TA SAN - Auto 68001-23-33-000-2024-00378-00 (14-11-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, catorce (14) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

EXPEDIENTE: 68001233300020240037800

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN

SOCIAL

notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co

DEMANDADO: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

notificaciones@santander.gov.co

MUNICIPIO DE SAN GIL

notificacionesjudiciales@sangil.gov.co

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL

notificacionesjudiciales@hregionalsangil.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

AUTO No.: 821

TEMA: AUTO RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Procede la Sala unitaria a pronunciarse sobre la solicitud de medida cautelar tendiente a que se ordene el reintegro de la suma de $22.000.000.000 , correspondiente al valor de los recursos asignados al Departamento de Santander mediante las Resoluciones 4521 de 2017 y 5263 de 2017.

1. ANTECEDENTES

1. La demanda1

En el presente asunto se pretendió que se declare administrativa, solidariamente y

mediante las Resoluciones 4521 de 2017 y 5263 de 2017.

1. ANTECEDENTES

1. La demanda1

En el presente asunto se pretendió que se declare administrativa, solidariamente y patrimonialmente responsables al Departamento de Santander, la ESE Hospital

1 Expediente digital SAMAI, índice 00003, documento denominado «3ED_DEMANDAREPARACIONDIR(.pdf)», pág. 18 a 19.Medio de control: Reparación Directa Auto resuelve medida cautelar Demandante: Ministerio de Salud y Protección Social Demandado: Departamento de Santander y otros

Radicado No.: 680012333000-2024-00378-00

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Regional de San Gil y el municipio de San Gil, por los daños y perjuicios causados al Ministerio de Salud y Protección Social, por la in ejecución del proyecto denominado «Reposición de la infraestructura de la E. S. E. Hospital Regional de San Gil» con ocasión de las acciones u omisiones a título de imputación de falla en el servicio, ocurridas dentro del proyecto.

Por lo anterior, solicitó se condene a las entidades demandadas a reintegrar la suma de $22.000.000.000 correspondiente al valor de los recursos asignados al departamento de Santander mediante las Resoluciones 4521 de 2017 y 5263 de 2017 y al pago de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y daño emergente, por considerar que, está probada la falla del servicio por omisión en la ejecución del proyecto.

2. Solicitud de la medida cautelar2

La entidad demandante solicitó se decrete la medida cautelar consistente en ordenar el reintegro del valor pagado por concepto de los recursos asignados al

ejecución del proyecto.

2. Solicitud de la medida cautelar2

La entidad demandante solicitó se decrete la medida cautelar consistente en ordenar el reintegro del valor pagado por concepto de los recursos asignados al Departamento de Santander mediante las Resoluciones 4521 de 2017 y 5263 de 2017 y que fueron incorpo rados al presupuesto departamental mediante la Ordenanzas 006 del 21 de febrero de 2018 y 012 de 19 de abril de 2018 y, en consecuencia, se decrete el embargo de las cuentas de este ente territorial.

Como fundamento de la solicitud de medida cautela r indicó que, la infraestructura en salud es un pilar fundamental del Estado Social del Derecho, pues con ella se garantiza el disfrute del derecho a la salud, y en ese sentido, el proyecto denominado «Reposición de la infraestructura de la E. S. E. Hospital Regional de San Gil» buscó acabar con la problemática de esta ESE, la cual no se encontraba acorde con las necesidades en salud ni en infraestructura.

Por lo anterior, la entidad demandante emitió concepto de viabilización del proyecto y cofinanció el desarrollo del mismo. Sin embargo, ante su inejecución , existe una trasgresión de los derechos fundamentales de acceso a la infraestructura para la prestación del servicio de salud y menoscabo patrimonial injustificado para la entidad demandante.

2 Expediente digital SAMAI, índice 00003, documento denominado «3ED_DEMANDAREPARACIONDIR(.pdf)», pág. 35 a 38.Medio de control: Reparación Directa Auto resuelve medida cautelar Demandante: Ministerio de Salud y Protección Social Demandado: Departamento de Santander y otros

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Auto resuelve medida cautelar Demandante: Ministerio de Salud y Protección Social Demandado: Departamento de Santander y otros

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Concluyó que, la procedencia de la medida cautelar está se justifica con la demanda que se encuentra razonadamente fundada en derecho, así como está acreditada la titularidad del derecho con el giro de los recursos para la ejecución del proyecto, el cual no se llevó a cabo, pues la terminación del contrato de obra y del contrato de interventoría ocurrió el 13 de agosto de 2023, sin cumplirse el objeto y con un atraso del 88.96 % de la labor.

3. Traslado de la medida cautelar

Mediante auto de fecha 06 de diciembre de 2024 , notificado por estados el día nueve (09) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) se corrió traslado a las partes y Ministerio Público de la solicitud de la medida cautelar de suspensión provisional que presentó la parte demandante, El término empezó a correr el 13 de enero de 2025, pues fue notificado electrónicamente a las entidades demandadas el 19 de diciembre de 2024.

3.1. La parte demandada, ESE Hospital Regional de San Gil 3, presentó dentro del término para señalar que, esta entidad no es la llamada a devolver dineros, pues no fue la responsable de la ejecución del proyecto.

Respecto al cumplimiento de los requisitos para decretar la medida cautelar sostuvo que, la parte ac tora no pr obó el riesgo inminente alguno para solicitar la medida, pues los recursos que solicita se reintegren ya se encuentran ejecutados en la obra,

Respecto al cumplimiento de los requisitos para decretar la medida cautelar sostuvo que, la parte ac tora no pr obó el riesgo inminente alguno para solicitar la medida, pues los recursos que solicita se reintegren ya se encuentran ejecutados en la obra, pues está la Fase I del proyecto, y en espera de las acciones entre el Departamento de Santander y el Mi nisterio de Salud y Protección Social para la ejecución de la Fase II y culminar con la obra.

Igualmente, se torna en improcedente la medida cautelar pues la parte actora no demostró el perjuicio irremediable.

3.2. La parte demandada, Departamento de Santander 4, se pronunció de la medida cautelar y solicitó se deniegue su decreto, por cuanto la misma no reúne los requisitos establecidos en el artículo 231 del CPACA.

3 Expediente digital SAMAI, índice 00014. 4 Expediente digital SAMAI, índice 00018, documento denominado «15_MemorialWeb_Otro-RTAMEDIDACAUTELAR(.pdf)».Medio de control: Reparación Directa Auto resuelve medida cautelar Demandante: Ministerio de Salud y Protección Social Demandado: Departamento de Santander y otros

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Indicó que la parte actora no acreditó el riesgo, pues de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, los recursos reclamados a título de reintegro ya fueron ejecutados en la obra . Es así que la Fase 1 del proyecto se está adelantando, quedando por realizar la Fase 2, que esta pendiente de coordinación de recurso entre esta entidad y la parte actora.

ejecutados en la obra . Es así que la Fase 1 del proyecto se está adelantando, quedando por realizar la Fase 2, que esta pendiente de coordinación de recurso entre esta entidad y la parte actora.

3.3. La parte demandada, Municipio de San Gil 5, explicó que el encargado de la ejecución del proyecto es el Departamento de Santander y no esta entidad territorial, y en esa medida, no existe prueba siquiera sumaria que demuestre haber recibido por parte del Ministerio de Salud y Protección Social recurso s para la inversión del proyecto en el Hospital Regional de San Gil.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Despacho es competente para resolver sobre la solicitud de medida cautelar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 numeral 2, literal h)6 del CPACA.

2.2. Problema jurídico

El despacho procede a fijar el siguiente problema jurídico de acuerdo con la solicitud de medida cautelar, el cual consiste en establecer si:

P.J. ¿Se cumplen los presupuestos normativos para decretar la medida cautelar consistente en ordenar el reintegro de la suma de $22.000.000.000 , correspondiente al valor de los recursos asignados al Departamento de Santander mediante las Resoluciones 4521 de 2017 y 5263 de 2017, para cofinanciar el proyecto denominado «Reposición de la infraestructura de la ESE Hospital Regional de San Gil»?

5 Expediente digital SAMAI, índice 00020, documento denominado «20_MemorialWeb_RespuestaESCRITOMEDIDACAUTE(.pdf)».

Hospital Regional de San Gil»?

5 Expediente digital SAMAI, índice 00020, documento denominado «20_MemorialWeb_RespuestaESCRITOMEDIDACAUTE(.pdf)». 6 «ARTÍCULO 125. DE LA EXPEDICIÓN DE PROVIDENCIAS. <Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021.

El nuevo texto es el siguiente: > La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas:

2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias:

[...]

h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida c autelar. En primera instancia esta decisión será de ponente.»Medio de control: Reparación Directa Auto resuelve medida cautelar Demandante: Ministerio de Salud y Protección Social Demandado: Departamento de Santander y otros

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2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La procedencia de la medida cautelar

Para que las cautelas procedan, deben cumplir con los presupuestos de hecho establecidos en el CPACA7, los cuales señalan que el decreto de las medidas tiene cabida antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda, o en cualquier estado del proceso a petición de parte debidamente sustentada, en concordancia con el artículo 233 de la misma codificación.

Así las cosas, aterrizando los preceptos normativos a la medida cautelar deprecada por el demandante, se tiene que la misma se formuló en escrito separado junto a la presentación de la demanda; lo que indica que se propuso en la oportunidad

Así las cosas, aterrizando los preceptos normativos a la medida cautelar deprecada por el demandante, se tiene que la misma se formuló en escrito separado junto a la presentación de la demanda; lo que indica que se propuso en la oportunidad procesal adecuada, resultando procedente su examen.

2.3.2. Presupuestos normativos de la medida cautelar

El artículo 229 del CPACA establece que el Juez podrá decretar las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, conforme al capítulo XI del CPACA.

Aunado a lo anterior, es necesario citar el artículo 231 del CPACA, respecto de los requisitos para decretar las medidas cautelares, el cual indica los siguientes:

«ARTÍCULO 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

7 Artículo 229 del CPACA.Medio de control: Reparación Directa Auto resuelve medida cautelar

los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

7 Artículo 229 del CPACA.Medio de control: Reparación Directa Auto resuelve medida cautelar Demandante: Ministerio de Salud y Protección Social Demandado: Departamento de Santander y otros

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2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios».

En ese sentido, de la norma citada se extrae que los requisitos exigidos para que proceda el decreto de una medida cautelar varían según la naturaleza de esta. La primera parte de la norma establece l os requisitos de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo; mientras que, la segunda parte, señala los aspectos que deben concurrir en el evento en el que se pretenda una medida cautelar diferente a la suspensión provisional (prevent iva, conservativa o anticipativa, según sea el caso).8

Conforme al anterior marco teórico, la Sala unitaria procede a resolver el problema jurídico previamente planteado.

cautelar diferente a la suspensión provisional (prevent iva, conservativa o anticipativa, según sea el caso).8

Conforme al anterior marco teórico, la Sala unitaria procede a resolver el problema jurídico previamente planteado.

2.4. Caso concreto

Señaló la parte demandante, que debido a la inejecución del proyecto denominado «Reposición de la infraestructura de la E. S. E. Hospital Regional de San Gil» , la entidad tuvo un menoscabo patrimonial injustificado, como también se vulneró el derecho a la salud, y en razón a ello, solicitó como medida cautelar que se ordene el reintegro del valor de la suma de $22.000.000.000 , correspondiente al valor de los recursos asignados al Departamento de Santander para la ejecución de este proyecto.

Al respecto, la Sala unitaria precisa que, para la procedencia de la medida cautelar solicitada se deben acreditar los presupuestos establecidos en la parte final d el artículo 231 del CPACA, esto es: i) que la demanda esté razonablemente fundada en derecho, ii) que el actor haya demostrado la titularidad del derecho invocado, iii)

8 Consejo de Estado. Sección Segunda – Subsección A. Auto de 16 de septiembre de 2021. Rad. 11001032500020160008900 (0461-2016).Medio de control: Reparación Directa Auto resuelve medida cautelar Demandante: Ministerio de Salud y Protección Social Demandado: Departamento de Santander y otros

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que haya aportado documentos, información y/o argumentos suficientes para concluir, med iante juicio de ponderación, que sería más gravoso para el interés

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que haya aportado documentos, información y/o argumentos suficientes para concluir, med iante juicio de ponderación, que sería más gravoso para el interés público negar la medida que concederla, y iv) que se demuestre sumariamente un perjuicio irremediable o la existencia de motivos serios para considerar que los efectos de la sentencia serían nugatorios.

En el presente asunto, si bien la demanda se encuentra razonablemente fundada en derecho y se acredita la legitimación por activa o la titularidad del derecho de acuerdo con las pruebas documentales aportadas con la demanda , también lo es que no se evidencia un juicio de ponderación suficientemente desarrollado por la parte demandante, para así determinar que resultaría más gravoso para el interés público negar la media. Ta mpoco se acredit aron las condiciones que permitan concluir que el no r etorno del dinero pueda generar un daño irreparable para el Ministerio o que, en su defecto, exista un riesgo grave de que la sentencia pierda eficacia.

Más aún, cuando el Departamento de Santander y la ESE Hospital Regional de San Gil afirman que estos recursos ya se encuentran invertidos en la Fase I del proyecto, la cual se está adelantado en dicha ESE, situación que sería más gravosa para el departamento debido a la inversión en el proyecto. Además, se precisa que, los efectos de la sentencia no serían nugatorios, comoquiera que , con el fondo del asunto se establecerá la responsabilidad o no de las demandadas por la presunta inejecución del proyecto, para el cual la parte actora giró el valor de

efectos de la sentencia no serían nugatorios, comoquiera que , con el fondo del asunto se establecerá la responsabilidad o no de las demandadas por la presunta inejecución del proyecto, para el cual la parte actora giró el valor de $22.000.000.000 con el objeto de la realización de la obra en la ESE, en pro de los usuarios del sistema de salud.

En efecto, en la etapa procesal en que se encuentra el presente asunto no es posible dilucidar la responsabilidad de la entidad territorial, para ordenar que se reintegre la suma referida para la cofinanciación del proyecto, pues debe surtirse el debate probatorio, para determinar si existe responsabilidad administrativa de las entidades demandadas y en cabeza de qui én se encuentra el pago de los perjuicios debidamente acreditados.

Así las cosas, se insiste en este análisis preliminar, y con las pruebas allegadas, que no es posible acreditar la responsabilidad administrativa y, en consecuencia, se pueda ordenar la devolución solicitada en las pretensiones de la demanda. En tal sentido, se denegará el decreto de la medida cautelar solicitada por la parte actora.Medio de control: Reparación Directa Auto resuelve medida cautelar Demandante: Ministerio de Salud y Protección Social Demandado: Departamento de Santander y otros

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Ello, sin perjuicio de lo que se logre establecer en la sentencia cuando se analice la presunta responsabilidad administrativa de las demandadas de cara con las pruebas obrantes en el expediente, y con la advertencia que las consideraciones expuestas por la Sala unitaria no implican prejuzgamiento respecto de la valoración de las piezas probatorias que hasta el momento hacen parte del proceso.

pruebas obrantes en el expediente, y con la advertencia que las consideraciones expuestas por la Sala unitaria no implican prejuzgamiento respecto de la valoración de las piezas probatorias que hasta el momento hacen parte del proceso.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER,

RESUELVE:

PRIMERO: SE NIEGA la solicitud de la medida cautelar de ordenar el reintegro de la suma de $22.000.000.000 correspondiente al valor de los recursos asignados al departamento de Santander para la ejecución de un proyecto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Por intermedio de la Auxiliar Judicial del Despacho, EFECTÚENSE las anotaciones de rigor en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

TERCERO: De conformidad con las directrices dadas por el Consejo Superior de la Judicatura, las partes deberán radicar los memoriales únicamente a través de la ventanilla virtual del aplicativo SAMAI y en virtud del uso de la información y las tecnologías - TICS Ventanilla virtual | JCA (consejodeestado.gov.co)

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

-Firmado a través del Sistema Judicial SAMAICAROLINA ARIAS FERREIRA Magistrada Ponente

Constancia: El presente auto fue firmado electrónicamente por este Despacho en la plataforma Tribunal Administrativo de Santander, SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el art. 186 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el art. 46 de la Ley 2080 de 2021.