TA MET - Sentencia 50001-33-33-008-2017-00375-02 (27-11-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META

Villavicencio, veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

SALA DE DECISIÓN ORAL No. 1

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA ALONSO PÉREZ

RADICACIÓN: 50 001 33 33 008 2017 00375 02

1ª INSTANCIA: JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE

VILLAVICENCIO

M. CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: JESÚS MARINO BELTRÁN CRUZ

DEMANDADO: NACIÓN - RAMA JUDICIAL

ID ESTADÍSTICA: SENTENCIA/2A INST/L. 1437

Revisado el proceso de la referencia, advierte la Sala que no ha ocurrido causal de nulidad que invalide la actuación procesal surtida, razón por la cual procede a decidir el RECURSO DE APELACIÓN 1, formulado por la parte demandante , contra la sentencia del 24 de septiembre de 2021 2, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Villavicencio, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

A N T E C E D E N T E S

1. SÍNTESIS DE LA DEMANDA3:

Ante esta jurisdicción, en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA., concurre JESÚS MARINO BELTRÁN CRUZ, a través de apoderado judicial, en contra de la NACIÓN-RAMA JUDICIAL para obtener la nulidad del siguiente acto administrativo:

Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA., concurre JESÚS MARINO BELTRÁN CRUZ, a través de apoderado judicial, en contra de la NACIÓN-RAMA JUDICIAL para obtener la nulidad del siguiente acto administrativo:

• Oficio DESAJVIO17-1170 del 04 de abril de 20174, por medio del cual se negó al demandante, el pago del trabajo por turnos realizados los días sábados, domingos, feriados y de descanso obligatorio, así como las horas extras y la reliquidación de las prestaciones. Este fue adicionado a través del Oficio CSJMEO17-1055 del 20 de junio de 20175, a través del cual el Consejo Seccional de la Judicatura complementó el Oficio DESAJVIO17-1170 de 2017, al allegar los acuerdos por medio de los cuales se fijaron los turnos de disponibilidad del 2014 al 2017.

Como restablecimiento del derecho, pide que se le pague al demandante los días laborados en dominicales, festivos y de descanso obligatorio, que se encuentran debidamente certificados. Asimismo, reclama el pago proporcional y adicional de las prestaciones sociales, luego de que estas se reliquiden atendiendo el incremento del

1 Actuación 13 de la primera instancia SAMAI. 2 Actuación 11 de la primera instancia SAMAI. 3 Págs. 204 a 216 (Demanda integrada con la subsanación). Actuación 3 de la primera instancia SAMAI. 44 Págs. 25 y 26. Ibidem. 5 Pág. 28. Ibidem.2 salario con la inclusión del porcentaje que corresponda por el pago percibido por dichos días.

44 Págs. 25 y 26. Ibidem. 5 Pág. 28. Ibidem.2 salario con la inclusión del porcentaje que corresponda por el pago percibido por dichos días.

Lo anterior , según las horas extras, dominicales, festivos y días de descanso obligatorios que laboró el demandante y l as que continúe laborando hasta la fecha en que se haga efectivo el pago, y que estén debidamente certificadas.

Asimismo, pretende el pago de intereses corrientes y moratorios, la indemnización moratoria por pago incompleto de las cesantías, y la indexación de las sumas reconocidas.

Por último, solicita el cumplimiento del fallo en el término previsto en el artículo 192 del CPACA y la condena en costas de la entidad demandada.

El sustento fáctico, lo narró informando que el demandante ingresó a laborar en la entidad demandada el 18 de noviembre de 2014 , en el cargo de Juez 1° Promiscuo Municipal de San Martín (Meta), cargo que desempeña a la fecha de presentación de la demanda.

Aludió que, antes de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, el demandante prestaba sus servicios en jornada ordinaria de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 p.m., siempre con una jornada de 40 horas semanales diurnas.

Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura modificó la referida jornada laboral, con el fin de cumplir los presupuestos previstos en la Ley 906 de 2004 y en el Acto Legislativo 03 de 2002, desmejorando las condiciones laborales y de vida del actor,

laboral, con el fin de cumplir los presupuestos previstos en la Ley 906 de 2004 y en el Acto Legislativo 03 de 2002, desmejorando las condiciones laborales y de vida del actor, al percibir la misma remuneración a pesar de que su jornada laboral había sido modificada, pues debió realizar 123 turnos entre el mes de enero de 2014 al momento de la presentación de la demanda, que le implicaban laborar días de descanso obligatorio, dominicales y festivos.

Agregó que, a pesar de que el demandante laboró de forma permanente en los turnos indicados por el Consejo Superior de la Judicatura, solamente se le reconoció compensatorio o día de descanso remunerado, pero no se le ha realizado reconocimiento económico alguno como le corresponde, esto es, el pago doble del día laborado.

Manifestó que, por dicha situación, elevó solicitud a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio (Meta), para que se le reconociera y pagara los conceptos de horas extras, dominicales, festivos y días de descanso obligatorio que fueron laborados, y se reliquidar an las prestaciones sociales canceladas sin tener en cuenta estos emolumentos.

Relató que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, mediante oficio DESAJVIO17-1170 del 04 de abril de 2017, en el que no concedió3 recursos, notificado por correo electrónico el 06 del mismo mes y año, le negó el pago solicitado.

Añadió que a través de oficio CSJMEO17 -1055 del 20 de junio de 2017, se complementó la respuesta emitida en el acto administrativo previamente indicado,

solicitado.

Añadió que a través de oficio CSJMEO17 -1055 del 20 de junio de 2017, se complementó la respuesta emitida en el acto administrativo previamente indicado, allegando copia de los acuerdos por medio de los cuales se fijaron los turnos de disponibilidad del 2014 al 2017.

En el acápite de “FUNDAMENTOS DE DERECHO” señaló como vulneradas las siguientes:

• Artículos 2, 13, 53 y 90 de la Constitución Política. • Artículo 7 numeral 8 literal H del Protocolo de San Salvador. • Artículo 125 de la Ley 270 de 1996. • Artículos 138 y 161 de la Ley 1437 de 2011. • Artículos 39 y 40 del Decreto 1042 de 1978.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

La entidad demandada contestó la demanda rechazando las pretensiones, indicando que los actos demandados fueron expedidos conforme a los parámetros establecidos en las normas constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a la Rama Judicial. Sostuvo frente a los hechos que se atenía a lo que resultara probado en el proceso.

Mencionó que el Consejo Superior de la Judicatura a través de los Acuerdos PSAA06-3845 del 21 de diciembre de 2006 y PSAA08 -4521 del 1 de febrero de 2008, delegó en las salas administrativas seccionales, la fijación de los turnos de disponibilidad o la re spectiva programación rotativa de turnos, así como la compensación de los descansos remunerados de los jueces penales, con el fin de garantizar la prestación del servicio del Sistema Penal Acusatorio.

o la re spectiva programación rotativa de turnos, así como la compensación de los descansos remunerados de los jueces penales, con el fin de garantizar la prestación del servicio del Sistema Penal Acusatorio.

Bajo tal fundamento sostuvo que se establecieron turnos de disponibilidad, que luego serían compensados con otro tiempo igual de descanso remunerado.

Expuso que el demandante en efecto realizó turnos, pero que por estos se le compensó el tiempo de forma remunerada, conforme se indicó en los acuerdos que expidió el Consejo Seccional de la Judicatura en los años 2013, 2014, 2015 y 2016, sin que entonces resulte jurídicamente viable pagar a l actor horas extras, festivos y dominicales, pues su forma de vinculación es de carácter legal y reglamentaria, y no a través de un contrato individual de trabajo.

Finalmente, prop uso las excepciones de presunción de legalidad del acto demandado, y la ineptitud de la demanda por no agotarse la vía gubernativa.4

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA6:

El Juzgado Octavo Administrativo de Villavicencio, en sentencia del 24 de septiembre de 2021 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.

En el marco teórico de la sentencia, explicó que el Gobierno Nacional fue facultado por el legislador, para expedir las normas relacionadas al régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, y que este en virtud de dicha facultad, expidió el Decreto 57 de 1993, en el cual se dejó claridad que los servidores de la Rama Judicial, no tendrían derecho a percibir una remuneración

en virtud de dicha facultad, expidió el Decreto 57 de 1993, en el cual se dejó claridad que los servidores de la Rama Judicial, no tendrían derecho a percibir una remuneración prevista para f uncionarios de las otras ramas del Poder Público, organi smos o instituciones del Sector Público . Asimismo, la norma enunciada no previó el derecho a una doble remuneración por cada dominical o festivo laborado.

Expuso que en la Ley 906 de 2004 en su artículo 157, estableció que todos los días y horas serán hábiles para el desarrollo de actuaciones ante los jueces con funciones de control de garantías, por lo que el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Sala Administrativa, expidió el Acuerdo 2892 de 2005, en el cual definió el procedimiento para otorgar compensatorios a los servidores que se incorporaron al nuevo sistema penal acusatorio.

Agregó que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de Judicatura del Meta, expidió Acuerdos del 2013 al 2016, en los cuales fijó turnos en los fines de semana y festivos que garantizaran la prestación de la función de control de garantías en el sistema penal acusatorio y de responsabilidad penal para adolescentes, en el Distrito Judicial de Villavicencio, señalando en dichos actos que se compensarían estos en un tiempo igual.

De otro lado, estudió la aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 1, 39 y 40 del Decreto 1042 de 1978, y aludió que esta normativa fue prevista para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva, y que en esta se contempló el reconocimiento de horas extras, dominicales, festivos y días de descanso obligatorio, pero que no

empleados públicos de la Rama Ejecutiva, y que en esta se contempló el reconocimiento de horas extras, dominicales, festivos y días de descanso obligatorio, pero que no resultaban aplicables a los servidores públicos de la Rama Judicial que ejercen la función de control de garantías, dado el principio de especialidad que cobija el estatut o salarial y prestacional previsto para este grupo de empleados.

Al abordar el caso concreto, el fallo de primera instancia indicó que estaba demostrado que el demandante desempeñaba el cargo de Juez Primero Promiscuo Municipal de San Martín (Meta), desde el 18 de noviembre de 2014.

De igual forma, mencionó que el acto administrativo cuya nulidad se pretende, está revestido de legalidad, pues no tiene razón la parte actora al solicitar la aplicación del Decreto 1042 de 1978, ya que la normativa que le resulta aplicable está contenida

6 Págs. 3 a 23. Actuación 3/9 de la primera instancia SAMAI.5 en el Decreto 57 de 1993, y las que posteriormente la hubieren modificado, sin que en alguna se observe la incorporación de beneficios adicionales a la compensación.

Sostuvo que no es posible aplicar un test de igualdad, ya que se trata de regímenes laborales diferentes a los establecidos para los servidores de las ramas ejecutiva y judicial, ni tampoco el principio de progresividad, pues fue la misma Ley 906 de 2004, la que fijó la jornada de aquellos servidores públicos que cumplían funciones de control de garantías, por la especialidad y urgencia de las labores que desempeñan, para lo que se desarrolló un sistema de compensación.

4. RECURSO DE APELACIÓN7:

de control de garantías, por la especialidad y urgencia de las labores que desempeñan, para lo que se desarrolló un sistema de compensación.

4. RECURSO DE APELACIÓN7:

Encontrándose dentro del término de ley, el apoderado del demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia , en el cual sostuvo que todos los funcionarios que laboran en los diferentes despachos judiciales, deben cumplir el mismo horario laboral, sin que resulte admisible entonces que no se realice una diferencia en la remuneración entre unos y otros, cuando se t rata de juzgados penales municipales con funciones de control de garantías, pues allí se debe trabajar en algunos días por fuera de la jornada laboral ordinaria.

Arguyó que la discusión se centra en que con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, los servidores de los juzgados penales municipales con función de control de garantías, tienen un horario diferente al de los demás servidores de la Rama Judicial, pero que no se reguló lo correspondiente al pago, lo cual lesiona los principios mínimos laborales que a nivel constitucional tienen derecho.

Añade que sí resulta aplicable el Decreto 1042 de 1978, contrario a lo sostenido en la sentencia recurrida, pues la jornada de trabajo de empleados de la Rama Ejecutiva y de la Rama Judicial es igual, de modo que no resulta coherente que se aplique una norma del código de procedimiento penal, para despojar a los trabajadores de sus derechos laborales. Máxime cuando el artículo 53 de la Constitución Política contempla el principio de favorabilidad en materia laboral , que permite dar un tratamiento más benéfico al trabajador, como sería en este caso la aplicación por analogía del Decreto

derechos laborales. Máxime cuando el artículo 53 de la Constitución Política contempla el principio de favorabilidad en materia laboral , que permite dar un tratamiento más benéfico al trabajador, como sería en este caso la aplicación por analogía del Decreto 1042 de 1978, ante el vacío normativo consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004.

Sustentó que el artículo 157 de la Ley 906 de2004, se refirió a que, para ejecutar la función de control de garantías, todos los días y horas son hábiles, pero de ningún modo puede extrapolarse tal determinación al régimen laboral aplicable a los servidores judiciales que desempeñen esta función, pues de entrada la norma sería inconstitucional al violar el principio de unidad de materia, al regir situaciones laborales dentro de procedimientos penales.

7 Actuación 3/11 de la primera instancia SAMAI.6 Mencionó que no se pide en la demanda la aplicación total de las normas que regulan el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del orden nacional, sino llenar un vacío que creó la expedición de la Ley 906 de 2004, para los servidores de los juzgados penales municipales con función de control de garantías.

Indicó también que la falta de remuneración del trabajo realizado en dominicales, feriados y días de descanso obligatorio, viola el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Políticos, que en su artículo 7 indica las condiciones de trabajo que deben tener los trabajadores de los estados miembros, refiriendo entre otras, el descanso, el disfrute de tiempo libre y la remuneración de los días festivos.

Por último, pidió la revocatoria de la condena en costas, indicando que a la luz de

que deben tener los trabajadores de los estados miembros, refiriendo entre otras, el descanso, el disfrute de tiempo libre y la remuneración de los días festivos.

Por último, pidió la revocatoria de la condena en costas, indicando que a la luz de lo previsto en el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, no hay elementos de prueba que demuestren las presuntas erogaciones por concepto de costas en ninguna de las partes de la litis, así como tampoco existió por la parte actora una conducta que amerite la condena en dicho aspecto.

5. PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES Y CONCEPTO DEL MINISTERIO

PÚBLICO EN SEGUNDA INSTANCIA:

Mediante auto del 10 de agosto de 2022 8 se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los demandantes, y se corrió traslado al Ministerio Público para que emitiera concepto si así lo consideraba.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

C O N S I D E R A C I O N E S

I. Competencia:

La Sala observa que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 153 del C PACA, es competente este Tribunal para conocer del presente asunto. Sin embargo, se debe precisar que es dable entrar a estudiar los argumentos expuestos por la parte apelante, al tratarse de un caso de apelante único, de acuerdo con lo señalado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 2012 – C.G.P.-, aplicables por re misión expresa del artículo 3069 del CPACA.

Tales disposiciones señalan lo siguiente:

y 328 de la Ley 1564 de 2012 – C.G.P.-, aplicables por re misión expresa del artículo 3069 del CPACA.

Tales disposiciones señalan lo siguiente:

ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los

8 Actuación 3 de la segunda instancia SAMAI. 9 Ley 1437 de 2011, artículo 306: “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”7 reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. (Negrilla fuera de texto).

ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.” (Negrilla fuera de texto).

II. Problema Jurídico:

El problema jurídico principal se contrae a establecer si el demandante en su calidad de Juez Promiscuo Municipal con función de control de garantías tiene derecho a un reconocimiento monetario, por haber laborado domingos, feriados, días de descanso obligatorio, y horas extras, en cumplimiento de los turnos fijados por la demandad a. Asimismo, de proceder el reconocimiento, deberá decidirse si hay lugar a reajustar las prestaciones sociales que se liquidaron y pagaron, sin tener en cuenta dicho valor, así como al pago de sanción moratoria por el pago de cesantías de manera incompleta .

Para llegar a la solución de dichos problemas, la Sala considera necesario estudiar la jornada laboral en la administración pública , la función de control de garantías y el sistema de turnos y compensatorios establecido para los servidores judiciales , y en el caso concreto valorará el acervo probatorio allegado al expediente , para determinar la procedencia de los reconocimientos solicitados.

III. La jornada laboral en la administración pública:

El trabajo ha sido previsto en el artículo 25 de la Constitución Política 10 como un

procedencia de los reconocimientos solicitados.

III. La jornada laboral en la administración pública:

El trabajo ha sido previsto en el artículo 25 de la Constitución Política 10 como un derecho fundamental que debe ser garantizado a todas las personas, y que por demás, debe estar rodeado de unas condiciones dignas que permitan desarrollar al ser humano que lo ejecuta: ≪Este derecho además, comporta la exigencia de su ejercicio en condiciones dignas y justas, es decir, su realización en un entorno sin características humillantes o degradantes o que desconozca los principios mínimos fundamentales

10 ARTÍCULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.8 establecidos por la Constitución, y además que permita su desarrollo en condiciones equitativas para el trabajador≫11.

En desarrollo de tal derecho , el artículo 53 de la misma Carta 12, facultó al Congreso para expedir el estatuto de trabajo correspondiente, pero señalando en todo caso, algunos principios mínimos fundamentales que debía incluir este, tales como: igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil que además deb e ser proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, la irrenunciabilidad a beneficios mínimos que establezcan en materia laboral las normas, la elección de la situación más favorable al trabajador cuando existan dudas en la aplicación e interpretación del derecho, ≪el descanso necesario≫ que debe tener cada trabajador, entre otros.

La expresión jornada es definida en el diccionario de la Real Academia Española como el ≪tiempo de duración del trabajo diario≫, entendiéndose entonces que la jornada

descanso necesario≫ que debe tener cada trabajador, entre otros.

La expresión jornada es definida en el diccionario de la Real Academia Española como el ≪tiempo de duración del trabajo diario≫, entendiéndose entonces que la jornada laboral es el periodo dentro del cual un empleado desarrolla las funciones que le son asignadas, y que puede cuantificarse diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente. Así, por ejemplo, un empleado puede tener una jornada laboral de 36 horas semanales, o 4 diarias, etc.13 Este concepto además difiere del horario 14, que se refiere a una hora de ingreso y de salida en que el trabajador ejecutará sus funciones cada día que integra la jornada laboral o como lo indicó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 2422 de 201915: ≪es la distribución de la jornada laboral según las necesidades de cada entidad≫.

En sentencia del Consejo de Estado del 12 de febrero de 2015 16, se refirió en relación con la jornada de trabajo en el sector público, que es ≪aquel periodo de tiempo establecido por autoridad competente dentro del máximo legal, durante el cual los empleados deben cumplir las funciones previamente asignadas por la Constitución, la Ley o el reglamento. Su duración dependerá de las funciones impuestas y las condiciones en que deban ejecutarse. ≫. La misma Corporación ha referido que dicha jornada es

11 Sentencia C-107/02 del 14 de febrero de 2002. M.P. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ. 12 ARTÍCULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

12 ARTÍCULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. 13 En la pág. 75 de la cartilla laboral denominada “Empleo, Situaciones Administrativas, Jornada Laboral y Retiro de Empleados del Sector Público”, expedida por la ESAP y el DAFP en junio de 2009 se cita: “La jornada laboral en la administración pública comprende el período de tiempo durante el cual los empleados se encuentran a disposición de la administración en desarrollo de las funciones que les corresponde ejercer. Su fijación es de origen legal, no solamente con el fin de que el servicio se preste

comprende el período de tiempo durante el cual los empleados se encuentran a disposición de la administración en desarrollo de las funciones que les corresponde ejercer. Su fijación es de origen legal, no solamente con el fin de que el servicio se preste dentro de un determinado espacio de tiempo, sino para que el empleado disponga de un tiempo razonable para su descanso.” Consultar link: https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/374.pdf/1ebc4dec -9170-4e24-9188fa0d475b206e. 14 La RAE entre otras definiciones, trae la siguiente de la palabra horario: “4. m. Cuadro indicador de las horas en que deben ejecutarse determinadas actividades.” 15 Concepto del 9 de diciembre de 2019. Número único: 11001-03-06-000-2019-00105-00. C.P. ÁLVARO NAMÉN VARGAS. 16 Sección Segunda. C.P.: GERARDO ARENAS MONSALVE. Radicado: 25000 -23-25-000-2010-00725-01(1046-13).

Demandante: OMAR BEDOYA. Demandado: Demandado: BOGOTA, D.C. - SECRETARIA DE GOBIERNO - UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL - CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS D.C.9 regulada por el legislador directamente, quien establece sus mínimos y máximos ≪mientras que, a los jefes o directores de cada entidad, les corresponde definir lo relacionado con el “horario”, sujetándose, a lo regulado por el legislador sobre la “jornada”≫.

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C -024 de 1998 17, fue clara al indicar que la jornada debe siempre contemplar un tiempo de descanso para el

“jornada”≫.

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C -024 de 1998 17, fue clara al indicar que la jornada debe siempre contemplar un tiempo de descanso para el trabajador, pues lo contrario pone en riesgo algunos de sus derechos fundamentales .

Citó lo siguiente:

[…] La protección al trabajo establecida por mandato del artículo 25 constitucional, incluye la fijación de jornadas máximas, dentro de las cuales los trabajadores presten los servicios propios de la relación laboral y estén sometidos a las órdenes del patrono . La jornada permanente, indefinida e ininterrumpida, sin períodos de descanso razonable previamente estipulados, atenta contra la dignidad del trabajador, cercena su libertad, pone en peligro sus derechos a la salud y a la vida, y causa daño a su familia, por lo que resulta contraria al ordenamiento superior. (…) Así pues, toda relación laboral establecida por empleadores particulares, o por el Estado o entidades públicas en su condición de patronos, exige a la luz del ordenamiento jurídico, jornadas m áximas y los períodos de descanso a ellas correspondientes.” […]

De modo que, ha quedado claro que las jornadas de trabajo que se establecen, deben prever el descanso obligatorio, entendido este como el derecho que tiene ≪todo trabajador, busca otorgar protección a la salud de éste y permitirle la ejecución de otras actividades que le proporcionen un desarrollo integral de su ser, fines éstos que priman sobre intereses netamente económicos, no es constitucional una norma que, co mo la acusada, quebrante el derecho que tiene todo trabajador a cesar en su actividad, por

actividades que le proporcionen un desarrollo integral de su ser, fines éstos que priman sobre intereses netamente económicos, no es constitucional una norma que, co mo la acusada, quebrante el derecho que tiene todo trabajador a cesar en su actividad, por determinado lapso. ≫18, agregando además la Corte Constitucional que el descanso no se cumple porque se remunere a una persona en mayor cuantía, cuando debe laborar en días que son de descanso obligatorio: ≪La mayor remuneración que recibe el trabajador por laborar en días establecidos como de descanso obligatorio, no suple los fines que el descanso cumple.≫19.

De igual forma, el Consejo de Estado ha sido claro en señalar que la jornada laboral es establecida por el legislador, y el horario por el respectivo titular de la entidad: ≪En nuestro ordenamiento jurídico, la fijación de la “jornada laboral” es de origen legal, es decir, que corresponde al legislador regular sus mínimos y sus máximos, mientras que, a los jefes o directores de cada entidad, les corresponde definir lo relacion ado con el “horario”, sujetándose, a lo regulado por el legislador sobre la “jornada”.≫20.

Ahora bien, el Decreto 1042 de 1978 21, expedido por la Presidencia de la República en uso de las facultades que le fueron conferidas por el legislador en la Ley 5

17 Sentencia del 11 de febrero de 1998. M.P. Hernando Herrera Vergara. 18 Sentencia C-710 de 1996. P.M. Jorge Arango Mejía. 19 Sentencia C-710 de 1996 ibidem. 20 Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 27 de junio de 2024. Radicado No.

18 Sentencia C-710 de 1996. P.M. Jorge Arango Mejía. 19 Sentencia C-710 de 1996 ibidem. 20 Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 27 d