TA TOL - Sentencia 73001-33-33-003-2019-00218-01 (13-03-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué – Tolima, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación Nº.:

73001-33-33-003-2019-00218-01 Medio de

Control:

REPARACIÓN DIRECTA

Demandante: DIANA MARCELA CORTÉS HERRERA Y

OTRO

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –

EJÉRCITO NACIONAL

Tema: Cumplimiento Sentencia SU-439 de 2024

I. ASUNTO

En obedecimiento y cumplimiento de lo decidido en la sentencia de Unificación Jurisprudencial SU -439 de 2024 , proferida por la H. Corte Constitucional, procede la Sala de conformidad , previas las siguientes precisiones:

II. ANTECEDENTES

2.1.- La señora Diana Marcela Cortés Herrera en representación de su hija L.M.G.C., por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, consagrado en el artículo 140 del C.P.A.C.A., presentó demanda contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con la finalidad que se declare administrativamente responsable a la entidad, por los perjuicios ocasionados por la violación de los derechos fundamentales a la vida, la libertad, la integridad personal, el honor, la intimidad y propia imagen, a la familia, a la libertad de locomoción y al debido proceso, causados con la ejecución extrajudicial de Jorge Armando Guevara Pérez (q.e.p.d.).

2.2.- El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante

imagen, a la familia, a la libertad de locomoción y al debido proceso, causados con la ejecución extrajudicial de Jorge Armando Guevara Pérez (q.e.p.d.).

2.2.- El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 29 de abril de 2022 , declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, ordenando la correspondiente reparación integral.

2.3.- La anterior decisión fue recurrida en apelación por ambas partes procesales.

2.4.- Mediante sentencia del 02 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Tolima se pronunció frente a los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y demandada contra la sentencia del 29 de abril de 2022, decidiendo REVOCAR la decisión recurrida, y en su lugar, declarar probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, así:Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA 2

Demandante: DIANA MARCELA CORTÉS HERRERA Y OTROS Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Radicación: 73001 -33-33-003-2019-00218-01

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 29 de abril de 2022 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y en su lugar declarar de oficio, la caducidad del presente medio de control, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

declarar de oficio, la caducidad del presente medio de control, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, DEVOLVER el expediente al juzgado de origen, realizando las anotaciones de rigor y dejando las constancias correspondientes en el sistema justicia Siglo

XXI.”

2.5.- La parte demandante, inconforme con la decisión, instauró acción de tutela en contra de la anterior providencia judicial, la cual fue fallada en primera instancia por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, con Ponencia del Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas, Radicación 11001 03 15 000 2023 02159 00, quien mediante fallo del 13 de julio 2023, AMPARÓ los derechos fundamentales de la accionante, y en consecuencia dejó sin efectos la providencia del 02 de marzo de 2023 (relacionada en el numeral 2.4 de esta providencia), disponiendo:1

“Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral de la señora Diana Marcela Cortes Herrera y de su menor hija Laura Michel Guevara Cortés, conforme a los argumentos expuestos en las consideraciones que anteceden.

Segundo: Dejar sin efectos la providencia del 2 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del proceso de reparación directa con radicado número 73001 33 33 003 2019 00218 01.

Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima que en el

proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del proceso de reparación directa con radicado número 73001 33 33 003 2019 00218 01.

Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima que en el término de veinte días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a dictar una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en las consideraciones que anteceden.

Cuarto: Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.”

2.6.- El Artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 dispone que, sin perjuicio de la impugnación del fallo, debe darse un cumplimiento inmediato a la orden de tutela.

2.7.- Notificada la anterior decisión al Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 31 de agosto de 2023, la Corporación dio cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado dentro del expediente 11001031500020230215900, en consecuencia, se profirió una nueva sentencia de segunda instancia dentro del presente medio de control de Reparación Directa

1 https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202302159001100103Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA 3

Demandante: DIANA MARCELA CORTÉS HERRERA Y OTROS Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Radicación: 73001 -33-33-003-2019-00218-01

con radicación 73001-33-33-003-2019-00218-02, en la que se tuvo por oportuna

Radicación: 73001 -33-33-003-2019-00218-01

con radicación 73001-33-33-003-2019-00218-02, en la que se tuvo por oportuna la interposición de la demanda y se confirmó la sentencia recurrida. 2

2.8.- Por auto del 18 de septiembre de 2023, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, concedió la impugnación presentada por el tercero con interés Nación – Ministerio de Defensa Nacional, en contra del fallo de tutela del 13 de julio de 2013. 3

2.9.- En razón a lo anterior, el expediente de tutela fue repartido al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dr. Juan Enrique Bedoya Escobar, quien, mediante providencia del 01 de noviembre de 2023, revocó el fallo de tutela del 13 de julio de 2023, resolviendo:4

“Primero. Revocar la sentencia proferida el 13 de julio de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Diana Marcela Cortés Herrera, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.”

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.”

2.10.- Una vez notificada la anterior decisión, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, con auto del 26 de febrero de 2024, dispuso la remisión del presente expediente con radicación 73001-33-33-0032019-00218-00 a esta Corporación para que se tomaran las determinaciones a que hubiere lugar.5

2.11.- El apoderado de la parte actora dentro de la presente actuación 73001-3333-003-2019-00218-01 radica memorial el 17 de febrero de 2025 solicitando se dicte una sentencia de segunda instancia, poniendo de presente la Sentencia SU-439 de 2024.

2.12.- En razón a lo anterior, y luego de desarchivado el expediente, el día 04 de marzo de 2025, la secretaria del Tribunal ingresa al Despacho el expediente informando la solicitud del demandante pese a la ausencia de notificación de la providencia por parte de la Corte Constitucional.6

2 https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=730013333003201900218017300123 3 https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list _procesos.aspx?guid=110010315000202302159001100103

4 https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103 15000202302159001100103 5 https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=730013333003201900218017300123 6 “En la fecha, se informa al doctor JOHN LIBARDO ANDRADE FLÓREZ magistrado ponente en el presente expediente, de la existencia de memorial allegado por el apoderado de la parte actora el 17 de febrero de 2025 (índice 00026) donde solicita se dicte sentencia de segunda instancia, conforme los lineamientos adoptados por la Corte Constitucional en providencia SU-439 de 2024 del 16 de octubre de 2024, proferida en el expediente T-10.007.411 acción de tutela formulada por DIANA MARCELA CORTÉS HERRERA Y OTRO contr a el Tribunal Administrativo del Tolima radicado 11001031500020230215900 del Consejo de Estado. A la petición anexa copia de la sentencia y del oficio STA-003-2025 del 14 de enero de 2025, de la secretaría del Alto Tribunal Constitucional, con el que comun ica su decisión al Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda.

Al respecto, debo manifestar que, procedí a revisar el correo de la secretaría y, a la presente no se advierte la existencia de mensaje de la Corte Constitucional notificando la precitada sentencia al Tribunal.Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA 4

Demandante: DIANA MARCELA CORTÉS HERRERA Y OTROS Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Radicación: 73001 -33-33-003-2019-00218-01

Demandante: DIANA MARCELA CORTÉS HERRERA Y OTROS Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Radicación: 73001 -33-33-003-2019-00218-01

2.13.- En sentencia SU -439 de 2024 proferida por la Corte Constitucional se resolvió:

“Tercero. En relación con el expediente T -10.007.411, REVOCAR la Sentencia de segunda instancia proferida el 1 de noviembre de 2023 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la cual se negó el amparo constitucional. En su lugar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, CONFIRMAR la Sentencia de primera instancia, adoptada el 13 de julio de 20 23 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se decidió (i) amparar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral de las accionantes, (ii) dejar sin efect os la providencia objeto de la acción de tutela y (ii) ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima que en el término máximo de veinte (20) días adopte la providencia de reemplazo.

Cuarto. ADVERTIR al Tribunal Administrativo del Tolima que la nueva sente ncia que se adopte en el marco del proceso de reparación directa identificado con el radicado 73001333300320190021801, deberá tener en cuenta estrictamente los fundamentos de la presente providencia, que llevaron a otorgar el amparo reclamado por los tutelantes.

Quinto. Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, LÍBRENSE las

presente providencia, que llevaron a otorgar el amparo reclamado por los tutelantes.

Quinto. Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.”

2.14.- En sentencia SU -439 de 2024, la cual se itera a la fecha no ha sido notificada formalmente al Tribunal Administrativo del Tolima, y de la cual solo se tuvo conocimiento una vez presentado memorial por el apoderado de la parte actora y verificada en la página web de la Corte Constitucional, se extrae, que el argumento esencial de la H. Corte Constit ucional para amparar lo s derechos fundamentales fue:

“148. En este caso, no aplicar una lectura garantista de la caducidad desconocería el derecho de los familiares de la víctima a acceder a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. Sobre todo si se tiene en cuenta que, según la posición irrazonable de la autoridad judicial accionada, los demandantes debieron activar la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con base en una simple especulación inicial, con lo que se les niega la oportuni dad de obtener pruebas suficientes para sustentar adecuadamente sus pretensiones. (…)

152. Con base en lodo lo expuesto, se concluye que el Tribunal Administrativo

Consultadas las actuaciones del presente expediente, se encuentra que, con fecha 31 de agosto de 2023, por el Tribunal se dio cumplimiento al fallo de tutela del Consejo de Estado del 13 de julio de 2023, y posteriormente, se devolvió al juzgado de origen el 19 de septiembre de 2023.

se dio cumplimiento al fallo de tutela del Consejo de Estado del 13 de julio de 2023, y posteriormente, se devolvió al juzgado de origen el 19 de septiembre de 2023.

El 28 de febrero de 2024, aparece registro (índice 00025) agrega memorial, con la anotación: “SE RECIBE EL EXPEDIENTE REMITIDO DEL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ, PA RA TOMAR

DETERMINACIONES A LAS QUE HAYA LUGARPASA A LA OFICIAL MAYOR".

La devolución del expediente por el juzgado, obedeció a la decisión del Consejo de Estado en segunda instancia del 1 de noviembre de 2023, en la tutela 11001031500020230215900 que revocó el fallo de 13 de julio de 2023 y negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por la accionante. No se advierte gestión posterior, hasta la llegada del memorial de apoderado de la accionante el 17 de febrero de 2025, solicitando el cumplimie nto de la sentencia de la Corte Constitucional.

La sentencia SU-439 de 2024, revoca el fallo de tutela de segunda instancia del Consejo de Estado del 1 de noviembre de 2023 y, confirma la sentencia de primera instancia del 13 de julio de 2023. que ordena al Tribunal proferir una decisión de reemplazo. Advierte la Corte Constitucional, que en la sentencia que se adopte por el Tribunal debe tenerse en cuenta los fundamentos de la providencia de revisión. En consecuencia, en la fecha, pasará el proceso al Despacho del Magistrado Ponente Doctor John Libardo Andrade Flórez, para considerar dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-439 de 2024

En consecuencia, en la fecha, pasará el proceso al Despacho del Magistrado Ponente Doctor John Libardo Andrade Flórez, para considerar dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-439 de 2024 del 16 de octubre de 2024, proferida en el expediente T-10.007.411 acción de tutela formulada por DIANA MARCELA CORTÉS HERRERA Y OTRO contra el Tribunal Administrativo del Tolima radicado 11001031500020230215900 del Consejo de Estado.”Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA 5

Demandante: DIANA MARCELA CORTÉS HERRERA Y OTROS Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Radicación: 73001 -33-33-003-2019-00218-01

del Tolima incurrió en un defecto fáctico al valorar de manera errónea las pruebas aportadas, en particular al otorgarle un alcance probatorio excesivo a la afirmación realizada por Diana Marcela Cortés Herrera en su entrevista de marzo de 2010, en la que mencionaba que la muerte de su compañero podría haber sido un "falso positivo”. El Tribunal accionado no consideró que dicha manifestación era especulativa y no constituía un elemento que le permitiera a los demandantes proponer la imputación del presunto daño antijurídico al Estado, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (…)

154. En consecuencia, es claro que la decisión de iniciar el cómputo de la caducidad desde 2010, con base en una prueba insuficiente, constituyó un defecto fáctico por vía del cual el Tribunal Administrativo del Tolima vulneró el derecho de las víctimas a una correcta administración de justicia, al

caducidad desde 2010, con base en una prueba insuficiente, constituyó un defecto fáctico por vía del cual el Tribunal Administrativo del Tolima vulneró el derecho de las víctimas a una correcta administración de justicia, al debido proceso y a las garantías de verdad, reparación integral y no repetición.”. (…) 6.4. Remedio judicial dentro del expediente T-10.007.411

163. Ante la configuración del defecto fáctico que se ha dado en este caso, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidirá revocar la Sentencia de segunda instancia proferida el 1 de noviembre de 2023 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la cual se decidió negar el amparo constitucional. En su lugar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, se confirmará la sentencia de primera instancia adoptada el 13 de julio de 2023 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se decidió amparar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral de las accionantes, se dejó sin efectos la providencia objeto de la acción de tutela y se ordenó al Tribunal Administrativo del Tolima la adopción de una nueva providencia de reemplazo.

164. Sin embargo, se advertirá que en esta nueva decisión la autoridad judicial accionada deberá tener estrictamente en cuenta lo dispuesto por la Corte Constitucional en la presente providencia.

165. A propósito d e lo anterior, la Sala Plena debe aclarar que, si bien en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia del 13 de julio de 2023, emitida

Corte Constitucional en la presente providencia.

165. A propósito d e lo anterior, la Sala Plena debe aclarar que, si bien en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia del 13 de julio de 2023, emitida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del Tolima profirió una nueva sentencia de reparación directa el 31 de agosto de 2023, lo cierto es que dicha providencia perdió efectos jurídicos como consecuencia de la negativa del amparo decidida en segunda instancia. Por tanto, la Corte Constitucional encuentra que el remedio judicial más adecuado en este caso es, como ya se indicó, ordenar la emisión de una nueva sentencia de reemplazo, en los términos previamente indicados.”. (Resaltado fuera de texto).

Por lo que, en cumplimiento de lo literal y expresamente dispuesto por la Corte Constitucional en el numeral 165 , se profiere esta nueva sentencia de segunda instancia así:

III. DECISIÓN A PROFERIR

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué el 29 de abril de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, no observándoseMedio de Control: REPARACIÓN DIRECTA 6

Demandante: DIANA MARCELA CORTÉS HERRERA Y OTROS Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Radicación: 73001 -33-33-003-2019-00218-01

nulidad alguna que invalide lo actuado dentro del presente medio de control

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Radicación: 73001 -33-33-003-2019-00218-01

nulidad alguna que invalide lo actuado dentro del presente medio de control

de R EPARACIÓN DIRECTA promovido por DIANA MARCELA CORTÉS

HERRERA contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO

NACIONAL.

IV. ANTECEDENTES

La señora DIANA MARCELA CORTÉS HERRERA en representación de su hija LAURA MICHEL GUEVARA CORTÉS, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, consagrado en el artículo 140 del C.P.A.C.A., presentaron demanda contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, con la finalidad de obtener mediante sentencia jud icial, un pronunciamiento favorable sobre las siguientes:

4.1. PRETENSIONES

Que se declare administrativamente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, por los perjuicios ocasionados por la violación de los derechos fundamentales a la vida, la libertad, la integridad personal, el honor, la intimidad y propia imagen, a la familia, a la libertad de locomoción y al debido proceso, causados con la ejecución extrajudicial u homicidio de Jorge Armando Guevara Pérez.

Que, como consecuenci a de la anterior declaración, se condene a la entidad demandada a pagar a favor de la demandante, las siguientes cantidades:

Por concepto de perjuicios materiales: En la modalidad de daño emergente, la suma que corresponde a los gastos por un salario mínimo legal mensual desde

demandada a pagar a favor de la demandante, las siguientes cantidades:

Por concepto de perjuicios materiales: En la modalidad de daño emergente, la suma que corresponde a los gastos por un salario mínimo legal mensual desde la fecha en la que ocurrió la ejecución extrajudicial del señor Jorge Armando Guevara Pérez, hasta la fecha, estimado en $119.800.932.oo.

En la modalidad de lucro cesante, teniendo en cuenta la actividad laboral que desarrollaba la victima directa, de conductor o trasportador de la que devengaba un salario mínimo legal mensual vigente, desde la fecha de su ejecución extrajudicial hasta su expectativa de vida probable, calculada en $ 426.558.132.oo.

Por concepto de perjuicios mor ales: El valor equivalente a trecientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, tanto para la señora DIANA MARCELA CORTES HERRERA, como para su hija LAURA MICHEL GUEVARA

CORTÉS.

Daño a la salud: El valor equivalente a trecientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, tanto para la señora DIANA MARCELA CORTES HERRERA, como para su hija LAURA MICHEL GUEVARA CORTÉS.

Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los articulo 192 y 195 del CPACA.

Que se condene costas a la entidad demandada.

El anterior petitum fue cimentado por la parte actora, en los siguientes,Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA 7

Demandante: DIANA MARCELA CORTÉS HERRERA Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL

Demandante: DIANA MARCELA CORTÉS HERRERA Y OTROS Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Radicación: 73001 -33-33-003-2019-00218-01

4.2. HECHOS.

Que aproximadamente a las 10:30 a.m. del 30 de marzo de 2008, en la Finca Montana de la Vereda Pringamosal del Municipio del Guamo, el grupo especial “Depredador”, adscrito al Batallón Jaime Rooke, compuesto por los miembros del Ejército Nacional: Camargo Santafé Fredy, Arcila Pérez Carlos Antonio, Tique Cristancho Esteban, Trujillo Sendales Lizandro, Guzmán Piñeros Camilo, Obando Morales Luis, Nieto Chávez Einer, Peralta Rivera Renan, Montaño Viuche Nelson y Triviño José Alexander al mando del SV. Gonzalo Gómez Rodríguez, presuntamente con la orden de operaciones 116 Malasia y con fundamento en una información de inteligencia, dieron muerte a dos (2) sujetos, sin que estos atacaran a la tropa ni ofrecieran resistencia, manifestando luego que eran secuestradores que habían sido dados de baja en combate, identificados como Jorge Armando Guevara Pérez y Ferney Tabares Cardona.

Que, previo desarrollo de la presunta operación militar, los miembros de la sección segunda de inteligencia del Ejército Nacional, solicitaron al ciudadano Luis Jhon Castro Ramírez, alias “el zarco”, miembro desmovilizado de ELN, que pusiera a las víctimas en un lugar acordado para que los integrantes de la compañía Depredador, aprovechando el factor sorpresa, su capacidad de fuego

Luis Jhon Castro Ramírez, alias “el zarco”, miembro desmovilizado de ELN, que pusiera a las víctimas en un lugar acordado para que los integrantes de la compañía Depredador, aprovechando el factor sorpresa, su capacidad de fuego y la indefensión de las víctimas, pudieran lograr su cometido.

Que por esos hechos se inició investigación en la Fiscalía No. 5 URI del municipio del Guamo, la cual fue recibida por el Juzgado de Instrucción Penal Militar No. 79 de Ibagué el 5 de abril de 2008, dependencia judicial que inició apertura de la indagación preliminar en abril de 2008, bajo la radicació n No. 442 J79 IPM contra miembros del Batallón Jaime Rooke.

Que la investigación penal fue adelantada por la Fiscalía 39 Especializada conocedora de violaciones de Derechos Humanos de Bogotá, proceso en el que se interrogó a Luis Jhon Castro Ramírez el 29 de octubre de 2010, quien manifestó haber participado en los homicidios de Jorge Guevara Pérez y Ferney Tabares Cardona, precisando que el militar Rubiel Bustos Escárraga entre otros militares, llevaron a cabo tales ejecuciones extrajudiciales, sin que se presenciara combate alguno.

Que el 5 de octubre de 2018, en la audiencia de imputación de cargos contra Rubiel Bustos Escárraga por el delito de homicidio en persona protegida celebrada ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control y garantías, suscribió preacuerdo aceptando los hechos por la ejecución extrajudicial de Jorge Guevara Pérez y Ferney Tabres Cardona, que fue verificado el 13 de marzo de 2019 por el Juzgado Segundo Penal Especializado

garantías, suscribió preacuerdo aceptando los hechos por la ejecución extrajudicial de Jorge Guevara Pérez y Ferney Tabres Cardona, que fue verificado el 13 de marzo de 2019 por el Juzgado Segundo Penal Especializado del Circuito de Ibagué en la etapa de juzgamiento.

Que la demandante, en su calidad de compañera permanente de Jorge Armando Guevara Pérez, pretende que a través de este medio de control se indemnice a ella y a su familia por los perjuicios causados con estos hechos.

4.3. CONTESTACION DE LA DEMANDA

4.3.1. NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONALMedio de Control: REPARACIÓN DIRECTA 8

Demandante: DIANA MARCELA CORTÉS HERRERA Y OTROS Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Radicación: 73001 -33-33-003-2019-00218-01

Mediante apoderada judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, aduciendo que existe ausencia de responsabilidad en relación con los hechos aducidos en la demanda, manifestando su rotunda oposición al reconocimiento de los perjuicios alegados, advirtiendo que, con la presentación del libelo introductorio no se encuentran acreditados. Al respecto señaló que toda reparación parte de la necesidad de verificar la materialización de una lesión a un bien o interés jurídico tutelado o a una violación a un derecho que, consecuencialmente, implica la concreción de un daño que, debe ser valorado como antijuridico en atención a su origen.

Manifestó que, de la investigación adelantada por la Fiscalía 39 Especi alizada

consecuencialmente, implica la concreción de un daño que, debe ser valorado como antijuridico en atención a su origen.

Manifestó que, de la investigación adelantada por la Fiscalía 39 Especi alizada contra violaciones de Derechos Humanos, se evidencia que en los hechos acaecidos el 10 de marzo de 2008, el extinto Jorge Armando Guevara Pérez, era consciente que se disponía a cometer el ilícito de secuestro, de manera que, su actuar aumentó cons iderablemente el riesgo y tuvo la connotación suficiente para contribuir de manera cierta y eficaz en la producción del daño.

Indicó que, del material probatorio obrante en el plenario, se advierte la existencia de un daño que se concreta en la muerte de Jorge Armando Guevara Pérez el día 30 de marzo de 2008, sin embargo, no es posible atribuir a dicho daño la característica de antijurídico, porque las actuaciones de los militares fueron legítimamente precedidas por el mandato constitucional, respaldado por los artículos 2, 4 y 217 superior, que obligan al Ejército Nacional a preservar el orden público y la soberanía.

Como sustento de sus argumentos de defensa, propuso las excepciones denominadas “hecho de un tercero por culpa personal de agente, culpa exclusiva y determinante de la víctima, legítima defensa de los miembros de la Fuerza Pública, concausa”.

V. SENTENCIA RECURRIDA

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, mediante sentencia dictada el 29 de abril de 2022, declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –

V. SENTENCIA RECURRIDA

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, mediante sentencia dictada el 29 de abril de 2022, declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL por el daño antijuridico causado a las demandantes con ocasión de la muerte del señor Jorge Armando Guevara Pérez, como producto de una ejecución extrajud icial; en consecuencia, condenó a la entidad demandada a pagar por concepto de perjuicios morales la suma equivalente a 100 SMLMV para cada una de las demandantes, en concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $258.566.1 58.oo en favor de la compañera permanente y la suma de $167.840.836.oo para la hija de la víctima.

A su vez, a título de reparación integral ordenó al ente accionado:

• Ofrecer disculpas públicas a las demandantes, en un acto conmemorativo en el municipio de Ibagué y/o El Guamo, a elección de las accionantes, para lo cual deberán fijar fecha y hora en el que se adelantará el acto.

• Publicar en un periódico de amplia circulación nacional y virtual, una nota de prensa en la que informe que la muerte del señor Jorge Armando Guevara Pérez fue producto de una ejecución extrajudicial, incluyendo en ella unaMedio de Control: REPARACIÓN DIRECTA 9

Demandante: DIANA MARCELA CORTÉS HERRERA Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL

Demandante: DIANA MARCELA CORTÉS HERRERA Y OTROS Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Radicación: 73001 -33-33-003-2019-00218-01

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