TA PUT - Sentencia 860013333001-2023-00020-01 (15-10-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO

SALA UNITARIA

Magistrado Ponente: MANUEL ALÍ RODRÍGUEZ MUSTAFÁ

San Miguel de Ágreda de Mocoa, 15 de octubre de 2025

Radicación 860013333001-2023-00020-01 Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Doris Inés Otaya Acuña Demandados Departamento del Putumayo y otros Ministerio público Procuradora 156 Judicial II Para Asuntos Administrativos Aida Elena Rodríguez Estrada Tema Sanción moratoria por pago tardío de cesantías en docentes – Ley 1955 de 2019 Asunto Sentencia de Segunda Instancia

I. OBJETO DE LA DECISION

De acuerdo con lo indicado en el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 (adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009), la Sala Plena de esta Corporación, mediante Acuerdo No. 0003 del 2 de septiembre de 2024, estableció un orden temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. De esta manera, priorizó, entre otros, los procesos cuya solución implique la aplicación de sentencias de unificación o de jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, como ocurre en este asunto en el que se debate el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantías de los docentes, asunto que fue objeto de unificación en la sentencia SUJ -012S2 de 18 de agosto de 2018.

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la Fiduciaria La Previsora , en

cesantías de los docentes, asunto que fue objeto de unificación en la sentencia SUJ -012S2 de 18 de agosto de 2018.

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la Fiduciaria La Previsora , en contra la sentencia proferida el 21 de enero de 2025 , proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Mocoa, mediante la cual resolvió lo siguiente1:

«PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG; en consecuencia, se dispone su desvinculación del presente proceso, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el Departamento del Putumayo, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del acto ficto negativo configurado el 6 de julio de 2022, con ocasión a que no se dio respuesta a la petición que presentó la señora Doris Inés Otaya Acuña el 6 de abril de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONDENAR a la Fiduciaria La Previsora S.A. – Fiduprevisora S.A., a pagar con su propio patrimonio, a la señora Doris Inés Otaya Acuña, id entificada con cédula de ciudadanía núm. 27.356.166 de Mocoa (P), a título de restablecimiento del derecho, catorce

su propio patrimonio, a la señora Doris Inés Otaya Acuña, id entificada con cédula de ciudadanía núm. 27.356.166 de Mocoa (P), a título de restablecimiento del derecho, catorce (14) días de sanción moratoria, para lo cual deberá atender lo dispuesto en la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado so bre la materia, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

QUINTO: Las sumas que resulten a favor de la señora Doris Inés Otaya Acuña, identificada con cédula de ciudadanía núm. 27.356.166 de Mocoa (P), se deberán ajustar conforme a lo previsto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

[…]».

1 Samai primera instancia- índice 19.Radicación: 860013333001-2023-00020-01

Demandante: Doris Inés Otaya Acuña

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 2 de 13

II. ANTECEDENTES

Contenido: 2.1. Pretensiones de la demanda. 2.2. Hechos relevantes de la demanda. 2.3.

Normas violadas y concepto de la violación. 2.4. Contestación de demanda. 2.5. Sentencia apelada. 2.6. Apelación de la parte demandada. 2.7. Trámite de segunda instancia.

2.1. Pretensiones de la demanda

apelada. 2.6. Apelación de la parte demandada. 2.7. Trámite de segunda instancia.

2.1. Pretensiones de la demanda

1. A título de pretensiones y condenas, la parte demandante señaló las siguientes2:

«I. DECLARACIONES

1. Declarar la nulidad del acto ficto o presunto negativo configurado el 6 de julio de 2022, por la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al dar respuesta negativa de forma ficta al derecho de petición radicado el 6 de abril de 2022, mediante el cual se solicitó el pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

2. Declarar la nulidad del acto ficto o presunto negativo configurado el 6 de julio de 2022, por el Departamento del Putumayo, al dar respuesta negativ a de forma ficta al derecho de petición radicado el 6 de abril de 2022, tendiente al reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

3. Declarar la nulidad del acto ficto o presunto negativo configurado el 6 de julio de 2022, por la Fiduciaria La Previsora S.A., al dar respuesta negativa de forma ficta al derecho de petición radicado el 6 de abril de 2022, tendiente al reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

4. Reconocer, liquidar y pagar la sanción moratoria por no haberse cancelado oportunamente el valor reconocido por concepto de cesantías en la Resolución No. 4825 del 5 de noviembre de 2019.

4. Reconocer, liquidar y pagar la sanción moratoria por no haberse cancelado oportunamente el valor reconocido por concepto de cesantías en la Resolución No. 4825 del 5 de noviembre de 2019.

II. CONDENAS

1. Condenar a las demandadas Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Departamento del Putumayo y Fiduciaria La Previsora S.A., a reconocer, liquidar y pagar a favor de la demandante la sanción moratoria establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, por no haber cancelado a tiempo el valor reconocido por cesantías en la Resolución No. 4825 del 5 de noviembre de 2019, mora que ocurrió entre el 5 y el 13 de febrero de 2020.

2. Condenar a las entidades demandadas a reconocer, liquid ar y pagar la indexación de la suma indicada en el numeral anterior, desde la fecha de pago de las cesantías y hasta la fecha de pago efectivo de la sanción moratoria.

3. Condenar a las demandadas a reconocer, liquidar y pagar los intereses de mora sobre l as sumas adeudadas, conforme a lo establecido en el artículo 192 del

C.P.A.C.A.

4. Condenar a las entidades demandadas a dar estricto cumplimiento a la sentencia, conforme lo disponen los artículos 189 y 192 del C.P.A.C.A.

5. Condenar en costas a las deman dadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. y lo regulado en el Código General del Proceso.»

2.2. Hechos relevantes de la demanda

2. La parte demandante narró los siguientes hechos relevantes: como docente del

188 del C.P.A.C.A. y lo regulado en el Código General del Proceso.»

2.2. Hechos relevantes de la demanda

2. La parte demandante narró los siguientes hechos relevantes: como docente del magisterio del Departamento del Putumayo, solicitó el reconocimiento y pago de cesantías el 24 de octubre de 2019 . Frente a dicha solicitud se expidió como respuesta de la administración la Resolución No. 4825 del 5 de noviembre de 2019 , mediante la cual se reconoció y ordenó el pago de la prestación solicitada. Finalmente, se puso a disposición del solicitante los dineros el día 13 de febrero de 2020.

2 Samai primera instancia, índice 3.Radicación: 860013333001-2023-00020-01

Demandante: Doris Inés Otaya Acuña

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3. Manifiesta que el día 6 de a bril de 2022, radicó ante el Ministerio de Educación – FOMAG, Fiduprevisora y Departamento del Putumayo, derecho de petición tendiente a obtener el reconocimiento, liquidación y pago de la sanción moratoria. Manifiesta que las entidades guardaron silencio.

2.3. Normas violadas y concepto de la violación

4. Como normas violadas y concepto de la violación, a partir del escrito de demanda,

entidades guardaron silencio.

2.3. Normas violadas y concepto de la violación

4. Como normas violadas y concepto de la violación, a partir del escrito de demanda, se reproducen como tales, los artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; 1 y 2 de la Ley 244 de 1995; 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006, en cuanto a su fundamento la Sala entiende y sintetiza así: Las leyes citadas, regularon la situación particular respecto del pago de las cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos, en donde ellas establecen un término perentorio para su reconocimiento de 15 días después de radicada la solicitud y 45 días para proceder al pago después de haberse expedido el acto administrativo de reconocimiento. En ese orden de ideas, argumenta el actor que el reconocimiento y pago, no deben superar esos términos, so pena de generarse una sanción para la entidad, equivalente a un día de salario hasta que se efectúe el pago de la cesantía. Por último, aduce esa parte, que de conformidad con el parágrafo del Art. 57 de la Ley 1955 de 2019 el responsable del pago es el ente territorial, cuando dicha demora es producto de su tardanza en el trámite administrativo.

2.4. Contestación de demanda

5. El FOMAG3, aduce que lo dispuesto en las leyes 244 de 1995, 1071 de 2006 y 1955 de 2019, que regulan el pago de las cesantías y la sanción moratoria por el pago tardío a los servidores públicos a nivel general, sin que sea posible concluir que tales disposiciones le endilguen responsabilidad al FOMAG, pues no pueden utilizar sus recursos para pagar

de 2019, que regulan el pago de las cesantías y la sanción moratoria por el pago tardío a los servidores públicos a nivel general, sin que sea posible concluir que tales disposiciones le endilguen responsabilidad al FOMAG, pues no pueden utilizar sus recursos para pagar sanciones moratorias derivadas del pago tardío de las cesantías, por lo tanto, invoca la falta de legit imación en la causa por pasiva, responsabilidad del ente territori al, improcedencia de la condena en costas y la indexación.

6. El Departamento del Putumayo4, se opuso a las pretensiones alegando la falta de legitimación en la causa por pasiva. Alude que la Fiduciaria Previsora S.A. es la responsable de administrar los recursos del fondo de prestaciones sociales del Magisterio y de efectuar el pago de las prestaciones solicitadas por el personal y directivo docentes o sus beneficiarios. Por lo tanto, el Departamento del Putumayo, a través de su Secretaría de Educación, no es responsable, porque el trámite del reconocimiento de las prestaciones está a cargo del FOMAG.

2.5. Sentencia apelada

7. El Juzgado de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones El Despacho verificó que la Resolución No. 4825 del 5 de noviembre de 2019, por medio de la cual el Departamento del Putumayo reconoció las cesantías parciales solicitadas por la demandante, fue expedida dentro del término legal de quince (15) días previsto por la Ley 1071 de 2006. No obstante, al no obrar prueba de su notificación, se aplicó la sexta hipótesis fijada por el Consejo de Estado en sentencia de unificación, según la cual el acto se

1071 de 2006. No obstante, al no obrar prueba de su notificación, se aplicó la sexta hipótesis fijada por el Consejo de Estado en sentencia de unificación, según la cual el acto se entiende ejecutoriado por ministerio de la ley doce (12) días después de su expedición.

3 Samai primera instancia, índice 3. 4 Sama primera instancia índice 7.Radicación: 860013333001-2023-00020-01

Demandante: Doris Inés Otaya Acuña

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 4 de 13 De esta manera, la Fiduprevisora S.A. tenía hasta el 29 de enero de 2020 para efectuar el pago, pero lo hizo el 13 de febrero del mismo año, configurándose una mora de catorce (14) días. Posteriormente, la demandante radicó el 6 de abril de 2022 petición solicitando el reconocimiento de la sanción moratoria, frente a la cual operó el silencio administrativo negativo, al no haberse dado respuesta en el término legal.

En consecuencia, se concluyó que el Departamento del Putumayo no incurrió en mora alguna, mientras que la Fidu previsora S.A. sí lo hizo al superar el plazo de pago de las cesantías, razón por la cual se declaró la nulidad del acto ficto negativo del 6 de julio de 2022 y se condenó a dicha entidad a pagar a la demandante catorce (14) días de sanción

cesantías, razón por la cual se declaró la nulidad del acto ficto negativo del 6 de julio de 2022 y se condenó a dicha entidad a pagar a la demandante catorce (14) días de sanción moratoria, debidamente ajustados conforme al artículo 187 del CPACA, descartándose la indexación de la sanción en los términos precisados por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

2.6. Apelación de la parte demandada – Fiduciaria La Previsora5.

8. En el escrito de apelación, la Fiduprevisora S.A. cuestiona la condena impuesta en su contra, alegando que no es la entidad llamada a responder con su propio patrimonio por el pago de la sanción moratoria. Explica que, de acuerdo con el Estatuto Orgánico d el Sistema Financiero y el Código de Comercio, las sociedades fiduciarias son entidades de carácter financiero que administran encargos fiduciarios, cuyos recursos deben mantenerse separados del patrimonio propio en virtud del artículo 1233 ibídem. En tal medida, la Fiduprevisora actúa únicamente como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, pero no como titular de los recursos que integran dicho patrimonio autónomo.

9. Enfatiza que el legislador, mediante el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, dispuso que las sanciones moratorias causadas hasta diciembre de 2022 deben financiarse a través de Títulos de Tesorería emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, razón por la cual no es procedente

causadas hasta diciembre de 2022 deben financiarse a través de Títulos de Tesorería emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, razón por la cual no es procedente ordenar que tales pagos se hagan con recursos propios de la sociedad fiduciaria.

10. Añade que, en el caso concreto, la Resolución 4825 de 5 de noviembre de 2019 reconoció las cesantías parciales solicitadas por la demandante y el pago se realizó el 13 de febrero de 2020, en armonía con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, de modo que no existió mora atribuible a la Fiduprevisora. Sostiene, además, que la decisión de primera instancia desconoce el principio conforme al cual la ley posterior prevalece sobre la anterior, al no aplicar las normas vigentes que establecen la financiación de las sanciones con cargo a TES.

11. Por todo lo anterior, solicita al Tribunal que modifique el fallo de primera ins tancia, excluyendo a la Fiduprevisora S.A. de la condena, y que se precise que, en caso de verificarse la mora alegada por la parte demandante, su pago debe efectuarse con cargo a los recursos previstos en la Ley 2294 de 2023, y no con el patrimonio propio de la entidad fiduciaria.

2.7. Trámite de segunda instancia

12. Cumplido el trámite legal correspondiente, el juzgado de instancia concedió el recurso de apelación el día 7 de febrero de 2025 6, ordenando remitir el expediente al

Tribunal Administrativo del Putumayo.

5 Samai primera instancia, índice 23.

recurso de apelación el día 7 de febrero de 2025 6, ordenando remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Putumayo.

5 Samai primera instancia, índice 23. 6 Samai primera instancia, índice 29.Radicación: 860013333001-2023-00020-01

Demandante: Doris Inés Otaya Acuña

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13. Este despacho mediante auto del 7 de abril de 2025 admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del Putumayo7 contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Mocoa, la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 3.1. Competencia. 3.2. Problema Jurídico. 3.3. Tesis de la Sala. 3.4.

Fundamentos Jurídicos que soportan la tesis de la Sala. 3.4.1. Sanción mora por pago tardío de las cesantías en docentes 3.4.2. Responsabilidad del pago de la sanción moratoria en vigencia de la ley 1955 de 2019. 3.4.3. Análisis y decisión del caso concreto. 3.5. Condena en costas.

3.1. Competencia

14. Conforme a lo dispuesto en el artículo 125, 153 y 243 del CPACA, esta Corporación

3.5. Condena en costas.

3.1. Competencia

14. Conforme a lo dispuesto en el artículo 125, 153 y 243 del CPACA, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial.

3.2. Problema Jurídico

15. En el marco del recurso de apelación, la Sala debe establecer si resulta procedente mantener la condena impuesta a la Fiduprevisora por concepto de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, derivada del presunto pago extemporáneo de las cesantías parciales reconocidas a la demandante, determinando igualmente si es procedente que se condene a la entidad Fiduciaria al pago con recursos propios.

3.3. Tesis de la Sala

16. Se anticipa que la responsabilidad por el pago de la sanción moratoria corresponde a la entidad que incurra en el incumplimiento de los plazos legales para el reconocimiento o pago de las cesantías. Bajo la vigencia del Decreto 1272 de 2018, aplicable al caso, el pago debía efectuarse con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin afectar el patrimonio propio de la Fiduprevisora S.A.

17. Solo a partir del Decreto 942 de 2022 se previó la posibilidad de imputar responsabilidad directa a la Fiduprevisora con su propio patrimonio. Por tanto, tratándose de hechos anteriores a su vigencia, la sanción moratoria debe cubrirse con los recursos del

Fondo.

3.4. Fundamentos jurídicos que soportan la tesis de la Sala

de hechos anteriores a su vigencia, la sanción moratoria debe cubrirse con los recursos del Fondo.

3.4. Fundamentos jurídicos que soportan la tesis de la Sala

18. Con el fin de desatar la controversia planteada, la Sala inicialmente hará referencia a las normas que regulan la materia, para posteriormente adentrarse en el estudio del caso

concreto, así:

3.4.1. Sanción mora por pago tardío de las cesantías en docentes

19. La Ley 91 de 1989 en su artículo 15, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y consagró el pago de Cesantías bajo régimen de retroactividad

7 Samai, índice 5.Radicación: 860013333001-2023-00020-01

Demandante: Doris Inés Otaya Acuña

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20. A su vez la Ley 244 de 2005 modificada por la Ley 1071 de 2006, establece los términos para resolver las solicitudes de liquidación de cesantías y su pago oportuno, además de la sanción en caso de mora, dichas normas aseveran lo siguiente:

términos para resolver las solicitudes de liquidación de cesantías y su pago oportuno, además de la sanción en caso de mora, dichas normas aseveran lo siguiente:

«Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los docu mentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del

servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.»

21. De acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006, respectivamente, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, la respectiva resolución de reconocimiento. En el evento de que la solicitud esté incompleta, deberá informársele al peticionario para que la subsane, contándose luego de la s ubsanación el término para expedir el acto de reconocimiento.

22. A su vez, la entidad pagadora tendrá como plazo máximo 45 días hábiles, a partir de la fecha en que cobre firmeza el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías, para cancel arlas. Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia del 5 de octubre de 2017, expediente 3640-158, aclara cual es la voluntad del legislador, al proferir la Ley 1071 de 2006, la cual no era la de excluir a los docente oficiales sino equipararlos a los demás servidores públicos. En forma concreta expresó:

«Aplicación de la Ley 1071 de 2006 al personal docente del sector oficial. (…) Se

los demás servidores públicos. En forma concreta expresó:

«Aplicación de la Ley 1071 de 2006 al personal docente del sector oficial. (…) Se concluye de lo hasta aquí expuesto, que la intención o voluntad del legislador, al proferir la Ley 1071 de 2006, no era la de excluir a los docentes oficiales sino equipararlos a los demás servidores públicos, en relación con la norma que consagró la oportunidad para la liquidación y pago del auxilio de cesantías, que no había sido

8 Consejo de Estado, Subsección A, Sección Segunda. Sentencia del 5 de octubre de 2017. Número interno: Radicación número: 73001 -23-33-000-2014-00416-01(3640-15). CP: Sandra Lisset Ibarra Vélez. actor: Martha Cecilia Guzmán Torres. Demandado: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.Radicación: 860013333001-2023-00020-01

Demandante: Doris Inés Otaya Acuña

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 7 de 13 contemplada en la diversidad de regímenes laborales aplicables al Magisterio los cuales hasta entonces no regulaban la sanción por mora frente al incumplimiento del empleador. Lo anterior, sin detrimento de los derechos adquiridos consignados en las disposiciones de las entidades territoriales, por lo que, en los artículos 2 y 15 de la Ley 91 de 1989 se estableció la regla según la cual, los docentes nacionalizados

empleador. Lo anterior, sin detrimento de los derechos adquiridos consignados en las disposiciones de las entidades territoriales, por lo que, en los artículos 2 y 15 de la Ley 91 de 1989 se estableció la regla según la cual, los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, mantendrían el régimen prestacional que habían venido gozando en cada entidad territorial y para quienes ingresaran con posterioridad a esa fecha , adoptar las disposiciones que rigen para los empleados públicos del orden nacional.

Por consiguiente, frente al vacío normativo de las disposiciones establecidas por las entidades territoriales a las que se encontraban adscritos los docentes, por las cuales se continuaban rigiendo aquellos vinculados antes del 31 de diciembre de 1989 y dado el ámbito de aplicación de la Ley 1071 de 2006 a todos los servidores públicos, salvo las excepciones previstas en la ley, dicha norma resulta aplicable a aquellos afiliados al FOMAG, en virtud del principio constitucional in dubio pro operario, como se sustentará más adelante.»

23. Con base en lo anterior, corresponde a la entidad pública pagadora, al desatender el plazo máximo legal para la liquidación y pago de las cesantías definitivas o parciales del servidor público (docente), reconocer y cancelar en favor del beneficiario y a título de sanción moratoria, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas.

24. De otro lado , la S ala advierte que la discusión relativa a la procedencia del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retardo en la cancelación de las cesantías parciales o definitivas a los docentes del sector oficial fue zanjada por la Sección

reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retardo en la cancelación de las cesantías parciales o definitivas a los docentes del sector oficial fue zanjada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación del 18 de julio de 20189. En dicha providencia, se concluyó que, en su calidad de servidores públicos, a los docentes oficiales les son aplicables las disposiciones contenidas en las Leyes 244 de 1995 y 107 1 de 2006, en lo que respecta a la sanción moratoria derivada del incumplimiento de los términos legales para el reconocimiento y pago de dicha prestación social.

25. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el proceso que aplica para el reconocimiento de cesantías en el sector docente, es menester remitirnos al Decreto 1272 de 2018, « Por el cual se modifica el Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-, se reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones », en lo

pertinente señala:

«Artículo 2.4.4.2.3.2.22. Término para resolver las solicitudes de reconocimiento de cesantías. Las solicitudes correspondientes a reconocimientos de cesantías parciales o definitivas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deben ser resueltas sin exceder 15 días hábiles contados desde la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario.

Artículo 2.4.4.2.3.2.23. Gestión de la entidad territorial en las solicitudes de reconocimiento de cesantías. La entidad territorial certificada en educación, dentro de

de la solicitud por parte del peticionario.

Artículo 2.4.4.2.3.2.23. Gestión de la entidad territorial en las solicitudes de reconocimiento de cesantías. La entidad territorial certificada en educación, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación en debida forma de la solicitud de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, deberá elaborar un proyecto de acto administrativo que resuelva el requerimiento.

Dentro del mismo término indicado en el inciso anterior, la entidad territorial d eberá subir y remitir a través de la plataforma dispuesta para tal fin el proyecto de acto

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, expediente No. 73001 -23-33-000-2014-00580-01 – No.

Interno: 4961-2015.Radicación: 860013333001-2023-00020-01

Demandante: Doris Inés Otaya Acuña

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 8 de 13 administrativo debidamente digitalizado con su respectivo expediente para que sea revisado por la fiduciaria.

Artículo 2.4.4.2.3.2.24. Gestión a cargo de la socieda d fiduciaria en las solicitudes de reconocimiento de cesantías. La sociedad fiduciaria, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo del proyecto de acto administrativo de reconocimiento de cesantías

reconocimiento de cesantías. La sociedad fiduciaria, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo del proyecto de acto administrativo de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, deberá impartir su aprobac ión o desaprobación argumentando de manera precisa el sentido de su decisión.

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