de la acción , argumentando que es improcedente por inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, falta de subsidiariedad e inmediatez y ausencia de perjuicio irremediable.

Indicó que el traslado del Subintendente Fran Aleccis Hernández Díaz fue ordenado mediante la OAP No. 25 -273 del 30 de septiembre de 2025 por la Dirección General de la Policía Nacional, autoridad competente conforme a la Resolución 06665 de 2018 y al régimen especial de carrera del personal uniformado.

Señaló que el accionante no ha elevado ante la Dirección General solicitud formal de derogación ni ha iniciado el trámite interno para traslado por caso especial en los términos exigidos por la normativa institucional.

uniformado.

Señaló que el accionante no ha elevado ante la Dirección General solicitud formal de derogación ni ha iniciado el trámite interno para traslado por caso especial en los términos exigidos por la normativa institucional.

Asimismo, informó que el funcionario laboró más de 12 años en Neiva y que en 2022 presentó una solicitud de traslado por caso especial, cuya visita sociofamiliar no prosperó debido a que él mismo desistió del trámite, según informe del Departamento de Policía Tolima y que, en atención a la enfermedad de la madre del accionante, se le concedieron múltiples vacaciones extraordinarias y permisos, evidenciando que no existió desatención frente a la situación familiar.

Sobre los argumentos de salud, indicó que la Policía garantiza la prestación del servicio médico y psicológico en cualquier unidad del país, incluida la del Cauca, por lo que el traslado no afecta la continuidad del tratamiento. Rec alcó que el accionante no convive con su hija ni con su hermana, por lo cual no se configura ruptura del núcleo familiar.

Finalmente, que el traslado cumple los requisitos jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional, no implica desmejora laboral y obedece a

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necesidades del servicio. Por ello, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela.

2.2. Dirección de Protección y Servicios Especiales3

Solicita declarar la improcedencia de la tutela , en tanto no existe vulneración de derechos fundamentales y porque el accionante cuenta con mecanismos internos ordinarios para controvertir el traslado dispuesto en la OAP No. 25-273 del 30 de septiembre de 2025.

Precisa que mediante comunicación oficial No. GS -2025-048513MENEV, del 01 de julio de 2025, el señor capitán LENYN YAIR ABRIDOR ARANGO informó a esta unidad la novedad presentada con el subintendente Fran Aleccis Hernández Díaz, quien sufrió un accidente de tránsito al conducir una motocicleta en estado etílico.

Que e n consecuencia, el Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales MENEV, mediante comunicación oficial GS -2025-053010MENEV, del 20 de julio de 2025, solicitó a esta dirección la desvinculación y que, en aras de salvaguardar los derechos fundamentales se realizó una mesa de trabajo con el fin de estudiar el caso, de la cual se levantó el Acta No. 011359 CODIT – GUTAH del 07 de agosto de 2025, y por decisión unánime, se aprobó desvincularlo de la institución.

de trabajo con el fin de estudiar el caso, de la cual se levantó el Acta No. 011359 CODIT – GUTAH del 07 de agosto de 2025, y por decisión unánime, se aprobó desvincularlo de la institución.

Señaló que el accionante es un funcionario activo de la Policía Nacional desde hace 12 años, que ha laborado en diferentes unidades a las cuales ha solicitado su traslado por situaciones familiares y personales, que actualmente ostenta el grado de subintendente y que desde hace dos años pertenece al Grupo de Protección Infancia y Adolescencia de la Seccional de Protección y Servicios Especiales MENEV.

Que finalmente el traslado se ordenó conforme a la necesidad del servicio y a las facultades legales y reglamentarias de la Dirección General de la Policía Nacional y conforme a las facultades previstas en el Capítulo V, artículo 40 numerales 1° y 2° del Decreto Ley 1791 del 14 de septiembre de 2000, “Estatuto de Carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes” y la Resolución No. 4581 de fecha 07 de septiembre de 2006 “Por la cual se establece el sistema de ubicación laboral para la Policía Nacional”, artículo 2º.

3 Índice 014 expediente electrónico de primera instancia – Samai Dirección de Protección y Servicios Especiales.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5

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Por otro lado, resalta que en la institución se encuentran los traslados por casos especiales, regulado a través del Instructivo No. 013 DIPON-DITAH-70 del 20 de mayo de 2013 “Criterios para el trámite de un traslado por caso especial”, proferido por el señor Director General de la Policía Nacional de Colombia, l os cuales son presididos por el Comité de Gestión Humana, establecido a través de la Resolución No. 01329 del 10 de abril 2016, que para en este caso corresponde al de la Dirección de Protección y Servicios Especiales y dentro de ese procedimiento se establece que el documento de la solicitud deberá incluir algunas de las motivaciones establecidas en el instructivo antes mencionado como: el estado de salud del funcionario, y/o del núcleo familiar, al igual que la situación socio-afectiva, que origine un cambio drástico en la vida cotidiana del servidor público, entre otros aspectos. Trámite que debe agotar el funcionario, previos los requisitos allí establecidos, ante la Jefatura de Talento Humano de la unidad en la cual labora, es decir, la nueva unidad a la que fue trasladado, situación de la cual la Dirección de Protección y Servicios Especiales no se pronunciará.

Señala que mal puede alegar el accionante que le están siendo vulnerados los derechos por su traslado al Departamento de Policía Cauca, y que haya sido arbitrario e intempestivo y violatorio de derechos fundamentales, cuando el

Señala que mal puede alegar el accionante que le están siendo vulnerados los derechos por su traslado al Departamento de Policía Cauca, y que haya sido arbitrario e intempestivo y violatorio de derechos fundamentales, cuando el funcionario sabe que el personal uniformado de la Policía Nacional, en todos los grados, debe estar en disposición de trasladarse a cualquier lugar de la geografía naciona l, a cumplir con la misión constitucional para la cual se incorporó.

Igualmente, que, cuando en la Policía Nacional se realiza un movimiento del personal por necesidades del servicio, esto genera el reconocimiento y pago de un emolumento destinado a sufra gar los gastos del funcionario para el traslado a la unidad de destino, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1091 del 27 de junio de 1995 “Por el cual se expide el Régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional”.

Indicó que el accionante no ha presentado una solicitud formal y completa de traslado por caso especial ante la autoridad competente, ni ha aportado documentación suficiente que permita acreditar una afectación grave o una situación excepcional que amerite la suspensión del traslado. Agregó que, aunque en el año 2022 radicó una solicitud de traslado por caso especial, la visita sociofamiliar no prosperó porque el funcionario desistió del trámite.

Frente al argumento de salud, precisó que el servicio médico y psicológico está garantizado en cualquier unidad policial del país, incluida la región a la que fue asignado, por lo cual no existe riesgo de interrupción delTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6

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psicológico está garantizado en cualquier unidad policial del país, incluida la región a la que fue asignado, por lo cual no existe riesgo de interrupción delTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6

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tratamiento. Afirmó también que el accionante no convive con su hija ni con su hermana, por lo que no se configura afectación del núcleo familiar.

Finalmente, sostuvo que el traslado cumple con los criterios fijados por la Corte Constitucional: no constituye sanción, no implica desmejora en las condiciones laborales, se fundamenta en necesidades i nstitucionales y no vulnera derechos fundamentales. Por ello, solicitó denegar el amparo constitucional.

2.3. Unidad Prestadora de Salud Huila4

Se opone a las pretensiones de la acción, pues indica que la Corte Constitucional ha reiterado que para que proced a la acción de tutela debe demostrarse la vulneración o amenaza de un derecho fundamental con evidencia mínima que permita concluir razonablemente que existe un daño real o un menoscabo material o moral del derecho invocado.

Que la amenaza no puede ser hipotética, sino que debe mostrar inminencia o proximidad del riesgo y que s egún el Decreto 2591 de 1991, la protección de los derechos fundamentales exige una prueba clara y contundente de su afectación, lo cual no ocurrió en este caso, pues el accionante se limita a manifestaciones subjetivas sin aportar pruebas adicionales.

protección de los derechos fundamentales exige una prueba clara y contundente de su afectación, lo cual no ocurrió en este caso, pues el accionante se limita a manifestaciones subjetivas sin aportar pruebas adicionales.

Señala que, aunque la tutela busca garantizar la protección inmediata de derechos fundamentales, esta debe aplicarse dentro del marco normativo para evitar arbitrariedades y salvaguardar el derecho de defensa de los accionados , según lo indican e l artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1 del Decreto 2591.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA5

Mediante sentencia del 4 de noviembre de 202 5, el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por FRAN

ALECCIS HERNÁNDEZ DÍAZ contra la DIRECCIÓN GENERAL DE LA

POLICÍA NACIONAL, DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA POLICÍA NACIONAL, DIRECCI ÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIAL y COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA , en el sentido de suspender la ejecución de la orden de traslado contenida en la ORDEN

4 Índice 015 y 016 expediente electrónico de primera instancia – Samai Unidad Prestadora de Salud Huila. 5 Índice 018 expediente electrónico de primera instancia – Samai .SentenciaTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 7

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ADMINISTRATIVA DE PERSONALDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO No. 25273 del 30 de septiembre d e 2025; por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de FRANC ALECCIS

HERNÁNDEZ DÍAZ.

En consecuencia, ORDENAR a la DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA POLICÍA NACIONAL , que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, de respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a la petición del 5 de octubre de 2021 (traslado especial al municipio de YopalCasanare) radicada en el aplicativo GEPOL de la Policía Nacional, como Documento Electrónico No. GS-2021-047639MENEV; término dentro del cual, también deberá surtir la respectiva notificación de la contestación.

TERCERO: DENEGAR el amparo del derecho fundamental de petición respecto de las solicitudes promovidas el 24 de octubre d e 2022, la reconsideración y derogación del traslado (respecto de la cual no se mencionó día, mes y año) y el 16 de octubre de 2025, conforme las razones expuestas en la parte considerativa. (…)”

Sostuvo que la tutela es un mecanismo subsidiario y excepcional, que es improcedente cuando existen otros medios judiciales idóneos, salvo que se

de octubre de 2025, conforme las razones expuestas en la parte considerativa. (…)”

Sostuvo que la tutela es un mecanismo subsidiario y excepcional, que es improcedente cuando existen otros medios judiciales idóneos, salvo que se busque evitar un perjuicio irremediable y que como en este caso, el actor cuenta con otro medio de defensa judicial, como lo es medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad del acto administrativo que dispuso su traslado al Departamento del Cauca , en el que incluso cuenta con la posibilidad de medidas cautelares, es claro que la tutela no es procedente, máxime cuando no se acredita un perjuicio irremediable.

Respecto a este último aspecto del perjuicio alegado, determinó que no se acreditó una afectación grave e inminente a la salud física o mental del accionante, ni una ruptura sustancial de la unidad familiar, pues las pruebas médicas no evidencian gravedad que justifique intervención urgente , pues el actor no vive con su hija y no demostró dependencia emocional crítica de su hermana. Tampoco se probó que el traslado impida la continuidad del tratamiento médico, dado que la Policía Nacional garantiza atención en todo el territorio.

Por ello, se declaró improcedente la tutela en cuanto a la suspensión del traslado y demás pretensiones relacionadas. Sin embargo, amparó el derecho fundamental de petición, al verificarse que la solicitud del 5 de octubre de 2021 sobre traslado especial no recibió respuesta y ordenó a la Dirección de Talento Humano contestar dicha petición en 48 horas. Las demás solicitudes fueron negadas por desistimiento, falta de prueba o porque aún no vencía el término

sobre traslado especial no recibió respuesta y ordenó a la Dirección de Talento Humano contestar dicha petición en 48 horas. Las demás solicitudes fueron negadas por desistimiento, falta de prueba o porque aún no vencía el término legal para responder.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 8

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En conclusión, el fallo reafirma la improcedencia de la tutela para debatir traslados laborales salvo casos excepcionales y la obligación de la administración de responder oportunamente las peticiones.

4. LA IMPUGNACIÓN6

La parte actora, inconforme con la decisión adoptada, interpone recurso de impugnación argumentando que al declararse improcedente la tutela frente a la orden de traslado, se desconoció la gravedad de la afectación a sus derechos fundamentales, especialmente la salud, vida digna, unidad familiar y trabajo en condiciones dignas.

Sostiene que el juez no valoró adecuadamente las pruebas sobre su estado psicológico, la lesión física en la clavícula y la situación familiar que lo hacen sujeto de especial protección constitucional. Que el traslado ordenado le genera un riesgo real e inminente para su integridad física y emocional, así como para la estabilidad de su núcleo familiar, configurando un perjuicio irremediable que justifica la procedencia excepcional de la tutela. Ade más, insiste en que la Policía Nacional omitió responder oportunamente sus solicitudes de traslado especial, vulnerando el derecho de petición.

justifica la procedencia excepcional de la tutela. Ade más, insiste en que la Policía Nacional omitió responder oportunamente sus solicitudes de traslado especial, vulnerando el derecho de petición.

Solicita se revoque la decisión, se amparen los derechos fundamentales invocados y se ordene la suspensión del traslado, junto con la reubicación en un lugar que garantice su bienestar y el de su familia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

Esta Sala del Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación presentada, conforme lo establece el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 153 del C.P.A.C.A.

2. PROBLEMA JURÍDICO

Como el a quo accedió parcialmente al amparo constitucional solicitado, pues ordenó la protección del derecho de petición del actor y declaró la

6 Índice 021 expediente electrónico de primera instancia – Samai .RecursoTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9

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improcedencia de la acción respecto d e la suspensión del traslado al Departamento del Cauca y el accionante interpuso recurso de impugnación contra dicha decisión, corresponde a la Sala determinar ¿si la Dirección General de la Policía Nacional, la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, el Comando de Policía Metropolitana de Neiva y la Dirección de

contra dicha decisión, corresponde a la Sala determinar ¿si la Dirección General de la Policía Nacional, la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, el Comando de Policía Metropolitana de Neiva y la Dirección de Protección y Servicios Especiales MENEV, vulneraron los derechos fundamentales a la salud, vida digna, unidad familiar y trabajo en condiciones dignas del Subintendente Fran Aleccis Hernández Díaz, al ordenar su traslado al Departamento del Cauca y si tal decisión se adoptó sin tener en cuenta sus condiciones de salud física y mental, así como su situación familiar?

Para tal efecto, la Sala abordará los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, el alcance del ius variandi y el derecho a la unidad familiar como un límite a las facultades del empleador , traslado de los miembros de la Policía Nacional, lo probado y el caso concreto.

3. TESIS DE LA SALA

La Sala confirmará la sentencia, pues no es procedente la acción de tutela para suspender el acto administrativo de traslado del accionante al Departamento del Cauca, por cuanto tal actuación se enmarca dentro de las facultades administrativas de la Policía Nacional, responde a necesidades del servicio y no se acredita que sea una decisión injusta, arbitraria o desproporcionada de la potestad discrecional. Siendo, en consecuencia , improcedente la acción al existir otro medio de defensa judicial y no demostrarse un perjuicio irremediable.

4. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

4.1. Legitimación en la causa

El inciso primero del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que

demostrarse un perjuicio irremediable.

4. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

4.1. Legitimación en la causa

El inciso primero del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre , la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario. Igualmente, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través deTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10

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un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

En este caso, está acreditada la legitimación en la causa por activa, pues instaura la presente acción constitucional en nombre propio el señor Fran Aleccis Hernández Díaz.

La legitimación por pasiva, se encuentra en cabeza de la Policía Nacional por intermedio de las dependencias accionadas, Dirección General de la Policía Nacional, Dirección de Talento Humano Policía Nacional, Comando de Policía Metropolitana de Neiva, Dirección de Protección y Servicios Especiales , autoridades a las que se le endilga la violación de los derechos invocados, al

Nacional, Dirección de Talento Humano Policía Nacional, Comando de Policía Metropolitana de Neiva, Dirección de Protección y Servicios Especiales , autoridades a las que se le endilga la violación de los derechos invocados, al haber expedido acto de traslado de sede policial del accionante al Departamento del Cauca.

4.2. Inmediatez

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es un mecanismo de protección “ inmediata” de derechos fundamentales y si bien no existe un término constitucional y legal dentro del cual los ciudadanos deben interponer esta acción, también lo es que ello no implica que la solicitud de amparo pueda presentarse en cualquier tiempo, puesto que se “desvirtuaría el propósito mismo de la tutela, el cual es permitir una protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales”7.

En tales términos, según la jurisprudencia constitucional, el requisito de inmediatez exige que la acción de tutela sea presentada en un “término razonable”8 respecto de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales.

Al respecto, al no existir un término definido, la Corte Constitucional ha señalado que el principio de inmediatez se debe estudiar y analizar a partir de tres reglas9. En primer lugar, se debe tener en cuenta que se está en presencia de un mandato que busca proteger la seguridad jurídica y garantizar la protección de los derechos de terceros, que puedan verse afectados por la interposición de la acción de tutela dentro de un tiempo que no es razonable ; en segundo lugar, el análisis de la inmediatez debe hacerse a partir del concepto

protección de los derechos de terceros, que puedan verse afectados por la interposición de la acción de tutela dentro de un tiempo que no es razonable ; en segundo lugar, el análisis de la inmediatez debe hacerse a partir del concepto de razonabilidad, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso concreto; y, en tercer lugar, es preciso tener en cuenta el concepto de “plazo razonable”,

7 Corte Constitucional, sentencia T-307 de 2017. 8 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999. 9 Corte Constitucional, sentencia SU-108 de 2018.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11

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el cual, respecto de la acción de tutela, tiene que ajustarse a la característica de constituir un medio judicial que otorga una respuesta urgente e inmediata ante la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.

Como adelante se explicará, este presupuesto de procedibilidad no se cumple en el caso examinado respecto del derecho de petición alegado y amparado por el a quo, en relación con la presunta falta de respuesta a las solicitudes de traslado especial para los Departamentos de Casanare y Tolima, presentadas por el accionante durante las vigencias 2021 y 2022. Lo anterior, por cuanto, aun cuando tales peticiones no hubiesen sido resueltas oportunamente, lo cierto es que el accionante guardó silencio frente a dicha omisión y dejó transcurrir un lapso que excede ampliamente el término de seis

por cuanto, aun cuando tales peticiones no hubiesen sido resueltas oportunamente, lo cierto es que el accionante guardó silencio frente a dicha omisión y dejó transcurrir un lapso que excede ampliamente el término de seis (6) meses que la jurisprudencia constitucional ha considerado razonable y proporcionado para promover la acción de tutela como mecanismo para obtener respuesta. En efecto, el tiem po transcurrido entre la formulación de aquellas solicitudes y la presentación de la presente demanda —21 de octubre de 2025— supera con creces dicho parámetro, razón por la cual no se satisface el requisito de inmediatez exigido para la procedencia del amparo.

4.3. Subsidiaridad

Este requisito encuentra asidero en los artículos 86 de la Constitución, el cual dispone que la acción de tutela tiene -carácter subsidiario-, y 6° numeral 1° del Decreto 2591 de 1991, que indica que la acción de tutela es excepcional y complementaria a los demás medios de defensa judicial. En virtud de lo establecido, el artículo 86 de la Constitución prescribe que la acción de tutela solo procede en dos supuestos excepcionales: i) cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa idóneo