TA TOL - Sentencia 73001-23-33-000-2023-00051-00 (02-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Magistrado Ponente: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, dos (02) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

Radicación: 73001-23-33-000-2023-00051-00

Acción: EJECUTIVO

Demandante: JULIO CÉSAR GONZÁLEZ DÍAZ

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCAILES DEL

MAGISTERIO.

Apoderado: HUILLMAN CALDERÓN AZUERO (Parte demandante).

NATALY VALENCIA CEBALLOS (parte demandada).

Asunto: SENTENCIA ANTICIPADA DE PRIMERA INSTANCIA.

SENTENCIA

Procede la Sala a dictar sentencia que en derecho corresponde, de manera anticipada, conforme lo dispuesto en el articulo 182 A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011-, modificado por la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, al no haber pruebas por practicar y que las allegadas por las partes no fueron objeto de tacha o desconocimiento dentro del proceso ejecutivo presentado por el señor Julio César González Díaz en contra de Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA1.

A través de apoderado judicial del señor Julio César González Díaz , interpuso la correspondiente acción ejecutiva contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA1.

A través de apoderado judicial del señor Julio César González Díaz , interpuso la correspondiente acción ejecutiva contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, con la finalidad de que se le reconociera y pagara la pensión de jubilación que fue ordenada en la sentencia del 21 de enero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento, radicado bajo el número 73001 -33-33002-2017-00323-00

Específicamente, se solicitó que se librará mandamiento de pago a su favor y en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, por las siguientes sumas de dinero:

a) Por concepto del retroactivo de la mesada pensional a la que tiene derecho el actor desde el 28 de enero de 2014 hasta la fecha de presentación de la demanda y las mesadas que se sigan causando en el curso del presente proceso de ejecución , así como, la indexación respectiva, por la suma de $65.056.493.

b) Por los intereses moratorios que se hubieran causado desde que se hizo exigible la obligación de que trata el literal anterior, es decir, desde el 21 de enero de 2021, por la suma de $53.089.724.

1 Expediente SAMAI; índice Nro. 4; carpeta comprimida “2_ED_ONEDRIVE_1_2022023”; archivo “002 – Demanda 266”Radicación: 73001-23-33-000-2023-00051-00

Acción: Ejecutivo

Demandante: Julio Cesar González

Acción: Ejecutivo Demandante: Julio Cesar González Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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c) Se condena en costas y agencias en derecho a la entidad ejecutada.

Lo anterior, teniendo en cuenta el incumplimiento de la sentencia proferida por e ste Tribunal Administrativo del Tolima en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho antes anunciado.

2. MANDAMIENTO DE PAGO2.

Mediante providencia del 28 de marzo de 2023 , el Despacho sustanciador libró mandamiento de pago por los siguientes conceptos:

2.1. Por l a suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS ($56.975.802 M/CTE), por concepto de capital correspondiente a las diferencias del pago de las mesadas indexadas, constituidas entre el 28 de junio de 2014 hasta el 0 8 de febrero de 2021. A dicha cifra deben descontarse los aportes a seguridad social respectivos, los cuales también serán indexados.

2.2. Por la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($4.603.775 M/CTE), por concepto de capital correspondiente a las diferencias del pago de las mesadas constituidas desde el 09 de febrero de 2021 hasta el 12 de octubre de 202 2. A dicha cifra deben descontarse los aportes a seguridad social respectivos, los cuales también serán indexados.

correspondiente a las diferencias del pago de las mesadas constituidas desde el 09 de febrero de 2021 hasta el 12 de octubre de 202 2. A dicha cifra deben descontarse los aportes a seguridad social respectivos, los cuales también serán indexados.

2.3. Por las diferencias del pago de las mesadas que en lo sucesivo se causen en virtud de la sentencia ordinaria, en los términos del inciso segundo del artículo 431 del CGP. A la cifra resultante deberá descontarse los aportes a seguridad social respectivos, los cuales también serán indexados.

2.4. Por los intereses moratorios en tasa equivalente al DTF desde el 08 de febrero de 2021 hasta el 07 de mayo de 2021.

2.5. Por los intereses moratorios a la máxima tasa de interés comercial, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, desde el 21 de octubre de 2021.

2.6. La suma de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($2.738.778 M/CTE), por las costas procesales liquidadas y aprobadas por auto del 23 de agosto de 2021 y que quedaron en firme el 27 de agosto de 2021. Así mismo, los intereses moratorios sobre esta suma equivalente a la tasa al DTF desde el 28 de agosto de 2021 hasta el 27 de junio de 2022, y, los intereses moratorios a la tasa comercial desde el 28 de junio de 2022 hasta que se hiciere efectivo el pago.

En la misma fecha se emitió providencia3 decretando medida de embargo y retención de las sumas de dinero consignados o que se lleguen a consignar a nombre de la parte

hiciere efectivo el pago.

En la misma fecha se emitió providencia3 decretando medida de embargo y retención de las sumas de dinero consignados o que se lleguen a consignar a nombre de la parte ejecutada La Nación - Ministerio de Educación - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio con NIT 830.053.105-3, en las cuentas señaladas en la solicitud de medidas cautelares, atendiendo las excepciones a la regla general de inembargabilidad citada en la parte motiva de esta providencia. Para tal efecto, se precisó que el límite de la medida sería de $90.000.000.

El mandamiento de pago fue notificado a la entidad demandada el 18 de abril de 20234.

2 Expediente SAMAI; índice Nro. 5; archivo denominado “7_AUTOLIBRAMANDAMIENTOEJECUTIVO” 3 Providencia del 28 de marzo de 2023 mediante la cual se decretó medida cautelar, se ubica en el SAMAI a índice Nro. 7. 4 Expediente SAMAI; índice Nro. 16; archivo denominado “16_VENCEEJECUTORIA_00020230005100”Radicación: 73001-23-33-000-2023-00051-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Julio Cesar González Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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Así, el 5 de mayo de 2023 venció el traslado de los 10 días para proponer excepciones, término dentro del cual la entidad ejecutada contestó la demanda, proponiendo varios medios exceptivos de los fijados en el numeral segundo del artículo 442 del C.G.P, tales

término dentro del cual la entidad ejecutada contestó la demanda, proponiendo varios medios exceptivos de los fijados en el numeral segundo del artículo 442 del C.G.P, tales como pago y prescripción, así como, solicitó el levantamiento de embargo conforme certificado de inembargabilidad de cuentas.

3. OPOSICIÓN AL MANDAMIENTO DE PAGO5.

Se opuso a las pretensiones de la demanda, aduciendo que esa entidad había dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida el 21 de enero de 2021, mediante la Resolución Nro. 1394 que fue incluida en nómina el 25 de julio de 2022, cancelando por concepto de retroactivo debidamente indexado la suma de $33.909.907.

Sumado a lo anterior, adujo que no deben calcularse intereses moratorios a la tasa del DTF conforme lo ordena el artículo 192 del CPACA, por cuanto no se valoró la cesación de intereses desde la fecha de ejecutoria contando 3 meses hasta la fecha de radicación de la solicitud de cumplimiento.

Conforme a ello, planteó la excepción de pago como modo de extinguir la obligación, al acreditarse que el mismo se efectuó el 25 de julio de 2022.

Sobre la prescripción de la obligación alegó que, esta figura debe ser analizada a la luz del artículo 2536 del Código Civil, el cual determina la extinción de obligaciones contenidas en título ejecutivo por un lapso de 5 años.

Igualmente, junto con la contestación se elevó petición de levantamiento de medidas cautelares, al tener en cuenta la inembargabilidad de los recursos de las cuentas Nro.

contenidas en título ejecutivo por un lapso de 5 años.

Igualmente, junto con la contestación se elevó petición de levantamiento de medidas cautelares, al tener en cuenta la inembargabilidad de los recursos de las cuentas Nro. No. 31000257-1 y No. 31000256-3, así como, solicitó que el despacho se abstuviera en un futuro de librar mandamiento sobre la citada cuenta.

4. TRÁMITE PROCESAL

De las excepciones propuestas, se corrió el traslado establecido en el numera 1 del artículo 443 del C.G.P ., y la parte ejecutante guardó silencio frente a los medios exceptivos propuestos, tal como lo determinó la secretaría de esta corporación en constancia secretarial6.

La secretaría procedió a ingresar el expediente al despacho el 23 de junio de 2023 para continuar con la fase que prevé el numeral 2 del artículo 433 del C.G.P, sin embargo, a través de providencia del 16 de agosto de 2023 7, el Despacho acogió la figura de sentencia anticipada en el presente proceso, ante el cumplimiento de los presupuestos determinados en el artículo 182 A del CPACA, al concluir que no había pruebas que practicar y que las allegadas por las partes no fueron objeto de tacha o desconocimiento.

De igual manera, en esa misma providencia, se ordenó correr traslado para alegar, en caso, de no ser recurrida esa decisión, por lo que, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esa providencia , las partes podrían presentar sus alegaciones finales, oportunidad de la cual no hicieron uso ninguna de las partes, transcurriendo el término en silencio, tal como lo acreditó la secretaría de esta corporación en constancia del 7 de

ejecutoria de esa providencia , las partes podrían presentar sus alegaciones finales, oportunidad de la cual no hicieron uso ninguna de las partes, transcurriendo el término en silencio, tal como lo acreditó la secretaría de esta corporación en constancia del 7 de septiembre de 20238.

5 Expediente SAMAI; índice Nro. 21; archivo denominado “18_FOMAG_EXCEPCIONES_PODER_E_INEMBARGABILIDAD” 6 Expediente SAMAI; índice Nro. 29; archivo denominado “24_ALDESPACHO_ALDESPACH_00020230005100” 7 Expediente SAMAI: índice Nro. 31; archivo denominado “025_AUTODETRAMITE” 8 Expediente SAMAI; índice Nro. 40; archivo “032_ALDESPACHOPARASENTENCIA_ALDESPACH_00020230005100”Radicación: 73001-23-33-000-2023-00051-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Julio Cesar González Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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Así mismo, en providencia del 16 de agosto de 2023 9, se negó la solicitud de levantamiento de medida cautelar.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA.

Es competente esta corporación para dictar la sentencia anticipada que corresponde dentro del proceso ejecutivo promovido en este asunto, tal como lo establecen los artículos 125, 156 y 182 A del CPACA.

2. PROBLEMAS JURÍDICOS

Conforme los planteamientos de la demanda y la contestación, en el auto que se acogió

artículos 125, 156 y 182 A del CPACA.

2. PROBLEMAS JURÍDICOS

Conforme los planteamientos de la demanda y la contestación, en el auto que se acogió a sentencia anticipada se establecieron los siguientes cuestionamientos de orden jurídico:

2.1. ¿El título objeto de recaudo a la fecha de presentación de la demanda, es decir, el 12 de octubre de 2022, contenían obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del ejecutante y en contra de la ejecutada?

2.2. ¿El capital cobrado corresponde al ordenado en la providencia del 21 de enero de 2021, emitida en el proceso ordinario con radicación 73001-23-33-001-2017-00323-00? Condición que lleva a verificar ¿Cuál es el valor correcto de la mesada reliquidada para el año 2014? ¿$2.647.043 como lo indica el FOMAG o $2.448.216 como lo indica el ejecutante? Determinado lo anterior, deberá indicarse ¿Cuál es el valor de la mesada indexada del 2014 y el valor indexado de las diferencias entre el pago inicialmente realizado para el 08 de febrero de 2021 (ejecutoria de la condena)? Con ello definido, se planteará, entonces, los valores de los años posteriores y las diferencias.

2.3. Teniendo en cuenta que la pensión reconocida por Resolución N ro. 5341 del 09 de septiembre de 2019 dispuso como fecha de estructuración el 09 de enero de 2015 y la sentencia ordinaria a partir del 28 de enero de 2014 con prescripción de las mesadas anteriores al 27 de junio de 2014 ¿A la fecha el FOMAG estaría adeudand o valores

la sentencia ordinaria a partir del 28 de enero de 2014 con prescripción de las mesadas anteriores al 27 de junio de 2014 ¿A la fecha el FOMAG estaría adeudand o valores anteriores al 09 de enero de 2015? Y, a su vez si acorde a la Resolución Nro. 1394 del 23 de marzo de 2022 el nuevo pago ordenado y ejecutado comprendía el periodo entre el 20 de diciembre de 2018 al 14 de marzo de 2022 ¿Qué ocurrió con el pago anterior a esas fechas, particularmente el comprendido entre el 27 de junio de 2014 (fecha que dispuso la sentencia ordinaria) y el 19 de diciembre de 2018?

2.4. ¿El abono efectuado el 21 de julio de 2021 por la ejecutada, por $33.909.907 constituye un pago total de la obligación? Para tal efecto, deberá precisarse si ¿Era válido descontar del retroactivo las mesadas ya pagadas por $103.831.770 y el servicio médico por $18.627.279?

2.5. ¿En el presente proceso se han consolidado intereses moratorios de los que prevé el artículo 192 del CPACA, tanto los de la tasa equivalente al DTF que prevé el artículo 195 del CPACA para los primeros 10 meses de mora, como los intereses moratorios a la tasa comercial, a partir del vencimiento de dicho periodo? En caso afirmativo, será necesario precisar ¿Desde qué fecha deben liquidarse los intereses moratorios? Y si ¿Se produjo suspensión de causación de intereses, por expirar el término de 3 meses de que trata el artículo 192 del CPACA? Y, en caso afirmativo ¿En qué fecha y hasta cuándo?

produjo suspensión de causación de intereses, por expirar el término de 3 meses de que trata el artículo 192 del CPACA? Y, en caso afirmativo ¿En qué fecha y hasta cuándo?

9 Expediente SAMAI; índice Nro. 34, archivo “027_AUTORESUELVESOLICITUD”Radicación: 73001-23-33-000-2023-00051-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Julio Cesar González Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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2.6. Aclarado lo anterior, deberá determinarse ¿Cuál es el valor del capital para la fecha de presentación de la demanda? Y de subsistir valores por pagarse ¿Con qué suma se debe continuar la ejecución?

2.7. ¿Existen pagos o valores a favor de la ejecutada, sumados a los abonos informados, que puedan compensar los valores objeto de recaudo?

2.8. ¿Ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción de cinco (5) años que prevé el literal k, numeral 2 del artículo 164 del CPACA, en armonía con el artículo 2536 del Código Civil Colombiano? En ese orden de ideas, será necesario determinar ¿Cuál es la fecha de exigibilidad del título ejecutivo, es decir, luego de los 10 meses que prevé el artículo 192 del CPACA?

2.9. Finalmente ¿Están acreditadas las costas procesales? y, en todo caso, siguiendo las reglas del artículo 188 del CPACA, ¿Existió una manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda o las excepciones propuestas?

3. GENERALIDADES DE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS.

las reglas del artículo 188 del CPACA, ¿Existió una manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda o las excepciones propuestas?

3. GENERALIDADES DE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS.

Los artículos 422 del Código General del Proceso y 297 de la Ley 1437 de 2011, definen el título ejecutivo y señalan las providencias que tienen tal característica, respectivamente.

El artículo 422 del Código General del Proceso, reza:

“Art. 422. Títulos Ejecutivos . Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley (Se subrayó). (...)”.

En virtud a lo anterior, se pueden demandar ejecutivamente las obligaciones que reúnan las siguientes condiciones:

1. Obligaciones expresas, claras y exigibles.

2. Que emanen del deudor o de su causante, o que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción.

3. Que constituyan plena prueba contra él.

Ahora bien, el artículo 297 del CPACA10 establece que puede constituir un título ejecutivo en materia de lo contencioso administrativo, a saber (i) cierto tipo de providencias judiciales que cumplan con determinados requisitos; (ii) el contrato estatal y en general,

Ahora bien, el artículo 297 del CPACA10 establece que puede constituir un título ejecutivo en materia de lo contencioso administrativo, a saber (i) cierto tipo de providencias judiciales que cumplan con determinados requisitos; (ii) el contrato estatal y en general, cualquier otro acto que sea proferido con ocasión de la actividad contractual, y (iii) los actos administrativos, siempre y cuando tengan constancia de ejecutoria y la autoridad administrativa que los expidió de fe de que se tratan del primer ejemplar expedido.

10 “1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.//2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.//3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entid ades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a tra vés del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.//4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales cons te el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que e xpida el

auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales cons te el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que e xpida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar”.Radicación: 73001-23-33-000-2023-00051-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Julio Cesar González Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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En virtud a lo hasta aquí expuesto, encontramos, primero, que los títulos ejecutivos deben cumplir determinados requisitos formales y de fondo para su ejecución, y segundo, que éstos pueden ser singulares o complejos.

Respecto a los requisitos formales y de fondo, el Consejo de Estado, en providencia del siete (07) de diciembre de 2017, dentro del proceso con radicado 85001-23-33-000-201400201-01(52702), M.P. Danilo Rojas Betancourth, indicó:

“(…) con la revisión de los requisitos formales, se busca determinar si los documentos que integran el supuesto título ejecutivo conforman unidad jurídica, son auténticos, y emanan del deudor o de la autoridad judicial o administrativa correspondiente, de modo que se pueda colegir que tienen la capacidad de imponer la ejecución de un crédito en cabeza de quien los expide o de un tercero11.

Ahora, respecto a la verificación de las condiciones de fondo, la misma Corporación ha sostenido que se propende por determinar si el cumplimiento de la obligación que contiene

expide o de un tercero11.

Ahora, respecto a la verificación de las condiciones de fondo, la misma Corporación ha sostenido que se propende por determinar si el cumplimiento de la obligación que contiene el título puede ser conminado sin óbice alguno o, en otras palabras, si presta mérito ejecutivo, para lo cual, aquél vínculo jurídico debe ser (i) exigible, en el sentido de que sea factible ejecutarlo por no encontrarse sujeto a plazo o condición, esto es, que se trate de una obligación pura y simple; (ii) expreso, es decir, que el crédito debe aparecer de forma manifiesta en el documento sin necesidad de acudir a suposiciones que hagan necesario aplicar razonamientos lógicos complejos, y (iii) claro, en el entendido de que la obligación sea fácilmente apreciable a partir del conteni do literal del documento o documentos que la contienen o la demuestran12.”

De lo anterior, se observa que el título de recaudo debe contener todos los documentos que lo integran, pero, además, unos requisitos, condiciones o exigencias tanto de forma como de fondo, siendo las primeras la autenticidad de los documentos, que emanen del deudor o que provengan de una providencia judicial o de un acto administrativo en firme. En cuanto a las segundas, es decir, las de fondo o sustanciales, se refieren a la acreditación de una obligación insatisfecha que está a cargo del ejecutado y debe ser clara, expresa y exigible al momento de la ejecución.

En cuanto a la diferencia entre títulos ejecutivos singulares y complejos, la misma

Corporación, en auto del 31 de mayo de 2016, expediente 25000-23-26-000-2014-0060801, sostuvo que la determina el número de documentos necesarios para establecer la obligación. Sobre el particular, indicó: “ se está frente a los primeros cuando el título ejecutivo está compuesto por un solo documento que da cuenta de la obligación clara, expresa y exigible, mientras que los últimos están integrados por varios medios que, únicamente juntos, pueden llegar a certificar la existencia de ese crédito”.

4. CASO CONCRETO

4.1. Sobre el título ejecutivo.

Previo a entrar en el estudio de fondo de las excepciones propuestas, la Sala considera relevante efectuar varias precisiones que, si bien no son asuntos de los establecidos como excepciones de fondo en el artículo 442 del C.G.P., es importante establecer para continuar el análisis objeto de la presente controversia.

En ejercicio del presente medio de control el ejecutante Julio César González Díaz , pretende que la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le reconozca y pague la pensión de jubilación a la que tiene

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 24 de enero de 2007, exp. 85001-23-31-000-2005-00291-01(31825), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2004, exp. 23989, C.P. Alier Eduardo Hernández EnríquezRadicación: 73001-23-33-000-2023-00051-00

Acción: Ejecutivo

Demandante: Julio Cesar González

Acción: Ejecutivo Demandante: Julio Cesar González Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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derecho por haber laborado como docente, y en consecuencia, le sea cancelado el retroactivo de la mesada pensional desde el reconocimiento de su estatus pensional y las mesadas que se sigan causando, lo intereses moratorios y el pago de las costas procesales.

Dichas pretensiones las fundamenta n en la condena impuesta por esta Corporación dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el ejecutante Julio César González Díaz en contra Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con radicado Nro. 73001-33-33-002-201700323-00, en sentencia calendada el 21 de enero de 2021 13, en la que, tras declarar la nulidad del acto administrativo demandado, ordenó lo siguiente:

“(…)

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 2171 del 7 de abril de 2017, con la cual se negó temporalmente el reconocimiento de la pensión de jubilación al señor Julio César González Díaz.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Fondo Nacional a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento de la pensión de jubilación a favor del señor Julio Cesar González Díaz,

– Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento de la pensión de jubilación a favor del señor Julio Cesar González Díaz, teniendo en cuenta el 75% de la asignación básica y de la asignación adicional del 30%, factores que sirvieron de base de cotización a pensión el año anterior al estatus (28 de enero de 2013 a 28 de enero de 2014), debidamente indexados al momento del reconocimiento de la prestación, con efectos a partir del 28 de enero de 2014, pero descontando el pago de las mesadas afectadas de prescripción.

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción de las mesadas causadas del 27 de junio de 2014 hacía atrás.

CUARTO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el departamento del Tolima – Secretaría de Educación.

QUINTO: Las sumas reconocidas en esta sentencia serán indexadas, conforme a lo establecido en el artículo 187 de la ley 1437 de 2011 y devengarán intereses en los términos previstos en el inciso tercero del artículo 192 del mismo código.

SEXTO: La demandada dará cumplimiento a esta providencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas a la parte demandada, conforme lo preceptuado en el artículo 188 del CPACA., para lo cual se fija el equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como agencias en derecho.

(…)”

Decisión que no fue objeto de controversia, al no presentarse recurso de apelación alguna, por lo que quedó ejecutoriada el 8 de febrero de 202114.

legales mensuales vigentes, como agencias en derecho. (…)”

Decisión que no fue objeto de controversia, al no presentarse recurso de apelación alguna, por lo que quedó ejecutoriada el 8 de febrero de 202114.

Conforme a lo anterior, debe precisar la Sala que la decisión judicial anterior constituye título ejecutivo claro, expreso y exigible , tal como se concluyó al momento de librar mandamiento de pago en providencia del 28 de marzo de 2023 , el cual ni siquiera fue objeto de recurso por parte de la ejecutada , momento procesal apropiado para plantear cualquier vicio de título reclamado.

13 Expediente SAMAI; índice Nro. 4; carpeta comprimida “2_ED_ONEDRIVE_1_2022023”; archivo “002 – Demanda 266” fols. 9 al 17. 14 Mismo ubicación folios 19 al 28.Radicación: 73001-23-33-000-2023-00051-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Julio Cesar González Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sentencia de Primera instancia Pág. 8

Al anterior argumento debe esta Corporación aclarar que se entiende por una obligación clara, aquella que además de expresa aparece determinada en el título ejecutivo, es decir, fácilmente inteligible “o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero”, y en esos términos lo ha expresado el Consejo de Estado 15 al señalar que:

“44. La definición contenida en el artículo 422 del Código General del Proceso permite inferir que hay requisitos de forma y de fondo , siendo los primeros “que se trate de

al señalar que:

“44. La definición contenida en el artículo 422 del Código General del Proceso permite inferir que hay requisitos de forma y de fondo , siendo los primeros “que se trate de documentos que (…) tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este” y los segundos, “que de esos docum entos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero” .

45. Conforme a las normas anteriores, se pueden demandar las obligaciones que reúnan las siguientes condiciones o requisitos de fondo: i) que las obligaciones sean expresas, claras y exigibles, ii) que emanen del deudor o de su causante, o que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción y iii) que constituyan plena prueba contra él.

46. Así, pues, quien pretenda que se libre mandamiento de pago, debe aportar el correspondiente título ejecutivo, el cual debe ser suficiente para acreditar los requisitos de forma y de fondo referidos en precedencia.”

Suma