TA SAN - Auto 68001-23-33-000-2024-00414-00 (25-06-2025)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente: LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, veinticinco (25) de junio de dos mil veinticinco (2025).

AUTO RECHAZA DEMANDA POR CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL.

I. ANTECEDENTES

1. Trámite procesal

La demanda fue radicada el 18.06.2024, conforme al acta de reparto (Documento No. 03 del índice de SAMAI) y por reparto le correspondió a este despacho.

Radicado expediente:

68001233300020240041400

Parte demandante:

ALICIA GARAVITO ARDILA, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.426.747 y otros.

Correo electrónico: fredyalejo30@hotmail.com

Parte demandada:

DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Correo electrónico: notificaciones@santander.gov.co

MUNICIPIO DE BETULIA-SANTANDER.

Correo electrónico: notificaciones@betulia-santander.gov.co ISAGEN S.A. ESP identificada con NIT. 811000740-4.

Correo electrónico: notificacionesenlinea@isagen.com.co

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO , identificada con NIT 890208119-1.

Correo electrónico:

Correo electrónico: notificacionesenlinea@isagen.com.co

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO , identificada con NIT 890208119-1.

Correo electrónico: serviciospublicos@betuliasantander.gov.co

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

GRUPO EPM Identificada con NIT 890201230-1.

Correo electrónico: notificacionesjudicialesessa@essa.com.co

Medio de control:

REPARACIÓN DIRECTA

Tema: Se busca el pago de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados con la ocupación permanente de diferentes obras públicas, en una franja de terreno del inmueble de mayor extensión denominado “el caramelo” ubicado en el municipio de Betulia - Santander.Rama Judicial del Poder Publico

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Posteriormente, con auto del 05 de diciembre de 2024, se inadmitió con el fin de que la parte demandante subsanará los siguientes aspectos: i) anexar como prueba al proceso la escritura pública del bien inmueble objeto del presunto daño y la matricula inmobiliaria 326-624 (Art 166 numeral 3 del CPACA); ii) anexar al proceso los certificados de existencia y representación legal emitido por la autoridad competente de ISAGEN S.A. E.S.P., Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo – ACUABE, conforme al Art 166 numeral 4 del

competente de ISAGEN S.A. E.S.P., Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo – ACUABE, conforme al Art 166 numeral 4 del CPACA; iii) realizar el envío simultaneo de la demanda y sus anexos a las partes demandadas conforme lo establece el Art 162 numeral 8 del CPACA; y iv) reorganizar las pretensiones, identificando cada edificación o construcción, los metros cuadrados que ocupa y el valor del daño correspondiente, conforme al artículo 162, numeral 2 del CPACA.

La parte demandante allegó escrito de subsanación de la demanda (Documento al No. 014 del índice de SAMAI).

2. La demanda

La p. demandante en ejercicio del medio de control de reparación directa solicita se declare administrativamente y solitariamente responsables al municipio de Betulia Santander, el Departamento de Santander, la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, la empresa de Alcantarillado y Aseo del municipio de Betulia Santander, la Electrificadora de Santander S.A E.S.P. Grupo EPM, ISAGEN S.A. ESP., con ocasión a los daños patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados como consecuencia de: i) la c onstrucción de diferentes obras de infraestructura como lo son vías vehiculares pavimentadas, caminos en concreto, polideportivo, muros de contención institución educativa con salones y equipamiento, gimnasio al aire libre, alumbrado público, red de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, gas y energía eléctrica, pozo de inspección, trasformadores, hidrantes de suministro de agua, señalización vial horizontal y vertical, planta de tratamiento de agua

aire libre, alumbrado público, red de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, gas y energía eléctrica, pozo de inspección, trasformadores, hidrantes de suministro de agua, señalización vial horizontal y vertical, planta de tratamiento de agua residuales, postes de alarma y monitoreo; ii) la prestación de servicios públicos como lo son acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica , alumbrado público, educación mediante la institución educativa escuela nuestra señora de la paz; iii) la autorización a empresas de trasporte de servicio públ ico en la modalidad de micro bus para la prestación del servicio de trasporte, prestación de servicio de centro vida, para población adulta mayor del Centro Poblado Urbano la Playa, todo ello, ubicado en la Vereda la Putana, obras y servicios que expone fueron construidos y se están prestando sobre el predio denominado el Carmelo, cuyos titulares del derecho real de dominio son los aquí demandantes; y iv) facilitar la ocupación ilegalRama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co

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e informal de más de trecientas familias dentro del predio que igualmente presentan invasión y ocupación indebida, al facilitarse por parte de las entidades públicas el saneamiento básico, educación y prestación de servicios públicos, coadyuvando de esta manera, a la urbanización ilegal de este predio, donde se aprecia una invasión de aproximadamente 82.799 m2.

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se ordene al municipio de Betulia

esta manera, a la urbanización ilegal de este predio, donde se aprecia una invasión de aproximadamente 82.799 m2.

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se ordene al municipio de Betulia Santander, al departamento de Santander, a la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Betulia Santander, la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. Grupo EPM, ISAGEN S.A. E.S.P., las siguientes condenas: a) El pago de la franja de terreno del predio sobre el cual las entidades llevaron a cabo la construcción de obras de infraestructura. b) El pago de la franja de terreno del predio sobre el cual las entidades llevaron a cabo obras para la prestación de servicios públicos. c) El pago de la franja de terreno del predio sobre el cual las entidades facilitaron la invasión del predio privado por parte de personas particulares que hoy día tienen una calidad de invasores, predio en general que fue tomado y usado de maner a arbitraria, construyendo en un predio de propiedad privada un asentamiento ilegal, masivo de más de 300 viviendas. d) El pago de perjuicios por indemnización al invadir el terreno sin previo aviso y/o autorización de la p. demandante, afectando la propiedad privada, pues no se pagó o compró dicho predio. e) La suma de diecinueve mil cuarenta y tres millones setecientos setenta mil pesos ($19.043.770.000 ), por concepto de lucro cesante consolidado , del valor del terreno afectado por las entidades públicas que comprende el área total de 82.799 metros cuadrados. f) Por concepto de daño moral a favor de los señores Alicia Garavito Ardila,

valor del terreno afectado por las entidades públicas que comprende el área total de 82.799 metros cuadrados. f) Por concepto de daño moral a favor de los señores Alicia Garavito Ardila, Alfredo Chacón Garavito, Alía Chacón Garavito, Alicia Chacón Garavito, Amparo Chacón Garavito, Azucena Chacón Garavito, Carmen Emils e Chacón Garavito, Pedro Alberto Chacón Garavito, Rodolfo Chacón Garavito, William Humberto Chacón Garavito, Diego Fernando Chacón Carreño, Danna Sofia Chacón Carreño y Mary Luz Carreño Moncada – en calidad de representante legal de su menor hijo Felipe Al ejandro Chacón Carreño, la suma de 100 SMLMV. g) Que se ordene la actualización de las sumas reconocidas de conformidad con C.C.A., aplicando los ajustes de valor indexados hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente proceso contenc ioso administrativo.Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co

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h) Que se ordene a la p. demandada cumplir con lo previsto en el C.C.A., en el evento en que no se efectúe el pago en forma oportuna. i) Que se condene en costas procesales y agencias en derecho a las entidades demandadas.

Como fundamento de las pretensiones en la demanda señala: a) Que la p. demandante vivió en el predio El Carmelo o Villa Carmen, identificado con matrícula inmobiliaria 326-624 desde el año 1981,

demandadas.

Como fundamento de las pretensiones en la demanda señala: a) Que la p. demandante vivió en el predio El Carmelo o Villa Carmen, identificado con matrícula inmobiliaria 326-624 desde el año 1981, materializándose su propiedad mediante sentencia del 06 -03-1986 del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, que adjudicó el bien inmueble en sucesión. b) Sostiene que la p. actora tiene derecho real del dominio sobre el predio El Carmelo, identificado con matrícula inmobiliaria 326-624, cuyas áreas y linderos se en cuentran determinados en la Escritura Pública No. 1060 de fecha 2 de diciembre del 2010, otorgada en la Notaria Segunda del Socorro mediante adjudicación en sucesión del causante Luis Alberto Chacón Lamus. c) Afirma que desde el año 1993 y ante el desplazamiento de la p. demandante por parte de grupos armados ilegales, el predio tuvo que ser desocupado, situación que fue aprovechada por foráneos para ocupar e invadir el predio de manera irregular por personas naturales. d) Expresa que, a través de la Resolución 0114 del 21 -06-2013, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de Bucaramanga profirió la medida cautelar N° 0482 de protección jurídica del predio art. 13 no. 2 Decreto 4829 de 2011. e) Indica que, mediante formulario 56355 del 25-11-2014, la personería de Bogotá profirió medida cautelar N°0474 de prohibición de enajenar derechos inscritos en predio declarado abandonado por el titular.

e) Indica que, mediante formulario 56355 del 25-11-2014, la personería de Bogotá profirió medida cautelar N°0474 de prohibición de enajenar derechos inscritos en predio declarado abandonado por el titular. f) Manifiesta que, en atención a la solicitud realizada por la p. demandante, la alcaldía del municipio de Betulia – Santander profirió la resolución 386 del 07-05-2021, a través de la cual se cambió el uso de suelo de rural a urbano, aprobado mediante acuerdo municipal 027 de fecha 06 de diciembre de 2017 del municipio de Betulia. g) Expresa que la Notaria Única de Zapatoca, a través de la escritura pública 290 del 01-07-2021, registró la adquisición en modalidad de compraventa parcial de un área de 1.336 -64 m² entre la p. de mandante y la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, entidad que compró y pagó esta franja de terreno con destino a la ampliación de la vía del proyecto vial autopista Bucaramanga-Barrancabermeja; y en la que se indicó que el terreno restante era de los aquí demandantes.Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co

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h) Señala que en el municipio de Betulia – Santander, en el terreno restante, se construyeron diferentes obras y se prestan servicios púb licos sin haber comprado dichas tierras, sin pagar un arriendo o sin solicitar permiso de quienes ostentan la calidad de titulares del derecho real de dominio del inmueble.

construyeron diferentes obras y se prestan servicios púb licos sin haber comprado dichas tierras, sin pagar un arriendo o sin solicitar permiso de quienes ostentan la calidad de titulares del derecho real de dominio del inmueble. i) Sostiene que presentó derecho de petición al municipio de Betulia, el cual fue resuelto a través de oficio de 12.09.2017, en el que se le indicó que algunas de las obras que se han desarrollado en el sector de la playa obedecen al principio constitucional que en su artículo 2 consagra como fines esenciales del Estado el servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. j) Afirma que, en momento alguno Isagen notificó o corroboró que el predio era de propiedad privada, y aun así procedió a desarrollar el proyecto y construcción de la obra, pese a existir comunicación de fecha julio 04 de 2012 de los propietarios a la empresa Isagen sobre abstenerse de realizar obras de acueducto y alcantarillado, en razón a que el predio es privado. k) Expresa que el 22 de febrero de 2022 se presentó ante Isagen un derecho de petición solicitando que se : i) informe sobre los tipos de obras y/o construcciones efectuadas sobre el predio rural denominado El Carmelo, Betulia – Santander; ii) al legue copia de cada una de las licencias, resoluciones y demás soporte documental útil, que acredite la autorización de los titulares para efectuar las obras sobre las planta de tratamiento de agua residuales del Centro Poblado Urbano la Playa, ubicada en la Vereda la Putana; iii) informe si sobre el predio se llevó a cabo un plan de

de los titulares para efectuar las obras sobre las planta de tratamiento de agua residuales del Centro Poblado Urbano la Playa, ubicada en la Vereda la Putana; iii) informe si sobre el predio se llevó a cabo un plan de contingencia a fin de mitigar el impacto o daño que genera las obras realizadas en el predio El Carmelo; iv) informe si contó con la p. demandante para que se llevara a cabo las obras y construcciones sobre el predio, y en caso afirmativo allegar soporte documentalmente dichas autorizaciones; v) informar el motivo por el cual construyó una planta de tratamiento de agua residuales del Centro Poblado Urbano la Playa, ubicada en la Vereda la Putana, del municipio de Betulia – Santander; v) informe si al momento de llevar a cabo la planta de tratamiento de agua residuales del Centro Poblado Urbano la Playa, ubicada en la Vere da la Putana del municipio de Betulia – Santander, tenían conocimiento que el inmueble es de carácter privado y no público; vii) emitir copia de información contractual mediante la cual se construyó la planta de tratamiento de agua residuales del Centro Po blado Urbano la Playa, ubicada en la Vereda la Putana, del municipio de Betulia – Santander, indicando el número de contrato, la resolución, permisos y/o todoRama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co

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soporte documental donde ser avizore la legalidad de dicha obra; viii) Indique que entidad admini strativa, publica, privada y/o autoridades del estado, autorizó que se llevara a cabo la planta de tratamiento de agua residuales

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soporte documental donde ser avizore la legalidad de dicha obra; viii) Indique que entidad admini strativa, publica, privada y/o autoridades del estado, autorizó que se llevara a cabo la planta de tratamiento de agua residuales del Centro Poblado Urbano la Playa, ubicada en la Vereda la Putana del municipio de Betulia – Santander; ix) indique si para l levar a cabo la planta de tratamiento de agua residuales del Centro Poblado Urbano la Playa, ubicada en la Vereda la Putana, del municipio de Betulia – Santander, se investigó el terreno, y existe licencia ambiental sobre la construcción de dicha planta, y si notificó, reconoció e indemnizó a los propietarios del bien inmueble para la materialización de la obra; x) informe si la entidad cuenta con título de posesión, titularidad de derecho real de dominio, compraventas, o actos jurídicos que haya permitido la legalidad de la constricción de la respectiva planta de tratamiento efectuadas sobre el bien de propiedad de la p. demandante; e xi) indique la forma y método a fin de indemnizar a de la p. demandante, como quiera que, les han afectado del derecho a la propiedad privada, la posesión y el derecho real de dominio que recae sobre estos. l) Señala que dicha petición fue resuelta por Isagen a través de oficio rad R2022-003495. m) Sostiene que el día 20 de octubre de 2011, la Corporación Autónoma Regional de Santand er otorgó concesión de aguas a la administración del municipio de Betulia – Santander, previa solicitud y cumplimiento de requisitos del alcalde municipal de la época, señor Carlos Ariel Navarro

Regional de Santand er otorgó concesión de aguas a la administración del municipio de Betulia – Santander, previa solicitud y cumplimiento de requisitos del alcalde municipal de la época, señor Carlos Ariel Navarro Rojas, concesión que recae sobre el predio en cuestión sin te ner permiso para realizar esta gestión administrativa. n) Arguye que el día 20 de octubre de 2011, la Corporación Autónoma Regional de Santander otorgó concesión de aguas a la administración del municipio de Betulia –Santander, previa solicitud y cumplimiento de requisitos del alcalde municipal de la época, el señor Carlos Ariel Navarro Rojas, concesión que recae sobre el predio de la parte demandante sin tener permiso de ellos para realizar esta gestión administrativa. o) Señala que el día 5 de junio de 2015 fueron entregadas las obras del sistema de alcantarillado de la planta de tratamiento de aguas residuales, y fueron entregadas y recibidas por parte del señor Ángel Miro Melo Oróstegui, en calidad de alcalde del Municipio de Betulia – Santander, y funcionarios de la administración. p) Expone que el 22.02.2022 presentó derecho de petición al municipio de Betulia-Santander, solicitando se informe en concreto los tipos de obras y/o construcciones efectuadas sobre el predio rural denominado El Carmelo, deRama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co

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Betulia-Santander, el cual fue resuelto y enviado al correo electrónico fredyalejo30@hotmail.com.

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Betulia-Santander, el cual fue resuelto y enviado al correo electrónico fredyalejo30@hotmail.com. q) Afirma que mediante oficio 20230330059636, emitido por la ESSA, se pudo establecer la responsabilidad de la empresa frente a la prestación del servicio público de energía eléctrica doméstica y la instalación irregular de elementos e infraestructura eléctrica dentro del predio, igualmente sin autorización de los propietarios y fomentando la invasión y urbanización ilegal dentro del predio. r) Arguye que desde el año 1993 en adelante el Departamento de Santander realizó distintas actividades y operaciones administrativas que años más tarde terminaron con la construcción e infraestructura para el funcionamiento de una escuela rural dentro del predio de propiedad de la parte demandante sin tener permiso o autorización, y donde actualmente se presta el servicio público de educación rural. s) Indica que a finales del año 2019 la Ruta del Cacao presenta oferta a la p. demandante con el propósito de comprar 1336.64 mts cuadrados, realizando el avalúo correspondiente por parte de la lonja inmobiliaria de Santander, negociación que fue concretada a finales del año 2021, quedando un área de disponibilidad de los herederos Chacón del restante del predio, área de mayor extensión. t) Sostiene que el 24 de octubre de 2020 se lleva a cabo un levantamiento topográfico, realizado por la empresa Gómez Joya Ingeniería S.A.S, en el que se evidenció que sobre la propiedad de la p. demandante existen obras

t) Sostiene que el 24 de octubre de 2020 se lleva a cabo un levantamiento topográfico, realizado por la empresa Gómez Joya Ingeniería S.A.S, en el que se evidenció que sobre la propiedad de la p. demandante existen obras que fueron construidas sin autorización o consentimiento de los dueños, por parte del municipio Betulia e Isagen. u) Afirma que en el año 2023 se lleva a cabo informe técnico descriptivo de experticia topográfica, adelantada en el predio en mención El Carmelo o Villa Carmen realizado por la empresa la empresa Meneses y Ardila, ingeniería y topografía, donde se evi denció de manera detallada que sobre dicha propiedad existen diferentes obras y actualmente se prestan servicios públicos que fueron construidos sin autorización o consentimiento por la p. actora, por parte del Municipio de Betulia Santander, el Departamen to de Santander, la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Del Municipio de Betulia Santander, la Electrificadora de Santander S.A E.S.P. Grupo EPM, Isagen S.A. ESP aquí convocados. v) El 9 de abril se agotó el requisi to de procedibilidad ante la Procuraduría 16 Judicial II para Asuntos Administrativos, en la que se declaró fallida la conciliación.Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co

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II. CONSIDERACIONES

La caducidad ha sido entendida como el fenómeno jurídico procesal a través del

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II. CONSIDERACIONES

La caducidad ha sido entendida como el fenómeno jurídico procesal a través del cual el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia1. Así mismo, ha sido definido como un fenómeno jurídico, de origen legal, cuyas características y efectos son delineados previamente por el legislador, los cuales establecen un límite al ejercicio de los derechos y estos no sean incólumes en el tiempo, ya que a través de un plazo perentorio se impone como una norma de orden público y, por lo tanto, de estricto cumplimiento2.

El H. Consejo de Estado ha establecido que la caducidad es «una sanción legal por no ejercer oportunamente la acción, cuyo fundamento es la seguridad del ordenamiento jurídico, ya que se evita que las acciones permanezcan indefinidamente en el tiempo, sin olvidar su configuración una vez se cumpla el plazo señalado por el legislador para presentar el medio de control correspondiente»3.

Ahora bien, el numeral 2º del literal i) del art. 164 del CPACA establece los criterios para la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad cuando se ejerce el medio de control de reparación directa. Dispone la normativa:

«i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el

«i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió te ner conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición;».

Lo anterior significa que, si una persona desea presentar una demanda por reparación directa (para que el Estado compense el daño que ha sufrido debido a una acción o falta de acción del Estad o), debe hacerlo dentro de un plazo de dos años. Este plazo empieza a contar desde el día siguiente a cuando ocurrió el hecho

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera Ponente: María Elizabeth García González, de fecha 19 de febrero de 2015, Rad. 25000-23-41-000-2013-01801-01. 2 Corte Constitucional. Sent. C-227, mar. 20/2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 3 Consejo de Estado Sección Tercera, Sent., Proc. 39360, feb. 21/2011, M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura

3 Consejo de Estado Sección Tercera, Sent., Proc. 39360, feb. 21/2011, M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co

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que causó el daño. Sin embargo, si la persona no sabía del daño en el momento en que ocurrió, el plazo de dos años comenzará a contarse desde el momento en que se enteró del daño o debió haberse enterado, siempre y cuando pueda demostrar que no fue posible para ella conocerlo antes.

Por su parte, la jurisprudencia del H. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, unificó su criterio respecto al cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa en los casos de ocupación permanente de un inmueble 4, concluyendo que cuando la ocupación ocurra con ocasión de la realización de una obra pública con vocación de permanencia, el término de caducidad debe calcularse desde que la obra finalizó, porque el plazo para el ejercicio de la acción de reparación dir ecta no puede suspenderse indefinidamente y, al finalizar la obra, se conocen los efectos producidos por la ocupación5.

Al mismo tiempo, señaló que, en situaciones particulares, el plazo para presentar la demanda podría contarse a partir del momento en que el demandante se enteró de la conclusión de la obra, siempre y cuando no hubiera tenido conocimiento de este hecho antes. En cuanto a esta última circunstancia, es necesario evaluar cada caso de forma individual: “Que el interesado tenga motivos razonablemente fundados

de la conclusión de la obra, siempre y cuando no hubiera tenido conocimiento de este hecho antes. En cuanto a esta última circunstancia, es necesario evaluar cada caso de forma individual: “Que el interesado tenga motivos razonablemente fundados para no haber conocido el hecho en un momento anterior, pues, si no existen tales motivos, no hay lugar a aplicación de los criterios que ha establecido la Sala para el cómputo del término de caducidad en casos especiales”6.

En este caso, la parte actora presentó demanda en el medio de control de reparación directa a causa de la ocupación permanente del predio El Carmelo o Villa Carmen, identificado con matrícula inmobiliaria 326-624, materializándose su propiedad mediante sentencia del 06-03-1986 del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, adjudicado el bien inmueble en sucesión del causante Luis Alberto Chacón Lamus, según escritura pública No. 1060 de fecha 2 de diciembre del 2010, otorgada en la Notaria Segunda de l Socorro. Dicho lo anterior, procede la Sala a analizar si en el presente medio de control operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 9 de febrero de 2011, rad. 38.271. 5 Al respecto ver sentencias se la Sección Tercera, Subsección C, expedientes 51815 del 26 de mayo de 2021, 46986 del 11 de diciembre de 2019, 39779 -A del 14 de diciembre de 2018, entre otras. 6 Ibidem.Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado

otras. 6 Ibidem.Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co

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De la revisión de las pruebas allegadas al plenario, y sobre todo de lo indicado en el escrito de demanda, encuentra la Sala que la p. actora tuvo conocimiento de las obras realizadas por parte del municipio de Betulia Santander, el Departamento de Santander, la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, la empresa de Alcantarillado y Aseo del municipio de Betulia Santander, la Electrificadora de Santander S.A E.S.P. Grupo EPM, ISAGEN S.A. ESP., desde el 24 de octubre de 2020, cuando se llevó a cabo el levantamiento topográfico, realizado por la empresa Gómez Joya Ingeniería S.A.S, en la que según lo indicado en el mismo escrito de demanda evidenció que sobre predio el Carmelo o Villa Carmen se realizaron obras que fueron construidas sin autorización o consentimiento de los dueños, por parte de las aquí demandadas.

Así mismo, en el hecho octavo del escrito de la demanda se entiende que presentó derecho de petición solicitando se informara si existía permiso otorgado por la p. actora para la realización de las obras en el predio El Carmelo o Villa Carmen, y que a través de oficio radicado 1613-2020 de 14.12.2020, el municipio de Betulia informó que se realizaron obras en el sector la playa, obedeciendo al principio constitucional consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política.

Para llegar a la anterior conclusión, debe indicarse cuáles fueron las obras

que se realizaron obras en el sector la playa, obedeciendo al principio constitucional consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política.

Para llegar a la anterior conclusión, debe indicarse cuáles fueron las obras realizadas por la p. demandada, en qué fecha se realizaron o se hicieron entre