TA PUT - Sentencia 860013331001-2022-00041-01 (29-05-2025)
Detalles
- Título
- TA PUT - Sentencia 860013331001-2022-00041-01 (29-05-2025)
- Autor
- Tribunal Administrativo de Putumayo
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO
SALA UNITARIA
Magistrado Ponente: MANUEL ALÍ RODRÍGUEZ MUSTAFÁ
San Miguel de Ágreda de Mocoa, 29 de mayo de 2025
Radicación 860013331001-2022-00041-01 Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Jesús Javier Lasso Potosí Demandado La Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros Ministerio público Procuradora 156 Judicial II Para Asuntos Administrativos Aida Elena Rodríguez Estrada Tema Sanción moratoria por pago tardío de cesantías en docentesLey 1955 de 2019 Asunto Sentencia de Segunda Instancia
I. OBJETO DE LA DECISION
De acuerdo con lo indicado en el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 (adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009), la Sala Plena de esta Corporación, mediante Acuerdo No. 0003 del 2 de septiembre de 2024, estableció un orden temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. De esta manera, priorizó, entre otros, los procesos cuya solución implique la apli cación de sentencias de unificación o de jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, como ocurre en este asunto en el que se debate el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantías de los docentes, asunto que fue objeto de unificación en la sentencia SUJ -012S2 de 18 de agosto de 2018.
Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la Nación - Ministerio de Educación
cesantías de los docentes, asunto que fue objeto de unificación en la sentencia SUJ -012S2 de 18 de agosto de 2018.
Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio1 contra la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2022 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa2, que decidió lo siguiente:
«PRIMERO: INAPLICAR por ilegal el Decreto 2831 de 2005, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: DECLARAR configurado el silencio administrativo en virtud de la petición radicada el día 15 de junio de 2021 presentada por el actor frente a la Secretaría de
Educación Departamental del Putumayo.
TERCERO: Como restablecimiento del derecho, se condena a la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , al reconocimiento y pago en favor de la demandante de un día de salario por cada día de retardo a título de sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, por un (1) día de mora, los cuales se liquidarán con base en la asignación básica devengada por la demandante para la anualidad de 2020, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: DECLARAR que no ha operado la prescripción de la sanción moratoria.
QUINTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
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CUARTO: DECLARAR que no ha operado la prescripción de la sanción moratoria.
QUINTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
1 Samai, índice 1, One Drive, PDF 49. 2 Samai, índice 1, One Drive, PDF 46.Radicación: 860013331001-2022-00041-01
Demandante: Jesús Javier Lasso Potosí
Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 2 de 15
SEXTO: ABSTENERSE de condenar en costas, ni agencias en derecho a la parte vencida.»
II. ANTECEDENTES
Contenido: 2.1. Pretensiones de la demanda. 2.2. Hechos relevantes. 2.3. Normas violadas y concepto de la violación. 2.4. Contestación de demanda. 2.5. Sentencia apelada. 2.6. Recurso de apelación. 2.7. Trámite de segunda instancia.
2.1. Pretensiones de la demanda
1. La parte demandante a título de declaraciones y condenas3, señaló las siguientes:
«DECLARACIONES
Se declare la Nulidad del Oficio No. 2021 1072279501 del 8 de septiembre del 2021, proferido por la Fiduciaria la Previsora S.A., a través del cual da respuesta negativa al derecho de petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en
proferido por la Fiduciaria la Previsora S.A., a través del cual da respuesta negativa al derecho de petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 del 2006, radicado ante La Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el día 15 de junio de 2021.
Se declare la Nulidad del acto ficto o presunto configurado el día 15 de septiembre del 2021, por el Departamento del Putumayo, al dar respuesta negati va de forma ficta al derecho de petición radicado el 15 de junio de 2021 ante la Entidad, en donde se solicitó el pago de la Sanción Moratoria establecida en el artículo 5 de la ley 1071 de 2006.
Declarar la nulidad del Oficio No. 20211072014311 del 17 de agosto del 2021, a través del cual la Fiduciaria La Previsora S.A. da respuesta en forma negativa al derecho de petición radicado el día 15 de junio de 2021, tendiente al reconocimiento y pago en favor de mi mandante de la sanción moratoria contemplad a en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.
Reconocer, liquidar y pagar la sanción moratoria por no haberse cancelado a tiempo el valor reconocido por concepto de CESANTIAS en la Resolución No. 2267 del 15 de septiembre de 2020.
CONDENAS
Condenar a las d emandadas Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Departamento del Putumayo y Fiduciaria La Previsora S.A., a reconocer, liquidar y pagar a favor de mi poderdante,
Condenar a las d emandadas Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Departamento del Putumayo y Fiduciaria La Previsora S.A., a reconocer, liquidar y pagar a favor de mi poderdante, la SANCION MORATORIA establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 por no haber cancelado a tiempo el valor reconocido por cesantías en la Resolución No. 2267 del 15 de septiembre de 2020, mora que ocurrió desde el día 10 de diciembre del 2020, hasta la fecha de pago que fue el día 19 de diciembre del 2020.
Condenar a las entidades demandadas a reconocer, liquidar y pagar la indexación de la suma solicitada en el numeral anterior, desde la fecha de pago de las cesantías y hasta la fecha de pago efectivo de la sanción moratoria.
Condenar a las demandadas a reconocer, liquidar y pagar los intereses de mora, sobre las sumas adeudadas, conforme a lo establecido en el Artículo 192 del C.P.A.C.A.
Condenar a las entidades demandadas a que den estricto cumplimiento a la sentencia conforme lo dispone el artículo 189 y 192 del C.P.A.C.A.
3 Samai, índice 1, One Drive, PDF 2, pagina 3.Radicación: 860013331001-2022-00041-01
Demandante: Jesús Javier Lasso Potosí
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Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 3 de 15 Condenar en costas a las demandadas tal y como lo dispone el artículo 188 del C.P.A.C.A y lo regulado por el Código General del Proceso.»
2.2. Hechos relevantes
2. La parte demandante4 afirmó que el 31 de agosto de 2020 solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías a las que tenía derecho, solicitud que fue atendida mediante la Resolución No. 2267 del 15 de septiembre de 2020, expedida por la Nación - Ministerio de Educación Nacion al - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, acto administrativo que, según lo manifestado, fue debidamente notificado. No obstante, el pago correspondiente se efectuó únicamente hasta el 19 de diciembre de 2020.
3. Ante el incumplimiento opo rtuno de la obligación, el 15 de junio de 2021 la parte actora presentó derecho de petición ante el Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Putumayo, solicitando el reconocimiento, liq uidación y pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006. El Ministerio, mediante oficio PUT2021EE022310 del 26 de julio de 2021, informó que la solicitud fue remitida a la Fiduciaria La Previsora S.A., entidad que, mediante Oficio No. 20211072279501 del 08 de septiembre de 2021, negó la solicitud.
de julio de 2021, informó que la solicitud fue remitida a la Fiduciaria La Previsora S.A., entidad que, mediante Oficio No. 20211072279501 del 08 de septiembre de 2021, negó la solicitud.
4. Asimismo, se indicó que el Departamento del Putumayo guardó silencio frente a la petición, configurándose el silencio administrativo negativo por vencimiento del término legal para resolver, del cual emana el acto ficto que se demanda. De igual forma, se radicó petición similar ante la Fiduciaria La Previsora S.A. el mismo 15 de junio de 2021, la cual fue respondida negativamente mediante Oficio No. 20211072 014311 del 17 de agosto de
2021.
2.3. Normas violadas y concepto de la violación
5. El demandante 5 alegó la vulneración de los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, así como de los artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; 1 y 2 de la Ley 244 de 1995; y 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006. Sostuvo que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado mediante la Ley 91 de 1989 y representado por el Ministerio de Educación Nacional, ostenta la competencia legal para el reconocimiento y pago de las cesantías de los docent es oficiales, así como de la sanción moratoria derivada de su consignación extemporánea, conforme al artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y la jurisprudencia aplicable.
6. En concordancia con lo anterior, citó la Sentencia de Unificación CE -SUJ-SII-0122018 proferida por el Consejo de Estado, en la cual se estableció que la sanción moratoria
jurisprudencia aplicable.
6. En concordancia con lo anterior, citó la Sentencia de Unificación CE -SUJ-SII-0122018 proferida por el Consejo de Estado, en la cual se estableció que la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías se configura cuando la administración no resuelve o no efectúa el pago dentro de los setenta (70) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, conforme a lo dispuesto en la Ley 1071 de 2006. En el caso concreto, el actor sostiene que la entidad demandada excedió dicho término legal, configurándose así la mora y, en consecuencia, la obligación de pagar la sanción correspondiente.
4 Samai, índice 1, One Drive, PDF 2, pagina 4. 5 Samai, índice 1, One Drive, PDF 2, pagina 5.Radicación: 860013331001-2022-00041-01
Demandante: Jesús Javier Lasso Potosí
Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 4 de 15 2.4. Contestación de demanda
7. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 6 indicó que la responsabilidad por el pago de la sanción moratoria derivada del pago extemporáneo de las cesantías parciales recae sobre el ente territorial Departamento del Putumayo – Secretaría de Educación Departamental, en tanto fue dicha entidad la encargada de expedir el acto administrativo de reconocimiento y liquidación. Conforme al artículo 57 de la Ley
las cesantías parciales recae sobre el ente territorial Departamento del Putumayo – Secretaría de Educación Departamental, en tanto fue dicha entidad la encargada de expedir el acto administrativo de reconocimiento y liquidación. Conforme al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio están destinados exclusivamente al pago de prestaciones sociales, no así a indemnizaciones por mora, cuya carga corresponde al ente territorial cuando incumple los plazos legales para resolver y pagar.
8. Solicita desvincular al FOMAG, trasladando la responsabilidad al Departamento del Putumayo – Secretaría de Educación, por la sanción moratoria causada entre el 12 de diciembre de 2020 y el 18 de diciembre de 2021. En caso de condena, el ente territorial
debe asumirla. Aclara, en aras de la lealtad procesal, que la mora fue de 7 días, no 8 como afirma la parte demandante.
9. El Departamento del Putumayo7, se opuso a las pretensiones alegando la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que la Fiduprevisora S.A., como administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), es la entidad responsable del manejo de los recursos y del pago de las prestaciones sociales del personal docente. En consecuencia, sostiene que la Secretaría de Educación Departamental no tiene competencia para responder por la sanción moratoria reclamada, máxime cuando el pago no se efectuó dentro del término legal de 70 días hábiles previsto en la Ley 1071 de 2006.
10. Frente a la solicitud de sanción moratoria radicada el 15 de junio de 2021, el
máxime cuando el pago no se efectuó dentro del término legal de 70 días hábiles previsto en la Ley 1071 de 2006.
10. Frente a la solicitud de sanción moratoria radicada el 15 de junio de 2021, el Departamento, mediante oficio PUT2021EE021151 del 26 de julio de 2021, la remitió a la Fiduprevisora S.A., con fundamento en el Comunicado 001 -2021 del FOMAG. Alega que dicha actuación constituye una respuesta válida que impide la configuración del silencio administrativo negativo, por tratarse de una comunicación de trámite que no constituye acto administrativo.
11. Finalmente, solicita al Despacho declarar falta de legitimación por pasiva y exonerar de responsabilidad al ente territorial, en tanto que el Departamento del Putumayo cumplió con el envío de la Resolución No. 2267 dentro del término legal de 70 días hábiles, siendo la Fiduprevisora quien incurrió en 7 días calendario de mora en el pago de las cesantías, entre el 12 y el 19 de diciembre de 2020. En consecuencia, la mora es atribuible exclusivamente a dicha entidad.
12. La Fiduprevisora S.A.8 en su calidad de entidad financiera encargada del pago de prestaciones sociales, manifestó que efectuó el desembolso correspondiente a la prestación reconocida a la docente dentro de los 36 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud por parte de la Secretaría de Educación. Este término se encuentra dentro del plazo legal de 45 días hábiles establecido en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071
6 Samai, índice 1, One Drive, PDF 9.
de la solicitud por parte de la Secretaría de Educación. Este término se encuentra dentro del plazo legal de 45 días hábiles establecido en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071
6 Samai, índice 1, One Drive, PDF 9. 7 Samai, índice 1, One Drive, PDF 13. 8 Samai, índice 1, One Drive, PDF 16.Radicación: 860013331001-2022-00041-01
Demandante: Jesús Javier Lasso Potosí
Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 5 de 15 de 2006, razón por la cual no se configura la mora en el pago ni se activa la sanción moratoria prevista en dicha norma. Por lo tanto, subrayó que no procede el cobro de suma adicional alguna por concepto de intereses moratorios, toda vez que la obligación fue satisfecha oportunamente y conforme a los parámetros legales vigentes.
2.5. Sentencia apelada
13. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa mediante sentencia proferida el 15 de diciembre de 2022 9 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, como sustento de la decisión expuso que la entidad territorial expidió y notificó el acto administrativo de reconocimiento de cesantías dentro del término de 15 días hábiles contados desde la radicación de la solicitud, configurándose así la tercera hipótesis establecida por el Honorable Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 18 de
contados desde la radicación de la solicitud, configurándose así la tercera hipótesis establecida por el Honorable Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2018. En virtud de dicha jurisprudencia, cuando el acto administrativo es proferido, notificado y ejecutoriado en tiempo, el término legal para el pago de la prestación es de 45 días hábiles, conforme al artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, y la sanción moratoria se causa a partir del día hábil número 56 contado desde la notificación del acto.
14. Indicó que el pago de las cesantías parciales se efectuó el 19 de diciembre de 2020, 1 día hábil después del vencimiento del término legal, lo que genera la configuración de la mora y, por ende, la procedencia de la sanción moratoria por dicho lapso. La responsabilidad recae sobre el FOMAG, en tanto que el Departamento del Putumayo actuó dentro del marco de sus competencias y en los plazos establecidos.
15. Consideró que como se trata del pago de cesantías parciales, la base para el cálculo de la sanción será la asignación básica mensual correspondiente al año 2020. No accedió a la indexación de la sanción, por cuanto esta no constituye un derecho laboral propiamente dicho, sino una penalidad de naturaleza económica que sanciona la mora en el cumplimiento de una obligación legal , sin que tenga vocación de remunerar o compensar una prestación laboral.
16. Por último, en cuanto a la prescripción extintiva consideró que no operó, porque, de conformidad al Art. 151 del Código de Procedimiento Laboral, la solicitud de reconocimiento
una prestación laboral.
16. Por último, en cuanto a la prescripción extintiva consideró que no operó, porque, de conformidad al Art. 151 del Código de Procedimiento Laboral, la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías fue presentada en el año 2020, y la petición de sanción moratoria se radicó el 15 de junio de 2021. Dicha actuación interrumpió el término de prescripción trienal previsto para este tipo de reclamaciones, conforme a lo establecido por la ju risprudencia, generando efectos hacia tres años atrás y tres años hacia el futuro. En consecuencia, al haberse presentado la demanda en el mismo año 2021, se concluye que en el presente caso no operó el fenómeno de la prescripción extintiva del derecho reclamado.
2.6. Recurso de apelación
17. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 10 expresó no estar de acuerdo con la decisión de primera instancia, formula como único reparo que se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, en especial su parágrafo transitorio, conforme al cual se establece que, a partir del 1 de enero de 2020, la responsabilidad por el pago de la sanción moratoria en el reconocimiento y pago de
9 Samai, índice 1, One Drive, PDF 46. 10 Samai, índice 1, One Drive, PDF 49.Radicación: 860013331001-2022-00041-01
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18. Insiste en que la Secretaría de Educación y la Fiduprevisora, como entidades encargadas del trámite y desembolso de la prestación, deben ser objeto de análisis respecto de su responsabilidad en la configuración de la mora. Resaltó que esta argumentación fue expuesta en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión, sin que hubiesen sido valoradas por el Juzgado de primera instancia.
19. En consecuencia, se solicita al Tribunal revocar la sentencia proferida por el a quo en lo que respecta a la condena impuesta al FOMAG, y se reoriente la decisión conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, asignando la responsabilidad a las entidades que efectivamente incurrieron en la mora.
2.7. Trámite de segunda instancia
20. Mediante reparto efectuado el 10 de febrero de 2023, el presente asunto fue
entidades que efectivamente incurrieron en la mora.
2.7. Trámite de segunda instancia
20. Mediante reparto efectuado el 10 de febrero de 2023, el presente asunto fue asignado al despacho de la Magistrada Ana Beel Bastidas Pantoja del Tr ibunal Administrativo de Nariño11, quien mediante auto del 27 de febrero de 2023 admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del Departamento del Putumayo12 contra la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2022 por el Juzgado Primero Administrativo de Mocoa, la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda13.
21. Posteriormente, el 4 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Nariño remitió el expediente a esta Corporación, en cumplimiento de la redistribución ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo No. PCSJA23 -12125 del 19 de diciembre de 202314, por el cual se creó el Tribunal Administrativo y el Distrito Judicia l del Putumayo. En desarrollo de dicha disposición, el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, a través del Acuerdo No. CSJNAA24 -124 del 24 de mayo de 2024 15, redistribuyó 776 procesos entre los despachos 001, 002 y 003 del nuevo Tribunal Administrat ivo del Putumayo, asignando el presente medio de control a este despacho, el cual avocó conocimiento mediante auto del 28 de febrero de 202516.
22. Finalmente, encontrándose el proceso en estado para fallo de segunda instancia, esta Corporación, en aplicación del artículo 213 del CPACA, decretó mediante auto del 3 de abril de 2025 una prueba de oficio, consistente en la solicitud al Departamento del
22. Finalmente, encontrándose el proceso en estado para fallo de segunda instancia, esta Corporación, en aplicación del artículo 213 del CPACA, decretó mediante auto del 3 de abril de 2025 una prueba de oficio, consistente en la solicitud al Departamento del
11 Samai, índice 2. 12 Samai, índice 3. 13 Samai, índice 1, One drive, PDF 46. 14 Acuerdo No. PCSJA23 -12125 del 19 de diciembre de 2023 «Por medio del cual se crean unos despachos y cargos de carácter permanente en la Jurisdicción Contencioso Administrativa y se dictan otras disposiciones». 15 Acuerdo No. CSJNAA24-124 del 24 de mayo de 2024 «Por el cual se redistribuyen procesos de los Despachos 001, 002, 003, 004, 005 y 006 del Tribunal Administrativo de Nariño a los despachos 001, 002 y 003 del tribunal Administrativo del Put umayo, creados mediante Acuerdo No. PCSJA23-12125 de 2023». 16 Samai, índice 23.Radicación: 860013331001-2022-00041-01
Demandante: Jesús Javier Lasso Potosí
Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 7 de 15 Putumayo de la constancia de envío de la Resolución No. 2 267 del 15 de septiembre de 2020 a la Fiduprevisora S.A.17, la cual fue debidamente allegada por la entidad requerida18.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2020 a la Fiduprevisora S.A.17, la cual fue debidamente allegada por la entidad requerida18.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 3.1. Competencia. 3.2. Problema Jurídico. 3.3. Tesis de la Sala. 3.4. Fundamentos Jurídicos que soportan la tesis. 3.4.1. Sanción mora por pago tardío en las cesantías en docentes. 3.4.2. Responsabilidad del pago de la sanción moratoria en vigencia de la Ley 1955 de 2019. 3.4.3. Análisis y decisión del caso concreto. 3.5. Costas procesales.
3.1. Competencia
23. Esta Sala es competente para conocer y decidir el asunto de la referencia, en virtud de lo previsto en los artículos 125, numeral 2, y 153 de la Ley 1437 de 2011.
3.2. Problema Jurídico
24. En el marco del recurso de apelación, corresponde a esta Sala establecer cuál es la entidad estatal responsable del pago de la sanción moratoria derivada del retardo en el pago de las cesantías del docente Jesús Javier Lasso Potosí, así como verificar el cómputo de los días de mora efectuado por el a quo.
3.3. Tesis de la Sala
25. La Sala determina que la entidad territorial es responsable por la sanción moratoria derivada del pago tardío de las cesantías parciales reconocidas a la parte demandante.
Esta responsabilidad se origina en una mora de 6 días calendario en la notificación del acto administrativo correspondiente. No se evidenció retraso en el envío del acto a la fiduciaria,
Esta responsabilidad se origina en una mora de 6 días calendario en la notificación del acto administrativo correspondiente. No se evidenció retraso en el envío del acto a la fiduciaria, trámite que se realizó dentro del plazo legal. Por tanto, se modificará la sentencia apelada para ajustar el conteo de la mora a seis días -y no uno, como lo indicó el a quo-, siendo esta imputable únicamente al ente territorial.
3.4. Fundamentos jurídicos que soportan la tesis
26. Con el fin de resolver la controversia planteada, esta Sala procederá a desarrollar el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso, abordando los conceptos relativos a la sanción moratoria por el pago extemporáneo de cesantías a docentes, así como la determinación de la entidad responsable de su cancelación. Una vez expuestos dichos fundamentos, se entrará al análisis del caso concreto.
3.4.1. Sanción mora por pago tardío de las cesantías en docentes
27. La Ley 91 de 1989 en su artículo 15, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y consagró el pago de Cesantías bajo régimen de retroactividad para los docentes nacionalizad os vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 y de anualidad para los docentes nacionalizados vinculados antes de esa fecha y los nacionalizados vinculados a partir del 1 de enero 1990.
17 Samai, índice 29. 18 Samai, índice 37.Radicación: 860013331001-2022-00041-01
Demandante: Jesús Javier Lasso Potosí
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18 Samai, índice 37.Radicación: 860013331001-2022-00041-01
Demandante: Jesús Javier Lasso Potosí
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28. A su vez la Ley 244 de 2005 modificada por la Ley 1071 de 2006, establece los términos para resolver las solicitudes de liquidación de cesantías y su pago oportuno, además de la sanción en caso de mora, dichas normas aseveran lo siguiente:
«Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo
Artículo 5. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.»
29. De acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006, respectivamente, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, la respectiva resolución de reconocimiento. En el evento de que la solicitud esté incompleta, deberá informársele al peticionario para que la subsane, contándose luego de la subsanación el término para expedir el acto de reconocimiento.
30. A su vez, la entidad pagadora tendrá como plazo máximo 45 días hábiles, a partir de la fecha en que cobre firmeza el acto administrativo que ordena la liquidación de las
expedir el acto de reconocimiento.
30. A su vez, la entidad pagadora tendrá como plazo máximo 45 días hábiles, a partir de la fecha en que cobre firmeza el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías, para cancelarlas. Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia de
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