TA TOL - Sentencia 73001-33-33-009-2020-00054-01 (27-03-2025)

República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Magistrado Ponente. Dr. CARLOS ARTURO MENDIETA RODRÍGUEZ

Ibagué, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: No. 73001-33-33-009-2020-00054-01

Interno: No. 2023-00070

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: SANIDAD VEGETAL CRUZ VERDE S.A.S.

Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMACORTOLIMA Referencia: Apelación de sentencia

Se encuentran las presentes diligencias en esta Corporación a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte en contra de la sentencia dictada el 15 de noviembre de 202 2, por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante la cual decidió denegar las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La sociedad SANIDAD VEGETAL CRUZ VERDE S.A.S., obrando por conducto de apoderado judicial, instauró demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

contra la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA,

para lo cual solicitó:

DECLARACIONES Y CONDENAS1 “Que se declare NULA la resolución No. 2460 del 12 de JULIO de 2019 expedida por JORGE ENRIQUE CARDOZO en su calidad de director de la

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA,

“Que se declare NULA la resolución No. 2460 del 12 de JULIO de 2019 expedida por JORGE ENRIQUE CARDOZO en su calidad de director de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA, mediante la cual se fijaron los valores por concepto de tarifa de seguimiento ambiental al plan de manejo ambiental, en cuantía de: 1. $1.906.929.00 por el periodo del 05/02/2019 al 04/02/2020. Que se declare NULA la resolución No. 4137 del 27 de noviembre de 2019, por medio de la cual se confirmó la resolución No. 2460 del 12 de julio de 2019.

1 Fl. 3-6 anexo N° 001 C.Ppal.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2

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Que a título de restablecimiento del derecho se ordene realizar la liquidación de la tarifa de seguimiento al plan de manejo ambiental de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1280 del 7 de junio de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, teniendo como base los costos de inversión y operación que vienen siendo presentados a la entidad demandada de manera oportuna, real y veraz.”

HECHOS

“PRIMERO: LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA, a través de su representante legal JORGE ENRIQUE CARDOZO, expidió la resolución No. 2460 del 12 de JULIO de 2019 ,

HECHOS

“PRIMERO: LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA, a través de su representante legal JORGE ENRIQUE CARDOZO, expidió la resolución No. 2460 del 12 de JULIO de 2019 , mediante la cual realizó la tasación de los valores por concepto de tarifa de seguimiento al plan de manejo ambiental, así:

$1.906.929.00 por el periodo del 05/02/2019 al 04/02/2020.

SEGUNDO: CORTOLIMA en el momento de realizar la tasación de valores por concepto de tarifa de seguimiento al plan de manejo ambiental, a través de la citada resolución, no tuvo en cuenta lo ordenado en la Resolución 1280 de 2010 que de manera clara y expresa determina la ba se tarifaria para el cobro de los valores por concepto de seguimiento.

TERCERO: En igual sentido CORTOLIMA tampoco tuvo en cuenta los costos de inversión y operación de la pista LA OPIA los cuales reposan en el expediente, y que fueron nuevamente arrimados al expediente cuando se presentó el recurso de reposición de la resolución que hoy se ataca.

CUARTO: El contenido de los valores liquidados en la resolución No. 2460 del 12 de JULIO de 2019 hubiese sido diferente si CORTOLIMA, tiene en cuenta el documento allegado con anterioridad a la expedición del acto administrativo, el cual señala los montos que fueron desglosados por años, detallando los costos y operaciones -anuales de la pista LA OPIA , que coincide con el mismo documento que reposa en el expediente citado.

QUINTO: Los valores liquidados y cobrados en la resolución No. 2460 del 12

y operaciones -anuales de la pista LA OPIA , que coincide con el mismo documento que reposa en el expediente citado.

QUINTO: Los valores liquidados y cobrados en la resolución No. 2460 del 12 de JULIO de 2019 por concepto de la tarifa de seguimiento ambiental no se compadecen con los gastos incurridos en el detalle anual de costos y operaciones de la pista, que fueron de conocimiento de CORTOLIMA, con anterioridad a la expedición del acto administrativo, como quiera que los montos cobrados en la referida resolución son extremadamente elevados, y no guardan proporción con los gastos de operación en que anualmente se incurren.

SEXTO: Dentro de los costos anuales de operación y mantenimiento no pueden

(ni deben) ser incluidos los costos de inversión (construcción) en que se incurrió al inicio de la operación de la pista, tal como equivocadamente lo realizo CORTOLIMA en la resolución aquí atacada.

SÉPTIMO: En el parágrafo 6º del artículo 6º de la Resolución 2637 de 2014 expedida por CORTOLIMA se establece la adecuación de la tarifa cuando se dan situaciones especiales:MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 3

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Parágrafo Sexto. En caso de modificación o de renovación de una Licencia Ambiental , permiso, planes de manejo, concesiones y autorizaciones, recuperación y restauración ambiental (incluyendo las renovaciones y modificaciones), deberá actualizarse la información

Parágrafo Sexto. En caso de modificación o de renovación de una Licencia Ambiental , permiso, planes de manejo, concesiones y autorizaciones, recuperación y restauración ambiental (incluyendo las renovaciones y modificaciones), deberá actualizarse la información de costos del proyecto, atendiendo lo dispuesto en el presente Articulo con fines de establecer la tarifa de evaluación o seguimiento a cobrar. (Negrillas fuera de texto).

OCTAVO: La resolución 2637 de 2014 expedida por la misma entidad aquí demandada establece que cuando se da la renovación de una licencia se debe actualizar la información correspondiente para establecer los nuevos valores a ser cobrados, por tanto si la información suministrada por mi poderdante al amparo del artículo 83 de la Carta Magna revela unos valores de costo y operación reducidos, dicha tarifa deberá ser ajustada (reducida) en igual proporción, situación que omitió CORTOLIMA en el momento de expedi r la resolución aquí atacada.

NOVENO: La validez de los documentos que certifican la realidad contable de la pista, cuales son los costos de inversión y operación, se ratifican con las rubricas insertas en él por parte del revisor fiscal y contador de la empresa.

DECIMO: Asimismo si no hay valores por concepto de inversión, no pueden ser tomados otros valores diferentes para la tributación respectiva, pues sería ilógico

(por no decir ilegal) la realización del cobro de unos valores dinerarios inexistentes e incongruentes con la realidad, cuando el valor base a ser tomado para dicho cobro es cero (0).

DECIMO PRIMERO: Es muy importante recalcar que los costos de inversión se generan una sola vez al inicio del proyecto (independientemente de si dicha

para dicho cobro es cero (0).

DECIMO PRIMERO: Es muy importante recalcar que los costos de inversión se generan una sola vez al inicio del proyecto (independientemente de si dicha inversión se hace de una sola vez o tarda un tiempo en terminarse), y de su finalización en adelante se denominan costos de operación y/o mantenimiento.

DECIMO SEGUNDO: Si no hay costos de operación (por ejemplo servicios públicos o materias primas) la empresa que represento no puede hacer reporte de monto alguno, pues lo anterior seria faltar a la verdad, en cuanto al presente caso se refiere.

DECIMO TERCERO: No solo por ser en extremo elevado, sino carente de todo soporte lógico y legal, el cobro realizado por la tarifa de seguimiento hecho en la resolución aquí atacada genera un descalabro financiero para la empresa, porque no se tiñe de la realidad de los hechos, cual es que la presente pista no requiere de todos los elementos que sirven de base para la liquidación de la tarifa ambiental cobrada en la resolución recurrida, ya que los costos de operación son ínfimos, comparados con la base sobre la cual se realiza el cobro.

DECIMO TERCERO: PERO LO MÁS ABSURDO DEL TEMA es que el periodo de causación de la tarifa es del 05/02/2019 al 04/02/2020 cuando los costos de operación e inversión SON ANUALES, y solamente se conoce el total de ellos para poder determinar la tarifa al final del año, luego es MATERIALMENTE IMPOSIBLE realizar la fijación de una tarifa anual cuando se toman periodos anuales de manera parcial. NO SE PUEDE COBRAR UNA TARIFA DE MANERA ANTICIPADA porque no se conoce la base sobre la cual se va a

IMPOSIBLE realizar la fijación de una tarifa anual cuando se toman periodos anuales de manera parcial. NO SE PUEDE COBRAR UNA TARIFA DE MANERA ANTICIPADA porque no se conoce la base sobre la cual se va a realizar dicho cob ro, como dolosamente lo pretende realizar la entidadMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 4

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accionada, y frente a esto hay una clara violación al debido proceso porque, como no se conocen los valores definitivos que deberán servir de base para la fijación de la tarifa, Cortolima procederá a fijar la cuantía tarifaria sin ninguna base legal o cont able para ello, y sabedores de su proceder fijará la tarifa más alta, buscando el acostumbrado provecho indebido.”

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2

Dentro del término de traslado de la demanda que trata el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011, la entidad demandada brindó contestación, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, al considerar:

“Cuestiona el apoderado de la empresa demandante, sin razón alguna y con claro desconocimiento de la norma, que los actos administrativos objeto de nulidad se expidieron como ya se dijo, con violación del debido proceso, toda vez que no se conoció la proced encia o forma de tasación al momento de liquidación por seguimiento de tarifa ambiental.

Sobre lo anteriormente manifestado por el demandante, lo primero que debo decir

expidieron como ya se dijo, con violación del debido proceso, toda vez que no se conoció la proced encia o forma de tasación al momento de liquidación por seguimiento de tarifa ambiental.

Sobre lo anteriormente manifestado por el demandante, lo primero que debo decir es que la Resolución 4137 del 27 de noviembre de 2.019 "Por medio de la cual se resuelven los Recursos de Reposición interpuestos contra las Resoluciones Cortolima 2460, 2461 y 2462 de fecha 12 de julio de 2.019 y se dictan otras medidas" en sus consideraciones aclara que se realizó la liquidación por tarifa plena ya que los costos de inversión y operación presentados por el usuario no son acorde al proyecto, adema de que no est án debidamente soportados como lo manda la Resolución 4328 del 28 de diciembre de 2.017 "Por la cual se fija el procedimiento de cobro de tarifas por servicio de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones autorizaciones y demás instrumentos de control, manejo ambiental y se dictan otras disposiciones"

Cortolima procedió a dar aplicación a la escala tarifaria máxima, ya que, no fueron presentados los costos de inversión y operación por parte de SANIDAD VEGETAL CRUZ VERDE S.A.S. para la vigencia fiscal del año 2.019, y los que aporto en relación a los año s 2018 y 2017 no fueron aportados en debida forma, ya que no adjunto los respectivos soportes, como tampoco lo hace ahora, la Corporación Autónoma Regional del Tolirna procedió a tomarlos como no presentado y en su lugar dio aplicación a la tarifa máxima, además tuvo en cuenta el número de funcionarios que realizaron la visita de evaluación y seguimiento para proceder a

Autónoma Regional del Tolirna procedió a tomarlos como no presentado y en su lugar dio aplicación a la tarifa máxima, además tuvo en cuenta el número de funcionarios que realizaron la visita de evaluación y seguimiento para proceder a la liquidación de la tarifa de seguimiento ambiental, por lo que, no era viable y no lo es ahora, acceder a la nulidad de la Resolución No. 2460 de 2.019 y Resolución No. 4137 de 2.019.

Siguese (sic) de lo anterior, que la empresa SANIDAD VEGETAL CRUZ VERDE S.A.S., en forma errada radica sus pretensiones al insistir ahora, vía judicial, en hacer una interpretación acomodada y amañada de las normas que regulan la materia.

En conclusión, la tarifa de seguimiento ambiental correspondiente a la vigencia fiscal del año 2019 se cobró con fundamento en las normas a que hace alusión los actos administrativos demandados y a los que CORTOLIMA dio aplicación.”

2 Anexo N° 009.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 5

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SENTENCIA APELADA3

El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 15 de noviembre de 2022, resolvió:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones impetradas por el demandante dentro del presente Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, de acuerdo con lo expuesto en el acápite considerativo de esta decisión.

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones impetradas por el demandante dentro del presente Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, de acuerdo con lo expuesto en el acápite considerativo de esta decisión.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas, conforme a lo considerado en la parte final de esta providencia.

TERCERO: De no ser apelada esta providencia, se ordena el archivo definitivo del expediente, previo las anotaciones por secretaria.” Para llegar a la anterior decisión la Juez de primera instancia consideró que: “(...) Es claro entonces que la base gravable son los costos de inversión y los costos de operación, siendo obligación del sujeto pasivo del gravamen, informar el valor de cada uno de estos, señalando cada año el incremento o disminución de los mismos; de ahí que , se encuentra facultada la autoridad ambiental para verificar la veracidad de los datos reportados por el usuario, en tanto no debe perderse de vista, que estos factores constituyen un elemento esencial del tributo.

Si bien es cierto, el demandante no presentó durante el primer trimestre del año 2019 el reporte de tales costos, le correspondía a la entidad liquidar con posterioridad a la visita de seguimiento ambiental realizada el 8 de mayo de esa anualidad la tarifa con base en la tabla única dispuesta por la norma antes transcrita. De tal suerte que en el sub lite la base gravable parte del valor del proyecto aeródromo la Opia – costos de inversión – más los gastos generados por las operaciones de fumigación agrícola - costos de operación -; factores que en efecto fueron tenidos en c uenta por la entidad, al liquidar la tarifa de manejo ambiental cobrada a los demandantes, tal como da cuenta los actos administrativos

operaciones de fumigación agrícola - costos de operación -; factores que en efecto fueron tenidos en c uenta por la entidad, al liquidar la tarifa de manejo ambiental cobrada a los demandantes, tal como da cuenta los actos administrativos enjuiciados. Así, el hecho generador del impuesto es el seguimiento ambiental realizado por la Corporación, sobre el plan de manejo ambiental expedido para la ejecución de operaciones de fumigación agrícola aérea por parte de los demandante, de modo que, la base gravable es la obra realizada para ejecutar dichas operaciones, esto es, la pista Opia ubicada en el Municipio de Piedras, razón por la cual, los factores que cuantifican la base gravable, son los costos de inversión y de operación causados por razón del funcionamiento de dicha pista aérea. Por lo tanto, resulta plausible indicar que la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados no ha sido desvirtuada, en tanto que, el cargo único de nulidad alegado por el accionante no tiene vocación de prosperar, conforme al sistema y m étodo indicado en la Ley 633 de 2000, desarrollado en la Resolución

3 Anexo N° 027 samai.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 6

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1280 de 2010 del Ministerio de Ambiente, y adoptado por la Corporación en Resolución 4328 de 2017. Finalmente, respecto a la manifestación que hace el demandante de que se esta cobrando anticipadamente una tarifa ambiental al establecerse como periodo a

1280 de 2010 del Ministerio de Ambiente, y adoptado por la Corporación en Resolución 4328 de 2017. Finalmente, respecto a la manifestación que hace el demandante de que se esta cobrando anticipadamente una tarifa ambiental al establecerse como periodo a liquidar 5 de febrero de 2019 al 4 de febrero de 2020, se precisa que el hecho generador es el seguim iento ambiental a la actividad desarrollada por el actor, la cual se llevó a cabo el 8 de mayo de 2019 cuyo informe se estableció el 25 de junio esa anualidad, por lo que la liquidación y el cobro de la tarifa se debía realizar una vez finalizara el seguim iento como ocurrió en efecto, por lo que tal periodo hace alusión solo a unos los límites temporales que no afectan el hecho generador del tributo que se configuró en el año 2019 como quedo establecido en el informe de la visita y en los actos acusados.” (...)”

LA APELACIÓN4

Oportunamente, el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 15 de noviembre de 2022, para lo cual formuló los siguientes disensos frente a la decisión de primer grado:

“Con base en lo anterior queda perfectamente demostrado que la accionante ha suministrado la información correspondiente a los costos de operación en inversión de los años 2019 Y 2020 de manera reiterada y suficiente, no entendiendo el por qué no se toma esta información, que además es rubricada por el contador y el revisor fiscal de la sociedad, para realizar la liquidación de valores correspondientes, los cuales son coincidentes con la realidad contable y tributaria de la empresa.

no se toma esta información, que además es rubricada por el contador y el revisor fiscal de la sociedad, para realizar la liquidación de valores correspondientes, los cuales son coincidentes con la realidad contable y tributaria de la empresa.

En este sentido se coloca de presente que EN NINGÚN MOMENTO la entidad accionada colocó en conocimiento algún tipo de irregularidad en los formularios contentivos de la información de los costos y gastos de operación de la pista, convalidando por ende los datos que fueron entregados en debida y legal forma.

Por ello, no puede entrar a fijar unos valores de manera discrecional y aleatoria cuando existen los soportes contables que dan fe de la realidad de los costos y gastos en que se ha incurrido anualmente, y con base en ellos proceder a realizar la respectiva tasación tarifaria. Es así, que se desconocen los motivos por los cuales las pruebas arrimadas al plenario no fueron tenidas en cuenta por el a -quo, pues claramente en el acápite probatorio se aportaron los costos de operación e inversión de los años referidos.

Igualmente, la corporación demandada obró de mala fe al no reiterar el recibo de los documentos cuya relación se coloca acá de presente, dolo en su proceder para cobrar lo que ha bien quisieron, desconociendo abiertamente la existencia de tales documentos, sino también el viso de legalidad que le dan tanto el contador, como el revisor fiscal de mi poderdante, que en el cumplimento de su deber legal certificaron los valores enviados en los formularios de costos de operación e inversión, dando fe que lo remit ido coincide con la realidad contable de la empresa, y no dando fe de

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que lo remit ido coincide con la realidad contable de la empresa, y no dando fe de

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unos valores que son totalmente inexistentes, como es el caso de valores de terreno, estudios, y demás, que no aplicaron.

Es que no tiene sentido, salvo el abuso en la posición dominante, que Cortolima anualmente solicite los costos de operación e inversión de la pista, para que estos no sean tenidos en cuenta y sencillamente, sin ningún tipo de soporte o convalidación de información, proceda a realizar la tasación son base en los mayores cobros que pueda realizar, buscando con ello no que se pague lo que realmente es, sino el cumplimiento de metas de recaudo por parte del área respectiva, sin ningún tipo de miramiento salvo el de generar resultados.

Si se aportan los costos anuales de operación e inversión, y estos no tienen ninguna anotación de aclaración o modificación por parte de la accionada, DEBEN SER ESTOS LOS VALORES QUE SIRVAN DE BASE PARA LA TASACIÓN DE LA RESPECTIVA TARIFA DE SEGUIMIENTO, y no otros diferentes tomados de la simple ambición de generación de riqueza y de cumplimiento de metas, sin justificación legal para ello.”

TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación interpuesto y sustentado por la parte demanda nte fue admitido mediante proveído fechado el 28 de febrero de 2023 (anexo 6 samai);

TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación interpuesto y sustentado por la parte demanda nte fue admitido mediante proveído fechado el 28 de febrero de 2023 (anexo 6 samai); posteriormente, el 12 de a bril de 202 3, el expediente ingresó al Despacho para proferir sentencia (anexo N° 10 samai).

Al no observarse causal alguna de nulidad procesal que invalide la actuación, la Sala procede a decidir la controversia conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES DE LA SEGUNDA INSTANCIA

1. Precisiones preliminares

1.1. Competencia del Tribunal

En primer lugar, es menester indicar que de conformidad a la cláusula general de competencia consagrada en el inciso 1º del artículo 104 del C.P.A.C.A., esta jurisdicción puede aprehender el conocimiento del presente asunto, pues se trata de una controversia originada en un acto expedido por una ent idad pública y por ende, sujeto al derecho administrativo.

Como corolario de lo anterior, según las voces del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para resolver el recurso de alzada contra las sentencias proferidas por los Jueces Administrativos en primera instancia y como quiera que según la regla general consagrada en el inciso 1º del artículo 243 ibídem, los fallos emitidos por los Jueces y Tribunales Administrativos son pasibles de ser apelados, es claro que esta Colegiatura es competente para dirimir el presente asunto en Sala de Decisión tal como lo prevé el artículo 125 ejusdem.

ibídem, los fallos emitidos por los Jueces y Tribunales Administrativos son pasibles de ser apelados, es claro que esta Colegiatura es competente para dirimir el presente asunto en Sala de Decisión tal como lo prevé el artículo 125 ejusdem.

1.2. Definición de los recursosMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8

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Conforme a lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, normativa aplicable al caso de autos por remisión expresa del canon 306 de la Ley 1437 de 2011, el estudio en esta segunda instancia se circunscribirá a los puntos de inconformidad formulados por la parte demandante en contra de la sentencia de primer grado.

2. Problema jurídico a resolver Se concreta en determinar, si el acto administrativo contenido en la resolución N° 2460 del 12 de julio de 2019 y N° 4137 del 27 de noviembre de 2019, expedidas por CORTOLIMA, a través de la cual se fijan los valores por concepto de tarifa de seguimiento ambiental y se resuelve un recurso de reposición, respectivamente, se encuentran ajustadas a derecho.

2.1. De los medios de prueba y hechos probados

De conformidad con los elementos de convicción aportados al expediente con el lleno de los requisitos legales y dentro del término legal, la Sala encuentra los siguientes hechos probados que resultan relevantes para el sub examine:

DOCUMENTALES: • Remisión de costos y gastos de operación correspondiente al año 2019 de la

lleno de los requisitos legales y dentro del término legal, la Sala encuentra los siguientes hechos probados que resultan relevantes para el sub examine:

DOCUMENTALES: • Remisión de costos y gastos de operación correspondiente al año 2019 de la pista “La Opia”, radicado el 27 de febrero de 2020 ante CORTOLIMA (fl. 34-35 anexo N° 001 C.Ppal).

• Resolución N° 2460 del 12 de julio de 2019, por medio de la cual se cobra una tarifa por el servicio de seguimiento ambiental y se dictan otras disposiciones (fl. 36-38 anexo N° 001 C.Ppal y fl. 51-53 anexo N° 009).

• Recurso de reposición contra la resolución N° 2460 de 2019, elevado por la sociedad SANIDAD VEGETAL CRUZ VERDE S.A.S. (fl. 57-58 anexo N° 009).

• Resolución N° 4137 del 27 de noviembre de 2019, por medio del cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones CORTOLIMA N° 2460, 2461 y 2462 de fecha 12 de julio de 2019 y se dictan otras medidas (fl. 40-50 anexo 001 C.Ppal y fl. 91-101 anexo N° 009).

• Resolución N° 1280 del 7 de julio de 2010, por la cual se establece la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumento s de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea inferior a 2115 SMMV y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios

licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumento s de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea inferior a 2115 SMMV y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el sistema y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la tarifa (fl. 25-28 anexo 009).

• Resolución N° 4328 del 28 de diciembre de 2017, por la cual se fija el procedimiento de cobro de tarifas por servicio de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control, manejo ambiental y se dictan otras disposiciones (fl. 64 -90 anexo N° 009).MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 9

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• Informe de visita, realizada el 8 de mayo de 2019 por CORTOLIMA (fl. 36-49 anexo N° 009).

• Liquidación de tarifa de seguimiento, expediente N° 13744, vereda buenos aires, año 2019, fecha inicial 05 de febrero de 2019, fecha final 04 de febrero de 2020

(fl. 50 anexo N° 009).

2.2. Marco Legal

2.2.1. De la regulación de las Tarifas de seguimiento ambiental Prima facie, se ha de establecer que con la Ley 99 de 1993, el legislador creó el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Prima facie, se ha de establecer que con la Ley 99 de 1993, el legislador creó el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, así como organizó el Sistema Nacional Ambiental –SINA; lo cual ha respondido a los compromisos del Estado en respuesta a los deberes calificados de protección que tienen las autoridades; y en su artículo 31, otorgó la facultad para que las Corporaciones Autónomas Regionales, recauden las contribuciones, tasas, derechos, importes y multas por concepto, conforme a las tarifas que fije la ley por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales dentro de su jurisdicción, así: “13) Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasa, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente;” Posteriormente, se expidió Ley 344 de 1996, y en su artículo 28 reglamentó los correspondiente al cobro de los servicios de evaluación de seguimiento de licencias ambientales y demás, canon normativo que fue modificado por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, en los siguientes términos: “ARTÍCULO 28. <Artículo modificado por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000.

El nuevo texto es el siguiente: > Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo

El nuevo texto es el siguiente: > Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos.

Los costos por concepto de cobro de los citados servicios que sean cobrados por el Ministerio del Medio Ambiente entrarán a una subcuenta especial del Fonam y serán utilizados para sufragar los costos de evaluación y seguimiento en que deba incurrir el Ministerio para la prestación de estos servicios. De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa incluirá: a) El valor total de