TA PUT - 86001 33 33 001 2022 00121 01-(24-04-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Cuarta de Decisión

Neiva, seis de agosto de dos mil veinticuatro.

MAG. PONENTE: RAMIRO APONTE PINO

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD

DEMANDANTE: JUAN BAUTISTA CUMBE TRUJILLO DEMANDADO: MUNICIPIO DE RIVERA (H) RADICACIÓN: 41 001 33 33 006-2018-00002-01

PROVIDENCIA: SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

ACTA: 068

I. EL ASUNTO.

Resuelve la sala el recurso de apelación instaurado por la parte actora contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva el 30 de enero de 2019.

II. ANTECEDENTES.

1. La demanda.

Actuando en nombre propio , el abogado Juan Bautista C umbe Trujillo promueve el medio de control de nulidad contra el municipio de Rivera, en procura de que se declare la nulidad del acuerdo 003 del 16 de febrero de 2017, “… por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 08 del 25 de noviembre de 2015”.

2. Fundamentación fáctica.

Como sustento de orden fáctico, aduce lo siguiente:

a. El 1º de julio de 2016, el municipio de Rivera suscribió con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (territorial Neiva) el convenio 019-2016, con el fin de aunar esfuerzos para adelantar el proceso de actualización catastral, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 14 de 19 83 y demás normas

Geográfico Agustín Codazzi (territorial Neiva) el convenio 019-2016, con el fin de aunar esfuerzos para adelantar el proceso de actualización catastral, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 14 de 19 83 y demás normas concordantes.Juan Bautista Cumbe Trujillo vs Municipio de Rivera 41001-33-33-006-2018-00002-01

2 b. Tras la firma de dicho convenio, el director nacional del Igac , personalmente le recomendó al alcalde de Rivera “revisar el Estatuto Tributario del Municipio, para que este se pusiera a tono con el nuevo avalúo, ilustrándole aún, que este hecho y las tarifas, constituían “un matrimonio", que “ambos iban amarrados”.

De esa situación tu vo conocimiento el demandante , porque así se lo manifestó verbalmente el director territorial del Igac.

c. Por conducto de la resolución 41-000-041 del 13 de diciembre de 2016, el Igac le ordenó al municipio de Rivera “la renovación de la inscripción en el catastro de los predios actualizados pertenecientes a la Zona Urbana, Rural y Centros Poblados del Municipio de Rivera, Departamento del Huila” ; aclarando que los “avalúos resultantes ... entrarán en vigencia a partir del 1o. de enero de 2017, conforme lo dispone al artículo 8 de la Ley 14 de 1983 y la Resolución 070 de 2011 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi”.

d. El alcalde de Rivera no presentó el acuerdo requerido para ajustar el estatuto tributario municipal; en contravía de lo dispuesto en los artículos 104 del Decreto 1333 de 1986 y 71 de la Ley 136 de 1994.

d. El alcalde de Rivera no presentó el acuerdo requerido para ajustar el estatuto tributario municipal; en contravía de lo dispuesto en los artículos 104 del Decreto 1333 de 1986 y 71 de la Ley 136 de 1994.

e. Ante la “ausencia de tarifas” y con el ánimo de cobrar el impuesto predial con el nuevo avalúo , el alcalde de Rivera le dio aplicación ultractiva al acuerdo 08 del 25 de noviembre de 2015, “… en tanto esas tarifas estaban fijadas para un avalúo catastral muy anterior al determinado en el 2016”.

f. Considerando que los nuevos avalúos eran “exagerados” y ello se ve ría reflejado en el impuesto predial, la comunidad de Rivera sentó su voz de protesta, y p or esa razón se suspendió la expedición de los recibos (solo alcanzaron a distribuir 1000).

g. El 8 de febrer o de 2017, el alcalde de Rivera radicó en el concejo un proyecto modificatorio del acuerdo 08 de 2015.

h. En la sesión del concejo realizada el 16 de febrero de 2017, el ciudadano Lino Arturo Rojas (abogado) , infructuosamente advirtió “…que de aprobarse ese acuerdo, se estaba dando efectos retroactivos a una norma tributaria, lo cual estaba prohibido por la Constitución Nacional” . Intervención que no quedó consignada en el acta, porque fue en un receso.

1. De esa manera, se aprobó el Acuerdo 003 del 16 de febrero de 2017, en el cual se establecieron tres tarifas (2, 5, y 5.5); exigiéndose el pago del

1. De esa manera, se aprobó el Acuerdo 003 del 16 de febrero de 2017, en el cual se establecieron tres tarifas (2, 5, y 5.5); exigiéndose el pago del impuesto predial a partir del 1º de enero de 2017.

j. Dicho acuerdo no fue objeto de revisión por parte del gobernador, como lo dispone la constitución y la ley.Juan Bautista Cumbe Trujillo vs Municipio de Rivera 41001-33-33-006-2018-00002-01

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3. Fundamentación jurídica.

Con base en la interpretación del artículo 338 Superior, arriba a las siguientes conclusiones:

“a) Que en tratándose de impuesto predial, la base de este, esto es el avalúo catastral, debe ser el resultado de unos hechos ocurridos en una determinada vigencia fiscal.

b) Que establecida esa base, el trámite a seguir por la autoridad competente, en este caso el Concejo Municipal, es la regulación de la respectiva contribución, mediante la aprobación y puesta en vigencia del Acuerdo que fija las tarifas.

c) Que el Acuerdo que regula las contribuciones, “solo puede aplicarse a partir del período que comience después de iniciar” su vigencia, lo que se entiende, para el caso del impuesto predial, como impuesto de periodo que es, el que se inicia el 1o. de enero del año siguiente. Distingue la norma los conceptos de vigencia y de aplicación de la misma”.

Frente a la determinación de un nuevo avalúo, dicha norma excluye “… para el cobro del respectivo Impuesto [predial], la aplicación directa o mediante la figura de

misma”.

Frente a la determinación de un nuevo avalúo, dicha norma excluye “… para el cobro del respectivo Impuesto [predial], la aplicación directa o mediante la figura de la modificación de Acuerdos anteriores, e impide que la regulación de las contribuciones se haga por Acuerdos aprobados en periodos fiscales posteriores a aquel en que se suceden los hechos conforme a los cuales se determina la base catastral”.

No existe una norma de igual o inferior rango que autorice uno u otro proceder. Al contrario, el artículo 2.1.2.1 del Decreto 1625 de 2016 , dispone que “Para el cobro de este impuesto se requiere que el respectivo Concejo municipal o Distrital haya fijado, mediante Acuerdo, las tarifas correspondientes antes de la iniciación del año al cual corresponda el cobro”.

Habiéndose consolidado en la vigencia fiscal 2016 los hechos constitutivos de la base gravable, el municipio debía cobrar en esas condiciones el impuesto predial; correspondiéndole al concejo “… tramitar, aprobar y poner en vigencia el Acuerdo en el que se fijaran las tarifas, para aplicarse una vez se iniciara el siguiente periodo fiscal”.

Sin embargo, dichas normas fueron desconocidas por el cabildo “… al no aprobar y poner en vigencia en el respectivo espacio temporal fijado por la misma Constitución y la Ley, el Acuerdo regulando íntegramente, las tarifas al nuevo avalúo a fin de que se hiciera viable, jurídicamente, el cobro del impuesto predial determinado a los bienes Inmuebles, a partir del 1o. de enero de 2017”.

Para suplir esa omisión, el alcalde inicialmente decidió aplicar

fin de que se hiciera viable, jurídicamente, el cobro del impuesto predial determinado a los bienes Inmuebles, a partir del 1o. de enero de 2017”.

Para suplir esa omisión, el alcalde inicialmente decidió aplicar automáticamente las tarifas fijadas en el acuerdo 08 del 25 de noviembre de 2015. Posteriormente, logró que “…sin la más mínima discusión o valoración acerca de su constitucionalidad o legalidad” , el concejo aprobara el acuerdo 03 del 16 de febrero de 2017, aplicándolo a partir del 1º de enero de 2017.

El acuerdo 03 de 2017 fue aprobado de manera extemporánea , pues “ha debido preexistir al 1°. de enero de 2017”. Situación que también vicia su validezJuan Bautista Cumbe Trujillo vs Municipio de Rivera 41001-33-33-006-2018-00002-01

4 y eficacia (prohibición de la retroactividad de las leyes tributarias), “porque se aplica en relación con los resultados de hechos ocurridos en vigencia distinta a su aprobación como lo es el avalúo catastral ocurrido en el 2016, y de otra, porque se hace exigible, como en efecto se dispuso y se ha materializado, a partir de una fecha anterior (1º de enero de 2017), a su aprobación y entrada en vigencia”.

Considera, que guardadas las proporciones, en la sentencia C-149 de 1993 la Corte Constitucional analizó un caso análogo ; por lo que dicha providencia se constituye en un precedente desconocido.

La prohibición prevista en los artículos 338 inciso 3º y 363 inciso 2º de la

la Corte Constitucional analizó un caso análogo ; por lo que dicha providencia se constituye en un precedente desconocido.

La prohibición prevista en los artículos 338 inciso 3º y 363 inciso 2º de la Constitución no pude ser derruida “…con el argumento de que las nuevas tarifas son más favorables a los contribuyentes, términos estos muy utilizados por los señores Concejales y Alcalde de Rivera, para engañar a la opinión y hasta funcionarios públicos, y que desafortunadamente han hecho eco en algunas autoridades del Ministerio Público y judicial local, las que sin razonar siquiera si esa extemporaneidad, per se, se constituye en vicio del acto administrativo, tan solo valoran dicho Acuerdo por sus efectos para llegar al extremo, repitiendo aquel lenguaje, de considerarlo como ajustado a la constitución”.

Tras citar apartes de la sentencia C-527 de 1996 y precedentes del Consejo de Estado 1, asegura que “… quien pretenda invocar el criterio jurisprudencial inicialmente expuesto en procura de hacer prevalecer los efectos de un acto Inconstitucional e ilegal, viciado no solo por pretender aplicar, bajo la figura de la modificación, una norma anterior (Acuerdo 08 de 2015) con abierto desconocimiento de una prohibición constitucional sino también por virtud de su extemporaneidad, tiene el imperativo de demostrar que la norma que modifica, esto es el Acuerdo 08 de 2015, contiene “un aumento de cargas" para los contribuyentes y que con el Acuerdo 03 de 2016, ciertamente lo que se buscó, por razones de justicia y equidad, fue at enuar o

contiene “un aumento de cargas" para los contribuyentes y que con el Acuerdo 03 de 2016, ciertamente lo que se buscó, por razones de justicia y equidad, fue at enuar o impedir los efectos de esa extralimitación de la autoridad que incrementó dichas cargas. Y acreditar igualmente, con razones jurídicas, que pese a que ese avalúo ocurrió en el 2016, la aprobación y aplicación de ese acuerdo en el 2017, se ajusta a la constitución o la ley”.

Como el acuerdo 03 de 2017 concedió una rebaja del 40% y del 30% del valor por concepto de impuesto predial, según la fecha del pago; se debía darle cumplimiento al artículo 7 de la Ley 819 de 2003 (estudio de impacto fiscal); norma que no fue acatada.

En consecuencia, “…Era necesario valorar cuál sería el impacto fiscal para el municipio en razón de los beneficios tanto de orden económico como temporal que se concedían, cómo serían asumidos esos costos, máxime cuando se trataba de rebajas en capital y en porcentajes elevados no conocidos en la historia tributaria de los municipios colombianos, que resultaban significativos frente a los ingresos que se aspiraban recibir, y además, por los plazos también inusuales, no por pronto pago, sino por pago tardío, que obviamente, también tenían incidencia sobre el recaudo”.

1 Providencias del 5 de marzo de 1999 (Sección Cuarta – MP Delio Gómez Leyva) y 21 de noviembre de 2007 (rad. 2500-23-27-000-2002-00864-01).Juan Bautista Cumbe Trujillo vs Municipio de Rivera 41001-33-33-006-2018-00002-01

2500-23-27-000-2002-00864-01).Juan Bautista Cumbe Trujillo vs Municipio de Rivera 41001-33-33-006-2018-00002-01

5 Así mismo, asegura que se “pretermitió la debida motivación, lo que advierte la falta, o si se prefiere, la falsa de motivación (sic) que debe preceder a la aprobación o expedición de todo acto administrativo de origen colegiado”; porque en la exposición de motivos el alcalde no se pronunció sobre los siguientes aspectos:

“a) por qué razón y a esa fecha (8 de febrero de 2017), acude a la figura de la modificación del Acuerdo 08 de noviembre 25 de 2015, y no a la aprobación del Acuerdo que acogiera y determinara todas las tarifas previstas en el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011; b) cuál (sic) el marco normativo que lo autorizara para proponer esa reforma al Acuerdo 08 de 2015; c) cuál (sic) la razón de acoger tan solo 3 de esas tarifas; d) por qué los elevados porcentajes de descuento, ciertamente no conocidos en la historia tributaria de los municipios colombianos, y cuáles los motivos de extender las fechas del pago del impuesto para el 30 de junio y el 30 de agosto, plazos in usuales que evidentemente, tenían efectos contrarios al pronto pago; e) porqué los beneficios solo tenían efectos en relación con el año 2017”.

En el informe de la comisión de presupuesto del concejo y en la ponencia para segundo debate , nada se indicó sobre las razones o motivos para avalar el proyecto . Tampoco se abordaron los aspectos señalados como omitidos.

En el informe de la comisión de presupuesto del concejo y en la ponencia para segundo debate , nada se indicó sobre las razones o motivos para avalar el proyecto . Tampoco se abordaron los aspectos señalados como omitidos.

Estima que no hubo la debida ilustración sobre el tema que fue llevado a consideración del concejo. Fue escueta la “… exposición de que el primer rango a evaluar para la tarifa del 2 por mil, para predios urbanos edificados y no edificados, sería el que asciende 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que el segundo del 5 por mil, correspondería a predios cuyo valor oscila entre los 135 y los 271 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y el argumento de que esta última tarifa, resulta “muy bajita" para “predios destinados al turismo, recreación, servicios instituciones educativas privadas, fincas de recreo, clubes conjuntos residenciales serrados (sic), y predios con destinación de uso mixto debe “mejorarse en este punto al 5.5xmil”, como en efecto es aprobada, en estricto rigor jurídico, no satisface la motivación que exigía la aprobación de un Acuerdo de esa trascendencia constitucional y legal, máxime cuando allí, se hacía omisión de los demás rangos tarifarios previstos por una Ley de la república, como lo es la 1450 de 2011, artículo 23, se consagraban unos elevados descuentos no por pronto pago, sino por pago tardío, que requerían advertir la incidencia en las finanzas municipales, y porque además, esos beneficios tenían una aplicación temporal concreta: solo para la vigencia de 2017”.

descuentos no por pronto pago, sino por pago tardío, que requerían advertir la incidencia en las finanzas municipales, y porque además, esos beneficios tenían una aplicación temporal concreta: solo para la vigencia de 2017”.

Insiste que el concejo erró al no haber “…establecido las tarifas al nuevo avalúo catastral en la vigencia fiscal que le ordenaba la Constitución, esto es (sic) en el mismo año 2016, para que el impuesto se pudiera cobrar a partir del 1 º de enero de 2017 ”, por lo que “…se generó para los contribuyentes el derecho a que el impuesto predial a pagar en el 2017, no se les se les dedujera y cobrara en razón del mismo hecho ”. Situación desconocida por el municipio.

4. La oposición.

Por conducto de apoderado, la entidad territorial se opone a la prosperidad de las pretensiones; argumentando que el demandante incurre en las siguientes imprecisiones:Juan Bautista Cumbe Trujillo vs Municipio de Rivera 41001-33-33-006-2018-00002-01

6 “1. El fundamento de la impugnación que nos ocupa se concreta en un supuesto incremento exorbitante del Impuesto Predial a través del Acto Demandado, contrariándose el Acuerdo Municipal No. 08 de 2015 y el Avaluó Catastral vigente para esa época; aspecto que no corresponde a la realidad, porque al hacerse la confrontación entre los dos Acuerdos (el Demandado y el Acuerdo 08 de 2015), resulta más favorable para la comunidad (contribuyentes) y el interés general lo dispuesto en el Artículo 2o

entre los dos Acuerdos (el Demandado y el Acuerdo 08 de 2015), resulta más favorable para la comunidad (contribuyentes) y el interés general lo dispuesto en el Artículo 2o del Acuerdo 03 del 17 de Febrero de 2017, en el sentido que hay disminución en las tarifas y una extensión de los plazos para el pago, con un consecuente descuento por el pronto pago.

2. Pretende el Actor, sin justificación, unir al Acuerdo impugnado los procedimientos administrativos consecuenciales (operación administrativa) a los avalúos catastrales y liquidaciones particulares del Impuesto Predial que constituirían Actos Administrativos de contenido particular, cuya impugnación correspondería a los directamente afectados, bajo el supuesto que les perjudicara; situación que no ha ocurrido en la realidad, por lo expuesto en el numeral precedente.

3. Infiere equivocadamente el Demandante una presunta retroactividad del Acuerdo impugnado, desconociendo el tenor literal de su Artículo 5º que establece con mediana claridad: “e/ presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación”: Cosa diferente es que en la aplicación o ejecutoriedad del mencionado Acuerdo, algún Servidor Público diera aplicación retroactivo a un Acuerdo de carácter Tributario; lo cual en todo caso, NO ES ABSOLUTO, ya que está demostrado que el acto que es objeto de estudio, es a todas luces más favorable a los Contribuyentes del Municipio de RiveraHuila, en la forma que lo reconoce el Honorable Juzgado Noveno Administrativo Oral de Neiva, dentro del Proceso de Nulidad propuesto por JUSTO GERMÁN TOLEDO contra el

estudio, es a todas luces más favorable a los Contribuyentes del Municipio de RiveraHuila, en la forma que lo reconoce el Honorable Juzgado Noveno Administrativo Oral de Neiva, dentro del Proceso de Nulidad propuesto por JUSTO GERMÁN TOLEDO contra el MUNICIPIO DE RIVERA, con Radicado No. 410013333009-2017-00032-00, que tiene el mismo objeto que la Litis que nos ocupa, el de declarar la Nulidad del Acuerdo No. 03 de 2017, en Sentencia emitida en Audiencia del 16 de Marzo de 2018, en la que mantuvo la presunción de legalidad de dicho Acto Administrativo.

4. Respecto del Control de Tutela de Legalidad que hace el Departamento a los Actos de los Municipios, esto desde ninguna perspectiva afecta la Presunción de Legalidad de los Actos Administrativos, como el que es objeto de impugnación y así lo consideró el Honorable Juzgado Noveno Administrativo Oral de Neiva, dentro del Proceso de Nulidad propuesto por JUSTO GERMÁN TOLEDO contra el MUNICIPIO DE RIVERA, con Radicado No. 410013333009-2017-00032-00, que se insiste, tiene el mismo objeto que la Litis que nos ocupa (declarar la Nulidad del Acuerdo No. 03 de 2017), en sentencia emitida en audiencia del 16 de Marzo de 2018”.

Seguidamente, propuso las siguientes excepciones:

a. Inepta demanda.

En la demanda no se señalan las causales de nulidad con las que se pretende desvirtuar la presunción de legalidad del acto impugnado.

b. Pleito pendiente.

a. Inepta demanda.

En la demanda no se señalan las causales de nulidad con las que se pretende desvirtuar la presunción de legalidad del acto impugnado.

b. Pleito pendiente.

Se configura porque en el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva se tramita otro proceso de nulidad contra el Acuerdo 03 de 2017 (radicaciónJuan Bautista Cumbe Trujillo vs Municipio de Rivera 41001-33-33-006-2018-00002-01

7 410013333009-2017-00032-00); promovido por el señor Justo Germán Toledo.

c. Carencia de fundamento que desvirtúe la presunción de legalidad del acto impugnado.

“Como efecto de lo esgrimido en la Excepción Previa de Inepta Demanda, el cumplimiento del contenido de la Demanda que alude al Artículo 162 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con las exigencias del inciso 2º del Artículo 137 Ibid. (referente a las Causales de Nulidad de los Actos Administrativos), es incontrovertible la carencia de fundamento para desvirtuar la Presunción de Legalidad que tiene el Acto impugnado, al punto de no esgrimir sustancialmente los fundamentos jurídicos que permitan desvirtuar dicho atributo, salvo las débiles conjeturas y apreciaciones subjetivas de lo alegado en éste requisito de la Demanda”.

d. Motivación adecuada y soportada.

El acto demandado “…tiene un fundado motivo de prevalencia del interés general y de favorabilidad a la comunidad (contribuyentes del Impuesto Predial), en la forma que

d. Motivación adecuada y soportada.

El acto demandado “…tiene un fundado motivo de prevalencia del interés general y de favorabilidad a la comunidad (contribuyentes del Impuesto Predial), en la forma que lo reconoce el Honorable Juzgado Noveno Administrativo Oral de Neiva, dentro del Proceso de Nulidad propuesto por JUSTO GERMÁN TOLEDO contra el MUNICIPIO DE RIVERA, con Radicado 410013333009 -2017-00032-00, en la Sentencia adoptada en Audiencia del 16 de Marzo de 2018”.

Adicionalmente, la tutela promovida por el señor Justo Germán Toledo contra dicho juzgado, fue denegada en primera y en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Huila y por el Consejo de Estado , respectivamente, en las que “se estableció la legalidad del Acuerdo No. 03 de 2017”.

e. Objeto o contenido lícito.

“La decisión adoptada en el acto materia de análisis se expidió por el Honorable Concejo Municipal de Rivera-Huila, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, dentro de los parámetros que sobre el particular ha definido la Jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional y el Honorable Consejo de Estado, en los términos precisados en la presente contestación de Demanda; de lo cual se infiere con meridiana claridad que la decisión cumple y acata el Ordenamiento Jurídico superior, el cual fue aplicado e interpretado correctamente en favor del Principio Constitucional de prevalencia del interés general y de favorabilidad a los contribuyentes del Impuesto Predial del Municipio de Rivera”.

f. Genérica.

Las demás que el juzgador encuentre probadas.

interpretado correctamente en favor del Principio Constitucional de prevalencia del interés general y de favorabilidad a los contribuyentes del Impuesto Predial del Municipio de Rivera”.

f. Genérica.

Las demás que el juzgador encuentre probadas.

5. La audiencia inicial y alegatos de conclusión.

La audiencia inicial se llevó a cabo el 9 de octubre de 2018. En la misma el a quo declaró no probadas las excepciones inepta demanda y pleitoJuan Bautista Cumbe Trujillo vs Municipio de Rivera 41001-33-33-006-2018-00002-01

8 pendiente; fijó el litigio, decretó pruebas y le corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, quienes manifestaron lo siguiente:

a. Parte actora.

Reiteró los argumentos de la demanda.

b. Municipio de Rivera.

Insiste en las excepciones de mérito propuestas.

c. Ministerio Público.

No rindió concepto.

6. El fallo impugnado.

El a quo denegó las pretensiones de la demanda , desestimando los siguientes cargos:

a. Omisión de análisis del impacto fiscal.

Aunque el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 2 exige que los proyectos de iniciativa gubernamental que establecen un gasto adicional o una reducción de ingresos deben contener la respectiva fuente sustitutiva por disminución de ingresos o aumentos de gastos, dicha regla no puede ir más allá del sentido fijado por la Corte Constitucional. En tal virtud, el órgano encargado del estudio puede tomar decisiones aun sin tener dicha información, porque

de ingresos o aumentos de gastos, dicha regla no puede ir más allá del sentido fijado por la Corte Constitucional. En tal virtud, el órgano encargado del estudio puede tomar decisiones aun sin tener dicha información, porque se trata de un insumo que debe suministrar otro y ser expresa la posible afectación fiscal, pues no se trata de meras expectativas o especulaciones respecto de los efectos de la norma tramitada.

Los motivos del proyecto (f. 21 y 22) no se refieren a un daño o merma fiscal alguna . Por el contrario, se fundamenta n en una actualización catastral y su incidencia en la tarifa fiscal ; buscando flexibilizar al contribuyente. Es decir, no se advierte un efecto nocivo para la administración como destinataria de los recursos.

En efecto, en la exposición de motivos se indicó:

“Se debe destacar que como una de las metas principales del Plan de Desarrollo establecido por la administración municipal es implementar durante el cuatrienio una actualización catastral, para lo cual durante el año 2016 se firmó un convenio con el instituto geográfico Agustín Codazzi, para actualización catastral del Municipio de Rivera, el cual se terminó finalizando el mes de diciembre por lo que para la vigencia fiscal 2017

2 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”.Juan Bautista Cumbe Trujillo vs Municipio de Rivera 41001-33-33-006-2018-00002-01

9 se recibió de esta entidad la base de información catastral actualizada con la nueva información que sirve como base para el cálculo del impuesto predial.

41001-33-33-006-2018-00002-01

9 se recibió de esta entidad la base de información catastral actualizada con la nueva información que sirve como base para el cálculo del impuesto predial.

El producto de este trabajo de actualización tendrá necesariamente incidencia en las rentas del Municipio, que contextualizado con el Estatuto de rentas Vigentes, específicamente en su artículo 34, conllevará afectación económica de trascendencia dada las tarifas aprobadas en el acuerdo No. 08 del 25 de noviembre de 2015. La administración a mi cargo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 363 de la Carta Policita, ya citado, propone flexibilizar las tarifas dentro de los márgenes legales que señalan las normas invocadas en el proyecto de acuerdo y referidas en la presente exposición de motivos.”

De igual manera, en el segundo debate del proyecto uno de los cabildantes manifestó:

“…en este momento lo único que como concejales podemos hacer en beneficio del pueblo es modificar las tarifas, la gente ya tiene claro que en manos de nosotros no está rebajar avalúos, esto está en manos de Agustín Codazzi, pero lo que queremos es que la gente sepa que desde acá salen propuestas buenas, en este momento como lo decimos vamos a aplicar unas modificaciones de unas tarifas que va a aliviar lo que tiene que ver con referente al impuesto...”.

No existe duda que dicho proyecto pretendía atenuar la carga del pago del impuesto predial (vigencia 2017 ); como consecuencia del proceso de actualización catastral.

De otro lado, en la normatividad que se tuvo en cuenta en la exposición de

No existe duda que dicho proyecto pretendía atenuar la carga del pago del impuesto predial (vigencia 2017 ); como consecuencia del proceso de actualización catastral.

De otro lado, en la normatividad que se tuvo en cuenta en la exposición de motivos; se advierte que el artículo 233 de la Ley 1450 de 2011 (que

3 ARTÍCULO 23. INCREMENTO DE LA TARIFA MÍNIMA DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. El artículo 4o de la Ley

44 de 1990 quedará así:

“Artículo 4o. La tarifa del impuesto predial unificado, a que se refiere la presente ley, será fijada por los respectivos Concejos municipales y distritales y oscilará entre el 5 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo.

Las tarifas deberán establecerse en cada municipio o distrito de manera diferencial y progresivo, teniendo en cuenta factores tales como:

1. Los estratos socioeconómicos.

2. Los usos del suelo en el sector urbano.

3. La antigüedad de la formación o actualización del Catastro.

4. El rango de área.

5. Avalúo Catastral.

A la propiedad inmueble urbana con destino económico habitacional o rural con destino económico agropecuario estrato 1, 2 y 3 y cuyo precio sea inferior a ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 smlmv), se le aplicará las tarifas que establezca el respectivo Concejo Municipal o Distrital a partir del 2012 entre el 1 por mil y el 16 por mil.

El incremento de la tarifa se aplicará a partir del año 2012 de la siguiente manera: Para el 2012 el mínimo será el 3

1 por mil y el 16 por mil.

El incremento de la tarifa se aplicará a partir del año 2012 de la siguiente manera: Para el 2012 el mínimo será el 3 por mil, en el 2013 el 4 por mil y en el 2014 el 5 por mil. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior para los estratos 1, 2 y 3.

A partir del año en el cual entren en aplicación las modificaciones de las tarifas, el cobro total del impuesto predial unificado resultante con base en ellas, no podrá exceder del 25% del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior, excepto en los casos que corresponda a cambios de los elementos físicos o económicos que se identifique en los procesos de actualización del catastro.

Las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados teniendo en cuenta lo estatuido por la ley 09 de 1989, y a los urbanizados no edificados, podrán ser superiores al límite señalado en el primer inciso de este artículo, sin que excedan del 33 por mil.Juan Bautista Cumbe Trujillo vs Municipio de Rivera 41001-33-33-006-2018-00002-01

10 modificó el artículo 4 de la Ley 44 de 1990 ), precisa que los concejos municipales tienen la obligación de fijar el incremento de la tarifa mínima del impuesto predial unificado.

Así mismo, los artículos 34 y 45 del Decreto 2388 de 1991, compilado en el Decreto 1625 de 2016 (artículo 2.1.2.1), “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria”; establece los criterios para la fijación de las tarifas de dicho tributo.

Decreto 1625 de 2016 (artículo 2.1.2.1), “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria”; establece los criterios para la fijación de las tarifas de dicho