TA TOL - Sentencia 73001-33-33-006-2018-00094-01 (03-04-2025)

República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Magistrado Ponente. Dr. CARLOS ARTURO MENDIETA RODRÍGUEZ

Ibagué, tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: No. 73001-33-33-006-2018-00094-01

Número interno: 2023-00360

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA

Demandantes: PAULA ANDREA PINZÓN FLÓREZ Y OTROS Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ – TOLIMA Y OTRO Referencia: Apelación de sentencia – falla del servicio – accidente alcantarilla.

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Se encuentran las presentes diligencias para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el catorce (14) de febrero de dos mil veintitrés (2023)1 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante la cual decidió negar las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Los señores (as) PAULA ANDREA PINZÓN FLOREZ, quien actúa en nombre propio y en representación de los menores MICHEL DAYAN VASCO PINZÓN , ANDRÉS FELIPE ACEVEDO PINZÓN , e IAN SANTIAGO PINEDA PINZÓN ; los señores ERIXON FABIÁN PINEDA DUQUE , HUGO DESNEY PINEDA, CHRISTIAN DESNEY PINEDA ROZO y la señ ora MARIA LUCELY DUQUE GRISALES actuando en nombre propio, por intermedio de apoderado judicial,

señores ERIXON FABIÁN PINEDA DUQUE , HUGO DESNEY PINEDA, CHRISTIAN DESNEY PINEDA ROZO y la señ ora MARIA LUCELY DUQUE GRISALES actuando en nombre propio, por intermedio de apoderado judicial, interpusieron demanda de Reparación Directa contra el MUNICIPIO DE IBAGUÉ – TOLIMA, y la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – IBAL S.A. E.S.P., con el fin que se hagan las siguientes:

I.I. DECLARACIONES Y CONDENAS2

1. Que se declare que el Municipio de Ibagué y la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado – IBAL S.A. E.S.P. son resp onsables administrativamente por los perjuicios morales, materiales y daño a la vida en relación causados a la señora Paula Andrea Pinzón Flórez quién actúa en nombre propio y en representación de los menores Michel Dayan Vasco Pinzón, Andrés Felipe Acevedo Pinzón e Ian Santiago Pin eda Pinzón, como también a Erixon Fabián Pineda Duque, Hugo Desney Pineda, María Lucely Duque Grisales y Christian Desney Pineda Rozo, con ocasión a las lesiones sufridas por la señora Paula Andrea el día 19 de abril de 2017 en el municipio de Ibagué.

1 Ver 01 EXPEDIENTEJUZGADOZI (.zip). Doc 046Sentencia20230214, Expediente Tribunal - SAMAI 2 Ver 01 EXPEDIENTEJUZGADOZI (.zip). Doc 001Cuaderno Principal, Fls 95 y 97 al 98 Expediente Tribunal - SAMAIPág. 2

MEDIO DE REPARACIÓN: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

2 Ver 01 EXPEDIENTEJUZGADOZI (.zip). Doc 001Cuaderno Principal, Fls 95 y 97 al 98 Expediente Tribunal - SAMAIPág. 2

MEDIO DE REPARACIÓN: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA PAULA ANDREA PINZÓN FLOREZ y OTROS Vs MUNICIPIO DE IBAGUÉ – TOLIMA Y OTRO

RAD. 006-2018-00094-01 INT 2023-00360

Sentencia de Segunda Instancia

2. Que como consecuencia de lo anterior, se condene al Municipio de Ibagué y la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado – IBAL S.A. E.S.P a pagar en forma indexada a Paula Andrea Pinzón Flórez quién actúa en nombre propio y en representación de los menores Michel Dayan Vasco Pinzón, Andrés Felipe Acevedo Pinzón e Ian Santiago Pineda Pinzón, como también a Erixon Fabián Pineda Duque, Hugo Desney Pineda, María Lucely Duque Grisales y Christian Desney Pineda Rozo, los perjuicios morales, materiales y daño a la vida en

relación, de acuerdo a la siguiente tasación:

I. Paula Andrea Pinzón Flórez (víctima directa)

1. Perjuicios morales: 100 SMLMV o la cantidad que se determine en el proceso. ii. Perjuicios materiales: iii. Lucro cesante: La afectada directa devengaba la suma de 1 SMLMV del año 2017, la cual se debe incrementar en un 25% por concepto de prestaciones sociales, teniendo en cuenta que el accidente acaecido afectó su capacidad laboral, menguándola, de conformidad a la expectativa de vida de la directa afectada.

del año 2017, la cual se debe incrementar en un 25% por concepto de prestaciones sociales, teniendo en cuenta que el accidente acaecido afectó su capacidad laboral, menguándola, de conformidad a la expectativa de vida de la directa afectada. iv. Daño a la vida en relación: Teniendo en cuenta que la afectada directa, con anterioridad al accidente, gozaba de buenas condiciones estéticas, físicas y de excelente salud, por ende, el trauma que ha significado en su vida el no contar c on la capacidad de locomoción que le impide desarrollar actividades cotidianas y demás aspectos de su vida que la afectan negativamente , estimándose el perjuicio en 100 SMLMV o la cantidad que se determine.

II. Erixon Fabián Pineda Duque (compañero permanente de la víctima y tercero perjudicado).

1. Perjuicios morales: En razón al amor existente entre la víctima y su compañero permanente, junto al dolor producido con ocasión a las lesiones sufri das por su compañera, se estima en 100 SMLMV o la cantidad que se determine.

III. Michel Dayan Vasco Pinzón, Andrés Felipe Acevedo Pinzón e Ian Santiago Pineda Garzón (hijos de la víctima y terceros perjudicados)

1. Perjuicios morales: En razón al amor filial existente entre la víctima y sus hijos junto al dolor producido con ocasión a las lesiones sufridas por su madre, se estima en 100 SMLMV para cada uno o la cantidad que se determine.

IV. Hugo Desney Pineda y María Lucely Duque Grisales (suegros de la víctima y terceros perjudicados)

su madre, se estima en 100 SMLMV para cada uno o la cantidad que se determine.

IV. Hugo Desney Pineda y María Lucely Duque Grisales (suegros de la víctima y terceros perjudicados)

1. Perjuicios morales: En razón al amor filial existente entre la víctima y sus suegros junto al dolor producido con ocasión a las lesiones sufridas por su nuera, se estima en 15 SMLMV para cada uno o la cantidad que se determine.Pág. 3

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V. Christian Desney Pineda Rozo (cuñado de la víctima y tercero perjudicado)

1. Perjuicios morales: En razón al amor filial existente entre la víctima y su cuñado junto al dolor producido con ocasión a las lesiones sufridas por su cuñada, se estima en 15 SMLMV o la cantidad que se determine.

3. Que la demandada cumpla con lo estipulado en el artículo 192 del CPACA.

4. Por las costas y gastos del proceso.

I.II. HECHOS3

Como sustento fáctico, la parte accionante relaciona:

1. Que el señor Hugo Desney Pineda y la señora María Lucely Duque Grisales

procrearon a Erixon Fabián Pineda Duque.

2. Que posteriormente el señor Hugo Desney Pineda y la señora María Elena

1. Que el señor Hugo Desney Pineda y la señora María Lucely Duque Grisales

procrearon a Erixon Fabián Pineda Duque.

2. Que posteriormente el señor Hugo Desney Pineda y la señora María Elena

Rozo Montoya procrearon a Christian Desney Pineda Rozo.

3. Que la señora Paula Andrea Pinzón Flórez y el señor Rodrigo Vasco Arango

procrearon a Michel Dayan Vasco Pinzón.

4. Que la señora Paula Andrea Pinzón Flórez y el señor Heder Acevedo Andrade,

procrearon a Andrés Felipe Acevedo Pinzón.

5. Que la señora Paula Andrea Pinzón Flórez y el señor Erix on Fabián Pineda Duque para la fecha de la interposición del líbelo genitor habían constituido unión marital de hecho desde hace aproximadamente 5 años, procreando a Ian

Santiago Pineda Pinzón.

6. Que el día 19 de abril de 2017 , siendo aproximadamente a las 11:40 am la

señora Paula Andrea Pinzón Flórez cruzaba la carrera 3 con calle 19 de la ciudad de Ibagué, instante en el cual pisó una alcantarilla que se encontraba en mal estado de mantenimiento, sufriendo un trauma en la rodilla iz quierda, siendo trasladada a la Clínica Tolima donde se le diagnosticó esguince a nivel de la rodilla izquierda y torcedura que comprometió los ligamentos laterales, lo que derivó en una incapacidad médica que se encontraba vigente desde el día de la ocurrencia de los hechos hasta el momento de la interposición del líbelo introductorio.

7. Que ni con anterioridad ni al momento de la ocurrencia del siniestro, obraba

que derivó en una incapacidad médica que se encontraba vigente desde el día de la ocurrencia de los hechos hasta el momento de la interposición del líbelo introductorio.

7. Que ni con anterioridad ni al momento de la ocurrencia del siniestro, obraba algún tipo de señalización de las estipuladas en el Código Nacional de Tránsito, como tampoco de las indicadas en el Manual sobre Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras, adoptado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, razón por la cual se presentó el accidente, advirtiéndose una falla del servicio por parte de la administración.

3 Ver 01 EXPEDIENTEJUZGADOZI (.zip). Doc 001Cuaderno Principal, Fls 95 al 97 Expediente Tribunal - SAMAIPág. 4

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8. Que de conformidad a la Constitución y la Ley es obligación de la administración y de las entidades públicas como las demandadas, construir las obras y realizar el mantenimiento de las mismas, como también garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales, y en tal medida, tenía el deber de mantener la vía en perfectas condiciones para el tránsito vehicular y peatonal, pues les correspondía realizar el mantenimiento de las alcantarillas como también establecer la debida señalización , y al omitir dicha obligación incurrió en falla del servicio.

9. Que la señora Paula Andrea Pinzón Flórez laboraba como asesora comercial

correspondía realizar el mantenimiento de las alcantarillas como también establecer la debida señalización , y al omitir dicha obligación incurrió en falla del servicio.

9. Que la señora Paula Andrea Pinzón Flórez laboraba como asesora comercial en Movistar, devengando un salario mínimo legal vigente de la época, es decir, $737.717 p esos, y que el accidente que padeció le ocasionó pérdida de la capacidad laboral.

10. Que la víctima directa gozaba de salud integral y tiene una familia representada por su compañero permanente, sus 3 hijos, sus suegros y su cuñado, y que dichas lesiones han causado perjuicio moral, material y daño a la vida en relación a los actores en razón a las estrechas relaciones de afecto entre ellos.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Dentro del término de traslado que trata el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011, las entidades demandadas MUNICIPIO DE IBAGUÉ – TOLIMA y la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. , contestaron el líbelo introductorio de la referencia oponiéndose a las pretensiones de la demanda, para los cual expusieron lo siguiente:

2.1. Municipio de Ibagué – Tolima4

Luego de pronunciarse en relación con cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda, el apoderado judicial del ente territorial demandado manifestó que se opone a todas y cada una de las pretensiones elevadas por la parte accionante por carecer de fundamen tos fácticos y jurídicos en lo que respecta al Municipio de Ibagué, asimismo también argumentó:

que se opone a todas y cada una de las pretensiones elevadas por la parte accionante por carecer de fundamen tos fácticos y jurídicos en lo que respecta al Municipio de Ibagué, asimismo también argumentó:

Que de conformidad al artículo 90 de la Constitución Política, el cual contiene la cláusula de responsabilidad estatal, se torna imperativo verificar la concurrencia de 3 requisitos a efectos de que se co nfigure la responsabilidad del E stado y consecuentemente se le haga exigible al mismo la indemnización de los perjuicios causados por su acción u omisión, indicando que los tres requisitos que deben concurrir son los siguientes: i) la existencia de un daño antijurídico; ii) Que dicho daño haya sido ocasionado por la acción u omisión de la autoridad pública ; y iii) que le sea imputable al Estado.

En atención a lo anterior señala que, al accidente en el que se sustenta la presente causa judicial tuvo lugar el mal estado de una tapa de una alcantarilla ubicada en la carrera 3 con ca lle 19 de la cuidad de Ibagué, y que dichos elementos se encuentran bajo el cuidado de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y

4 Ver 01 EXPEDIENTEJUZGADOZI (.zip). Doc 001Cuaderno Principal, Fls 182 al 187 Expediente Tribunal - SAMAIPág. 5

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Alcantarillado – IBAL S.A. E.S.P., luego los supuestos fácticos de la demanda son su responsabilidad , pues esta se constituye como una Empr esa Industrial y Comercial del Estado de orden municipal, autónoma e independiente al municipio de Ibagué, especializada en el tratamiento y suministro de agua potable para el consumo humano y recolección de aguas residuales. En tal medida, arguye que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva del Municipio de Ibagué, debido a la inexistencia de acción u omisión imputable al ente territorial que haya vulnerado dere cho alguno de la parte accionante.

Asimismo, expone que, las fotografías aportadas por la parte actora con el escrito de demanda no son elementos de prueba suficientes para acreditar los fundamentos fácticos en los que sustenta las pretensiones, dada que no existe certeza del autor, así como, de la fecha y hora en que fueron tomada, ni mucho menos el lugar exacto, y en tal medida, solicita que se denieguen las suplicas en relación con el Municipio de Ibagué.

Finalmente, solicitó el reconocimiento oficioso de excepción o excepciones.

2.2. Empresa IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – IBAL

S.A. E.S.P.5

La vocera judicial de la accionada contestó el escrito de demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones atribuidas a la Empresa Ibaguereña de

S.A. E.S.P.5

La vocera judicial de la accionada contestó el escrito de demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones atribuidas a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL – S.A. E.S.P, por considerar que no concurren todos los elementos jurídicos y probatorios que den lugar a la prosperidad de lo deprecado, y en respaldo de ello señaló:

Que el artículo 90 de la Constitución Política estipula que la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado puede ser contractual o extracontractual, luego del inciso primero de dicho precepto normativo se extrae que la mentada responsabilidad se estructura a partir de la comprobación del daño antijurídico y la imputación del mismo al Estado. Y en tal medida el daño antijurídico alegado debe tener como antecedente una acción u omisión de las autoridades públicas, así como el nexo causal entre el hecho causante del daño y el daño mismo.

De conformidad a lo anterior indica que en el sub examine la parte demandante imputa el daño alegado a partir de la falla del servicio, por lo tanto, para demostrar aquella se debe probar: a) Una falla del servicio a cargo de la administración; b) un daño cierto y determinado; c) una relación de causa lidad entre la falta y el daño ocasionado.

Alega que, los documentos allegados por la parte demandante con su líbelo genitor no acreditan la afectación de los perjuicios solicitados , en razón a que no obra prueba alguna que demuestre fehacientemente la pr esunta caída en una alcantarilla sufrida por la señora Paula Andrea Pinzón el día 19 de abril de 2017 y

no acreditan la afectación de los perjuicios solicitados , en razón a que no obra prueba alguna que demuestre fehacientemente la pr esunta caída en una alcantarilla sufrida por la señora Paula Andrea Pinzón el día 19 de abril de 2017 y las subsecuentes heridas, devienen de una falla del servicio imputable al IBAL S.A. E.S.P.

Asimismo, manifiesta que los perjuicios deprecados por la parte accionante no se ajustan a la realidad, y se alejan de la pretensión de resarcir los daños acaecidos

5 Ver 01 EXPEDIENTEJUZGADOZI (.zip). Doc 001Cuaderno Principal, Fls 154 al 166 Expediente Tribunal - SAMAIPág. 6

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de forma proporcional, asemejándose más a una pretensión que tiene por finalidad sacar réditos económicos imputándole responsabilidad a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL – S.A. E.S.P, concluyendo que la demanda carece de pruebas de los perjuicios materiales y morales deprecados, y asimismo itera que el nexo causal en el sub exime no se encuentra acreditado.

Luego arguye que a dicha entidad pública no le compete la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial del municipio, pues es competencia de la Secretaría de Infraestructura.

Finamente señala que, de la historia clínica aportada en el presente caso se puede

mantenimiento de la infraestructura vial del municipio, pues es competencia de la Secretaría de Infraestructura.

Finamente señala que, de la historia clínica aportada en el presente caso se puede colegir que no existe certeza respecto de los hechos presuntamente acaecidos el día 19 de abril de 2017 y que, de conformidad al informe técnico del 13 de febrero de 2019, expedido por el líder de gestió n del alcantarillado Ingeniero Alfonso Augusto del Campo Naged, la alcantarilla ubicada en la nomenclatura 18 -81 se encuentra en buen estado.

Dentro del mismo escrito formuló las siguientes excepciones: “Inexistencia del nexo causal”; “Falta de imputabilidad del daño”; “Falta de prueba e inexistencia de los perjuicios y desestimación de las pretendidas indemnizaciones”; “Inexistencia de prueba”; “Rebaja de la indemnización”.

III. SENTENCIA APELADA6

El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué mediante sentencia fechada el 14 de febrero de 2023, resolvió:

“PRIMERO.- NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO.- CONDÉNESE en costas a la parte accionante de conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del C. G. P, para lo cual se fija la suma equivalente al 4% de lo pedido como agencias en derecho.

TERCERO.- Para efectos de la notificación de la presente sentencia, se ordena que por Secretaría se realice conforme lo disponen los artículos 203 y 205 de la Ley 1437 de 2011, modificada por la 2080 de 2021.

TERCERO.- Para efectos de la notificación de la presente sentencia, se ordena que por Secretaría se realice conforme lo disponen los artículos 203 y 205 de la Ley 1437 de 2011, modificada por la 2080 de 2021.

CUARTO.- En firme este fallo, archívese el expediente, previas las anotaciones correspondientes.”

Para llegar a la anterior decisión, el a quo consideró lo siguiente:

“(…) En conclusión, el Despacho negará las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que la parte actora no demostró las circunstancias específicas del accidente que sufrió la señora Paula Andrea, puesto que no se acreditó la fecha de ocurrencia del evento, ni tampoco que el mismo hubiese tenido lugar en la alcantarilla ubicada en la carrera 3ª con calle 19 de esta localidad. Lo anterior, debido a la debilidad de los elementos probatorios allegados, los cuales no dan cuenta que la lesión de en su humanidad, hubiese tenido lugar en las circunstancias que se alegan, razón por la cual no se demostró el acaecimiento de un daño antijurídico atribuible a las accionadas

6 Ver 01 EXPEDIENTEJUZGADOZI (.zip). Doc. 046Sentencia20230214, Expediente Tribunal – SAMAI.Pág. 7

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Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado Ibal S.A. E.S.P. y Municipio de Ibagué.

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Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado Ibal S.A. E.S.P. y Municipio de Ibagué.

(…)”

IV. LA APELACIÓN7

Oportunamente, el apoderado judicial del extremo accionante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida el 14 de febrero de 2023, por medio de la cual el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, resolvió negar las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, disiente de la apreciación del a quo con la cual concluye que en el presente caso no se lograron clarificar las circunstancias que rodearon la ocurrencia del accidente, pues refiere que las fotografías allegadas, junto al testimonio rendido por la señora Luz Stella Gómez permiten acreditar las mencionadas circunstancias.

A hilo de lo anterior arguye que, el material probatorio obrante en el plenario permite colegir que la administración incurrió en una falla en el servicio, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 de la Constitución Política y 3 de la Ley 136 de 1994, le corresponde la construcción de obras y el mantenimiento de la mismas, como también la prestación de los servicios públicos esenciales, razón por la cual a las demandadas les asistía el deber de mantener las alcanta rillas en óptimas condiciones, y asimismo realizar la respectiva señalización.

A la luz de lo antecedente y teniendo en cuenta que la Empresa Ibaguereña de

la cual a las demandadas les asistía el deber de mantener las alcanta rillas en óptimas condiciones, y asimismo realizar la respectiva señalización.

A la luz de lo antecedente y teniendo en cuenta que la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. es la encargada de prestar el servicio público de alcantarillado e n el municipio de Ibagué, considera que la mencionada entidad, al tenor de la Ley 142 de 1994, tenía el deber de adelantar las respectivas labores de mantenimiento , conservación y reparació n de las alcantarillas del municipio, debiendo instalar las mismas con todas las medidas de seguridad , y en caso tal de que estas se encontraran en mal estado, se debía instalar la señalización respectiva que permitiera advertir el peligro a los transeúnte s, no obstante, ello brilló por su ausencia, creándose así un peligro a l cual e staban expuestos los ciudadanos, amenaza que se concretó con el accidente sufrido por la señora Paula Andrea Pinzón, incurriendo la entidad así en una falla del servicio.

Asimismo, asegura que en el presente caso no opera la causal de exclusión de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, pues la causa determinante del siniestro acaecido fue el mal estado de la alcantarilla, que recae en la omisión del IBAL al no realizar el debido mantenimiento de la alcantarilla y por ende no garantizar la seguridad de la misma, máxime cuando esta se ubica en una zona de alto tránsito.

Acto seguido cita diversa jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual considera aplicable al presente caso , y finalmente solicita que se revoque la sentencia

alto tránsito.

Acto seguido cita diversa jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual considera aplicable al presente caso , y finalmente solicita que se revoque la sentencia recurrida y, en su lugar, s e acceda a la totalidad de las pretensiones, y se respete y acate el precedente jurisprudencial vertical contenido en la pacífica jurisprudencia elaborada de antaño por el órgano de cierre jurisdiccional.

7 Ver 01 EXPEDIENTEJUZGADOZI (.zip). Doc 050RecursoApelacionParteDemandante20230227, Expediente Tribunal – SAMAI.Pág. 8

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V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante fue admitido mediante proveído fechado el 04 de mayo de 20238, ordenándose notificar dicha decisión a las partes y al Ministerio Público; ingresando el expediente al Despacho para sentencia el 02 de junio de 2023.9

Al no observarse causal alguna de nulidad procesal que invalide la actuación y dentro del término otorgado por el artículo 247 del C.P.A.C.A., la Sala procede a decidir la controversia conforme a las siguientes:

VI. CONSIDERACIONES DE LA SEGUNDA INSTANCIA

6.1. Precisiones preliminares 6.1.1. De la competencia

decidir la controversia conforme a las siguientes:

VI. CONSIDERACIONES DE LA SEGUNDA INSTANCIA

6.1. Precisiones preliminares 6.1.1. De la competencia

En primer lugar, es menester indicar que de conformidad a la cláusula general de competencia consagrada en el inciso 1º del artículo 104 del C.P.A.C.A., esta jurisdicción puede aprehender el conocimiento del presente asunto, pues se trata de una controversia originada en un (01) hecho sujeto al derecho administrativo en el que al parecer está involucrada una entidad pública.

Como corolario de lo anterior, según las voces del artículo 153 de la Ley 1437 d e 2011, esta Corporación es competente para resolver el recurso de alzada en contra de las sentencias proferidas por los Jueces Administrativos en primera instancia y como quiera que según la regla general consagrada en el inciso 1º del artículo 243 ibídem, los fallos emitidos por los Jueces y Tribunales Administrativos son pasibles de ser apelados, es claro que esta Colegiatura es competente para dirimir el presente asunto en Sala de Decisión tal como lo prevé el artículo 125 ejusdem.

6.1.2. Definición del recurso:

Conforme a lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, normativa aplicable al caso de autos por remisión expresa del canon 306 de la Ley 1437 de 2011, y en armonía con lo establecido por la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación emitida el 06 de abril de 2018 10, el estudio en esta segunda instancia, y por lo tanto, el marco de competencia de este Tribunal, lo constituyen los puntos de inconformidad formulados por la parte actora en contra

de Estado en sentencia de unificación emitida el 06 de abril de 2018 10, el estudio en esta segunda instancia, y por lo tanto, el marco de competencia de este Tribunal, lo constituyen los puntos de inconformidad formulados por la parte actora en contra de la sentencia de primer grado, los cuales están encaminados a que se declare la responsabilidad extracontractual del municipio de Ibagué – Tolima y la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado – IBAL S.A. E.S.P., con ocasión a la presunta falla del servicio - incumplimiento de mantenimiento, conservación y señalización del espacio público (alcantarilla) que, confluyó con el daño antijuridico que los demandantes pretende sea indemnizado.

8 Ver Doc 006_AUTOADMITERECURSOAPELACION, Expediente Tribunal – SAMAI. 9 Ver Doc 010_ALDESPACHOPARASENTENCIA, Expediente Tribunal - SAMAI 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 06 de abril de 2018, C.P. DANILO ROJAS BETANCOURTH; referencia - acción de reparación directa - sentencia de unificación, radicado 05001-23-31-000-2001-03068-01-(46005).Pág. 9

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6.1.3. Problema jurídico a resolver:

Establecidas las censuras esgrimidas por el sujeto procesal recurrente, se precisa

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6.1.3. Problema jurídico a resolver:

Establecidas las censuras esgrimidas por el sujeto procesal recurrente, se precisa que el problema jurídico consiste en determinar si, el municipio de Ibagué – Tolima y la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado – IBAL S.A. E.S.P. son extracontractualmente respons ables por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión a las lesiones sufridas por la señora Paula Andrea Pinzón Flórez en accidente presuntamente acaecido el día 19 de abril de 2017 , cuando al parecer cayó a una alcantarilla ubicada en la carrer a 3 con calle 19 de Ibagué, o si por el contrario, se ha de confirmar la decisión adoptada por el a quo la cual denegó las pretensiones deprecadas por la parte actora al no acreditarse las circunstancias específicas de tiempo y lugar del accidente.

6.2. Análisis sustancial

Los accionantes en uso del medio de control de Reparación Directa, incoaron demanda en contra del Municipio de Ibagué – Tolima y la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado – IBAL S.A. E.S.P., el cual se encuentra definid o en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, que literalmente señala: “…En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la

podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma…”.

Ahora bien, deberá emprenderse el estudio respectivo conforme a lo indicado en el artículo 90 de la Constitución Política, a efecto de establecer la responsabilidad del Estado por el daño antijurídico, norma que textualmente señala:

“…El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o