TA TOL - Sentencia 73001-33-33-006-2021-00033-01 (27-03-2025)

Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-006-2021-00033-01

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Roman Francisco Forero Aza Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, 27 de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 73001-33-33-006-2021-00033-01

Demandante: Román Francisco Forero Aza

Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

Tema: Bonificación Judicial

La Sala de Decisión resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 9 de julio de 2024, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué -Tolima, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES La demanda La demandante por conducto de apoderad a judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho previsto en el artículo 138 del C. de P.A. y de lo C.A. promovió demanda contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se despachen las siguientes:

de P.A. y de lo C.A. promovió demanda contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se despachen las siguientes:

Declaraciones y condenas (Fls. 30 y 31 del documento 03DemandaAnexos, expediente Samai).

Como pretensiones solicitó:

1. Declarar la nulidad del Oficio Nro. DESAJIBO 19-510 de 4 de marzo de 2019, por medio de la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, denegó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial.

2. Que se inaplique el artículo 1 y 3 del Decreto 383 de 2013, por ser manifiestamente violatorio de normas de carácter superior contenidos en el artículo 53 de la Constitución Política.

3. Declarar que el demandante tiene derecho a que la NaciónRama JudicialConsejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración JudicialSeccional Tolima, le reconozca, reajuste y pague la reliquidación de las prestaciones sociales como primas de vacaciones, primas de servicios, primas de navidad, bonificación por servicios prestados, vacaciones, bonificación judicial, cesantías, intereses a las cesantías y demás acreencias laborales a que tuviere derecho a partir del 24 de agosto de 2016Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-006-2021-00033-01

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y en adelante, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial devengada mes a mes de forma ininterrumpida desde el año 2016 a la fecha.

A título de restablecimiento del derecho

1. Condenar a la parte demandada al pago, reconocimiento y reajuste por concepto de prima de servicios, vacacional, de navidad, de productividad, bonificación por servicios prestados, cesantías y demás acreencias laborales a las que tuviere derecho el demandante, desde el 24 de agosto de 2016 y subsiguientes, incluyendo c omo factor salarial la bonificación judicial devengada mes a mes de manera ininterrumpida desde el año 2016 a la fecha mediante el Decreto 383 de 2013.

2. Condenar a la parte demandada a liquidar y pagar la totalidad de diferencias salariales y prestacionales desde el momento de la consolidación del derecho, desde la adquisición de la bonificación judicial el 24 de agosto de 2016, hasta la inclusión en nómina con la totalidad de los factores salariales debidamente demandados y lo que se determine a pagar de la reliquidación de sus prestaciones sociales.

3.Ordenar la actualización de las condenas en los términos del artículo 187 y 192 del C. de P.A. y de lo C.A.

Hechos: (Fls. 30 y 31 del documento 03DemandaAnexos, expediente Samai).

Como circunstancias fácticas destacables, la parte activa en la demanda de manera sintetizada dispuso:

Hechos: (Fls. 30 y 31 del documento 03DemandaAnexos, expediente Samai).

Como circunstancias fácticas destacables, la parte activa en la demanda de manera sintetizada dispuso:

1. El demandante se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el 1 de mayo de 2009 hasta el 4 de octubre de 2009 y desde el 24 de agosto de 2016 a la fecha , desempeñando actualmente el cargo de Asistente Administrativo DEAJ 05 en la

Dirección Seccional de Administración de Justicia de Ibagué- Oficina Judicial.

2. Mediante el Decreto 383 de 2013 se creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Siste ma General de Seguridad Social en Salud, y en ese sentido, así se le ha reconocido.

3. El 12 de febrero de 2019 solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial.

4. La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mediante Oficio Nro. DESAJIBO 19-510 del 4 de marzo de 2019 , negó el reconocimiento solicitado; contra dicho acto interpuso recurso de apelación el 8 de abril de 2019 sin que a la fecha hubiere sido resuelto.

Normas violadas y concepto de la violación Adujo como normas vulneradas el preámbulo y los artículos 2, 13, 25, 53 , 84 y 209 de la Constitución Política de Colombia ; artículos 3, 14 y 15 de la Ley 4 de 1992;

Adujo como normas vulneradas el preámbulo y los artículos 2, 13, 25, 53 , 84 y 209 de la Constitución Política de Colombia ; artículos 3, 14 y 15 de la Ley 4 de 1992; Decreto 383 de 2013; 152 de la Ley 270 de 1996; artículo 138 y 161 del C. de P.A. y de lo C.A.

Como concepto de violación, indicó que el no tomarse la bonificación judicial como factor salarial para todos los efectos y al ser contrar io al ordenamiento jurídicoSentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-006-2021-00033-01

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superior, la entidad demandada ha menoscabado las prestaciones sociales y laborales del actor al excluir de su base liquidatoria la bonificación judicial, como un valor adicional lo que incurre en una violación de los principios constitucionales que impiden desmejorar el salario de sus empleados. (Fls. 32 a 42 del documento 03DemandaAnexos, expediente Samai).

Contestación de la demanda Por auto de 10 de febrero de 2022, el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Circuito de Ibagué admitió la demanda, y ordenó notificar a la entidad demandada. (Documento 09AutoAdmiteDemanda20220210, expediente Samai)

El termino para contestar la demandada empezó a correr el 5 de abril de 2022 y venció el 24 de mayo de 2022, dentro del cual, la Nación - Rama Judicial - Dirección

El termino para contestar la demandada empezó a correr el 5 de abril de 2022 y venció el 24 de mayo de 2022, dentro del cual, la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó la demanda en oportunidad . (Documento 20VenceTrasladoContestacionYReforma, expediente Samai).

Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Por conducto de apoderada judicial, la entidad contestó la demandada oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones; en relación con los hechos indicó que no le constan y que se atiene a lo que resulte probado en el proceso.

Explicó que desde el 1 de enero de 1993 y por mandato legal, coexisten en la Rama Judicial dos regímenes salariales y prestacionales: un régimen ordinario, denominado de los "No Acogidos", aplicable a los servidores judiciales vinculados antes de esa fecha que optaron por continuar bajo las disposiciones anteriores; y un régimen especial, denominado de los "Acogidos", dirigido a los empleados y funcionarios judiciales que eligieron acogerse a las nuevas disposiciones salariales y a quienes ingresaron a la Rama Judicial a partir del 1 de enero de 1993.

En relación con el Decreto 383 de 2013 y normas concordantes, adujo que por mandato legal la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para calcular la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Indicó que respecto al carácter salarial de ciertos emolumentos derivados de la relación legal y reglamentaria de los servidores judiciales, los máximos órganos de cierre en lo Constitucional y en lo Contencioso

de Seguridad Social en Salud. Indicó que respecto al carácter salarial de ciertos emolumentos derivados de la relación legal y reglamentaria de los servidores judiciales, los máximos órganos de cierre en lo Constitucional y en lo Contencioso Administrativo han ratificado, en distintas sentencias (sin especificarlas), la potestad del legislador según mandato constitucional para disponer que ciertos conceptos salariales se liquiden sin tomar en cuenta el salario total del servidor público, sin que esto implique omisión o incorrecto desarrollo de deberes legales. Al respecto, mencionó la sentencia C-279-96 expedida por la Corte Constitucional, que se pronunció sobre la expresión “sin carácter salarial” como ajustada a la constitución.

Explicó que, de acuerdo con la Constitución y la ley, el legislador tiene libre configuración legislativa para determinar los salarios y prestaciones sociales de los empleados públicos, y por tanto, es posibl e que indique que determinados emolumentos no constituyan factor salarial para algunos salario o prestaciones sociales; de allí que la pretensión de inaplicar por inconstitucional el Decreto 383 de 2013 es improcedente. Adicionalmente, adujo que la adminis tración ha venido aplicando el ordenamiento jurídico vigente, dándole estricto cumplimiento.Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-006-2021-00033-01

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Propuso como excepciones las que denominó : i. Inexistencia de perjuicios ; y ii.

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Propuso como excepciones las que denominó : i. Inexistencia de perjuicios ; y ii. Innominada o genérica . (Fls. 5 a 8 del documento 18ContestacionDemandaYExcepcionaRamaJudicial, expediente Samai).

La sentencia apelada (Documento 40Sentencia20240709, expediente Samai) Es la proferida el 9 de julio de 2024 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué que resolvió: i) declarar probada parcialmente la excepció n de prescripción de acuerdo con lo expuesto ; ii) declarar configurado el silencio administrativo negativo del acto administrativo contenido en el oficio DSAJIBO19510 del 4 de marzo de 2019, expedido por la Rama Judicial, al no haber dado respuesta al recurso de apelación presentado por el demandante; iii) declarar la nulidad del oficio DSAJIBO19-510 del 4 de marzo de 2019; iv) ordenar a la NaciónRama JudicialDEAJ en virtud de la Ley 4 de 1992, reliquidar y pagar a favor de l demandante todas las prestaciones sociales desde el 24 de agosto de 2016 incluyendo la bonificación judicial como factor salarial , y mientras perdure su vinculación laboral con la Rama Judicial, cancelando las diferencias que se hayan generado como consecuencia de la reliquidación ; v) indexación de las sumas reconocidas; vi) sin condena en costas.

Para llegar a la anterior decisión, el Juez indicó que la Rama Judicial no le ha

consecuencia de la reliquidación ; v) indexación de las sumas reconocidas; vi) sin condena en costas.

Para llegar a la anterior decisión, el Juez indicó que la Rama Judicial no le ha cancelado al accionante la totalidad de sus acreencias laborales, debido a que solo le liquida sus prestaciones con un porcentaje de su salario básico al no tenerle en cuenta la bonificación judicial como factor salarial desde el a ño 2016, motivo por el cual le adeuda durante todo ese tiempo los efectos e incidencias en todas sus prestaciones que tenga un 100% de su salario básico que hasta ahora ha excluido de la base de liquidación. Consideró que la Rama Judicial hasta el momento ha menoscabado las prestaciones sociales y laborales del demandante, excluyendo de la base liquidataria la bonificación judicial, como un valor adicional al salario legalmente establecido en el Decreto 383 de 2013.

Concluyó que el acto administrativo de mandado, así como los decretos expedidos por el gobierno que no consideran la bonificación judicial del salario básico como adicional, es contrario al ordenamiento superior, razón por la cual resolvió acceder a las pretensiones de la demanda. (Documento 40Sentencia20240709, expediente Samai).

Recurso de apelación – parte demandada En desacuerdo con la decisión del juzgado de origen, la apoderada judicial de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial apeló la sentencia, ar gumentando que la orden emitida implica necesariamente reconocer que la bonificación posee carácter salarial, lo cual contraviene la ley. Señaló que el acto administrativo demandado fue dictado conforme a los parámetros legales establecidos, y que no es po sible extender la bonificación al no constituir un factor

que la bonificación posee carácter salarial, lo cual contraviene la ley. Señaló que el acto administrativo demandado fue dictado conforme a los parámetros legales establecidos, y que no es po sible extender la bonificación al no constituir un factor salarial, según lo estipulado en los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015. Por lo tanto, la entidad está impedida para realizar cálculos o reajustes distintos a los estrictamente autorizados por el n ivel central, basándose en las disposiciones y lineamientos otorgados por el Gobierno Nacional.

Advirtió que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha aplicado correctamente el contenido de dichas prescripciones legales, cumpliendo con la formalidad establecida en su artículo 3 º. Por esta razón, se opone a dicha condena, porque de hacerlo implicaría desacatar el ordenamiento legal vigente, con lasSentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-006-2021-00033-01

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correspondientes consecuencias penales, fiscales y disciplinarias. Asimismo, solicitó la revocación del numeral sexto, en el cual se están otorgando derechos y sentencias ultra y extra petita, facultades que solo se aplican al juez constitucional.

Citando el Decreto 383 de 2013, indicó que por expreso mandato legal la bonificación constituye únicamente un factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Además,

Citando el Decreto 383 de 2013, indicó que por expreso mandato legal la bonificación constituye únicamente un factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Además, hizo referencia nuevamente a las sentencias C -279 de 1996 y C -337 de 1993 proferidas por la Corte Constituci onal relacionadas con la potestad que tiene el legislador de determinar qué constituye o no salario.

Finalmente, manifestó que la bonificación judicial fue regulada sin carácter salarial y los decretos de que la regulan no han sido declarados nulos, y por tanto, siguen gozando de la presunción de la legalidad; además, existe una imposibilidad presupuestal para reconocer las pretensiones del demandante, señalando que los valores solicitados no están presupuestados, y que los incrementos en la nómina para el reconocimiento de dichas acreencias laborales a todos los servidores judiciales reclamantes, podrían contravenir la prohibición contenida en el artículo 71 del Decreto 111 de 1986, compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989. Además, desconocería la s reglas de apropiación presupuestal del Decreto 1068 de

2015. Reconocer las pretensiones reclamadas sin la autorización presupuestal requerida implicaría que el ordenador del gasto incurriera en actuaciones disciplinarias conforme a la Ley 734 de 2002.

Destacó que, según la jurisprudencia citada, sin la respectiva disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones impuestas por la ley o las sentencias judiciales, la administración judicial está impedida para generar o disponer reconocimientos y

presupuestal que garantice la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones impuestas por la ley o las sentencias judiciales, la administración judicial está impedida para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales.

Por consiguiente, solicitó revocar la sentencia apelada, teniendo en cuenta que la administración judicial ha venido aplicando correctamente el contenido normativo el artículo 3º de la Ley 4ª de 1992. (Documento 47RecursoApelacionRamaJudicial, expediente Samai)

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto de sustanciación del 27 de febrero de 2025 el recurso de apelación fue admitido; y se ordenó que una vez esté ejecutoriada la decisión, ingresara el proceso para proferir sentencia. (Documento 12_Autoobedezcase_, del expediente digital).

Alegatos de conclusión

Parte demandante: No presentó alegatos de conclusión.

Parte demandada No presentó alegatos de conclusión.

Ministerio público. No presentó concepto.Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-006-2021-00033-01

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CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Competencia Este tribunal es competente para conocer del recurso de apelación de conformidad

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CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Competencia Este tribunal es competente para conocer del recurso de apelación de conformidad con los artículos 104, inciso 1, 153 y 243 del C. de P. A. y de lo C.A; pues se cuestiona una sentencia proferida por un Juez del Circuito Administrativo en la que es parte una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Problema jurídico. El fondo del asunto de conformidad con la sentencia impugnada y el recurso impetrado, se centra en determinar, si el demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la Bonificación Judicial como factor salarial, y por ello, debe tenerse en cuenta para liquidar el salario y las prestaciones sociales que devenga como servidora de la Rama Judicial.

Límites de la apelación. I La Sala de Decisión estudia el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del 9 de julio de 2024, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué-Tolima, en tanto solo le está dado al juez de la segunda instancia pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos al fallo, sin que se pueda infiltrar en el estudio de tópicos que no fueron debatidos por el o los recurrentes; así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado1.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Demandante: Ana Grego ria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la administración de justicia / Error Jurisdiccional.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 17001-2331000-2002-01526-01(37533), Demandante: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: NaciónMinisterio de Defensa - Ejercito Nacional, Asunto: Recurso de apelación – Limites y competencia del juez de segunda instancia.

Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Demandante: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Asunto: Recurso de apelación – procedencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Cons ejero Ponente: WILLIAM

Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Asunto: Recurso de apelación – procedencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Cons ejero Ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO; Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Radicación número 25000 -23-27-000-200700024-01 (17272), Demandante: Hospital Universitario Clínica San Rafael, Demandado: Dirección Distrital de Impuestos – Secretaría de Hacienda Distrital, Asunto: Recurso de apelación – Objeto / Sustentación del recurso de apelación – Sirve al ad quem para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de primera instancia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ; Sentencia del 26 de enero de 2011, Radicación número: 25000 -23-26-000-1997-13804 (19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, Asunto: Recluso – Muerte en centro penitenciario / Detención preventiva – Presunción de inocencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ; Sentencia del 7 de diciembre de 2017, Radica ción número: 08001 -2331-000-2009-01122-01, Demandante: Seguros del Estado S.A Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, Demandado: Seguros del Estado S.A, Asunto: Recurso de apelación – Límites.Sentencia 2ª Instancia

Demandante: Seguros del Estado S.A Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, Demandado: Seguros del Estado S.A, Asunto: Recurso de apelación – Límites.Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-006-2021-00033-01

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Así las cosas, es claro que la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las parte s (esto último, en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.

Aunado a lo anterior, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa3 reiteró que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Finalmente, estableció

instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Finalmente, estableció que, como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista congruencia entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so pena de que no se pueda analizar la alzada”.

II. Por la forma como se activó el asunto y como se contestó la demanda, es dable entender que se aceptaron las estipulaciones probatorias; por lo tanto, este asunto es de puro derecho y las pruebas vertidas sirven para resolver el asunto.

III. Por otro lado, se tiene: Excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad A partir de los artículos 4, 29, 209 de la Carta4, se reconoce a favor de la Jurisdicción Especializada de lo Contencioso Administrativo 5 la facultad de im poner para un caso concreto la inaplicación de una norma general por la vía de la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad6, porque las normas de inferior rango que resulten

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; Sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 - 2324-000-2007-90177-01, Demandante: Alexander Méndez Mendoza, Demandado : Concejo de Bogotá D.C., Asunto: Acto que ha perdido fuerza ejecutoria.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero

Asunto: Acto que ha perdido fuerza ejecutoria.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN; Sentencia del 16 de agosto de 2022, Radicación número 73001-23-00000-2008-00587-01 (52803), Demandante: Esperanza Beltrán Ibáñez, Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué, Referencia: Reparación directa – apelación de sentencia, Asunto: Responsabilidad del Estado / Error Judicial -Carga de sustentación material para que pueda habilitarse la competencia del superior / Teoría general de los recursos. 4 Sentencia C-037-00. Referencia: expediente D-2441, demanda de inconstitucionalidad de Ramón Esteban Laborde Rubio en contra del artículo 240 de la Ley 4 de 1913 de 26 de enero de 2000, M agistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa; Sentencia del 26 de enero de 2006, Asunto: excepción de ilegalidad en el marco de la Constitución Política – aplicación o invocación no es general.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR; proferida el 15 de julio de 2004, Radicación número: 25000-23-26-000-200201834-01 (AP), Actor: José Ignacio Arias y Otros, Demandado: La Nación - Ministerio de Comunicaciones y Otros, Referencia: Acción Popular.

6 Artículo 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

01834-01 (AP), Actor: José Ignacio Arias y Otros, Demandado: La Nación - Ministerio de Comunicaciones y Otros, Referencia: Acción Popular.

6 Artículo 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: “Control por vía de excepción. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-006-2021-00033-01

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contradictorias a aquellas otras a las cuales por disposición constituciona l deben subordinarse a la Constitución, garantiza la vigencia del principio de legalidad; la técnica jurídica precisa, si la incompatibilidad se da entre una norma de inferior jerarquía y la Constitución, la figura asume la nominación de “ excepción de inconstitucionalidad”, y si tal incompatibilidad se da con otra norma diferente a la Constitución, la nominación es la de “excepción de ilegalidad” 7.

Por ello se sabe, “ EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD -Concepto y alcance La jurisprudencia constitucional ha definido que “la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se con figura igualmente

una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se con figura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una caso concreto y las normas constitucionales”. En consecuencia, esta he rramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte.”

7 Sentencia T-389-09. Referencia: expediente T -1400804, Acción de tutela instaurada por Adrián Esteban López Jiménez contra Tribunal Superior de Valledupar -Sala Penal-, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto; Sentencia del 28 de mayo de 2009.

Sentencia C-037-00. Referencia: expediente D-2441, Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 240 de la Ley 4ª. de 1913, Demandante: Ram