TA SAN - Sentencia 680012333000-2020-00096-00 (28-02-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2020-00096-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Sandra Rocío Gualdron Gualdron

fabian7borja@hotmail.com

DEMANDADO: NaciónFiscalía General de la Nación

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co Sandra.martinez@fiscalia.gov.co MINISTERIO PUBLICO regional.santander@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

TEMA: Prima Especial de Servicios 30% Plus, y Bonificación

Judicial.

PROVIDENCIA: Sentencia Primera Instancia

SALA No. 03

CONJUEZ PONENTE: DAIRO EFRAIN CASTRO FLOREZ

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de l a Ley 1437 de 2011 a proferir Sentencia De Primera Instancia dentro del medio de control de Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho instaurada por Sandra Rocío Gualdron Gualdron en contra de Nación – Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C .A., la señora Sandra Rocío Gualdron

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C .A., la señora Sandra Rocío Gualdron Gualdron presenta demanda contra Nación - Fiscalía General de la Nación , formulando las siguientes:Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2020-00096-00

1.1. Pretensiones

“PRIMERA: Se declare la nulidad de los actos administrativos oficio 3120020610-121 del 22 de marzo de 2019 de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental y de la resolución número 2 -1710 del 4 de Julio de 2019 de la Subdirección de talento humano, respecto de SANDRA ROCIO GUALDRON , mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de los valores q ue por concepto de prestaciones sociales, como primas, prima especial de servicio, vacaciones, bonificaciones , cesantías, por la no incl usión de la Bonificación judicial , bonificación por actividad judicial como factor salarial y el descuento del salario base etc por inaplicación de los decretos.

SEGUNDA: como restablecimiento del derecho se reconozca y cancele a favor de mi poderdante sobre sus salarios básicos por cada mes de servicio un 30% por cada mes de servicio por la inadecuada aplicación de la ley 4 de 1992 como un plus o adicional, por el porcentaje descontado de los salarios en los periodos en que se ha desempeñado como fiscal equivalente al 30% no cancelado del salario real a que tienen derecho mi poderdante

de 1992 como un plus o adicional, por el porcentaje descontado de los salarios en los periodos en que se ha desempeñado como fiscal equivalente al 30% no cancelado del salario real a que tienen derecho mi poderdante por cada mes de servicio prestado, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN CADA AÑO. Valores que deberán aplicarse el artículo 176 - 178 del C.C.A y concordantes mes a mes y sobre los que se sigan generando desde el día primer o (01) de enero de 1993 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha y en los periodos en que sea designada como fiscal , equivale aproximadamente a $149.775.779.oo valores que deberán aplicarse el articulo 176 y concordantes del C.C.A mes a mes.

TERCERA: como consecuencia de lo anterior ordenar la liquidación y pago de los valores dejados de percibir y las que se sigan causando para mi poderdante del pago completo de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, b onificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y aportes patronales a pagar a los correspondientes fondos de pensiones, Cesantías, salud , riesgos y demás de ley por los valores que correspondan por la anterior condena y las que se sigan g enerando para la pensión y demás sobre el valor del 30% no cancelado por inaplicación de los decretos, desde el día primero (01) de enero de 1993 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha y en los periodos en que sea designada como fiscal

cancelado por inaplicación de los decretos, desde el día primero (01) de enero de 1993 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha y en los periodos en que sea designada como fiscal

CUARTA: Que luego de la sentencia y en adelante, la Fiscalía General de la Nación, siga liquidando y pagando a mi poderdante, todas sus prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con base en el 100% de su remuneración básica mens ual legalmente establecida, incluyendo el 30% del sueldo básico adicional que le adeuda en los periodos en que sea designada como fiscal y de forma permanente.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2020-00096-00

QUINTA: Se declare como factor salarial la bonificación por actividad judicial desde el año 200 5 en los periodos en que se desempeñó como fiscal por inaplicación de los decretos.

SEXTA: Ordenar la liquidación y pago de las prestaci ones con base en la bonificación por actividad judicial como factor salarial en sus liquidaciones para mi poderdante, d e los valores dejados de percibir con base en el decreto 3131 de 2005 desde el año 2013, de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y demás hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago, en los periodos en que se desempeñaron o desempeñan como fiscales y se mantenga de forma permanente desde el día primero (01) de enero de 2015 en los periodos en

que se produzca efectivamente el pago, en los periodos en que se desempeñaron o desempeñan como fiscales y se mantenga de forma permanente desde el día primero (01) de enero de 2015 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha de la bonific ación por actividad judicial, adeudándosele desde esa época aproximadamente la suma de $ 6.610.666.00; Cesantías aproximadas: bonificación por actividad judicial: $ 4.968.599oo

SEPTIMA: Que la demandada sea condenada ultra y extra petita por cuanto resulte probado en el proceso.

OCTAVA: Que como consecuencia de lo anterior, la demandada sea condenada a pagar al demandante los valores y s umas reclamados, ajustados e indexados de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. De igual manera ordenar que la demandada de cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 y 178 del C.C.A., es decir que en las condenas respectivas las sumas sean actualizadas e indexadas mes a mes y prestación por prestación y con intereses de mora... ( sentencia del consejo de Estado Sección Segunda subsección B del 21 de agosto de 2008 Consejera Ponente Dra BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ expediente 520012331000200101770 01 actor aldrin Alfonso Cabezas ) “ por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la formu la se aplicara separadamente , mes por mes , por cada mesada salarial y prestacional... teniendo en cuenta que el indicie inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos.”

NOVENA: Que a la providencia de fallo favorable, se ordene a la entidad

separadamente , mes por mes , por cada mesada salarial y prestacional... teniendo en cuenta que el indicie inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos.”

NOVENA: Que a la providencia de fallo favorable, se ordene a la entidad accionada adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento.

DECIMA: se ordene la expedición de las correspondiente s copias auténticas y constancias necesarias para el cobro.

UNDECIMA: Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad accionada en caso de oposición dilatoria.”Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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1.2. Hechos La demandante, Sandra Rocío Gualdron Gualdron se encuentra vinculad a a la Fiscalía General de la Nación desde el 01 de enero de 1993 hasta la fecha como Fiscal en diferentes despachos. El 11 de marzo de 2019 a través de su apoderado, presentó una solicitud de reconocimiento y pago de la Prima Especial de Servicios correspondient e al 30% sobre su salario básico mensual, desde la fecha de su vinculación hasta el momento de la solicitud, argumentan do que dicho porcentaje, en lugar de ser considerado como un incremento salarial, había sido indebidamente descontado. La entidad demandada , mediante Oficio 31200 -20610-121 del 22 de marzo de 2019, negó la solicitud presentada por la demandante, bajo el argumento que se le había liquidado y pagado los salarios y prestaciones sociales conforme a la normatividad vigente. Decisión frente a la cual el demandante interpuso recurso de

2019, negó la solicitud presentada por la demandante, bajo el argumento que se le había liquidado y pagado los salarios y prestaciones sociales conforme a la normatividad vigente. Decisión frente a la cual el demandante interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto mediante Resolución No. 2-1710 del 04 de julio d e 2019 confirmándola en todas sus partes. 1.1 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes: Constitucionales: Los artículos 1, 2, 4, 5, 11,12, 13,25, 29, 53, 93 150 numeral 19 literal e, 209 y 215 inciso 9.

Legales: Decretos 717 de 1978 articulo 12, Ley 4 de 1992 artículo 2 y 14, ley 482 de 1998, el numeral 7 del artículo 152 de l a Ley 270 de 1996, Código Sustantivo del trabajo artículos 14 y 65.

Se aduce en la demanda que el artículo 14 del Códi go Sustantivo del Trabajo precisa que las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y por consiguiente los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo las expresamente exceptuadas por ley.

Así mismo , sostiene la parte demandante que los actos administrativos demandados son abiertamente violatorios del artículo 12 del decreto 717 de 1 978, artículos 2 y 10 de la ley 4 de 1992, porque en ningún caso se puede desmejorar o disminuir los derechos salariales y prestacionales de los servidores públicos.

2. Contestación de la demanda

artículos 2 y 10 de la ley 4 de 1992, porque en ningún caso se puede desmejorar o disminuir los derechos salariales y prestacionales de los servidores públicos.

2. Contestación de la demanda

La apoderada de la Nación - Fiscalía General de la Nación, frente a los hechos le consta que la demandante se encontraba vinculada a la Entidad desempeñando cargo de Fiscal, asimismo, se opone a las pretensiones solicitadas, argumentando que no se ajustan a la Sentencia de Unificación – SUJ – 023 – CE – S2 – 2020 de 15 de diciembre de 2020, en la que el H. Consejo de Estado abordó el reconocimiento de la prima especial de servicios d e qué trata el artículo 14 de laMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2020-00096-00

Ley 4 de 1992 a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron el régimen salarial del Decreto 53 de 1993 o a quienes se hayan vinculado con posterioridad.

Asimismo, f rente a las pretensiones sobre l a inclusión como factor salarial de la bonificación judicial del decreto 3131 de 2005 la Fiscalía General de la Nación, ha liquidado y pa gado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los Decretos exped idos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal aplicables.

Finalmente manifiesta que en la Bonificación Judicial, se observa que no hay justificación jurídica en la reclamación incoada por la parte demandante, toda vez

para cada vigencia fiscal aplicables.

Finalmente manifiesta que en la Bonificación Judicial, se observa que no hay justificación jurídica en la reclamación incoada por la parte demandante, toda vez que a la fecha el Decreto 0 382 de 2013 cuenta con plena vigencia y validez jurídica.

ALEGATOS DE CONCLUSION

2.1 Parte demandante

El apoderado de la parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

2.2 Parte demandada

La apoderada judicial de la parte demandada reitera que las pre tensiones de la demanda que no se ajustan a la Sentencia de Unificación – SUJ – 023 – CE – S2 – 2020 de 15 de diciembre de 2020, en la que el H. Consejo de Estado abordó el reconocimiento de la prima especial de servicios de qué trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron el régimen salarial del Decreto 53 de 1993 o a quie nes se hayan vinculado con posterioridad.

Agrega que, que el acto administrativo demandado se expidió con fundamento d e la normativa vigente, y no se demuestra en la demanda elementos que conlleven a desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo, por lo cual no es procedente la declaratoria de nulidad y en consecuencia, acceder a las pretensiones económicas de la demandante.

Finamente, solicita que conforme a lo expresado se procure un fallo que se ajuste a la Sentencia de Unificación -SUJ-023-CE-S2-2020 de 15 de diciembre de 2020, sobre todo en lo tiene que ver con las prestaciones sociales pretendidas y los reconocimientos a futuro.

a la Sentencia de Unificación -SUJ-023-CE-S2-2020 de 15 de diciembre de 2020, sobre todo en lo tiene que ver con las prestaciones sociales pretendidas y los reconocimientos a futuro.

2.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público guardó silencio y no presentó concepto de fondo.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2020-00096-00

II. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, pro cede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

1. Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia e stablecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento de l presente asunto.

2. Problema Jurídico

De conformidad con la fijación del litigio, corresponde al Despacho determinar si: PJ.1. ¿Hay lug ar a declarar la nulidad del oficio 31200 -20610-121 del 22 de marzo de 2019 de la Subdirección Regional de Apoyo Norori ental y de la resolución número 2 -1696 del 3 de Julio de 2019 de la Subdirección de

marzo de 2019 de la Subdirección Regional de Apoyo Norori ental y de la resolución número 2 -1696 del 3 de Julio de 2019 de la Subdirección de talento humano respecto de Sandra Roció Gualdrón Gualdrón mediante los cuales se negó el del descuento o plus por cada mes de servicio equivalente al NO pago de la prima es pecial de servicios, al igual que no tener en cuenta como factor salarial la prima de servicios y la bonificación por actividad judicial por concepto de prestaciones sociales, como primas, vacaciones, bonificaciones, cesantías, aportes patronales?

PJ.2. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ¿hay lugar a, reconocer y pagar a favor de la señora Sandra Rocío Gualdrón Gualdrón la prima de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ta de 1992, que en vez de aumentar el ingreso de la d emandante como nivelación, lo que hizo fue descontar el 30% del salario base para convertirlo en una aparente prima especial de servicios, por lo que se les debe desde el día primero (01) de enero de 1993 y en los periodos en que se desempeñó como fiscal y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?

PJ.3. ¿Tiene derecho la señora Sandra Rocío Gualdrón Gualdrón a que se le reconozca y paguen las diferencias que resulten a su favor por concepto de reliquidación de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones, licencias y demás emolumentos), teniendo en cuenta el 30% correspondie nte a la prima especial de servicios desde el primero (01) de enero de 1993 y la bonificación por actividad judicial de sde el

intereses a las cesantías, bonificaciones, licencias y demás emolumentos), teniendo en cuenta el 30% correspondie nte a la prima especial de servicios desde el primero (01) de enero de 1993 y la bonificación por actividad judicial de sde el primero (01) de enero de 2015 en los periodos en que el demandante se ha desempeñado como fiscal y en adelante hasta la fecha en que se sigan causando?Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2020-00096-00

En caso de ser afirmativo,

PJ.4. ¿Hay lugar a aplicar el término de prescripción trienal frent e a las mesadas causadas tres años antes de la solicitud elevada ante la entidad demandada?

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1. Prima Especial de Servicios

En abril de 2009, el Consejo de Estado, mediante sentencia proferida dentro de la acción de Nulidad radicado 2007 -00098-001, efectuó un análisis acerca de los Decretos por medio de los cuales, el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades y directrices establecidas por el legislador en la ley 4ª de 1992, fijó el régimen salarial y prestac ional aplicable a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial del Poder Público; pronunciándose respecto al alcance de las disposiciones contenidas en dichos reglamentos, según las cuales, el 30% de la remuneración mensual de los servidores enlistado s, se considera como prima especial sin carácter salarial.

En dicha sentencia, la Corporación aborda la problemática manifestando que en

remuneración mensual de los servidores enlistado s, se considera como prima especial sin carácter salarial.

En dicha sentencia, la Corporación aborda la problemática manifestando que en principio, el Presidente de la República si era competente para expedir el Decreto 618 de 2007, es decir, el Acto p or medio del cual se creó la prima especial del 30%; como quiera que el mismo, fue proferido en desarrollo de las directrices habilitadas por los artículos 14 y 15 de la ley 4ª de 1992; sin embargo, al entrar a determinar si hubo o no desvío de poder en la expedición de dicha reglamentación y si bajo la apariencia de una prima especial, en realidad se disfrazó la intención de despojar de efectos salariales a un porcentaje del salario básico para procurar un ahorro en el gasto público, el máximo tribun al de lo contencioso administrativo, hace un estudio de los criterios y fines contemplados en la ley 4ª de 1992 de la siguiente manera:

“En efecto, la Ley 4 a de 1992, materializo el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política, por cua nto contiene las normas generales, los objetivos y los criterios dentro de los que el Ejecutivo fijará el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. Así, esta Ley en su artículo 2º, estipuló tales criterios y objetivos dentro de los que el Gobierno Nacional cumple el encargo constitucional diseñado. De dicho enunciado, es posible deducir que los referentes que regulan la expedición de la actividad reglamentaria reflejan pautas que pese a que su contenido

los que el Gobierno Nacional cumple el encargo constitucional diseñado. De dicho enunciado, es posible deducir que los referentes que regulan la expedición de la actividad reglamentaria reflejan pautas que pese a que su contenido generalmente abierto, en el literal a) del artículo 2º citado, expresa un concepto cerrado en cuanto prohíbe al Gobierno de manera genérica desmejorar los salarios y las prestaciones sociales de los servidores del Estado…” (Negrilla Fuera del Texto)

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, expediente Número 11001-03-25-000-200700098-00 (1831-07), Magistrado Ponente Dr. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGURENMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2020-00096-00

Así mismo, establece que: “Los decretos reglamentarios de esta Ley, habrán de obedecer sistemáticamente dichos concep tos, que pese a su naturaleza técnica, permiten en su conjunto un contenido sustancial de coherencia que inobjetablemente le es exigible al Estado en el instante de estructurar el sistema salarial y prestacional, categoría jurídica de tanto significado que por sí misma excluye por ilegal, cualquier forma de antagonismo, no en función del texto legal propiamente dicho –en s u mera literalidad - sino directamente, atendiendo el criterio de corrección lógico que sustenta el esquema remuneratorio aplicado a los servidores públicos”

Conforme lo anterior, el H Consejo de Estado Rectifica la Jurisprudencia fijada

directamente, atendiendo el criterio de corrección lógico que sustenta el esquema remuneratorio aplicado a los servidores públicos”

Conforme lo anterior, el H Consejo de Estado Rectifica la Jurisprudencia fijada en Sentencia de 9 de marzo de 2006 2 donde establecía que el Gobierno Nacional “no desbordó la pauta señalada en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992, porque su actividad únicamente se limitó a señalar el porcentaje, a título de prima, dentro de la escala porcentual señalada por el legislador; estimando que el 30% de la asignación básica tendría tal connotación”; en su lugar bajo la premisa de que el juez con tencioso debe ejercer un control de contenido de los Decretos que desarrollan una ley marco o cuadro, pues es su deber verificar su correspondencia con el conjunto de principios y valores consignados por el legislador en la norma, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo expuso entonces:

“Lo primero que hay que registrar es que conforme al Acto Legislativo surgido del Plebiscito de 1957 (artículo 5 o), la función pública quedo vinculada a la carrera administrativa como sistema de acceso y permanencia en el servicio público, es por eso que fue expedida la Ley 19 de 1958, para facilitar un modelo técnico en la cl asificación de los empleados públicos que serviría de guía principal para establecer entre otros aspectos, la remuneración de los servidores públicos conforme a los deberes del empleo, la responsabilidad y los requisitos mínimos para la designación; sin embargo, fue solo hasta la conocida reforma constitucional de 1968, que posibilitó la expedición de la Ley 65 de 1967, base normativa

deberes del empleo, la responsabilidad y los requisitos mínimos para la designación; sin embargo, fue solo hasta la conocida reforma constitucional de 1968, que posibilitó la expedición de la Ley 65 de 1967, base normativa para la modernización de la regulación técnica de la función pública, de ahí se derivan los Decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973, 3135 del mismo año y 3148 que la adiciona, donde surgen con regularidad un particular fenómeno jurídico en la remuneración de los empleados del Estado ordinariamente mencionado bajo el título de “primas”, para significar invariablemente, un agregado en su ingreso laboral en ocasiones de naturaleza prestacional y en otras de carácter salarial, o como simple bonificación pero en todo c aso con la constante de representar un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral.” (Negrilla Fuera del Texto)

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, proceso No. 0121 -2003, La Corporación analiza los Decretos Reglamentarios Nos. 057, 106, 043, 036, 076, 064, 044, 2740, 2720 y 673 de las anualidades comprendidas entre 1993 y 2002 respectivamente.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2020-00096-00

Añade que, en el Decreto 1042 de 1968 contentivo de la clasificación y remuneración de los cargos para los empleos públicos: “ La noción de “prima”, como concepto genérico, emerge a título de reconocimientos económicos adicionales para el emplead o a fin de expresar cualidades o características

remuneración de los cargos para los empleos públicos: “ La noción de “prima”, como concepto genérico, emerge a título de reconocimientos económicos adicionales para el emplead o a fin de expresar cualidades o características particulares del mismo, que con todo, implican un aumento en su ingreso laboral, es así , como la prima técnica, la prima de clima, entre otras, representan un sistema utilizado en la función pública para re conocer un “plus” en el ingreso de los servidores públicos, sin importar que en la definición normativa de esencia, sea o no definido su carácter salarial, prestacional o simplemente bonificatorio” (Negrilla fuera del Texto)

Por tal razón, esa H Corporaci ón concluye que: “el concepto de prima dentro del régimen jurídico anterior a la expedición de la carta de 1991, opera invariablemente co mo un fenómeno retribuido de carácter adicional a la actividad laboral cumplida por el servidor público” . En adición a lo anterior, establece que con posterioridad a la expedición de la Constitución del 91, “el concepto mantiene identidad funcional con la manera como el régimen jurídico anterior se refirió a las primas para sobre su estructura representar básicamente un incremento a la remuneración; propiamente es posible reconocer que la Ley 4ª de 1992, retomó los elementos axiológicos de la noción, de manera que volvió a mencionar el concepto de prima como un fenómeno complementario de adición a la remuneración de los servidores públicos, tal como efectivamente quedo consagrado en los articulo 14 y 15 de dicha codificación; de forma que el entendimiento del concepto en vigencia del

fenómeno complementario de adición a la remuneración de los servidores públicos, tal como efectivamente quedo consagrado en los articulo 14 y 15 de dicha codificación; de forma que el entendimiento del concepto en vigencia del sistema de remuneración de los servidores públicos, luego de la Carta de 1991 y conforme a su ley marco, sigue situándose como un incremento, un “plus” para añadir el valor del ingreso laboral del servidor”

Finalmente anula e l artículo 7 del Decreto 618 de 2007, en tanto considera que tomar el 30% de la remuneración del funcionario para res tarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, conduce a una contradicción, toda vez que dicho emolumento, debe ser considerado como un plus o un incremento en el ingreso del servidor público, y no una merma o disminución en el mismo; de igual manera, establece que no es dable asignar al concepto de “prima”, usado por el legislador en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, una interpretación distinta a la de representar un incremento remuneratorio, pues además de lo expuesto, vulneraria el precepto superior de progresividad, contemplado en el artículo 53 de la CP y la noción de salario vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo.

Aunado a lo anterior, esta Sala advierte que, en un caso de idénticos supuestos fácticos y jurídicos, el Consejo de Estado a través de la sentencia proferida en el proceso radicado 250002325000200501134-01, revoca la decis ión adoptada por la Sección Segunda, Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

proceso radicado 250002325000200501134-01, revoca la decis ión adoptada por la Sección Segunda, Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar, acoge la s pretensiones demandadas por la Juez Catorce (14) de Familia de Bogotá, quien solicita la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta como factor salarial el 30% correspondiente a la prima especial de servicios, sustentando su decisión, en la tesis adoptada por esa HMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2020-00096-00

Corporación, en el expediente Nro. 110010325000200700098 -00, esto es, la que declaró la nulidad del Decreto 7º del Decreto 618 de 2 de marzo de 2007.

En igual orden, inaplica por inconstitucionales los artículos 7 de los De cretos Nos 2740 de 2000 y 2720 de 2001 y 6 de los Decretos Nros 673 de 2002 y 3569 de 2003, en cuanto previeron como prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual devengado por el demandante.

Así mismo, ha de señala r esta Sala, que el veintinueve (29) de Abril de Dos Mil Catorce, la sala de conjueces de la Sección Segunda del H Consejo de Estado, dentro de la acción de Simple Nulidad radicado 11001032500020070008700 – Nro. Interno 1686 -07, declaró la nulidad de los Artículos: 9º del Decreto 51 de

dentro de la acción de Simple Nulidad radicado 11001032500020070008700 – Nro. Interno 1686 -07, declaró la nulidad de los Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 199 7; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 199 8; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto

1474 de 200 1; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2