TA TOL - Sentencia 73001-33-33-003-2023-00056-01 (13-03-2025)

Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Vivian Lizeth Camargo Montiel Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 73001-33-33-003-2023-00056-01

Demandante: Vivian Lizeth Camargo Montiel

Apoderado: Jonathan Velásquez Sepúlveda

Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial.

Apoderado: Natalia Saiz Botero

Tema: Bonificación Judicial

La Sala de Decisión resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 23 de febrero del 2024, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué , mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES La Demanda. (Documento 3_ED_DemandaPo_003202300056Dema.Pdf, expediente digital). La demandante por conducto de apoderad o judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho previsto en el artículo 138 del C.

La Demanda. (Documento 3_ED_DemandaPo_003202300056Dema.Pdf, expediente digital). La demandante por conducto de apoderad o judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho previsto en el artículo 138 del C. de P.A. y de lo C.A. promovió demanda contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se despachen las siguientes:

Declaraciones y condenas (Fls. 4 a 5 , documento 3_ED_DemandaPo_003202300056Dema.Pdf, expediente digital).

Como pretensiones solicitó:

1. Declarar la nulidad del Oficio No. DESAJIBO 22-1159 del 16 de noviembre del 2022 , por medio de la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, denegó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. RH6490 del 15 de diciembre del 2022, expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con ocasión del recurso de apelación interpuesto el 18 de noviembre del 2022 con el Acto Administrativo antes referenciado.

A título de restablecimiento del derecho

1. Que se declare la inaplicabilidad por excepción de inconstitucionalidad, respecto a los artículos 1 del Decreto 383 de 2013, en especial el aparte delSentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01

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artículo 1° en cuanto a la frase “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, por ser violatorio de algunas normas de carácter superior; modificado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 384 de 2013, 342 de 2020, 986 de 2021 y 471 de 2022.

2. Se reconozca la bonificación judicial como factor salarial para liquidar todas las prestaciones sociales devengadas y las que se causen a futuro.

3. Se condene a la entidad demandada a pagar con efecto retroactivo la suma que resulte como diferencia de la reliquidación de las prestaciones sociales devengadas por ella con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, desde el 3 de marzo del 2022 hasta que se haga efectivo el pago.

4. Que las sumas que resulten a favor de la demandante sean debidamente indexadas de acuerdo al IPC, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

5. Se condene a la demandada a que cancele a la demandante los intereses que se generen a partir de la fecha de la sentencia, conforme a los artículos 192 y 195 del C. de P.A y de lo C.A.

5. Se condene a la demandada a que cancele a la demandante los intereses que se generen a partir de la fecha de la sentencia, conforme a los artículos 192 y 195 del C. de P.A y de lo C.A.

Hechos. (Fls 3 a 4, documento 3_ED_DemandaPo_003202300056Dema.Pdf, expediente digital). Como circunstancias fácticas destacables, la parte activa en la demanda de manera sintetizada dispuso:

1. La demandante se encuentra vinculad a a la Rama Judicial en la seccional de Administración Judicial de Ibagué, desempeñando los siguientes cargos: • Asistente Administrativo : Desde el 3 de marzo del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022. • Asistente Administrativo: Desde el 2 de enero del 2023 hasta la fecha.

2. El 31 de octubre del 2022, la demandante presentó la reclamación administrativa en la que solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, creada mediante Decreto 383 de 2013, para reliquidar todas las prestaciones devengadas y las que se causen a futuro, percibidas desde el 3 de marzo del 2022, junto con los demás emolumentos a los cuales tiene derecho la demandante.

3. A través de Oficio No. DESAJIBO22-1159 del 16 de noviembre del 2022, la entidad demandada negó las peticiones solicitadas, al considerar que la entidad como autoridad administrativa están sometidos al imperio de la Ley y obligados a aplicar las normas vigentes, manifestando que los Decretos que crean la bonificación judicial para servidores públicos de la Rama Judicial se presume legal y de obligatorio cumplimiento, por tal razón indicó que no er a viable acceder a las

las normas vigentes, manifestando que los Decretos que crean la bonificación judicial para servidores públicos de la Rama Judicial se presume legal y de obligatorio cumplimiento, por tal razón indicó que no er a viable acceder a las pretensiones.

4. Frente a la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de apelación el 18 de noviembre de 2022, el cual fue resuelto por medio de la Resolución No. RH-6490 del 15 de diciembre del 2022, en el que se confirmó la decisión emitida por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué de la entidad demandadaSentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01

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en el Oficio antes mencionado.

Normas violadas y concepto de la violación. (Fls. 4 a 5, documento 02Demanda.Pdf, expediente digital). Adujo como normas vulneradas el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 9, 13, 25, 29, 53, 55, 83 y 93 de la Constitución Política; las Leyes 54 de 1962, 6 de 1972, 50 de 1990, 4° de 1992, 319 de 1996, 1496 de 2011 y el artículo 127 del C.S del T.

De las disposiciones reglamentarias el Acta de acuerdo del 6 de noviembre del 2012

4° de 1992, 319 de 1996, 1496 de 2011 y el artículo 127 del C.S del T.

De las disposiciones reglamentarias el Acta de acuerdo del 6 de noviembre del 2012 y los Decretos 1950 de 1973, artículo 8, 717 de 1978, artículo 12 y 1042 de 1978, en su artículo 42.

Como concepto de violación, indicó que la Bonificación Judicial se creó para nivelar los salarios de los servidores públicos de la Rama Judicial , y que desde la promulgación de la Ley 4 de 1992, se reconoció un derecho adquirido, según lo dispuesto en su artículo 2, literal a), que establece: "En ningún caso se podrá desmejorar sus s alarios y prestaciones sociales ", respetando los derechos adquiridos de los servidores del Estado, tanto del régimen general como de los especiales. Sostuvo que los efectos de esta bonificación han alterado la base prestacional del demandante.

Alegó que el Decreto 383 de 2013 regula la Bonificación Judicial como un emolumento prestacional mensual, constituyendo factor salarial únicamente para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad en Salud. Sin em bargo, afirmó que esta normativa vulnera los derechos laborales y prestacionales, por cuanto la bonificación solo se tiene en cuenta para realizar los descuentos de salud y pensión, y no se incluye en la liquidación de la s demás prestaciones sociales y salariales.

Señaló que se tuviera en cuenta las disposiciones contenidas en el C.S del T, en su artículo 127, el cual manifiesta que salario lo constituye todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, co mo

Señaló que se tuviera en cuenta las disposiciones contenidas en el C.S del T, en su artículo 127, el cual manifiesta que salario lo constituye todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, co mo lo son primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, horas extras, porcentajes sobreventas, comisiones, valor de trabajo en días de descanso y otros emolumentos.

Contestación de la demanda. Por auto de 31 de marzo de 2023, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Ibagué admitió la demanda, y ordenó notificar a la entidad demandada. (documento 024AutoAdmiteM008AdmitePdf, expediente Digital).

Surtida la notificación, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó la demanda en oportunidad (Documento 7_RecepcionMemorial_011Contestacion3202.Pdf, expediente digital).

Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial En desacuerdo con la decisión del juzgado de origen, el apoderado judicial de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial apeló l a sentencia, argumentando que la orden emitida implica necesariamente reconocer que la bonificación posee carácter salarial, lo cual contraviene la ley. Señaló que el acto administrativo demandado fue dictado conforme a los parámetros legales establecidos, y que no e s posible extender la bonificación al no constituir un factor salarial, según lo estipulado en los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015. Por lo tanto,Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01

salarial, según lo estipulado en los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015. Por lo tanto,Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01

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la entidad está impedida para realizar cálculos o reajustes distintos a los estrictamente autorizados por el nivel central, basándose en las disposiciones y lineamientos otorgados por el Gobierno Nacional.

Advirtió que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha aplicado correctamente el contenido de dichas prescripciones legales, cumpliendo con la formalidad establecida en su artículo 3. Por esta razón, se opone a dicha condena , porque de hacerlo implicaría desacatar el ordenamiento legal vigente, con las correspondientes consecuencias penales, fiscales y disciplinarias. Asimismo, solicitó la revocación del numeral sexto, en el cual se están otorgando derechos y sentencias ultra y extra petita, facultades que solo se aplican al juez constitucional.

Citando el Decreto 383 de 2013, indicó que por expreso mandato legal la bonificación constituye únicame nte un factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Además, hizo referencia nuevamente a las sentencias C -279 de 1996 proferida por la Corte Constitucional relacionada con la potestad que tiene el legislador de determinar qué constituye o no salario.

Finalmente, manifestó que la bonificación judicial fue regulada sin carácter salarial

Constitucional relacionada con la potestad que tiene el legislador de determinar qué constituye o no salario.

Finalmente, manifestó que la bonificación judicial fue regulada sin carácter salarial y los decretos de que la regulan no han sido declarados nulos, y por tanto, siguen gozando de la presunción de la legalidad; además, existe una imposibilidad presupuestal para reconocer las pretensiones del demandante, señalando que los valores solicitados no están presupuestados , y que los incrementos en la nómina para el reconocimiento de dichas acreencias laborales a todos los servidores judiciales reclamantes, podrían contravenir la prohibición contenida en el artículo 71 del Decreto 111 de 1986, compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989. Además, desconocería las reglas de apropiación p resupuestal del Decreto 1068 de

2015. Reconocer las pretensiones reclamadas sin la autorización presupuestal requerida implicaría que el ordenador del gasto incurriera en actuaciones disciplinarias conforme a la Ley 734 de 2002.

Destacó que, según la juri sprudencia citada, sin la respectiva disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones impuestas por la ley o las sentencias judiciales, la administración judicial está impedida para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales.

Por consiguiente, solicitó revocar la sentencia apelada, teniendo en cuenta que la administración judicial ha venido aplicando correctamente el contenido n ormativo que se señala como desconocido , propuso como excepciones: i) Prescripción; ii) Inexistencia de perjuicios y cobro de lo no debido; iii) Innominada o genérica.

administración judicial ha venido aplicando correctamente el contenido n ormativo que se señala como desconocido , propuso como excepciones: i) Prescripción; ii) Inexistencia de perjuicios y cobro de lo no debido; iii) Innominada o genérica.

La sentencia apelada . (Documento 022SentenciaDePr202300056SentenciaDeMerito.Pdf, expediente digital). Es la proferida el 23 de febrero del 2024 por el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva que resolvió: i). Inaplicar por inconstitucional e ilegal la palabra “Únicamente” contenida en la disposición normativa del inciso 1° del artículo 1 del Decreto 383 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o sustituyen, por cuanto la bonificación judicial si constituye factor salarial para la base de liquidación de todas las prestacio nes sociales; ii). Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio DESAJIBO22 -1159 del 16 de noviembre del 2022, expedido por la entidad demandada y la Resolución No. RH -6490 del 15 deSentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01

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diciembre del 2022 que resolvió el recurso de apelación en contra del acto administrativo demandado; iii). Condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar a la demandante, las diferencias derivadas de la liquidación de todas las prestaciones sociales pagadas y causadas, teniendo en cuenta la bonificación judicial

administrativo demandado; iii). Condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar a la demandante, las diferencias derivadas de la liquidación de todas las prestaciones sociales pagadas y causadas, teniendo en cuenta la bonificación judicial como factor salarial, a partir del 3 de marzo de 2022 (Fecha de vinculación a la entidad); iv). Condenar a la entidad demandada a actualizar el valor de los dineros adeudados en términos del artículo 187 del C. de P.A y de lo C.A; v) A la sentencia se le dará cumplimiento de acuerdo con lo previsto en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011; vi). Condenar en costas a la Rama Judicial, se fija como agencias en derecho la suma de Un Millón de Pesos ($1.000.000).

Para llegar a la anterior decisión, el Juez de instancia concluyó que se accedería a las pretensiones demandadas que iban dirigidas a obtener la reliquidación de las prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial, inaplicando para el caso en concreto y en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, la expresión “únicamente”, contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, teniendo en cuenta que la referida bonificación judicial reúne todos los requisitos de salario, debido a que sin perjuicio de la denominación que se le atribuya, todo pago habitual que reciba el trabaja dor en contraprestación de su servicio personal constituye salario, incluidas las bonificaciones judiciales.

En el análisis factico del caso, consideró que, de acuerdo con los medios de prueba aportados al proceso, como las certificaciones laborales y el contenido del acto administrativo demandado, se acredita que desde el 2013, la entidad demandada no

En el análisis factico del caso, consideró que, de acuerdo con los medios de prueba aportados al proceso, como las certificaciones laborales y el contenido del acto administrativo demandado, se acredita que desde el 2013, la entidad demandada no consideró la bonificación judicial como parte del salario de la demandante. La administración liquidó sus prestaciones sociales y salariales con un salario básico reducido al no incluir dicha bonificación como factor salarial, desconociendo así lo establecido en el Decreto 383 de 2013.

Recurso de apelación -parte demandante. (Documento 024RecursoDeApelaciónParteDemandante.Pdf, expediente digital). El apodero judicial de la demandante, en desacuerdo con la decisión del Juzgado de primera instancia, manifestó que, a pesar de que el Juez de instancia accedió a las pretensiones casi en su totalidad, resolvió ordenar que se realizara los descuentos por concepto de aportes a salud y pensión, siendo este único aspecto del cual se difiere en relación con el fallo dictado, así las cosas, su fundamento tuvo como base el artículo 1 del Decreto 383 del 2013, el cual indica que, “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” , de esa manera, señal ó que lo correspondiente a la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial al momento de efectuar las correspondientes cotizaciones al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, son derechos que han sido garantizados a la demandante.

Por lo tanto, no es dable realizar descuentos por concepto de aportes a pensión y salud por co ncepto de la bonificación judicial que ello ha sido efectuado por la

de Seguridad Social en Salud, son derechos que han sido garantizados a la demandante.

Por lo tanto, no es dable realizar descuentos por concepto de aportes a pensión y salud por co ncepto de la bonificación judicial que ello ha sido efectuado por la entidad conforme a lo dispuesto en el artículo 383 de 2013.

Recurso de apelación – parte demandada . (Documento 027RecursoDeApelaciónDeLaRamaJudicial.Pdf, expediente digital).Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01

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En desacuerdo con la decisión del juzgado de origen, la apoderada judicial de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial apeló l a sentencia, argumentando que la orden emitida implica necesariamente reconocer que la bonificac ión posee carácter salarial, lo cual contraviene la ley. Señaló que el acto administrativo demandado fue dictado conforme a los parámetros legales establecidos, y que no es posible extender la bonificación al no constituir un factor salarial, según lo estipulado en los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015. Por lo tanto, la entidad está impedida para realizar cálculos o reajustes distintos a los estrictamente autorizados por el nivel central, basándose en las disposiciones y lineamientos otorgados por el Gobierno Nacional.

Advirtió que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha aplicado

la entidad está impedida para realizar cálculos o reajustes distintos a los estrictamente autorizados por el nivel central, basándose en las disposiciones y lineamientos otorgados por el Gobierno Nacional.

Advirtió que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha aplicado correctamente el contenido de dichas prescripciones legales, cumpliendo con la formalidad establecida en su artículo 3; por esta razón, se opone a dicha condena, porque de hacerlo implicaría desacatar el ordenamiento legal vigente, con las correspondientes consecuencias penales, fiscales y disciplinarias. Asimismo, solicitó la revocación del numeral sexto, en el cual se están otorgando derechos y sentencias ultra y extra petita, facultades que solo se aplican al juez constitucional.

Citando el Decreto 383 de 2013, indicó que por expreso mandato legal la bonificación constituye únicamente un factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Además, hizo referencia nuevamente a la sentencia C -337 de 1993 proferidas por la Corte Constitucional relacionadas con la potestad que tiene el legislador de determinar qué constituye o no salario. Finalmente, manifestó que la bonificación judicial fue regulada sin carácter salarial y los decretos de que la regulan no han sido declarados nulos, y por tanto, siguen gozando de la presunción de la legalidad; además, existe una imposibilidad presupuestal para reconocer las pretensiones del demandante, señalando que los valores solicitados no están presupuestados , y que los incrementos en la nómina para el reconocimiento de dichas acreencias laborales a todos los servidores judiciales reclamantes, podrían contravenir la prohibición contenida en el artículo

valores solicitados no están presupuestados , y que los incrementos en la nómina para el reconocimiento de dichas acreencias laborales a todos los servidores judiciales reclamantes, podrían contravenir la prohibición contenida en el artículo 71 del Decreto 111 de 1986, compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989. Además, desconocería las reglas de apropiación presupuestal del Decreto 1068 de

2015. Reconocer las pretensiones reclamadas sin la autorización presupuestal requerida implicaría que el ordenador del gasto incurriera en actuaciones disciplinarias conforme a la Ley 734 de 2002 en sus artículos 22 y 23.

Destacó que, según la jurisprudencia citada, sin la respectiva disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones impuestas por la ley o las sentencias judiciales, la administración judicial está impedida para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales.

Por consiguiente, solicitó revocar la sentencia apelada, teniendo en cuenta que la administración judicial ha venido aplicando correctamente el contenido normativo que se señala como desconocido y solicitó a nalizar si el Juez de instancia pudo incurrir en un fallo extra petita, de ser así, que se negara todo derecho que no sea congruente con lo negado en el oficio por el cual se niega la reclamación administrativa, toda vez que en el numeral sexto se están re conociendo derechos futuros, mismo que no se habían solicitado.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIASentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01

futuros, mismo que no se habían solicitado.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIASentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01

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Mediante auto de sustanciación del 21 de febrero de 2025 el recurso de apelación se admitió; y se ordenó que una vez esté ejecutoriada la decisión, ingresara el proceso para proferir sentencia (Documento 22_AutoAdmiteRec_730013333300320230005_0_20250221102733961.Pdf, expediente digital).

Alegatos de conclusión. Parte demandante Durante el término de ejecutoria del auto que admitió el recurso. El apoderado judicial de la parte demandante solicitó que se considerara su inconformidad con el numeral 3° de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, en el que se ordenó que se debían realizar descuentos por concepto de aporte de salud y pensión, aspecto d el cual difirió, puesto que, manifestó que la bonificación judicial que perciben los servidores de la Rama Judicial, solo se tuvo en cuenta como factor salarial para los aportes al Sistema general en Salud y Pensión, la cual fue objeto de la demanda para q ue fuese tenida en cuenta como factor salarial al momento de liquidar la totalidad de las prestaciones percibidas por la demandante.

Parte demandada No presentó alegatos de conclusión.

Ministerio público. No presentó concepto.

liquidar la totalidad de las prestaciones percibidas por la demandante.

Parte demandada No presentó alegatos de conclusión.

Ministerio público. No presentó concepto.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Competencia Este tribunal es competente para conocer del recurso de apelación de conformidad con los artículos 104, inciso 1, 153 y 243 del C. de P. A. y de lo C.A; pues se cuestiona una sentencia proferida por un Juez del Circuito Administrativo en la que es parte una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Problema jurídico. El fondo del asunto de conformidad con la sentencia impugnada y el recurso impetrado se centra en determinar, si la demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la Bonificación Judicial como factor salarial, y por ello, debe tenerse en cuenta para liquida r el salario y las prestaciones sociales que devenga como servidor de la Rama Judicial.

Límites de la apelación. I. La Sala de Decisión estudia el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del 23 de febrero del 2024, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué , en tanto solo le está dado al juez de la segunda instancia pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos al fallo, sin que se pueda infiltrar en el estudio de tópicos que no fu eron debatidos por el o los recurrentes; así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado1.

1Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero

los recurrentes; así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado1.

1Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, RadicaciónSentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-003-2023-00056-01

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Así las cosas, es claro que la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (esto último, en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.

Aunado a lo anterior, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa3 reiteró que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para

ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ant e la segunda instancia. Finalmente, estableció que, como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista congruencia entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so pena de que no se pueda analizar la alzada”.

número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Demandante: Ana Gregoria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la administración d e justicia / Error Jurisdiccional.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 17001-2331000-2002-01526-01(37533), Demandante: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: NaciónMinisterio de Defensa - Ejercito Nacional, Asunto: Recurso de apelación – Limites y competencia del juez de segunda instancia.

Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrat ivo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación

Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrat ivo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Demandante: José Eugenio Arroyo Pino