TA TOL - Sentencia 73001-33-33-006-2022-00235-01 (03-04-2025)

1

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Radicado: 73001-33-33-006-2022-00235-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento de derecho

Demandante: Luis Eduardo Trujillo Olaya Apoderado: Oscar Andrés Henao Morales Demandado: Departamento del Tolima – Secretaría de Infraestructura y

Hábitat

Apoderado: Juan Manuel Aza Murcia

Tema: Contrato realidad

ASUNTO

Decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia emitida el 2 de noviembre de 2023 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Luis Eduardo Trujillo 1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra el Departamento del Tolima en busca del reconocimiento de una relación laboral sumado al pago de las prestaciones sociales derivadas del pretendido vinculo laboral, así como la nulidad del acto administrativo a través del cual se negó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales derivadas.

1.1.1. Pretensiones.2

Declarar nulo el acto administrativo número 002031 del 14 de agosto de 2019, mediante el cual se n egó a dar aplicación constitucional de la realidad sobre las

1.1.1. Pretensiones.2

Declarar nulo el acto administrativo número 002031 del 14 de agosto de 2019, mediante el cual se n egó a dar aplicación constitucional de la realidad sobre las formas y de declarar la existencia de una relación legal y reglamentaria de carácter laboral desde el 24 de marzo de 2017 hasta el 19 de agosto de 2017, así como también se denegó el pago de concept os prestacionales e indemnizatorios solicitados.

Como consecuencia de lo anterior, declarar que existió un contrato de trabajo bajo el principio constitucional de la realidad sobre las formalidades y en calidad de

1 Por medio de apoderado. 2SAMAI expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4 descripción del documento 1_730013333006202200235011EXPEDIENTEDIGI20231218112745 carpeta 01CuadernoPrincipal documento 008AdecuacionDemandaApoderadoDemandante20220922.pdf2

trabajador oficial desde el 24 de marzo d e 2017 hasta el 19 de agosto de 2017 desempeñando el cargo de operario.

Declarar que el salario que devengó el demandante dentro del contrato para el periodo reclamado fue de dos millones ochocientos mil pesos ($2.800.000).

Declarar que a partir de la fecha de culminación del contrato laboral no se cancelaron los valores prestacionales aquí reclamados.

Declarar que la terminación del contrato de trabajo se ocasionó sin justa causa por parte del empleador el día 19 de agosto de 2017.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago de los siguientes conceptos, durante la época comprendida entre el 24 de marzo de 2017

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago de los siguientes conceptos, durante la época comprendida entre el 24 de marzo de 2017 hasta el 19 de agosto de 2017: cesantías, intereses a las cesantías, prima anual y semestral, vacaciones o indemnización de las vacaciones, bonificación por servicios prestados, prima de navidad, prima de vacaciones, devolución de los aportes a seguridad social , p ago de la indemnización por despido injusto , Devolución de los dineros pagados por mi mandante por concepto de salud y pensión.

Se condene a la entidad al pago de costas procesales y la indexación o corrección monetaria sobre las condenas solicitadas.

1.1.2. Hechos. 3

Los hechos que motivaron la demanda sucintamente se resumen en:

Luis Eduardo Trujillo Olaya estuvo vinculado con el Departamento del Tolima, a través de los contratos de prestación de servicios 0679 del 24 de marzo de 2017 y 1022 del 04 de julio de 2017, desde el 24 de marzo de 2017 y hasta el 19 de agosto de 2017.

En el desarrollo de estos contratos se desempeñó como operario y las actividades que cumplía eran de apoyo como operario de maquinaria pesada ejecutando el proyecto “Desarrollo de infraestructura para el fortalecimiento de la red vial secundaria y la integración de los territorios que transforman el Tolima” la forma en que desarrollaba esta actividad consistía en prestar el servicio 12 días y descansar 3 días, los horarios eran desde las 06:00 am hasta las 06:00 pm.

secundaria y la integración de los territorios que transforman el Tolima” la forma en que desarrollaba esta actividad consistía en prestar el servicio 12 días y descansar 3 días, los horarios eran desde las 06:00 am hasta las 06:00 pm.

El señor Trujillo Olaya recibía órdenes del personal vinculado al Departamento del Tolima, como remuneración por los servicios prestados recibía la suma de dos millones ochocientos mil pesos (2.800.000).

Refirió que no recibió pago de prestaciones sociales ni indemnizaciones.

Las labores desempeñadas por el señor Trujillo Olaya fueron desarrolladas con las herramientas, equipos, espacios y medios de producción para el desarrollo de las funciones propias del Departamento del Tolima.

3SAMAI expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4 descripción del documento 1_730013333006202200235011EXPEDIENTEDIGI20231218112745 carpeta 01CuadernoPrincipal documento 008AdecuacionDemandaApoderadoDemandante20220922.pdf3

El señor Luis Eduardo Trujillo estaba subordinado, no podía disponer libremente de su tiempo en la actividad contractual u alterna, con vigilancia sobre la forma, tiempo y modo de ejecutar sus funciones, supeditado a las exigencias constantes y reiterativas del Departamento del Tolima.

1.2. Contestación de la demanda. 4 A través de escrito se opuso a todas las pretensiones de la demanda.

Explicó que las formas en que se dan las vinculaciones con el Estado son: empleados públicos, dicha vinculación es legal y reglamentaria, a su vez, los que están vinculados como trabajadores oficiales tienen una relación contractual laboral y, por último, los contratistas de prestación de servicios quienes cuentan con una

empleados públicos, dicha vinculación es legal y reglamentaria, a su vez, los que están vinculados como trabajadores oficiales tienen una relación contractual laboral y, por último, los contratistas de prestación de servicios quienes cuentan con una relación contractual estatal.

Señaló una sentencia en que la Corte Constitucio nal estudió una demanda de inconstitucionalidad y estableció las características del contrato de prestación de servicios y las diferencias que existen entre este con el contrato de trabajo.

A su vez, citó una providencia del Consejo de Estado para explica r el elemento de la subordinación o dependencia en los servidores públicos y el hecho de que en el evento en que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión,

Refirió que , de acuerdo con la postura jurisprudencial del máximo tribunal de lo contencioso administrativo no es procedente la devolución de aportes a seguridad social debido a su naturaleza parafiscal.

Formuló las excepciones que denominó “ inexistencia de los tres elementos del contrato de trabajo , inexistencia de una relación laboral , cobro de lo no debido , inexistencia del derecho reclamado , buena fe , legalidad del acto administrativo atacado de nulidad.”

1.3. Sentencia de primera instancia.5

El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué profirió sentencia de primera instancia el 2 de noviembre de 202 3, a través de la cual accedió

1.3. Sentencia de primera instancia.5

El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué profirió sentencia de primera instancia el 2 de noviembre de 202 3, a través de la cual accedió parciamente a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del oficio No. 02773 de 13 de noviembre de 2019, proferido por el Departamento del Tolima, en lo relacionado con la negación de la existencia de una relación laboral con el señor Luis Eduardo Trujillo Olaya por el lapso entre el 24 de marzo y el 24 de junio de 2017 y del pago de los aportes a pensión, considerando lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

4SAMAI expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4 descripción del documento 1_730013333006202200235011EXPEDIENTEDIGI20231218112745 carpeta 01CuadernoPrincipal documento 017ContestacionDemandaYExcepcionaDptoTolima20230223.pdf 5SAMAI expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4 descripción del documento 1_730013333006202200235011EXPEDIENTEDIGI20231218112745 carpeta 01CuadernoPrincipal documento 034Sentencia20231102.pdf4

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del oficio No. 002031 de 14 de agosto de 2019, proferido por el Departamento del Tolima, mediante el cual negó la existencia de una relación laboral con el señor Luis Eduardo Trujillo Olaya por el periodo comprendido entre el 4 de julio y 19 de agosto de 2019 y el pago de unas acreencias laborales, de acuerdo con lo estudiado en precedencia.

Trujillo Olaya por el periodo comprendido entre el 4 de julio y 19 de agosto de 2019 y el pago de unas acreencias laborales, de acuerdo con lo estudiado en precedencia.

TERCERO: DECLARAR que entre el señor Luis Eduardo Trujillo Olaya y el Departamento del Tolima existió una relación laboral entre el 24 de marzo de 2017 y el 19 de agosto de 2017.

CUARTO: DECLARAR NO probadas las excepciones propuestas por el Departamento del Tolima, denomina das “Inexistencia de los tres elementos del contrato de trabajo en el caso concreto, inexistencia de una relación laboral, cobro de lo no debido, inexistencia del derecho reclamado, buena fe de parte del Departamento del Tolima y legalidad del acto adminis trativo atacado de nulidad”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.

QUINTO: CONDENAR al Departamento del Tolima a que, a título de

restablecimiento del derecho:

1. Reconozca y pague al señor Luis Eduardo Trujillo Olaya el valor de las prestaciones sociales y salariales, incluidas las cesantías y los intereses a las cesantías correspondientes a las devengadas y efectivamente pagadas a un empleado público de sus condiciones (operador de maquinaria pesada), por el periodo entre el 4 de julio y el 19 de agosto de 2017, teniendo en cuenta para ello los honorarios contractuales fijados y devengados mensualmente por el demandante en los términos referidos en la parte motiva.

1. Restituya a favor del señor Luis Eduardo Trujillo Olaya el monto de los aportes a pensión que este efectivamente realizó

devengados mensualmente por el demandante en los términos referidos en la parte motiva.

1. Restituya a favor del señor Luis Eduardo Trujillo Olaya el monto de los aportes a pensión que este efectivamente realizó del 4 de julio y hasta el 19 de agosto de 2019, en el porcentaje que le correspondía al hospital como empleador y atendiendo lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, tomando como base de cotización lo pagado por el accionante durante ese lapso, tal y como se refirió en la parte motiva.

1. Tome el ingreso base de cotización o IBC pensional del demandante, es decir, el valor de los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, dentro de los periodos laborados, y cotice al respectivo fondo de pensiones

(COLPENSIONES) la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, por las diferencia entre los aportes realizados por el señor Tru jillo Olaya como contratista y los que se debieron efectuar, tal y como se determinó en las tablas que se explicaron en la parte considerativa de esta providencia.

SEXTO: Las sumas que arrojen los numerales anteriores deberán ser actualizadas, con fundamento en los índices de inflación certificados por5

el DANE teniendo en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de la providencia.

SÉPTIMO: La entidad demandada deberá dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

OCTAVO: CONDENAR en costas a la parte accionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, para lo

sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

OCTAVO: CONDENAR en costas a la parte accionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, para lo cual se fija la suma equivalente al 4% de lo pedido, como agencias en derecho.

NOVENO: NEGAR las demás pretensiones d e la demanda, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

DÉCIMO: Para efectos de la notificación de la presente sentencia, se ordena que por Secretaría se realice conforme lo disponen los artículos 203 y 205 del C.P.A.C.A. modificado por la Ley 2080 de 2021.

UNDÉCIMO: En firme este fallo, expedir copias con destino y a costa de las partes, con las precisiones del artículo 114 del C.G.P. las que serán entregadas a los apoderados judiciales que han venido actuando.

DUODÉCIMO: ARCHIVAR el expediente , previas las anotaciones correspondientes.” Los argumentos que motivaron la anterior decisión fueron sucintamente:

De acuerdo con los contratos y sus respectivas actas de inicio al igual que las certificaciones de cumplimiento de los servicios prestados por el señor Luis Eduardo Trujillo Olaya en calidad de contratista, dan cuenta de que hubo, en efecto, una prestación personal del servicio, como se indicó en la demanda y lo cual no fue objetado en ningún momento por la parte demandante.

Sumado a lo anterior, está acreditado que hubo una contraprestación a favor del demandante por la prestación personal de su servicio en ejecución de las obligaciones pactadas en los dos contratos de prestación de servicios, como se evidencia a partir de los certificados presupuestales, los informes de supervisión y

demandante por la prestación personal de su servicio en ejecución de las obligaciones pactadas en los dos contratos de prestación de servicios, como se evidencia a partir de los certificados presupuestales, los informes de supervisión y facturas de venta expedidos por el ente territorial accionado.

Se refirió frente al elemento de la subordinación advirtiendo que se trató de dos contratos de prestación de servicios que se dieron de forma sucesiva e ininterrumpida desde el 24 de marzo de 2017 hasta el 19 de agosto de 2017 y que una de las obligaciones allí pactadas a cargo del señor Trujillo Olaya fue la obediencia a las ordenes emitidas por un jefe inmediato, lo cual es un indicador claro de que existió subordinación.

Coligió que, e sa obligación contractual, indicadora de subordinación, se advierte materializada en el hecho de que si el demandante hubiese querido ausentarse un día de labor, no le era permitido asignar a una persona que lo reemplazara, pues, como lo atestiguó el señor Orlando Rojas Riaño, debía haber pedido permiso al supervisor, a quien los operarios reconocían como la persona a cargo de otorgar ese tipo de permisos y decidir qué operario supliría la ausencia en dado caso, y como, primero, el encargado de dar las ordenes, provenientes a su vez de los mandatos dadas por el Departamento del Tolima, en cuanto a modo, tiempo y lugar para el desarrollo de las actividades, y segundo, como jefe, según manifestó el testigo José Manuel Ciro Mendoza.6

1.4. Recurso de apelación

El departamento del Tolima presentó recurso de apelación por estar en desacuerdo con la decisión tomada por el juez de primera instancia, argumentó que el elemento

Manuel Ciro Mendoza.6

1.4. Recurso de apelación

El departamento del Tolima presentó recurso de apelación por estar en desacuerdo con la decisión tomada por el juez de primera instancia, argumentó que el elemento de la subordinación no está acreditado, debido a que en el desarrollo del objeto contractual consistió en la “sincronización de las actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, sin embargo, en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito”

Señaló que, la jurisprudencia del Consejo de Estado estableció que la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, es un indicio claro de subordinación y uno de los aspectos con mayor relevancia para identificar la existencia de esta última, entendiéndose por aquello la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto a modo, tiempo o cantidad de t rabajo, la imposición de reglamentos internos, el ejercicio del poder disciplinario o del ius variandi, la dirección y control efectivo de las actividades del contratista. Resaltó que, el alto tribunal precisó que, para determinar la subordinación, se debe n valorar también otros indicios: i. la imposición de un horario de trabajo, pero valorándose no por sí misma, sino con relación al objeto contractual convenido, pues ciertas actividades de la administración, requieren necesariamente la incorporación de jo rnadas laborales y turnos para atenderlas, ii. “ que las actividades o tareas a desarrollar

misma, sino con relación al objeto contractual convenido, pues ciertas actividades de la administración, requieren necesariamente la incorporación de jo rnadas laborales y turnos para atenderlas, ii. “ que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral” y iii. El lugar de trabajo o espacio físico facilitado por la entidad para el desarrollo de las actividades del contratista, debiéndose analizar esta circunstancia en concreto en casa caso, debido a las modalidades permitidas para los empleados de planta en atención a la nueva realidad laboral.

Mencionó que lo dicho por los testigos en audiencia de pruebas si bien manifestaron que el demandante recibía en algunas ocasiones instrucciones del supervisor del contrato, no se expresó puntualmente a qué clase de ordenes se refería n, o circunstancias de modo tiempo o lugar en los cuales se desarrollaron esas órdenes, es decir, que la supervisión o subordinación no era constante.

Continuó cuestionando lo dicho por el primer testigo, quien manifestó que no sabía el tiempo que duró trabajando el demandante con el departamento, mientras el segundo indicó que trabajó con el señor demandante en 2017 pero no re cordó hasta que fecha laboró el señor Trujillo, es decir, que ninguno de los testigos fue preciso en la fecha de vinculación y desvinculación del hoy accionante, por lo que ningún testigo dio cuenta de los hitos de esa relación, ni fechas aproximadas, simplemente afirmaron que la vinculación fue en el año 2017.

Expresó que con los testimonios no se pudo comprobar lo que sucedía en caso que el señor Trujillo no pudiera prestar el servicio personalmente, ya que nunca se

simplemente afirmaron que la vinculación fue en el año 2017.

Expresó que con los testimonios no se pudo comprobar lo que sucedía en caso que el señor Trujillo no pudiera prestar el servicio personalmente, ya que nunca se presentó algún caso de incapacidad ni se solicitó permiso alguno , por lo que no indicaron concretamente que en el marco de esa subordinación respec to del Departamento del Tolima – Secretaría de Infraestructura y Hábitat se hubiesen presentado circunstancias como llamados de atención, imposición de sanciones, emisión de memorandos, modificación de las condiciones pactadas, exigencia de solicitudes de permiso para ausentarse o la imposición de cumplimiento de algún reglamento interno.7

Concluyó que el horario referido desde las 06:00 am hasta las 06:00 pm no puede tomarse como un indicio de una relación laboral en el caso concreto; máxime si se tiene en consideración que las labores desarrolladas debían ser cumplidas en ese horario para garantizar el avance y ejecución de la obra , seguidamente planteó el estudio de las costas impuestas en primera instancia.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El presente asunto es competencia de esta Corporación de acuerdo con lo establecido en el artículo 153 del CPACA, según el cual los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instanci a por los jueces administrativos, así como de las apelaciones de autos susceptibles de este recurso.

En igual sentido, esta se ajustará de acuerdo con lo establecido en el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso, por remisión del artículo 306

de las apelaciones de autos susceptibles de este recurso.

En igual sentido, esta se ajustará de acuerdo con lo establecido en el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso, por remisión del artículo 306 del CPACA. De acuerdo con dicha disposición, se realizará pronunciamiento únicamente sobre los argumentos expuestos por el apelante en el recurso de alzada, sin dejar de lado las decisiones que se deban adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

2.2. Procedibilidad del recurso de apelación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, son apelables las sentencias de primera instancia, circunstancia que se avizora en el presente caso.

2.3. Problema jurídico

De acuerdo con el marco de la apelación, corresponde a la Sala decidir:

Si en el proceso de la referencia s e acreditó el elemento de la subordinación y consecuentemente si hay lugar al reconocimiento de un contrato realidad.

En concordancia con el recurso de alzada, deberá también estudiarse si es procedente o no la revocatoria de las costas impuestas en primera instancia a la entidad.

2.3.1. Tesis de la Sala

Se revocará la sentencia de primera instancia a través de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al no encontrarse acreditado el elemento de la subordinación, en tanto las pruebas aportadas al proceso no permiten evidenciar el elemento subordinante, dado que, revisados los testimonios y también las documentales allega das, no se puede predicar la existencia de subordinación, contrariamente se evidencia una coordinación entre el supervisor y

permiten evidenciar el elemento subordinante, dado que, revisados los testimonios y también las documentales allega das, no se puede predicar la existencia de subordinación, contrariamente se evidencia una coordinación entre el supervisor y los contratistas tendiente a la seguridad de los operarios de maquinaria y correcto desarrollo de las actividades de rehabilitación o mantenimiento de las vías.

Dada la ausencia de pruebas que acrediten el elemento subordinante conforme a las sentencias de unificación del Consejo de Estado, no hay lugar a la declaración de existencia de un contrato realidad , consecuencia de ello, se revocará la sentencia de primera instancia.8

2.4. Marco normativo 2.4.1. Contrato realidad.

En cuanto a los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993 o estatuto general de la contratación pública, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

“Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.”

En otros términos, el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez

actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.6

Por su pa rte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones “no puedan realizarse con personal de planta o” y “en ningún caso (…) general relación laboral ni prestaciones sociales” , contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

“Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo - se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que

singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicación: 63001 -23-33-000-2021-00072-01, sentencia del 11 de abril de 2024, demandante: Jaime Chávez Arcila, demandado: Municipio de Armenia.9

un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario s ensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, a sí como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo.”

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 7, “[p]or el cual se modifican las

más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo.”

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 7, “[p]or el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil (…)”, dispone:

“Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los per itos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratadas por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tal es funciones.”

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia, entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. Frente al tema, la Corte expuso:

“La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de

criterios, como un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. Frente al tema, la Corte expuso:

“La Corte encuentra