TA PUT - Sentencia 860013333001-2023-00870-01 (15-10-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO

SALA UNITARIA

Magistrado Ponente: MANUEL ALÍ RODRÍGUEZ MUSTAFÁ

San Miguel de Ágreda de Mocoa, 15 de octubre de 2025.

Radicación 860013333001-2023-00870-01 Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Gloria Stella Juajibioy Jamioy Demandados Departamento del Putumayo y otros Ministerio público Procuradora 156 Judicial II Para Asuntos Administrativos Aida Elena Rodríguez Estrada Tema Sanción moratoria por pago tardío de cesantías en docentes – Ley 1955 de 2019 Asunto Sentencia de Segunda Instancia

I. OBJETO DE LA DECISION

De acuerdo con lo indicado en el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 (adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009), la Sala Plena de esta Corporación, mediante Acuerdo No. 0003 del 2 de septiembre de 2024, estableció un orden temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. De esta manera, priorizó, entre otros, los procesos cuya solución implique la aplicación de sentencias de unificación o de jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, como ocurre en este asunto en el que se debate el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantías de los docentes, asunto que fue objeto de unificación en la sentencia SUJ -012S2 de 18 de agosto de 2018.

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la Fiduciaria La Previsora y el

cesantías de los docentes, asunto que fue objeto de unificación en la sentencia SUJ -012S2 de 18 de agosto de 2018.

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la Fiduciaria La Previsora y el departamento del Putumayo, en contra la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2024, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Mocoa, mediante la cual resolvió lo siguiente1:

«PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG; en consecuencia, se dispone su desvinculación del presente proceso, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuestas por el Departamento del Putumayo y la Fiduciaria La Previsora S.A. – Fiduprevisora S.A., por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones denominadas enriquecimiento sin causa e indebida integración de la parte pasiva formuladas por la Fiduciaria La Previsora S.A. - Fiduprevisora S.A., atendiendo lo expuesto en este proveído.

CUARTO: DECLARAR la nulidad del acto ficto negativo configurado el 3 de septiembre de 2023, con ocasión a que no se dio respuesta a la petición que presentó la señora Gloria Stella Juajibioy Jamioy el 2 de junio de 2023, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2023, con ocasión a que no se dio respuesta a la petición que presentó la señora Gloria Stella Juajibioy Jamioy el 2 de junio de 2023, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: CONDENAR al Departamento del Putumayo - Secretaría de Educación del Departamento del Putumayo, a pagar con su propio patrimonio, a la señora Gloria Stella Juajibioy Jamioy, identificada con cédula de ciudadanía núm. 69.005.191, a título de restablecimiento del derecho, diecinueve (19) días de sanción moratoria, para lo cual deberá atender lo dispuesto en la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la materia.

1 Samai primera instancia- índice 19.Radicación: 860013333001-2023-00870-01

Demandante: Gloria Stella Juajibioy Jamioy

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SEXTO: CONDENAR a la Fiduciaria La Previsora S.A. – Fiduprevisora S.A., a pagar con su propio patrimonio, a la señora Gloria Stella Juajibioy Jamioy, ident ificada con cédula de ciudadanía núm. 69.005.191, a título de restablecimiento del derecho, catorce (14) días de sanción moratoria, para lo cual deberá atender lo dispuesto en la jurisprudencia de la Sección

ciudadanía núm. 69.005.191, a título de restablecimiento del derecho, catorce (14) días de sanción moratoria, para lo cual deberá atender lo dispuesto en la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la materia, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SÉPTIMO: Las sumas que resulten a favor de la señora Gloria Stella Juajibioy Jamioy, identificada con cédula de ciudadanía núm. 69.005.191, se deberán ajustar conforme a lo previsto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

OCTAVO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia, por lo expuesto en la parte motiva.

[…]».

II. ANTECEDENTES

Contenido: 2.1. Pretensiones de la demanda. 2.2. Hechos relevantes de la demanda. 2.3.

Normas violadas y concepto de la violación. 2.4. Contestación de demanda. 2.5. Sentencia apelada. 2.6. Apelación de la parte demandada. 2.7. Trámite de segunda instancia.

2.1. Pretensiones de la demanda

1. A título de pretensiones y condenas, la parte demandante señaló las siguientes2:

«PRIMERO: Declarar la nulidad del acto ficto o presunto configurado el día 3 de septiembre de 2023, frente a la no respuesta de la petición presentada el día 2 de junio de 2023, mediante la cual se solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a la parte actora, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada y adicionada por la

de 2023, mediante la cual se solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a la parte actora, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006, equivalente a

un (1) día de salario por cada día de retardo, contados a partir de los setenta (70) días hábiles posteriores a la radicación de la solicitud de cesantías ante la entidad y hasta el momento en que se hizo efectivo el pago.

SEGUNDO: Ordenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG); al Departamento del Putuma yo – Secretaría de Educación Departamental del Putumayo; y a la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora), dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro del presente proceso en el término de treinta (30) días contados a partir de su comunicación, confor me a lo

2 Samai primera instancia, índice 3.Radicación: 860013333001-2023-00870-01

Demandante: Gloria Stella Juajibioy Jamioy

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 3 de 16 dispuesto en los artículos 192 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

TERCERO: Condenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG); al Departamento del Putumayo – Secretaría de Educación Departamental del Putumayo; y a la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora), al reconocimiento y pago de los ajustes a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la sanción moratoria, tomando como

S.A. (Fiduprevisora), al reconocimiento y pago de los ajustes a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la sanción moratoria, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor desde la fecha en que se efectuó el pago de la cesantía hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente proceso.

CUARTO: Condenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG); al Departamento del Putumayo – Secretaría de Educación Departamental del Putumayo; y a la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora), al reconocimiento y pago de intereses moratorios a partir del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia y hasta la fecha en que se efectúe el pago de la sanción moratoria reconocida en este fallo.

QUINTO: Condenar en costas a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG); al Departamento del Putumayo – Secretaría de Educación Departamental del Putumayo; y a la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con lo previsto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010.»

2.2. Hechos relevantes de la demanda

2. La parte demandante narró los siguientes hechos relevantes: como docente del magisterio del Departamento del Putumayo, solicitó el reconocimiento y pago de cesantías

2.2. Hechos relevantes de la demanda

2. La parte demandante narró los siguientes hechos relevantes: como docente del magisterio del Departamento del Putumayo, solicitó el reconocimiento y pago de cesantías el 29 de mayo de 2021 . Frente a dicha solicitud se expidió como respuesta de la administración la Resolución No. 2721 del 12 de julio de 2021, mediante la cual se reconoció y ordenó el pago de la prestación solicitada. Finalmente, se puso a disposición del solicitante los dineros el día 14 de octubre de 2021.

3. Manifiesta que el día 2 de junio d e 2023, radicó ante el Ministerio de Educación – FOMAG, Fiduprevisora y Departamento del Putumayo, derecho de petición tendiente a obtener el reconocimiento, liquidación y pago de la sanción moratoria. Manifiesta que las entidades guardaron silencio.

2.3. Normas violadas y concepto de la violación

4. Como normas violadas y concepto de la violación, a partir del escrito de demanda, se reproducen como tales, los artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; 1 y 2 de la Ley 244 de 1995; 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006, en cuanto a su fundamento la Sala entiende y sintetiza así: Las leyes citadas, regularon la situación particular respecto del pago de las cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos, en donde ellas establecen un término perentorio para su reconocimiento de 15 días después de radicada la solicitud y 45 días para proceder al pago después de haberse expedido el acto administrativo deRadicación: 860013333001-2023-00870-01

perentorio para su reconocimiento de 15 días después de radicada la solicitud y 45 días para proceder al pago después de haberse expedido el acto administrativo deRadicación: 860013333001-2023-00870-01

Demandante: Gloria Stella Juajibioy Jamioy

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 4 de 16 reconocimiento. En ese orden de ideas, argumenta el actor que el reconocimiento y pago, no deben superar eso s términos, so pena de generarse una sanción para la entidad, equivalente a un día de salario hasta que se efectúe el pago de la cesantía. Por último, aduce esa parte, que de conformidad con el parágrafo del Art. 57 de la Ley 1955 de 2019 el responsable de l pago es el ente territorial, cuando dicha demora es producto de su tardanza en el trámite administrativo.

2.4. Contestación de demanda

5. El FOMAG3, aduce que lo dispuesto en las leyes 244 de 1995, 1071 de 2006 y 1955 de 2019, que regulan el pago de las cesantías y la sanción moratoria por el pago tardío a los servidores públicos a nivel general, sin que sea posible concluir que tales disposiciones le endilguen responsabilidad al FOMAG, pues no pueden utilizar sus recursos para paga r sanciones moratorias derivadas del pago tardío de las cesantías . Señala que es responsabilidad del ente territorial quien remitió pago de manera tardía el acto

le endilguen responsabilidad al FOMAG, pues no pueden utilizar sus recursos para paga r sanciones moratorias derivadas del pago tardío de las cesantías . Señala que es responsabilidad del ente territorial quien remitió pago de manera tardía el acto administrativo a Fiduprevisora 2 meses después de su expedición , por lo tanto, invoca la falta de legit imación en la causa por pasiva, legalidad de los actos administrativos demandado, improcedencia de la indexación, compensación e improcedencia de la condena en costas y la indexación.

6. El Departamento del Putumayo4, se opuso a las pretensiones alegando la falta de legitimación en la causa por pasiva. Alude que la Fiduciaria Previsora S.A. es la responsable de administrar los recursos del fondo de prestaciones sociales del Magisterio y de efectuar el pago de las prest aciones solicitadas por el personal y directivo docentes o sus beneficiarios. Por lo tanto, el Departamento del Putumayo, a través de su Secretaría de Educación, no es responsable, porque el trámite del reconocimiento de las prestaciones está a cargo del FOMAG.

7. La Fiduprevisora5 en calidad de vocera del Ministerio de Educación, expresó que se opone a las pretensiones ya que pagó la prestación al docente dentro de los 45 días hábiles que prescribe el Art. 5 de la Ley 1071 de 2006; refiere que la expedición del acto administrativo corresponde a las Secretarías de Educación, y cuando exista demora, es ésta última la llamada a responder. Por lo tanto, se solicita aplicar la Ley 1955 de 2019, ya que es el ente territorial el llamado a responder por la suma reclamada. Señala esta parte que en caso hipotético de que se acceda a las pretensiones se incurre en un

que es el ente territorial el llamado a responder por la suma reclamada. Señala esta parte que en caso hipotético de que se acceda a las pretensiones se incurre en un enriquecimiento sin causa y cobro de lo no debido.

2.5. Sentencia apelada

8. El Juzgado de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones . En el presente asunto se probó que la Secretaría de Educación del Departamento del Putumayo expidió la Resolución No. 2721 de 12 de julio de 2021, por medio de la cual reconoció las cesantías parciales de la demandante, con una tardanza de 19 días frente al término legal de 15 días previsto para ello. Posteriormente, la Fiduprevisora S.A., encargada del pago de las cesantías, incumplió el plazo de 45 días para poner los recursos a disposición de la beneficiaria, generando un retardo adicional de 14 días. En consecuencia, la mora total ascendió a 33 días.

3 Samai primera instancia, índice 3. 4 Ídem. 5 Ídem.Radicación: 860013333001-2023-00870-01

Demandante: Gloria Stella Juajibioy Jamioy

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9. Declaró la nulidad del acto ficto negativo configurado el 3 de septiembre de 2023, derivado de la falta de respuesta a la petición elevada por la actora el 2 de junio de 2023.

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9. Declaró la nulidad del acto ficto negativo configurado el 3 de septiembre de 2023, derivado de la falta de respuesta a la petición elevada por la actora el 2 de junio de 2023.

10. En cuanto a las responsabilidades, se estableció que: i) E l Departamento del Putumayo - Secretaría de Educación debe asumir 19 días de sanción moratoria con cargo a su propio patrimonio. ii) La Fiduprevisora S.A. debe responder por 14 días de sanción moratoria con cargo a su propio patrimonio y finalmente las sumas conforme al artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, sin que proceda la indexación de la sanción moratoria, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

2.6. Apelación de la parte demandada.

11. En el escrito de apelación, la Fiduprevisora S.A. 6 cuestiona la condena impuesta en su contra, alegando que no es la entidad llamada a responder con su propio patrimonio por el pago de la sanción moratoria. Explica que, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Có digo de Comercio, las sociedades fiduciarias son entidades de carácter financiero que administran encargos fiduciarios, cuyos recursos deben mantenerse separados del patrimonio propio en virtud del artículo 1233 ibídem. En tal medida, la Fiduprevisora actú a únicamente como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, pero no como titular de los recursos que integran dicho patrimonio autónomo.

Fiduprevisora actú a únicamente como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, pero no como titular de los recursos que integran dicho patrimonio autónomo.

12. Enfatiza que el legislador, mediante el artículo 57 de la Ley 1955 d e 2019, modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, dispuso que las sanciones moratorias causadas hasta diciembre de 2022 deben financiarse a través de Títulos de Tesorería emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, razón por la cual no es procedente ordenar que tales pagos se hagan con recursos propios de la sociedad fiduciaria.

13. Añade que, en el caso concreto, la Resolución 4825 de 5 de noviembre de 2019 reconoció las cesantías parciales solicitadas por la demandante y el pago se realizó el 13 de febrero de 2020, en armonía con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, de modo que no existió mora atribuible a la Fiduprevisora. Sostiene, además, que la decisión de primera instancia desconoce el principio conforme al cual la ley posterior prevalece sobre la anterior, al no aplicar las normas vigentes que establecen la financiación de las sanciones con cargo a TES.

14. Por todo lo anterior, solicita al Tribunal que modifique el fallo de primera instancia, excluyendo a la Fiduprevisora S.A. de la condena, y que se precise que, en caso de verificarse la mora alegada por la parte demandante, su pago debe efectuarse con cargo a los recursos previstos en la Ley 2294 de 2023, y no con el patrimonio propio de la entidad fiduciaria.

verificarse la mora alegada por la parte demandante, su pago debe efectuarse con cargo a los recursos previstos en la Ley 2294 de 2023, y no con el patrimonio propio de la entidad fiduciaria.

15. De igual manera, el Departamento del Putumayo7 al interponer recurso de apelación, manifestó que no comparte la decisión del a quo en tanto se le atribuyó responsabilidad en el pago de la sanción moratoria, pese a que —en su criterio— dicha obligación corresponde por ley al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y a la Fiduprevisora S.A., como entidad encargada de la administración y pago de las cesantías.

Resaltó que las solicitudes de sanción moratoria deben radicarse directamente ante la Fiduprevisora, según lo dispuesto en el Comunicado No. 001 de 2021 del propio FOMAG, lo cual evidencia que la Secretaría de Educación Departamental no es la llamada a atender este tipo de reclamaciones.

6 Samai primera instancia, índice 22. 7 Samai primera instancia, índice 23.Radicación: 860013333001-2023-00870-01

Demandante: Gloria Stella Juajibioy Jamioy

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16. De igual forma, señaló que la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, establece un plazo total de 70 días para resolver, notificar y pag ar las cesantías, y que la

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16. De igual forma, señaló que la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, establece un plazo total de 70 días para resolver, notificar y pag ar las cesantías, y que la mora debe imputarse a la entidad que incumpla los tiempos en cada fase. En todo caso, agregó que de acuerdo con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, las sanciones moratoria s causadas hasta diciembre de 2022 corresponden al FOMAG, por lo que el presente caso —ocurrido en 2021— estaría bajo su órbita de responsabilidad.

17. Invocó además lo previsto en el Decreto 942 de 2022, según el cual la sanción moratoria debe ser asumida po r la entidad que haya generado el retardo: la entidad territorial si no radica oportunamente la solicitud de cesantías, o la Fiduprevisora si la mora se produce en el pago; en caso de concurrencia, cada una responderá proporcionalmente.

Finalmente, adujo que, conforme a la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 18 de julio de 2018, no es procedente la indexación de la sanción moratoria, en la medida en que esta no constituye una prestación social sino una consecuencia del incumplimiento en el pago, y su incremento implicaría sancionar dos veces a la administración.

18. Con base en tales argumentos, solicitó la revocatoria del fallo y que se exonere al Departamento del Putumayo de las pretensiones de la demanda, así como que no se le impongan costas procesales.

19. A continuación, la Sala analizará los argumentos de la apelación, para manifestar

Departamento del Putumayo de las pretensiones de la demanda, así como que no se le impongan costas procesales.

19. A continuación, la Sala analizará los argumentos de la apelación, para manifestar que no le asiste razón al apelante. Se observa que el recurso interpuesto por el Departamento del Putumayo no controvierte el cómputo de los días de mora realizado por el a quo. La inconformidad se limita a alegar la falta de legitimación en la causa por pasiva, pretendiendo trasladar la responsabilidad al FOMAG con fundamento en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y su parágrafo transitorio.

20. En ese contexto, y considerand o que el juez de segunda instancia debe ceñirse a los aspectos expresamente apelados, se concluye que no le es dable revisar de oficio el término de mora ni modificar la entidad responsable con base en elementos no discutidos por la parte recurrente. Sin e mbargo y si en gracia de discusión se revisará el conteo de términos aceptando la fecha de remisión a la Fiduprevisora que se reportó en el oficio de la SED, el plazo de 45 días para el pago vencía el 6 de noviembre de 2020. Al haberse puesto los dineros a disposición en esa misma fecha, la fiduciaria cumplió el término legal.

21. De manera equivocada, el Departamento sostiene que la responsabilidad en el pago de la sanción moratoria corresponde al FOMAG conforme al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019—, la Sala advierte que dicha interpretación es errada, pues el parágrafo transitorio de esa disposición estuvo destinado únicamente a autorizar la emisión de Títulos de Tesorería

2019—, la Sala advierte que dicha interpretación es errada, pues el parágrafo transitorio de esa disposición estuvo destinado únicamente a autorizar la emisión de Títulos de Tesorería para cubrir sanciones moratorias a cargo del Fondo causadas hasta diciembre de 2022, sin que ello signifique exonerar a las entidades territoriales de las demoras generadas por su propia gestión.

22. Por el contrario, en el caso concreto quedó demostrado que la mora en el pago de cesantías fue imputable al Departamento del Putumayo, que incumplió los términos legales para expedir, notificar y remitir oportunamente el acto administrativo de reconocimiento a la fiduciaria. No se acreditó omisión atribuible al FOMAG dentro de su ámbito de competencia.

23. En consecuencia, al no haberse impugnado el término de la mora ni desvirtuado el fundamento normativo de la condena, y considerando que el argumento del apelante se apoya en una interpretación restrictiva y equivocada del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en su integridad.Radicación: 860013333001-2023-00870-01

Demandante: Gloria Stella Juajibioy Jamioy

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24. Cumplido el trámite legal correspondiente, el juzgado de instancia concedió el

Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 7 de 16 2.7. Trámite de segunda instancia

24. Cumplido el trámite legal correspondiente, el juzgado de instancia concedió el recurso de apelación el día 7 de febrero de 2025 8, ordenando remitir el expediente al

Tribunal Administrativo del Putumayo.

25. Este despacho mediante auto del 7 de abril de 2025 admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del Putumayo9 contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Mocoa, la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 3.1. Competencia. 3.2. Problema Jurídico. 3.3. Tesis de la Sala. 3.4.

Fundamentos Jurídicos que soportan la tesis de la Sala. 3.4.1. Sanción mora por pago tardío de las cesantías en docentes 3.4.2. Responsabilidad del pago de la sanción moratoria en vigencia de la ley 1955 de 2019. 3.4.3. Análisis y decisión del caso concreto. 3.5. Condena en costas.

3.1. Competencia

26. Conforme a lo dispuesto en el artículo 125, 153 y 243 del CPACA, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial.

3.2. Problema Jurídico

27. Corresponde a la Sala determinar si la mora en el reconocimiento y pago de las

instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial.

3.2. Problema Jurídico

27. Corresponde a la Sala determinar si la mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales reconocidas a la demandante es imputable al Departamento del Putumayo, o si, conforme al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, la responsabilidad corresponde al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). En segundo lugar, en lo que respecta a la Fiduprevisora S.A., se estudiará si resulta procedente su condena al pago de la sanción moratoria con cargo a sus propios recursos.

3.3. Tesis de la Sala

28. Se anticipa que la responsabilidad por el pago de la sanción moratoria corresponde a la entidad que incurra en el incumplimiento de los plazos legales para el reconocimiento o pago de las cesantías. Bajo la vigencia del Decreto 1272 de 20 18, aplicable al caso, el pago debía efectuarse con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin afectar el patrimonio propio de la Fiduprevisora S.A.

29. Solo a partir del Decreto 942 de 2022 se previó la posibilidad de imputar responsabilidad directa a la Fiduprevisora con su propio patrimonio. Por tanto, tratándose de hechos anteriores a su vigencia, la sanción moratoria debe cubrirse con los recursos del

Fondo.

8 Samai primera instancia, índice 29. 9 Samai, índice 5.Radicación: 860013333001-2023-00870-01

Demandante: Gloria Stella Juajibioy Jamioy

Fondo.

8 Samai primera instancia, índice 29. 9 Samai, índice 5.Radicación: 860013333001-2023-00870-01

Demandante: Gloria Stella Juajibioy Jamioy

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 8 de 16

30. Igualmente, la Sala concluye que la mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales de la demandante es imputable al Departamento del Putumayo – Secretaría de Educación Departamental , en tanto fue esta entidad la que incumplió los plazos legales para expedir y notificar el acto administrativo de reconocimiento. Dicha tardanza constituye una actuación contraria a los términos previstos en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, y evidencia una errónea interpretación del artículo 57 de la Ley 1955 de 201

3.4. Fundamentos jurídicos que soportan la tesis de la Sala

31. Con el fin de desatar la controversia planteada, la Sala inicialmente hará referencia a las normas que regulan la materia, para posteriormente adentrarse en el estudio del caso

concreto, así:

3.4.1. Sanción mora por pago tardío de las cesantías en docentes

32. La Ley 91 de 1989 en su artículo 15, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y consagró el pago de Cesantías bajo régimen de retroactividad

32. La Ley 91 de 1989 en su artículo 15, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y consagró el pago de Cesantías bajo régimen de retroactividad para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 y de anualidad para los docentes nacionalizados vinculados antes de esa fecha y los nacionalizados vinculados a partir del 1 de enero 1990.

33. A su vez la Ley 244 de 2005 modificada por la Ley 1071 de 2006, establece los términos para resolver las solicitudes de liquidación de cesantías y su pago oportuno, además de la sanción en caso de mora, dichas normas aseveran lo siguiente:

«Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo

Artículo 5. Mora en el pago. La entidad pública pagador