TA SAN - Sentencia 680013333009-2023-00003-01 (20-02-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO DEMANDANTE AMADO DE JESÚS BARRIOS MARÍN , identificado con C.C. 91.263.123

joaoalexisgarcia@hotail.com ajbm23@gmail.com

DEMANDADA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE

BUCARAMANGA

notificacionesjudiciales@transitobucaramanga. gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co

RADICADO Y LINK

DEL EXPEDIENTE DIGITAL 680013333009-2023-00003-01

TEMA DEVOLUCIÓN DE DIINEROS PAGADOS POR SERVICIO DE PATIOS Y PRUEBA DE ALCOHOLEMIA. No procede la devolución de sumas pagadas por servicios efectivamente prestados en aplicación de medidas preventivas de tránsito. La caducidad del proceso contravencional no genera derecho a su devolución.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto opor tunamente por la parte demandada contra la sentencia proferida el 11 de junio de 2024 1 por el Juzgado

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto opor tunamente por la parte demandada contra la sentencia proferida el 11 de junio de 2024 1 por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda2

1. Pretensiones

El demandante pretende que se declare la nulidad del Oficio No. 470 -2012 del 14 de junio de 2022, mediante el cual la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga negó la devolución del dinero pagado por concepto del servicio de patios y la prueba de alcoholemia, con ocasión de la inmovilización de su motocicleta el 10 de noviembre de 2019.

A título de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene a la entidad demandada devolver la suma indexada de $307.500 correspondiente al pago efectuado por el servicio de patios, así como $84.080 por la prueba de alcoholemia. También pide el reconocimiento y pago de $1.000.000 por gastos jurídicos, el pago de perjuicios morales, intereses moratorios y corrientes.

Por último, solicita que la entidad demandada sea condenada en costas y agencias en derecho.

1 Expediente digital en SAMAI. Índice 00029. Documento: 32Sentencia de Pr_202300003SENTENCIACO(.pdf) 2 Expediente digital en SAMAI. Índice 00002. Documento: 03Demanda(.pdf)Radicado: 680013333009-2023-00003-01

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2 Expediente digital en SAMAI. Índice 00002. Documento: 03Demanda(.pdf)Radicado: 680013333009-2023-00003-01

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Demandante: Amado de Jesús Barrios Marín

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2. Hechos El d emandante sostiene que el 10 de noviembre de 2019 le fue impuesto un comparendo por la presunta infracción de tránsito prevista en el literal (f) del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, consistente en conducir bajo el influjo del alcohol o sustancias psicoactivas.

Afirma que, a raíz de ello, se inició un procedimiento administrativo sancionatorio en el que, en primera instancia, fue declarado contraventor, por lo cual interpuso recurso de apelación y, en segunda instancia, la autoridad de tránsito lo absolvió. Señala que, al momento de la imposición del comparendo No. 68001000000024836390, su vehículo fue inmovilizado por diez días hábiles, tras lo cual debió pagar el servicio de patios ante la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para retirarlo. Indica que, una vez absuelto, pidió la devolución de lo pagado por el servicio de patios y la prueba de alcoholemia, pero la entidad demandada negó su petición mediante el oficio No. 470-2022, acto aquí acusado.

3. Normas violadas y concepto de violación

patios y la prueba de alcoholemia, pero la entidad demandada negó su petición mediante el oficio No. 470-2022, acto aquí acusado.

3. Normas violadas y concepto de violación

Se citan como normas violadas los artículos 29 de la Constitución Política; 2 , 131 literal (f), y 152 de la Ley 769 de 2002; 5 de la Ley 1696 de 2013 y la sentencia C633 de 2014.

El demandante alega que el Oficio No. 470 -2022 vulneró su derecho al debido proceso al exigirle el pago de valores que solo proceden cuando se ha declarado la culpabilidad. Explica que, al haber sido absuelto, no correspondía la inmovilización de su vehículo ni el cobro de la prueba de alcoholemia, lo que evidencia una actuación arbitraria de la administración.

Para fundamentar su pretensión, señala que el comparendo es una citación, no una sanción inmediata, por lo que el cobro derivado de la inmovilización carecía de fundamento. Agrega que las multas en materia de tránsito solo pueden imponerse a infractores y que, en su caso, nunca fue declarado como tal. Enfatiza que la inmovilización del vehículo constituye una sanción aplicable únicamente en los casos previstos en la ley, los cuales no se configuraron en este asunto.

Sostiene que la normativa solo permite inmovilizar un vehículo cuando se ha determinado un grado de alcoholemia, circunstancia que no se acreditó en su caso. Considera que la negativa de la entidad a devolver los valores pagados constituye un enriquecimiento sin justa causa.

Por último, cita la sentencia C -633 de 2014 de la Corte Constitucional para

Considera que la negativa de la entidad a devolver los valores pagados constituye un enriquecimiento sin justa causa.

Por último, cita la sentencia C -633 de 2014 de la Corte Constitucional para argumentar que las medidas preventivas no afectan la presunción de inocencia y que, en caso de absolución, deben cesar sus efectos. Advierte que la administración impuso una carga económica injustificada, lo que, a su juicio, vulnera el debido proceso y los principios que rigen la función administrativa.

B. Contestación3

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga se opone a las pretensiones al considerar que carecen de sustento probatorio y legal. Sostiene que el acto administrativo cuya

3 Expediente digital en SAMAI. Índice 00009. Documento: 12_RECEPCIONMEMORIALENOSJA_NYR202300003AMADO(.pdf)Radicado: 680013333009-2023-00003-01

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nulidad se solicita goza de presunción de legalidad y fue expedido con base en pruebas que acreditan la infracción cometida por el demandante. Explica que, según la Resolución No. 065 de 2022, se declaró la caducidad del proceso contravencional derivado del comparendo No. 24836390 del 10 de noviembre de 2019. Advierte que esto , sin embargo, no desvirtúa que el

Explica que, según la Resolución No. 065 de 2022, se declaró la caducidad del proceso contravencional derivado del comparendo No. 24836390 del 10 de noviembre de 2019. Advierte que esto , sin embargo, no desvirtúa que el demandante incurrió en la infracción de tránsito por conducir en estado de embriaguez grado tres, conforme al artículo 5 de la Ley 1696 de 2013. Sostiene que el proceso de imposición del comparendo se adelantó con observancia de los principios de legalidad y debido proceso, lo que implicó el cumplimiento de cargas propias de la infracción, entre ellas la inmovilización del vehículo, el pago del servicio de patios y la prueba de alcoholemia. A su juicio, la caducidad del proceso no exime al demandante de la responsabilidad generada ni de las consecuencias derivadas de su conducta. Finalmente, precisa que el Oficio No. 470 -2022 del 14 de junio de 2022 respondió una solicitud de devolución de dineros y expuso claramente las razones que impedían acceder a lo solicitado. Concluye que las demás pretensiones dependen de la nulidad del acto demandado, por lo que también deben ser desestimadas.

C. La sentencia recurrida4

El Juez Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, en sentencia del 11 de junio de 2024, negó las pretensiones al considerar que el demandante no desvirtuó la presunción de legalidad del oficio No. 470-2022 del 14 de junio de 2022, mediante el cual la demandada rechazó la devolución de los valores pagados por inmovilización del vehículo, grúa, patios y prueba de alcoholemia, tras el

mediante el cual la demandada rechazó la devolución de los valores pagados por inmovilización del vehículo, grúa, patios y prueba de alcoholemia, tras el comparendo No. 24836390 del 10 de noviembre de 2019

Señala que las normas de tránsito facultan a la autoridad para inmovilizar el vehículo y realizar la prueba de alcoholemia cuando se detecta un conductor en estado de embriaguez. Indica que estas medidas no constituyen una sanción administrativa, sino una acción de control orientada a la seguridad vial. Precisa que la Resolución No. 065 de 2022 declaró la caducidad del proceso contravencional, pero ello no implica la absolución de la infracción imputada ni invalida la prueba de embriaguez practicada, cuyos resultados evidencian un tercer grado de alcoholemia. Sostiene que la caducidad impide únicamente la imposición de la sanción pecuniaria, sin afectar la validez de las medidas preventivas adoptadas en el momento de los hechos. Concluye que los valores pagados por el demandante corresponden a servicios efectivamente prestados en aplicación de medidas preventivas legalmente adoptadas, por lo que su devolución no es procedente.

D. La apelación5

El demandante solicita revocar la sentencia de primera instancia y conceder las pretensiones, al considerar que el a quo incurrió en una valoración errónea de los hechos y del derecho aplicable. Alega que el fallo desconoció que las pruebas de alcoholemia no fueron desvirtuadas y que la inmovilización del vehículo carecía de fundamento legal.

4 Expediente digital en SAMAI. Documento: 2SENTENCIADEPR_202200311SENTENCIAPR(.pdf)

alcoholemia no fueron desvirtuadas y que la inmovilización del vehículo carecía de fundamento legal.

4 Expediente digital en SAMAI. Documento: 2SENTENCIADEPR_202200311SENTENCIAPR(.pdf) 5 Expediente digital en SAMAI. One Drive. Documento: 023. 10 JULIO 2023. RECURSO APELACIÓN MPIO GIRON.pdfRadicado: 680013333009-2023-00003-01

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Afirma que, según lo señalado por el propio despacho de primera instancia, la caducidad del proceso contravencional es una sanción administrativa que impide a la administración derivar consecuencias del comparendo, incluyendo el cobro de patios y la prueba de alcoholemia. Sostiene que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga no cumplió con los requisitos legales para imponer una sanción y que, en todo caso, nunca fue declarado infractor, por lo que no existía fundamento para mantener la obligación de pago. Explica que la inmovilización del vehículo solo procede cuando se prueba que el conductor se encontraba en estado de embriaguez y que, en este caso, al no haberse emitido una decisión que desvirtuara la presunción de inocencia, no podía exigirse el pago de los valores derivados de dicha medida. Reitera que la Ley 1696 de 2013 y la Sentencia C -633 de 2014 establecen que la

haberse emitido una decisión que desvirtuara la presunción de inocencia, no podía exigirse el pago de los valores derivados de dicha medida. Reitera que la Ley 1696 de 2013 y la Sentencia C -633 de 2014 establecen que la inmovilización es una sanción cuando se impone por conducir en estado de embriaguez. Aduce que, si la administración consideraba que se trataba de una medida preventiva, al haberse declarado la caducidad del proceso, correspondía la devolución de los valores pagados. Por último, sostiene que la decisión de primera instancia vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia, al mantener los efectos de una medida que solo procede cuando se prueba la infracción.

E. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia Mediante auto del 23 de julio de 20246, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

A. Competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿Debe declararse la nulidad del acto administrativo mediante el cual la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga negó la devolución de los valores pagados por concepto de patios y prueba de alcoholemia, tras la declaratoria de caducidad del proceso contravencional?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: La declaratoria de caducidad de un proceso contravencional

valores pagados por concepto de patios y prueba de alcoholemia, tras la declaratoria de caducidad del proceso contravencional?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: La declaratoria de caducidad de un proceso contravencional impide que la administración imponga una sanción, pero no invalida las medidas preventivas adoptadas conforme a la ley en el momento de los hechos. Estas medidas, entre ellas la inmovilización del vehículo y la práctica de la prueba de alcoholemia, tienen una finalidad distinta a la sancionatoria, pues bu scan controlar un riesgo inmediato en la vía y garantizar la seguridad vial. El pago de las sumas de dinero que esto acarrea, como el servicio de patios y la elaboración de la prueba de

6 Expediente digital en SAMAI. Índice 00006. Documento: 4Auto Admite Rec_20230000301AutoAdmit(.pdf)Radicado: 680013333009-2023-00003-01

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alcoholemia, corresponde a una carga pública que todo ciudadano debe soportar cuando se dan los supuestos normativos para su imposición. El artículo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1696 de 2013, establece que la inmovilización del vehículo y la prueba de alcoholemia son consecuencias automáticas cuando un conductor es sorprendido en estado de embriaguez, sin que

El artículo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1696 de 2013, establece que la inmovilización del vehículo y la prueba de alcoholemia son consecuencias automáticas cuando un conductor es sorprendido en estado de embriaguez, sin que su aplicación dependa de una sanción posterior. En este caso, las pruebas recaudadas evidencian que el demandante presentó un tercer grado de alcoholemia, lo que activó las medidas establecidas en la normativa vigente. En consecuencia, los valores reclamados corresponden a servicios efectivamente prestados en virtud de medidas de control legítimas, y, en tal medida, constituyen una carga pública que debe asumir el demandante, por lo que su devolución no es procedente. Para sustentar la tesis planteada, la Sala: (i) analizará la naturaleza jurídica de la inmovilización del vehículo y la prueba de alcoholemia, con el propósito de establecer su carácter preventivo y su independencia de la sanción administrativa; (ii) examinará el efecto de la caducidad en los procedimientos contravencionales, con el fin de determinar su impacto en la imposición de sanciones y en la validez de las medidas adoptadas en el momento de los hechos ; (iii) valorará las pruebas recaudadas en el expediente administrativo, con el objetivo de verificar si la actuación de la autoridad de tránsito se ajustó a la normativa vigente , (iv) concluirá que la negativa de la administración a devolver los valor es pagados por concepto de patios y prueba de alcoholemia se ajusta a derecho, dado que dichos costos corresponden a servicios efectivamente prestados en el marco de medidas preventivas, lo que constituye una carga pública que todo ciudadano debe asumir y

de patios y prueba de alcoholemia se ajusta a derecho, dado que dichos costos corresponden a servicios efectivamente prestados en el marco de medidas preventivas, lo que constituye una carga pública que todo ciudadano debe asumir y no una sanción susceptible de pérdida de efectos por la caducidad del proceso contravencional.

C. Marco jurídico

1. Medidas preventivas de tránsito y su independencia del procedimiento sancionatorio El Código Nacional de Tránsito , expedido mediante la Ley 769 de 2002, establece que las autoridades de tránsito tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes mediante la adopción de medidas de control. En desarrollo de esta función, el artículo 7 7 otorga a estas autoridades la facultad de regular y aplicar medidas sancionatorias encaminadas a la prevención de infracciones y la asistencia técnica y humana de los usuarios en las vías.

El artículo 1228, modificado por el artículo 20 de la Ley 1383 de 2010, establece la inmovilización del vehículo como una de las sanciones aplicables a los infractores de tránsito. No obstante , el artículo 131 9 distingue entre sanciones y medidas

7 Artículo 7o. Ccumplimiento régimen normativo. <Artículo modificado por el artículo 58 de la Ley 2197 de 2022. El nuevo texto es el siguient e:> Las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter

regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuari os de las vías. (…) 8 Artículo 122. Tipos de sanciones Sanciones. <Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 1383 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Las sanciones por infracciones del presente Código son:

1. Amonestación.

2. Multa.

3. Retención preventiva de la licencia de conducción.

4. Suspensión de la licencia de conducción.

5. Suspensión o cancelación del permiso o registro.

6. Inmovilización del vehículo.

7. Retención preventiva del vehículo.

8. Cancelación definitiva de la licencia de conducción.(…) 9 Artículo 131. MULTAS. <Artículo modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Los in fractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción así: F. <Literal adicionado por el artículo 4 de la Ley 1696 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> Conducir bajo el influjo de l alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Esta conducta será sancionada con las multas establecidas en el artículo 1 52 de este Código. Si se trata de conductores de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la multa y el período de suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los casos de embriaguez o alcoholemia el vehículo será inmovilizado.Radicado: 680013333009-2023-00003-01

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Demandante: Amado de Jesús Barrios Marín

todos los casos de embriaguez o alcoholemia el vehículo será inmovilizado.Radicado: 680013333009-2023-00003-01

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preventivas, y ordena la inmovilización del vehículo en todos los casos de embriaguez o alcoholemia, sin supeditar esta medida a la imposición de una sanción posterior. En concordancia con lo anterior, el artículo 150 de la Ley 769 de 2002 10 faculta a las autoridades de tránsito para exigir a cualquier conductor que se someta a un examen de alcoholemia cuando existan indicios de que ha ingerido alcohol o consumido sustancias psicoactivas . A su vez, el artículo 152, modificado por el artículo 5 de la Ley 1696 de 201311, establece los diferentes grados de alcoholemia y sus consecuencias. En el caso del tercer grado de embriaguez, la normativa impone, entre otras medidas, la suspensión de la licencia de conducción por 10 años, la inmovilización del vehículo por 10 días hábiles y el pago de una multa equivalente a 720 SMDLV. La Corte Constitucional , en la Sentencia C-633 de 2014 12, enfatiza que la conducción es una actividad peligrosa que justifica la intervención del Estado para prevenir riesgos en las vías públicas. En dicha providencia, el alto tribunal determina

La Corte Constitucional , en la Sentencia C-633 de 2014 12, enfatiza que la conducción es una actividad peligrosa que justifica la intervención del Estado para prevenir riesgos en las vías públicas. En dicha providencia, el alto tribunal determina que las autoridades de tránsito pueden adoptar medidas inmediatas para garantizar la seguridad vial sin que estas se consideren sanciones, pues su finalidad es mitigar los riesgos del tránsito terrestre. As imismo, sostiene que los conductores se encuentran en una relación de especial sujeción con las autoridades de tránsito, lo que implica la obligación de acatar controles legítimos en función del interés general y la protección de bienes jurídicos como la vida y la integridad personal. Adicionalmente, la Corte precisa que la adopción de medidas preventivas dentro de un proceso sancionatorio no vulnera la presunción de inocencia. Sobre este punto, contrario a lo sostenido por el apelante, el alto tribunal señala: Este tipo de disposiciones no desconocen la presunción de inocencia dado que, como la Corte Constitucional lo ha dicho, las medidas preventivas no implican un juicio de responsabilidad y, en consecuencia, estará a cargo de la autoridad, al tomar una decisión definitiva, establecer si se encuentran acreditados los presupuestos para declararla . Las normas citadas confirman que la inmovilización del vehículo y la práctica de la prueba de alcoholemia no constituyen sanciones administrativas, sino medidas preventivas de aplicación inmediata y obligatoria, destinadas a evitar que un conductor en estado de embriaguez continúe circulando y comprometa la seguridad vial. En este sentido, no solo regulan la conducta de los conductores, sino que también protegen los derechos de los demás usuarios de la vía.

conductor en estado de embriaguez continúe circulando y comprometa la seguridad vial. En este sentido, no solo regulan la conducta de los conductores, sino que también protegen los derechos de los demás usuarios de la vía. En ese contexto, el pago efectuado por el demandante, que implica una merma en su patrimonio, se debe considerar una carga pública ordinaria que todo ciudadano está obligado a soportar 13, en la medida que se produce « en desarrollo de una actividad lícita, que se realiza en pro del interés general »14 y, adicionalmente, no

El estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 10 Artículo 150. EXAMEN. Las autoridades de tránsito podrán solicitar a todo conductor de vehículo automotor la práctica de exam en de embriaguez, que permita determinar si se encuentra bajo efectos producidos por el alcohol o las drogas, o sustancias estupef acientes, alucinógenas o hipnóticas. Las autoridades de tránsito podrán contratar con clínicas u hospitales la práctica de las pruebas de que trata este artículo, para verificar el estado de aptitud de los conductores. Parágrafo. En los centros integrales de atención se tendrá una dependencia para practicar las pruebas anteriormente mencionadas. 11 ARTÍCULO 152. GRADO DE ALCOHOLEMIA. <Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 1696 de 2013. El nuevo texto es el sigui ente:> Si hecha la prueba, se establece que el conductor se encuentra en alguno de los siguientes grados de alcoholemia, incurrirá en las sanciones respectivas, según el nivel de reincidencia correspondiente de conformidad con lo indicado a continuación para cada evento:

la prueba, se establece que el conductor se encuentra en alguno de los siguientes grados de alcoholemia, incurrirá en las sanciones respectivas, según el nivel de reincidencia correspondiente de conformidad con lo indicado a continuación para cada evento:

4. Tercer grado de embriaguez, desde 150 mg de etanol/100 ml de sangre total en adelante, se impondrá: 4.1. Primera Vez 4.1.1. Suspensión de la licencia de conducción por diez (10) años. 4.1.2. Realización de acciones comunitarias para la prevención de la conducción bajo el influjo del alcohol o sustancia psicoactivas, durante cincuenta (50) horas. 4.1.3. Multa correspondiente a setecientos veinte (720) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). 4.1.4. Inmovilización del vehículo por diez (10) días hábiles. 12 Corte Constitucional, sentencia C-633 del 3 de septiembre de 2014, MP. Mauricio González Cuervo. 13 Delvolvé, Pierre, Le príncipe degalité devant les charges publiques, Librairie Genérale de Droit et Jrisprudence, Paris, 1969, pág. 235. Nota 59 de Zapata García, Pedro A., Fundamentos y Límites de la Responsabilidad del Estado, ob. cit. pág. 69. 14 Zapata García, Pedro, pág. 212Radicado: 680013333009-2023-00003-01

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rompe el principio de igualdad de cargas públicas, pues, todos los miembros de la sociedad lo deben asumir si se dan los supuestos de hecho previstos en la norma para su imposición.

2. La caducidad de la acción por contravención de normas de tránsito El procedimiento administrativo sancionador en materia de tránsito se dirige contra la persona responsable de la infracción y tiene como finalidad imponer una sanción por el incumplimiento de las normas de tránsito . Dado su carácter sancionatorio, está sujeto a un término de caducidad que delimita el ejercicio de la facultad de la administración.

En cuanto a este término, el artículo 161 de la Ley 769 de 200215, modificado por el artículo 11 de la Ley 1843 de 2017, establece que la acción caduca en un (1) año contado desde la ocurrencia de los hechos que la originan. En consecuencia, dentro de este plazo, la autoridad debe adoptar la decisión sobre la imposición de la sanción, y la caducidad se interrumpe con la realización efectiva de la audiencia. Respecto a los recursos interpuestos contra la decisión sancionatoria, la norma dispone que su resolución debe efectuarse dentro del término de un (1) año, contado a partir de su interposición oportuna. Si la administración no emite decisión dentro de este término, los recursos se entenderán resueltos en favor del recurrente.

dispone que su resolución debe efectuarse dentro del término de un (1) año, contado a partir de su interposición oportuna. Si la administración no emite decisión dentro de este término, los recursos se entenderán resueltos en favor del recurrente. En armonía con esta disposición, el Consejo de Estado ha precisado que la caducidad en los procedimientos sancionatorios se configura cuando, dentro del plazo legal, no se expide ni se notifica el acto que pone fin a la actuación 16. En sentencia del 29 de septiembre de 2009 17, esa alta corporación unificó su criterio, para determinar que la sanción se considera impuesta dentro del término legal cuando el acto administrativo que concluye el procedimiento ha sido expedido y notificado, sin que la interposición de recursos afecte la interrupción de la caducidad. Bajo esta interpretación, la administración debe emitir y notificar la decisión sancionatoria dentro del término legal, sin que la resolución de los recursos en sede gubernativa altere el cómputo de la caducidad.

D. Análisis de las pruebas De acuerdo con el marco jurídico que antecede y las pruebas válidamente recaudadas, la Sala encuentra probado lo siguiente:

1. El 10 de noviembre de 2019, se impuso al señor Amado de Jesús Barrios Marín el comparendo No. 68001000000024836390, por la causal contemplada en el literal (f) del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, esto es: «conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas»18.

2. El operador del alcohosensor con serie No. 14480211 suscribió la lista de

del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas»18.

2. El operador del alcohosensor con serie No. 14480211 suscribió la lista de chequeo del estado del analizador, en la que el resultado del blanco fue 0 mg/100 ml19.

15 ARTÍCULO 161. CADUCIDAD. <Artículo modificado por el artículo 11 de la Ley 1843 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> La acción por contravención de las normas de tránsito, caduca al año (1), contado a partir de la ocurrencia de los hechos que dieron o rigen a ella. En consecuencia, durante este