TA TOL - Sentencia 73001-33-33-009-2019-00254-01 (27-03-2025)

2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-009-2019-00254-01

Demandante: Fredy Alexey Hernández Rivera

Contra: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, 27 marzo de dos mil veinticinco (2025).

RADICACIÓN NÚMERO: 73001-33-33-009-2019-00254-01

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Freddy Alexey Hernández Rivera

DEMANDADO: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional REFERENCIA: Apelación sentencia - Contrato realidad

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 20 de abril de 2022 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué , dentro del proceso promovido por Freddy Alexey Hernández Rivera, en contra de la Nación – Ministerio de DefensaEjército Nacional.

ANTECEDENTES.

La demanda El demandante por conducto de apoderad o judicial instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional, con el fin de que se despachen las siguientes: - Declaraciones y condenas (fls. 3 a 5 del documento 01CuadernoPrincipal1.pdf, expediente Samai) como pretensiones solicitó:

Defensa Ejército Nacional, con el fin de que se despachen las siguientes: - Declaraciones y condenas (fls. 3 a 5 del documento 01CuadernoPrincipal1.pdf, expediente Samai) como pretensiones solicitó: Declarar la nulidad del oficio No. 0334/MDNCOGFM-COEJC-SECEJ-JEMGFCOLOG-DIADQ-CADCO-CENACTOL-CTTTO-29-28 del 4 de febrero de 201 9 mediante el cual, el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, negó la existencia de un vínculo laboral y, se abst uvo de reconocer y pagar las prestaciones sociales, acreencias laborales y demás indemnizaciones por la relación laboral ejecutada.

A título de restablecimiento del derecho. Se declare que existió de forma ininterrumpida desde el 7 de enero de 2016 hasta el 3 de diciembre de 2017 una relación laboral entre el demandante y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

Que el vínculo laboral se terminó de forma unilateral y sin justa causa por parte del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

Que el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional adeuda al demandante las siguientes prestaciones sociales: cesantías, intereses a las cesan tías, prima de servicios, vacaciones, dotaciones, indemnización por terminación injusta del vínculo2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-009-2019-00254-01

Demandante: Fredy Alexey Hernández Rivera

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laboral, sanción por la no consignación oportuna de las cesantías, indemnización moratoria y demás pagos adeudados.

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laboral, sanción por la no consignación oportuna de las cesantías, indemnización moratoria y demás pagos adeudados.

Que la entidad se encuentra en mora por el no pago de las acreencias laborales y, en consecuencia, se condene a la entidad a que pague la indemnización moratoria a la que hay lugar.

Que el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional no consignó las cesantías correspondientes de los años 2016 y 2017, en consecuencia, que se condene a la entidad a pagar la correspondiente sanción.

Se ordene a la entidad a pagar la indexación de las sumas adeudas de conformidad con la formula R = RH Índice Final, y, se condene a dar cumplimiento a la sentencia y al pago de costas.

Hechos (fls. 5 a 9 del documento 01CuadernoPrincipal1.pdf, expediente Samai). Como circunstancias fácticas destacables, la parte activa en la demanda señaló: Freddy Alexey Hernández Rivera trabajó en el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional como auxiliar de enfermería desde el 7 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017, a través de diversos contratos de prestación de servicio. Durante este período, su jornada laboral se extendía de lunes a domingo, con horarios de 6:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. por su trabajo, recibía una asignación mensual de $1.113.200.

Indicó que sus funciones se desarrollaban en el área general del dispensario médico

a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. por su trabajo, recibía una asignación mensual de $1.113.200.

Indicó que sus funciones se desarrollaban en el área general del dispensario médico de Tolemaida y se ejecutaban conforme a las órdenes emitidas por los superiores que en todos los casos eran funcionarios de dicho dispensario. Asimismo, señaló que el 19 de febrero de 2016, durante sus labores como auxiliar de enfermería, sufrió un accidente de trabajo mientras transportaban a un paciente en ambulancia. A raíz de este incidente, solicitó un traslado a la ciudad de Ibagué , para poder recibir el tratamiento necesario y continuar desempeñando sus funciones. Esta solicitud fue atendida favorablemente por el director del dispensario médico del fuerte militar en Tolemaida, quien lo asignó al establecimiento de sanidad militar No. 5175, ubicado en la ciudad de Ibagué y, después de aprobar todos los exámenes de conocimiento, ingresó a laborar en agosto de 2017 con la entidad.

Acusó que el 14 de diciembre de 2017 fue informado de que no se le renovaría el contrato para continuar sus labores al servicio del Ejército Nacional en el año 2018, debido a un recorte de personal. Esta decisión fue tomada sin tener en cuenta su condición de salud. Como consecuencia, el 31 de diciembre de 2017, el Director de Sanidad Militar No. 5175 dio por terminado unilateralmente el contrato.

Finalmente, señaló que, al término de su relación laboral, no le fueron canceladas las prestaciones sociales. Por esta razón, el 5 de octubre de 2018 presentó una reclamación administrativa solicitando el reconocimiento de la existencia del

Finalmente, señaló que, al término de su relación laboral, no le fueron canceladas las prestaciones sociales. Por esta razón, el 5 de octubre de 2018 presentó una reclamación administrativa solicitando el reconocimiento de la existencia del vínculo laboral y el pago de las prestaciones sociales adeudadas. La entidad respondió a través del oficio No. 0334/MDNCOGFM -COEJC-SECEJ-JEMGFCOLOG-DIADQ-CADCO-CENACTOL-CTTTO-29-28 del 4 de febrero de 2019, negando la existencia de un vínculo laboral y rechazando el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, acreencias laborales y demás indemnizaciones.

Normas violadas y concepto de la violación (fl. 9 del documento 01CuadernoPrincipal1.pdf, expediente Samai).2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-009-2019-00254-01

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Adujo como normas quebrantadas el preámbulo y los artículos 1, 2, 3, 6, 13 y 53 de la Constitución Política, la Ley 50 de 1990 y, 80 de 1993 artículo 32 numeral 3.

Argumentó que le fue vulnerado el principio constitucional consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, en particular el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, que ordena que en las relaciones laborales prevalezca la situación de hecho sobre lo establecido formalmente. En ese sentido, indicando que, en el caso concreto, la realidad fáctica de las actividades y funciones

realidad sobre las formalidades, que ordena que en las relaciones laborales prevalezca la situación de hecho sobre lo establecido formalmente. En ese sentido, indicando que, en el caso concreto, la realidad fáctica de las actividades y funciones desempeñadas por el demandante demuestra inequívocamente la existencia de una verdadera relación laboral, caracterizada por la subordinación y dependencia, en clara contradicción con el contrato de prestación de servicios formalmente suscrito entre las partes. Dicho contrato, según se alegó, no refleja la verdade ra naturaleza de la relación existente, sino que constituye un mecanismo para encubrir una relación laboral que en los hechos está plenamente configurada.

Contestación de la demanda De conformidad con el auto del 15 de julio de 20 19 (fls. 103 a 104 documento01CuadernoPrincipal1.pdf, expediente Samai) el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, admitió la demanda ordenando notificar a la entidad demandada; surtido el traslado a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional , de conformidad con lo ordenado en el auto mencionado, el término corrió del 3 de febrero de 2020 al 13 de marzo de 2020 (fls. 169 documento 01CuadernoPrincipal1.pdf, expediente Samai) durante el término procesal se aportó escritos así:

Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (fls. 122 a 137 del documento 01CuadernoPrincipal1.pdf, expediente Samai). El extremo demandado contestó oponiéndose a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Esgrimió como fundamentos en su defensa que,

01CuadernoPrincipal1.pdf, expediente Samai). El extremo demandado contestó oponiéndose a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Esgrimió como fundamentos en su defensa que, el vínculo del demandante con el Ejército Nacional fue mediante contratos u órdenes de prestación de servicios y no mediante contrato laboral, por ello, no reconoció prestaciones o cualquier otro derecho reclamado derivado de sus servicios cumplidos en actividades, pues la naturaleza de su vinculación no corresponde a la de un funcionario público.

Por otro lado, señaló que no se puede declarar la existencia de un vínculo laboral, ya que el contratista siempre mantuvo autonomía en la ejecución de las actividades para las que fue contratado ; en este sentido, en ningún momento se configuró el elemento de subordinación. Por lo tanto, la jornada laboral establecida para el desarrollo de sus actividades responde a una coordinación entre contratante y contratista, en la cual el contratista acepta ciertas condiciones necesarias para llevar a cabo de manera eficiente la actividad delegada, sin que esto implique estar bajo la subordinación de un superior.

Propuso como excepciones las que denominó: i. Inepta demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, toda vez que no se agostó la conciliación extrajudicial ; ii. Inexistencia de la relación laboral , contrato de prestación de servicios – ausencia de vinculación laboral, atendiendo a que el contratista no laboró en las mismas condiciones que un servidor público ; iii. Genérica e iv. Inexistencia de prueba del vínculo laboral, en la que indicó que el demandante suscribió varios contratos en la modalidad de prestación de servicios y que en ningún momento estuvo sujeto a las mismas condiciones que un servidor de

Genérica e iv. Inexistencia de prueba del vínculo laboral, en la que indicó que el demandante suscribió varios contratos en la modalidad de prestación de servicios y que en ningún momento estuvo sujeto a las mismas condiciones que un servidor de planta.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-009-2019-00254-01

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La sentencia apelada (documento 51_ED_42Sentencia.pdf, expediente Samai). Mediante fallo proferido el 20 de abril de 2022, el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, resolvió:

1. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. 0334/MDNCOGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCOCENACTOL-CTTTO-29-28, expedido el 4 de febrero de 2019.

2. Reconocer la existencia de una relación laboral entre el demandante, Freddy Alexey Hernández Rivera, y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en virtud de la prestación personal de servicios como auxiliar de enfermería.

3. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad demandada que reconozca, liquide y pagu e al demandante las prestaciones sociales correspondientes al cargo de auxiliar de enfermería de planta, considerando que la relación laboral se configuró por la prestación de servicios realizada desde el 7 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017 , descontándose los periodos de interrupción.

que la relación laboral se configuró por la prestación de servicios realizada desde el 7 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017 , descontándose los periodos de interrupción.

Para sustentar esta decisión, constató que el demandante ejecutó sus funciones bajo continua subordinación, lo que se evidenció al tener la obligación de presentarse personalmente, utilizar las instalaciones de la entidad, cumplir con horarios estrictos e inmodificables y acatar de forma permanente las órdenes de sus superiores. Asimismo, se probó que la labor desempeñada era esencial para el objeto misional de la entidad y era comparable a la de los auxiliares de enfermería de planta, lo que, conforme a la doctrina y la jurisprudencia aplicable, descartó la existencia de una mera contratación por prestación de servicios.

En consecuencia, al configurarse la subordinación efectiva, la contratación no pudo entenderse como de naturaleza meramente civil, debiendo reconocerse la verdadera relación laboral y, en consecuencia, declararse la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento de los derechos laborales y las prestaciones inherentes al cargo.

La apelación (documento 53_ED_44APELACIONAPEJERCIT, expediente Samai). La apoderada judicial de la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 20 de abril de 2022, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, con el objeto de que se revoque la decisión y, en su lugar, se denieguen las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, citó en extenso los fundamentos expuestos por la Juez de primera instancia. Posteriormente, argumentó que, a part ir del análisis conjunto de las

se denieguen las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, citó en extenso los fundamentos expuestos por la Juez de primera instancia. Posteriormente, argumentó que, a part ir del análisis conjunto de las pruebas aportadas , se puede concluir que el demandante ejerció su labor como auxiliar de enfermería bajo un contrato de prestación de servicios y que, si bien se establecieron turnos y condiciones para el desempeño de sus fu nciones, ello no implica que haya trabajado en las mismas condiciones que un servidor de planta. Enfatizó que la entidad demandada, debido a su objeto misional, debe establecer turnos para garantizar la atención de los usuarios, lo cual no puede confundirse con la existencia de subordinación, pues dicha actividad corresponde a una coordinación de funciones propia del desarrollo de los contratos de prestación de servicios en el sector salud.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-009-2019-00254-01

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Resaltó que la relación entre contratante y contratista no configu raba una relación laboral, ya que el demandante actuaba con plena autonomía en la ejecución de las actividades encomendadas. Precisó que el cumplimiento de horarios, la recepción de instrucciones o la entrega de informes de resultados no desvirtúan la independencia del contratista ni configuran el elemento de subordinación propio de una relación laboral. Indicó que el demandante ejecutaba actividades coordinadas con la entidad, pero sin estar sometido a órdenes directas que limitaran su autonomía profesional.

Asimismo, destacó que el contrato suscrito se enmarcó dentro de la Ley 80 de 1993

con la entidad, pero sin estar sometido a órdenes directas que limitaran su autonomía profesional.

Asimismo, destacó que el contrato suscrito se enmarcó dentro de la Ley 80 de 1993 y demás normativas aplicables, reiterando que se trataba de un contrato de prestación de servicios en el que se pactaron cláusulas propias de la contratación administrativa, tales como la caducidad, multas pecuniarias y la modificación unilateral. Por lo tanto, sostuvo que la naturaleza contractual de la relación no podía ser desconocida, ni podía concluirse que existía una relación laboral encubierta.

Por últ imo, reiteró que no existía prueba que desvirtuara la autonomía del contratista ni que acreditara la subordinación necesaria para declarar la existencia de un contrato realidad. En consecuencia, solicitó la revocación de la sentencia y la denegación de las pretensiones de la demanda.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante aut o de sustanciación del 1 de junio de 2022 (documento, 005_AutoAdmiteApelación.pdf, expediente Samai) se admitió el recurso de apelación, y se ordenó que, una vez ejecutoriada la decisión, ingresara el proceso para proferir sentencia.

Alegatos de conclusión De la parte demandante Guardó silencio.

De la parte demandada Guardó silencio.

Ministerio público. No presentó concepto.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL La competencia. Este tribunal es competente para conocer de la presente apelación de conformidad

De la parte demandada Guardó silencio.

Ministerio público. No presentó concepto.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL La competencia. Este tribunal es competente para conocer de la presente apelación de conformidad con los artículos 104 -Inc. 1º.-, 153 y 243 del C. de P. A. y de lo C.A.; pues se cuestiona una sentencia proferida por un Juez del Circuito Administrativo de Ibagué en la que es parte una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Considera la Sala que el medio de control de Nulidad y restablecimiento del derecho instaurado (artículo 138 ibidem) es el procedente, toda vez que por esta vía se pretende la declaratoria de nulidad de un acto administrativo que resuelve la petición de existencia de una relación laboral de derecho público, el reconocimiento2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-009-2019-00254-01

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y pago de acreencias laborales.

Problema jurídico. El quid del asunto de conformidad con la sentencia apelada y el recurso impetrado se concreta en establecer , si la decisión conforme a la cual se accedió a las pretensiones de la demanda se encuentra ajustada a derecho, o si, por el contrario, entre el señor Freddy Alexey Hernández y el Ejército Nacional no se configuró una verdadera relación laboral, correspondiendo su vinculación, en efecto, a un contrato de prestación de servicios debido a la ausencia del elemento de subordinación, tal y como lo expresó la entidad en su recurso.

verdadera relación laboral, correspondiendo su vinculación, en efecto, a un contrato de prestación de servicios debido a la ausencia del elemento de subordinación, tal y como lo expresó la entidad en su recurso.

Límites de la apelación. Pasa la Sala, a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del 20 abril de 202 2, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué , en tanto solo le está dado al ad quem pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos al fallo, sin que se pueda infiltrar en el estudio de tópicos que no fueron debatidos por el o los recurrentes, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado1:

Así las cosas, es claro que la comp etencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (esto último, en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución),

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Demandante: Ana Gregoria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la administración de justicia / Error Jurisdiccional.

Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la administración de justicia / Error

Jurisdiccional.

Consejo de Estado, S ala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 17001-2331000-2002-01526-01(37533), Demandante: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, D emandado: NaciónMinisterio de Defensa - Ejército Nacional, Asunto: Recurso de apelación – Limites y competencia del juez de segunda instancia.

Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Demandante: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Asunto: Recurso de apelación – procedencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO; Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Radicación número 25000 -23-27-000-200700024-01 (17272), Demandante: Hospital Universitario Clínica San Rafael, Demandado: Dirección Distrital de Impuestos – Secretaría de Hacienda Distrital, Asunto: Recurso de apelación – Objeto / Sustentación del recurso

00024-01 (17272), Demandante: Hospital Universitario Clínica San Rafael, Demandado: Dirección Distrital de Impuestos – Secretaría de Hacienda Distrital, Asunto: Recurso de apelación – Objeto / Sustentación del recurso de apelación – Sirve al ad quem para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de primera instancia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ; Sentencia del 26 de enero de 2011, Radicación número: 25000 -23-26-000-1997-13804 (19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, Asunto: Recluso – Muerte en centro penitenciario / Detención preventiva – Presunción de inocencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ; Sentencia del 7 de diciembre de 2017, Radicación número: 08001 -2331-000-2009-01122-01, Demandante: Seguros del Estado S.A Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, Demandado: Seguros del Estado S.A, Asunto: Recurso de apelación – Límites.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-009-2019-00254-01

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así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.

Demandante: Fredy Alexey Hernández Rivera

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así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.

Aunado a lo anterior, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa3 reiteró que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ant e la segunda instancia. Finalmente, estableció que, como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista congruencia entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so pena de que no se pueda analizar la alzada”.

Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso. Del principio de primacía de la realidad sobre las formas 1. La Constitución Política de 1991, en su artículo 53 consagra el principio de la «primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales», como una garantía de los trabajadores a que se reconozca su relación laboral más allá de las condiciones que formalmente se hayan pactado.

En ese sentido, las Cortes han protegido relaciones jurídicas que involucran derechos constitucionales laborales, ya sea en relaciones formales o informales ; y

condiciones que formalmente se hayan pactado.

En ese sentido, las Cortes han protegido relaciones jurídicas que involucran derechos constitucionales laborales, ya sea en relaciones formales o informales ; y especialmente i. los derechos laborales formalmente reconocidos, ii. en “contratos realidad” por incorporar derechos laborales constitucionales, así no se trate de contratos llamados laborales por la legislación 4, precisamente por la textura abierta y la especial naturaleza del trabajo y su protección constitucional5, la cual no implica exclusivamente la defensa de los derechos de los trabajadores “dependientes”, sino también la efectividad de su ejercicio “autónomo”6.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; Sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 250002324-000-2007-90177-01, Demandante: Alexander Méndez Mendoza, Demandado: Concejo de Bogotá D.C., Asunto: Acto que ha perdido fuerza ejecutoria.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN; Sentencia del 16 de agosto de 2022, Radicación número 73001-23-00000-2008-00587-01 (52803), Demandante: Esperanza Beltrán Ibáñez, Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué, Referencia: Reparación directa – apelación de sentencia, Asunto: Responsabilidad del Estado / Error Judicial -Carga de sustentación material para que pueda habilitarse la competencia del superior / Teoría general de los recursos.

Municipio de Ibagué, Referencia: Reparación directa – apelación de sentencia, Asunto: Responsabilidad del Estado / Error Judicial -Carga de sustentación material para que pueda habilitarse la competencia del superior / Teoría general de los recursos.

4 Como ocurre en ciertas circunstancias en los contratos de pre stación de servicios y las órdenes de servicio, entre otros.

5 Sentencia C-614-09. Referencia: expediente D -8666, Demanda de inconstitucionalidad de Yesid Hernan Camacho Jimenez contra el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011 “Por medio de la cual reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud”, Magistrado ponente: Luis Ernesto Vargas Silva; Sentencia del 7 de marzo de 2011, Tema: Potestad de contratación otorgada a las Empresas Sociales del Estado para operar mediante terceros.

6 Sentencia C-614-09. Referencia: expediente D-7615, Demanda de inconstitucionalidad de María Fernanda Orozco Tous contra el artículo 2 (parcial) del Decreto Ley 2400 de 1968, modificado por el artículo 1 (parcial) del Decreto Ley 3074 de 1968 “Por medio de la cual se modifica y adiciona el decreto número 2400 de 1968”, Magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Sentencia del 2 de septiembre de 2009, Tema: Contrato de Prestación de Servicios.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-009-2019-00254-01

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En esa perspectiva es punto de axioma entender7, que el nombre que se le dé a un

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En esa perspectiva es punto de axioma entender7, que el nombre que se le dé a un contrato no es lo importante; lo crucial es el contenido de la relación laboral. Se considera una relación de trabajo si: i) se prestan servicios personales, ii) hay subordinación con horarios o directrices impuestas al trabajador, y iii) existe una remuneración económica. En cambio, una relación contractual regida por la Ley 80 de 1993 se da cuando: a) el servicio prestado está relacionado con la administración o func ionamiento de una entidad pública, b) no hay subordinación ya que el contratista es autónomo, c) se acuerdan honorarios, y 4) la labor no puede ser realizada por el personal de planta o requiere conocimientos especializados. Esto se aplica en situaciones d onde la entidad necesita realizar trabajos ocasionales, extraordinarios o que superan temporalmente su capacidad operativa, evitando así que se confunda con una relación laboral permanente.

En consecuencia, se advierte que la finalidad es la de exigir al legislador la materialización uniforme, en los distintos regímenes, de los principios mínimos sustantivos que protegen a los trabajadores. En consecuencia, toda relación jurídica que implique conductas o actividades laborales, incluidas, aquellas donde el Estado es el empleador, deberá ser analizada con base en dichos principios y bajo una perspectiva ampliamente garantista.

A su turno, el Código Sustantivo del Trabajo en sus artículos 23 y 24 estableció los elementos para estructurar una relación laboral en los siguientes términos: i) La actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia «del

A su turno, el Código Sustantivo del Trabajo en sus artículos 23 y 24 estableció los elementos para estructurar una relación laboral en los siguientes términos: i) La actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia «del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacio