TA TOL - Sentencia 73001-33-33-009-2019-00446-02 (27-03-2025)

2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-009-2019-00446-02

Demandante: Claudia Patricia Barrero Toro

Contra: Nación – Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, 27 de marzo de dos mil veinticinco (2025).

RADICACIÓN NÚMERO: 73001-33-33-009-2019-00446-02

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Claudia Patricia Barrero Toro

DEMANDADO: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial.

REFERENCIA: Prima especial

La Sala de Decisión resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 11 de noviembre de 2022 , proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué dentro del proceso promovido por Claudia Patricia Barreto Toro en contra de la Nación – Rama Judicial.

ANTECEDENTES.

La demanda La demandante por conducto de apoderado judicial instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , con el fin de que se despachen las siguientes: Declaraciones y condenas (fls. 4 a 6 del documento 05Subsanacion, expediente Samai) como pretensiones solicitó: • Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No.

Declaraciones y condenas (fls. 4 a 6 del documento 05Subsanacion, expediente Samai) como pretensiones solicitó: • Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. DESAJIBO 18-2614 de 11 de septiembre de 2018, mediante el cual se negó a la demandante la reliquidación de sus prestaciones sociales y laborales, y el reconocimiento y pago de las diferencias salariales existentes entre lo liquidado hasta ahora por la administración con el 70% de su salario básico y la liquidación que resulte teniendo como base 100% de su salario básico, incluyendo el 30% de este, que la administración ha tomado como prima especial sin carácter salarial, como agregado o adición a la asignación básica prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. • Declarar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo de la entidad demandada, frente al recurso de apelación presentado por la demandante en contra del Oficio No. DESAJIBO 18-2614 de 11 de septiembre de 2018.

A título de restablecimiento del derecho.

1. Se reliquide y pague a la demandante en los siguientes periodos de tiempo: desde el 23 de noviembre de 2010 al 26 de noviembre de 2010; desde el 28 de2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-009-2019-00446-02

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febrero de 2011 hasta el 31 de marzo de 2011; desde el 7 de junio de 2011 al 17

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febrero de 2011 hasta el 31 de marzo de 2011; desde el 7 de junio de 2011 al 17 de junio de 2011; desde el 13 de enero de 2012 al 19 de enero de 2012; desde el 1 de octubre de 2012 hasta el 30 de septiembre del 2 014 y desde el 2 de octubre de 2014 hasta el 11 de febrero de 2016 y, en adelante , mientras permanezca vinculada y que por razón del cargo tenga derecho, todas sus prestaciones, vacaciones, primas, cesantías, seguridad social en salud y pensión, bonificaci ón por servicios y demás emolumentos laborales, presentes y futuros, basándose en el 100% de su remuneración básica mensual legal, incluyendo el 30% de su sueldo básico con carácter salarial, previamente denominado por la administración judicial como Prima Especial sin carácter salarial.

2. Se condene a la entidad a reconocer y pagar a la demandante los siguientes periodos de tiempo descritos, las diferencias salariales, laborales y prestacionales existentes entre lo liquidado hasta ahora por la administración judicial con el 70% de su remuneración mensual básica y el valor que resulte de reliquidar todas las prestaciones sociales y laborales que pueden ver incididos, que se hayan causado o que en el futuro se establezcan y causen, durante su vinculación como Juez.

3. Se reconozca y pague en los periodos determinados, la prima especial mensual sin carácter salarial, equivalente al 30% de su remuneración básica

durante su vinculación como Juez.

3. Se reconozca y pague en los periodos determinados, la prima especial mensual sin carácter salarial, equivalente al 30% de su remuneración básica como un incremento, adición o agregado al salario, que hasta ahora no le han reconocido ni cancelado, como un agregado, adición, incremento o sobresueldo a la remuneración mensual. Asimismo, el 30% del sueldo básico que hasta ahora no se le ha cancelado.

4. Que la entidad sea condenada a seguir liquidando y pagando al demandante todas sus prestaci ones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con base en el 100% de su remuneración básica mensual legalmente establecida, incluyendo el 30% de la asignación básica mensual, que hasta ahora no computa como salario, sino como prima especial sin c arácter salarial.

5. Lo anterior, previa inaplicación por inconstitucionalidad del artículo 6 del Decreto 3569 de 2003 y siguientes, solo en cuanto le restan el 30% del salario básico de los servidores judiciales, para llamarlo prima especial sin carácter salarial, condicionán dolos a que se interpreten en el entendido de que la prima legalmente establecida, se tenga como adición, incremento o agregado al salario.

6. Los valores contenidos deben ser indexados y actualizados, de acuerdo al índice de precios al consumidor y se deben reconocer intereses y dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del C. de P.A. y de lo C.A. y, se condene en costas a la entidad.

Hechos (fls. 6 a 11 del documento 05Subsanacion, expediente Samai). Como

de lo C.A. y, se condene en costas a la entidad.

Hechos (fls. 6 a 11 del documento 05Subsanacion, expediente Samai). Como circunstancias fácticas destacables, la parte activa en la demanda de manera sintetizada dispuso:

1. Claudia Patricia Barrero Toro se vinculó como juez quinta penal del circuito de Ibagué, entre el 23 de noviembre de 2010 y el 26 de noviembre de 2010; como juez quinta penal municipal con funciones de control de garantías de Ibagué entre el 28 de febrero de 2011 y el 31 de marzo de 2011; como juez octava penal municipal con funciones de control de garantías de Ibagué entre el 7 de junio de 2011 y el2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-009-2019-00446-02

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17 de junio de 2011; como juez promiscuo municipal de Alvarado entre el 13 de enero de 2012 y el 19 de enero de 2012; como juez doce penal municipal con funciones de conocimiento de Ibagué entre el 1 de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2014 y, entre el 2 de octubre de 2014 y el 10 de febrero de 2016.

2. Por medio del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el Congreso de la República de Colombia creó para los jueces y magistrados, entre otras autoridades judiciales, la prima especial sin carácter salarial, que el gobierno debía reglamentar sin ser

2. Por medio del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el Congreso de la República de Colombia creó para los jueces y magistrados, entre otras autoridades judiciales, la prima especial sin carácter salarial, que el gobierno debía reglamentar sin ser inferior al 30% ni superior al 60% de la remuneración básica mensual.

3. Expuso que durante la vinculación como Juez en los lapsos de tiempo ya determinados, la Rama Judicial le liquidó sus prestaciones sociales, prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, bonificación por servicios prestados y demás prestaciones sociales, laborales y emolumentos, con el 70% de su remuneración básica y no con el 100% de esta, sin incluir el 30% del salario básico, que ha tomado para darle el título de prima especial sin carácter salarial; debitándola o descontándola a la remuneración básica y en lugar de adicionar la prima al sueldo mensual, le restó a este el 30% de su carácter salarial y no conforme con ello, liquidó las prestaciones sobre el 70% del salario restante, acudiendo para ello a los decretos que establecen que el 30% de la remuneración básica, será prima especial sin carácter salarial.

4. A la demandante, la Administración Judicial tampoco le pagó su prima especial mensual sin carácter salarial, equivalente al 30% de su remuneración básica durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, y 2016 en adelante, pese a que la prima especial está debidamente creada por el art. 14 de la Ley 4 de 1992 con su naturaleza jurídica tradicional de ser una adición o un sobresueldo a la

la prima especial está debidamente creada por el art. 14 de la Ley 4 de 1992 con su naturaleza jurídica tradicional de ser una adición o un sobresueldo a la remuneración básica.

5. El 28 de agosto de 2018, por medio de derecho de petición a la administración Judicial de Ibagué, solicitó la reliquidación de todas sus prestaciones para que se las liquidara con el 100% de su remuneración básica mensual incluyendo en la base de liquidación el 30% de la asignación básica que le ha descontado a ésta para estipularla como prima especial sin carácter salarial, y el reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial, como valor agregado al salario, con las indexaciones que correspondan.

6. Mediante oficio DESAJIBO 18 -2614 del 11 de septiembre de 2018 la Administración Judicial negó la reliquidación solicitada y el pago, como valor adicional al salario, de la prima especial sin carácter salarial.

7. Mediante memorial radicado el 5 de octubre de 2018, la demandante presentó recurso de apelación contra el oficio DESAJIBO 18-2614 del 11 de septiembre de 2018, el cual no ha sido resuelto.

Normas violadas y concepto de la violación (Fls. 11 a 22 del documento 05Subsanacion, expediente Samai). Adujo como normas vulneradas los artículos 2 5, 53, 13, 5, 4, 1, 2 y 209 de la Constitución Política de Colombia; artículo 2 y 14 de la Ley 4 de 1992; numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996.

Constitución Política de Colombia; artículo 2 y 14 de la Ley 4 de 1992; numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996.

Refirió que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 se creó para los jueces y magistrados, la prima especial sin carácter salarial, que el gobierno debía reglamentar, sin ser2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-009-2019-00446-02

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inferior al 30% ni superior al 60% de la remuneración básica mensual. Reglamentada la Ley, mediante decretos anuales ha fijado la remuneración básica mensual y en general, el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial del poder público, cumpliendo con la parte específica de la distribución de atribuciones en esta materia. Aseguró que los actos administrativos demandadnos quebrantan normas y principios constitucionales que le son superiores, quebrantando manifiestamente el artículo 53 de la Constitución Política por cuanto desmejoran y reducen el salario y prestaciones de la demandante como funcionaria de la Rama Judicial, desconociendo los principios de progresividad, remuneración vital y móvil proporcional al trabajo y el de p rohibición de reducir sus garantías mínimas laborales.

Por último, citó jurisprudencia del Consejo de Estado refiriendo que, el texto que prevé que el 30% de la remuneración básica de los servidores judiciales que relaciona será prima especial sin carácter salarial, fue declarado inconstitucional e ilegal.

Contestación de la demanda

prevé que el 30% de la remuneración básica de los servidores judiciales que relaciona será prima especial sin carácter salarial, fue declarado inconstitucional e ilegal.

Contestación de la demanda De conformidad con el auto del 27 de noviembre de 2020 (documento 06AutoAdmisorio, expediente Samai) el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, admitió la demanda, ordenando notificar a la entidad.

Surtida la notificación a la Nación -Rama Judicial, de conformidad con lo ordenado en el auto en mención, el traslado de 30 días para contestar la demanda empezó a correr el 11 de febrero de 2021 y venció el 25 de marzo de 2021 (fl. 22 del documento 08TrasladoDeLasExpeciones, expediente Samai) , término durante el cual la entidad demandada se pronunció.

Nación – Rama Judicial (fls. 1 a 3 del documento 07ConstestacionDeLaDemanda, expediente Samai). Durante el término concedido, el apoderado del extremo pasivo contestó la demanda refiriendo que los hechos de la demanda no le constan, por lo que se atiene a lo probado en el proceso.

Como argumento defensivo se limitó a indicar que la prima especial para los cargos de Jueces y Magistrados no tienen el carácter salarial. Luego citó el artículo 230 de la Constitución política, concluyendo que los fallos judiciales no tienen la virtud de producir efectos generales frente a situaciones similares, y que no es viable incluir la prima especial de servicios sin carácter salarial en la liquidación y pago de prestaciones sociales.

producir efectos generales frente a situaciones similares, y que no es viable incluir la prima especial de servicios sin carácter salarial en la liquidación y pago de prestaciones sociales.

Por último, propuso como excepción la de prescripción, pero sin individualizar fechas, al igual que la innominada o genérica.

La sentencia apelada (documento 15Sentencia, expediente Samai) En sentencia del 11 de noviembre de 2022 , el Juzgado Primero Administrativo del Circuito resolvió: i) Inaplicar por inconstitucionalidad con efectos interpartes el artículo 8 del Decreto 194 de 2014, el artículo 4 del Decreto 1105 de 2015, el artículo 4 del Decreto 234 de 2016, artículo 4 del Decreto 1003 del 2017 y artículo 4 del Decreto 338 del 2018, artículo 4 del Decreto 997 de 2019 y artículo 4 del Decreto 301 de 2020; ii) Declarar la existencia del acto ficto negativo que se generó al omitir resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante el 5 de octubre de 2018, contra el oficio DESAJIBO 18 -2614 del 11 de septiembre de 2018; iii) Declarar probada de2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-009-2019-00446-02

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oficio la e xcepción de prescripción trienal respecto de las diferencias salariales y prestacionales causadas con anterioridad al 12 de junio de 2014 ; iv) Declarar la

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oficio la e xcepción de prescripción trienal respecto de las diferencias salariales y prestacionales causadas con anterioridad al 12 de junio de 2014 ; iv) Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el oficio DESAJIBO 18-2614 del 11 de septiembre de 2018, y en el acto ficto negativo que se generó al no resolver el recurso de apelación interpuesto el 5 de octubre de 2018; v) A título de restablecimiento del derecho, ordenó a la Nación – Rama Judicial:

a. Reconocer y pagar la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, sin carácter salarial, en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica mensual, entendida esta como un agregado o valor adicional a su asignación básica, en los periodos que fungió de manera interrumpida como Juez de la República no afectados por la prescripción extintiva declarada, esto es, en los lapsos del 12 de junio de 2014 al 30 de septiembre de 2014 y, del 2 de octubre de 2014 al 11 de febrero de 2016.

b. Reliquidar a la demandante todas las prestaciones sociales a que tenga derecho y, pagar las sumas que resulten como diferencias causadas en los periodos que fungió de manera interrumpida como Juez de la República no afectados por la prescripción extintiva declarada, esto es, entre los lapsos ya definidos, tomando como base para la liquidación el 100% de la asignación básica mensual legal, es decir, incluyendo el 30% que se había descontado por concepto de prima especial.

extintiva declarada, esto es, entre los lapsos ya definidos, tomando como base para la liquidación el 100% de la asignación básica mensual legal, es decir, incluyendo el 30% que se había descontado por concepto de prima especial.

c. A las sumas reconocidas deberán hacerse los descuentos de ley.

d. Las sumas resultantes de la condena, serán ajustadas en su valor de conformidad con el inciso final del artículo 187 del C . de P.A. y de lo C.A., aplicando para ello la fórmula matemática dispuesta por el Consejo de Estado y, devengarán intereses en los términos previstos en el inciso tercero del artículo 192 del C. de P.A. y de lo C.A.

1. denegar las demás pretensiones de la demanda y, vii. No condenar en costas.

Como fundamento de su decisión, expresó que, la prima especial fue vislumbrada por el Consejo de Estado en Sentencia de Unificación del 2 de septiembre de 2019, en la que determinó de manera vinculante que la natu raleza y alcance de la prima especial es la de ser un incremento o adición a la asignación básica, lo que en efectos prácticos significa que la forma adecuada de calcular la prima especial es tomar como tal el 30% del 100% del salario, conforme lo demanda n los principios constitucionales de progresividad, favorabilidad y no regresividad y, no reputar el 30% del salario por concepto de prima especial.

Por último, determinó que en el presente caso se presentó solicitud el 12 de junio de 2017 de reconocimiento y pago de la prima especial, por lo que encontró configurada parcialmente la prescripción extintiva sobre las acreencias causadas anteriores a la

Por último, determinó que en el presente caso se presentó solicitud el 12 de junio de 2017 de reconocimiento y pago de la prima especial, por lo que encontró configurada parcialmente la prescripción extintiva sobre las acreencias causadas anteriores a la interrupción de la prescripción, que se efectuó con la solicitud dirigida, es decir, todas aquellas anterio res al 12 de junio de 2017, pues sobre aquellas recae las consecuencias negativas de su no oportuna reclamación, siendo esta la petición más favorable al trabajador y no la del 28 de agosto de 2018.

La apelación (Documento 18RecursoApelacionRamaJudicial, expediente Samai). El apoderado judicial de la Nación – Rama Judicial, en desacuerdo con la decisión del juzgado de origen, interpuso recurso de apelación. Argumentó que por expreso mandato legal, la Bonificación Judicial co nstituye factor salarial únicamente para2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-009-2019-00446-02

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efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Añadió que, sobre el carácter salarial o no de algunos emolumentos derivados de la relación laboral legal y reglamentaria de los servidores judiciales, en diferentes sentencias los máximos órganos de cierre en la jurisdicción constitucional y de lo contencioso administrativo, han plasmado su posición de ratificar la potestad que tiene el leg islador, por mandato constitucional, de disponer que determinados

sentencias los máximos órganos de cierre en la jurisdicción constitucional y de lo contencioso administrativo, han plasmado su posición de ratificar la potestad que tiene el leg islador, por mandato constitucional, de disponer que determinados conceptos salariales se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor público, sin que ello implique omisión o un incorrecto desarrollo de los deberes, para ello, citó lo expuesto sobre la expresión “sin carácter salarial” del fallo C-279 de 1996.

Así, solicitó se revoque el fallo apelado.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto de sustanciación del 27 de febrero de 2025 (documento …, expediente Samai) se admitió el recurso de apelación; y se ordenó que una vez esté ejecutoriada la decisión, ingresara el proceso para proferir sentencia.

Alegatos de conclusión. De la parte demandante. Guardó silencio.

De la parte demandada. Guardó silencio.

Ministerio público. No presentó concepto.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL La competencia. Este tribunal es competente para conocer de la presente apelación de conformidad con los artículos 104 -Inc. 1.-, 153 y 243 del C. de P. A. y de lo C.A; pues se cuestiona una sentencia proferida por un Juez del Circuito Administrativo en la que es parte una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Problema jurídico. El quid del asunto, conforme a la sentencia impugnada y al recurso interpuesto, se

una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Problema jurídico. El quid del asunto, conforme a la sentencia impugnada y al recurso interpuesto, se centra en determinar si la demandante tiene derecho a la reliquidación, reconocimiento y pago de la Prima Especial establecida en la Ley 4 d e 1992 como valor adicional a su salario, así como a la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos que han incidido en la liquidación de sus prestaciones con el 70% de su remuneración básica mensual en lugar del 100% correspondiente.

Límites de la apelación. I.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-009-2019-00446-02

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Pasa la Sala, a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del 11 de noviembre de 2022, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, en tanto solo le está dado al ad quem pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos al fallo, sin que se pueda infiltrar en el estudio de tópicos que no fueron debatidos por el o los recurrentes, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado1.

Así las cosas, es claro que la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe

circunscrita a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (esto último, en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.

Aunado a lo anterior, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa3 reiteró que la apelación se encuentra limitada a los aspectos

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Demandante: Ana Grego ria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la administración de justicia / Error Jurisdiccional.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 17001-2331000-2002-01526-01(37533), Demandante: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: NaciónMinisterio de Defensa - Ejercito Nacional, Asunto: Recurso de apelación – Limites y competencia del juez de segunda instancia.

Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, Asunto: Recurso de apelación – Limites y competencia del juez de segunda instancia.

Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Demandante: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Asunto: Recurso de apelación – procedencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Cons ejero Ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO; Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Radicación número 25000 -23-27-000-200700024-01 (17272), Demandante: Hospital Universitario Clínica San Rafael, Demandado: Dirección Distrital de Impuestos – Secretaría de Hacienda Distrital, Asunto: Recurso de apelación – Objeto / Sustentación del recurso de apelación – Sirve al ad quem para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de primera instancia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ; Sentencia del 26 de enero de 2011, Radicación número: 25000 -23-26-000-1997-13804 (19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y

FAJARDO GÓMEZ; Sentencia del 26 de enero de 2011, Radicación número: 25000 -23-26-000-1997-13804 (19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, Asunto: Recluso – Muerte en centro penitenciario / Detención preventiva – Presunción de inocencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ; Sentencia del 7 de diciembre de 2017, Radicación número: 08001 -2331-000-2009-01122-01, Demandante: Seguros del Estado S.A Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, Demandado: Seguros del Estado S.A, Asunto: Recurso de apelación – Límites.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencios o Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; Sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 - 2324-000-2007-90177-01, Demandante: Alexander Méndez Mendoza, Demandado: Concejo de Bogotá D.C., Asunto: Acto que ha perdido fuerza ejecutoria.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN; Sentencia del 16 de agosto de 2022, Radicación número 73001-23-00000-2008-00587-01 (52803), Demandante: Esperanza Beltrán Ibáñez, Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué, Referencia: Reparación directa – apelación de sentencia, Asunto: Responsabilidad del Estado / Error Judicial -Carga de sustentación material para que pueda habilitarse la competencia del superior / Teoría general de los recursos.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-009-2019-00446-02

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indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a t ravés de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones , para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Finalmente, estableció que, como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista congruencia entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so pena de que no se pueda analizar la alzada”.

II. Por la forma como se activó el asunto y como se contestó la demanda, es dable entender que se aceptaron las estipulaciones probatorias; por lo tanto, este asunto es de puro derecho y las pruebas vertidas sirven para resolver el asunto.

III. Por otro lado, se tiene: Excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad

de puro derecho y las pruebas vertidas sirven para resolver el asunto.

III. Por otro lado, se tiene: Excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad A partir de los artículos 4, 29, 209 de la Carta4, se reconoce a favor de la Jurisdicción Especializada de lo Contencioso Administrativo 5 la facultad de imponer para un caso concreto la inaplicación de una norma general por la vía de la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad6, porque las normas de inferior rango que resulten contradictorias a aquellas otras a las cuales por disposi ción constitucional deben subordinarse a la Constitución, garantiza la vigencia del principio de legalidad; la técnica jurídica precisa, si la incompatibilidad se da entre una norma de inferior jerarquía y la Constitución, la figura asume la nominación de “excepción de inconstitucionalidad”, y si tal incompatibilidad se da con otra norma diferente a la Constitución, la nominación es la de “excepción de ilegalidad” 7.

4 Sentencia C-037-00. Referencia: expediente D-2441, demanda de inconstitucionalidad de Ramón Esteban Laborde Rubio en contra del artículo 240 de la Ley 4 de 1913 de 26 de enero de 20 00, Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa; Sentencia del 26 de enero de 2006, Asunto: excepción de ilegalidad en el marco de la Constitución Política – aplicación o invocación no es general.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: GERMÁN

la Constitución Política – aplicación o invocación no es general.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR; proferida el 15 de julio de 2004, Radicación número: 25000-23-26-000-200201834-01 (AP), Actor: José Ignacio Arias y Otros, Demandado: La Nación - Ministerio de Comunicaciones y Otros, Referencia: Acción Popular.

6 Artículo 148 del Código de Procedimiento Admini