TA TOL - Sentencia 73001-33-33-006-2022-00115-01 (27-03-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué – Tolima, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 73001-33-33-006-2022-00115-01

Interno: 0397-2023

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Demandante: Luis Hugo Rojas Rodríguez

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones

I. ASUNTO.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué el 15 de diciembre 2022, en la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, no observándose nulidad alguna que invalide lo actuado dentro del presente medio de control.

II. ANTECEDENTES

El señor Luis Hugo Rojas Rodríguez actuando por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda, con la finalidad de obtener, mediante sentencia judicial, un pronunciamiento favorable sobre las siguientes:

1. DECLARACIONES Y CONDENAS1

Pretende la parte demandante lo siguiente:

Declárese la nulidad integral y absoluta de los actos administrativos:

Resolución SUB -326887 del 19 diciembre 2018, Resolución SUB-99116 del 26 de abril 2019 y Resolución DPE -5309 del 2 de julio de 2019, proferido por la

Resolución SUB -326887 del 19 diciembre 2018, Resolución SUB-99116 del 26 de abril 2019 y Resolución DPE -5309 del 2 de julio de 2019, proferido por la Administradora Colombiana de PensionesCOLPENSIONES, a través del cual se negó el reconocimiento de pago de la pensión de vejez del señor Luis Hugo Rojas Rodríguez, por incurrir dichos actos admi nistrativos en la causal de nulidad de infracción de las normas en que debió fundarse y falsa motivación.

1 Expediente unificado – cuaderno principal 1 – folios 6-8Radicación: 73001-33-33-006-2022-00115-01

Interno: 0397 -2023

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Luis Hugo Rojas Rodríguez Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones “COLPENSIONES”

Se reconozca pensión de vejez a favor del señor L uis Hugo Rojas Rodríguez, a partir del 13 de abril de 2001, en suma, inicial de UN MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($1’067.619,36), junto con las mesadas adicionales y los reajustes.

Se ordene el pago del retroactivo pensional que resulte del reconocimiento de su pensión de vejez por valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($397.471.071,44) desde el 13 de abril de 2001, hasta la fecha de

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($397.471.071,44) desde el 13 de abril de 2001, hasta la fecha de presentación de la demanda y lo que se cause, hasta la fecha en que se haga efectiva la obligación.

Se indexe el valor de las mesadas, del retroactivo y demás emolumentos adeudados hasta la fecha en que se haga efectivo la reliquidación de mi poderdante, se anota que esta figura debe utilizarse como corrección monetaria de las semanas adeudadas.

2. HECHOS2

El señor Luis Hugo Rojas Rodríguez, nació el 13 de abril de 1941, actualmente cuenta con 84 años, y está afiliado a la Administradora Colombiana de Pensiones desde el 1 de enero de 1967, en el reporte emanado por COLPENSIONES se reportaron 1029,87 semanas, de 7.209 días. El accionante, es beneficiario del régimen de transición, ya que al primero de abril de 1994 él mismos tenía 53 años y más de 15 años de servicio.

El día 9 de diciembre de 2002, él señor Rojas Rodríguez, presentó reclamación administrativa solicitando su pensión de vejez ante el ISS, hoy COLPENSIONES, mediante Resolución No. 002284 del 20 de febrero del 2004, le negaron el derecho de pensión de vejez por no cumplir con los re quisitos requeridos en la ley, contra dicha resolución, interpuso los recursos de ley, siendo confirmado el acto administrativo en todas sus partes mediante las Resoluciones No. 3098 del 19 de octubre del 2004, No.00011 del 7 de enero de 2005.

dicha resolución, interpuso los recursos de ley, siendo confirmado el acto administrativo en todas sus partes mediante las Resoluciones No. 3098 del 19 de octubre del 2004, No.00011 del 7 de enero de 2005.

El 13 de diciembre de 2007, nuevamente el demandante solicitó la pensión de vejez, de la que obtuvo respuesta mediante la Resolución No. 56571 del 26 de noviembre del 2009, acto que negó la pensión al señor Rojas Rodríguez. En dicha resolución al acciónate no se le consideró los periodos trabajados en: Tornillería y Aplicaciones Mecánicas S.A TAMSA, periodos correspondientes entre el 13 de abril de 1964 y el 31 de diciembre d e 1966, no se consideró el tiempo laborado como concejal del Municipio del Guamo (Tolima).

El actor radicó el 24 de marzo de 2010, otra vez solicitud de reconocimiento de pensión de vejez, siendo resuelta mediante la Resolución No. 17889 del 18 de junio del 2010, de forma negativa porque no tiene el periodo requerido, y por estimar que el periodo como diputado es imposible determinarlo, frente a dicha resolución, él señor Rodríguez Rojas interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, siendo confirmada nuevamente por la Administradora Colombiana de Pensiones, mediante Resoluciones No. 011829 del 5 de abril del 2011.

2 Expediente unificado – cuaderno principal 1 – folios 10-32Radicación: 73001-33-33-006-2022-00115-01

Interno: 0397 -2023

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Luis Hugo Rojas Rodríguez

Interno: 0397 -2023

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Luis Hugo Rojas Rodríguez Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones “COLPENSIONES”

El señor Rojas Rodríguez, solicitó reconocimiento y pago de pensión de vejez, la cual fue resuelta mediante Resolución SUB-76239 del 22 de marzo del 2018, negándose el reconocimiento y pago de dicha prestación, por considerar que, los formatos aportados estaban mal diligenciados por parte de la asamblea departamental.

La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, mediante Resolución DIR -11306 del 18 de junio del 2018, manifestó que el señor Luis Rojas acredita un total de 1.040 semanas, pero se niega a reconocer la pensión de vejez que no eran los competentes para resolver la prestación reclamada y ordena la remisión del expediente administrativo al Municipio del Guamo, el accionante presenta reposición contra la anterior resolución y la misma es resuelta conforme a la Resolución DIR-20522 del 26 de noviembre de 2018, resolviendo dejar sin efecto la Resolución DIR-11306 del 18 de junio del 2018.

El día 19 de diciembre de 2018, COLPENSIONES profiere la Resolución SUB-326887 negando la solicitud de pensión por considerar que no cumplía con el tiempo requerido de servicio, él accionante interpone recurso de apelación contra dicha Resolución SUB -326887 del 19 de diciembre del 2018, la entidad por medio de la Resolución SUB -99116 del 26 de abril del 2019, resolvió dicho recurso, en donde confirma la decisión al considerar que el solicitante solo contaba con 975 semanas

Resolución SUB -326887 del 19 de diciembre del 2018, la entidad por medio de la Resolución SUB -99116 del 26 de abril del 2019, resolvió dicho recurso, en donde confirma la decisión al considerar que el solicitante solo contaba con 975 semanas cotizadas.

Finalmente, mediante la Resolución DPE -5309 del 2 de julio del 2019, la entidad resuelve el recurso indicando que el señor Rojas Rodríguez acredita 1.016 semanas cotizadas con derecho a la pensión, pero que carece de competencia para reconocerla porque solo tiene cotizado ante COLPENSIONES 127 semanas contrariando la Circular No. 23 de 2017.

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3

3.1. Como normas violadas se citaron en la demanda las siguientes:

De orden constitucional: Artículos: 2, 6, 13, 25, 46, 53, 93 de la Constitución Política de Colombia.

De orden legal: Ley 71 de 1988, Art 7. Ley 100 de 1993, Art 36, 141. Decreto 1748 de 1995, Art 48, 52.

3.2. Concepto de violación

“Se determinó que las Resoluciones SUB-326887 de 2018, SUB-99116 de 2019 y DPE 5309 de 2019, emitidas por COLPENSIONES, vulneraron disposiciones constitucionales y legales, entre ellas los artículos 2, 6, 13, 25, 46, 53 y 93 de la Constitución Política, así como normas de la Ley 71 de 1988, la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1748 de 1995.

legales, entre ellas los artículos 2, 6, 13, 25, 46, 53 y 93 de la Constitución Política, así como normas de la Ley 71 de 1988, la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1748 de 1995.

3Expediente unificado – cuaderno principal 1 – folios 32-56Radicación: 73001-33-33-006-2022-00115-01

Interno: 0397 -2023

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Luis Hugo Rojas Rodríguez Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones “COLPENSIONES”

Se estableció que, a la fecha del 1 de abril de 1 994, las personas con tiempo de servicio en los sectores público y privado podían beneficiarse del artículo 7 de la Ley 71 de 1988, mientras que quienes únicamente acreditaban servicio público estaban sujetos a la Ley 33 de 1985. Por otro lado, aquellos vinculados al Instituto de Seguros Sociales sin haber reportado la novedad de retiro debían acogerse al artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. El análisis de la historia laboral del demandante, basado en certificados de información laboral y reportes de semanas cotizadas, evidenció que había aportado tanto al ISS como a diferentes cajas de previsión del orden municipal y departamental. Se verificó que, para la fecha mencionada, el demandante había cotizado a través de empleadores públicos y privados, incluyendo Tornillería y Aplicaciones Mecánicas S.A. Finalmente, se concluyó que la normatividad aplicable era la Ley 71 de 1988, la cual

públicos y privados, incluyendo Tornillería y Aplicaciones Mecánicas S.A. Finalmente, se concluyó que la normatividad aplicable era la Ley 71 de 1988, la cual reconoce la pensión de jubilación por aportes, descartando la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, debido a que este no permite la sumatoria de tiempos públicos y privados. Asimismo, se precisó que el reconocimiento de la pensión por aportes no exige que las semanas cotizadas al ISS sean anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993, crite rio respaldado por la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 24 de mayo de 2011”.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

4.1 . COLPENSIONES

Dentro del términ o legal, el apoderado de la Administradora Colombiana de PensionesCOLPENSIONES sostuvo que el accionante no cumplen los requisitos mínimos para acceder a la gracia pensional conforme a las Leyes 71 de 1988, 33 de 1985 y 797 de 2003. De igual modo, señaló que el problema jurídico a resolver versa sobre los tiempos laborados presuntamente por el actor y que no se tuvieron en cuenta porque no se tiene evidencia de afiliación y cotización, ante lo cual, asevera que conforme al ordenamiento jurídico en caso d e que se pruebe el vínculo laboral pretendido en lo que respecta a la omisión de las cotizaciones, es deber del empleador realizar los aportes en seguridad social y que COLPENSIONES no cuenta con responsabilidad alguna frente al cobro de cotizaciones de u n empleador que omitió su obligación legal de afiliarlo al sistema.

empleador realizar los aportes en seguridad social y que COLPENSIONES no cuenta con responsabilidad alguna frente al cobro de cotizaciones de u n empleador que omitió su obligación legal de afiliarlo al sistema.

Afirmó que la competencia para atender el estudio de la pensión de jubilación por aportes establecida en la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, recaerá sobre la última entidad donde se hayan efectuado cotizaciones, siempre que alcancen al menos 6 años; si el traslado no es voluntario, será asumido por aquella entidad donde se reportó mayor número de cotizaciones, pues solo se logran 128 semanas de cotización.

El apoderado formula como excepciones perentorias las que denomino “ausencia de requisitos para acceder al Derecho pensional” “prescripción” “improcedencia de intereses moratorios” “Buena fe” y la “excepción genérica”.Radicación: 73001-33-33-006-2022-00115-01

Interno: 0397 -2023

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Luis Hugo Rojas Rodríguez Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones “COLPENSIONES”

5. SENTENCIA RECURRIDA4

Mediante sentencia del 15 de diciembre de 2022, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda declarando la nulidad de los actos administrativos demandados, y en consecuencia ordenó:

“PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad d e los actos administrativos Resolución

declarando la nulidad de los actos administrativos demandados, y en consecuencia ordenó:

“PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad d e los actos administrativos Resolución SUB-326887 del 19 de diciembre de 2018, Resolución SUB -99116 del 26 de abril de 2019 y Resolución DPE -5309 del 2 de julio del 2019, proferidos por la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión”.

“SEGUNDO: DECLÁRSE PROBADA la excepción de prescripc ión de las mesadas pensionales generadas con anterioridad del 21 de octubre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en esta providencia”.

“TERCERO: A título de restablecimiento del derecho CONDÉNESE a la ADMINISTRADORA COLOMBIA NA DE PENSIONES - COLPENSIONES a reconocer y pagar a favor del señor Luis Hugo Rojas Rodríguez Con la CC No. 3.038.988, la pensión de jubilación por aportes, equivalente al setenta y cinco por ciento del salario base de liquidación establecido en el inciso 3º del artículo 36 de la ley 100 de 1993 con inclusión de todos los factores salariales percibidos conforme lo previsto en el Decreto 1158 de 1993, a partir del 13 de abril del 2001, pero con efectos fiscales desde el 21 de octubre de 2016, y en adelante en virtud del fenómeno de la prescripción.

Los anteriores valores deberán ser indexados con la siguiente fórmula:

R= Rh índice final Índice final

Según lo cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico

del fenómeno de la prescripción.

Los anteriores valores deberán ser indexados con la siguiente fórmula:

R= Rh índice final Índice final

Según lo cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por él demandante por concepto de mesada pensional, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de los precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de la sentencia) por el índice final (vigente a la fecha de ejecutor ia de la sentencia) por el índice Inicial (vigente para la época en que se causó el derecho)”

“CUARTO: CONDÉNESE en costas a la parte accionada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 135 del C.G.P, para lo cual se fija la suma equivalente al 4% de lo pedido como agencias en derecho”.

“(…)”.

“NOVENO: NIÉGUESE el reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la decisión”.

4 SAMAI -Índice 00031Radicación: 73001-33-33-006-2022-00115-01

Interno: 0397 -2023

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Luis Hugo Rojas Rodríguez Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones “COLPENSIONES”

Para arri bar a tal conclusión, el a quo planteó como problema jurídico : “¿ Debe declararse la Nulidad de los actos administrativos contenidos en las resoluciones SUBPara arri bar a tal conclusión, el a quo planteó como problema jurídico : “¿ Debe declararse la Nulidad de los actos administrativos contenidos en las resoluciones SUB326887 del 19 de diciembre de 2018, SUB -99116 del 26 de Abril y DPE -5309 del 2 de julio de 2019, proferidos por la accionada Administradora Colombiana de Pension esCOLPENSIONES y por medio de los cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez solicitada por él señor Luis Hugo Rojas Rodríguez, por incurrir dichos actos administrativos en las causales de Nulidad de infracción de las normas en que debió fundarse y falta motivación, teniendo en cuenta que el actor cumplía con las semanas de cotización y edad para aplicársele el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siendo entonces procedente en su caso la aplicación d e la Ley 71 de 1988, que consagra el derecho a la pensión de jubilación por aportes, y en consecuencia debe reconocerse dicha pensión de vejez así como el retroactivo pensional correspondiente?”

El A-Quo para dar respuesta al problema jurídico planteado manifestó que, en virtud de la integración del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 del 93, el demandante cumplió con los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez por aportes, puesto que al momento de entrada en vigencia del nuevo sistema pensional el mismo contaba con la edad y semanas de cotización necesarias para solicitar su derecho pensional con el anterior régimen, toda vez que mediante la prueba documental aportada se evidencia que el mismo acumuló más de 1 .069

sistema pensional el mismo contaba con la edad y semanas de cotización necesarias para solicitar su derecho pensional con el anterior régimen, toda vez que mediante la prueba documental aportada se evidencia que el mismo acumuló más de 1 .069 semanas, cifra que superaba el mínimo exigido; se determinó así mismo que las resoluciones administrati vas impugnadas incurrieron en vicios de motivación y error en el cómputo de los aportes, al no integrar de manera adecuada los períodos cotizados en el sector público y privado, contrayendo así los principios de seguridad social y favorabilidad.

Referente a los intereses moratorios, la Juez de instancia consideró que en el caso objeto de estudio, no hay lugar a ordenar el pago de los inter eses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 del 93 , en razón a que solo se causan en aquellos eventos en los que la entidad incumple o retarda sin justificación el pago de las mesadas pensionales cuando el reconocimiento pensional se encuentre en firme, en consecuencia, se estima que sólo hasta cuando el accionante consolide en forma definitiva su derecho y no exista controversia sobre su calidad de beneficiario estaría legitimado para solicitar el reconocimiento y pago de intereses por mora en caso de no pagarse oportunamente la mesada pensional o el retroactivo pensional. Así las cosas, como quiera que se presentó controversia y fue a partir de las pruebas allegadas que se pudo establecer la calidad de beneficiario de la pensión de jubilación por aportes , entonces no hay lugar a dar aplicación al artículo 141 de la Ley 100 del 93, razón por la cual se deniega dicha pretensión.

6. El recurso de apelación 5

6.1. Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”

Ley 100 del 93, razón por la cual se deniega dicha pretensión.

6. El recurso de apelación 5

6.1. Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”

La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2022 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, solicitando su revocatoria para negarse las pretensiones de la demanda.Radicación: 73001-33-33-006-2022-00115-01

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Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Luis Hugo Rojas Rodríguez Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones “COLPENSIONES”

El demandante alegó tener derecho a la pensión de vejez conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, argumentando que, al momento de la entrada en vigor de dicha ley, tenía 53 años, dado que nació el 13 de abril de 1941. En consecuencia, solicitó que se analizara su pensión bajo las normativas anteriores a la Ley 100 de 1993, a fin de determinar si tenía derecho a alguna pensión según las condiciones previas. En cuanto a los requisitos, se destacó que, una vez alcanzada la edad pensional, el accionante ya cumplía con este requisito, pero respecto a las semanas cotizadas, la Ley 100 de 1993 establece dos modalidades: la primera consiste en tener 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años previos a la edad pensional, pero entre el 13 de abril de 1981 y el 13 de abril de 2001, el actor solo cotizó un total de 128,14 semanas al ISS.

cotizadas dentro de los 20 años previos a la edad pensional, pero entre el 13 de abril de 1981 y el 13 de abril de 2001, el actor solo cotizó un total de 128,14 semanas al ISS. La segunda modalidad, que exige 1.000 semana s cotizadas, también se vio incumplida, pues el actor solo alcanzó 128,14 semanas cotizadas. Se precisó que, según la Ley 797 de 2003, vigente, el actor solo logró cotizar 1.017,16 semanas, cifra insuficiente para acceder a la pensión, ya que se requieren 1.300 semanas para ello.

El problema jurídico para resolver radica en los periodos de trabajo que presuntamente había laborado el actor y que no se tuvieron en cuenta debido a la falta de evidencia de su afiliación y cotización. En este sentido, se debió analizar la Ley 90 de 1946, con la cual se creó el ISS, cuyo artículo 72 disponía que los empleadores eran responsables de los riesgos de vejez, invalidez y muerte de los trabajadores. Con esta normativa, se estableció que la obligación de los empleadores no cesaba con la creación del ISS, sino que continuaba hasta que la entidad tuviera cobertura en todos los municipios del país, desde donde el riesgo podría trasladarse.

En cuanto a lo manifestado por COLPENSIONES respecto a la demanda, se estableció que el Decreto 3063 de 1989, en su artículo 70, clarificaba la responsabilidad de los empleadores en cuanto a la afiliación de sus trabajadores al sistema de seguridad social. Además, se mencionó el Decreto 1748 de 19 95, modificado por el artículo 17 del Decr eto 3789 de 2003, y la Ley 100 de 1993, que en

sistema de seguridad social. Además, se mencionó el Decreto 1748 de 19 95, modificado por el artículo 17 del Decr eto 3789 de 2003, y la Ley 100 de 1993, que en su artículo 22 consagraba las obligaciones de los empleadores respecto al pago de los aportes de seguridad social.

A partir de estos elementos, se concluyó que, en caso de probarse la vinculación laboral del actor y la omisión en las cotizaciones, correspondería al empleador realizar los aportes correspondientes. Se destacó que COLPENSIONES no tenía responsabilidad en el cobro de las cotizaciones si el empleador omitió su obligación de afiliar al trabajador. También se señaló la importancia de dos figuras jurídicas en este tipo de casos: el cálculo actuarial y los intereses moratorios por cotizaciones extemporáneas. En cuanto al cálculo actuarial, se precisó que procedía cuando el empleador no había afiliado al trabajador a ningún fondo y, en el futuro, el tiempo omiso debía ser cancelado para que se sumara a la historia laboral del trabajador. En estos casos, el fondo pensional no estaba obligado a realizar cobros coactivos sobre los periodos no afiliados, ya que nunca tuvo conocimiento de la relación laboral.

Este principio se aplicó al caso en cuestión, dado que los empleadores del actor omitieron su obligación de afiliación, lo que generó para COLPENSIONES la imposibilidad de iniciar cobros coactivos o recau dar cotizaciones. Se evidenció,Radicación: 73001-33-33-006-2022-00115-01

Interno: 0397 -2023

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Luis Hugo Rojas Rodríguez

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además, que en los documentos anexos a la demanda no había soporte documental que acreditara la afiliación del actor durante los periodos reclamados. En cuanto a los intereses moratorios por pagos extemporáneos, se explicó q ue estos surgían cuando el empleador no pagaba oportunamente los aportes a pensión, lo cual generaba una sanción de mora hasta que se realizara el pago. En este sentido, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T -039 de 2017, había abordado casos similares en los que un trabajador había cotizado tanto al ISS como a fondos del sector público, pero no cumplía con el requisito de tiempo de cotización en ninguna entidad. En estos casos, el régimen pensional se regiría por la Ley 71 de 1988, que regula la jubilación por aportes.

Finalmente, se aclaró que el actor estuvo vinculado a COLPENSIONES por menos de 300 semanas, es decir, menos de 6 años, pues solo alcanzó 128 semanas cotizadas, lo que asignaba la competencia para el reconocimiento de su pensión de vejez al Municipio del Guamo. En cuanto a la pretensión sobre los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se destacó que su procedencia dependía de la tardanza en el reconocimiento y pago de la pensión, según lo dispuesto en la ley. En este caso, como COLPENSIONES no había procedido al reconocimiento pensional, se debía negar la procedencia de los intereses moratorios.

dependía de la tardanza en el reconocimiento y pago de la pensión, según lo dispuesto en la ley. En este caso, como COLPENSIONES no había procedido al reconocimiento pensional, se debía negar la procedencia de los intereses moratorios.

Por último, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, se estableció que era responsabilidad de las partes probar los hechos que sustentaran las normas aplicables. El actor, como parte actora, tenía el deber procesal de desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados ; de lo contrario, se presumiría que los actos se emitieron conforme a derecho. Dado que en el caso no se presentó evidencia suficiente para desvirtuar esta presunción, no procedía el reconocimiento de las pretensiones de la demanda.

6.2. Parte Demandante6

El recurso de apelación interpuesto por él apoderado del actor, se fundamenta en la supuesta ilegitimidad de los actos administrativos proferidos por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, mediante los cuales negó el reconocimiento y pago de pensión del recurrente, él señor Luis Hugo Rojas Rodríguez, en el cual expone ante esta Corporación que dichos actos adolecían de vicios de motivación y de error material en el cómputo de las semanas cotizadas, al no integrar de forma integral y coherente los aportes acumulados en los distintos fondos de previsión de índole privado como público, lo cual vulneró el principio constitucional de favorabilidad, así mismo argument ó que el recurrente cumplía cabalmente con el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 del 93 y en consecuencia, el mismo cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 71 de 1988

favorabilidad, así mismo argument ó que el recurrente cumplía cabalmente con el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 del 93 y en consecuencia, el mismo cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 71 de 1988 para acceder al derecho pensional por aportes, ya que el mismo acreditaba un tiempo de cotización que superaba el mínimo legal exigido.

El apelante enfatizó que la omisión o el erróneo registro de ciertos periodos laborales, lo que ocasionó una inadecuada valoración del historial laboral del

6 Cuaderno Principal, índice 055.Radicación: 73001-33-33-006-2022-00115-01

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demandante, lo cual se tradujo a una deficiente liquidación pensional y en consecuencia de es to se solicitó la nulidad de las Resoluciones apeladas, el retroactivo correspondiente, la actualización y corrección del cómputo de las semanas de cotización y en definitiva el restablecimiento del derecho con forme a la normatividad vigente de modo que s e le satisfaga al recurrente sus derechos fundamentales.

El A Quo, negó la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria contemplada en el artículo 141 de la Ley del 93, por considerar que, estas solo se causan en aquellos eventos en que la entidad incumple o retarda sin justificación alguna el pago de las mesadas pensi onales cuando el reconocimiento pensional se encuentre en firme. Frente a lo expuesto por el juzgado de primera instancia, indicó que es incorrecto

eventos en que la entidad incumple o retarda sin justificación alguna el pago de las mesadas pensi onales cuando el reconocimiento pensional se encuentre en firme. Frente a lo expuesto por el juzgado de primera instancia, indicó que es incorrecto afirmar que los intereses moratorios instituidos en el artículo 141 de la Ley 100 del 93, se causan en aquel los en los que la entidad incumple o retarda sin justificación alguna el pago de las mesadas pensionales cuando el reconocimiento pensional se encuentre en firme, porque estas son causados una vez vencidos los cuatro meses de plazo que tenía la entidad par a reconocer la pensión, conforme el inciso final del artículo noveno de la Ley 797 de 2003, es por ello que se reitera que, los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 del 93, debe aplicarse no solo cuando habiéndose reconocido u na prestación hay mora en su pago, sino también cuando esa prestación hay mora en su pago, sino también cuando esa prestación no se ha reconocido en el término de lo establecido en la Ley, porque esta fue instituida como una indemnización por los perjuicios que se ocasionan al acreedor al no recibir de manera oportuna el dinero que le es debido, o en otras palabras, los i