TA TOL - Sentencia 73001-33-33-005-2018-00362-02 (13-03-2025)

Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-005-2018-00362-02

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Maria Clara Antury Rodríguez Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 73001-33-33-005-2018-00362-02

Demandante: María Clara Antury Rodríguez

Apoderado: Fredy Morales Ruiz

Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

Tema: Bonificación Judicial

La Sala de Decisión resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 30 de septiembre de 2024 , proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva , mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES La demanda La demandante por conducto de apoderad a judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho previsto en el artículo 138 del C. de P.A. y de lo C.A. promovió demanda contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se despachen las siguientes:

de P.A. y de lo C.A. promovió demanda contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se despachen las siguientes:

Declaraciones y condenas (Fls. 4 a 7 del documento MARIA CLARA ANTURY , expediente Samai).

Como pretensiones solicitó:

1. Declarar la nulidad del Oficio Nro. DESAJIBO 17-3996 de 21 de octubre de 2017, por medio de la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, denegó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial.

2. Declarar la nulidad del acto ficto o presunto originado como consecuencia del recurso de apelación interpuesto contra el Oficio Nro. DESAJIBO 173996 de 21 de octubre de 2017.

A título de restablecimiento del derecho

1. Condenar a la parte demandada al reconocimiento y pago de la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional, con fundamento en lo establecido en el artí culo 3 de la Ley 4 de 1992, consistente en el pago de las diferencias prestacionales dejadas de percibir por concepto de prima de servicios, vacacional, de navidad, de productividad, bonificación por serviciosSentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-005-2018-00362-02

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prestados, cesantías y demás, desde el año 201 3 y subsiguientes; suma que

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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prestados, cesantías y demás, desde el año 201 3 y subsiguientes; suma que resulta de la diferencia de lo pagado actualmente y el aumento que se haga con base en la norma citada a partir de 1 de enero de 2023.

2. Ordenar la actualización de las condenas en los términos del artículo 187 del C. de P.A. y de lo C.A.

Hechos: (Fls. 1 a 4 del documento MARIA CLARA ANTURY, expediente Samai).

Como circunstancias fácticas destacables, la parte activa en la demanda de ma nera sintetizada dispuso:

1. La demandante se encuentra vinculada a la Rama Judicial desde el 18 de junio de 2014, desempeñando actualmente el cargo de Escribiente Tribunal en la Secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.

2. Mediante el Decreto 383 de 2013 se creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en ese sentido, así se le ha reconocido.

3. El 29 de septiembre de 2017 solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial.

4. La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mediante Oficio Nro. DESAJIB O 17-3996 de 21 de octubre de 2017, negó el reconocimiento solicitado; contra dicho acto interpuso recurso de apelación sin que a la fecha hubiere sido resuelto.

Oficio Nro. DESAJIB O 17-3996 de 21 de octubre de 2017, negó el reconocimiento solicitado; contra dicho acto interpuso recurso de apelación sin que a la fecha hubiere sido resuelto.

Normas violadas y concepto de la violación Adujo como normas vulneradas el preámbulo y los artículos 2, 13, 25, 53 , 84 y 209 de la Constitución Política de Colombia; artículo 14 de la Ley 4 de 1992; Decreto 383 de 2013; 152-7º de la Ley 270 de 1996.

Como concepto de violación, indicó que el Decreto 383 de 2013 debió estar sujeto a los principios normativos que desarrollan los elementos constitutivos del salario y los pagos que no lo constituyen. Aseguró que la bonificación judicial no puede tener una doble connotación, en el sentido de que no puede constituir parcialmente salario para efecto de los aportes o descuentos di rigidos al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión y, por otro lado, no constituir salario para efecto de cancelación de derechos laborales y prestaciones sociales en general.

Argumentó que la Nación - Rama judicial a través de los actos administrativos demandados que niegan la nivelación salarial y prestacional de la demandante, quebranta manifiestamente el artículo 53 de la Constitución Política, debido a que desmejora y reduce clarament e su salario y prestaciones como empleada de la entidad. Manifestó que la bonificación judicial, al ser una contraprestación directa del servicio pagada en forma habitual, debe gozar de carácter salarial.

Concluyó que los actos administrativos demandados están viciados de nulidad por ser contrarios a las disposiciones que le son superiores como la Constitución Política

del servicio pagada en forma habitual, debe gozar de carácter salarial.

Concluyó que los actos administrativos demandados están viciados de nulidad por ser contrarios a las disposiciones que le son superiores como la Constitución Política y la Ley 4ª de 1992, por lo que se deben inaplicar dichos actos administrativos paraSentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-005-2018-00362-02

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reconocer los derechos reclamados. (Fls. 7 -21 del documento MARIA CLARA ANTURY, expediente Samai).

Contestación de la demanda Por auto de 9 de octubre de 2019, el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Circuito de Ibagué admitió la demanda, y ordenó notificar a la entidad demandada.

Surtida la notificación, la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó la demanda en oportunidad (Fls. 201 a 205 del documento 00.C01Principal, expediente Samai).

Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Por conducto de apoderada judicial, la entidad contestó la demandada oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones; en relación con los hechos indicó que no le constan y que se atiene a lo que resulte probado en el proceso.

Explicó que desde el 1 de enero de 1993 y por mandato legal, coexisten en la Rama

constan y que se atiene a lo que resulte probado en el proceso.

Explicó que desde el 1 de enero de 1993 y por mandato legal, coexisten en la Rama Judicial dos regímenes salariales y prestacionales: un régimen ordinario, denominado de los "No Acogidos", aplicable a los servidores judiciales vinculados antes de esa fecha que optaron por continuar bajo las disposiciones anteriores; y un régimen especial, denominado de los "Acogidos", dirigido a los empleados y funcionarios judiciales que eligieron acogerse a las nuevas disposiciones salariales y a quienes ingresaron a la Rama Judicial a partir del 1 de enero de 1993.

En relación con el Decreto 383 de 2013 y normas concordantes, adujo que por mandato legal la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para calcular la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Indicó que respecto al carácter salarial de ciertos emolumentos derivados de la relación legal y reglamentaria de los servidores judiciales, los máximos órganos de cierre en lo Constitucional y en lo Cont encioso Administrativo han ratificado, en distintas sentencias (sin especificarlas), la potestad del legislador según mandato constitucional para disponer que ciertos conceptos salariales se liquiden sin tomar en cuenta el salario total del servidor público, sin que esto implique omisión o incorrecto desarrollo de deberes legales. Al respecto, mencionó la sentencia C-279-96 expedida por la Corte Constitucional, que se pronunció sobre la expresión “sin carácter salarial” como ajustada a la constitución.

Explicó que, de acuerdo con la Constitución y la ley, el legislador tiene libre

mencionó la sentencia C-279-96 expedida por la Corte Constitucional, que se pronunció sobre la expresión “sin carácter salarial” como ajustada a la constitución.

Explicó que, de acuerdo con la Constitución y la ley, el legislador tiene libre configuración legislativa para determinar los salarios y prestaciones sociales de los empleados públicos, y por tanto, es posible que indique que determinados emolumentos no const ituyan factor salarial para algunos salario o prestaciones sociales; de allí que la pretensión de inaplicar por inconstitucional el Decreto 383 de 2013 es improcedente. Adicionalmente, adujo que la administración ha venido aplicando el ordenamiento jurídico vigente, dándole estricto cumplimiento.

Propuso como excepciones las que denominó : i. Inexistencia de perjuicios ; y ii. Innominada o genérica (Fls. 201 a 205 del documento 00.C01Principal, expediente Samai).

La sentencia apelada (Documento 27 Sentencia, expediente Samai) Es la proferida el 30 de septiembre de 2024 por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva que resolvió: i) declarar probada parcialmente la excepción deSentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-005-2018-00362-02

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prescripción trienal sobre las prestaciones causadas con anterior idad al 29 de septiembre de 2014; ii) declarar probada parcialmente la excepción de cobro de lo

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prescripción trienal sobre las prestaciones causadas con anterior idad al 29 de septiembre de 2014; ii) declarar probada parcialmente la excepción de cobro de lo no debido con relación a la reliquidación de las prestaciones reclamadas entre el 1º de enero de 2013 y el 17 de junio de 2014 ; iii) inaplicar por inconstitucional la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en la disposición normativa del inciso 1° del artí culo 1º del Decreto 383 de 2013, sus decretos modificatorios y demás normas que lo modifiquen o sustituyen por que la bonificación judicial sí constituye factor salarial para la base de liquidación de todas las prestaciones sociales ; iv) declarar la existen cia del acto ficto negativo que se generó al omitir resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante el 7 de noviembre de 2017 contra el oficio DESAJIBO 17-3996 del 21 de octubre de 2017; v) declarar la nulidad del acto administrativo conteni do en el oficio DESAJIBO 173996 del 21 de octubre de 2017, y el acto ficto negativo al no resolver el recurso de apelación interpuesto el 7 de noviembre de 2017 ; vi) ordenar a la Nación -Rama JudicialDEAJ en virtud de la Ley 4 de 1992, reliquidar y pagar a favor de la demandante todas las prestaciones sociales desde el 18 de junio de 2014 incluyendo la bonificación judicial como factor salarial con efectos fiscales a partir del 14 de

JudicialDEAJ en virtud de la Ley 4 de 1992, reliquidar y pagar a favor de la demandante todas las prestaciones sociales desde el 18 de junio de 2014 incluyendo la bonificación judicial como factor salarial con efectos fiscales a partir del 14 de octubre de 2014, y mientras perdure su vinculación laboral con la Rama Judicial , cancelando las diferencias que se hayan generado como consecuencia de la reliquidación; vii) indexación de las sumas reconocidas; viii) sin condena en costas.

Para llegar a la anterior decisión, el Juez indicó que el Consejo de Estado, Sala de Conjueces precisó que el ejecutivo con la expedición del Decreto 382 de 2013 desbordó la facultad reglamentaria conferida en la Ley 4 de 1992 al otorgarle a la bonificación judicial el carácter de factor salarial únicamente para cotizar a salud y pensión; porque tal restricción es de competencia del legislador, y porque la misma se devenga de manera continua, permanente y como directa contraprestación al trabajo, concluyendo que la bonificación judicial es factor salarial y debe computarse para liquidar las prestaciones sociales que devenguen los servidores de la Rama Judicial.

Con fundamento en lo indicado, determinó que el Decreto 383 de 2013 se torna parcialmente inconstitucional e ilegal, y en consecuencia, en aplicación de principios pro homine, remuneración mínima vital y móvil, favorabilidad, irrenunciabilidad a derechos laborales, equidad y los principios rectores establecidos en el artículo 53 de la constitución política, y, declaró la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización

derechos laborales, equidad y los principios rectores establecidos en el artículo 53 de la constitución política, y, declaró la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud ” contenida en el artículo 1° del decreto 383 de 2013. Finalmente, frente a la prescripción indicó que a la entidad le corresponde reconocer y pagar las diferencias prestaciones que se causen con la inclusión de la bonificación judicial desde el 18 de junio de 2014, pero con efectos fiscales a partir del 14 de octubre de 2014 y mientras perdure la vinculación laboral con la NaciónRama Judicial. (Documento 011SentenciadePr_0520180036200MariaC, expediente Samai).

Recurso de apelación – parte demandada En desacuerdo con la decisión del juzgado de origen, la apoderada judicial de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial apeló l a sentencia, argumentando que la orden emitida implica necesariamente reconocer que la bonificación posee carácter salarial, lo cual contraviene la ley. Señaló que el acto administrativo demandado fue dictado conforme a los parámetros legales establecidos, y que no e s posible extender la bonificación al no constituir un factorSentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-005-2018-00362-02

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salarial, según lo estipulado en los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015. Por lo tanto, la entidad está impedida para realizar cálculos o reajustes distintos a los estrictamente autorizados por el nivel central, basándose en las disposiciones y lineamientos otorgados por el Gobierno Nacional.

Advirtió que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha aplicado correctamente el contenido de dichas prescripciones legales, cumpliendo con la formalidad establecida en su artículo 3. Por esta razón, se opone a dicha condena , porque de hacerlo implicaría desacatar el ordenamiento legal vigente, con las correspondientes consecuencias penales, fiscales y disciplinarias. Asimismo, solicitó la revocación del numeral sexto, en el cual se están otorgando derechos y sentencias ultra y extra petita, facultades que solo se aplican al juez constitucional.

Citando el Decreto 383 de 2013, indicó que por expreso mandato legal la bonificación constituye únicame nte un factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Además, hizo referencia nuevamente a las sentencias C -279 de 1996 y C -337 de 1993 proferidas por la Corte Constitucional re lacionadas con la potestad que tiene el legislador de determinar qué constituye o no salario.

Finalmente, manifestó que la bonificación judicial fue regulada sin carácter salarial

proferidas por la Corte Constitucional re lacionadas con la potestad que tiene el legislador de determinar qué constituye o no salario.

Finalmente, manifestó que la bonificación judicial fue regulada sin carácter salarial y los decretos de que la regulan no han sido declarados nulos, y por tanto, siguen gozando de la presunción de la legalidad; además, existe una imposibilidad presupuestal para reconocer las pretensiones del demandante, señalando que los valores solicitados no están presupuestados , y que los incrementos en la nómina para el recono cimiento de dichas acreencias laborales a todos los servidores judiciales reclamantes, podrían contravenir la prohibición contenida en el artículo 71 del Decreto 111 de 1986, compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989. Además, desconocería las regla s de apropiación presupuestal del Decreto 1068 de

2015. Reconocer las pretensiones reclamadas sin la autorización presupuestal requerida implicaría que el ordenador del gasto incurriera en actuaciones disciplinarias conforme a la Ley 734 de 2002.

Destacó que, según la jurisprudencia citada, sin la respectiva disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones impuestas por la ley o las sentencias judiciales, la administración judicial está impedida para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales.

Por consiguiente, solicitó revocar la sentencia apelada, teniendo en cuenta que la administración judicial ha venido aplicando correctame nte el contenido normativo que se señala como desconocido (Documento 012_MemorialWeb_RecursoAPELACION7300133, expediente Samai)

administración judicial ha venido aplicando correctame nte el contenido normativo que se señala como desconocido (Documento 012_MemorialWeb_RecursoAPELACION7300133, expediente Samai)

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto de sustanciación del 21 de febrero de 2025 el recurso de apelación fu admitido; y se ordenó que una vez esté ejecutoriada la decisión, ingresara el proceso para proferir sentencia (Archivo pdf 015Autoadmiterec_73001333300520180036, del expediente digital).

Alegatos de conclusiónSentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-005-2018-00362-02

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Parte demandante: No presentó alegatos de conclusión.

Parte demandada No presentó alegatos de conclusión.

Ministerio público. No presentó concepto.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Competencia Este tribunal es competente para conocer del recurso de apelación de conformidad con los artículos 104, inciso 1, 153 y 243 del C. de P. A. y de lo C.A; pues se cuestiona una sentencia proferida por un Juez del Circuito Administrativo en la que es parte una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Problema jurídico. El fondo del asunto de conformidad con la sentencia impugnada y el recurso

una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Problema jurídico. El fondo del asunto de conformidad con la sentencia impugnada y el recurso impetrado, se centra en determinar, si l a demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la Bonificación Judicial como factor salarial, y por ello, debe tenerse en cuenta para liquid ar el salario y las prestaciones sociales que devenga como servidora de la Rama Judicial.

Límites de la apelación. I. La Sala de Decisión estudia el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del 30 de septiembre de 2024, proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva, en tanto solo le está dado al juez de la segunda instancia pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos al fallo, sin que se pueda infiltrar en el estudio de tópicos que no fueron de batidos por el o los recurrentes; así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado1.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Demandante: Ana Grego ria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la administración de justicia / Error Jurisdiccional.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero

Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la administración de justicia / Error

Jurisdiccional.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 17001-2331000-2002-01526-01(37533), Demandante: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: NaciónMinisterio de Defensa - Ejercito Nacional, Asunto: Recurso de apelación – Limites y competencia del juez de segunda instancia.

Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Demandante: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Asunto: Recurso de apelación – procedencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Cons ejero Ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO; Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Radicación número 25000 -23-27-000-200700024-01 (17272), Demandante: Hospital Universitario Clínica San Rafael, Demandado: Dirección Distrital de Impuestos – Secretaría de Hacienda Distrital, Asunto: Recurso de apelación – Objeto / Sustentación del recurso de apelación – Sirve al ad quem para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de primera

Impuestos – Secretaría de Hacienda Distrital, Asunto: Recurso de apelación – Objeto / Sustentación del recurso de apelación – Sirve al ad quem para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de primera instancia.Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-005-2018-00362-02

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Así las cosas, es claro que la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (esto último, en procura de la pre servación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.

Aunado a lo anterior, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa3 reiteró que la apelación se encuentra lim itada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los

cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Finalmente, establ eció que, como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista congruencia entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so pena de que no se pueda analizar la alzada”.

II. Por la forma como se activó el asunto y como se contestó la demanda, es dable entender que se aceptaron las estipulaciones probatorias; por lo tanto, este asunto es de puro derecho y las pruebas vertidas sirven para resolver el asunto.

III. Por otro lado, se tiene: Excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad A partir de los artículos 4, 29, 209 de la Carta 4, se reconoce a favor de la Jurisdicción Especializada de lo Contencioso Administrativo 5 la facultad de imponer para un caso

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ; Sentencia del 26 de enero de 2011, Radicación número: 25000 -23-26-000-1997-13804 (19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, Asunto: Recluso – Muerte en centro penitenciario / Detención preventiva – Presunción de inocencia.

(19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, Asunto: Recluso – Muerte en centro penitenciario / Detención preventiva – Presunción de inocencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ; Sentencia del 7 de diciembre de 2017, Radicación número: 08001 -2331-000-2009-01122-01, Demandante: Seguros del Estado S.A Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, Demandado: Seguros del Estado S.A, Asunto: Recurso de apelación – Límites.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; Sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 - 2324-000-2007-90177-01, Demandante: Alexander Méndez Mendoza, Demandado: Concejo de Bogotá D.C., Asunto: Acto que ha perdido fuerza ejecutoria.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN; Sentencia del 16 de agosto de 2022, Radicación número 73001-23-00000-2008-00587-01 (52803), Demandante: Esperanza Beltrán Ibáñez, Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué, Referencia: Reparación directa – apelación de sentencia, Asunto: Responsabilidad del Estado / Error Judicial -Carga de sustentación material para que pueda habilitarse la competencia del superior / Teoría general de los recursos.

Municipio de Ibagué, Referencia: Reparación directa – apelación de sentencia, Asunto: Responsabilidad del Estado / Error Judicial -Carga de sustentación material para que pueda habilitarse la competencia del superior / Teoría general de los recursos. 4 Sentencia C-037 de 26 de enero de 2000, M.P. Dr. VLADIMIRO NARANJO.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Dr. GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, proferida el 15 de julio de 2004, Radicación número: 25000-23-26-000-200201834-01 (AP), Actor: José Ignacio Arias y Otros, Demandado: La Nación - Ministerio de Comunicaciones y Otros, Referencia: Acción Popular.Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-005-2018-00362-02

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concreto la inaplicación de una norma genera l por la vía de la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad 6, porque las normas de inferior rango que resulten contradictorias a aquellas otras a las cuales por disposición constitucional deben subordinarse a la Constitución, garantiza la vigencia del principio de legalidad; la técnica jurídica precisa, si la incompatibili dad se da entre una norma de inferior jerarquía y la Constitución, la figura asume la nominación de “ excepción de inconstitucionalidad ”, y si tal incompatibilidad se da con otra norma diferente a la Constitución, la nominación es la de

Constitución, la figura asume la nominación de “ excepción de inconstitucionalidad ”, y si tal incompatibilidad se da con otra norma diferente a la Constitución, la nominación es la de “excepción de ilegalidad” 7.

Por ello se sabe, “ EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD -Concepto y alcance La jurisprudencia constitucional ha definido que “la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se con figura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una caso concreto y las normas constitucionales”. En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con