TA TOL - Sentencia 73001-33-33-012-2019-00098-02 (13-03-2025)

Sentencia 2ª instancia Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 73001-33-33-012-2019-00098-02

Demandante: Fabio David Labrador Méndez y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación número: 73001-33-33-012-2019-00098-02

Demandante: Fabio David Labrador Méndez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Tema: Bonificación Judicial -Decreto 382 de 2013

La Sala de Decisión resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 30 de septiembre del 2024, proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva, dentro del proceso promovido por Fabio David Labrador Méndez y otros en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación.

ANTECEDENTES La demanda Los demandantes por conducto de apoderado judicial instauraron medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se despachen las siguientes:

Declaraciones y condenas Como pretensiones solicitó: (fls. 3 a 10 del documento 006_ED_01CuadernoPrincip.Pdf, expediente Samai)

de la Nación, con el fin de que se despachen las siguientes:

Declaraciones y condenas Como pretensiones solicitó: (fls. 3 a 10 del documento 006_ED_01CuadernoPrincip.Pdf, expediente Samai)

1. Se inaplique por inconstitucional la expresión “ y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, y el último inciso del parágrafo, establecido en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013, por ser inconstitucional e ilegal.

2. Se extienda el valor de la Bonificación judicial establecida en el Decreto 382 del 2013, modificado por el Decreto 022 de 2014, para que sea incluida como factor salarial para la liquidación de la prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, primas de productividad, bonificación por servicios prestados, y demás derechos laborales que por disposición legal o constitucional tengan derecho los demandantes.

3. Se declare la nulidad de los actos administrativos expedidos por la entidad demandada, mediante los cuales negó a los demandantes el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor constitutivo del salario y demás emolumentos, así:Sentencia 2ª instancia Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 73001-33-33-012-2019-00098-02

Demandante: Fabio David Labrador Méndez y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

Página 2 de 29 • Zeidy Jeaneth Izquierdo Vargas, (Directora Seccional Centro Sur de la

Demandante: Fabio David Labrador Méndez y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

Página 2 de 29 • Zeidy Jeaneth Izquierdo Vargas, (Directora Seccional Centro Sur de la Fiscalía General de la Nación – Ibagué) Oficio No. 31500 -4806 del 27 de noviembre del 2018, y la Resolución No. 20099 del 18 de enero del 2019. • Jairo Antonio Heredia Montaño (Fiscal Especializado), el Oficio No. 315004846 del 29 de noviembre del 2018 y la Resolución No. 20099 del 18 de enero del 2019. • Juan Alberto Lugo López (Fiscal Especializado), el Oficio No. 31500-4758 del 23 de noviembre del 2018 y la Resolución No. 20592 del 15 de marzo del 2019. • José Duván Cuevas Bravo (Técnico Investigador II), el Oficio No. 31500-4959 de 6 de diciembre de 2018 y la Resoluc ión No. 20571 del 14 de marzo del 2019. • José Santos Rivera Conde (Técnico Investigador II), el Oficio No. 31500-4953 del 6 de diciembre del 2018 y la Resolución No. 20571 del 14 de marzo del 2019. • Nancy González Muñoz (Técnico investigador II), el Oficio No. 31500 -4965 del 6 de diciembre del 2018 y la Resolución No. 20571 del 14 de marzo del 2019. • Diana Xiomara Rojas García (Técnico investigador II), el Oficio No. 315004966 del 6 de diciembre del 2018 y la Resolución No. 20571 del 14 de marzo del 2019.

2019. • Diana Xiomara Rojas García (Técnico investigador II), el Oficio No. 315004966 del 6 de diciembre del 2018 y la Resolución No. 20571 del 14 de marzo del 2019. • Ana Piedad Cortes Ospina (Fiscal Local), el oficio No. 315 -4919 del 5 de diciembre del 2018 y la Resolución No. 20571 del 14 de marzo del 2019. • Nury Moreno Castillo (Asistente Fiscal), el Oficio No. 31500 -4852 del 29 de noviembre del 2018 y la Resolución No. 20056 del 16 de enero del 2019. • Ovidio Guzmán Agudelo (Conductor II), el Oficio No. 31500-4832 del 28 de noviembre del 2018 y la Resolución No. 20056 del 16 de enero del 2019. • Jorge Yesid Ortiz Perdomo (Profesional de Gestión II), el Oficio No. 315004848 del 29 de noviembre del 2018 y la Resolución No. 20056 del 16 de enero del 2019. • Fabio David Labrador Méndez (Técnico Investigador I) el Oficio No. 315004956 del 6 de diciembre del 2018 y la Resolución No. 20097 del 18 de enero del 2019. • Sandra Milena Buriticá Trejos (Fiscal Especializada), el Oficio No. 315004849 del 29 de noviembre del 2018 y la Resolución No. 20097 del 18 de enero del 2019. • Luis Bernardo Coral Hernández (Técnico Investigador IV), el Oficio No. 31500-4967 del 6 de diciembre del 2018 y la Resolución No. 20121 del 21 de enero del 2019.

del 2019. • Luis Bernardo Coral Hernández (Técnico Investigador IV), el Oficio No. 31500-4967 del 6 de diciembre del 2018 y la Resolución No. 20121 del 21 de enero del 2019. • Joaquín Emilio Cartagena Pastrana (Agente de Protección II), el Oficio No. 31500-4898 del 4 de diciembre del 2018 y la Resolución No. 20121 de 21 de enero del 2019. • Martha Julia Martínez Beltrán (Profesional de Gestión II), el Oficio No. 31500-4847 de 29 de noviembre de 2018 y la Resolución No. 20121 del 21 de enero del 2019. • Aricinia Reyes (Técnica Investigadora II), el Oficio No. 31500 -4964 del 6 de diciembre del 2018 y la Resolución No. 20567 del 13 de marzo del 2019. • Lida Amanda García López (Asistente Fiscal III), el Oficio No. 311500 -4853 del 29 de noviembre del 2018. • Diana Marcela Garzón Cuellar (Técnico investigador I), el Oficio No. 315004957 del 6 de diciembre del 2018 y la Resolución No. 20596 del 15 de marzo del 2019. • Angelica María Portela Martínez (Técnico investigador II), el Oficio No. 31500-4960 de 6 diciembre de 2018 y la Resolución No. 20620 del 18 de marzo del 2019.Sentencia 2ª instancia Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 73001-33-33-012-2019-00098-02

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del 2019.Sentencia 2ª instancia Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 73001-33-33-012-2019-00098-02

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Página 3 de 29 • Diana Patricia Cardona Díaz (Fiscal Seccional Ibagué), el Oficio No. 315004851 del 29 de noviembre del 2018 y la Resolución No. 20593 del 15 de marzo del 2019.

A título de restablecimiento del derecho.

1. Se condene a la entidad demandada a reconocer la bonificación judicial creada con el artículo 1 del Decreto 382 del 2013, como factor constitutivo del salario y tenerla en cuenta para la liquidación de todas las prestaciones sociales y salariales.

2. Se condene a la entidad demandada a incrementar a partir del 201 3, la bonificación judicial conforme a los porcentajes establecidos por el Gobierno Nacional para los empleados públicos enunciados en la Ley Marco 4° de 1992, toda vez que su naturaleza es netamente salarial.

3. Se condene a la entidad a reconocer, liquidar y pagar a cada uno de los demandantes hasta la fecha efectiva del pago, las prestaciones sociales y salariales y, la inclusión de la bonificación judicial como factor constitutivo de salario, ajustada al incremento anual solicitado, tales como bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de productividad, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a las cesantías, y demás derechos laborales o Constitucionales a los que tengan derecho cada uno de los demandantes, de la siguiente manera: Zeidy Jeaneth Izquierdo Vargas,

prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a las cesantías, y demás derechos laborales o Constitucionales a los que tengan derecho cada uno de los demandantes, de la siguiente manera: Zeidy Jeaneth Izquierdo Vargas, Jairo Antonio Heredia Montaño, José Duván Cuevas Bravo, Nancy González Muñoz, Diana Xiomara Rojas García, Ana Piedad Cortes Ospina, Nury Moreno Castillo, Ovidio Guzmán Agudelo, Jorge Yesid Ortiz Perdomo, Fabio David Labrador Méndez, Sandra Milena Buriticá Trejos, Luis Bernardo Coral Hernández, Joaquín Emilio Cartagena Pastrana, Martha Julia Martínez Beltrán, Aricinia Reyes, Lid a Amanda García López, Diana Marcela Garzón Cuellar, Angelica María Portela Martínez , desde el 1 de enero del 2013, para Juan Alberto Lugo López , desde el 15 de agosto del 2014, para José Santos Rivera Conde, desde el 1 de octubre del 2015 y para Diana Patricia Cardona Díaz, desde el 1 de marzo del 2016.

4. Condenar a la entidad demandada a que sobre las sumas adeuda das se paguen sus ajustes de valor conforme al IPC.

5. Hacer declaraciones extra y ultra petita, según lo probado en el proceso.

6. Dar cumplimiento a la sentencia, en los términos previstos en los artículos 187, 189 y 192 del C. de P.A. y de lo C. A.

7. Condenar en costas y agencias en derecho a las entidades convocadas.

Como pretensión subsidiaria solicitó que se declare que la bonifi cación judicial constituye factor salarial para la liquidación de salarios y prestaciones sociales.

7. Condenar en costas y agencias en derecho a las entidades convocadas.

Como pretensión subsidiaria solicitó que se declare que la bonifi cación judicial constituye factor salarial para la liquidación de salarios y prestaciones sociales.

Hechos (fls. 10 a 18 del documento 006_ED_01CuadernoPrincip.Pdf, expediente Samai) Como circunstancias fácticas relevantes, la parte demandante de manera sintetizada señaló:

1. Los demandantes prestan sus servicios en favor de la Nación – Fiscalía General de la Nación en los cargos y periodos siguientes:Sentencia 2ª instancia Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 73001-33-33-012-2019-00098-02

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Página 4 de 29 − Zeidy Jeaneth Izquierdo Vargas (Director Seccional Tolima), desde el 1 de septiembre de 1993 hasta la fecha. − Jairo Antonio Heredia Montaño (Fiscal Especializado), desde el 1 de septiembre de 1986 hasta la fecha. − Juan Alberto Lugo López (Fiscal Seccional), desde el 15 de agosto de 2014. − José Duván Cuevas Bravo (Técnico Investigador II), desde el 27 de mayo de 1997 hasta la fecha. − José Santos Rivera Conde (Profesional de Gestión II), desde el 1 de octubre del 2015 hasta la fecha. − Nancy González Muñoz (Técnico Investigador II), desde el 1 de agosto de 2006 hasta la fecha. − Diana Xiomara Rojas García (Técnico Investigador II) desde el 9 de octubre

del 2015 hasta la fecha. − Nancy González Muñoz (Técnico Investigador II), desde el 1 de agosto de 2006 hasta la fecha. − Diana Xiomara Rojas García (Técnico Investigador II) desde el 9 de octubre del 2007 hasta la fecha. − Ana Piedad Cortes Ospina (Fiscal local) desde el 10 de agosto de 1991 hasta la fecha. − Nury Moreno Castillo (Asistente fiscal I) desde el 11 de octubre de 200 0 hasta la fecha. − Ovidio Guzmán Agudelo (Conductor II) desde el 1 de enero del 2012 hasta la fecha. − Jorge Yesid Ortiz Labrador (Profesional de Gestión II) desde el 22 de junio de 1994. − Fabio David Labrador Méndez (Técnico investigador I) desde el 5 de septiembre de 2009. − Sandra Milena Buriticá Trejos (Fiscal especializada) desde el 7 de junio de 2004 hasta la fecha. − Luis Bernardo Coral Hernández (Técnico investigador IV) desde el 22 de junio de 1994 hasta la fecha. − Joaquín Emilio Cartagena Pastrana (Agente de protección grado II) desde el 8 de octubre del 2007 hasta la fecha. − Martha Julia Martínez Beltrán (Profesional de Gestión II) desde el 5 de mayo de 2010. − Arcinia Reyes (Técnico investigador IV) desde el 5 de junio de 1997 hasta la fecha. − Lida Amanda García López (Asistente Fiscal III) desde el 3 de junio del 1994 hasta la fecha. − Diana Marcela Garzón Cuellar (Técnico investigador II) desde el 8 de octubre de 2007 hasta la fecha.

fecha. − Lida Amanda García López (Asistente Fiscal III) desde el 3 de junio del 1994 hasta la fecha. − Diana Marcela Garzón Cuellar (Técnico investigador II) desde el 8 de octubre de 2007 hasta la fecha. − Angelica María Portela Martínez (Técnico investigador II) desde el 1 de junio de 2000 hasta la fecha. − Diana Patricia Cardona Díaz (Fiscal local) desde el 7 de diciembre de 2005 hasta la fecha.

2. Los demandantes le solicitaron a la Fiscalía General de la Nación i. el reconocimiento de la bonificación judicial creada en el artículo 1 del Decreto 382 del 2013 como factor constitutivo de salario; ii. el incremento de dicha prestación conforme a los porcentajes establecidos por el Gobierno Nacional para los empleados públicos establecidos en la Ley Marco 4° de 1992, a partir del año 2019 y subsiguientes; iii. el reconocimiento, liquidación y pago de las diferencias y prestacionales existentes entre lo pagado por la parte demandada, y la inclusión de dicha bonificación judicial percibida desde el 1 de enero del 2013 o desde la fecha de vinculación de cada demandante, y cada uno de los emolumentos a los que tuviesen derecho.Sentencia 2ª instancia Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 73001-33-33-012-2019-00098-02

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3. La Fiscalía General de la Nación, en respuesta a la reclamación de los demandantes, negó lo solicitado.

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3. La Fiscalía General de la Nación, en respuesta a la reclamación de los demandantes, negó lo solicitado.

Normas violadas y concepto de la violación (fls. 18 a 26 del documento 006_ED_01CuadernoPrincip.Pdf, expediente Samai). Como disposiciones transgredidas con la expedición de los actos administrativos demandados, y concepto de violación explicó que la entidad demandada violó los artículos 2, 13, 25, 53, 93 y 209 de la Constitución Política, los artículos 2, 3, 4 y 14 de la Ley 4 de 1992, los artículos 1 , 9, 10, 11, 127 y 128 del C .S del T., artículo 42 del Decreto Ley 1042 de 1978, artículo 152 , numeral 7 de la Ley 270 de 1996, los Convenios 95 y 100 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Colombia con la Ley 54 de 1962, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado por la Ley 74 de 1967 y el Convenio Internacional del Trabajo No. 111 aprobado por la Ley 22 de 1967.

Explicó que el Decreto 382 del 2013, modificado por el Decreto 022 de 2014 estableció que la bonificación judicial “ constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud", es ilegal e inconstitucional, por cuanto los derechos laborales son irrenunciables. Aseguró que la expedición de estos decretos contrar ía la

cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud", es ilegal e inconstitucional, por cuanto los derechos laborales son irrenunciables. Aseguró que la expedición de estos decretos contrar ía la jurisprudencia del Consejo de Estado , la cual ha establecido en múltiples pronunciamientos que todo lo que el empleado perciba de manera habitual como retribución directa de su servicio, se constituye en salario y por lo tanto, debe ser tenido en cuenta para la liquidación de los salario y prestaciones sociales.

Los actos demandados desconocen el artículo 127 del C.S. del T. sobre qué constituye salario. En varias sentencias judiciales se ha reconocido y declarado que la bonificación judicial constituye salario, y por consiguiente, debe integrarse en los salarios y prestaciones sociales . Los actos acusados son contrarios a la supremacía de la Constitución y al derecho al trabajo, según los artículos 4 y 25 de la Constitución Política.

Contestación de la demanda De conformidad con el auto del 30 de noviembre del 2021 (documento 009_ED_04AutoAdmiteDema.Pdf, expediente Samai) el Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué, admitió la demanda ordenando notificar a la entidad.

Surtida la notificación a la Nación -Fiscalía General de la Nación, la entidad contestó la demanda en oportunidad, de la siguiente forma:

Nación – Fiscalía General de la Nación (documento 017_ED_12Contestacion20.Pdf, expediente Samai). Por conducto de apoderada judicial, la entidad contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que carecen de fundamentos

expediente Samai). Por conducto de apoderada judicial, la entidad contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que carecen de fundamentos fácticos y jurídicos, por que los actos demandados se limitaron a señalar el cumplimiento de un deber legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación a través del Decreto 382 de 2013, el cual está vigente, y es válido al ceñirse a la Constitución y a la ley. Manifestó que el medio de control de simple nulidad del artículo 137 de la Ley 1437 del 2011 o de nulidad y restablecimiento de derecho del artículo 138 de la misma ley, no son los medios idóneos para descalificar la actuación de la entidad, sino que se debió demandar la legalidad y constitucionalidad del Decreto No. 382 de 2013 mediante una acción de inconstitucionalidad.Sentencia 2ª instancia Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 73001-33-33-012-2019-00098-02

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Página 6 de 29 Propuso como excepciones las que denominó i. Constitucionalidad de la restricción del carácter salarial, alegando que si bien un pago laboral que percibe un trabajador público eventualmente puede categorizarse c omo salario, no necesariamente dicho emolumento de forma automática est á inmerso en la base de liquidación de las prestaciones sociales u otras retribuciones laborales que este perciba, pues puede darse una restricción legal y constitucional al carácter salarial de cada rubro ; ii. Prescripción de derechos laborales ; manifestan do que solo estarán vigentes los

prestaciones sociales u otras retribuciones laborales que este perciba, pues puede darse una restricción legal y constitucional al carácter salarial de cada rubro ; ii. Prescripción de derechos laborales ; manifestan do que solo estarán vigentes los derechos laborales que se hayan causado y sean exigibles desde 3 años de haberse hecho exigibles, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 y demás normas concordantes; iii. Cumplimiento de un deber legal, por cuanto la Fiscalía ha adelantado todas sus actuaciones en cumplimiento de sus deberes para el pago de los salarios y prestaciones sociales conforme lo establece la ley; iv. Cobro de lo no debido , debido a que la entidad da estricta aplicación a lo que en materia salarial y prestacional debe seguirse para los servidores públicos conforme a la Constitución y a la ley; v. Buena fe.

Sentencia apelada (documento 034SentenciadePr_120190009800BJantes.Pdf, expediente Samai). Es la proferida el 30 de septiembre del 2024 por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva , que resolvió: 1. Declarar no probadas las excepciones de i . Constitucionalidad de la restricción del carácter salarial; ii . Cumplimiento de un deber legal; iii. Cobro de lo no debido; y, iv. Buena fe; así como la de v. prescripción trienal de los derechos laborales, sólo respecto de la demandante Diana Patricia Cardona Díaz.

2. Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción trienal respecto de las diferencias salariales y prestacionales causadas respecto de los siguientes demandantes y con anterioridad a las fechas que siguen: Jairo Antonio Heredia

Cardona Díaz.

2. Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción trienal respecto de las diferencias salariales y prestacionales causadas respecto de los siguientes demandantes y con anterioridad a las fechas que siguen: Jairo Antonio Heredia Montaño, Nury Moreno Castillo, Jorge Yesid Ortiz Perdomo, Sandra Ximena Buriticá Trejos, Martha Juliana Martínez Beltrán y Lyda Amanda García López

(causadas con anterioridad al 7 de noviembre del 2015); José Duván Cuevas Bravo, Nancy González Muñoz, Diana Xiomara Rojas García, Fabio David Labrador Méndez, Luis Bernardo Coral Hernández, Arcinia Reyes , Diana Marcela Garzón Cuellar, Angélica María Portela Martínez y José Santos Rivera Conde (causadas con anterioridad al 15 de noviembre de 2015); Zeidy Jeaneth Izquierdo Vargas (causadas con anterioridad al 2 de noviembre del 2015); Ana Piedad Cortés Ospina (causadas con anterioridad al 14 de noviembre del 2015); Ovidio Guzmán Agudelo (causadas con anterioridad al 6 de noviembre del 2015); Joaquín Emilio Cartagena Pastrana (causadas con anterioridad al 13 de noviembre del 2015) y Juan Alberto Lugo López (causadas con anterioridad al 31 de octubre del 2015).

3. Inaplicar por inconstitucional e ilegal la expresión “…y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud…”, contenida en el inciso 1 del Decreto 382 del 2013.

4. Declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.

salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud…”, contenida en el inciso 1 del Decreto 382 del 2013.

4. Declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.

5. Ordenar a la parte demandada, a título de restablecimiento del derecho, en virtud de la Ley 4 de 1992 : a. Reliquidar y pagar a los señores Jairo Antonio Heredia Montaño, Nury Moreno Castillo , Jorge Yesid Ortiz Perdomo, Sandra Ximena Buriticá Trejos, Martha Juliana Martínez Beltrán y Lyda Amanda García López, todas las prestaciones sociales devengadas desde el 1 de enero del 2013, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial, con efectos fiscales a partir del 7 de noviembre del 2015 (Por prescripción trienal) y mientras perdure su vinculaciónSentencia 2ª instancia Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 73001-33-33-012-2019-00098-02

Demandante: Fabio David Labrador Méndez y otros

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Página 7 de 29 laboral con la entidad, cancelando las diferencias que se hayan generado con ocasión de la reliquidación; b. Reliquidar y pagar a los señores José Duván Cuevas Bravo, Nancy González Muñoz, Diana Xiomara Rojas García, Fabio David Labrador Méndez, Luis Bernardo Coral Hernández, Arcinia Reyes, Diana Marcela Garzón Cuellar y Angélica María Portela Martínez todas las prestaciones sociales devengadas desde el 1° de enero de 2013, incluyendo la bonificación judicial como

Méndez, Luis Bernardo Coral Hernández, Arcinia Reyes, Diana Marcela Garzón Cuellar y Angélica María Portela Martínez todas las prestaciones sociales devengadas desde el 1° de enero de 2013, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial; pero con efectos fiscales a partir del 15 de noviembre de 2015 (por prescripción tr ienal) y mientras perdure su vinculación laboral con la entidad; c . Reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales devengadas desde el 1 de enero del 2013 a los señores Zeidy Jeaneth Izquierdo Vargas (a partir del 2 de noviembre del 2015), Ana Piedad Cortés Ospina (a partir del 14 de noviembre del 2015), Ovidio Guzmán Agudelo (a partir del 6 de noviembre del 2015) y Joaquín Emilio Cartagena Pastrana (13 de noviembre de 2015) , todas las prestaciones sociales devengadas en las referidas fechas, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial por prescripción trienal mientras perdure su vinculación laboral con la Fiscalía General de la Nación , cancelando las diferencias que se hayan generado como consecuencia de la reliquidación, desde el 1 de enero de 2013; d) Reliquidar y pagar a Juan Alberto Lugo López (a partir del 15 de agosto del 2014) con efectos fiscales desde el 31 de octubre del 2015 por prescripción trienal incluyendo la bonificación judicial como carácter salarial y mientras pe rdure su vinculación laboral con la Fiscalía General de la Nación; e) Reliquidar y pagar a José Santos Rivera Conde (a partir del 1 de octubre del 2015) con efectos fiscales desde el 15 de

laboral con la Fiscalía General de la Nación; e) Reliquidar y pagar a José Santos Rivera Conde (a partir del 1 de octubre del 2015) con efectos fiscales desde el 15 de noviembre del 2015 por prescripción trienal incluyendo la bonificación judicial como carácter salarial y mientras perdure su vinculación laboral con la Fiscalía General de la Nación; f) Reliquidar y pagar a Diana Patricia Cardona Díaz (a partir del 1 de marzo del 2016) fecha pedida en sede judicial y mientras perdure su v inculación laboral con la demandada, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial.

6. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Destacó que de acuerdo con las decisiones judiciales del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se ha decidido inaplicar por inconstitucional e ilegal la frase “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” , contenida en el inciso 1 del artículo 1 de los Decretos 382, 383 y 384 de 2013 y demás normas que los modifiquen o sustituyan; con el fin de que la mencionada bonificación sirva de base salarial para liquidar las prestaciones sociales devengadas por los servidores destinatarios de las normas, a partir del 1 de enero de 2013, sin perjuicio de los efectos de la prescripción trienal.

Indicó que el Consejo de Estado, Sala de Conjueces, precisó que el Gobierno, con la expedición del Decreto 382 de 2013, desbordó la facultad reglamentaria conferida en la Ley 4 de 1992 al otorgarle a la bonificación judicial el carácter de factor salarial

expedición del Decreto 382 de 2013, desbordó la facultad reglamentaria conferida en la Ley 4 de 1992 al otorgarle a la bonificación judicial el carácter de factor salarial únicamente para cotizar a salud y pensión; porque tal restricción es de competencia del legislador, y porque la misma se devenga de manera continua, permanente y como contraprestación directa al trabajo, concluyendo que la bonificación judicial es factor salarial y debe computarse para liquidar las prestaciones sociale s que devenguen los servidores de la Rama Judicial.

El juez de primera instancia concluyó que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (que ordenó la nivelación salarial para todos los servidores de la Fiscalía General de la Nación y por el cual se profirió el Decreto 382 de 2013), no restringió ni l imitó el carácter prestacional de la bonificación judicial que devengan los servidores de la Fiscalía General de la Nación a partir del año 2013. De manera que,Sentencia 2ª instancia Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 73001-33-33-012-2019-00098-02

Demandante: Fabio David Labrador Méndez y otros

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Página 8 de 29 el ejecutivo se excedió en su facultad reglamentaria, al excluir la bonificación salarial para liquidar las prestaciones sociales.

De otra parte , señaló que c on independencia de que el reajuste con base en el IPC resulte porcentualmente menor al establecido anualmente para el caso de la asignación básica, la corrección monetaria adoptada con base en el IPC garantiza que se mantenga el poder adquisitivo del dinero devengado a título de bonificación

resulte porcentualmente menor al establecido anualmente para el caso de la asignación básica, la corrección monetaria adoptada con base en el IPC garantiza que se mantenga el poder adquisitivo del dinero devengado a título de bonificación judicial; con lo cual cumple la finalidad que pretende la demandante al solicitar el aludido incremento. Esa circunstancia, no lesiona los derechos labor ales de los demandantes, debido a que finalmente se aplica una corrección que permite mantener el poder adquisitivo, sin que se afecte garantía mínima alguna. Además, lo que se define es la naturaleza salarial que comporta la bonificación judicial, y no que esta sea equivalente o integrante de la asignación salarial, que, normativamente, tiene su propio mecanismo de reajuste.

Adujo que como la reliquidación de las prestaciones afecta los aportes pensionales que debieron efectuarse en su oportunidad, las di ferencias que se generen con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial desde el 1 de enero de 2013, deberán ser canceladas por la entidad demandada al fondo pensional correspondiente; y, de las sumas que resulten a favor de los demandan tes, igualmente, deberán realizarse los descuentos para el mismo efecto (Archivo pdf 021Sentencia de Pr_(…), del expediente SAMAI).

Recurso de apelación (Documento 035_MemorialWeb_RecursoApelaciónZeidyJeanPdf, expediente Samai). En desacuerdo con la decisión del juzgado de origen, el apoderado judicial de la Nación – Fiscalía General de la Nación apeló la sentencia, argumentando que el pronunciamiento desconoce que el Decreto 382 de 2013 está vigente y goza de plena validez, al en contrarse amparado en el principio de legalidad, además, se

Nación – Fiscalía General de la Nación apeló la sentencia, argumentando que el pronunciamiento