TA PUT - Sentencia 860013331001-2022-00135-01 (29-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO

SALA UNITARIA

Magistrado Ponente: MANUEL ALÍ RODRÍGUEZ MUSTAFÁ

San Miguel de Ágreda de Mocoa, 29 de mayo de 2025

Radicación 860013331001-2022-00135-01 Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Floresmira Barrera Sánchez Demandado La Nación - Ministerio de educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros Ministerio público Procuradora 156 Judicial II Para Asuntos Administrativos Aida Elena Rodríguez Estrada Tema Sanción moratoria por pago tardío de cesantías en docentesLey 1955 de 2019 Asunto Sentencia de Segunda Instancia

I. OBJETO DE LA DECISION

De acuerdo con lo indicado en el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 (adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009), la Sala Plena de esta Corporación, mediante Acuerdo No. 0003 del 2 de septiembre de 2024, estableció un orden temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. De esta manera, priorizó, entre otros, los procesos cuya solución implique la aplicació n de sentencias de unificación o de jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, como ocurre en este asunto en el que se debate el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantías de los docentes, asunto que fue obje to de unificación en la sentencia SUJ -012S2 de 18 de agosto de 2018.

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por el Departamento del Putumayo1

cesantías de los docentes, asunto que fue obje to de unificación en la sentencia SUJ -012S2 de 18 de agosto de 2018.

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por el Departamento del Putumayo1 contra la sentencia proferida el 22 de agosto de 2023 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa2, que decidió lo siguiente:

«PRIMERO: Declarar constituido el acto ficto o presunto negativo configurado el día 12 de febrero de 2022, por la falta de contestación del derecho de petición de fecha 12 de noviembre de 2021 elevado ante el Departamento del Putumayo.

SEGUNDO: INAPLICAR por ilegal el Decreto 2831 de 2005, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto presunto negativo constituido por la falta de contestación del derecho de petición de fech a 12 de noviembre de 2021 elevado ante el Departamento del Putumayo y la nulidad de los oficios 20211074207221 del 15 de diciembre de 2021 y 20211074354631 del 27 de diciembre de 2021, expedidos por la Fiduciaria La Previsora S.A por medio de los cuales el Departamento del Putumayo, Fomag y la Fiduciaria la Previsora SA negaron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria solicitada por la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Como restablecimient o del derecho, se condena al Departamento del Putumayo, al reconocimiento y pago en favor de la parte demandante de un día de

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Como restablecimient o del derecho, se condena al Departamento del Putumayo, al reconocimiento y pago en favor de la parte demandante de un día de salario por cada día de retardo a título de sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, por dieciséis (16) días de mora causados entre el 03 de septiembre al 18 de

1 Samai, índice 1, One Drive, PDF 49. 2 Samai, índice 1, One Drive, PDF 44.Radicación: 860013331001-2022-00135-01

Demandante: Floresmira Barrera Sánchez

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 2 de 17 septiembre de 2020, los cuales se liquidarán con base en la asignación básica devengada por la parte demandante para el año 2020, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: la suma total causada por sanción moratoria se ajustará en su valor, tomando como base el Índice de Precios al Consumidor, conforme lo dispone el artículo 187 de la ley 1437 de 2011, a partir del día siguiente en que cesó la causación de la sanción moratoria (19 de septiembre de 2020), hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

de la sanción moratoria (19 de septiembre de 2020), hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEPTIMO: ABSTENERSE de condenar en costas, ni agencias en derecho a la parte vencida.»

II. ANTECEDENTES

Contenido: 2.1. Pretensiones de la demanda. 2.2. Hechos relevantes. 2.3. Normas violadas y concepto de la violación. 2.4. Contestación de demanda. 2.5. Sentencia apelada. 2.6. Recurso de apelación. 2.7. Trámite de segunda instancia.

2.1. Pretensiones de la demanda

1. La parte demandante a título de declaraciones y condenas3, señaló las siguientes:

«DECLARACIONES - Se declare la Nulidad del Oficio No. 20211074207221 del 15 de diciembre del 2021, proferido por la Fiduciaria la Previsora S.A., a través del cual da respuesta negativa al derecho de petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 del 2006, radicado ante La Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el día 12 de noviembre de 2021.

Se declare la Nulidad del acto ficto o presunto configurado el día 12 de febrero de 2021, por el Departamento del Putumayo, al dar respuesta n egativa de forma ficta al derecho de petición radicado el 12 de noviembre de 2021 ante la Entidad, en donde

2021, por el Departamento del Putumayo, al dar respuesta n egativa de forma ficta al derecho de petición radicado el 12 de noviembre de 2021 ante la Entidad, en donde se solicitó el pago de la Sanción Moratoria establecida en el artículo 5 de la ley 1071 de 2006.

Declarar la nulidad del Oficio No. 2021107 4354631 del 27 de diciembre del 2021, a través del cual la Fiduciaria La Previsora S.A. da respuesta en forma negativa al derecho de petición radicado el día 12 de noviembre de 2021, tendiente al reconocimiento y pago en favor de mi mandante de la sanción moratoria contemplada en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

Reconocer, liquidar y pagar la sanción moratoria por no haberse cancelado a tiempo el valor reconocido por concepto de CESANTIAS en la Resolución No. 1611 del 30 de junio de 2020.

CONDENAS - Condenar a las demandadas Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Departamento del Putumayo y Fiduciaria La Previsora S.A., a reconocer, liquidar y pagar a favor de mi poderdante, la SANCION MORATORIA establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 por no haber cancelado a tiempo el valor reconocido por cesantías en la Resolución No. 1611 del 30 de junio de 2020 , mora que ocurrió desde el día 01 de septiembre del 2020, hasta la fecha de pago que fue el día 19 de septiembre de 2020.

Condenar a las entidades demandadas a reconocer, liquidar y pagar la indexación de

septiembre del 2020, hasta la fecha de pago que fue el día 19 de septiembre de 2020.

Condenar a las entidades demandadas a reconocer, liquidar y pagar la indexación de la suma solicitada en el numeral anterior, desde la fecha de pago de las cesantías y hasta la fecha de pago efectivo de la sanción moratoria.

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Demandante: Floresmira Barrera Sánchez

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Condenar a las demandadas a reconocer, liquidar y pagar los intereses de mora, sobre las sumas adeudadas, conforme a lo establecido en el Artículo 192 del C.P.A.C.A. Condenar a las entidades demandadas a que den estricto cumplimiento a la sentencia conforme lo dispone el artículo 189 y 192 del C.P.A.C.A.

Condenar en costas a las demandadas tal y como lo dispone el artículo 188 del C.P.A.C.A y lo regulado por el Código General del Proceso.»

2.2. Hechos relevantes

2. La parte demandante4 afirmó que el 17 de mayo de 2020 solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías a las que tenía derecho, solicitud que fue atendida mediante la Resolución No. 1611 del 30 de junio de 2020 , expedida por la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, acto

y pago de las cesantías a las que tenía derecho, solicitud que fue atendida mediante la Resolución No. 1611 del 30 de junio de 2020 , expedida por la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, acto administrativo que, según lo manifestado, fue debidamente notificado. No obstante, el pago correspondiente se efectuó únicamente hasta el 19 de septiembre de 2020.

3. Ante el incumplimiento oportuno de la obligación, el 12 de noviembre de 2021 la parte actora presentó derecho de petición ante el citado Ministerio y el Departamento del Putumayo, solicitando el reconocimiento, liquidación y pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006. El Ministerio, mediante oficio PUT2021EE0 33858 del 22 de noviembre de 2021, informó que la solicitud fue remitida a la Fiduciaria La Previsora S.A., entidad que, mediante Oficio No. 20211074207221 del 15 de diciembre de 2021, negó la solicitud.

4. Asimismo, se indicó que el Departamento del Putumayo guardó silencio frente a la petición, configurándose el silencio administrativo negativo por vencimiento del término legal para resolver, del cual emana el acto ficto que se demanda. De igual forma, se radicó petición similar ante la Fiduciaria La Previsora S.A. el mismo 12 de noviembre de 2021, la cual fue respondida negativamente mediante Oficio No. 20211 1074354631 del 27 de diciembre de 2021.

2.3. Normas violadas y concepto de la violación

cual fue respondida negativamente mediante Oficio No. 20211 1074354631 del 27 de diciembre de 2021.

2.3. Normas violadas y concepto de la violación

5. El demandante 5 alegó la vulneración de los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, así como de los artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; 1 y 2 de la Ley 244 de 1995; y 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006. Sostuvo que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado mediante la Ley 91 de 1989 y representado por el Ministerio de Educación Nacional, ostenta la competencia legal para el reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes oficiales, así como de la sanción moratoria derivada de su consignación extemporánea, conforme al artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y la jurisprudencia aplicable.

6. En concordancia con lo anterior, citó la Sentencia de Unificación CE -SUJ-SII-0122018 proferida por el Consejo de Estado, en la cual se estableció que la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías se configura cuando la administración no resuelve o no efectúa el pago dentro de los setenta (70) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, conforme a lo dispuesto en la Ley 1071 de 2006. En el ca so concreto, el actor

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Demandante: Floresmira Barrera Sánchez

5 Samai, índice 1, One Drive, PDF 2, página 4.Radicación: 860013331001-2022-00135-01

Demandante: Floresmira Barrera Sánchez

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 4 de 17 sostiene que la entidad demandada excedió dicho término legal, configurándose así la mora y, en consecuencia, la obligación de pagar la sanción correspondiente.

2.4. Contestación de demanda

7. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 6 indicó que la responsabilidad por el pago de la sanción moratoria derivada del pago extemporáneo de las cesantías parciales recae sobre el ente territorial Departamento del Putumayo – Secretaría de Educación Departamental, en tanto fue dicha entidad la encargada de expedir el acto administrativo de reconocimiento y liquidación. Conforme al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio están destinados exclusivamente al p ago de prestaciones sociales, no así a indemnizaciones por mora, cuya carga corresponde al ente territorial cuando incumple los plazos legales para resolver y pagar.

8. Precisó que en virtud de lo dispuesto por la Ley 1955 de 2019, debe desvincularse al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y declararse la responsabilidad exclusiva del Departamento del Putumayo, toda vez que la sanción moratoria se generó

al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y declararse la responsabilidad exclusiva del Departamento del Putumayo, toda vez que la sanción moratoria se generó entre el 2 de septiembre de 2021 y el 18 de septiembre de 2021, periodo en el cual persistió el incumplimiento en el pago de las cesantías. En consecuencia, cualquier condena derivada de dicha mora deberá ser asumida por el ente territorial.

9. La Fiduprevisora S.A. 7 en su calidad de entidad financiera encargada del pago de prestaciones sociales, manifestó que efectuó el desembolso correspondiente a la prestación reconocida a la docente dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud por parte de la Secretaría de Educación, conforme al parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, razón por la cual no se configura la mora en el pago ni se activa la sanción moratoria prevista en dicha norma. Por lo tanto, subrayó que no procede el cobro de suma adicional alguna por concepto de intereses moratorios, toda vez que la obligación fue satisfecha oportunamente y conforme a los parámetros legales vigentes.

10. El Departamento del Putumayo8, se opuso a las pretensiones alegando la falta de legitimación e n la causa por pasiva, al considerar que la Fiduprevisora S.A., como administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), es la entidad responsable del manejo de los recursos y del pago de las prestaciones sociales del persona l docente. En consecuencia, sostiene que la Secretaría de Educación Departamental no tiene competencia para responder por la sanción moratoria reclamada y

la entidad responsable del manejo de los recursos y del pago de las prestaciones sociales del persona l docente. En consecuencia, sostiene que la Secretaría de Educación Departamental no tiene competencia para responder por la sanción moratoria reclamada y solicita al Despacho acoger la excepción de falta de legitimación por pasiva y exonerar de responsabilidad al ente territorial.

2.5. Sentencia apelada

11. Mediante sentencia del 22 de agosto de 2023 9, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. El fallo se fundamentó en que la Entidad Territorial expidió la Resolución No. 1611 del 30 de junio de 2020 por fuera del término legal de 15 días hábiles contados desde la solicitud presentada

6 Samai, índice 1, One Drive, PDF 9. 7 Samai, índice 1, One Drive, PDF 15. 8 Samai, índice 1, One Drive, PDF 23. 9 Samai, índice 1, One Drive, PDF 44.Radicación: 860013331001-2022-00135-01

Demandante: Floresmira Barrera Sánchez

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 5 de 17 el 17 de mayo de 2020, la cual debió resolverse a más tardar el 9 de junio. La notificación se realizó el 22 de julio, configurándose así la hipótesis de extemporaneidad prevista por el

Página 5 de 17 el 17 de mayo de 2020, la cual debió resolverse a más tardar el 9 de junio. La notificación se realizó el 22 de julio, configurándose así la hipótesis de extemporaneidad prevista por el Consejo de Estado e n la Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2018, que obliga a contar 70 días hábiles desde la solicitud, sin considerar la notificación.

12. El despacho también concluyó que el Departamento del Putumayo, pese a haber remitido el derecho de petición, omitió pronunciarse de fondo sobre la solicitud de sanción moratoria, configurando silencio administrativo. Se estableció la legitimación por pasiva de las partes demandadas, pero se atribuyó la mora -de 16 días - exclusivamente al Departamento del Putumayo, al haber incumplido los plazos legales para el trámite y pago de las cesantías. En consecuencia, se declaró su responsabilidad y se absolvió a las demás entidades.

13. Respecto a la sanción moratoria, se precisó que, al tratarse de cesantías parciales, su cálculo debe hacerse con base en el salario básico vigente al momento de su causación.

No procede la indexación diaria, pero sí el ajuste del valor total desde el cese de la mora hasta la ejecutoria de la sentencia, conforme al artículo 187 del CPACA, sin inte reses moratorios en ese lapso. Finalmente, se concluyó que la solicitud presentada en 2021 interrumpió la prescripción trienal, y al haberse presentado la demanda en 2022, no operó la prescripción en el caso.

2.6. Recurso de apelación

14. El Departamento del Putumayo 10 expresó no estar de acuerdo con la decisión de

la prescripción en el caso.

2.6. Recurso de apelación

14. El Departamento del Putumayo 10 expresó no estar de acuerdo con la decisión de primera instancia, fórmula como primer reparo que no se configura el silencio administrativo negativo por parte de la Secretaría de Educación del Departamento del Putumayo, toda vez que esta entidad respondió de manera oportuna y adecuada el derecho de petición presentado el 12 de noviembre de 2021, mediante el documento No. PUT2021EE033858 del 22 de noviembre del mismo año. En dicha respuesta, se informó al peticionario que la solicitud había sido remitida al FOMAG – FIDUPREVISORA, entidad competente para resolver reclamaciones administrativas relacionadas con la sanción moratoria por pago tardío de cesantías, conforme a lo dispuesto en el Comunicado No. 001 -2021 de la

Dirección de Prestaciones Económicas del FOMAG.

15. La actuación de la Secretaría se enmarca en una remisión por competencia, que pone fin a su intervención en el trámite administrativo, sin que ello implique omisión o falta de respuesta. Además, dicho documento constituye un acto de trámite, que no es susceptible de control ante la jurisdicción contencioso administrativa. En consecuencia, al haberse demostrado que existió una respuesta formal y debidamente notificada, no es procedente declarar la configuración de un acto ficto negativo. Por lo anterior, se solicita revocar los apartes de la sentencia de primera instancia que concluyeron lo contrario

16. El segundo reproche controvierte la condena impuesta al Departamento del Putumayo, alegando una clara falta de legi timación por pasiva . Sostiene que la

revocar los apartes de la sentencia de primera instancia que concluyeron lo contrario

16. El segundo reproche controvierte la condena impuesta al Departamento del Putumayo, alegando una clara falta de legi timación por pasiva . Sostiene que la responsabilidad por la presunta mora en el pago de las cesantías parciales del demandante recae exclusivamente en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad encargada del reconocimiento y pago de dichas prestaciones.

10 Samai, índice 1, One Drive, PDF 49.Radicación: 860013331001-2022-00135-01

Demandante: Floresmira Barrera Sánchez

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17. Destaca que, conforme al artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, que modificó el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, corresponde al FOMAG asumir el pago de las sanciones por mora causadas hasta diciembre de 2022. En el presente caso, la supuesta mora se produjo entre el 3 y el 18 de septiembre de 2020, y el pago fue efectuado el 19 de septiembre del mismo año, según lo informado por la propia

Fiduprevisora.

18. En consecuencia, al tratarse de una mora ocurrida en 20 20, es claro que la obligación de responder por la sanción moratoria recae en el FOMAG, y no en la Entidad

Fiduprevisora.

18. En consecuencia, al tratarse de una mora ocurrida en 20 20, es claro que la obligación de responder por la sanción moratoria recae en el FOMAG, y no en la Entidad Territorial. Por tanto, el Departamento del Putumayo no debe ser condenado, al no ostentar competencia funcional ni responsabilidad directa en el trá mite y pago de las cesantías parciales objeto de controversia.

2.7. Trámite de segunda instancia

19. Mediante reparto efectuado el 31 de octubre de 2023, el presente asunto fue asignado al despacho de la Magistrada Ana Beel Bastidas Pantoja del Tribunal Administrativo de Nariño 11, quien mediante auto del 27 de noviembre de 2023 admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del Departamento del Putumayo12 contra la sentencia proferida el 22 de agosto de 2022 por el Juzgado Primero Administrativo de Mocoa, la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda13.

20. Posteriormente, el 4 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Nariño remitió el expediente a esta Corporación, en cumplimiento de la redistribución ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo No. PCSJA23 -12125 del 19 de diciembre de 202314, por el cual se creó el Trib unal Administrativo y el Distrito Judicial del Putumayo. En desarrollo de dicha disposición, el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, a través del Acuerdo No. CSJNAA24 -124 del 24 de mayo de 2024 15, redistribuyó 776 procesos entre los despachos 001, 002 y 003 del nuevo Tribunal Administrativo del

Nariño, a través del Acuerdo No. CSJNAA24 -124 del 24 de mayo de 2024 15, redistribuyó 776 procesos entre los despachos 001, 002 y 003 del nuevo Tribunal Administrativo del Putumayo, asignando el presente medio de control a este despacho, el cual avocó conocimiento mediante auto del 28 de febrero de 2025, luego de integrarse en debida forma el expediente digital16.

21. Finalmente, encontrándose el proceso en estado para fallo de segunda instancia, esta Corporación, en aplicación del artículo 213 del CPACA, decretó mediante auto del 3 de abril de 2025 una prueba de oficio, consistente en la solicitud al Departamento del Putumayo de la constancia de envío de la Resolución No. 1611 del 30 de junio de 2020 a la Fiduprevisora S.A.17, la cual fue debidamente allegada por la entidad requerida18.

11 Samai, índice 2. 12 Samai, índice 3. 13 Samai, índice 1, One drive, PDF 44. 14 Acuerdo No. PCSJA23 -12125 del 19 de diciembre de 2023 «Por medio del cual se crean unos despachos y cargos de carácter permanente en la Jurisdicción Contencioso Administrativa y se dictan otras disposiciones». 15 Acuerdo No. CSJNAA24-124 del 24 de mayo de 2024 «Por el cual se redistribuyen procesos de los Despachos 001, 002, 003, 004, 005 y 006 del Tribunal Administrativo d e Nariño a los despachos 001, 002 y 003 del tribunal Administrativo del Putumayo, creados mediante Acuerdo No. PCSJA23-12125 de 2023». 16 Samai, índice 21. 17 Samai, índice 27.

mediante Acuerdo No. PCSJA23-12125 de 2023». 16 Samai, índice 21. 17 Samai, índice 27. 18 Samai, índice 32.Radicación: 860013331001-2022-00135-01

Demandante: Floresmira Barrera Sánchez

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 7 de 17

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 3.1. Competencia. 3.2. Problema Jurídico. 3.3. Tesis de la Sala. 3.4. Fundamentos Jurídicos que soportan la tesis. 3.4.1. Silencio administrativo negativo. 3.4.2. Sanción mora por pago tardío en las cesantías en docentes. 3.4.3.

Responsabilidad del pago de la sanción moratoria en vigencia de la Ley 1955 de 2019. 3.4.4. Análisis y decisión del caso concreto. 3.5. Costas procesales.

3.1. Competencia

22. Esta Sala es competente para conocer y decidir el asunto de la referencia, en virtud de lo previsto en los artículos 125, numeral 2, y 153 de la Ley 1437 de 2011.

3.2. Problema Jurídico

23. En el marco del recurso de apelación, corresponde a esta Sala establecer si se configuró el silencio administrativo negativo frente a la solicitud presentada el 12 de noviembre de 2021 por la docente Floresmira Barrera Sánchez , relacionada con el

23. En el marco del recurso de apelación, corresponde a esta Sala establecer si se configuró el silencio administrativo negativo frente a la solicitud presentada el 12 de noviembre de 2021 por la docente Floresmira Barrera Sánchez , relacionada con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retardo en el reconocimiento y pago de sus cesantías. Igualmente, debe establecerse la procedencia de dicha sanción, identificar la entidad responsable del incumplimiento, así como verificar el cómputo de los días de mora efectuado por el a quo.

3.3. Tesis de la Sala

24. La Sala advierte que obra en el expediente constancia de que la Secretaría de Educación del Putumayo respondió el derecho de petición, informando su radicación en el sistema IPE del FOMAG, conforme al Comunicado 001-2021. Además, se notificó debidamente al solicitante, por lo que no se configura el silencio administrativo negativo.

25. También se anticipa qu e se encontró acreditada la mora del Departamento del Putumayo en la expedición y notificación del acto administrativo para el reconocimiento de cesantías, al haberse excedido los términos legales. No se evidenció incumplimiento en la remisión del mismo a la fiduciaria, la cual se realizó dentro del término legal. En consecuencia, la Sala confirmará dicha configuración y modificará el cómputo de los días de mora, estableciendo que ascienden a 43 y no a 16, como lo concluyó el a quo.

3.4. Fundamentos jurídicos que soportan la tesis

26. Con el fin de resolver la controversia planteada, esta Sala procederá a desarrollar el

3.4. Fundamentos jurídicos que soportan la tesis

26. Con el fin de resolver la controversia planteada, esta Sala procederá a desarrollar el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso, abordando los conceptos relativos al silencio administrativo negativo, la sanción m oratoria por el pago extemporáneo de cesantías a docentes, así como la determinación de la entidad responsable de su cancelación. Una vez expuestos dichos fundamentos, se entrará al análisis del caso concreto.

3.4.1. Silencio administrativo negativo

27. La figura del silencio administrativo, consagrada en el ordenamiento jurídico colombiano como garantía del derecho fundamental de petición (Art. 23 C.P.), opera anteRadicación: 860013331001-2022-00135-01

Demandante: Floresmira Barrera Sánchez

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 8 de 17 la inactividad de la administración frente a solicitudes o recursos presentados por los administrados, generando efectos jurídicos mediante la configuración de un acto presunto. De conformidad con los artículos 83 y 84 del CPACA, la regla general es que el silencio administrativo produce efectos negativos, entendiéndose que la petición ha sido resuelta desfavorablemente si transcurren 3 meses sin decisión expresa, salvo disposición legal especial que establezca un término distinto. Solo en los casos expresamente previstos por la ley, el silencio podrá generar efectos positivos, constituyéndose en excepción a la regla

especial que establezca un término distinto. Solo en los casos expresamente previstos por la ley, el silencio podrá generar efectos positivos, constituyéndose en excepción a la regla general.

3.4.2. Sanción mora por pago tardío de las cesantías en docentes

28. La Ley 91 de 1989 en su artículo 15, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y consagró el pago de Cesantías bajo régimen de retroactividad para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 y de anualidad para los docentes nacionalizados vinculados antes de esa fecha y los nacionalizados vinculados a partir del 1 de enero 1990.

29. A su vez la Ley 244 de 2005 modificada por la Ley 1071 de 2006, establece los términos para resolver las solicitudes de liquidación de cesantías y su pago oportuno, además de la sanción en caso de mora, dichas normas aseveran lo siguiente:

«Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser

informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez apo