TA TOL - Sentencia 73001-33-33-003-2022-00187-01 (13-03-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué (Tolima), trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 73001-33-33-003-2022-00187-01

Interno: 1124/2023

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Demandante: MARÍA DE LA LUZ LOZANO CELIS

Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN,

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte dema ndante contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 30 de junio de 2023, que negó las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

La señora María de la Luz Lozano Celis por intermedio de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda con la finalidad de obtener mediante sentencia judicial, un pronunciamiento favorable sobre las siguientes:

1. DECLARACIONES Y CONDENAS1

La parte demandante solicitó lo siguiente:

“PRIMERO: Que se DECLARE la nulidad del acto administrativo FICTO O PRESUNTO que se generó por la no contestación de la vía administrativa correspondiente al No. Radicado SAC 2018PQR21678 DEL 24 DE AGOSTO DE

“PRIMERO: Que se DECLARE la nulidad del acto administrativo FICTO O PRESUNTO que se generó por la no contestación de la vía administrativa correspondiente al No. Radicado SAC 2018PQR21678 DEL 24 DE AGOSTO DE 2018, en el cual se solicitó el reconocimiento y pago de la MORA EN EL PAGO Y/O SANCIÓN MORATORIA por el no pago oportuno de las cesantías parciales y/o definitivas, de conformidad con la Ley 1071 de 2006, modificatoria de la Ley 244 de 1995, por parte del actor(a) MARIA DE LA LUZ LOZANO DE CELIS.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho se sirva ordenar a la Nación -Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar la MORA EN EL PAGO Y/O SANCIÓN MORATORIA por el no pago oportuno de la cesantías parciales y/o definitivas desde la fecha en que se hizo exigible la obligación hasta un día antes del día en que se hizo efectivo el pago, consistente en un día de salario por cada día de mora.

1 Fl. 01 Cuaderno principal, expediente d igital SAMAI índice 00003Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2

Demandante: MARIA DE LA LUZ LOZANO CELIS Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACION, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Radicación: 73001-33-33-003-2022-00187-01

TERCERO: Que se ordene al Naci ón-Ministerio de Educación Nacional -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio indexar los valores resultantes

Radicación: 73001-33-33-003-2022-00187-01

TERCERO: Que se ordene al Naci ón-Ministerio de Educación Nacional -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio indexar los valores resultantes del reconocimiento conforme los parámetros señalados en el artículo 187 del

C.P.A.C.A.

CUARTO: Que se ordene al Nación -Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio dar cumplimiento a la sentencia con conforme lo señalado en el artículo 192 del C.P.A.C.A.

QUINTO: Que, en el caso de emitirse una condena en abstracto, se ordene al Nación-Ministerio de Educación Nacional -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a dar cumplimiento a los dispuesto en el artículo 193 del

C.P.A.C.A.

SEXTO: Que se condene en costas a la demandada”

2. HECHOS2

La señora María Lozano Celis el día 28 de octub re de 2015 presentó ante la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, solicitud para que se le reconoci eran y paga ran las cesantías definitivas correspondiente al servicio prestad o en calidad de docente. En respuesta, la entidad emitió la Resolución N.º 1835 el 27 de marzo de 2017, en la cual reconoció que la solicitante aportó debidamente la documentación suficiente y necesaria para la entrega de sus cesantías. Posteriormente, la entidad dispuso el reconocimiento y pago de las mismas mediante Resolución N.º 4187 el 12 de julio de 2017, siendo a través de la Resolución N.º 6583 del 25

entidad dispuso el reconocimiento y pago de las mismas mediante Resolución N.º 4187 el 12 de julio de 2017, siendo a través de la Resolución N.º 6583 del 25 de octubre de 2017, que se confirmaría el valor total a pagar.

La accionada ordenó el reconocimiento de cesantías definitivas por un valor de veintisiete millones setecientos dos mil doscientos sesenta y nueve pesos (27.702.269) sin embargo, la revisora de la entidad fiduciaria realizó un estudio del caso y estableció que el valor a reconocer y pagar debió ser por la suma de treinta millones treinta y cinco mil doscientos noventa y ocho pesos (30.035.298) y no como se indicó en la Resolución 4187 del 12 de julio de 2017, cometiéndose de esta manera un error en el valor real a cancelar a la demandante, en razón a ello, la accionada emitió resolución aclaratoria el 25 de octubre de 2017.

A lo anterior, la accionante aduce que la entidad debió haber pagado efectivamente el derecho reclamado a más tardar el día 4 de febrero de 2016, fecha señalada como extremo temporal de cumplimiento de mandato legal, sin embargo, esta obligación dada a todas las interrupciones presentadas, solo fue efectiva hasta el 20 de noviembre de 2017 y en forma extemporánea , generándose de esta manera 655 días de sanción moratoria contados a partir de los 65 días hábiles que tenía la entidad para cancelar dicha prestación y hasta un día antes de la fecha en que se efectuó el correspondiente pago.

Finalmente, el 9 de diciembre de 2021 se celebró audiencia conciliatoria como requisito de procedibilidad ante la Procuraduría Judicial, la cual fue declarada

un día antes de la fecha en que se efectuó el correspondiente pago.

Finalmente, el 9 de diciembre de 2021 se celebró audiencia conciliatoria como requisito de procedibilidad ante la Procuraduría Judicial, la cual fue declarada fallida debido a la falta de ánimo conciliatorio.

2 Fl. 01 al 02 Cuaderno principal, expediente digit al SAMAI índice 00003Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 3

Demandante: MARIA DE LA LUZ LOZANO CELIS Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACION, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Radicación: 73001-33-33-003-2022-00187-01

3. NORMAS VIOLADAS

Como normas violadas se citaron en la demanda las siguientes:

Ley 91 de 1989, artículo 5 y 15. Ley 244 de 1995, artículos 1 y 2. Ley 1071 de 2006, Articulo 4 y 5. Constitución Política, Articulo 53.

Consideró la apoderada de la parte demandante que, según la normatividad y jurisprudencia, los servidores públicos tienen derecho al pago de las cesantías dentro de los 65 días hábiles siguientes de haber radicado la solicitud, por lo tanto, el ser cancelado por fuera del término, genera para la entidad el pago de la sanción por mora equivalente a 01 día de salario hasta que se efectué el pago de las cesantías, el cual se encuentra a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Argumentó que la sanción por mora en el pago de las cesantías busca

de las cesantías, el cual se encuentra a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Argumentó que la sanción por mora en el pago de las cesantías busca implementar un mecanismo ágil y eficaz que permita garantizar de manera efectiva el pago oportuno de las prestaciones como lo son las cesantías parciales y/o definitivas para los docentes, y que al contrariar la voluntad del Legislativo se transgredirían los fundamentos constitucionales en los cuales se sustentaron los proyectos de ley que ahora regulan la materia.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

4.1. LA NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FONDO NACIONAL

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 3

Dentro del término legal, se pronunció oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda, señalando que la entidad territorial es la encargada del reconocimiento de las cesantías de los docentes; además, que desde la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, es también la responsable exclusiva del pago de la sanción moratoria, en aquellos eventos en que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías al FOMAG.

A lo anterior propuso como excepciones “Legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad ”, “ Improcedencia de la indexación de las condenas ”, “Caducidad” “Prescripción” “Compensación” “Excepción genérica” “Falta de la legitimación en la causa por pasiva”.

5. SENTENCIA RECURRIDA4

“Caducidad” “Prescripción” “Compensación” “Excepción genérica” “Falta de la legitimación en la causa por pasiva”.

5. SENTENCIA RECURRIDA4

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 30 de junio de 2023, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción denominada “PRESCRIPCIÓN”, propuesta por la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

3 Expediente digital SAMAI índice 00016 4 Expediente digital SAMAI índice 00037Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 4

Demandante: MARIA DE LA LUZ LOZANO CELIS Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACION, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Radicación: 73001-33-33-003-2022-00187-01

TERCERO: CONDENAR en costas a la señora María de la Luz Lozano Celis Conforme a lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A., se fija la suma de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) por concepto de agencias en derecho a favor de la demandada, y se ordena que por Secret aría se realice la correspondiente liquidación en los términos del artículo 366 del Código

General del Proceso.”

En primera instancia se planteó como problema jurídico , verificar la legalidad de los actos administrativos demandados y, si a la señora María de la Luz

correspondiente liquidación en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.”

En primera instancia se planteó como problema jurídico , verificar la legalidad de los actos administrativos demandados y, si a la señora María de la Luz Lozano Celis, le asistía derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006, de ser así, el A-quo estudiaría si operaba el fenómeno de la prescripción de derechos.

A lo anterior, consideró el despacho según lo evidenciado en el material probatorio obrante en el proceso que, el acto de reconocimiento de las cesantías definitivas solicitadas por parte de la accionante, no fue expedido oportunamente, habiendo superado este el plazo de 15 días según lo pre visto por el Artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, como quiera que la demandante presentó la solicitud el 28 de octubre de 2015 y no fue hasta el 27 de marzo de 2017 que la entidad se pronunció al respecto, transcurriendo de esta manera más de 2 años desde la radicación de la solicitud.

Aclaró la primera instancia que, el acto administrativo de reconocimiento a pesar de haber sido objeto de reposición y posterior aclaración, caso en el que la sanción moratoria se cuenta desde un término diferente, se partió de la base que fue expedido por fuera del término de ley, por lo tanto la sanción moratoria corre 70 días hábiles a partir de la fecha de la solicitud de reconocimiento de cesantías, correspondiente a, 15 días hábiles para emitir el acto; 10 días hábiles para la notificación y 45 días para efectuar el pago, con base en esto , se

corre 70 días hábiles a partir de la fecha de la solicitud de reconocimiento de cesantías, correspondiente a, 15 días hábiles para emitir el acto; 10 días hábiles para la notificación y 45 días para efectuar el pago, con base en esto , se determinó que la sanción moratoria se causó desde el 12 de febrero de 2016 hasta el 19 de noviembre de 2017, generándose de esta manera un retardo de 647 días.

Respecto a la excepción de prescripción formulada por la accionada, la Primera Instancia estableció que teniendo en cuenta que la demandante presentó la reclamación administrativa solicitando el pago de la sanción mora el 24 de agosto de 2018, contando entonces con un plazo hasta el 24 de agosto de 2021 para la presentación de la demanda, no fue hasta el 1 2 de julio de 2022 que se presentó, superando así, el término de 3 años, por lo que se entendería interrumpida la prescripción con la solicitud presentada por la accionante.

Precisó el despacho que, aunque se radicó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación y esta tiene la potestad de interrumpir también el término de prescripción hasta por 3 meses, al haberse radicado el trámite prejudicial el 26 de agosto de 2021, se entendió presentada esta cuando ya se había configurado la prescripción del derecho.

6. APELACIÓN.5

La apoderada judicial de la parte demanda nte interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito el 30 de junio de 2023, donde solicitó que sea revocada la decisión

La apoderada judicial de la parte demanda nte interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito el 30 de junio de 2023, donde solicitó que sea revocada la decisión

5 Expediente digital SAMAI índice 00040Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 5

Demandante: MARIA DE LA LUZ LOZANO CELIS Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACION, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Radicación: 73001-33-33-003-2022-00187-01

emitida y, consecuencialmente se acceda a las demás pretensiones de la demanda.

Frente a la tesis que adoptó el despacho de Primera Instancia, la accionante se opuso argumentando que, el despach o no tuvo en cuenta los acuerdos expedidos por el Con sejo Superior de la Judicatura, respecto a la interrupción de términos de prescripción y caducidad dada la emergencia sanitaria presentada por el covid-19, así como tampoco tuvo en cuenta la ampliación de términos para interrumpir por vía prejudicial la prescripción y caducidad de solicitudes de conciliación siendo esta de 3 a 5 meses.

A lo anterior, manifestó la apoderada que, debido a la pandemia de covid-19, el Concejo Superior de la Judicatura emitió varios acuerdos mediante los cuales interrumpió los términos de prescripción y caducidad inicialmente durante el periodo comprendido del 16 de marzo de 2021 al 01 de julio de 2021, es decir tres

Concejo Superior de la Judicatura emitió varios acuerdos mediante los cuales interrumpió los términos de prescripción y caducidad inicialmente durante el periodo comprendido del 16 de marzo de 2021 al 01 de julio de 2021, es decir tres meses y dieciséis días, del mismo modo la Procuraduría General de la Nación modificó el plazo establecido en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001, al instaurar un periodo de 5 meses para realizar conciliaciones prejudiciales.

Con base en lo expuesto la accionante aclaró que, una vez agotado el requisito de procedibilidad el 26 de agosto de 2021 con certificación del 23 de diciembre del mismo año allegada mediante correo electrónico el 12 de e nero de 2022, se procedió a radicar la demanda en el t érmino legal al correo delegado para ello que es la dirección demandasconadmiba@cendoj.ramajudicial.gov.co el 14 de enero de 2022 y no el 12 de julio de 2022 como se manifestó en Primera Instancia, por lo tanto la demanda fue presentada dentro del término ya que se tenía previsto hasta el día 30 de abril de 2022.

III. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante auto del 04 de agosto de 2023, por reunir los requisitos legales, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 30 de junio de 2023.

En los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que dentro del término

Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 30 de junio de 2023.

En los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que dentro del término comprendido entre la notificación del auto que concedió la apelación y la ejecutoria de la providencia que admitió el respectivo recurso no hubo pronunciamiento alguno de las partes.

Análogamente la presente Sala procede a decidir la controversia conforme a las siguientes:

IV. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 153 del C.P.A .C.A., esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por la apoderada de la parte deman dante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, el 30 de junio de 2023.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 6

Demandante: MARIA DE LA LUZ LOZANO CELIS Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACION, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Radicación: 73001-33-33-003-2022-00187-01

2. PROBLEMA JURÍDICO

En el sub judice consiste en determinar si, tal como lo consideró la Primera Instancia, no es procedente el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las cesantías por haberse configurado sobre estas el fenómeno de prescripción, o si, por el contrario , tal como aduce la parte recurrente , no procede la declaración de dicho fenómeno toda vez que , dada la emergencia

de las cesantías por haberse configurado sobre estas el fenómeno de prescripción, o si, por el contrario , tal como aduce la parte recurrente , no procede la declaración de dicho fenómeno toda vez que , dada la emergencia sanitaria presentada por el Covid-19 se suspendieron los términos y, en consecuencia debe revocarse la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el día 30 de junio de 2023.

3. TESIS DE LA SALA

Consiste en confirmar el argumento planteado en Primera Instancia respecto al fenómeno de prescripción configurado sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las cesantías, al mismo tiempo la Sala s e abstiene de abordar los reparos planteados en el r ecurso de apelación, comoquiera que hacen alusión a aspectos que no fueron tenidos en cuenta durante el curso del proceso que se adelantó en primera instancia, sustentados, además, en pruebas documentales violatorias de los principios de oportunidad y cont radicción probatoria, al ser allegada en el presente trámite de impugnación, lo anterior, en virtud del principio de congruencia de las sentencias judiciales el cual se erige como garantía del derecho fundamental al debido proceso, atendiendo a que al juez le resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo.

4. DESARROLLO DE LA TESIS DEL TRIBUNAL

4.1. Marco Legal y Jurisprudencial

La Sala prescinde del análisis jurídico que corresponde, tendiente a determinar si los docentes oficiales regulados por la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2831 de

4.1. Marco Legal y Jurisprudencial

La Sala prescinde del análisis jurídico que corresponde, tendiente a determinar si los docentes oficiales regulados por la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2831 de 2005, son destinatarios de lo previsto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 en el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales, especialmente en lo relacionado con sanción moratoria.

A lo anterior la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio del 2018, consideró frente a dicho asunto, entre otras cosas, lo siguiente:

”77. De acuerdo con lo señalado, la Sala de Sección concluye en primer lugar, que conforme a la soberanía que reside en el pueblo y del cual emana el poder público, cuya manifestación se materializó a través de la Constitución Política, no puede existir ninguna ca tegoría jurídica de empleado público que no se origine en la norma superior.

78. En segundo lugar, es preciso señalar que dado el criterio finalista tenido en cuenta por la Asamblea Nacional Constituyente al establecer el artículo 123 de la Constitución P olítica, se consideró que dentro de la categoría de servidores públicos se encontraban quienes prestaran sus servicios a la comunidad y, por ende, ejercieran una función pública de forma permanente. Al respecto, según se expuso, los docentes oficiales prestan un servicio público esencial a cargo del Estado y en beneficio del interés general.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 7

Demandante: MARIA DE LA LUZ LOZANO CELIS

expuso, los docentes oficiales prestan un servicio público esencial a cargo del Estado y en beneficio del interés general.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 7

Demandante: MARIA DE LA LUZ LOZANO CELIS Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACION, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Radicación: 73001-33-33-003-2022-00187-01

79. Como tercer punto, una vez analizadas las normas que establecen el régimen jurídico de la educación en Colombia, es evidente la distribución de competencias del sector central – la Nación, a las entidades territoriales, en virtud del principio de la descentralización administrativa, y en atención a que la vinculación de los docentes se ha realizado a través de un órgano de la administración bien sea del orden nacional o departamental, todo ello con el fin de garantizar el efectivo y eficiente ejercicio del servicio público de educación que busca no solo el cumplimiento de la función pública, sino la materialización de los fines esenciales del Estado.

80. Y finalmente, en atención al régimen especial laboral de los educadores que prestan sus servicios al Estado, cuya vinculación al servicio se efectúa a través de concurso público, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes, así como el ascenso, la

permanencia y el retiro se encuentran regulados a través de la carrera administrativa prevista por el Estatuto de Profesionalización Docente contenido en el Decreto 1278 de 2002, se establece que su relación laboral es de carácter legal y reglamentaria.

81. Con fundamento en lo expuesto, para la Sección Segunda los docentes

contenido en el Decreto 1278 de 2002, se establece que su relación laboral es de carácter legal y reglamentaria.

81. Con fundamento en lo expuesto, para la Sección Segunda los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto d e profesionalización los defina como empleados oficiales, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la f unción docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la

implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través de la ley.

82. Por lo anterior, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido que a los docentes les son aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanc ión por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos; siendo consonante esta posición, con la adoptada por la Corte Constitucional.”

4.1.2. Sanción moratoria por pago tardío de cesantías a los docentes

En la misma sentencia, la Sección segunda del Concejo de Estado estableció las siguientes reglas jurisprudenciales, frente al conteo del término para su configuración y los paramentos para la fijación del monto a reconocer tal concepto:

[…] . En tal virtud, la Sala dicta las siguientes reglas jurisprudenciales:

configuración y los paramentos para la fijación del monto a reconocer tal concepto:

[…] . En tal virtud, la Sala dicta las siguientes reglas jurisprudenciales:

3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.

3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratori a corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8

Demandante: MARIA DE LA LUZ LOZANO CELIS Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACION, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Radicación: 73001-33-33-003-2022-00187-01

194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la e jecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley para que la entidad intentara

verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la e jecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de est os casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria.

195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.

3.5.3 Sentar jurisprudencia señalando que, tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías par ciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por la prolongación en el tiempo.

3.5.4 Sentar jurisprudencia, reiterando que es improcedente la indexación de

mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por la prolongación en el tiempo.

3.5.4 Sentar jurisprudencia, reiterando que es improcedente la indexación de la sanción moratoria. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 del CPACA.

Para una mayor ilustración, la referida providencia resumió las distintas hipótesis que se podían plantear al momento del reconocimiento de la sanción moratoria de la siguiente manera:

6 Se consideran los supuestos de los artículos 68 y 69 del CPACA según los cueles, la entidad tuvo 5 días para citar al peticionario a recibir notificación personal, 5 días más para que comparezca, 1 día para entregarle el aviso, y 1 día para perfeccionar la notificación por este medio. Estas diligencias totalizan 12 días.

HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA TÉRMINO PAGO CESANTÍA CORRE MORATORIA

PETICIÓN SIN RESPUESTA No aplica 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición

ACTO ESCRITO

EXTEMPORANEO

(después de 15 días) Aplica, pero no se tiene en cuenta para el computo del término de pago 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición ACTO ESCRITO EN TIEMPO Personal 10 días, posteriores a la notificación 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación

45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición ACTO ESCRITO EN TIEMPO Personal 10 días, posteriores a la notificación 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Electrónica 10 días, posteriores a certificación de acceso al acto 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Aviso 10 días, posteriores al siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la entrega del aviso ACTO ESCRITO EN TIEMPO Sin notificar o notificado fuera de término 10 días, posteriores al intento de notificación personal 6 45 días posteriores a la ejecutoria 67 días posteriores a la expedición del actoMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 9

Demandante: MARIA DE LA LUZ LOZANO CELIS Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACION, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Radicación: 73001-33-33-003-2022-00187-01

4.1.3. Entidad responsable del pago de la sanción moratoria

El Decreto 1272 de 2018, por el cual se modifica